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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07457-00

Fecha
4 de agosto de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07457-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Margarita Rosa Romero Rojas contra la sentencia del 11 de febrero de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con nro. 25000-23-42-000-2016- 02731-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, devolver al despacho de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-07457-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

4 de agosto de 2023

Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00
Demandante: MARGARITA ROSA ROMERO ROJAS
Demandado: NACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO Y OTRO
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5 del artículo 250 del
CPACA

Recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto mediante apoderado
judicial por la señora Margarita Rosa Romero Rojas contra la sentencia del 11 de
febrero de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, que confirmó el fallo del 20 de junio de 2018, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes administrativos y demanda

Mediante Resolución nro. 001106 del 13 de marzo de 2002, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció y ordenó el pago de una pensión
vitalicia de jubilación a favor de la señora Margarita Rosa Romero Rojas, en cuantía
de $1.633.725 equivalente al 75% del promedio de salarios devengados en el año
anterior al cumplimiento del estatus de pensionada, efectiva a partir del 24 de
noviembre de 2001.

Con Resolución nro. 8002 del 16 de mayo de 2014, la Secretaría de Educación de
Bogotá retiró del servicio por invalidez a la señora Romero Rojas, por presentar una
pérdida de la capacidad laboral del 85%.

El 10 de julio de 2014, la recurrente solicitó ante el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez. Sin
embargo, la referida entidad, mediante Resolución nro. 6498 del 3 de octubre de
2014, negó la solicitud, al considerar que esa prestación era incompatible con la
pensión de jubilación que ya tenía reconocida.

La señora Romero Rojas promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se declarara la nulidad del
anterior acto administrativo y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez.

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en
sentencia del 20 de junio de 2018, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que, acorde con lo previsto en los artículos 31 del Decreto 3135 de 1968 y
88 del Decreto 1848 de 1969, las pensiones de jubilación e invalidez son
incompatibles. Que, además, las dos prestaciones serían de naturaleza pública, por
cuanto la pensión de jubilación ya reconocida a la señora Romero Rojas está a cargo
de la Fiduprevisora S.A. y reconocerle una pensión de invalidez quedaría también del
erario, aunado a ello, existiría un mismo vínculo constitutivo, es decir, el tiempo
cotizado como docente oficial, configurando la prohibición establecida en el artículo
128 de la Constitución Política.

La señora Romero Rojas interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
al considerar que, le asiste el derecho a percibir simultáneamente las pensiones de
invalidez y jubilación, pues contrario a lo afirmado por el tribunal, aquellos beneficios
pensionales no tienen la misma finalidad ni provienen de la misma fuente financiera.

2. Sentencia recurrida en revisión

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 11 de
febrero de 2021, confirmó el fallo de primera instancia, por las siguientes razones:

Adujo que, la demandante ingresó al servicio como docente nacionalizada el 6 de
marzo de 1970, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por
lo que, el régimen para el reconocimiento pensional se encuentra señalado en la Ley
33 de 1985 y en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

Señaló que acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado y al tenor de los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, aplicables a los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, existe incompatibilidad entre las pensiones de
jubilación e invalidez, por lo siguiente:

“1. Tienen su origen en una misma relación laboral;
2. Están condicionadas a los aportes que el demandante realice al Sistema General de
Seguridad Social;
3. Su finalidad es la misma, es decir, mientras la pensión de vejez tiene como objeto
cubrir la pérdida de la capacidad de trabajo por haber llegado la persona a la longevidad;
la pensión de invalidez se encamina a cubrir la pérdida de la capacidad laboral pero ya en
razón de la minusvalía del trabajador, es decir cumplen la misma función protectora para
permitir la subsistencia de la persona sea por su condición de vejez o invalidez.”

Que, en el caso concreto, debido a que a la demandante se le reconoció pensión de
jubilación, no era procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez de forma
concomitante, pues acaecen de una misma causa, esto es, los aportes a pensiones
efectuados por la demandante al FNPSM y tienen la misma finalidad, es decir, cubrir
la pérdida de capacidad de trabajo.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Escrito del recurso extraordinario de revisión

La señora Margarita Rosa Romero Rojas, el 4 de noviembre de 2021, interpuso
recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 11 de febrero de 2021,

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas

proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, porque
consideró que se encuentra incursa en la causal 5 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo siguiente:

Aseguró que la sentencia impugnada omitió dar aplicación a las siguientes normas:
(i) el inciso primero in fine del artículo 128 de la Constitución Política; (ii) el parágrafo
transitorio 1° y el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005; (iii) el inciso primero del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003; y, (iv) el inciso segundo del artículo 279 de la Ley
100 de 1993.

Señaló que existió incongruencia en la sentencia acusada, al negar el
reconocimiento de la pensión de invalidez por estimarla incompatible con la pensión
de jubilación, pero usando argumentos que se han expuesto al analizar la
concurrencia de otras prestaciones, tales como, la pensión de jubilación, la pensión
gracia y el salario, las cuales no son objeto en el presente asunto.

Indicó que el Consejo de Estado ha reconocido que la sentencia puede ser nula por
violación del debido proceso, cuando se afecta el sentido de la decisión, por afectar
el núcleo esencial o contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido
proceso y que la violación del principio de congruencia (interna y externa) por parte
de la sentencia, es causal de nulidad de aquella.

2. Trámite procesal

En auto del 6 de julio de 2022, se admitió el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora Margarita Rosa Romero Rojas, se ordenaron las
notificaciones de rigor1 y, por secretaría, se requirió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, para que remitiera en calidad de
préstamo, el expediente dentro del cual se tramitó el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-42-000-2016-02731-00.

Mediante auto del 1° de noviembre de 2022, se tuvieron como pruebas los
documentos aportados con la demanda.

3. Contestación al recurso

El Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
y la Fiduciaria La Previsora S.A. guardaron silencio.

4. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

1
Se ordenó notificar personalmente, a través de los diferentes canales virtuales, a la Secretaría General del
Consejo de Estado, a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, a la
Fiduciaria La Previsora S.A., al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas

De conformidad con lo previsto en el inciso 1 del artículo 249 del CPACA, de los
recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión.

El Acuerdo 321 del 2 de diciembre de 2014, expedido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, reglamentó la integración y
funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011.

Por su parte, el numeral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, asigna la
competencia a las Salas Especiales de Decisión de los recursos extraordinarios de
revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado.

De acuerdo con lo anterior, a la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de
Estado le corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la señora Margarita Rosa Romero Rojas contra la sentencia del 11 de febrero de
2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2. Oportunidad del recurso

El recurso extraordinario de revisión se presentó el 4 de noviembre de 2021, es decir,
en vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el término de interposición,
conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual, el recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia2.

Comoquiera que la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 8 de marzo de
20213 y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 4 de noviembre de 2021, es
claro que la demanda se presentó dentro del término.

3. Legitimación en la causa

Respecto de la señora Margarita Rosa Romero Rojas, recae el interés jurídico que se
debate en el sub examine, en tanto que, fue la parte demandante vencida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de reproche.

Por su parte, la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora, están legitimadas, pues fueron la
parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual
se profirió la sentencia que ahora se cuestiona.

2
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del
mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
3
Según notificación obrante en el índice 17 de SAMAI del proceso en el cual se tramitó el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas

La Sala procede a pronunciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal de la
acción extraordinaria de revisión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal 5 del
artículo 250 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión

En los términos del artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos, en los eventos contemplados en el
artículo 250 del CPACA4.

Respecto de la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, la Corte
Constitucional lo ubica como una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin
de restablecer la justicia material5, en el mismo sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de la Sala Especial
Número Tres6, explicó que, en general, es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se
propone con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del
ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la
sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.
Es un instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la
labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
De ahí que, el ámbito de revisión esté restringido por las causales que el legislador
ha determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de
situaciones excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten
interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.

4
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos
en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada”.
5
Sentencia C-418 de 1994.
6
Ver, sentencia del 6 de septiembre de 2016, expediente con radicado número: 11001031500020130199800.
M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas

Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que
ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de documentos
decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la violación del
debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o
la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por
violación de la ley7.

5. Del alcance y requisitos de la causal quinta: -“(…) 5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”.

De la lectura del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, es posible advertir que para
que se configure la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que la
providencia que es recurrida mediante el recurso extraordinario de revisión ponga fin
al proceso; (ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de apelación y, (iii)
que la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en que se dictó la sentencia y
no antes8.

Pues bien, por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia son
aquellos eventos descritos en el artículo 133 del Código General del Proceso9 –
antes el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil – y por violación del artículo
29 de la Constitución Política10, ocurre lo propio en las distintas jurisdicciones11.

Será entonces, en los eventos en los que algunas de las circunstancias descritas en
la precitada norma se configuren en el momento procesal de la expedición de la
7
Ibídem.
8
Recuérdese, que de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las demás
irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente por los mecanismos que establece el código se
tendrán por subsanadas.
9
La comprensión del artículo 133 del Código General del Proceso permite advertir que las causales de nulidad
tienen que ver básicamente con sucesos del siguiente orden:
1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Que el juez proceda contra providencia ejecutoriada del superior, reviva un proceso legalmente concluido o
pretermita íntegramente la respectiva instancia.
3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si,
en estos casos, se reanude antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado
judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica
de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado.
10
la Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 precisó que la
nulidad originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso – antes
Código de Procedimiento Civil-, que, adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proceso establecido
en el artículo 29 de la Constitución Política.
11
La jurisdicción civil [Artículos 379 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.], la jurisdicción penal
[Artículos 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal], la jurisdicción ordinaria laboral
[Artículo 62 y siguientes del Código de Procedimiento Laboral] y la jurisdicción de lo contencioso administrativo
[artículo 250 y siguientes del Código de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo].

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas

sentencia que se habilita el recurso extraordinario de revisión12, pues recuérdese, que
de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las
demás irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente se tendrán
por subsanadas y que, en los términos del inciso final del artículo 135 ejusdem, será
rechazada de plano toda solicitud de nulidad que se funde en hechos que se
propongan después de saneada la nulidad, sin perjuicio de las nulidades insaneables
que describe el parágrafo del artículo 136 de la misma norma.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de mayo de
2011, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2008-00294-00,
identificó algunos eventos es los que se predica la existencia de la nulidad originada
en la sentencia, en los siguientes términos:

“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta de
jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso terminado
normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia
después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento,
aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, iv) cuando se dicta
sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no
ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o,
en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada
con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso
13
al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación[ ]”.

Aunado a lo anterior, esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad originada
en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:

“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación
del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por cantidad superior, o
por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre todos los
14
puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)”

Se resalta que la Sala Plena de esta Corporación dio un nuevo alcance a la referida
causal, en lo que concierte al derecho al debido proceso. En sentencia de unificación
del 8 de mayo de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en el
expediente con radicado número: 11001-03-15-000-1998-00153-0115, se refirió
12
Salvo algunos eventos en los que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo
ser advertida por el afectado, caso en el cual el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de
proponer la nulidad o alegar el vicio oportunamente. De lo contrario, la causal de revisión en cuestión se
convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen las omisiones del proceso ordinario y
aleguen nulidades o errores procesales que debieron proponer dentro del término oportuno. Al respecto, ver
sentencias del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2018-01235-00 y del
3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-20120-00643-00.
13
Al respecto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de octubre
de 2009, dentro del expediente con radicado número: 2003-00133-00, señaló que la nulidad originada en la
sentencia por ausencia de motivación, se presenta solamente ante la carencia total de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 2014-
00440-00.
15
En esa oportunidad, la Sala Plena estableció que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se
presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se dictó el
fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, [actualmente artículo 133 del Código General del

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas

ampliamente al derecho a la tutela judicial efectiva o recurso judicial efectivo y
consideró que el recurso de revisión y las causales que dan lugar a su solicitud,
constituyen un mecanismo judicial destinado a la protección de derechos
fundamentales como el de acceso a la justicia y el debido proceso, es decir, es
un instrumento o medio de control adicional que el legislador diseñó para la
protección de esos derechos fundamentales y, por tanto, hacen parte del haz de
acciones para la satisfacción plena del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva16.

Al respecto, precisó que toda persona tiene derecho al debido proceso y, por tal
razón, a que los procesos judiciales sean resueltos de fondo cuando el cumplimiento
de los presupuestos procesales así lo permita, pues de lo contrario, iría en
detrimento no solo del derecho al debido proceso, sino del derecho de acceso a una
real y efectiva administración de justicia, dado que la no resolución de las
controversias judiciales, fundada en motivos caprichosos, equivale a una falta de
tutela judicial efectiva y, en forma genérica a una vulneración al debido proceso.

Por tal razón, la Sala concluyó, que también hay una vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad
judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, por
considerarla una clara denegación de justicia.

Al tiempo, estableció que, en adelante, «los eventos definidos tradicionalmente por la
jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en
sentencia, no son taxativos».

En ese sentido, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, estableció como subregla
jurisprudencial: es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así
se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo
inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.

Finalmente, se precisa que esta causal no procede para controvertir las razones del
fallo ni para corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en
que, a juicio del recurrente, hubiera incurrido el fallador. Un entendimiento distinto
equivaldría a convertir el recurso en un juicio en que se discutirían nuevamente los
hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada17. En los términos de la sentencia
del 11 de octubre de 200518, “no se trata de controvertir la corrección o incorrección del
juzgamiento, ni de corregir los errores de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que
a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el
recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya

Proceso] y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció esta
Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en la
Sentencia C-739 de 2001 y entró a determinar si un fallo inhibitorio no justificado, es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una tutela
judicial efectiva.
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de junio de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2012-00676-00.
17
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01
[47300], Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, M.P. Guillermo Sánchez Luque Consejo de
Estado, que reitera la sentencia del 11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
18
Expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 M.P. Ligia López Díaz, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo.

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Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas

dilucidados con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la
sentencia, que vician su validez”.

6. Planteamiento del problema jurídico

En los términos del recurso, a la Sala le corresponde estudiar si la sentencia
proferida el 11 de febrero de 2021, por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con número 25000-23-42-000-2016-02731-01, está incursa en la causal de revisión
prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Para lo anterior, la Sala establecerá si los argumentos planteados por la parte
recurrente se enmarcan dentro de los presupuestos para alegar la causal invocada.

7. De la solución al problema jurídico planteado

La señora Margarita Rosa Romero Rojas pidió que se dejara sin efecto la sentencia
del 11 de febrero de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que confirmó el fallo del 20 de junio de 2018, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las
pretensiones de la demanda, referente a declarar nulos los actos administrativos en
los cuales se negó el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez.

La petición de la señora Romero Rojas se funda en que, la sentencia cuestionada se
encuentra incursa en la causal 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque es incongruente al
determinar que la pensión de jubilación que actualmente percibe es incompatible con
la pensión de invalidez que reclama.

Sin embargo, la Sala considera que los cargos formulados no cumplen el
presupuesto de procedibilidad de la causal invocada, toda vez que la pretensión de la
parte recurrente es reabrir el debate que ya se dio ante el juez natural de la causa,
como si el recurso extraordinario de revisión constituyera una tercera instancia, por
las razones que se pasan a explicar:

Según la recurrente, en la providencia acusada se negaron las pretensiones de la
demanda usando argumentos sobre incompatibilidad en el reconocimiento de otras
prestaciones (pensión de jubilación, la pensión gracia y el salario), los cuales no
estaban en discusión en su caso.

La Sala advierte que contrario a lo afirmado por la recurrente, la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado definido el régimen prestacional aplicable a la
señora Romero Rojas, hizo el análisis de la incompatibilidad de las pensiones con
sustento en el artículo 3119 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 8820 del Decreto
1848 de 1969 de los cuales concluyó que los derechos prestacionales a los cuales
tienen derecho aquellas personas vinculadas al cuerpo docente oficial originadas en
19
“Artículo 31º.- Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El
empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas”.
20
“Artículo 88º.- Incompatibilidad. Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son
incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que
más le convenga económicamente”.

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Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas

la estructuración en una invalidez o el cumplimiento de los requisitos de tiempo de
servicio y edad para la jubilación resultan excluyentes y que, de concurrir estos dos
derechos prestacionales, se debe optar por el que resulte más favorable. Además,
indicó que la normativa referida guarda relación con lo previsto en el artículo 128 de
la Constitución sobre la prohibición de devengar doble asignación proveniente del
tesoro público, así que de reconocerse las dos pensiones se vulneraría ese precepto.

Conviene indicar que, aunque el legislador le ha dado un tratamiento especial al
ejercicio de la profesión docente21; no existe un régimen especial de pensiones que
les permita percibir pensión de invalidez y pensión de jubilación al mismo tiempo,
pues en materia pensional están sometidos al régimen prestacional de los
empleados del nivel central, que expresamente consagra la referida incompatibilidad
pensional.

Al respecto, la sentencia acusada al analizar el caso concreto indicó:

Ahora bien, una consecuencia lógica del cumplimiento de requisitos normativos como la
edad y el tiempo de servicio a entidades del Estado (los cuales acreditó la demandante),
es que al administrado bajo ese supuesto se le reconozca una pensión de jubilación, tal
como aconteció en el caso de la señora Romero Rojas; sin embargo, toda vez que el
objeto de la controversia suscita respecto a la compatibilidad de las pensiones de
jubilación y de invalidez, la Sala observa que a la entidad demandada le era imposible
proceder igualmente al reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por la
docente oficial, por cuanto las pensiones pretendidas en el presente asunto provienen de
una misma causa, esto es, de los aportes a pensiones efectuados por aquella al FNPSM
y tienen la misma finalidad, es decir, cubrir la pérdida de capacidad de trabajo.

Sumado a lo anterior, no existe norma que consagre expresamente la compatibilidad
entre la pensión de invalidez y la pensión de jubilación, por el contrario, tal como se indicó
en acápites anteriores, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 expresamente la
prohíben.

Esto se verifica además en el entendido de que la señora Margarita Rosa Romero Rojas
había sido debidamente pensionada en razón de la acreditación fáctica de requisitos para
adquirir el estatus de jubilada, y a pesar de esto continuó con la prestación del servicio
debido a la posibilidad excepcional de los docentes de hacerlo, esto al menos hasta el 26
de mayo de 2014, fecha en la que fue retirada de su labor en razón de su pérdida de
capacidad laboral, en ocasión a la declaración de su estado de invalidez certificado por
concepto médico laboral del 21 de abril de la misma anualidad (folio 6, C4); lo cual si bien
se relaciona con una enfermedad y no propiamente con la vejez, finalmente cubre la
misma contingencia que es la terminación del vínculo legal y reglamentario, al punto de
ser improcedente devengar dos prestaciones que surtirán igual efecto y que serían
canceladas en ambos casos por una sola entidad, esto es, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

En consecuencia, se vislumbra que la fuente de financiación de la pensión de invalidez
en el régimen pensional del docente es la misma de la pensión de jubilación pues es con
los aportes efectuados al FOMAG, lo que no ocurre para quienes están afiliados al
sistema general de pensiones que administran las otras entidades de previsión regidas
por la Ley 100 de 1993, aspecto que dista considerablemente de las razones expuestas
por la apelante.”

Para la Sala, la decisión es congruente, toda vez que se tuvieron en cuenta los
argumentos de la demanda, la contestación y el recurso de apelación presentado por
la señora Margarita Rosa Romero Rojas contra la sentencia del 20 de junio de 2018,

21
Estatuto Docente, Decreto Ley 2277 de 1979, Ley General de la Educación, Ley 115 de 1994

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Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C. Además, es razonable que el ad quem se ocupara de determinar si la
pensión de jubilación que devengaba la actora es compatible con la pensión de
invalidez que reclamaba, sin que eso desconociera la congruencia de la sentencia,
como lo sugiere la recurrente.

Ahora, el hecho de que se hayan despachado desfavorablemente las pretensiones
de la demanda y que la decisión sea contraria a los intereses de la parte recurrente,
no quiere decir que se este ante la configuración de la causal invocada.

Conviene señalar es que, tal y como lo ha indicado esta Corporación en anteriores
oportunidades, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación
excepcional de las sentencias, cuyo objeto es el rompimiento de la cosa juzgada,
según la cual, una vez en firme la sentencia no es procedente una nueva discusión
sobre el asunto ya resuelto. Por lo tanto, para que el recurso sea procedente, debe
comprobarse la existencia de un motivo o causal de revisión, que de manera
inequívoca demuestre la aptitud suficiente para variar los resultados de la decisión.

Luego, de ninguna manera las afirmaciones en que la recurrente basó el recurso
extraordinario de revisión pueden ser entendidas como verdaderos argumentos que
se enmarquen dentro de los requisitos de la causal invocada, pues, como se vio, no
cumple con alguno de los presupuestos fácticos que la jurisprudencia de esta
Corporación ha determinado para la procedencia del mismo.

En suma, los cargos no prosperan y, en consecuencia, se impone declarar infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Margarita Rosa
Romero Rojas, contra la sentencia del 11 de febrero de 2021, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

Condena en costas

Lo primero que debe señalarse es que el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, fue
modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, para prever que “Si se declara
infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.

Sin embargo, el numeral cuarto del artículo 86 de la referida Ley 2080 de 2021, al
referirse sobre su vigencia, precisó “en estos mismos procesos, los recursos interpuestos,
la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los
términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”

Teniendo en cuenta que, en el caso concreto, el recurso extraordinario de revisión se
interpuso en vigencia de la Ley 2080 de 2021 – 4 de noviembre de 2021-, es
aplicable al presente asunto la modificación introducida por al artículo 255 del
CPACA.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso prevé:

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Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas

“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las
siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. (…)”
(Negrillas de la Sala).

En el presente caso como se declara infundado el recurso extraordinario de revisión,
por lo que sería procedente la condena en costas. Sin embargo, teniendo en cuenta
que la entidad pública contra la que se interpuso el recurso extraordinario de revisión
no intervino en este proceso y ni siquiera constituyó apoderado judicial que
permitiera considerar, cuando menos, que habría ejercido la vigilancia del proceso, la
Sala estima que no hay lugar a fijar agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Quinta Especial de Decisión, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la señora Margarita Rosa Romero Rojas contra la sentencia del 11 de febrero de
2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado con nro. 25000-23-42-000-2016-
02731-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver al despacho de origen para lo de su
cargo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente de la Sala

Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

(Firmado electrónicamente)
NICOLÁS YEPES CORRALES

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