Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03722-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03722-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03722-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
2 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-03722-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: JERO S.A.S
TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. FALTA DE CARGA
ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN. SUSTENTACIÓN FUERA DE
TÉRMINO. REITERACIÓN.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la sociedad actora
contra la sentencia de 14 de septiembre de 2023, proferida en
primera instancia por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”-
DEL CONSEJO DE ESTADO1 que denegó el amparo solicitado.
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En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-03722-01
Actora: JERO S.A.S
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La sociedad JERO S.A.S, actuando a través de apoderado, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental
al debido proceso, el cual estima vulnerado por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2 al proferir en primera
instancia los autos de 4 de mayo y 30 de junio de 2023, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 760012333010-2018-
00178-00, a través de los cuales ordenó cerrar la etapa probatoria,
corrió el traslado para alegatos de conclusión y resolvió los recursos
y solicitud de nulidad interpuestos contra dicha decisión,
respectivamente.
I.2.- Hechos
Indicó que en el año 2018 promovió un medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el DISTRITO ESPECIAL DE
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En adelante el TRIBUNAL.
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Actora: JERO S.A.S
SANTIAGO DE CALI3, con la finalidad de discutir la legalidad de los
actos administrativos a través de los cuales fue resuelta una solicitud
de intervención de un bien de interés cultural.
Manifestó que el proceso aludido fue identificado con el número único
de radicación 760012333010-2018-00178-00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante auto de 4
de mayo de 2023, notificado al día siguiente a las 6:52pm, dispuso
el cierre del debate probatorio y ordenó correr traslado para que las
partes presentaran alegatos de conclusión; no obstante, omitió
previo a esto, correr traslado de todas las pruebas que fueron
allegadas y decretadas mediante la providencia de 17 de noviembre
de 2022.
Comentó que el 10 de mayo de 2023 interpuso un recurso de
reposición contra la referida decisión, mismo día en que el
TRIBUNAL corrió el traslado sin esperar a que terminara de surtirse
la ejecutoria respectiva.
Explicó que el 17 de mayo de 2023 radicó una solicitud de nulidad
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En adelante el DISTRITO DE CALI.
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Actora: JERO S.A.S
procesal por las irregularidades mencionadas; sin embargo, el
TRIBUNAL no se pronunció sobre esta ni el recurso de reposición,
sino que decidió continuar con las etapas del proceso y mediante
providencia de 25 de mayo del presente año corrió traslado de las
pruebas allegadas por su contra parte, decisión contra la que también
interpuso recurso de reposición.
Anotó que mediante auto de 8 de junio de 2023, el TRIBUNAL
repuso el auto de 4 de mayo, rechazó por improcedente el recurso
de reposición y negó la nulidad alegada, decisión contra la cual
interpuso un nuevo recurso de reposición que también fue rechazado
mediante el auto de 30 de junio siguiente.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que el TRIBUNAL incurrió en el defecto procedimental
absoluto, al haber cerrado el debate probatorio sin haber corrido
traslado de las pruebas allegadas al proceso.
Señaló que de igual forma la referida autoridad judicial desconoció el
debido proceso, comoquiera que contabilizó de manera irregular los
términos de ejecutoria del auto de 4 de mayo de 2023 y no adecuó
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Actora: JERO S.A.S
el recurso de reposición interpuesto contra la decisión que negó la
nulidad, esto último, para que se surtiera como apelación ante el
superior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 201 A y
243 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20114 y 302 y 321 del Código
General del Proceso -CGP5.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] 1. Que se DECLARE vulnerado el derecho fundamental del
DEBIDO PROCESO por parte del TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – Magistrado Ponente
OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT, por las irregularidades
cometidas en el curso del proceso con radicado No. 2018- 00178.
2. Que se DEJE SIN EFECTOS el Auto Interlocutorio No. 209 del 30
de junio de 2023 hasta tanto no se resuelva la nulidad
constitucional presentada el 16 de mayo de 2023.
3. Que le ORDENE al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA nulitar todas las actuaciones surtidas dentro
del proceso administrativo No. 2018-00178 hasta el Auto de
Sustanciación No. 170 del 04 de mayo de 2023, inclusive, y como
consecuencia de ello se profiera una nueva providencia en la cual
se corra traslado de las pruebas allegadas por el Distrito Especial
de Santiago de Cali […]”.
4
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
En adelante CPACA.
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En adelante CGP.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL, luego de hacer una descripción de cada una
de las actuaciones que ha impartido al proceso origen de la
controversia, indicó que el trámite “[…] ha sido acorde a las normas
procesales que rigen los asuntos de esta naturaleza, y en ningún
momento se ha incurrido en alguna vulneración al debido proceso de
las partes, en especial de la parte actora, que afecten las garantías
procesales en el curso del asunto en mención […]”.
Indicó que puso de presente que la actora elevó una solicitud de
vigilancia judicial administrativa ante el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca, en los mismos términos expuestos en
la acción de tutela, no obstante, a través de auto de 27 de junio de
2023, dicha Corporación se abstuvo de iniciar actuación alguna al
estimar improcedente su intervención, dado que lo que aquella
pretendía era cuestionar las providencias judiciales como si se tratara
de otro medio de impugnación.
Anotó que rechazó el recurso de reposición que la accionante
presentó contra el traslado de las pruebas, ya que dicho recurso solo
procede contra las providencias judiciales, por lo que al tratarse de
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un traslado secretarial no precedido por un auto que lo ordenara, no
era procedente.
Destacó que no existe ningún tipo de irregularidad por no haberse
adecuado el recurso de reposición interpuesto contra la negativa de
la nulidad presentada en los términos del artículo 318 del CGP, dado
que dicho medio de impugnación era el único procedente contra dicha
decisión.
Manifestó que, en todo caso, sí efectuó el traslado de las pruebas,
por lo que dispuso cerrar la etapa probatoria y ordenar la
presentación de alegatos de conclusión como correspondía.
I.5.2.- El DISTRITO DE CALI, vinculado en calidad de tercero con
interés directo en las resultas del proceso, precisó que el 23 de marzo
de 2023 allegó al TRIBUNAL las pruebas requeridas, las cuales
consistieron en normas de orden local de conocimiento de la actora,
dado que fueron el fundamento legal de los hechos y las pretensiones
de la demanda.
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II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación, mediante sentencia de
14 de septiembre de 2023, efectuó el estudio del fondo del asunto,
para concluir que la autoridad judicial accionada no incurrió en el
defecto procedimental alegado, por lo que no había lugar a conceder
el amparo solicitado.
Indicó que en el auto de 8 de junio de 2023, el TRIBUNAL negó la
nulidad solicitada por la actora, por considerar que no se omitió la
oportunidad para descorrer el traslado del recurso, tal y como aquella
lo señaló en el incidente, comoquiera que el recurso de reposición
que presentó contra el auto de 4 de mayo del 2023, “[…] fue remitido
al correo de los demás sujetos procesales, el 10 de mayo de 2023;
por lo cual la secretaría del tribunal prescindió del traslado del
recurso, de tal manera que, este se entendió realizado a los 2 días
hábiles siguientes al envió del mensaje, es decir, el 12 de mayo de
2023, y el tiempo respectivo empezó a correr entre el 15 y el 17 del
mismo mes y año, plazo dentro del cual, la parte demandada guardó
silencio […]”.
Explicó que contra dicha decisión la accionante interpuso recurso de
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reposición, bajo el argumento de que el traslado de las pruebas
documentales allegadas al expediente mediante auto de 25 de mayo
de 2023 se realizó sin resolver la nulidad constitucional presentada,
por lo cual, a juicio de la accionante, en la actualidad el proceso se
encuentra viciado.
Argumentó que mediante auto de 30 de junio de 2023, el TRIBUNAL
rechazó el recurso de reposición referido, al considerar que de
conformidad con el artículo 318 del CGP el auto que resuelve la
reposición no es susceptible de ningún recurso, disposición que, en
efecto, resultaba aplicable al caso en particular.
Expuso que, en ese orden de ideas, advertía que el TRIBUNAL
accionado no vulneró el derecho fundamental deprecado, comoquiera
que contrario a lo expuesto por la actora, mediante auto de 8 de
junio de 2023 sí se resolvió el incidente de nulidad propuesto, en
relación con el traslado del recurso de reposición interpuesto contra
el auto de 4 de mayo del presente año.
Agregó que, además, la decisión que negó la nulidad no es
susceptible de recurso de apelación, pues no se encuentra señalada
dentro de las providencias enunciadas en el artículo 243 del CPACA,
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de ahí que no procedía la adecuación del recurso de reposición por
parte del TRIBUNAL.
Por último, sostuvo que mediante auto de 8 de junio de 2023, el
TRIBUNAL repuso la providencia de 4 de mayo de 2023, razón por
la cual no había motivo para pronunciarse sobre la indebida
contabilización del término de ejecutoria de este.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
Mediante memorial allegado vía electrónica el 26 de septiembre de
20236, la actora indicó que impugnaba la sentencia proferida en
primera instancia y advirtió que se reservaba el derecho de sustentar
ante el superior, así:
“[…] HERNANDO MORALES PLAZA actuando como apoderado
judicial de la parte actora, encontrándome dentro del término de
ley, procedo a impugnar la Sentencia de Tutela del 14 de
septiembre del 2023, notificada por correo electrónico el 22 de
septiembre del año en curso, con fundamento en lo preceptuado
en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Me reservo el derecho a sustentar ante el superior […]”.
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Ver. Índice 32 del expediente digital de primera instancia SAMAI.
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Posteriormente, el 18 de octubre de 20237 la actora allegó un nuevo
memorial con el que pretendió sustentar su impugnación, en síntesis,
con una reiteración de los argumentos plasmados en su escrito
introductorio.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 19918, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
7
Ver. Indicie 4 del expediente digital de segunda instancia SAMAI.
8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
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En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto los
autos de 4 de mayo y 30 de junio de 2023, proferidos por el
TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 760012333010-2018-00178-00, a través de los cuales
ordenó cerrar la etapa probatoria, corrió el traslado para alegatos de
conclusión y resolvió los recursos y solicitud de nulidad interpuestos
contra dicha decisión, respectivamente.
El disenso de la actora radica en que, en su sentir, la autoridad
judicial accionada incurrió en el defecto procedimental absoluto, por
cuanto: i) no corrió traslado de las pruebas allegadas por su
contraparte; ii) no respetó el término de ejecutoria del auto mediante
el cual cerró el periodo probatorio; iii) no resolvió el recurso de
reposición interpuesto frente a esta decisión y; iv) no resolvió la
solicitud de nulidad formulada al respecto.
En el curso de la primera instancia la SECCIÓN SEGUNDA de esta
Corporación estudió el fondo del asunto, para concluir que las
actuaciones cuestionadas por la actora fueron adelantadas por el
TRIBUNAL conforme con las normas procesales aplicables y, en
consecuencia, denegó el amparo solicitado.
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El 26 de septiembre de 2023, la actora allegó un primer memorial en
el que manifestaba que impugnaba la providencia proferida en
primera instancia, no obstante, no argumentó nada al respecto.
Posteriormente, el 18 de octubre de 2023 la actora allegó otro
memorial con el que pretendió sustentar los motivos de su
impugnación, en síntesis, reiterando los argumentos que planteó en
su escrito introductorio.
En ese orden de ideas, la Sala debe determinar si la actora presentó
y sustentó su impugnación en término, con la finalidad de establecer
si hay lugar o no a abordar el estudio del caso en esta instancia
judicial.
El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 prevé que, dentro de los 3
días siguientes a la notificación del fallo, este podrá ser impugnado,
sin embargo, debe tenerse en cuenta que conforme con el numeral
segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, tratándose de
notificación electrónica, esta se entenderá realizada una vez
transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente.
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Por otro lado, esta Sala, reiterando su posición al respecto, ha
indicado que el Decreto 2591 de 1991 no prevé una oportunidad
procesal adicional para exponer los argumentos de la impugnación,
por lo que corresponde al interesado plantear los fundamentos de
sus disensos dentro del término de los 3 días aludidos.
Sobre este aspecto, en sentencia de 28 de septiembre de 2023,
proferida dentro de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 080012333000-2023-00319-01, con ponencia
del Consejero Oswaldo Giraldo López, esta Sala indicó:
“[…] Ahora bien, en sentencia de 22 de octubre de 2020, la
Sección precisó que, en tratándose de la impugnación en el
trámite de las acciones de tutela, “el Decreto núm. 2591 de 19
de noviembre de 1991 no establece una oportunidad procesal
adicional para exponer los argumentos de la impugnación, de
forma que, de conformidad con el artículo 31 de la norma
referida, corresponde al interesado plantear los argumentos de
su impugnación, dentro de los 3 días otorgados para impugnar
la sentencia de primera instancia”.
En dicha oportunidad, la Sala resolvió confirmar la sentencia de
primera instancia, teniendo en cuenta que el accionante no
planteó ningún argumento en el escrito de impugnación que
presentó oportunamente y porque, a pesar de que
posteriormente radicó la respectiva sustentación del escrito de
impugnación, este último memorial fue presentado de forma
extemporánea. Al respecto, se determinó que “dentro del
término otorgado por el artículo 31 del Decreto núm. 2591 de
19 de noviembre de 1991, [el actor] no argumentó de manera
razonable, persuasiva y convincente las razones de índole
jurídica por las cuales, a su juicio, la decisión proferida en
primera instancia debía revocarse”.
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[…]
En ese orden, la Sala advierte que el escrito de impugnación
oportunamente presentado por el apoderado de la parte actora,
no planteó argumento jurídico alguno con el fin de controvertir
el sustento de la sentencia de 16 de agosto de 2023, de manera
que no le corresponde a la Sala emitir un pronunciamiento de
fondo en esta instancia de la actuación.
Con todo, la Sala encuentra que, si bien después de que
fue concedida la impugnación, el apoderado de la
accionante presentó memorial ante esta Corporación el 7
de septiembre de 2023, con la anunciada sustentación, lo
cierto es que dicho escrito fue radicado de forma
extemporánea, cuando ya había trascurrido el término de
tres (3) días otorgado por el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991, de manera que no argumentó de manera
suficiente las razones de índole jurídica por las cuales, a
su juicio, la decisión proferida en primera instancia debía
revocarse. Se precisa que la parte actora se tomó diez
(10) días adicionales a los dispuestos por la norma
comentada para fundamentar su inconformidad […]”.
En el caso bajo estudio, la Sala advierte que la sentencia proferida
en primera instancia fue notificada a la actora mediante correo
electrónico el día 22 de septiembre de 2023, por lo que conforme con
el numeral 2 del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el término para
impugnar transcurrió entre los días 25 a 27 siguientes.
El 26 de septiembre de 2023 la actora allegó el memorial en el que
manifestó que impugnaba el fallo proferido en primera instancia, sin
embargo, no fundamentó de forma alguna su disenso, de modo que
no le corresponde a la Sala emitir un pronunciamiento de fondo en
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esta instancia de la actuación.
Cabe anotar que, si bien después de que fue concedida la
impugnación, el 18 de octubre de 2023 la actora presentó ante esta
Corporación un memorial con el que sustentaba su impugnación, lo
cierto es que dicho escrito fue radicado de forma extemporánea,
cuando ya había trascurrido el término de tres 3 días otorgado por el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 para tal efecto.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,
esta Sala9, ha precisado lo siguiente:
“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al
tema bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas
en relación con la carga argumentativa que se debe
exigir en las impugnaciones dentro del marco de la
acción de tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-03722-01
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Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo
trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando
los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de
justicia[…]”. (Destacado fuera del texto).
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 202010, con
ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, esta Sala
señaló:
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
febrero de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-
2019-04314-01.
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“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela
como una tercera instancia judicial y no como un mecanismo
residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia
(artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los
derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem),
dicha situación no exonera al recurrente de explicar las
razones que motivan su disentimiento con la decisión
judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
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de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.
Así las cosas, comoquiera que la actora no sustentó en término los
motivos de su inconformidad frente a la sentencia proferida en
primera instancia, la Sala encuentra que no resulta procedente
efectuar un estudio del fondo del asunto, habida consideración que,
por un lado, en su escrito de impugnación no cumplió con la carga
argumentativa mínima que diera cuenta de los reparos respecto de
la decisión adoptada y, por el otro, no se advirtió ninguna razón
válida que justifique tal desatención, razón por la que no se
encuentran los elementos necesarios para revisar si la providencia
objeto de controversia en el caso sub examine está ajustada a
derecho.
Consecuente con lo anterior, esta Sala confirmará el fallo impugnado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones
señaladas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 2 de noviembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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