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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00061-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2021-00061-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar configurado el fenómeno de cosa juzgada de conformidad con lo expuesto en esta providencia en relación con el artículo 16 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004. En consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 24 de febrero de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B dentro del proceso rad. núm. 11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015). Segundo. Negar el cargo formulado contra el artículo 15 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004. Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2021-00061-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2021-00061-00 (0253-2021)
Demandante: Luis Hernando Castellanos Fonseca
Demandados: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de
Defensa Nacional

Tema: Configuración de la cosa juzgada con efectos erga omnes en
relación con la causa petendi.
Decisión: Estarse a lo resuelto en la sentencia del 24 de febrero de 2022
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B1.

La Sala decide la demanda de nulidad interpuesta contra los artículos 15 y 16 del
Decreto 4433 del 31 de diciembre de 20042.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Las disposiciones demandadas establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 15. Asignación de retiro para el personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, que ingresen
al escalafón a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto y que
sean retirados después de veinte (20) años de servicio, por llamamiento a calificar
servicios o por retiro discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima
correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por
incapacidad profesional, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o
separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares les pague una asignación mensual de retiro,
así: […]

ARTÍCULO 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los soldados
profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 24 de febrero de 2022, rad. 11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015), M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
2 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la

Fuerza Pública».

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00061-00 (0253-2021)
Demandante: Luis Hernando Castellanos Fonseca

de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de
alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación
mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado
en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%)
de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será
inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. […]

2. En criterio de la parte actora se debe declarar la nulidad de las disposiciones
normativas demandadas porque fueron expedidas i) sin competencia al
configurarse la extralimitación de la potestad reglamentaria y ii) con infracción de
las normas en que debían fundarse al desconocer el principio de la igualdad.

3. En relación con el cargo de la falta de competencia, argumentó que el
Gobierno nacional excedió su potestad reglamentaria al incrementar a 20 años el
tiempo mínimo de servicio para que los oficiales, suboficiales y soldados
profesionales de las Fuerzas Militares tengan derecho a la asignación de retiro. Lo
anterior dado que el Ejecutivo desbordó los límites de competencia fijados en el
artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004 según el cual, en su criterio, el legislador fijó en
18 años el tiempo mínimo para acceder a la asignación de retiro.

4. En cuanto al cargo de infracción de las normas en que debía fundarse,
sostuvo que el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 transgredió el derecho a la
igualdad de los soldados profesionales porque, en su sentir, les otorgó un trato
discriminatorio e injustificado frente a los oficiales y suboficiales. Esto, por cuanto a
los primeros se les exigió 20 años de servicio para acceder a la asignación de retiro,
sin atender a la fecha de ingreso al servicio activo –ya sea antes o después de la
entrada en vigencia del Decreto controvertido– mientras que para los segundos
dicho criterio sí fue considerado. Al respecto, resaltó que los soldados profesionales
se encuentran en «circunstancias inferiores desde todo punto de vista, motivo por
el cual merecen de protección especial del Estado».

5. Por último, aclaró que, si bien mediante la sentencia del 24 de octubre de
2014 el Consejo de Estado negó la nulidad del artículo 15 del Decreto 4433 2004,
no se configura la cosa juzgada. Lo anterior porque en el presente caso no se
cuestiona únicamente la competencia del Gobierno nacional para modificar el
tiempo de servicio requerido para acceder a la asignación de retiro –cargo que fue
objeto de análisis en dicho proceso–, sino que también se reprocha la vulneración
de derechos constitucionales de los miembros de la Fuerza Pública.

Contestación de la demanda

6. El Ministerio de Hacienda se opuso a las pretensiones de la demanda
argumentando que las disposiciones controvertidas son producto de la facultad
reglamentaria del Gobierno nacional, la cual es más amplia cuando se trata de una
ley marco. Sostuvo que para este tipo de leyes el Ejecutivo deba completar las
disposiciones legislativas conforme a los criterios y objetivos fijados en aquellas.

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Demandante: Luis Hernando Castellanos Fonseca

7. Finalmente, afirmó que el argumento sobre la inexistencia de cosa juzgada
en el presente proceso no es atendible dado que esta Corporación, mediante
sentencia del 24 de octubre de 2014, negó la nulidad de las disposiciones que se
demandan nuevamente en este proceso.

8. El Ministerio de Defensa Nacional guardó silencio.

Trámite en única instancia

9. Mediante auto del 21 de julio de 2023 se dispuso el trámite de sentencia
anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA al advertirse la concurrencia
de las causales previstas en los literales a), b) y c) del numeral 1 de dicha
disposición. Para el efecto, se resolvió sobre el decreto de pruebas y se fijó el litigio.

10. Además, se requirió al Ministerio de Defensa Nacional para que allegara los
antecedentes administrativos del Decreto 4433 de 2004, en atención a lo dispuesto
en el parágrafo 1 del artículo 175 del CPACA.

11. Ante la ausencia de respuesta por parte de la entidad, dicho requerimiento
fue reiterado mediante providencia del 26 de septiembre de 2024. No obstante, en
memorial del 15 de noviembre de 2024, el Ministerio de Defensa informó que no
pudo encontrar los antecedentes solicitados en su base de datos.

12. Por último, en auto del 20 de febrero de 2025, se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto.

Alegatos de conclusión

13. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
Adicionalmente, sostuvo que las disposiciones demandadas desdibujan la
naturaleza de la asignación de retiro consistente en que los miembros de la Fuerza
Pública puedan disfrutar de esa prestación como compensación de su labor.

14. Las entidades demandadas guardaron silencio.

15. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó abstenerse de
estudiar de fondo la controversia al considerar configurada la cosa juzgada y, en
consecuencia, estarse a lo resuelto por esta Corporación en la sentencia del 23 de
octubre de 2014. Lo anterior porque en esa providencia se puso fin a un proceso
de nulidad en el que, al igual que en el presente asunto, se debatió la legalidad de
los artículos 15 y 16 del Decreto 4433 de 2004, respecto de los cuales se concluyó
que el Gobierno nacional respetó los lineamientos establecidos en la Constitución
y en la Ley Marco 923 de 2004.

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Demandante: Luis Hernando Castellanos Fonseca

II. CONSIDERACIONES

Competencia

16. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden.

Problemas jurídicos

17. De conformidad con los cargos formulados por el demandante, los
argumentos de defensa expuestos por el Ministerio de Hacienda y el auto que fijó el
litigio, los problemas jurídicos que la Sala deberá resolver son los siguientes:

• Los artículos 15 y 16 del Decreto 4433 de 2004 deben declararse nulos al
haber sido expedidos con extralimitación de la potestad reglamentaria al
aumentar a 20 años el tiempo mínimo de servicio requerido para que los
oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las Fuerzas Militares
tengan derecho a la asignación de retiro. Lo anterior porque, en criterio del
demandante, la Ley Marco 923 de 2004 impuso un tiempo mínimo de 18
años.

• El artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 debe declararse nulo por haber
desconocido el derecho a la igualdad de los soldados profesionales al
exigirles un tiempo fijo de 20 años de servicio para acceder a la asignación
de retiro, sin consideración a su momento de ingreso –sea antes o después
de la entrada en vigencia del mencionado Decreto–, mientras que para los
oficiales y suboficiales las nuevas reglas solo aplican para el personal que
ingresó con posterioridad a la entrada en vigor de la norma demandada.

18. No obstante, antes de abordar los problemas jurídicos formulados, se
verificará si en este caso se configura la cosa juzgada en atención a que mediante
las sentencias del 23 de octubre de 20143 y del 24 de febrero de 20224 esta
Corporación estudió la legalidad de las disposiciones demandadas en el presente
proceso.

Análisis de los problemas jurídicos

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de

octubre de 2014, rad. 11001-03-25-000-2007-00077-01(1551-07). M.P. Bertha Lucía Ramírez de
Páez.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 24 de febrero de 2022, rad. 11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015); M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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19. La Sala advierte que no se configura la cosa juzgada respecto de la
sentencia del 23 de octubre de 2014. Lo anterior, porque el argumento expuesto en
la presente demanda para alegar que el Gobierno nacional excedió los límites
fijados en la Ley Marco 923 de 2004 y la Constitución Política no fue objeto de
estudio en dicha providencia.

20. No obstante, la configuración del aludido fenómeno se advierte como
consecuencia de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2022 en la que se
resolvieron los mismos cargos objeto del presente litigio. En consecuencia, se
estará a lo resuelto en esa providencia conforme se pasará a explicar.

El fenómeno jurídico de cosa juzgada

21. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual las
decisiones judiciales adquieren carácter inmutable, vinculante y definitivo. Este
fenómeno impide que el juez conozca de una nueva controversia al advertir que la
misma fue resuelta previamente por otra autoridad judicial competente, mediante
decisión en firme.

22. Esta figura tiene por finalidad garantizar el principio de seguridad jurídica,
en cuanto asegura la estabilidad de las decisiones judiciales, evita la reiteración
indefinida de litigios sobre un mismo asunto, delimita la competencia del juez para
emitir un nuevo pronunciamiento de mérito y asegura la coherencia del sistema
jurídico. En tal sentido, la cosa juzgada cumple una función negativa, consistente
en prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y decidir sobre lo ya
resuelto; y una función positiva, orientada a dotar de estabilidad a las relaciones
jurídicas.

23. Para que una decisión judicial adquiera el carácter de cosa juzgada se
requiere: (i) identidad de partes, esto es, que los sujetos que se ubican en los
extremos de la litis sean los mismos que resultaron vinculados y obligados por la
decisión que constituye cosa juzgada; (ii) identidad de causa petendi, entendida
como la coincidencia de los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda y de la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada e (iii) identidad de objeto, lo que implica
que la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre
la cual se predica la cosa juzgada.

24. El artículo 189 del CPACA dispone que la sentencia que niegue la nulidad
pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa
petendi juzgada. Ello significa que, cuando se niega la nulidad de un acto
administrativo, los efectos de la cosa juzgada son relativos porque se circunscriben
a los fundamentos de hecho y de derecho que fueron objeto de estudio.

25. En ese marco, aunque el acto administrativo conserva su presunción de
legalidad y no puede ser demandado nuevamente con fundamento en los mismos
cargos ya resueltos, sí puede ser objeto de control judicial cuando se invoquen

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causales o vicios distintos a los previamente examinados. La prohibición de
promover un nuevo proceso opera únicamente respecto de la materia juzgada,
«entendida como la coincidencia entre el acto cuestionado y los argumentos
fácticos y jurídicos que sustentaron la decisión inicial -causa petendi-»5, sin que ello
impida que el mismo acto pueda ser demandado por cargos diferentes.

26. Asimismo, la jurisprudencia ha precisado que el requisito de la identidad de
parte demandante no resulta aplicable a los procesos de nulidad simple en la
medida en que no se promueve la defensa de un interés particular sino del
ordenamiento jurídico en general6. En efecto, todas las personas se encuentran
legitimadas para interponer demandas en salvaguardia del ordenamiento jurídico
como manifestación del derecho fundamental a la participación política, establecido
en el artículo 40 de la CP. Por ende, para declarar la cosa juzgada, no se requiere
identidad de partes.

Inexistencia de la cosa juzgada frente a lo resuelto en sentencia del 23 de
octubre de 2014

27. En sentencia del 23 de octubre de 20147 se examinó el cargo de nulidad
según el cual el Ejecutivo, mediante la expedición de los artículos 15 y 16 del
Decreto 4433 de 2004, habría quebrantado los límites de competencia que le fueron
impuestos en el artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004, argumento que también sirve
de fundamento a la demanda de la referencia.

28. No obstante, se advierte que el análisis desarrollado en dicha providencia
para establecer si el Gobierno nacional excedió su potestad reglamentaria se
circunscribió a verificar si dichas disposiciones se ajustaron al régimen de transición
previsto por la Ley 923 de 2004. En efecto, en aquella decisión se analizó si las
nuevas reglas establecidas para el personal que estaba activo, en especial el
requisito de 20 años de servicio, desconocía la ley marco.

29. En contraste, en este caso se discute si se extralimitó la facultad
reglamentaria porque en criterio del demandante las disposiciones demandadas al
establecer el requisito de 20 años de servicios para acceder a la asignación de
retiro trasgredieron el rango de 18 a 25 años establecidos por el legislador en la
Ley 923 de 2004.

30. En consecuencia, la Sala considera que no se configura la cosa juzgada
toda vez que las reglas fijadas en la sentencia del 23 de octubre de 2014 no
comprendieron ni resolvieron el argumento planteado por la parte actora en el

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 25 de noviembre de 2025, rad.11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580), M.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 3 de

abril de 2025, radicado 11001-0324-000-2016-00539-00.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de

octubre de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00077-01(1551-07). M.P. Bertha Lucía Ramírez
de Páez.

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presente proceso, relativo a que el incremento en 20 años del tiempo mínimo
exigido para acceder a la asignación por retiro superó el límite de 18 años
presuntamente establecido en el artículo 3.1 de la Ley Marco 923 de 2004.

Configuración de la cosa juzgada en atención a lo resuelto en sentencia del
24 de febrero de 2022

31. En la sentencia del 24 de febrero de 20228 esta Corporación resolvió la
legalidad del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 frente a los mismos cargos que
sustentan la demanda que ahora debe resolver la Sala.

32. Al respecto, se advierte que se cumplen los requisitos para la configuración
de la cosa juzgada en relación con el artículo 16 demandado toda vez que, en
primer lugar, existe identidad en la causa petendi y de objeto en la medida en que
los reproches alegados en esta oportunidad coinciden sustancialmente con
aquellos que ya fueron analizados y decididos por esta Corporación de manera
definitiva, como se expondrá a continuación.

Sobre el cargo de extralimitación de la facultad reglamentaria

33. Por una parte, la actora en el presente proceso aduce que el Gobierno
nacional excedió los límites del ejercicio de la potestad reglamentaria al establecer
en los artículos 15 y 16 del Decreto 4433 de 2004 un tiempo de 20 años como
requisito para que oficiales, suboficiales y soldados profesionales puedan acceder
a la asignación por retiro; mientras que, a su juicio, dicha ley ya habría fijado un
lapso mínimo de 18 años.

34. La Sala advierte que este cargo fue objeto de pronunciamiento definitivo
por esta Corporación en sentencia del 24 de febrero de 2022, pues, en la referida
providencia se planteó el siguiente problema jurídico:

¿El Gobierno Nacional se extralimitó en el ejercicio de su «potestad reglamentaria»
cuando, al desarrollar la Ley Marco 923 de 2004, a través del artículo 16 del Decreto
4433 de 2004, previó una exigencia de 20 años de servicios, para el reconocimiento de
la asignación de retiro a los soldados profesionales, sin consagrar un régimen de
transición?

35. Para resolver a dicha cuestión, se explicó que la Ley 923 de 2004 no
estableció un tiempo fijo e inmodificable para acceder a la asignación por retiro, sino
que determinó un marco comprendido entre 18 y 25 años dentro del cual el Gobierno
nacional puede moverse discrecionalmente. En este sentido, no se puede exigir
menos de 18 años ni más de 25 años de servicios. Al respecto, en la providencia en
cuestión expresamente se sostuvo:

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 24 de febrero de 2022, rad. 11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015); acumulado:
11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Por ello el Ejecutivo, al reglamentar el acceso de estos miembros de la Fuerza
Pública a ésta prerrogativa, únicamente debía atender a los parámetros dados por
el legislador a través de la referida Ley Marco, esto es, entre 18 y 25 años de
servicio. De tal forma que, al exigir, en el artículo 16 del Decreto Reglamentario
4433 de 2004, 20 años de servicio para que los soldados profesionales adquieran
el derecho a percibir la asignación de retiro, el Ejecutivo se movió, actuó, dentro
de los límites fijados por el legislador.

36. Sobre este punto, se precisa que, si bien en el proceso que culminó con la
sentencia del 24 de febrero de 2022 se demandó únicamente el artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004, lo cierto es que el razonamiento desarrollado por la Sala no
se limitó a la situación particular de los soldados profesionales, sino que definió de
manera general el alcance del artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004 y el margen de
configuración normativa del Ejecutivo de cara a modificar el tiempo de servicio
exigido para que los miembros de la Fuerza Pública accedan a la asignación por
retiro.

37. En este orden, para la Sala es evidente que respecto del artículo 16 se
configura la identidad de objeto y causa petendi, por lo que se estará a lo resuelto
en la sentencia del 24 de febrero de 2022 y se declarará la cosa juzgada.

38. En relación con el artículo 15, si bien es cierto esa disposición no fue objeto
de análisis en la citada providencia, la ratio decidendi de dicha decisión sobre el
alcance del artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004 y el margen de configuración del
Ejecutivo resulta plenamente aplicable al cargo formulado.

39. En consecuencia, respecto del reproche esgrimido en el presente proceso
contra el artículo 15 del Decreto 4433 de 2004 se reiterará la regla establecida en
la sentencia del 24 de febrero de 2022. Lo anterior porque se alega que el requisito
de 20 años de servicio desconoció el mínimo de 18 años supuestamente previsto
en el artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004 y sobre esa disposición en la pluricitada
providencia se estableció que solo imponía límites al Ejecutivo, dentro de los cuales
podía moverse discrecionalmente.

40. En definitiva, en relación con el artículo 15 se negará el cargo formulado de
desconocer el artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004 porque esta Corporación ha fijado
una regla jurisprudencial que señala que el Ejecutivo no vulnera la potestad
reglamentaria mientras el requisito se establezca dentro de esos dos rangos, sin
que obligatoriamente implique que se deban adoptar los extremos de 18 o 25 años.

Sobre el cargo de la violación al derecho a la igualdad de los soldados
profesionales

41. Por otra parte, en el presente asunto se alega que el artículo 16 del Decreto
4433 de 2004 desconoció el derecho a la igualdad de los soldados profesionales
por cuanto les dio un trato discriminatorio e injustificado frente a los oficiales y
suboficiales. Esto, por cuanto les exigió 20 años de servicio para el reconocimiento
de la asignación de retiro sin consideración al momento en que ingresen al servicio

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activo –bien sea antes o después de la entrada en vigencia del Decreto
controvertido– mientras que para los segundos dicho criterio sí fue tenido en
cuenta.

42. La Sala considera que respecto de este cargo también se configura la cosa
en relación con lo decidido en la sentencia del 24 de febrero de 2022. En ese
sentido, la referida providencia planteó el siguiente problema jurídico:

¿El artículo 16 del Decreto reglamentario 4433 de 2004,77 al prever la exigencia de
«veinte (20) años de servicios» para el reconocimiento de la asignación de retiro a los
soldados profesionales, vulnera el principio de equidad, así como los derechos a la
igualdad y seguridad social de los soldados profesionales «activos» al momento de
entrar a regir la Ley Marco 923 de 2004, frente a los demás uniformados de la Fuerza
Pública?

43. Para responder dicha cuestión, se aplicó el test de igualdad a partir del cual
se concluyó que el trato diferencial encuentra su justificación en que los soldados
profesionales y los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública no son grupos
susceptibles de comparación. Esto, porque se encuentran en circunstancias
distintas dadas por diferencias objetivas en jerarquía, funciones, salarios y régimen
prestacional.

44. En particular, en la sentencia del 24 de febrero de 2022 se concluyó, tras
aplicar un juicio integrado de igualdad, que los grupos comparados no eran
asimilables, en atención a diferencias objetivas en su régimen jurídico, funciones y
condiciones de servicio. En este sentido, el reproche por vulneración del derecho a
la igualdad planteado por la parte demandante reproduce sustancialmente el juicio
de comparación entre soldados profesionales y oficiales y suboficiales ya
examinado en la citada providencia.

45. Respecto de este cargo, se negó la pretensión de nulidad del artículo 16
del Decreto 4433 de 2004 porque dicha disposición normativa, «al prever la
exigencia de veinte (20) años de servicios» para el reconocimiento de la asignación
de retiro a los soldados profesionales no desconoció el derecho a la igualdad de los
soldados profesionales.

46. En el presente asunto se configura la cosa juzgada en la relación con la
sentencia proferida el 24 de febrero de 2022 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B dentro del proceso rad. núm. 11001-03-25-000-2015-
01059-00 (4674-2015). En efecto, se advierte la existencia de identidad de causa
petendi, pues, en ambos procesos el reproche se estructura sobre i) la falta de
competencia del Gobierno nacional para aumentar de 18 a 20 años el tiempo
mínimo para acceder a la asignación por retiro forzoso y, ii) la violación del derecho
a la igualdad de los soldados profesionales frente a los oficiales y suboficiales de
las fuerzas militares.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00061-00 (0253-2021)
Demandante: Luis Hernando Castellanos Fonseca

47. En segundo lugar, concurre identidad de objeto dado que, en este caso, al
igual que en el decidido previamente, se pretende materialmente la declaratoria de
nulidad de las mismas disposiciones normativas demandadas en el asunto de la
referencia.

48. En conclusión, dado que mediante la sentencia del 24 de febrero de 2022
esta Corporación se pronunció sustancialmente sobre la legalidad del artículo 16
del Decreto 4433 de 2004 y frente a los mismos cargos que estructura la presente
demanda, debe declararse configurado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada en
relación con esta disposición.

49. Por otra parte, respecto del artículo 15 se negará el cargo formulado porque
sobre este asunto existe un precedente plenamente aplicable en virtud del cual el
ejecutivo no excede su facultad reglamentaria mientras no supere el mínimo y el
máximo de 18 a 25 años.

Condena en costas

50. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal únicamente en asuntos de interés
público, creando así una excepción a la regla general según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.

51. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.

52. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal, toda vez que se plantearon cuestionamientos jurídicos contra las
disposiciones de los decretos demandados que debieron ser analizados con
detenimiento en esta sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la condena en
costas en el presente proceso.

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Radicación: 11001-03-25-000-2021-00061-00 (0253-2021)
Demandante: Luis Hernando Castellanos Fonseca

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

Primero. Declarar configurado el fenómeno de cosa juzgada de conformidad con
lo expuesto en esta providencia en relación con el artículo 16 del Decreto 4433 del
31 de diciembre de 2004. En consecuencia, estarse a lo resuelto en la sentencia
proferida el 24 de febrero de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B dentro del proceso rad. núm. 11001-03-25-000-2015-01059-00
(4674-2015).

Segundo. Negar el cargo formulado contra el artículo 15 del Decreto 4433 del 31
de diciembre de 2004.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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