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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07577-01

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07577-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 13 de diciembre de 2021 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2021-07577-01 Demandante: Emiro Ordoñez Ordoñez 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07577-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

10 de marzo de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-07577-01
Demandante: Emiro Ordoñez Ordoñez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-07577-01
Demandante EMIRO ORDOÑEZ ORDOÑEZ
Demandado NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EJÉRCITO
NACIONAL

Temas Acción de tutela. Causales de improcedencia. La subsidiariedad.
Decreto 4433 de 2004. Asignación de retiro.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Emiro Ordoñez Ordoñez
contra la sentencia de 13 de diciembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B que dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Emiro
Ordoñez Ordoñez.”

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 8 de noviembre de 20211, el señor Emiro Ordoñez Ordoñez instauró acción de
tutela contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, por
considerar vulnerado su derecho fundamental a la igualdad. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita) “Se pretenden que se declare la nulidad del artículo 15 del Decreto
4433 de 2004 expedido por el Gobierno Nacional, para un personal que ingreso a las Fuerzas
Militares con anterioridad al citado decreto, basados en el principio de IGUALDAD los
derechos adquiridos antes de salir una nueva ley y el principio a la igualdad del personal
homologado que efectuó cambio de denominación de soldado profesional a suboficial durante
el régimen de transición del Decreto 1211 a la ley 923
[…]
1. Petición de que sea reconocido para la asignación de retiro a los 20 años de servicio
continúo por haber ingresado como integrante activo a las Fuerzas Militares de Colombia
como Soldado Regular el 05 de Abril del año 2001 antes de la expedición del Decreto
4433 de 2004.
2. Nulidad del Articulo 15 del Decreto 4433 de 2004 que me obliga a permanecer por 25
años de servicio activo al interior de las Fuerzas Militares, basados en el principio de
igualdad y derechos adquiridos para un personal de la Fuerza Pública en servicio activo
continuo antes del 31 de diciembre de 2004 inicio de vigencia del Decreto 4433.
3. Mantener el principio de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad
financiera, intangibilidad, solidaridad y Derechos Adquiridos antes de entrada en vigencia

1 Archivo 39 KB en Samai.
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Demandante: Emiro Ordoñez Ordoñez

la ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, de acuerdo con lo establecido en la carta
magna Constitución Política de Colombia.
4. Reconocer mi asignación mensual en el uso del buen retiro por 21 años de tiempo de
servicio continuo de acuerdo con la Constitución y la ley.
5. Interpretación adecuada del régimen transicional de asignación de retiro de la ley 1211 a
la ley 923 de 2004 creada por el honorable Congreso de la Republica de Colombia.
6. Respetar y reconocer los derechos adquiridos como miembros de la Fuerza Pública antes
del año 2004, como lo ordena el Artículo 2° numerales 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.7 - 2.8 de
la Ley marco 923 de 2004, Articulo 3° numerales 3.1, 3.2 - 3.9 de la ley citada”2.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Emiro Ordoñez Ordoñez aseguró que, el 5 de abril de 2001 ingresó a
las Fuerzas Militares como soldado regular.

2.2. Sostuvo que el 20 de abril de 2003 fue designado como soldado profesional,
que el 15 de diciembre de 2005 como suboficial del Ejército Nacional y que
actualmente ostenta el grado de sargento viceprimero.

2.3. Aseguró que ha laborado continuamente en el Ejército Nacional durante 20
años y 6 meses.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora reprochó que el artículo 15 del Decreto 4433 de 20043 haya
aumentado los tiempos inicialmente establecidos en la Ley 923 de 2004 para la
asignación de retiro de los miembros de la Fuerzas Militares.

Indicó que, en virtud de ese decreto, la asignación de retiro media (retiros no
voluntarios) se incrementó de 15 años a 18 años y la asignación de retiro
complementaria de 20 años a 25 años. Aumento efectuado en contravía de los
objetivos y criterios desarrollados en la Ley 923 de 2004.

Indicó que los miembros de la Fuerza Pública que ingresaron con anterioridad a la
vigencia del Decreto 4433 de 2004 tienen derecho a la asignación de retiro a los 18
años de servicio, si su retiro es por causas ajenas a su voluntad; y de 20 años de
servicio, si el mismo se produce por solicitud propia.

4. Trámite impartido

4.1. Mediante auto de 9 de noviembre de 2021, la magistrada María Adriana Marín
remitió el asunto al consejero Alberto Montaña Plata, con el fin de estudiar una

2 Archivo 519 KB en Samai.
3 Decreto 4433 de 2004. Artículo 15: “Asignación de retiro para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, que ingresen al escalafón a partir de
la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto y que sean retirados después de veinte (20) años de
servicio, por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional, según el caso, o por sobrepasar la
edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad
profesional, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después
de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses
de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se les pague una asignación mensual de retiro
(…)”
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Demandante: Emiro Ordoñez Ordoñez

posible acumulación entre la tutela presentada por el señor Ordoñez y otros
casos de similares supuestos fácticos repartidos al magistrado Montaña.

4.2. En auto de 18 de noviembre de 2021, el despacho del consejero Alberto
Montaña Plata admitió la acción de tutela interpuesta por Emiro Ordoñez
Ordoñez, quien actúa en nombre propio, contra la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional; vinculó en calidad de tercero, a la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y ofició a la
Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado para que informara
si contra el artículo 15 del Decreto 4433 de 2004 cursan procesos judiciales; y
ordenó efectuar las notificaciones pertinentes.

4.3. La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado informó lo
siguiente:

“…en esta sección, a la fecha, cursan cinco (5) demandas contra el Decreto No. 4433
de 2004, de las cuales, únicamente en la radicada bajo el No.
11001032500020210006100(0253-2021), actor: Luis Hernando Castellanos Fonseca,
solicitan la nulidad del artículo 15 numerales 15.1, 15.2 y 15.3 y artículo 16 del Decreto
No. 4433 de 2004 expedido por el Gobierno Nacional.
El proceso se encuentra al despacho del H. Magistrado Ponente, Dr. Rafael Francisco
Suárez Vargas para considerar la admisión de la demanda.”

5. Intervenciones

5.1. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares allegó memorial, en el cual indicó
que dio traslado del auto admisorio de tutela a las dependencias y entidades
competentes.

5.2. La Dirección de Personal del Ejército Nacional explicó que, de conformidad
con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, una vez los soldados
profesionales cumplan 20 años de servicio activo serán retirados y tendrán
derecho a una asignación de retiro equivalente al 70% del salario. Y sostuvo
que esta “no varia (sic) por tener más años de servicio, caso contrario sucede con el
personal de Oficiales y Suboficiales”, según dispone el artículo 15 de dicho
Decreto.

También, aseveró que la situación jurídica de los oficiales y suboficiales que
ingresaron a la institución antes del 31 de diciembre de 2004 no se rige el
Decreto 4433 de 2004, sino por el Decreto 1211 de 1990. Supuesto no
aplicable en el caso del tutelante, debido a que “el señor SV. Ordoñez Ordoñez
Emiro, ingreso (sic) al escalafón como Suboficial en el grado de Cabo Tercero con Orden
Administrativa de Personal No. 1240 de fechas 15 de diciembre de 2005, con novedad fiscal
01 de enero de 2006, fecha en la cual ya se encontraba vigente el Decreto 4433 de 2004”.

Manifestó que el accionante aún no tiene derecho a la asignación de retiro, “ya
que el señor SV. Ordoñez Ordoñez Emiro cuenta actualmente con un tiempo de servicio de
19 años, 08 meses y 24 días aproximadamente y no cumpliría (sic) con el requisito del artículo
15 del Decreto 4433 de 2004”, que establece un tiempo de servicio de 25 años para
acceder a la asignación de retiro.

Finalmente, aseguró que resolver las solicitudes de inconstitucionalidad de los
decretos con fuerza de ley únicamente le compete a la Corte Constitucional,
ya que así lo establece el artículo 241 de la Constitución Política.

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Demandante: Emiro Ordoñez Ordoñez

Por lo expuesto, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor Ordoñez.

6. Providencia impugnada

Mediante providencia de 13 de diciembre de 2021, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de subsidiariedad, debido a que los objetivos perseguidos con la tutela son
controvertir un acto de carácter general y abstracto y solicitar el reconocimiento de
una prestación de índole económico.

Con relación al primer aspecto, explicó que el accionante cuenta con mecanismos
ordinarios para atacar la legalidad del acto administrativo controvertido (Decreto
4433 de 2004), tal como el medio de control de simple nulidad. Herramienta que
incluso le permite solicitar medidas cautelares como la suspensión provisional del
acto.

A su vez, indicó que, de conformidad con lo manifestado por la Secretaría de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el medio de control en contra del artículo
15 del Decreto 4433 de 2004 se encuentra en curso; y agregó que, en todo caso,
en el asunto no se configura un perjuicio irremediable.

Asimismo, sostuvo que según el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 la tutela es
improcedente cuando esta se emplea para cuestionar actos de carácter general,
impersonal y abstracto. Por último, reiteró que la tutela no es procedente, dado que
versa sobre un asunto eminentemente económico.

7. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, pues en su
criterio prevalece lo establecido en la Ley 923 de 2004 sobre el Decreto 4433 de
2004. E indicó que, de llegar a aplicarse en su caso tal decreto, debía tenerse en
cuenta que “antes de ascender a Cabo Tercero en el escalafón de Suboficiales (…) ya era
miembro activo del Ejército Nacional desde la fecha 05 de abril del año 2001 como lo soporta
mi certificado de tiempo de servicio”.

Adicionalmente, censuró que a los únicos que se les respetaron los derechos
adquiridos fueron a los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, activos al
momento de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004. Circunstancia que,
además de ser transgresora del derecho a la igualdad, desconoce que “el ser soldado
profesional implica ser militar activo sin importar el rango jerárquico”. Por ende, solicitó “que
se [le] respete y reconozca el derecho a la igualdad, derechos adquiridos, en el EJÉRCITO
NACIONAL – COPER – CREMIL, se me reconozca mi asignación mensual sueldo de retiro por
mi tiempo reconocido en servicio continuo en el EJÉRCITO NACIONAL.”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo

4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
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para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Con base en los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala determinar si le
asistió o no razón al juez de tutela de primera instancia en declarar la improcedencia
de la tutela por considerar que no se acreditó el requisito de subsidiariedad, al existir
otros mecanismos de defensa para lograr lo perseguido con la tutela.

3. Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela

Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que estos
sean idóneos y eficaces.

En consecuencia, la tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias, consiste
en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa judicial, idóneo y
eficaz, no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia
del medio de defensa se definen en función del caso concreto, atendiendo a las
circunstancias en las que se encuentra el solicitante y, además, dependen de la
existencia o no de un perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En tal sentido, es claro que al juez natural le corresponde impulsar y decidir los
asuntos que se encuentran bajo su conocimiento, por lo que no le es dable al juez
de tutela, en principio, interferir o contrariar so pretexto de proteger los derechos
fundamentales, las decisiones que se profieren de forma legítima en el proceso
ordinario. La acción de tutela que se presenta en contra de la decisión judicial, en
principio, deviene improcedente, pues ello desconocería el principio de autonomía
judicial.

Sobre la autonomía e independencia de los jueces y tribunales, la Corte
Constitucional ha sostenido que las injerencias indebidas en el ejercicio de la
función jurisdiccional por parte del juez constitucional, debe asumirse como un
mandato de proscripción, lo cual se justifica, únicamente, para efectos de proteger
los derechos fundamentales afectados.

La subsidiariedad de la acción de tutela consiste en impedir que esa herramienta,
cuyo campo de aplicación es restrictivo, se convierta en un mecanismo principal de
protección. Lo contrario significaría desconocer que la Constitución y la ley estipulan
una serie de mecanismos judiciales, igualmente, eficaces e idóneos para garantizar
el ejercicio pleno de los derechos.

En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó:

su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección
del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin
de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una
plena protección de sus derechos esenciales (…)”5.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues,
de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

Con fundamento en este requisito (la subsidiariedad), la jurisprudencia de las altas
Cortes ha concluido que, por regla general, esta acción es improcedente cuando se
pretende controvertir actos administrativos, puesto que el interesado puede o pudo
discutir su contenido a través de distintos medios de control, dependiendo de la
naturaleza del acto, sea general o particular.

4. Análisis en el caso concreto

4.1. Del escrito de tutela y la impugnación, se advierte que el propósito del actor
mediante la acción de tutela es “que se declare la nulidad del artículo 15 del
Decreto 4433 de 2004” y que se le reconozca la asignación de retiro al ya
haber completado 20 años de servicios.

4.2. Esta Sección encuentra que la acción de tutela presentada por el señor Bravo
Gutiérrez incurre en las causales de improcedencia contenidas en los
numerales 1 y 5 del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, ya que (a) se
interpone contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto y porque
(b) el actor cuenta con otros medios de defensa para procurar la protección de
los derechos invocados en la petición de amparo.

Relativo al primer evento (a), la Corte Constitucional ha explicado en su
jurisprudencia que esta causal de improcedencia se justifica en que estos
actos producen efectos generales, ya que no tienen un destinatario particular.
En esa medida, por regla general, no producen situaciones subjetivas
susceptibles de control a través de la acción de tutela. Recuérdese que la
acción de tutela se caracteriza por ser de carácter particular y concreto.

Al respecto en la sentencia T-321 de 19936, a Corte Constitucional precisó
que:
“Cuando el desconocimiento, la vulneración o el recorte de los derechos fundamentales
se origina en actos jurídicos de carácter general producidos por instancias subordinadas
a la Constitución (y todos los poderes constituidos lo son), su efecto general pernicioso
puede ser contrarrestado mediante mecanismos especialmente dispuestos para ello,
V.gr.: la acción de inconstitucionalidad contra las leyes, o las acciones de nulidad (y de

5 Corte Constitucional. Sentencia C-543 de 1992.
6 con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz.
6

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restablecimiento del derecho) contra los actos administrativos. Mediante tales
instrumentos se provoca la actuación de un organismo público competente para que,
también por vía de disposición general, restablezca el imperio de la juridicidad.
Pero no es ése el caso de la tutela. El mismo artículo 6o. del Decreto 2591 establece
en su numeral 5o. que es improcedente la acción "cuando se trate de actos de carácter
general, impersonal y abstracto". Es que lo que se busca con el mencionado mecanismo
es suspender los efectos violatorios o amenazantes de alguno de los derechos
fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto cuya
aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas provisionales (esto es
antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente para proteger el
derecho, según las voces del artículo 7o. del Decreto en mención.”

Entonces, se tiene que la naturaleza de la acción de tutela, en principio, no es
compatible con los efectos que producen los actos de carácter general
impersonal y abstracto, para ello, el legislador ha dispuesto mecanismos
judiciales idóneos que permiten cuestionar el contenido de estos actos.

En segunda medida (b), la Sala observa que los cargos y pretensiones
presentados por el accionante, no superan el requisito de subsidiariedad
porque existe otro mecanismo judicial porque a fin de controvertir el artículo
15 del Decreto 4433 de 2004, el actor puede acudir al medio de control de
simple nulidad consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

Incluso, si es su deseo, el tutelante bien podría intervenir como coadyuvante
en los procesos que actualmente se están tramitando en esta Corporación
contra dicho decreto, siempre y cuando la solicitud de coadyuvancia se realice
entre la admisión de la demanda y la audiencia inicial, como lo dispone el
artículo 223 del CPACA7.

El medio de control de nulidad, además, posibilita el empleo de medidas
cautelares que, gracias a los cambios introducidos en la Ley 1437 de 2011,
garantizan celeridad y mayor campo de valoración para el juez contencioso
administrativo. De manera que en el supuesto de que existiera un perjuicio de
vasta magnitud para el señor Ordoñez, las medidas cautelares garantizan la
idoneidad y celeridad del medio de control referido.

Sobre el tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado sostuvo lo siguiente:

“i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo
el proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que:
ii) que la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia
protectora que la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el
proceso, b) procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción
que se exige para suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia
del pasado: que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para
concluirlo”8.

7 Ley 1437 de 2011. Artículo 223: “COADYUVANCIA EN LOS PROCESOS DE SIMPLE NULIDAD. En los
procesos que se tramiten con ocasión de pretensiones de simple nulidad, desde la admisión de la demanda
y hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del
demandante o del demandado”.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014.
Radicado 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
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Dada la idoneidad de dicho medio de control, es ese el espacio para exponer
cargos como los mencionados por el actor en la impugnación, pues es al juez
natural a quien le corresponde determinar si, en efecto, el artículo 15 del
Decreto 4433 de 2004 transgrede el derecho a la igualdad, así como otras
normas.

En conclusión, además de tratarse de un mecanismo eficaz e idóneo, permite
la solicitud de medidas cautelares.

4.3. De otra parte, con relación a la pretensión tendiente al reconocimiento de la
asignación de retiro, tampoco se considera que se cumpla el requisito de
subsidiariedad, en la medida que es deber del actor adelantar los trámites
administrativos dispuestos por las autoridades competentes para solicitar el
reconocimiento de dicha prerrogativa.

Al respecto, el artículo 1º del Decreto 2002 de 1984 dispone que la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares tiene el deber de “c) Reconocer y pagar
oportunamente las asignaciones de retiro, pensiones y demás prestaciones que la ley
señale, a quienes adquieran este derecho”.

De ahí que, para obtener la asignación de retiro deben efectuarse las
gestiones administrativas ante aquella entidad, y en el evento de recibir una
respuesta desfavorable a su petición, de considerarlo pertinente, el interesado
podrá acudir también al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, para pedir la nulidad del acto
administrativo desfavorable, y solicitar el restablecimiento del derecho que
estime conculcado con esa decisión.

4.4. Debe recordarse que la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela
tiene por propósito evitar que se convierta en un mecanismo judicial alternativo
que pueda ser utilizado para desconocer los mecanismos de defensa previstos
por la Constitución y la ley, o para soslayar términos procesales de los medios
ordinarios de defensa, ya que no es dable al juez de tutela decidir asuntos que
deben ser debatidos en su escenario natural.

4.5. Por las razones expuestas, al no encontrarse satisfecho el requisito de
subsidiariedad en el caso examinado, se confirmará la decisión impugnada
que declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor
Emiro Ordoñez Ordoñez.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 13 de diciembre de 2021 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dadas las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

8

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Demandante: Emiro Ordoñez Ordoñez

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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