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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00637-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00637-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia por las razones expuestas en la parte motiva. Segundo. DECLARAR configurado el fenómeno de cosa juzgada de conformidad con lo expuesto en esta providencia. Tercero. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado núm. 11001- 03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013). Cuarto. Sin condena en costas. Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2013-00637-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2013-00637-00 (1263-2013)
Demandantes: Ana Luz Escobar Lozano y otros1
Demandados: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros2

Tema: Bonificación por compensación. Cosa juzgada.
Decisión: Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 19 de marzo de
2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, radicado núm. 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-
2013).

I. ANTECEDENTES

1. Se promovió demanda contra distintos actos administrativos, en ejercicio de
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho,
previstos en los artículos 137 y 138 del CPACA.

2. Mediante auto del 3 de marzo de 2016, el conjuez sustanciador admitió la
demanda con acumulación de pretensiones; en providencia del 6 de junio de 2023,
«escindió la demanda», por lo que ordenó remitir copia de esta a los juzgados
administrativos de Cali, San Andrés, Medellín y Bogotá para que conocieran de las
pretensiones contra los actos administrativos de contenido particular. A su vez,
dispuso seguir adelante con el examen de nulidad propuesto contra el acto
administrativo de carácter general.

3. Posteriormente, en auto del 13 de marzo de 2025, proferido por la conjuez
Nubia González Cerón, se ordenó remitir el expediente de la referencia al despacho
de origen para que asumiera su trámite y ante ausencia de causal de impedimento
por parte de los integrantes de la Sala, se procede a resolver la demanda de nulidad
de la referencia.

Pretensión

1 Malelí Chávez Mejía, Inés Elvira González de Carrillo, Luis Mario Fajardo Dorado, Juan Guillermo

Jaramillo Díaz, Luis Eduardo Manrique Bernal, Reinaldo José Valderrama Mesa, Héctor Álvarez
Mendoza, Diana del Pilar Colorado Acevedo, Ana Hilda Gudziol Vidal y María Eugenia Lozano Ángel.
2 Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de la Función Pública y Rama

Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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Radicación: 11001-03-25-000-2013-00637-00 (1263-2013)
Demandante: Ana Luz Escobar Lozano y otros

4. Que se declare la nulidad del Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012,
expedido por el Gobierno nacional.

Concepto de violación

5. Se afirmó que el acto demandado fue expedido con desconocimiento de las
normas en que debía fundarse porque dispuso en sus artículos 1 y 2 que los efectos
de la sentencia del 14 de diciembre de 2011, mediante la cual se anuló el Decreto
4040 de 2004, tendrían carácter retroactivo únicamente desde el 27 de enero de
2012, fecha de su ejecutoria. Según la demanda, ello implicaba que el pago de la
bonificación por compensación a favor de los funcionarios judiciales beneficiarios
debía liquidarse desde esa fecha y no desde la vigencia del Decreto 610 de 1998,
que creó ese emolumento.

6. También sostuvo que las decisiones judiciales tienen una naturaleza,
finalidades y efectos definidos por la Constitución y la ley, en particular por las
disposiciones que regulan el «protocolo del juicio». En ese marco, indicó que,
tratándose de providencias que anulan actos administrativos, el artículo 1746 del
Código Civil prevé para todas las ramas del derecho la posibilidad a las partes de
ser restituidas al mismo estado en se encontraban, como si no hubiese existido el
acto o el contrato nulo.

7. Manifestó además que el artículo 3 del Decreto 1102 de 2012 desconoció los
artículos 237 de la Constitución Política y 12, numeral 1, del CPACA, que regulan
las competencias del Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del
Gobierno, ya que se limitó esa competencia al Departamento Administrativo de la
Función Pública y se prohibió que cualquier otra institución pudiera conceptuar en
materia salarial y prestacional.

8. Finalmente, añadió que el Consejo de Estado, en sentencia del 13 de marzo
de 2013, expediente 2008-256, determinó que un acto expedido por el Gobierno
nacional resulta ilegal cuando pretende reglamentar una ley inexistente y cuando
interfiere en la función judicial al regular una sentencia mediante la fijación de sus
efectos o del sentido de su contenido jurídico, como ocurrió con el decreto
demandado.

Contestaciones de la demanda

9. El Departamento Administrativo de la Función Pública (en adelante,
DAFP) se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que el Decreto
1102 de 2012 no tuvo por objeto limitar o condicionar los efectos de la sentencia
del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011, mediante la cual se declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004, sino restablecer la aplicación general de la
bonificación por compensación a partir de la ejecutoria de ese fallo, con el fin de
nivelar y unificar el ingreso de los funcionarios beneficiarios.

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Radicación: 11001-03-25-000-2013-00637-00 (1263-2013)
Demandante: Ana Luz Escobar Lozano y otros

10. En ese sentido, adujo que quienes recibían el emolumento previsto en la
norma anulada pasarían a percibir, en adelante, la bonificación por compensación
en una cuantía equivalente al 80 % de lo que por todo concepto devengaran
anualmente los magistrados de las altas cortes.

11. Mencionó que el artículo 3 del Decreto 1102 de 2012 no desconoció la
función consultiva del Consejo de Estado, porque la competencia atribuida al DAFP
se refería únicamente a la interpretación general de los decretos salariales y
prestacionales, sin desplazar las atribuciones asignadas a la Sala de Consulta y
Servicio Civil.

12. Aclaró que la inconformidad de la parte actora no recaía propiamente sobre
lo dispuesto en el Decreto 1102 de 2012, sino sobre lo que este no reguló. En su
criterio, se pretende atribuir a un decreto salarial expedido en desarrollo de la Ley
4.ª de 1992 la solución de una problemática procesal derivada de la coexistencia
de dos regímenes salariales diferenciados: la bonificación por compensación y la
bonificación de gestión judicial.

13. Agregó que esa situación involucra relaciones jurídicas y laborales cuya
determinación corresponde a las entidades empleadoras competentes, estas son:
Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y
Ministerio de Defensa, por ser estas las llamadas a establecer su alcance y a
asumir, de ser el caso, las responsabilidades a que haya lugar.

14. En ese contexto, propuso las excepciones de inepta demanda, falta de
legitimación en la causa por pasiva, prescripción, caducidad, compensación y la
genérica.

15. El Ministerio de Justicia y del Derecho expuso que la finalidad del
Decreto 1102 de 2012 no era dar cumplimiento a la sentencia que anuló el Decreto
4040 de 2004, sino regular la bonificación por compensación de los magistrados de
tribunal y otros funcionarios en los términos previstos en la Ley 4ª de 1992. Añadió
que, para ese efecto, se introdujeron las modificaciones pertinentes en atención a
distintos pronunciamientos jurisprudenciales sobre la vigencia de la normativa
expedida en 1998, razón por la cual los efectos del acto demandado no podían ser
retroactivos, pues ello implicaría desconocer la regulación anterior.

16. Aseguró que tampoco se desconoció la competencia consultiva del
Consejo de Estado al señalar que el DAFP era el órgano encargado de conceptuar
en materia salarial y prestacional, pues esa precisión estaba dirigida a las entidades
de la Rama Ejecutiva y no a una alta corte cuyas competencias autónomas se
encuentran expresamente definidas por la ley y no podían ser limitadas por esa
disposición.

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Demandante: Ana Luz Escobar Lozano y otros

17. Propuso las excepciones de carencia de fundamento de las pretensiones
de nulidad del Decreto 1102 de 2012 y falta de legitimación en la causa por pasiva.

18. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó negar las
pretensiones de la demanda, al considerar que el Decreto 1102 de 2012 fue
expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades conferidas por la
Constitución y la Ley 4ª de 1992. Manifestó que la competencia para interpretar las
normas o inaplicarlas en casos concretos corresponde exclusivamente a las
autoridades judiciales, de manera que, en su condición de autoridad administrativa,
debía someterse a ellas y dar cumplimiento a lo decidido.

19. Explicó que las sentencias de nulidad proferidas por el Consejo de Estado
producen efectos erga omnes y hacia el futuro (ex nunc), con el fin de garantizar
certeza y seguridad jurídica dentro del sistema normativo.

20. Adicionalmente, invocó las excepciones de prescripción y ausencia de
causa petendi.

21. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la sentencia del Consejo de
Estado del 14 de diciembre de 2011 no definió expresamente el alcance temporal
de sus efectos, de modo que el juicio de legalidad del Decreto 1102 de 2012 no
podía plantearse a partir de una norma expresa, sino de la interpretación que la
parte actora hacía de esa providencia.

22. Explicó que, aunque en la demanda se afirmaba que el mencionado fallo
de nulidad producía efectos retroactivos y que, por tanto, el acto demandado no
podía fijar la fecha a partir de la cual debía reconocerse la bonificación por
compensación, el Consejo de Estado en sentencias del 17 de octubre de 1969, 26
de abril de 1973 y 9 de marzo de 1989 afirmó que la declaratoria de nulidad de
actos generales produce efectos ex nunc o hacia el futuro. Añadió que, por esa
razón, la norma demandada se ajustaba a derecho y que las disposiciones del
Código Civil invocadas en la demanda no resultaban aplicables, dado que regulan
negocios jurídicos y no actos administrativos.

23. Propuso las excepciones de inepta demanda por (i) indebida acumulación
de pretensiones, (ii) falta de agotamiento de la vía gubernativa, y (iii) ausencia de
agotamiento del requisito de procedibilidad; falta de legitimación en la causa por
pasiva; caducidad; y prescripción.

Trámite en única instancia

24. En auto del 10 de septiembre de 2024, se declararon no probadas las
excepciones de caducidad, prescripción, inepta demanda y falta de legitimación en
la causa por pasiva, propuestas por las entidades demandadas.

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Radicación: 11001-03-25-000-2013-00637-00 (1263-2013)
Demandante: Ana Luz Escobar Lozano y otros

25. Mediante providencia del 3 de diciembre de 2024, se advirtió la procedencia
de dictar sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA. En
consecuencia, se prescindió de las audiencias inicial y de pruebas; se decidió sobre
las pruebas aportadas y solicitadas; se fijó el litigio; y se corrió traslado a las partes
y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente.

Alegatos de conclusión

26. El DAFP y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público guardaron
silencio.

27. Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial reiteraron los argumentos expuestos en la
contestación y solicitaron negar las pretensiones.

28. La parte actora reiteró que el Decreto 1102 de 2012 desconoció el régimen
salarial aplicable a los funcionarios beneficiarios de la bonificación por
compensación. Sostuvo que, con fundamento en el Decreto 610 de 1998 y en la
sentencia del 14 de diciembre de 2011 que anuló el Decreto 4040 de 2004, la
remuneración de esos servidores debía corresponder al 80 % de lo que por todo
concepto devengan anualmente los magistrados de las altas cortes, de modo que
el acto acusado alteró indebidamente ese régimen al fijar una fecha distinta para su
efectividad.

29. Del mismo modo, se opuso a la configuración de la prescripción y de la
caducidad, al considerar que las reclamaciones sobre derechos salariales de tracto
sucesivo pueden promoverse en cualquier tiempo.

30. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó negar las
pretensiones de la demanda. En síntesis, sostuvo que el Decreto 1102 de 2012 no
restringió ni desconoció la sentencia del 14 de diciembre de 2011 que anuló el
Decreto 4040 de 2004, sino que se limitó a regular hacia el futuro el reconocimiento
de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, a partir
del 27 de enero de 2012, fecha de ejecutoria de aquella providencia.

31. Agregó que la tesis de la parte actora partía de una premisa equivocada,
consistente en asumir que la nulidad del Decreto 4040 de 2004 producía efectos
retroactivos desde 1998, pese a que la regla en materia de nulidad de actos
administrativos generales es que sus efectos operan hacia el futuro.

32. Explicó que la excepción a esa regla se presenta respecto de situaciones
jurídicas no consolidadas, esto es, aquellas que al momento de la declaratoria de
nulidad aún se encontraban en discusión ante la administración o la jurisdicción.
Sin embargo, consideró que ese supuesto no se configuraba en este caso, de modo

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que no subsistían situaciones pendientes de definición que permitieran reconocer
efectos ex tunc a la sentencia del 14 de diciembre de 2011.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

33. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que
la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.

Problema jurídico

34. La Sala deberá determinar si el Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012 se
encuentra viciado de nulidad por haber modificado los efectos de la sentencia del
14 de diciembre de 2011, proferida por el Consejo de Estado, mediante la cual se
anuló el Decreto 4040 de 2004 en lo relativo al reconocimiento de la bonificación
por compensación a favor de distintos funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía
General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, así como por haber
atribuido exclusivamente al DAFP la facultad de conceptuar en materia salarial y
prestacional.

35. No obstante, antes de abordar el problema jurídico formulado, se verificará
si en este caso se configura la cosa juzgada relativa, en atención a una reciente
providencia emitida por esta Sala de Decisión en la que se estudió la legalidad del
decreto demandado en este proceso frente a los mismos cargos.

Análisis del problema jurídico

36. La Sala declarará la configuración de la cosa juzgada relativa porque
mediante sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso núm. 11001-03-25-000-2013-
01117-00 (2639-2013), se resolvió la legalidad del Decreto 1102 del 24 de mayo de
2012 frente a los mismos cargos que sustentan la presente demanda. En
consecuencia, se estará a lo resuelto en esa providencia.

Sobre el fenómeno jurídico de cosa juzgada

37. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual las
decisiones judiciales adquieren carácter inmutable, vinculante y definitivo. Este
fenómeno impide que el juez conozca de una nueva controversia al advertir que la

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misma fue resuelta previamente por otra autoridad judicial competente, mediante
decisión en firme.

38. Esta figura tiene por finalidad garantizar el principio de seguridad jurídica,
en cuanto asegura la estabilidad de las decisiones judiciales, evita la reiteración
indefinida de litigios sobre un mismo asunto y delimita la competencia del juez para
emitir un nuevo pronunciamiento de mérito. En tal sentido, la cosa juzgada cumple
una función negativa, consistente en prohibir a los funcionarios judiciales conocer,
tramitar y decidir sobre lo ya resuelto, y una función positiva, orientada a dotar de
estabilidad a las relaciones jurídicas.

39. Para que una decisión judicial adquiera el carácter de cosa juzgada se
requiere: (a) Identidad de partes, esto es, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que
constituye cosa juzgada. (b) Identidad de causa petendi, entendida como la
coincidencia de los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda y de la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada; (c) Identidad de objeto, lo que implica que la
demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual
se predica la cosa juzgada.

40. El artículo 189 del CPACA dispone que: «La sentencia que […] niegue la
nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la
causa petendi juzgada». Ello significa que, cuando se niega la nulidad de un acto
administrativo, los efectos de la cosa juzgada son relativos, pues se circunscriben
a los fundamentos de hecho y de derecho que fueron objeto de estudio.

41. En ese marco, aunque el acto administrativo conserva su presunción de
legalidad y no puede ser demandado nuevamente con fundamento en los mismos
cargos ya resueltos, sí puede ser objeto de control judicial cuando se invoquen
causales o vicios distintos a los previamente examinados. La prohibición de
promover un nuevo proceso opera únicamente respecto de la materia juzgada,
«entendida como la coincidencia entre el acto cuestionado y los argumentos
fácticos y jurídicos que sustentaron la decisión inicial -causa petendi-»3, sin que ello
impida que el mismo acto pueda ser demandado por cargos diferentes.

42. Asimismo, la jurisprudencia ha precisado que el requisito de la identidad de
parte demandante no resulta aplicable a los procesos de nulidad simple en la
medida en que no se promueve la defensa de un interés particular sino del
ordenamiento jurídico en general4. En efecto, todos los ciudadanos están
legitimados para interponer demandas en defensa del ordenamiento jurídico como
manifestación del derecho fundamental a la participación política, establecido en el
artículo 40 de la CP. Por ende, para declarar la cosa juzgada, no se requiere

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 25 de noviembre de 2025, radicado 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580).
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 3 de

abril de 2025, radicado 11001-0324-000-2016-00539-00.

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identidad de partes, sino que sea el mismo acto o disposición normativa
demandada.

43. En el presente caso se advierte que la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 19 de marzo de 2026, emitida dentro del proceso
de simple nulidad núm. 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013), resolvió la
legalidad del Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012 frente a los mismos cargos que
sustentan la demanda del proceso de la referencia.

44. Las principales consideraciones expuestas en la sentencia citada se
sintetizan así:

(i) El medio de control de simple nulidad tiene naturaleza objetiva y persigue
la preservación del orden jurídico. Por ello, en su trámite se adelanta un juicio
abstracto de legalidad en el que corresponde a la parte demandante señalar las
normas que estima vulneradas y exponer el concepto de su violación, con el fin de
desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo acusado.

(ii) Bajo esa premisa, se advirtió que la demandante no pretendía realmente
promover un control abstracto de legalidad sobre el Decreto 1102 de 2012, sino
reprochar que con su expedición se habría desconocido la sentencia del 14 de
diciembre de 2011. En consecuencia, se concluyó que la confrontación propuesta
no se formulaba frente a la ley, sino frente a la jurisprudencia, de manera que no se
estructuraba ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del
CPACA.

(iii) También se precisó que el decreto demandado no constituía un acto de
ejecución de la providencia del 14 de diciembre de 2011, por lo que tampoco podía
considerarse que la fijación de la fecha de efectividad para el reconocimiento y pago
de la bonificación por compensación correspondiera a una manifestación adicional
de lo resuelto en esa providencia que configurara un acto nuevo susceptible de
control judicial.

(iv) En esa misma línea, se indicó que el Decreto 1102 de 2012 se limitó a
disponer que, a partir de su ejecutoria, se pagará la bonificación por compensación
en una cuantía que equiparara lo recibido al 80 % del valor devengado anualmente
por todo concepto por los magistrados de las altas cortes. De manera que el acto
demandado no creó un derecho nuevo ni alteró lo que se había establecido en el
Decreto 610 de 1998.

(v) Asimismo, se afirmó que el acto enjuiciado materializó las consecuencias
derivadas de la anulación del Decreto 4040 de 2004, sin que ello implicara el
cumplimiento de una orden judicial, dado que la sentencia del 14 de diciembre de
2011 no impuso condena alguna a cargo del Gobierno nacional. Por esa razón, se
concluyó que el Decreto 1102 de 2012 no modificó los efectos de dicha providencia,

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pues estos se encuentran definidos por el ordenamiento jurídico y, en particular,
por el artículo 189 del CPACA.

(vi) De otra parte, se consideró que el artículo 1746 del Código Civil no
resultaba aplicable al caso, pues esa disposición regula los efectos de la
declaratoria de nulidad de actos jurídicos o contratos de naturaleza civil entre
particulares, según se desprende del artículo 1740 ibidem, y no la anulación de
actos administrativos en el marco de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

(vii) En relación con el artículo 3 del Decreto 1102 de 2012, se señaló que este
no modificó ni derogó las disposiciones superiores invocadas por la demandante,
sino que se limitó a atribuir al DAFP la facultad de conceptuar en materia salarial y
prestacional de manera preferente respecto de las demás entidades de la Rama
Ejecutiva. En esa medida, al no afectar las atribuciones propias del Consejo de
Estado ni de otras autoridades judiciales, no se configuraba una ilegalidad
susceptible de anulación.

(viii) Finalmente, se precisó que, al negarse las pretensiones de nulidad
formuladas contra el Decreto 1102 de 2012, la decisión produciría efectos de cosa
juzgada erga omnes, pero únicamente en relación con los hechos y fundamentos
expuestos en la demanda y juzgados en esa oportunidad, de conformidad con el
inciso 1 del artículo 189 del CPACA.

45. En el presente asunto, por tratarse de un proceso de simple nulidad, la
identidad de partes objeto se verifica con la similitud de la pretensión sobre la cual
radica la demanda, esto es, sobre la declaratoria de nulidad del Decreto 1102 del
24 de mayo de 2012, mismo que fue sometido a control judicial y ya se profirió la
sentencia del 19 de marzo de 2026.

46. Igualmente, se advierte identidad de causa petendi, pues en ambos
procesos el reproche se sustentó en que el Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012
fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, por
cuanto, de una parte, habría modificado los efectos de la sentencia del Consejo de
Estado del 14 de diciembre de 2011, mediante la cual se anuló el Decreto 4040 de
2004 en lo relacionado con el reconocimiento de la bonificación por compensación
a favor de funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría General de la Nación y, de otra, porque su artículo 3 habría atribuido
exclusivamente al DAFP la facultad de conceptuar en materia salarial y
prestacional.

47. En consecuencia, toda vez que esta Sala de decisión mediante sentencia
del 19 de marzo de 2026 negó la legalidad del Decreto 1102 del 24 de mayo de
2012 frente a los mismos cargos que sustentan la presente demanda, debe
declararse configurada la cosa juzgada.

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Demandante: Ana Luz Escobar Lozano y otros

48. En efecto, una vez decidida la legalidad del acto administrativo acusado
frente a una determinada causa petendi, no resulta jurídicamente posible adelantar
un nuevo juicio de legalidad sobre esos mismos cargos. Ello, sin embargo, no
impide que el acto pueda ser demandado nuevamente por fundamentos de censura
distintos.

Condena en costas

49. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el
que se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA5.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

Primero. AVOCAR conocimiento del proceso de la referencia por las razones
expuestas en la parte motiva.

Segundo. DECLARAR configurado el fenómeno de cosa juzgada de conformidad
con lo expuesto en esta providencia.

Tercero. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado núm. 11001-
03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013).

Cuarto. Sin condena en costas.

Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

5 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicación: 11001-03-25-000-2013-00637-00 (1263-2013)
Demandante: Ana Luz Escobar Lozano y otros

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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