Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06535-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-06535-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-06535-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-06535-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
1 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., primero (1º) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06535-00
Demandante: MARGARITA ROSA ROMERO ROJAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA QUINTA ESPECIAL DE
DECISIÓN
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se acreditó el requisito de relevancia constitucional. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el
debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Margarita Rosa Romero
Rojas contra la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de Estado.
I. ANTECE DENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
La señora Margarita Rosa Romero Rojas interpuso acción de tutela contra la Sala
Quinta Especial de Decisión del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad 1, con ocasión de la
providencia proferida el 4 de agosto de 2023, en el recurso extraordinario de revisión
con radicado 11001-03-15-000-2021-07457-00. Formularon las siguientes
pretensiones:
1.Tutelar a la accionante los siguientes derechos fundamentales: el debido
proceso, en relación con el principio de legalidad y el Estado Social de Derecho,
la igualdad ante la ley, los derechos adquiridos, los principios de buena fe y
seguridad jurídica en materia pensional de una docente estatal, retirada del
servicio, respecto de la sentencia creada el 04 de agosto de 2023, notificada el
31 de agosto de 2023, radicado N° 11001 03 15 000 2021 07457 00, adelantado
por la accionante contra la NACIÓN – MEN – FOMAG Y OTRO, proferida por
el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – SALA QUINTA
ESPECIAL DE DECISIÓN, integrada por los consejeros: MILTON CHAVES
GARCÍA (Presidente de la Sala), ROCÍO ARAÚJO OÑATE, NUBIA MARGOTH
PEÑA GARZÓN (aclaración de voto), JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Y
NICOLÁS YEPES CORRALES.
1
También consideró desconocidos los principios de buena fe y seguridad jurídica en materia
pensional.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06535-00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas
Demandado: Sala Quinta Especial de Decisión del
Consejo de Estado
Sentencia de tutela de primera instancia
2.Declarar la nulidad de la sentencia creada el 04 de agosto de 2023, notificada
el 31 de agosto de 2023, en el RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN,
radicado N° 11001 03 15 000 2021 07457 00, adelantado por la accionante
contra la NACIÓN – MEN – FOMAG Y OTRO, proferida por el Consejo de
Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sala Quinta Especial de
Decisión (…)
3.Ordenar al Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sala
Quinta Especial de Decisión proferir una sentencia que reemplace la sentencia
creada el 04 de agosto de 2023, notificada el 31 de agosto de 2023, en el
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, radicado N° 11001 03 15 000
2021 07457 00, adelantado por la accionante contra la NACIÓN – MEN –
FOMAG Y OTRO, efecto para el cual deberá aplicar los criterios y orientaciones
que disponga el juez constitucional.
4. Ordenar al accionado que demuestre ante el juez constitucional el
cumplimiento de lo que disponga la sentencia de tutela.
1.2. Hechos
De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
Mediante Resolución 001106 del 13 de marzo de 2002, proferida por la Secretaría
de Educación del Distrito Capital de Bogotá, le reconocieron y ordenaron el pago de
la pensión de jubilación, efectiva a partir del 24 de noviembre de 2001, por un valor
de $1.633.725.
Posteriormente, mediante la Resolución 8002 del 16 de mayo de 2014 la Secretaría
de Educación Distrital de Bogotá dispuso el retiro del servicio activo de la señora
Romero Rojas por motivos de invalidez.
El 10 de julio de 2014, la accionante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez, de manera compatible y concurrente, con la pensión de jubilación, sin
renunciar a ninguna de las dos prestaciones sociales. La anterior solicitud fue
negada a través de la Resolución 6498 del 3 de octubre de 2014.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
accionante pidió la nulidad de la Resolución 6498 del 3 de octubre de 2014.
En sentencia del 20 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, negó las pretensiones de la demanda. Inconforme
con la anterior decisión, la actora interpuso recurso de apelación.
En sentencia del 11 de febrero de 2021, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, confirmó la decisión de primera instancia.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06535-00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas
Demandado: Sala Quinta Especial de Decisión del
Consejo de Estado
Sentencia de tutela de primera instancia
Por lo anterior, la accionante interpuso recurso extraordinario de revisión, con
fundamento en la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. En sentencia
del 3 de agosto de 2023, la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de Estado
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte demandante alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en
vulneración al debido proceso, por cuanto no estudió la compatibilidad entre la
pensión de jubilación y la pensión de invalidez con fundamento en las normas de
carácter constitucional y de carácter legal que se encontraban vigentes al momento
de ocurrencia de los hechos y en su lugar «inventa una justificación que elude la
aplicación de la Constitución y la Ley, consistente en que supuestamente la finalidad
de ambas pensiones es la misma, respecto de garantizar la subsistencia, a pesar
de reconocer que el origen es diferente, y que la ley no ha establecido que la
consecuencia sea la exclusión de una de las dos prestaciones, sino todo lo
contrario: que son compatibles».
Expuso que no se hizo referencia al inciso 2 del artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
porque es aplicable a los docentes estatales a partir del 27 de junio de 2003, motivo
por el cual no es aplicable a las circunstancias de la demandante, quien fue
vinculada el 5 de junio de 1990.
Manifestó que estudiar la compatibilidad entre pensiones de jubilación y de
invalidez, y al hacer ese estudio en retrospectiva, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989,
se concluye, a su juicio, que la expresión contenida en el literal b del numeral 2 de
esa disposición «se reconocerá solo una pensión de jubilación» fue derogada de
manera tácita por el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993.
Expuso que la última de las disposiciones citadas autorizó la compatibilidad entre
pensiones o con cualquiera otra clase de remuneraciones, cuando se tratase de
docentes afiliados al FOMAG. En su criterio, la prohibición de compatibilidad entre
pensiones para los afiliados al FOMAG estuvo vigente hasta el 11 de agosto de
1993, porque a partir del 12 de agosto de 1993 empezó a regir la Ley 60 de 1993.
La derogatoria tácita implicó, a su juicio, el artículo 31 del Decreto Ley 3135 de 1968
y los artículos 77 y 88 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, y todas aquellas
contrarias. En su criterio, el inciso 2 del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 autoriza
la compatibilidad entre pensiones.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06535-00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas
Demandado: Sala Quinta Especial de Decisión del
Consejo de Estado
Sentencia de tutela de primera instancia
Finalmente, indicó que incurrió en violación directa de la Constitución «como defecto
sustantivo o material» porque inaplicó el parágrafo transitorio 1 del artículo 1 del
Acto Legislativo 1 de 2005, que determina que el régimen pensional de los docentes,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003». Asimismo, considera que inaplicó
el inciso 1 del artículo 128 de la Carta Política que estableció como excepción legal
de percibir más de una asignación procedente del tesoro público, lo que determine
el legislador y, finalmente, inaplicó el inciso 2 del artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
que estableció una excepción legal que autoriza la compatibilidad entre pensiones.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 26 de octubre de 2023, el Despacho sustanciador admitió la
solicitud de amparo y ordenó que aquel se notificara a los magistrados Milton
Chaves García, Rocío Araújo Oñate, Nubia Margoth Peña Garzón, Jorge Iván
Duque Gutiérrez y Nicolás Yepes Corrales que integran la Sala Especial de Decisión
No. 5 del Consejo de Estado, como parte demandada, y al Ministerio de Educación,
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Fiduciaria La
Previsora S.A., como terceros con interés. Asimismo, se ordenó notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En escrito del 22 de noviembre de 2023, el magistrado Nicolás Yepes Corrales,
quien asumió en encargo la dirección del Despacho de la exmagistrada Marta Nubia
Velásquez Rico, se declaró impedido para conocer del presente proceso, por cuanto
suscribió la providencia de la cual se predica la vulneración de los derechos
fundamentales. En providencia del 6 de diciembre de 2023, se declaró fundado el
impedimento presentado.
2.1. El Ministerio de Educación indicó que lo pretendido por la accionante es que se
realice una nueva revisión del problema jurídico que sometió a la jurisdicción
contenciosa administrativa que fue resuelto con el debido cumplimiento de las
formas propias y con decisiones que ostentan fuerza de cosa juzgada y presunción
de acierto y legalidad, proferidas por el juez natural del asunto, como si la tutela se
tratara de una tercera instancia.
2.2. Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó
que la tutela debe ser declarada improcedente por cuanto fue interpuesta con el
propósito de invalidad actuaciones procesales realizadas con anterioridad.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06535-00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas
Demandado: Sala Quinta Especial de Decisión del
Consejo de Estado
Sentencia de tutela de primera instancia
2.3. El magistrado Milton Chaves García, ponente de la decisión cuestionada, adujo
que la solicitud de amparo desconoce el requisito de relevancia constitucional, al
utilizarse como una instancia adicional del recurso extraordinario de revisión.
Además, agregó que los argumentos expuestos se proponen directamente contra
la sentencia del 11 de febrero de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.
Finalmente, indicó que no cumple la tutela con el requisito de inmediatez, porque
han transcurrido más de 2 años desde que se notificó la providencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. De acreditarse, se abordará el
estudio de fondo, con el fin de establecer si la sentencia dictada el 4 de agosto de
2023, proferida por la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de Estado,
vulneró los derechos fundamentales de la señora Margarita Rosa Romero Rojas.
2. Análisis del caso
2.1. Requisitos generales de procedibilidad
2.1.1. Inmediatez: la Sala considera que la tutela cumple con este requisito, toda
vez que se presentó el 24 de octubre de 2023, esto es, apenas 3 meses después
de haberse proferido la providencia cuestionada, que data del 4 de agosto de 2023.
Ese término resulta razonable.
2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
2.1.3. Subsidiariedad: la Sala estima que este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes.
2.1.4 De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse
brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin
de establecer si se cumple o no en el presente asunto.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06535-00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas
Demandado: Sala Quinta Especial de Decisión del
Consejo de Estado
Sentencia de tutela de primera instancia
El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.
En efecto, en este caso, la señora Margarita Rosa Romero Rojas presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad
del acto administrativo que negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez, al considerar que esa prestación era incompatible con la pensión de
jubilación que ya tenía reconocida.
En sentencia del 20 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que, de conformidad con lo previsto en los artículos 31 del
Decreto 3135 de 1968 y 88 del Decreto 1848 de 1969, las pensiones de jubilación
e invalidez son incompatibles y, además, las dos prestaciones serían de naturaleza
pública, toda vez que la pensión de jubilación reconocida estaba a cargo de la
Fiduprevisora S.A. y reconocerle una pensión de invalidez quedaría también del
erario, aunado al hecho de que se configura la prohibición establecida en el artículo
128 de la Constitución Política.
La anterior providencia fue recurrida por la señora Romero Rojas y argumentó que
le asistía derecho a percibir simultáneamente las pensiones de invalidez y jubilación,
así:
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06535-00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas
Demandado: Sala Quinta Especial de Decisión del
Consejo de Estado
Sentencia de tutela de primera instancia
Aquellos beneficios pensionales no tienen la misma finalidad ni provienen de la
misma fuente financiera. Para ello, sostuvo que mientras la pensión de
jubilación protege una contingencia derivada de la edad; la pensión de invalidez
resguarda un riesgo derivado de las actividades laborales o de una afectación
común que imposibilite la capacidad de trabajar. De igual forma, para apoyar
su argumento, citó el artículo 132 de la Ley 100 de 1993, del cual, según su
criterio, se puede inferir la diferencia en cuanto a la fuente financiera de las
pensiones respecto de los riesgos referidos.
Asimismo, sostuvo que sobre la prohibición constitucional contenida en el
artículo 128, la cual precisa la imposibilidad de recibir más de una asignación
que provenga del tesoro público, la compatibilidad pensional que se depreca
no implica la vulneración de dicho mandato, toda vez que el legislador fijó
excepciones a la mencionada regla en cuanto la procedencia de que le sean
reconocidas y pagadas a los docentes estatales, pensiones o cualquier otra
clase de remuneración las cuales no serán excluyentes entre sí.
Por último, expuso que el juzgador de primera instancia desconoció la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual resulta favorable a las
pretensiones de la demanda, en cuanto este órgano fue claro al afirmar la
procedencia de la compatibilidad de las pensiones de vejez e invalidez dado
que cubre dos riesgos distintos a decir: el paso inexorable de los años y la
pérdida de la capacidad laboral. De esta forma, arguyó que las decisiones
tomadas por aquella Corporación gozan de un carácter vinculante que debe ser
tenido en cuenta en esta jurisdicción, pues se tratan de órganos diseñados para
la unificación de la jurisprudencia.
Al resolver los anteriores argumentos, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, consideró que como la señora Romero Rojas ingresó al
servicio como docente nacionalizada con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003 -6 de marzo de 1970-, el régimen para el reconocimiento pensional
se encuentra establecido en la Ley 33 de 1985 y en los Decretos 3135 de 1968 y
1848 de 1969.
Sostuvo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 3135 de
1968 las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre
sí y el trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de
ellas, lo cual tenía sustento en el artículo 64 de la Constitución de 1886 y en el
artículo 128 de la Constitución Política de 1991, en la prohibición de percibir más de
una asignación que provenga del tesoro público.
Indicó que dichas prestaciones son incompatibles por cuanto tienen su origen en
una misma relación laboral, están condicionadas a los aportes que el demandante
realice al sistema general de seguridad social y su finalidad es la misma.
Precisó que no existe norma que consagre expresamente la compatibilidad entre la
pensión de invalidez y la de jubilación, sino que, por el contrario, los Decretos 3135
de 1968 y 1848 de 1969 expresamente la prohíben, lo cual se puede verificar al
analizar que la accionante había sido pensionada en razón a la acreditación fáctica
de los requisitos para adquirir el estatus de jubilada, y a pesar de ello, continuó con
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06535-00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas
Demandado: Sala Quinta Especial de Decisión del
Consejo de Estado
Sentencia de tutela de primera instancia
la prestación del servicio debido a la posibilidad excepcional de los docentes de
hacerlo, hasta el 26 de mayo de 2014, fecha en la que fue retirada de su labor en
razón de su pérdida de capacidad laboral, por la declaración de su estado de
invalidez certificado por concepto médico laboral del 21 de abril de 2014, que «cubre
la misma contingencia que es la terminación del vínculo legal y reglamentario, al
punto de ser improcedente devengar dos prestaciones que surtirán igual efecto y
que serían canceladas en ambos casos por una sola entidad, esto es, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
Señaló que, de conformidad con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado,
la demandante tenía la posibilidad ante la Administración de optar por la prestación
que más le conviniera económicamente, en los términos de los artículos 31 y 88 de
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, de ahí que no se vulneren los principios
de favorabilidad o derechos adquiridos.
En relación con el desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, explicó que el Consejo de Estado ha señalado que los supuestos fácticos
y jurídicos son distintos, en la medida que las pensiones pretendidas en el caso
objeto de estudio acaecen de una misma causa, esto es, los aportes a pensiones
efectuados por la demandante al FOMAG y tienen la misma finalidad, es decir, cubrir
la pérdida de capacidad de trabajo, y las mismas se encuentran a cargo de una
misma entidad, y contrario a lo señalado por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, no existe norma que consagre expresamente la compatibilidad
entre la pensión de invalidez y la pensión de jubilación tratándose de empleados
públicos como los docentes, pues existe prohibición expresa para su concesión.
La señora Romero Rojas interpuso recurso extraordinario de revisión contra la
anterior decisión, con fundamento en la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, por cuanto, a su juicio, omitió aplicar el inciso primero del artículo 128 de la
Constitución Política, el parágrafo transitorio 1° y el artículo 1° del Acto Legislativo
01 de 2005, el inciso primero del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, y el inciso
segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
Indicó que existía incongruencia en la sentencia recurrida por cuanto al negar el
reconocimiento de la pensión de invalidez por estimarla incompatible con la pensión
de jubilación, pero utilizando argumentos que se han expuesto al analizar la
concurrencia de otras prestaciones tales como la pensión de jubilación, la pensión
gracia y el salario, que no son objeto del asunto puesto a consideración de los
jueces.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06535-00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas
Demandado: Sala Quinta Especial de Decisión del
Consejo de Estado
Sentencia de tutela de primera instancia
Finalmente, señaló que la sentencia «puede ser nula por violación del debido
proceso, cuando se afecta el sentido de la decisión, por afectar el núcleo esencial o
contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido proceso y que la
violación del principio de congruencia (interna y externa) por parte de la sentencia,
es causal de nulidad de aquella».
Al resolver el recurso de unificación de jurisprudencia, en providencia del 4 de
agosto de 2023, la Sala Quinta Especial de Decisión del Consejo de Estado
consideró que los cargos formulados por la señora Romero Rojas no cumplen el
presupuesto de procedibilidad de la causal invocada, toda vez que lo pretendido por
la recurrente es reabrir el debate que ya se dio ante el juez natural de la causa,
como si el recurso extraordinario de revisión constituyera una tercera instancia y,
por tanto, declaró infundado el referido recurso.
Precisó que la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado sí hizo el
análisis de la incompatibilidad de las pensiones con sustento en el artículo 31 del
Decreto 3135 de 1968 y el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, y a partir de ese
estudio concluyó que los derechos prestacionales del cuerpo docente oficial
originados en la estructuración de una invalidez o el cumplimiento de los requisitos
para la jubilación resultan excluyentes y, en el evento de que concurran, se debe
optar por el que resulte más favorable.
Expuso que la decisión recurrida era congruente, por cuanto tuvo en cuenta los
argumentos de la demanda, la contestación y el recurso de apelación presentado
por la señora Romero Rojas contra la sentencia del 28 de junio de 2018, proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
y, además, indicó que era razonable que se ocupara de determinar si la pensión de
jubilación que devengaba la actora es compatible con la pensión de invalidez que
reclamaba, sin que esa circunstancia desconociera la congruencia de la sentencia.
Precisó que el hecho de que se hubieran negado las pretensiones de la demanda y
que la decisión sea contraria a los intereses de la recurrente, no quiere decir que se
configure la referida causal.
Finalmente, indicó que ninguna de las afirmaciones en las que la recurrente
fundamentó el recurso extraordinario de revisión pueden ser entendidas como
verdaderos argumentos que se enmarquen en los requisitos de la causal 5 del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, pues no se cumple los presupuestos fácticos
que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado para su procedencia.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06535-00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas
Demandado: Sala Quinta Especial de Decisión del
Consejo de Estado
Sentencia de tutela de primera instancia
A partir del anterior análisis, se concluye que la solicitud de amparo deviene
improcedente, justamente porque la parte actora pretende revivir la discusión del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, relacionado con la
interpretación de las normas que realizó tanto la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridades que razonablemente
concluyeron que el reconocimiento concurrente de la pensión de jubilación y de
invalidez para la señora Romero Rojas resultaba incompatible, ante la expresa
prohibición de los artículos 31 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 88 del Decreto
1848 de 1969, y la prohibición constitucional del artículo 128.
Y agregaron, fundada y suficientemente, que el reconocimiento de las pensiones
proviene de una misma causa, y la fuente de financiación de la pensión de invalidez
en el régimen pensional docente es la misma de la pensión de jubilación, toda vez
que es con los aportes efectuados al FOMAG, lo que no ocurre para quienes están
afiliados al sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993.
En ese contexto, la Sala advierte que la providencia cuestionada no es arbitraria, ni
caprichosa, sino que estuvo precedida de un análisis integral, razonado y conjunto
de las pruebas que obraban en el expediente, de las normas y de la jurisprudencia
que resultaba aplicable al caso concreto.
Se reitera que la acción de tutela no puede convertirse en el único y el preferido
medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a sus
intereses, para que se revise la decisión como si se tratara de una instancia
adicional. Ello atenta contra las reglas previstas por el legislador quien dentro de su
margen de configuración normativa elige y decide las instancias ordinarias que debe
impartirse a un proceso. Pretender que la acción de tutela se convierta en la
instancia adicional de todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a este
mecanismo de amparo constitucional, sino que termina por desconocer los
principios de autonomía judicial y del juez natural 2.
Los argumentos del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que le negó las
pretensiones de la demanda son los mismos con los cuales soportó el recurso
extraordinario de revisión y la presente solicitud de amparo, cual si se tratara de una
tercera instancia o instancia adicional a las que se surtieron de conformidad con el
procedimiento previsto por el legislador.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06535-00
Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas
Demandado: Sala Quinta Especial de Decisión del
Consejo de Estado
Sentencia de tutela de primera instancia
Que la parte actora esté inconforme con el raciocinio utilizado por la Sala Quinta
Especial de Decisión del Consejo de Estado no es un hecho que concierna al juez
constitucional, pues por la forma en que se presentaron los argumentos queda claro
que la demanda se contrae a un desacuerdo con el razonamiento de la autoridad
judicial accionada y una reiteración de los cargos del recurso de apelación y del
recurso extraordinario de revisión, circunstancia que no justifica la intervención del
juez de tutela, porque lo pretendido, se insiste, es revivir un debate que ya se
clausuró, a fin de obtener a toda costa una alternativa de decisión en la que se
resuelva favorablemente su visión del litigio y, compártase o no la decisión de los
jueces naturales, la Sala no advierte que sus conclusiones se tornen irracionales,
absurdas o caprichosas.
En conclusión, la Sala encuentra que la acción de tutela promovida por la señora
Margarita Rosa Romero Rojas no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, razón por la cual se declarará improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Margarita Rosa Romero Rojas, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. De no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.