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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00176-00

Fecha
25 de noviembre de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00176-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: ARCHIVAR el proceso de la referencia, una vez se encuentre en firme esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2023-00176-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

25 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín - Huila
Medio de control: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)
Asunto: Sentencia de única instancia

Temas: COSA JUZGADA – Institución procesal que garantiza la estabilidad, inmutabilidad
y obligatoriedad de las decisiones judiciales, impidiendo la reapertura de controversias ya
resueltas y asegurando la coherencia del ordenamiento jurídico. / REQUISITOS DE LA
COSA JUZGADA – Identidad de objeto, causa y partes conforme al artículo 303 del CGP;
en los procesos de control objetivo de legalidad, la identidad de partes carece de relevancia
por tratarse de acciones públicas con efectos erga omnes. / COSA JUZGADA EN EL
CONTROL DE LEGALIDAD – De acuerdo con el artículo 189 del CPACA, la sentencia que
declara la nulidad de un acto administrativo produce cosa juzgada absoluta erga omnes; la
que niega la nulidad genera cosa juzgada relativa erga omnes, limitada a la causa petendi
juzgada. / ACCIÓN DE NULIDAD SIMPLE – Medio de control público, objetivo e
imprescriptible, orientado a la depuración del ordenamiento jurídico frente a actos
administrativos de contenido general contrarios a la Constitución o la ley. / ACCIÓN DE
VALIDEZ – Mecanismo especial y preventivo previsto en el artículo 305.10 de la
Constitución y en el artículo 121 del Decreto Ley 1333 de 1986, de legitimación restringida
al Gobernador, para someter a control inmediato la legalidad de los acuerdos municipales
o distritales. / RELACIÓN ENTRE NULIDAD SIMPLE Y VALIDEZ – Ambas comparten
naturaleza objetiva y finalidad de preservar la legalidad, aunque difieren en su legitimación,
oportunidad y alcance. Lo decidido en la acción de validez constituye cosa juzgada respecto
de la nulidad simple: con efectos absolutos cuando se declara la invalidez del acuerdo y
relativos cuando se declara su validez, cerrando únicamente frente a los cargos
examinados.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a
decidir en única instancia las pretensiones de la demanda presentada por el
Ministerio de Minas y Energía, con el fin de que se declare la nulidad del acto
administrativo mediante el cual se dictaron unas medidas para “la protección de los
recursos naturales y defensa del patrimonio ecológico del municipio de San Agustín
– Huila”.

1

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

Como fundamento de la demanda, la parte actora afirma que el acto acusado está
inmerso en las causales de falta de competencia e infracción de normas superiores.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Radicada el 18 de agosto de 20171, bajo el medio de control previsto en el
artículo 137 del CPACA, la demanda2 solicita que se declare la nulidad del Acuerdo
016 de 10 de junio de 2017 proferido por el concejo municipal de San Agustín, Huila,
acto administrativo que dispuso lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso
con los posibles errores)3:

“ARTÍCULO PRIMERO. - Prohibir en la jurisdicción del Municipio de San
Agustín -Huila, la construcción de Centrales Hidroeléctricas y/o Represas.

ARTÍCULO SEGUNDO. —Prohibir la realización de actividades de Extracción
Minera a gran escala, en cualquiera de sus modalidades, exceptuando las
actividades locales, de menor impacto y que se requieran para la sostenibilidad
de las carreteras, la construcción y/o actividades artesanales.

PARÁGRAFO 1. Impúlsese la vigilancia control y formalización de las minas
dedicadas a las actividades descritas en el artículo anterior. Las ladrilleras en
el Municipio de San Agustín, podrán continuar con su trabajo de extracción,
procesamiento y producción dentro de los límites que establece la norma.

ARTÍCULO TERCERO. - Prohibir la exploración y/o explotación de
hidrocarburos convencionales y no convencionales en el territorio del Municipio
de San Agustín - Huila.

Las anteriores decisiones se realizan de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa del presente Acuerdo y a fin de garantizar la defensa del
patrimonio ecológico, natural y cultural del Municipio.

ARTÍCULO CUARTO. - Motivar a las distintas instituciones, oficiales y privadas
para que predomine y se proteja en el Municipio la integralidad del paisaje y la
preservación de él, junto a los ecosistemas estratégicos presentes en la
localidad, los cuales son garantes de los servicios ambientales, requeridos para
la vida de los seres humanos y el desarrollo de actividades productivas que
ellos requieren.

ARTÍCULO QUINTO. - Remitir copia del presente Acuerdo a la Gobernación
del Departamento del Huila, a la Agencia Nacional de Minería -ANM-, a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, a la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, a Cormagdalena, Ministerio del

1
La demanda fue inicialmente presentada en los juzgados administrativos del Huila y fue remitida a esta Corporación por
competencia en 2023.
2
SAMAI, índice 2, archivo “014ED_6_EXPEDIENTEDIGITAL_”, págs. 130 a 204.
3
SAMAI, índice 2, archivo “014ED_6_EXPEDIENTEDIGITAL_”, págs. 288 a 330.

2

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

Medio Ambiente, Ingeominas, Ministerio de Minas y Energía, para su
conocimiento y adopción de las medidas correspondientes, a fin de garantizar
el cumplimiento de lo aquí dispuesto.

ARTÍCULO SEXTO. - Remitir copia del presente Acuerdo a la Federación
Colombiana de Municipios para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - El presente Acuerdo rige a partir de la aprobación por
parte del Honorable Concejo Municipal y la respectiva sanción del Alcalde
Municipal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”.

2. En la parte motiva del acto demandado, se expusieron principalmente las
siguientes consideraciones:

3. (i) Los artículos 1, 2, 3, 8, 79, 80, 95, 287, 311 y 313 de la Constitución Política

reconocen la autonomía territorial, la obligación de proteger el ambiente y el derecho
colectivo a un ambiente sano. Los concejos municipales tienen la facultad de
ordenar el desarrollo del territorio, reglamentar los usos del suelo y dictar normas
de protección del patrimonio ecológico y cultural, por lo que pueden adoptar
medidas de carácter preventivo para evitar el deterioro ambiental y garantizar la vida
digna de sus habitantes.

4. (ii) La Ley 23 de 1973, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la

Ley 136 de 1994, la Ley 388 de 1997 y la Ley 1523 de 2012 desarrollan los
anteriores mandatos constitucionales y facultan a los municipios para expedir
normas de protección ambiental, de gestión del riesgo y de ordenamiento territorial.
Estas disposiciones reconocen que las autoridades locales pueden expedir reglas
más estrictas cuando las circunstancias lo exigen, en aplicación del principio de rigor
subsidiario.

5. (iii) El municipio de San Agustín se encuentra en el Macizo Colombiano, la

Reserva de la Biosfera Cinturón Andino y el Corredor Biológico Cueva de los
Guácharos, y alberga el Parque Arqueológico declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Esta riqueza natural y cultural está amenazada por la
proliferación de solicitudes de títulos mineros y energéticos que implican riesgos
graves para los ecosistemas estratégicos, las fuentes hídricas, la biodiversidad y la
seguridad alimentaria. Investigaciones de la Contraloría General de la República y
de la Comisión Mundial de Represas, han demostrado que la minería y las
hidroeléctricas generan daños irreversibles, como desertificación, pérdida de suelos
y aguas, contaminación, desplazamiento de comunidades y deterioro del tejido
social y cultural.

6. (iv) La Corte Constitucional ha reconocido que la autonomía territorial es un

núcleo esencial protegido por la Constitución. En sentencias diversas sentencias
(C-535 de 1996, C-239 de 2002, C-123 de 2014, C-273 de 2016 y T-445 de 2016)
la Corte ha precisado que los municipios pueden ejercer competencias en materia
ambiental y ordenar usos del suelo, incluso, adoptando medidas que excluyan

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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

actividades extractivas. Estas decisiones resaltan el principio de coordinación y
concurrencia entre la Nación y los entes territoriales, pero también el rigor
subsidiario que habilita a los municipios para expedir normas más estrictas cuando
las condiciones locales así lo justifican.

7. (v) El municipio de San Agustín tiene una vocación agrícola, pecuaria y
turística que depende de la conservación de sus paisajes, fuentes hídricas y
patrimonio cultural. La minería, los hidrocarburos y las hidroeléctricas de gran escala
alteran la estructura productiva, afectan la soberanía alimentaria y ponen en riesgo
la estabilidad de las comunidades indígenas y campesinas. Bajo los principios de
precaución, prevención y progresividad, el concejo municipal consideró necesario
prohibir este tipo de actividades para asegurar la sostenibilidad del territorio y la
protección de las generaciones presentes y futuras.

8. En el concepto de la violación, la cartera ministerial afirmó que el acto
demandado está inmerso en las causales de falta de competencia e infracción de
las normas en que debía fundarse.

9. Indicó que el acto incurrió en infracción de normas superiores, por cuanto el
concejo municipal desconoció preceptos constitucionales como los artículos 25, 26,
79, 80, 332, 333, 334, 360 y 367, así como disposiciones de la Ley 388 de 1997 y
de la Ley 685 de 2001, por cuanto la prohibición absoluta de la minería, de la
extracción de hidrocarburos y la construcción y operación de hidroeléctricas, vulnera
el derecho al trabajo de quienes participan en dichas actividades, limita de manera
desproporcionada la libertad económica y empresarial, y desconoce el principio de
legalidad y la jerarquía normativa, al crear restricciones contrarias a la Constitución
Política y a la ley. Además, resaltó que el Acuerdo compromete la política minera y
energética nacional, afecta la distribución de regalías y desconoce el interés
general, pues impide el desarrollo de actividades declaradas de utilidad pública y de
interés social. A lo anterior, se suma que la prohibición de construir centrales
hidroeléctricas afecta la prestación de servicios públicos esenciales como la energía
eléctrica, desconociendo que el acceso a dichos servicios es un derecho
constitucional (arts. 365 a 367 C.P.), cuya regulación corresponde a la Nación.

10. La falta de competencia se sustentó en que la regulación del subsuelo, los
recursos naturales no renovables y los servicios públicos corresponde al Estado en
su conjunto y, en particular, al legislador. El concejo de San Agustín, al expedir un
acto que prohíbe de manera absoluta actividades minero-energéticas, se extralimitó
en sus funciones, usurpando competencias nacionales. Aunque los municipios
pueden reglamentar los usos del suelo y dictar normas ambientales locales, no
tienen atribución para disponer prohibiciones absolutas sobre el subsuelo ni sobre
la prestación de servicios públicos domiciliarios de alcance nacional. También
advirtió que el Acuerdo desconoció el marco normativo ambiental de la Ley 99 de
1993, que asigna a las autoridades nacionales y regionales —ANLA y CAR— las
competencias de control, y vulneró los principios de coordinación, concurrencia y

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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

subsidiariedad, al adoptar medidas unilaterales sobre actividades estratégicas de la
Nación.

Contestación de la demanda

11. El municipio se opuso a la pretendida nulidad del acto4, con fundamento en
tres ejes principales: la competencia constitucional y legal de los concejos
municipales para reglamentar usos del suelo y dictar medidas de protección
ambiental y cultural; la necesidad y proporcionalidad de la prohibición, sustentada
en principios de precaución, prevención y desarrollo sostenible; y, la autonomía
territorial, reforzada por la jurisprudencia constitucional, que avala la posibilidad de
excluir actividades minero-energéticas en defensa del ambiente, la cultura y la
vocación productiva del municipio.

12. Señaló que el Acuerdo 016 de 2017 fue expedido dentro del marco de las
competencias constitucionales y legales de los concejos municipales,
particularmente las derivadas de los artículos 311 y 313 constitucionales. Recordó
que los concejos están facultados para reglamentar los usos del suelo, proteger el
patrimonio ecológico y cultural y dictar normas que permitan preservar los recursos
naturales, en ejercicio de la autonomía territorial reconocida por la Constitución
Política.

13. En desarrollo de ese mandato, el concejo consideró que las actividades de
minería a gran escala, explotación de hidrocarburos y construcción de
hidroeléctricas representan un riesgo cierto y grave para el patrimonio ambiental,
cultural y social del municipio, que forma parte de áreas de especial protección como
el Macizo Colombiano, la Reserva de la Biosfera Cinturón Andino y el Parque
Arqueológico de San Agustín, Patrimonio de la Humanidad. Por tanto, bajo los
principios de precaución y prevención, se estimó necesario adoptar medidas de
carácter preventivo que prohibieran actividades incompatibles con la vocación
agrícola, pecuaria y turística del territorio.

14. Sostuvo que la demanda parte de una concepción errada de la autonomía
territorial, pues si bien el subsuelo pertenece al Estado y la Nación fija la política
minera, la jurisprudencia constitucional —en especial la Sentencia T-445 de 2016 y
otras como la C-123 de 2014— ha reconocido que los municipios tienen un rol activo
en la definición de los usos del suelo y pueden adoptar decisiones de exclusión de
actividades extractivas cuando estas sean incompatibles con su modelo de
desarrollo y con la protección de derechos colectivos, como el ambiente sano y la
seguridad alimentaria.

15. Precisó que el Acuerdo no desconoce el derecho al trabajo ni la libertad
económica, pues no prohíbe toda actividad productiva, sino únicamente aquellas
que por su escala y naturaleza generan impactos irreversibles sobre el ambiente y
la cultura. Por el contrario, el acto acusado fomenta la agricultura sostenible, el

4
SAMAI, índice 2, archivo “015ED_7_EXPEDIENTEDIGITAL_”, págs. 5 a 61.

5

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

turismo cultural y ecológico, y permite la minería artesanal y de pequeña escala en
condiciones de formalización, buscando proteger los empleos ligados a la vocación
productiva propia del territorio.

16. Sostuvo que el Acuerdo se fundamentó en abundantes consideraciones
ambientales, legales y jurisprudenciales, apoyadas en estudios de la Contraloría
General de la República y en informes de la Comisión Mundial de Represas. Estas
fuentes demostraron los efectos negativos de la minería y de las hidroeléctricas
sobre el agua, los suelos, la biodiversidad y las comunidades, por lo que el acto
administrativo cuenta con motivación suficiente y objetiva, orientada a garantizar el
principio constitucional de desarrollo sostenible.

17. Finalmente, defendió que la medida es proporcionada y necesaria, pues la
función de las entidades territoriales no se limita a ejecutar las políticas nacionales,
sino que deben ejercer sus competencias para proteger la vida, la salud, el ambiente
y el patrimonio cultural de sus habitantes. Negó que se haya violado el principio de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, por cuanto la decisión local se
enmarca en una interpretación armónica de la Constitución que reconoce la
autonomía territorial como un límite frente a actividades extractivas incompatibles
con las realidades locales.

Trámite procesal relevante

18. La demanda fue inicialmente conocida por el Juzgado Noveno Administrativo
de Neiva, bajo el radicado 41001-33-33-009-2017-00338-00, quien mediante auto
del 6 de agosto de 20215 y con fundamento en el artículo 182A del CPACA,
determinó la procedencia de dictar sentencia anticipada por tratarse de un asunto
de puro derecho, por no existir excepciones previas por resolver y dado que las
pruebas aportadas por las partes eran exclusivamente documentales, las cuales se
decretaron e incorporaron al expediente6.

19. Posteriormente, al encontrarse el proceso para dictar sentencia, en auto del
15 de agosto de 20237, el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva declaró su falta
de competencia por el factor funcional, al advertir que el artículo 295 del Código de
Minas atribuye al Consejo de Estado la competencia privativa en única instancia
para conocer de litigios sobre asuntos mineros, distintos de los contractuales, en los
que fuera parte la Nación o una entidad estatal del orden nacional. En consecuencia,
ordenó remitir el expediente a esta Corporación.

5
SAMAI, índice 10, archivo “030_ED_02AUTOCORRETRASLADOP”.
6
Se allegó: (i) copia del Acuerdo No. 016 de 2017 expedido por el Concejo Municipal de San Agustín; (ii) documento final de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible realizada del 20 al 22 de junio de 2012; (iii) informe sobre
“La minería de hecho en Colombia” de la Defensoría del Pueblo; (iv) Reporte final de la Comisión Mundial de Represas del
año 2000, denominado “Represas y desarrollo: Un nuevo marco para la toma de decisiones”; (v) “Política Nacional para la
Gestión Integral del Recurso Hídrico” -2010- del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; (vi) informe
preventivo sobre la minería ilegal en Colombia de la Procuraduría General de la Nación.
7
SAMAI, índice 2, archivo “006ED_018_AUTOQUEREMITEPRO”.

6

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

20. El 12 de marzo de 2024, el Consejo de Estado resolvió avocar el
conocimiento del proceso en única instancia precisando que, al haberse presentado
la demanda en 2017, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de
2021, resultaba aplicable la norma especial que le atribuía competencia exclusiva
en esta materia.

21. Mediante auto del 26 de septiembre de 2025, se ordenó oficiar al Tribunal
Administrativo del Huila – Sala Quinta de Decisión, a fin de que remitiera copia
íntegra de: (i) la sentencia de única instancia del 27 de septiembre de 2017, proferida
en el proceso con radicado 410012333000-2017-00380-00; (ii) el auto que avocó
conocimiento del asunto; (iii) el escrito de objeciones del Gobernador del Huila, y (iv)
el escrito de coadyuvancia presentado por el Ministerio de Minas y Energía en dicho
trámite. El Tribunal allegó los documentos requeridos mediante memorial del 27 de
octubre de 20258. Una vez surtido el traslado respectivo, las partes guardaron
silencio sobre estas pruebas.

Alegatos de conclusión

22. La parte actora reiteró que el Acuerdo 016 de 2017 es nulo porque fue
expedido sin competencia y en contravía de la Constitución y la ley. Insistió en que
los municipios carecen de facultad para prohibir actividades mineras,
hidrocarburíferas o hidroeléctricas, ya que el subsuelo y los recursos no renovables
son de propiedad estatal (art. 332 C.P.) y su regulación corresponde al legislador.
Subrayó que la Sentencia T-445 de 2016 citada por el concejo municipal no es
aplicable al caso, porque sus efectos son interpartes y no confieren a los municipios
facultades para expedir actos administrativos que prohíban en bloque la minería.
Reseñó que la Corte Constitucional ha establecido que la explotación de recursos
naturales no renovables es de interés público y social, y que las competencias de
los municipios en materia ambiental se limitan a regular el uso del suelo y participar
en procesos de concertación, no a imponer prohibiciones absolutas.

23. El municipio reafirmó la validez del acto acusado afirmando que fue expedido
dentro de las competencias constitucionales y legales de los concejos municipales
(arts. 311 y 313 C.P.), que los habilitan para reglamentar los usos del suelo, proteger
el patrimonio ecológico y cultural, y dictar normas ambientales. Así mismo, insistió
en que la jurisprudencia constitucional (especialmente las sentencias C-123 de 2014
y T-445 de 2016) reconoce que los entes territoriales pueden excluir actividades
minero-energéticas en defensa del ambiente y la seguridad alimentaria, en
aplicación de los principios de precaución, prevención y rigor subsidiario. Agregó
que el Tribunal Administrativo del Huila, en ejercicio de la acción de validez
promovida por el Gobernador del Huila con coadyuvancia del propio Ministerio,
ahora demandante, se pronunció sobre la constitucionalidad y legalidad del Acuerdo
016 de 2017 concluyendo que era válido, por lo que, en el caso concreto, se
configura el fenómeno de la cosa juzgada.

8
SAMAI, índice 24.

7

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

II. CONSIDERACIONES

Competencia
24. La demanda se interpuso el 18 de agosto de 2017, por ello, al proceso le
resulta aplicable el artículo 295 del Código de Minas9, que establece que el Consejo
de Estado es competente para conocer en única instancia las acciones que se
promuevan sobre asuntos mineros, distintos de los contractuales y en los que la
Nación o una entidad nacional sea parte.

25. Aunque no se desconoce que el Acuerdo 016 de 2017 despliega un amplio
espectro de prohibiciones en materia minero–energética, que abarcan no solo la
extracción minera a gran escala sino también la construcción de centrales
hidroeléctricas y represas y la exploración y explotación de hidrocarburos, la Sala
advierte que el objeto del litigio se estructura en torno a un conjunto de medidas
que, de forma unitaria y esencial, restringen el desarrollo de actividades minero–
energéticas, en particular la minería a gran escala y la explotación de recursos
naturales no renovables, declaradas de utilidad pública y sometidas a la política
minera nacional, de suerte que el caso se encuadra en la categoría de “asuntos
mineros” en el sentido amplio reconocido por la jurisprudencia de esta
Corporación10. La referencia a proyectos hidroeléctricos y a la actividad
hidrocarburífera no desnaturaliza ese carácter, pues se inserta en la misma lógica
de ordenamiento del subsuelo y de los recursos naturales no renovables sobre la
cual se proyecta el régimen especial de competencia aplicable en esta oportunidad.

Cuestión preliminar
26. Corresponde a la Sala establecer si en el caso concreto se configura el
fenómeno de la cosa juzgada, teniendo en cuenta que el acuerdo municipal
demandado fue objeto de control de legalidad a través de la acción de validez
promovida por el Gobernador del Huila.

9 Derogado por el artículo 87 de la Ley 2080 de 2021.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22

de octubre de 2021, Exp. 20001-33-31-002-2006-00030-00 (39256), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. “(…)
aun cuando en el ordenamiento jurídico no se encuentra definido de manera específica cuáles son los asuntos
mineros, la exposición de motivos del Proyecto de Ley 269 de 2000, mediante el cual se expidió finalmente la
Ley 685 de 200131, determina con claridad como propósito de dicha norma el de regular íntegramente el sector
minero, y en ese sentido, el artículo 3 de la misma establece que sus reglas y principios desarrollan los mandatos
constitucionales relacionados con los recursos mineros, en forma completa, sistemática, armónica y con el
sentido de especialidad y de aplicación preferente (…) para la Sala, solo pueden ser caracterizados como
asuntos mineros, y por ende, de conocimiento de esta Corporación en única instancia, aquellos directa e
inescindiblemente vinculados al reconocimiento, otorgamiento o ejercicio de los derechos para la explotación
de yacimientos mineros, desarrollados bajo la exploración, construcción, montaje, explotación, beneficio,
transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean
de propiedad nacional o de propiedad privada, y que se encuentran dentro del ámbito de aplicación material de
las normas especiales que regulan el sector minero”.

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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

Generalidades de la cosa juzgada
27. La cosa juzgada es una institución procesal que asegura la estabilidad,
inmutabilidad y obligatoriedad de las decisiones judiciales, a la vez que materializa
los principios de seguridad jurídica y economía procesal. Por sus fines, la cosa
juzgada tiene como punto de partida la autoridad y fuerza obligatoria de las
providencias judiciales, lo que impide la proliferación de juicios sucesivos sobre los
mismos hechos, pretensiones y fundamentos normativos, de manera que protege
no solo los intereses de las partes que intervinieron en el proceso, sino que
trasciende a toda la sociedad, garantizando la coherencia del ordenamiento jurídico
así como la confianza en la función judicial como instancia de cierre de los
conflictos11.

28. En forma resumida puede decirse que la cosa juzgada cumple una doble
función: de un lado, constituye un instrumento de certeza y seguridad jurídica, que
brinda estabilidad a las relaciones jurídicas al evitar que se mantengan
indefinidamente abiertas las disputas; de otro lado, asegura la unidad y coherencia
del orden jurídico, pues cierra la posibilidad de que existan pronunciamientos
judiciales contradictorios sobre una misma controversia. En consecuencia, opera
como un límite infranqueable tanto para las partes como para los jueces, quienes
deben acatar lo ya decidido en las sentencias ejecutoriadas, al punto que procede
su declaratoria de oficio por parte del operador judicial por tratarse de una institución
procesal de orden público.

29. Para su estructuración, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 303 del
CGP12, se identifican tres elementos: (i) identidad de objeto, que refiere a la
coincidencia en el acto, hecho o relación jurídica objeto del litigio; (ii) identidad de
causa petendi, entendida como las razones jurídicas o normas invocadas como
fundamento de la demanda y del concepto de violación; e, (iii) identidad de partes en
los procesos de carácter subjetivo, donde los efectos de la sentencia se limitan a
quienes intervinieron en el litigio, pues en los procesos de control objetivo de
legalidad —como las acciones de simple nulidad—, este último no resulta aplicable,
dado que las decisiones tienen efectos erga omnes, trascendiendo los sujetos
procesales13.

11
Al respecto pueden verse, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 17 de junio de 2024, Rad.
15001-23-31-000-2001-01795-01 (44548), C.P. William Barrera Muñoz, y del 26 de junio de 2014, Rad. 11001-03-26-000-
2008-00108-00 (36220), C.P. Danilo Rojas Betancourth; Sección Primera, sentencia del 17 de marzo de 2022, Rad. 11001-
03-27-000-2013-00009-00, C.P. Oswaldo Giraldo López, y del 3 de noviembre de 2016, Rad. 25000-23-24-000-2002-00539-
01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Sección Cuarta, sentencia del 13 de junio de 2011, Rad. 11001-03-27-000-2007-
00030-00 (16625) y 11001-03-27-000-2009-00008-00 (17542), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
12
“La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes. Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte
de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la
demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos. En los procesos en que se emplace a
personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en
relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio de
2024, Rad. 15001-23-31-000-2001-01795-01 (44548), M.P. William Barrera Muñoz. “En las acciones de nulidad simple –
contencioso objetivo de legalidad–, en los que prima el interés general y donde la titularidad radica en todas las personas, la
cosa juzgada tiene unas particularidades especiales. En efecto, la exigencia de la identidad de partes-eadem conditio

9

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

30. Por su alcance, se distingue entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada
material. La primera refiere a que dentro del mismo proceso, una decisión no puede
ser revisada o modificada por el propio juez que la profirió una vez ha quedado
ejecutoriada; la segunda, más trascendente, determina que lo resuelto en una
sentencia en firme impide que el asunto vuelva a ser objeto de debate en un proceso
diferente, debido a que la controversia quedó definitivamente zanjada. Asimismo,
se reconoce la existencia de la cosa juzgada absoluta, cuando la decisión judicial
tiene efectos universales y definitivos sobre el acto o situación examinada, y de la
cosa juzgada relativa, cuando los efectos de la decisión se limitan a los cargos o
fundamentos efectivamente analizados por el juez.

31. En conclusión, la cosa juzgada garantiza el carácter definitivo de las
decisiones judiciales, asegura la fuerza normativa de lo decidido y la autoridad de
la función jurisdiccional. Para su aplicación, se exige verificar rigurosamente la
concurrencia de los elementos definidos en la ley, los cuales, una vez constatados
en los casos de la cosa juzgada absoluta, cierran de manera definitiva la posibilidad
de un nuevo pronunciamiento judicial sobre la misma controversia.

La cosa juzgada en el control de legalidad de los actos administrativos

32. La cosa juzgada adquiere un matiz propio en el derecho administrativo,
particularmente en el control de legalidad de los actos de la administración, pues en
ese escenario no solo se reproducen las notas esenciales de la cosa juzgada formal
y material, sino que también se introducen especificidades en función de la
naturaleza objetiva del control de legalidad y de los efectos erga omnes de las
decisiones. Por ende, en este ámbito, la configuración y alcance de la cosa juzgada
está condicionada por el tipo de sentencia que se profiera frente al acto
administrativo demandado.

33. De conformidad con lo previsto en el artículo 189 del CPACA, cuando el juez
declara la nulidad de un acto administrativo, la sentencia tiene efectos erga omnes
y adquiere el carácter de cosa juzgada absoluta. En tal evento, el acto queda
expulsado del ordenamiento jurídico con efectos retroactivos, como si nunca hubiera
existido, y se clausura de manera definitiva e irrevocable toda posibilidad de un
nuevo juicio sobre su validez. Ello obedece a que al desaparecer jurídicamente el
acto, se extingue el objeto del control, de modo que no resulta posible volver a
cuestionarlo judicialmente aún bajo causales distintas, por cuanto la materia ha sido
resuelta de manera integral. Este efecto propio de la sentencia anulatoria amplifica
los fines de la seguridad jurídica y la coherencia, al impedir que se reabra la
discusión sobre la legalidad de un acto cuya incompatibilidad con el orden superior
ya ha sido declarada y definida por el juez competente.

personarum no aplica, pues no es necesario analizar quiénes son los sujetos litigantes y la calidad en la que actúan en ambos
procesos, dado el carácter público de esta acción. De manera que la cosa juzgada se producirá cuando se demanda la misma
norma, y los cargos que se estudian son los mismos que fueron abordados en oportunidad precedente, de modo que exista
identidad de objeto y causa”.

10

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

34. Cuando la sentencia niega la nulidad de un acto administrativo, los efectos
de la cosa juzgada son relativos, en la medida en que se circunscriben
exclusivamente a la causa petendi que fue objeto de estudio. Esto significa que, si
bien el acto mantiene incólume su presunción de legalidad y no puede ser
nuevamente demandado con base en los mismos cargos o fundamentos ya
resueltos, sí resulta susceptible de un nuevo control judicial cuando se invoquen
causales o vicios distintos a los previamente examinados. En consecuencia, la
prohibición de promover un nuevo proceso opera únicamente respecto de la materia
juzgada, entendida como la coincidencia entre el acto cuestionado y los argumentos
fácticos y jurídicos que sustentaron la decisión inicial -causa petendi-14, sin que ello
cierre la puerta a que el mismo acto sea impugnado nuevamente por otros cargos.

35. En otros términos, cuando el juez anula el acto, la cosa juzgada opera como
un cierre total, en tanto no es posible que un nuevo proceso se ocupe de la legalidad
de un acto que ya ha sido determinado por el juez como contrario al ordenamiento
jurídico. Pero cuando el juez deniega la nulidad, el cierre es parcial, dado que se
blinda el acto únicamente frente a los argumentos analizados en la decisión, pero
se admite que el mismo acto pueda ser cuestionado nuevamente si se formulan
cargos diferentes15. Este diseño normativo responde a una ponderación construida
entre dos principios fundamentales: de un lado, la seguridad jurídica, que proscribe
la reiteración indefinida de litigios sobre idénticos fundamentos, cerrando la
posibilidad de que surjan fallos contradictorios sobre la misma materia; y, de otro, la
supremacía del orden jurídico, que impide que un vicio de ilegalidad de un acto
quede perpetuado por la sola circunstancia de no haber sido alegado en un primer
proceso, al preservar la posibilidad de un nuevo examen cuando surgen nuevos
cargos que no fueron objeto de decisión.

36. De esta manera, la cosa juzgada en el control de legalidad de los actos
administrativos cumple un rol estructural: confiere autoridad definitiva a las
sentencias, protege la coherencia del orden jurídico y asegura que las decisiones
de la jurisdicción contenciosa se impongan con fuerza obligatoria frente a todos. Al
mismo tiempo, su aplicación diferenciada según el sentido del fallo refleja la tensión
y equilibrio entre dos valores que deben considerarse al determinar los elementos
de su configuración: la estabilidad de las decisiones judiciales y la posibilidad de un
control exhaustivo e integral de la legalidad de los actos de la administración.

Las acciones de nulidad simple y de validez como medios de control de la
legalidad de actos de contenido general

37. Dentro del diseño de la jurisdicción contencioso-administrativa, la acción de
nulidad simple y la acción de validez representan distintas expresiones del control
objetivo de legalidad, cada una con su propia finalidad, legitimación y oportunidad
procesal. Analizar estas acciones permite comprender cómo el principio de cosa

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de diciembre de 2017, Rad.
05001-23-33-000-2015-02253-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio de
2024, Rad. 15001-23-31-000-2001-01795-01(44548), C.P. William Barrera Muñoz.

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Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

juzgada se concreta en procedimientos específicos y cómo los efectos de las
decisiones adoptadas en uno de ellos pueden proyectarse sobre el otro, delimitando
la posibilidad de volver a cuestionar la juridicidad de un acto administrativo.

38. El control de legalidad de los actos administrativos se articula a través de una
serie de mecanismos jurisdiccionales, cada uno con una finalidad, naturaleza y
alcance específicos. En este contexto, la acción de nulidad simple y la acción de
validez emergen como figuras similares, pero distintas en su concepción: aunque
ambas persiguen el objetivo superior de garantizar la supremacía del ordenamiento
jurídico, su diseño particular, legitimación procesal y oportunidad, las diferencian de
manera sustancial. Comprender estas particularidades no es solo un ejercicio
teórico, sino una necesidad para entender la dinámica y los límites de la revisión
judicial de los actos de la administración.

39. La acción de nulidad simple representa uno de los pilares del control
jurisdiccional en el contencioso administrativo. Se trata de un mecanismo de
naturaleza pública, objetiva y popular, consagrado en el artículo 137 del CPACA,
que puede ser interpuesto por cualquier ciudadano en cualquier tiempo y sin
necesidad de acreditar un interés directo o particular, lo cual subraya su función de
salvaguarda del ordenamiento jurídico en abstracto. El principal objetivo de esta
acción es garantizar que los actos de la administración se expidan conforme a la
Constitución y a la ley, actuando como herramienta de saneamiento constante y
permanente de la juridicidad. Es esta misma finalidad la que explica su
imprescriptibilidad y la legitimación universal para promoverla.

40. La acción de validez tiene un origen constitucional -artículo 305, numeral 10,
de la Carta Política-, que la define como un mecanismo de control preventivo y
especial, regulado en el artículo 121 del Decreto Ley 1333 de 1986 16. A diferencia
de la acción de nulidad, su ejercicio es de iniciativa restringida, pues únicamente el
Gobernador de un departamento está facultado para promoverla y, además, solo
contra los acuerdos expedidos por los concejos municipales de su jurisdicción. Su
propósito no es un control a posteriori y permanente de la legalidad, sino uno que
busca evitar que acuerdos, en caso de ser contrarios al orden superior, produzcan
efectos jurídicos, lo que la convierte en no solo en un instrumento de control político
sino también jurídico que se activa en un momento específico, previo a la
consolidación del acto en el ordenamiento jurídico. La jurisprudencia ha destacado
su carácter autónomo, distinto y principal, no subsidiario de la acción de nulidad, lo
que la posiciona como un mecanismo diseñado para garantizar que la
descentralización y la autonomía territorial se ejerza dentro de los límites del Estado
de derecho17.

41. La acción de nulidad y el medio de control de validez de los actos de los
concejos municipales comparten el propósito general de garantizar la supremacía
de la Constitución y la ley frente a los actos administrativos, y aunque ambas son

16
“Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”.
17
Sentencia C-869 de 1999. M.P. Fabio Morón Díaz.

12

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Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

de naturaleza objetiva, en la medida que no se discuten derechos subjetivos sino la
conformidad del acto con el orden jurídico superior, su diferencia radica en que la
primera tiene carácter general, imprescriptible y puede ser ejercida por cualquier
persona en cualquier tiempo, mientras que la segunda es especial, preventiva y de
iniciativa restringida. En consecuencia, el medio de control de simple nulidad actúa
como una herramienta de control permanente y universal de legalidad, mientras que
la segunda funciona como un control preventivo y específico, cuya oportunidad se
activa en el momento mismo en que el acuerdo es expedido y antes de que el mismo
inicie su vigencia.

42. Aunque estos procesos difieren en cuanto a legitimación, oportunidad y
alcance, existe un punto de convergencia ineludible: los efectos de las decisiones
que se adopten en ambos casos, en tanto refieren a la legalidad de un acto
administrativo, se rigen por el artículo 189 del CPACA y, por ende, lo definido por el
juez administrativo en la acción de validez constituye cosa juzgada respecto de
ulteriores acciones de simple nulidad, aspecto que ha sido reiterado por esta
Corporación18. En esta medida, cuando un Tribunal Administrativo declara la
invalidez de un acuerdo, éste desaparece del ordenamiento con fuerza de cosa
juzgada absoluta, impidiendo cualquier discusión posterior bajo la acción de simple
nulidad. Si, en cambio, se declara válido, el fallo genera cosa juzgada relativa,
admitiendo que el acuerdo pueda ser demandado y estudiado nuevamente en sede
de nulidad por vicios distintos no estudiados en la primera decisión.

43. Lo anterior tiene sustento en que la sentencia proferida bajo la acción de
validez no es un pronunciamiento accesorio ni una simple antesala de la nulidad,
sino una decisión jurisdiccional independiente, con plena autoridad y efectos
vinculantes, lo que impide reabrir el debate sobre los cargos de ilegalidad o
inconstitucionalidad ya decididos por el Tribunal competente respecto del acuerdo
municipal, efecto que además fue expresamente previsto en el artículo 121, numeral
3, del Decreto Ley 1333 de 198619, al disponer que la decisión proferida bajo la
acción de validez “produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos
constitucionales y legales confrontados”.

44. En conclusión, tanto la acción de validez como la de nulidad simple
constituyen medios de control que confluyen en la finalidad de salvaguardar la
juridicidad objetiva de actos administrativos, por lo que las decisiones adoptadas en
la primera se proyectan como verdaderos límites procesales frente a la segunda, en
la medida en que constituyen cosa juzgada. De allí que lo resuelto en el juicio de
validez no pueda ser desconocido ni reabierto en sede de nulidad.

45. Lo anterior conduce a considerar que para la verificación de la cosa juzgada
en la acción de nulidad simple, deberá establecerse la coincidencia del objeto —

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 10 de marzo de 2011, Rad.
08001-23-31-000-2003-01824-01(18330), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y, sentencia del 5 de diciembre de 2011,
Rad. 08001-23-31-000-2004-00608-01(18270), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
19
“Practicadas las pruebas pasará el asunto al Despacho para fallo. El Magistrado dispondrá de diez (10) días para la
elaboración de la ponencia y el Tribunal de otros diez (10) días para decidir. Contra esta decisión, que produce efectos de
cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados, no procederá recurso alguno”.

13

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Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

esto es, el acto administrativo cuya legalidad se cuestiona— y de la causa petendi
—los cargos o motivos de ilegalidad aducidos—, mas no la identidad subjetiva de
quienes intervinieron en el proceso de validez previo, por cuanto la decisión allí
adoptada correspondió a un estudio objetivo de legalidad con efectos erga omnes20.
En consecuencia, la configuración de la figura en el caso concreto presupone que
tanto el control como la acción recaigan sobre el mismo acuerdo municipal o parte
de él, y que los cargos de ilegalidad coincidan en su esencia, toda vez que el
principio de analogía de cara a la naturaleza y el objeto del control de validez,
permite sostener que en éste la cosa juzgada opera en la forma prevista por el
artículo 189 del CPACA, sin más condiciones a verificar.

Caso concreto
46. La Sala declarará de oficio la configuración de la cosa juzgada, en tanto el
Acuerdo 016 de 2017, expedido por el concejo municipal de San Agustín – Huila,
ya fue objeto de control jurisdiccional a través de la acción de validez promovida por
el Gobernador del Huila, con coadyuvancia del Ministerio de Minas y Energía, y
decidido mediante sentencia ejecutoriada por el Tribunal Administrativo de ese
departamento. Dicho pronunciamiento resolvió de manera definitiva los cargos de
incompetencia y violación de normas superiores e insuficiencia que se adujeron
contra el acto, por lo que no resulta jurídicamente viable reabrir el mismo debate en
sede de nulidad simple.

47. El análisis comparativo entre lo discutido y decidido en el proceso de validez,
y lo pretendido en el presente proceso, evidencia que concurren los dos
presupuestos esenciales de la cosa juzgada en este tipo de acciones: (i) identidad
de objeto, pues en ambos procesos se pretende la nulidad del mismo acuerdo
municipal; e (ii) identidad de causa petendi, dado que los reproches de
incompetencia del concejo municipal, desconocimiento del régimen constitucional y
legal en materia minero-energética ya fueron formulados y resueltos en el proceso
anterior. Además, la sentencia que negó la invalidez del acuerdo es plenamente
oponible al ahora demandante, conclusión que no solo se deriva del efecto general
de la sentencia del Tribunal, sino que se ve reforzada por la participación activa y
calificada que dicha cartera ministerial tuvo en el primer proceso como
representante de la Nación, titular del derecho discutido, donde formuló los mismos
cargos que ahora replica textualmente en esta nueva acción.

48. Sobre esta base, la Sala evidenciará, con apoyo en el cotejo de los procesos,
que la pretensión actual se encuentra cubierta por la cosa juzgada derivada de la
sentencia de validez, cuyos efectos impiden volver a cuestionar la legalidad del acto
administrativo acusado.

49. En primer lugar, existe plena identidad de objeto entre la acción de validez
resuelta por el Tribunal Administrativo del Huila y la acción de nulidad simple que

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 28 de febrero de 2013, Rad.
11001-03-25-000-2007-00116-00(2229-07), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, y sentencia del 13 de junio de 2019,
Rad. 11001-03-25-000-2010-00060-00(0520-10), C.P. William Hernández Gómez.

14

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Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

ahora conoce esta Corporación. El acto administrativo cuestionado es exactamente
el mismo: el Acuerdo 016 del 10 de junio de 2017, mediante el cual el concejo
municipal de San Agustín decidió prohibir en su jurisdicción la construcción de
represas y centrales hidroeléctricas, la minería a gran escala y la exploración y
explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales. Tanto en el
proceso de validez como en la nulidad simple, la pretensión central es la exclusión
de ese acuerdo del ordenamiento jurídico por considerarlo contrario a la
Constitución y a la ley.

50. Así, desde el punto de vista objetivo, no hay diferencia alguna entre las dos
acciones: en ambas se persigue la depuración del ordenamiento jurídico de un
mismo acto administrativo de carácter general. La coincidencia en este extremo es
absoluta y por ende satisface el requisito de identidad de objeto que, conforme al
artículo 303 del CGP integra uno de los presupuestos esenciales de la cosa juzgada.

51. Frente a la causa petendi, entendida como los cargos, fundamentos de
ilegalidad o motivos de derecho que sustentan la pretensión de nulidad, la Sala
encuentra igual identidad. Este aspecto resulta crucial, pues como se ha expuesto,
solo si las razones invocadas en ambos procesos son sustancialmente coincidentes
puede predicarse la existencia de la cosa juzgada.

52. Del examen de las pruebas recaudadas, se observa que el escrito de
objeciones21 del Gobernador que suscitó el proceso de validez, se asentó en que el
concejo municipal carecía de competencia para imponer prohibiciones absolutas en
materias minero energéticas y de hidrocarburos, advirtiendo que el acuerdo
chocaba con el orden constitucional y legal que reserva a la Nación la titularidad y
ordenación del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, y poniendo de
presente que la medida local no descansaba en una motivación técnica suficiente
capaz de justificar la restricción general y permanente de actividades económicas
lícitas, todo ello en un marco de equilibrio entre el derecho al trabajo, la libertad
económica y la protección del ambiente bajo el prisma del desarrollo sostenible, que
exige un soporte probatorio y técnico que el acuerdo no demuestra.

53. Específicamente, el Gobernador invocó la violación de los artículos 1°
(principio de Estado unitario), 80 (planificación estatal de recursos naturales), 332
(propiedad estatal del subsuelo), 334 (dirección general de la economía por el
Estado) y 360 (condiciones de explotación fijadas por ley) de la Constitución Política,
así como de los artículos 5° (propiedad estatal de los minerales) y 13 (industria
minera como utilidad pública) del Código de Minas.

54. Así mismo consta que la Nación, como titular del derecho debatido,
compareció a ese juicio a través del Ministerio de Minas y Energía, no solo
adhiriendo a los argumentos del escrito de objeciones, sino allegando en su escrito

21
Expediente digital, archivo “44_RECIBEMEMORIAL_anexos_11_Expedientedigi_PR_0_20251028114238442”, págs. 10 a
17.

15

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Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

de coadyuvancia22 cargos de inconstitucionalidad e ilegalidad mucho más amplios
y detallados, de manera que su intervención combinó la reafirmación de los
argumentos del Gobernador con aportes adicionales que ampliaron el debate. Entre
estos nuevos fundamentos, el Ministerio desarrolló acusaciones específicas por la
presunta violación del derecho al trabajo, la infracción directa a la jerarquía
normativa al pretender un acuerdo municipal derogar leyes nacionales (como los
códigos de minas y petróleos), el exceso en las facultades municipales en materia
de ordenamiento territorial y la afectación de la prestación de servicios públicos
esenciales.

55. El Ministerio adujo la violación de los artículos 25 y 26 (Derecho al Trabajo),
58 (Utilidad Pública e Interés Social), 83 (Principio de Buena Fe), 288 (Principios de
Coordinación y Concurrencia), 332 (Propiedad estatal del subsuelo), 334 (Dirección
de la economía por el Estado), y 365 (Servicios Públicos) de la Constitución Política.
En el plano legal, el Ministerio alegó la violación de la Ley 685 de 2001 (Código de
Minas), el Decreto 1056 de 1953 (Código de Petróleos), las Leyes 142 y 143 de
1994 (Régimen de servicios públicos), la Ley 99 de 1993 (Sistema Nacional
Ambiental) y la Ley 1454 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial).

56. Está también probado que el Tribunal no solo recibió y aceptó la intervención
del Ministerio, sino que asumió el estudio de sus planteamientos en toda su amplitud
y los resolvió de manera expresa. La sentencia23 que determinó la legalidad del
acuerdo, delimitó el problema jurídico en torno a la validez del acuerdo municipal y,
dentro de ese marco, sometió a contraste los cargos de la cartera ministerial y del
Gobernador relativos a la competencia del concejo municipal, a la sujeción del acto
al orden constitucional y legal del subsuelo, y a la suficiencia de la motivación24, con
una lectura integral de las normas invocadas y de la jurisprudencia citada por la
coadyuvancia. No hubo un tratamiento tangencial ni una desestimación por razones
formales, sino un examen de fondo que recogió cada aspecto propuesto y lo
respondió con razones verificables y con apoyo normativo y jurisprudencial.

57. También se advierte que el Tribunal abordó los argumentos del Ministerio
que iban más allá de la reiteración de las objeciones del Gobernador. La decisión
dedicó consideraciones a la unidad del régimen minero energético y a la forma como
esa unidad se proyecta sobre la distribución de competencias, a la compatibilidad
entre las libertades económicas y la protección ambiental bajo criterios de
proporcionalidad y razonabilidad. En cada uno de estos ejes desarrolló un análisis

22
Expediente digital, archivo “44_RECIBEMEMORIAL_anexos_11_Expedientedigi_PR_0_20251028114238442”, págs. 79 a
141.
23
Expediente digital, archivo “44_RECIBEMEMORIAL_anexos_11_Expedientedigi_PR_0_20251028114238442”, págs. 157
a 195.
24
Respecto de este cargo, el Tribunal concluyó que el acuerdo municipal estaba suficientemente motivado en razones
ambientales y culturales. Determinó que las consideraciones plasmadas en el mismo dan cuenta de la importancia
arqueológica del municipio de San Agustín, la cual deviene del reconocimiento del Parque Arqueológico de ese ente territorial
como Monumento Nacional en el año de 1993 por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, y en 1995 su declaración
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, registrando este sitio como testimonio único y excepcional de una
civilización desaparecida. Además, el municipio se encuentra ubicado en el núcleo del Macizo Colombiano, que pertenece a
la Reserva de la Biosfera Cinturón Andino, áreas de reserva para la conservación y protección del medio ambiente y recursos
naturales en las que, por disposición legal de todos los órdenes y precedente jurisprudencial se encuentran excluidas de
actividades que puedan traer como consecuencia la alternación del ambiente natural; explicó que, en especial, están
prohibidas las actividades mineras, industriales, incluso, las hoteleras, agrícolas y ganaderas.

16

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
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Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

propio, identificó las fuentes aplicables y explicó por qué el acuerdo municipal no
desconocía las normas constitucionales y legales aducidas. El carácter exhaustivo
del examen judicial se aprecia en que la sentencia no se limitó a afirmar que el
acuerdo es válido o inválido, sino expone por qué lo es según el alcance de la
competencia local, el grado de sujeción al orden jurídico nacional y la entidad del
soporte técnico exigible para restringir actividades y derechos. De este modo, la
sentencia recogió y depuró el conjunto de razones del Ministerio, tanto las que
coincidían con las objeciones del Gobernador como las que fueron propias de la
autoridad sectorial, y fijó una respuesta jurisdiccional explícita respecto de todas
ellas.

58. Visto lo anterior, el hecho que resulta determinante para el análisis de la cosa
juzgada en el caso concreto es que el escrito de coadyuvancia presentado por el
Ministerio en el proceso de validez es exactamente el mismo que se presenta ahora
como demanda de nulidad en este proceso. No se trata de una similitud de cargos
o de una reiteración de la tesis jurídica, sino de una reproducción textual y literal de
los fundamentos de derecho, al punto que los encabezados de los cargos, las
transcripciones normativas y jurisprudenciales, la estructura de la argumentación y
los párrafos que los desarrollan, son idénticos en ambos documentos, revelando
que el texto que en su momento respaldó las objeciones en el juicio de validez es el
mismo que ahora pretende reabrir el debate mediante la acción de nulidad, que los
cargos y fundamentos que ahora se plantean en sede de nulidad ya fueron resueltos
en el proceso de validez, y que la discusión que se pretende reintroducir carece de
novedad frente a lo decidido por el Tribunal.

59. La siguiente tabla comparativa permite ilustrar lo expuesto de manera más
clara respecto de cada uno de los cargos de nulidad:

Cargo / Temática Coadyuvancia (Proceso de Demanda proceso de nulidad Decisión del Tribunal
Validez - Rad. 2017-00380-00)

Violación del Derecho Título: “EL ACTO Título: “CARGO PRIMERO. EL Concluyó que, aunque la
al Trabajo ADMINISTRATIVO ES ACTO ADMINISTRATIVO ES construcción y operación
INCONSTITUCIONAL POR SER INCONSTITUCIONAL POR SER de centrales
VIOLATORIO DEL DERECHO VIOLATORIO DEL DERECHO hidroeléctricas, sobre todo
AL TRABAJO…” AL TRABAJO…” en el departamento del
Huila, conlleva el
Sustento de la Violación: Sustento de la Violación: aprovechamiento de este
tipo de energías
"...con lo dispuesto en el Acuerdo "...con lo dispuesto en el Acuerdo renovables y la eventual
impugnado no solo se prohíbe el impugnado no solo se prohíbe el generación de fuentes de
desarrollo de unas actividades desarrollo de unas actividades empleo, también lo es que
extractivas... con ello se impide extractivas... con ello se impide la autoridad local no puede
que trabajadores de todos los que trabajadores de todos los sustraerse de sus
niveles... puedan desempeñar niveles... puedan desempeñar atribuciones para adoptar
labores productivas en dicho labores productivas en dicho medidas encaminadas a
Municipio y por tanto, vulnerando Municipio y por tanto, vulnerando preservar el medio
derechos fundamentales y derechos fundamentales y ambiente dado el impacto
conexos de trabajadores..." conexos de trabajadores..." multidimensional de estas
actividades.
Normas y jurisprudencia Normas y jurisprudencia
invocada: invocada:

Arts. 25 y 26 C.P. Sentencia T- Arts. 25 y 26 C.P. Sentencia T-
438 de 2015. 438 de 2015.

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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

Derogación de Normas Título: "EL ACTO Título: "CARGO SEGUNDO. EL Definió que el ejercicio de
Superiores ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO las competencias del
DEMANDADO NO TIENE LA DEMANDADO NO TIENE LA concejo municipal a través
FACULTAD LEGAL DE FACULTAD LEGAL DE de la expedición del acto
DEROGAR LA CONSTITUCIÓN DEROGAR LA CONSTITUCIÓN demandado no soslaya
Y LAS LEYES-NORMAS DE Y LAS LEYES -NORMAS DE preceptiva constitucional ni
MAYOR JERARQUÍA." MAYOR JERARQUÍA." legal alguna, pues las
entidades territoriales
Sustento de la Violación: Sustento de la Violación: tienen autonomía para
desempeñar sus funciones
"...resulta que en la parte "...resulta que en la parte de planeación y
considerativa del Acuerdo, no se considerativa del Acuerdo, no se ordenamiento territorial, y
encuentra ninguna norma que encuentra ninguna norma que en ejercicio de estas
otorgue la facultad constitucional otorgue la facultad constitucional facultades, pueden
o legal que le conceda a un o legal que le conceda a un determinar la explotación
Concejo Municipal... la Concejo Municipal... la de los recursos del
posibilidad de derogar posibilidad de derogar subsuelo de su jurisdicción.
disposiciones de mayor disposiciones de mayor
jerarquía..." jerarquía..."

Normas y jurisprudencia Normas y jurisprudencia
invocada: invocada:

Ley 685 de 2001 (Código de Ley 685 de 2001 (Código de
Minas), Decreto 1056 de 1953 Minas), Decreto 1056 de 1953
(Código de Petróleos), Ley 99 de (Código de Petróleos), Ley 99 de
1993, y leyes 142 y 143 de 1994. 1993, y leyes 142 y 143 de 1994.
No se especifican artículos. No se especifican artículos.
Sentencia C-037 de 2000. Sentencia C-037 de 2000.

Título: "EL ACTO Título: "CARGO TERCERO. EL Concluyó que las entidades
ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO territoriales poseen la
DEMANDADO EXCEDE POR DEMANDADO EXCEDE POR competencia para regular
MUCHO LAS COMPETENCIAS MUCHO LAS COMPETENCIAS el uso del suelo y con ello
Y FACULTADES DE ALCALDES Y FACULTADES DE ALCALDES garantizar la protección del
Y CONCEJOS MUNICIPALES." Y CONCEJOS MUNICIPALES." medioambiente, incluso si
al ejercer dicha
Sustento de la Violación: Sustento de la Violación: prerrogativa terminan
prohibiendo la actividad
"...el Acuerdo No. 016 de 2017 es "...el Acuerdo No. 016 de 2017 es minera o cualquier otra que
abiertamente ilegal y violatorio abiertamente ilegal y violatorio conlleve la extracción o
de la Ley 1454 de 2011, el de la Ley 1454 de 2011, el explotación de recursos
Concejo Municipal... excedió sus Concejo Municipal... excedió sus naturales no renovables.
competencias, si se tiene en competencias, si se tiene en Afirmó que la competencia
El acto excede las
cuenta que la mencionada Ley cuenta que la mencionada Ley para regular el
competencias de los
establece las facultades de los establece las facultades de los ordenamiento territorial en
concejos municipales
diferentes órdenes en relación diferentes órdenes en relación materia de proyectos
(principio unitario vs.
con el Ordenamiento de con el Ordenamiento de relacionados con el
autonomía)
territorio, señalando que la territorio, señalando que la abastecimiento energético
disposición sobre el mismo ha de disposición sobre el mismo ha de a través del uso de fuentes
ser concertada con los diferentes ser concertada con los diferentes hídricas y la extracción y
órdenes”. órdenes”. explotación de recursos
naturales no renovables,
Normas y jurisprudencia Normas y jurisprudencia no recae exclusivamente
invocada: invocada: en el Gobierno Nacional,
pues los mandatarios y
Arts. 1 y 288 C.P., Ley 1454 de Arts. 1 y 288 C.P., Ley 1454 de corporaciones locales
2011 (Arts. 1,3, 26 y 29). 2011 (Arts. 1,3, 26 y 29). tienen autonomía
Sentencias T-445 de 2016 y C- Sentencias T-445 de 2016 y C- administrativa en el
579 de 2001 (salvamento de 579 de 2001 (salvamento de ordenamiento de sus
voto). voto). territorios.

Título: "EL ACTO Título: "CARGO CUARTO. EL
ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO El Tribunal descartó el
DEMANDADO RESTRINGE LA DEMANDADO RESTRINGE LA cargo, privilegiando la
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS autonomía local en materia
PÚBLICOS." PÚBLICOS." ambiental. Concluyó que
las autoridades deben
Restricción de la
Sustento de la Violación: Sustento de la Violación: ejercer estricta vigilancia y
prestación de servicios
control sobre aquellas
públicos
"...lo decidido en el Acto "...lo decidido en el Acto actividades que conllevan
Administrativo... desconoce la Administrativo... desconoce la la extracción de recursos
importancia de la Industria importancia de la Industria no renovables y por ello
Minero Energética para la Minero Energética para la pueden impartir
prestación de los servicios prestación de los servicios instrucciones respecto de
públicos domiciliarios y por tanto, públicos domiciliarios y por tanto, la utilización eficiente del

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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

limita la capacidad de la Nación limita la capacidad de la Nación recurso, su preservación,
para poder satisfacer las para poder satisfacer las disponibilidad y
necesidades básicas necesidades básicas aprovechamiento. El
insatisfechas de los ciudadanos insatisfechas de los ciudadanos concejo municipal puede
que habitan todo el territorio que habitan todo el territorio actuar de manera
nacional..." nacional..." preventiva evitando el
deterioro ambiental y la
Normas y jurisprudencia Normas y jurisprudencia violación de derechos
invocada: invocada: fundamentales de los
habitantes del municipio,
Arts. 334, 365 y 367 C.P. Arts. 334, 365 y 367 C.P. dado que las actividades
Declaración de Río. Sentencia C- Declaración de Río. Sentencia C- extractivas, así cuenten
450 de 1995. 450 de 1995. con las autorizaciones
previstas en la Ley,
ocasionan graves
impactos.

Falta de competencia Título: "FALTA DE Título: "CARGO QUINTO. El Tribunal sostuvo que la
en materia de utilidad COMPETENCIA -SON LAS FALTA DE COMPETENCIA - competencia de los entes
pública e interés AUTORIDADES DEL ORDEN SON LAS AUTORIDADES DEL territoriales para ordenar el
social, particularmente NACIONAL... QUIENES DEBEN ORDEN NACIONAL... QUIENES territorio y para
en materia energética DECLARAR... LA DISPOSICIÓN DEBEN DECLARAR... LA reglamentar los usos del
Y USO DE LAS FUENTES DISPOSICIÓN Y USO DE LAS suelo, ejercida a través de
HÍDRICAS PARA ACTIVIDADES FUENTES HÍDRICAS PARA las autoridades locales, es
DE GENERACIÓN DE ACTIVIDADES DE decir, el Concejo y el
ENERGÍA." GENERACIÓN DE ENERGÍA." Alcalde están facultados
para adoptar normas y
Sustento de la Violación: Sustento de la Violación: medidas sobre las
actividades que puedan
“la generación de energía es un “la generación de energía es un desarrollarse en el territorio
tema de competencia del tema de competencia del del municipio. El acto
Estado, bajo el entendido de la Estado, bajo el entendido de la demandado no refiere a
prestación de un servicio público prestación de un servicio público una actividad minero –
para la satisfacción de para la satisfacción de energética ya autorizada
las necesidades básicas las necesidades básicas que conlleve la exploración
insatisfechas de todos los insatisfechas de todos los y extracción de recursos
ciudadanos que habitan el ciudadanos que habitan el naturales renovables o la
territorio territorio implementación de
nacional (…) no puede un nacional (…) no puede un centrales hidroeléctricas
Municipio, negar o restringir la Municipio, negar o restringir la que permitan considerar
facultad constitucional y legal facultad constitucional y legal que se hacía indispensable
que que la concurrencia de las
tiene el Estado colombiano para tiene el Estado colombiano para autoridades de los demás
declarar la utilidad pública de declarar la utilidad pública de niveles.
proyectos hidroeléctricos proyectos hidroeléctricos
bajo los cuales se busca la bajo los cuales se busca la
satisfacción de derechos satisfacción de derechos
constitucionales de primera constitucionales de primera
generación” generación”

Normas y jurisprudencia Normas y jurisprudencia
invocada: invocada:

Arts. 58, 332 y 334 C.P. Leyes 56 Arts. 58, 332 y 334 C.P. Leyes 56
de 1981 (Arts. 16 y 17) y 143 de de 1981 (Arts. 16 y 17) y 143 de
1994 (arts. 2 a 5). Sentencias C- 1994 (arts. 2 a 5). Sentencias C-
619 de 2015 y C-123 de 2014. 619 de 2015 y C-123 de 2014.

Propiedad estatal Título: “ESTADO - Título: “ESTADO - El Tribunal reiteró que las
sobre el subsuelo y los PROPIETARIO DE LOS PROPIETARIO DE LOS entidades territoriales
recursos naturales no RECURSOS NATURALES NO RECURSOS NATURALES NO poseen la competencia
renovables RENOVABLES” RENOVABLES” para regular el uso del
suelo y con ello garantizar
Sustento de la Violación: Sustento de la Violación: la protección del
medioambiente, incluso, si
“En concordancia con lo “En concordancia con lo al ejercer dicha
enunciado, tenemos que el enunciado, tenemos que el prerrogativa terminan
Estado es propietario de los Estado es propietario de los prohibiendo la actividad
recursos recursos minera o cualquier otra que
naturales no renovables sin naturales no renovables sin conlleve la extracción o
importar donde se encuentre importar donde se encuentre explotación de recursos
(Suelo o Subsuelo), de tal forma (Suelo o Subsuelo), de tal forma naturales no renovables.
que la Honorable Corte que la Honorable Corte Citando la C-123 de 2014,
Constitucional se ha pronunciado Constitucional se ha pronunciado determinó que la propiedad
en relación con tal situación, en relación con tal situación, nacional no anula la
competencia municipal

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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

resaltando el mencionado resaltando el mencionado para reglamentar los usos
derecho y estableciendo los derecho y estableciendo los del suelo.
parámetros para su manejo, en parámetros para su manejo, en
el el
marco de observancia de la marco de observancia de la
Constitución Política” Constitución Política”

Normas y jurisprudencia Normas y jurisprudencia
invocada: invocada:

Arts. 80, 332, 334 y 360 C.P. Arts. 80, 332, 334 y 360 C.P.
Código de Minas (Arts. 5, 7 y 10). Código de Minas (Arts. 5, 7 y 10).
Sentencia C-983 de 2010. Sentencia C-983 de 2010.

Competencia exclusiva Título: “DECISIÓN SOBRE LA Título: “CARGO SÉPTIMO. El Tribunal, en adición a lo
del Gobierno Nacional PROHIBICIÓN O NO DE LA DECISIÓN SOBRE LA indicado respecto de la
respecto de las CONSTRUCCIÓN DE PROHIBICIÓN O NO DE LA competencia de los
represas REPRESAS - CONSTRUCCIÓN DE municipios para restringir
RESERVA EXCLUSIVA DEL REPRESAS -RESERVA actividades en su
GOBIERNO NACIONAL”. EXCLUSIVA DEL GOBIERNO jurisdicción, explicó que la
NACIONAL”. autoridad municipal con la
expedición del acto
Sustento de la Violación: Sustento de la Violación: demandado, lo que hizo fue
mantener lo aprobado en el
“…de conformidad con la “…de conformidad con la PBOT, el cual hace
facultad conferida al Estado … facultad conferida al Estado … referencia a que San
para dirigir la economía en el para dirigir la economía en el Agustín pertenece a la
marco del Desarrollo marco del Desarrollo Reserva de la Biosfera
Sostenible, lo cual incluye desde Sostenible, lo cual incluye desde Cinturón Andino, y que ya
luego poder construir las luego poder construir las prohíbe de manera
represas que sean necesarias… represas que sean necesarias… enfática, entre otras
no se pueden prohibir las no se pueden prohibir las actividades, la
construcciones de Represas, construcciones de Represas, construcción de represas,
Acueductos o Acueductos o en tanto impactan esta
Distritos de Riego de tajo en el Distritos de Riego de tajo en el área de especial
Municipio, las cuales están Municipio, las cuales están importancia ecológica.
garantizadas en la Constitución garantizadas en la Constitución
Política…” Política…”

Normas y jurisprudencia Normas y jurisprudencia
invocada: invocada:

Art. 58 C.P. Ley 143 de 1994 y Art. 58 C.P. Ley 143 de 1994 y
sentencia C-259 de 2016. sentencia C-259 de 2016.

Falta de competencia Título: “FALTA DE Título: “CARGO OCTAVO. El Tribunal determinó que
para autorizar el COMPETENCIA -SON LAS FALTA DE COMPETENCIA - las entidades territoriales
desarrollo de la AUTORIDADES DEL ORDEN SON LAS AUTORIDADES DEL poseen la competencia
industria minera NACIONAL CON ORDEN NACIONAL CON LAS para regular el uso del
LAS FACULTADES FACULTADES suelo y con ello garantizar
CONSTITUCIONALES Y CONSTITUCIONALES Y la protección del
LEGALES ESTABLECIDAS, LEGALES medioambiente, incluso si
QUIENES ESTABLECIDAS, QUIENES al ejercer dicha
DEBEN AUTORIZAR EL DEBEN AUTORIZAR EL prerrogativa terminan
DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA prohibiendo la actividad
INDUSTRIA MINERA, COMO INDUSTRIA MINERA, COMO minera o cualquier otra que
ACTIVIDAD DE UTILIDAD ACTIVIDAD DE UTILIDAD conlleve la extracción o
PÚBLICA E INTERÉS PÚBLICA E INTERÉS explotación de recursos
GENERAL”. GENERAL”. naturales no renovables.

Sustento de la Violación: Sustento de la Violación:

“…el gobierno nacional ha de “…el gobierno nacional ha de
articularse con el articularse con el
gobierno local, en pro de gobierno local, en pro de
establecer las medidas de establecer las medidas de
protección que consideren protección que consideren
pertinentes para efectos de pertinentes para efectos de
materializar la ejecución de materializar la ejecución de
actividades de exploración y actividades de exploración y
explotación minera, sin que ello explotación minera, sin que ello
implique una facultad para implique una facultad para
prohibir la realización de prohibir la realización de
actividades mineras en el actividades mineras en el
territorio, pues el presupuesto territorio, pues el presupuesto
jurisprudencia! inhibe la facultad jurisprudencia! inhibe la facultad

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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

de las entidades territoriales para de las entidades territoriales para
prohibir la actividad minera en su prohibir la actividad minera en su
jurisdicción...” jurisdicción...”

Normas y jurisprudencia Normas y jurisprudencia
invocada: invocada:

Arts. 58, 288, 332, 334 C.P. Arts. 58, 288, 332, 334 C.P.
Código de Minas (Arts. 13 y 37). Código de Minas (Arts. 13 y 37).
Sentencias C-123 de 2014, C- Sentencias C-123 de 2014, C-
273 de 2016. 273 de 2016.

Principios de buena fe Título: “VULNERACIÓN DEL Título: “CARGO NOVENO. La confianza de los
y confianza legítima PRINCIPIO DE LA BUENA FE - VULNERACIÓN DEL administrados no asegura
CONFIANZA LEGÍTIMA DE LA PRINCIPIO DE LA BUENA FE - la inmutabilidad de
INDUSTRIA EXTRACTIVA CONFIANZA decisiones públicas
SOSTENIBLE QUE SE LEGÍTIMA DE LA INDUSTRIA cuando existen razones
DESARROLLA EN EL PAÍS”. EXTRACTIVA SOSTENIBLE constitucionales y legales
QUE SE DESARROLLA EN para ajustar la regulación.
EL PAÍS”. Al declarar que el municipio
actuó dentro de sus
Sustento de la Violación: Sustento de la Violación: facultades legales y
constitucionales, el
“Con la realización con el Acto “Con la realización con el Acto Tribunal determinó que la
Administrativo demandado, se Administrativo demandado, se expedición del Acuerdo no
estaría vulnerando el estaría vulnerando el fue un acto arbitrario, sino
principio constitucional de la principio constitucional de la el ejercicio legítimo de una
buena fe, expresado en la buena fe, expresado en la competencia. Por lo tanto,
confianza legítima de la industria confianza legítima de la industria al desestimar los cargos de
extractiva que ejecuta proyectos extractiva que ejecuta proyectos ilegalidad e
que posibilitan el mejoramiento que posibilitan el mejoramiento inconstitucionalidad,
de las rentas locales y de las rentas locales y desestimó la violación de la
nacionales…” nacionales…” confianza legítima.

Normas y jurisprudencia Normas y jurisprudencia
invocada: invocada:

Art. 83 C.P. y sentencia T-308 de Art. 83 C.P. y sentencia T-308 de
2011. 2011.

60. En consecuencia, de las pruebas obrantes en el expediente se concluye que:
(i) en el proceso de validez previo y en esta acción de nulidad simple, se controvirtió

la legalidad del mismo acto —Acuerdo 016 del 10 de junio de 2017 del concejo
municipal de San Agustín (Huila)—, cuyo contenido prohibitivo fue expresamente
delimitado en ambos trámites, referidos a la exploración y explotación minero-
energética e hidrocarburífera en esa jurisdicción; y (ii) los cargos formulados por el
Ministerio en la presente demanda de nulidad, no son argumentos nuevos, sino la
reproducción textual de los mismos cargos que esa cartera ministerial, en
representación de la Nación como titular del derecho debatido, esgrimió dentro del
proceso de validez anterior, los cuales fueron estudiados y resueltos por el Tribunal
competente.

61. En este contexto, se configuran de manera plena los presupuestos de la cosa
juzgada. La existencia de identidad de objeto y de causa petendi impide a esta
Corporación volver a pronunciarse sobre los mismos cuestionamientos ya resueltos
en sentencia ejecutoriada, pues ello vulneraría los principios de seguridad jurídica,
economía procesal y respeto por la función jurisdiccional.

62. Finalmente, la Sala aclara que la decisión que se adopta no desconoce ni
desvirtúa la línea trazada por esta Subsección en la sentencia de 31 de julio de

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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

202425, en la que, al conocer de la nulidad del acuerdo municipal de Mocoa que
prohibió “el desarrollo de actividades mineras de metales y la gran y mediana
minería de los demás minerales”, se reiteró que la minería es una actividad lícita,
declarada de utilidad pública e interés social, sometida a un régimen jurídico
nacional, exhaustivo y exclusivo, en el cual la propiedad del subsuelo y de los
recursos naturales no renovables radica en el Estado y la definición de las
condiciones de su explotación corresponde al legislador y a las autoridad minera.
En ese mismo precedente se destacó que los concejos municipales, si bien gozan
de autonomía para ordenar el uso del suelo y proteger el medio ambiente, no
pueden, so pretexto de tales competencias, modificar o derogar las reglas legales
que rigen la industria minera ni mucho menos prohibir de manera absoluta su
ejercicio en su jurisdicción, por tratarse de un asunto de interés nacional que excede
el ámbito meramente local.

63. De igual forma, se reconoce la doctrina fijada por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-095 de 2018, según la cual ni el Gobierno Nacional está habilitado
para imponer de manera unilateral la ejecución de proyectos minero-energéticos, ni
las entidades territoriales pueden erigirse en titulares de un poder de veto general
frente a tales actividades. Dicho fallo, al reconstruir la tensión entre el Estado
unitario y la autonomía territorial, subrayó que la cláusula de unidad del
ordenamiento, la titularidad estatal sobre los recursos del subsuelo y la existencia
de un régimen nacional de la minería impiden que las corporaciones públicas locales
utilicen los instrumentos de ordenamiento territorial para excluir por completo una
actividad económica que la Constitución y la ley han reconocido, regulado y
promovido, al tiempo que impone a las autoridades nacionales un deber correlativo
de coordinación, concurrencia y diálogo con los entes territoriales, que ha dado
lugar, entre otros desarrollos, a estrategias de relacionamiento y articulación como
las diseñadas por la Agencia Nacional de Minería.

64. Justamente, por acoger esa misma visión, la Sala no afirma en este caso que
los concejos municipales tengan competencia para expedir vetos generales en
materia minero-energética, ni se aparta del precedente constitucional o contencioso
que niega esa potestad. Lo que se constata es que el Acuerdo 016 de 2017 del
concejo municipal de San Agustín ya fue sometido a un control objetivo de legalidad
mediante la acción de validez, en cuyo marco se analizó específicamente su
conformidad con el reparto competencial en materia de minería, así como con el
modelo de Estado unitario, descentralizado y con autonomía territorial, y se
concluyó que el acto se ajustaba a la normatividad aplicable. Esa decisión previa
recayó sobre los mismos cargos de incompetencia e infracción de normas
superiores que en esta sede se formulan, de forma idéntica y frente al mismo acto,
de manera que existe una definición en sentencia ejecutoriada de los precisos
reproches que ahora se plantean por la parte actora, lo que constituye una barrera
insuperable para reabrir el debate mediante una nueva acción de nulidad simple.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31

de julio de 2024, Exp. 110010326000-2021-00102-00 (66981), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

65. En estas condiciones, la Sala se encuentra vinculada por la fuerza de la cosa
juzgada y por los principios de seguridad jurídica, economía procesal y respeto a la
autoridad de las decisiones judiciales, lo que impide reabrir un debate que ya fue
zanjado de manera definitiva. Proferir ahora un pronunciamiento de fondo orientado
a invalidar el acto equivaldría, en la práctica, a adelantar un juicio de revisión de la
sentencia de validez por una vía procesal no prevista por el ordenamiento,
desbordando el diseño del control objetivo de legalidad y afectando la estabilidad
de las decisiones judiciales. La sola divergencia con la forma concreta en que el
juez de la acción de validez aplicó los precedentes constitucionales y contencioso–
administrativos sobre la distribución de competencias en materia minero–energética
no faculta a la Sala para desconocer los efectos de la cosa juzgada ni para “corregir”
un fallo ejecutoriado mediante una nueva demanda contra el mismo acuerdo y con
un pliego de cargos que replica, sin variaciones sustanciales, los reproches ya
desestimados.

66. Atendiendo a lo expuesto, la presente decisión se limita a reconocer que los
específicos cargos de nulidad propuestos en esta ocasión en contra del Acuerdo
016 de 2017 ya fueron definidos por una sentencia con efectos generales que goza
de estabilidad, y que la única respuesta compatible con el marco legal y procesal
vigente, es declarar probada la excepción de cosa juzgada y ordenar el archivo de
la actuación.

Costas

67. Dado que en este asunto se ventila un interés público, consistente en el
control abstracto y objetivo de la legalidad del acto administrativo debatido, la Sala
se abstendrá de condenar en costas, en virtud de lo establecido en el artículo 188
del CPACA.

III. PARTE RESOLUTIVA

68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: ARCHIVAR el proceso de la referencia, una vez se encuentre en firme
esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

23

Radicación: 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580)
Demandante: Nación – Ministerio de Minas y Energía
Demandado: Municipio de San Agustín, Huila.
Referencia: Nulidad (Artículo 137 del CPACA)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

24

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