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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-01117-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-01117-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar probadas las excepciones formuladas por las entidades demandadas como “legalidad del Decreto 1102 de 2012” y “carencia de fundamento de las pretensiones de nulidad del Decreto 1102 de 2012”. Segundo. Negar las pretensiones de la demanda formulada por la señora Luz Dary Ortega Ortiz contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de la Función Pública y Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; respecto de la nulidad del Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012, de conformidad y bajo los términos de las consideraciones y efectos expuestos en esta providencia. Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. Reconocer personería como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al abogado Franky Stevan Pinilla Córdoba con tarjeta profesional 335.764, lo anterior de conformidad y en los términos del poder que le fue conferido, visible en el índice 105 de SAMAI. Se abstendrá de reconocer lo propio al abogado 18 «[…] La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. […]» (Líneas de la Sala). 19 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013) Jhon Jairo Guzmán Benítez quien alega la condición de representante judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho, ya que con su memorial de alegatos de conclusión no se allegaron los soportes documentales que acrediten su calidad. Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2013-01117-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013)
Demandante: Luz Dary Ortega Ortiz
Demandadas: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de
Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de la
Función Pública y Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Temas: Efectividad de la bonificación por compensación fijada en el
Decreto 1102 de 2012. No se modifican los efectos de la
sentencia de nulidad del 14 de diciembre de 2011 contra el
Decreto 4040 de 2004. No se pretende un control judicial del acto
por desconocimiento de un elemento de validez legal, sino de
una providencia judicial. No se vulneran las competencias
consultivas del Consejo de Estado con la expedición del acto
demandado. NIEGA PRETENSIONES

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
promovido por la señora Luz Dary Ortega Ortiz, quien actúa a través de apoderado,
contra la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y
del Derecho, Departamento Administrativo de la Función Pública y la Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

ANTECEDENTES

1. La señora Luz Dary Ortega Ortiz instauró demanda1 con acumulación de
pretensiones en ejercicio de los medios de control de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho consagrados en los artículos 137 y 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

1 Folios 84 a 120.

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013)

2. El 6 de junio de 2023,2 el conjuez sustanciador en su momento escindió la
demanda, por lo que ordenó remitir copia de esta a los juzgados administrativos de
Bogotá para que se tramiten las pretensiones de carácter particular, y a la vez
admitió en única instancia el medio de control de nulidad simple que tiene las
siguientes:

PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad del Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012, expedido
por el Gobierno Nacional, en la medida en que en sus artículos 1.º y 2.º modificó los
efectos de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 14 de diciembre de
2011 con la que anuló el Decreto 4040 de 2004, y, además, por cuanto en su artículo
3.º desconoció la facultad consultiva de la referida corporación judicial.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

4. Que el Consejo de Estado en sentencia del 14 de diciembre de 2011 declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004, al concluir que el único régimen salarial y
prestacional de los magistrados de tribunales y demás funcionarios con igual
jerarquía es el previsto en el Decreto 610 de 1998 que, entre otras, había creado a
favor de dichos servidores la bonificación por compensación.

5. Que los artículos 1 y 2 del Decreto 1102 de 2012 establecieron que, a partir del
27 de enero de 2012, los funcionarios beneficiarios de la bonificación por
compensación que ya la recibían, la percibirían en el equivalente a un 80% de lo
que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de las altas cortes.
Y en el artículo 3 de la referida norma se consagró que únicamente el Departamento
Administrativo de la Función Pública sería el órgano encargado de conceptuar en
materia salarial y prestacional.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Consideró vulnerados: los artículos 13, 25, 53, 113, 116, 122 a 131, 150,
numerales 11 y 19, y 237 de la Constitución Política; 1, 2 y 15 de la Ley 4.ª de 1992;
11, 19, 125, 127 y 128 de la Ley 270 de 1996; 1.740 y 1.742 del Código Civil; 85 y
136, numeral 7 del Decreto 01 de 1984; y 112 numeral 1, 135, 137, 138 y 164
numeral 1.º, literal c).

2 Folios 327 a 334.

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2

Radicado: 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013)

7. Expresó que el acto administrativo demandado dispuso que los efectos de la
sentencia de nulidad del 14 de diciembre de 2012 con la que se anuló el Decreto
4040 de 2004 serían retroactivos, pero solo desde el 27 de enero de 2012 (día en
que quedó ejecutoriada dicha providencia), lo que implica que el pago de los dineros
por concepto de bonificación por compensación que en razón de la mencionada
decisión judicial se deben a los funcionarios judiciales beneficiarios, se tendrían que
liquidar igualmente desde esa fecha y no a partir de la vigencia del Decreto 610 de
1998 que era la norma que había creado dicho emolumento.

8. Añadió que las sentencias proferidas por los jueces tienen una naturaleza,
carácter, finalidades y efectos que están determinados en la constitución y en la ley,
especialmente en las normas procesales que se ocupan detalladamente del
protocolo del juicio. Manifestó que en el caso de las providencias que anulan actos
administrativos, los efectos están previstos de manera general para todas las ramas
del derecho en el artículo 1.746 del Código Civil que consagra que una anulación
mediante fallo judicial da a las partes la posibilidad de ser restituidas al mismo
estado en se encontraban como si no hubiese existido el acto o el contrato nulo.

9. Planteó que, como no existe norma que se oponga a este postulado, se
evidencia la ilegalidad el Decreto 1102 de 2012 al haber fijado los efectos de una
sentencia en desconocimiento de la mencionada disposición normativa. De hecho,
afirmó que el artículo 3.º del acto reprochado también se aparta del artículo 237 de
la Constitución Política y el 112 del CPACA que regulan las competencias del
Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del gobierno, ya que en el
aludido decreto se limitó esa competencia al Departamento Administrativo de la
Función Pública y se prohibió que cualquier otra institución pudiera conceptuar en
materia salarial y prestacional.

10. Finalmente aseguró que el Consejo de Estado en sentencia del 13 de marzo de
2013 (Sección Primera. Expediente No. 2008-256), determinó que un acto
normativo expedido por el Gobierno Nacional resulta ilegal cuando pretende
reglamentar una ley inexistente y además cuando interviene en la función judicial
con el propósito de regular una sentencia al fijarle sus efectos o significación de sus
contenidos jurídicos, tal como ocurrió con las disposiciones del decreto demandado.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

11. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público3 aseguró que en la
sentencia del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011 no se dispuso nada
en relación con la producción de sus efectos, por lo que la confrontación del Decreto
1102 de 2012 no se haría frente a una norma expresa, sino con la interpretación
que se haga respecto de la citada providencia.

3 Folios 177 a 181.

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3

Radicado: 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013)

12. Expresó que en la demanda se entiende como una verdad incontrovertible que
el mencionado fallo del Consejo de Estado tiene efectos retroactivos y que, por
tanto, el acto demandado no podía establecer fechas a partir de la cual se debía
reconocer la bonificación por compensación. Sin embargo, consideró que aquella
no deja de ser solo la posición de la parte actora porque esta corporación en
sentencias del 17 de octubre de 1969, del 26 de abril de 1973 y del 9 de marzo de
1989, señaló que la declaratoria de nulidad de actos generales solo tiene efectos
“ex nunc” o hacia futuro, lo que hace que la norma demandada se ajuste a derecho,
más aún porque las disposiciones del Código Civil invocadas por la demandante
solo aplican a negocios jurídicos, no para actos administrativos.

13. Propuso como excepciones las de legalidad del Decreto 1102 de 2012,
caducidad, e indebida acumulación de pretensiones.

14. La Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho4 manifestó que la finalidad
del Decreto 1102 de 2012 no es precisamente darle cumplimiento al fallo de nulidad
del Decreto 4040 de 2004, sino regular la bonificación por compensación para los
magistrados de tribunal y otros funcionarios en los términos señalados por la Ley 4
de 1992, para lo cual se introdujeron las modificaciones del caso en acatamiento a
toda una serie de pronunciamientos jurisprudenciales sobre la vigencia de la
normativa expedida en 1998, de manera que, los efectos del acto demandado no
podían ser retroactivos porque ello conllevaría a desconocer la regulación anterior,
que, claramente deben ser futuros.

15. Afirmó que tampoco se desconoce la competencia consultiva del Consejo de
Estado al asegurar que el DAFP es el órgano encargado de conceptuar en materia
salarial, porque en realidad esta precisión se hace frente a las entidades de la Rama
Ejecutiva, no así sobre una Alta Corte que tiene unas competencias autónomas
fijadas expresamente por la ley que no pueden ser limitadas por esta disposición.

16. Propuso las excepciones de carencia de fundamento de las pretensiones de
nulidad del Decreto 1102 de 2012 y falta de legitimación material en la causa por
pasiva.

17. La Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial5 expuso
que tanto la jurisprudencia de las Altas Cortes como lo expresado por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, son claras muestras de un criterio compartido en
torno al tema de las sentencias de simple nulidad donde solo se restableció el
derecho a futuro en virtud de la nulidad del acto administrativo que se encontraba
por fuera del ordenamiento jurídico, pero no restablece el derecho hacia atrás por
no haberse condenado a perjuicios.

4 Folios 185 a 191.
5 Folios 192 a 200.

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4

Radicado: 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013)

18. Resaltó que las sentencias de nulidad del Consejo de Estado rigen hacia el
futuro o “ex nunc”, con el objeto de generar certeza y seguridad jurídica dentro del
sistema normativo, toda vez que la providencia con efecto “erga omnes” tiene
consecuencias posteriores, pues no es posible que sean retroactivos en la medida
en que no el acto no es de carácter particular.

19. Propuso como excepciones las de falta de agotamiento de la vía gubernativa,
prescripción, ausencia de “causa petendi” y genérica.

20. El Departamento Administrativo de la Función Pública6 adujo que el Decreto
1102 de 2012, lejos de fijar, limitar o condicionar los efectos de la sentencia del
Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011 que declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004, lo que hizo fue restablecer a partir de la ejecutoria del aludido fallo la
aplicación generalizada de la bonificación por compensación a efecto de nivelar y
unificar el ingreso de todos los funcionarios beneficiarios, en la medida en que previó
que todos aquellos que venían recibiendo la bonificación de gestión judicial
establecida en la norma anulada, volverían a percibir en adelante el primer
emolumento en cuantía del 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de las altas cortes.

21. Que la inconformidad de la parte actora no es realmente por lo que consagró el
Decreto 1102 de 2012, sino por lo que dejó de hacer, pues se pretende
desacertadamente que un decreto salarial, dictado en desarrollo de una ley marco
(4ª de 1992), resuelva y solucione una intrincada problemática procesal generada
por la aplicación de 2 regímenes salariales diferenciados como son el de la
bonificación por compensación y el de la bonificación de gestión judicial que
coexistieron durante un prolongado periodo (1998-2011), en la que además están
comprometidas situaciones jurídicas y laborales que están llamadas a ser
identificadas y tipificadas por las respectivas entidades empleadoras (Rama
Judicial, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y
Ministerio de Defensa), ya que estas son las únicas autoridades encargadas de
asumir eventualmente alguna responsabilidad.

22. Propuso las excepciones de inexistencia del derecho, caducidad de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, prescripción, falta de legitimación en la
causa por pasiva y genérica.

6 Folios 245 a 266.

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TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA

23. El 3 de marzo de 20167 se admitió la demanda con acumulación de pretensiones
de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. El 6 de junio de 2023 8 se
escindió la demanda con el fin de mantener la competencia para resolver
únicamente las reclamaciones de nulidad simple y remitir las de contenido particular
a los juzgados administrativos de Bogotá. El 3 de diciembre de 20249 se resolvieron
las excepciones previas y el 2 de febrero de 202610 se avocó conocimiento del
asunto en el que se evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada en los
términos del artículo 182A del CPACA, por lo que se decretaron las pruebas, se fijó
el correspondiente litigio, y se corrió traslado para alegar de conclusión.

24. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público,11 Ministerio de
Justicia y del Derecho,12 y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial13
ratificaron los mismos planteamientos de sus contestaciones.

25. La parte demandante14 Expresó que, según el artículo 189 del CPACA, solo
en el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad es posible que el Consejo
de Estado fije los efectos del fallo, pues en los demás casos el ordenamiento jurídico
superior no lo faculta a separarse de los efectos legales de las providencias cuando
se trate de actos generales o particulares distintos, como es el Decreto 4040 del
2011, cuya ilegalidad se cuestionó en virtud del mecanismo del artículo 137 del
CPACA. Planteó que esto hace que, al haberse declarado su ilegalidad, las
consecuencias de dicha decisión judicial deben ser de carácter retroactivo (ex tunc),
de manera que el acto demandado tiene que ser retirado al disponer que la
sentencia se debe cumplir a partir de una fecha distinta de la que se expidió el acto
inicial de reconocimiento de la bonificación por compensación.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

26. Deberá resolver la Subsección si se encuentra viciado de nulidad el acto
administrativo demandado, al supuestamente haber modificado los efectos de la
sentencia del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011 que anuló el Decreto
4040 de 2004 en lo relativo al reconocimiento de la bonificación por compensación
de varios funcionarios de la Rama Judicial, de la Fiscalía General de la Nación y de
la Procuraduría General de la Nación; así como por haber establecido que el

7 Folios 158 a 159.
8 Folios 327 a 334.
9 Folios 337 a 345.
10 Índice 101 de SAMAI.
11 Índice 106 de SAMAI.
12 Índice 109 de SAMAI.
13 Índice 113 de SAMAI.
14 Índice 112 de SAMAI.

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6

Radicado: 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013)

Departamento Administrativo de la Función Pública sería el único órgano facultado
para conceptuar en materia salarial y prestacional.

Marco normativo y jurisprudencial

Contenido de la decisión acusada

27. El acto administrativo demandado en esta causa judicial corresponde al
Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012,15 el cual en su tenor literal consagra lo
siguiente:

«DECRETO 1102 DE 2012

(mayo 24)

por el cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de
Tribunal y otros funcionarios

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

Artículo 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen
percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo
Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de
las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema
de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y
Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la
Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente
como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados,
equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale
al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y
Consejo Superior de la Judicatura.

La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial
para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.

Parágrafo. En todo caso para tener derecho a la Bonificación por Compensación de que
trata el presente decreto se deberá reunir los requisitos constitucionales, legales y
reglamentarios para ejercer el cargo.

Artículo 2°. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004,
los servidores que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir
de la fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° del
presente decreto.

15 Folios 3 a 4.

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013)

Artículo 3°. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente
para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse
esta competencia.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las
disposiciones que le sean contrarias, en especial del Decreto 877 de 2012. […]»

Sobre el alcance del medio de control de nulidad

28. Es necesario precisar, que respecto de los actos administrativos se predica la
presunción de legalidad16 que tiene reconocimiento doctrinal, jurisprudencial y,
especialmente, legal en el artículo 88 del CPACA.17

29. Esta figura implica que de todo acto administrativo se asume inicialmente su
validez y por tanto puede producir efectos mientras tal presunción no sea
desvirtuada por una decisión definitiva de autoridad judicial competente.

30. Ahora, para garantizar la vigencia del principio de legalidad, el legislador ha
implementado mecanismos de control con el fin de que el administrado pueda
cuestionar la legalidad de los actos y de esa manera desvirtuar la presunción de
que están revestidos.

31. Uno de esos mecanismos, es el medio de control de nulidad, consagrado en el
artículo 137 del CPACA que da la posibilidad de que cualquier persona pueda
promover un juicio de legalidad contra un acto administrativo general (y
excepcionalmente particular), con el fin de buscar su anulación cuando incurra en
las causales consagradas en la norma, a saber:

«[…] Artículo 137.Nulidad. (…) cuando hayan sido expedidos con infracción de las
normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o
con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. […]»

32. Se realiza un juicio de legalidad abstracto en el que se exige de la parte
demandante la carga plantear las normas violadas y el concepto de su violación
desde la demanda y la demostrar dentro del proceso que el acto está viciado de
nulidad.

16 En otros ordenamientos se denomina «presunción de legitimidad», como lo señala Roberto Dromi: «La

presunción de legitimidad es la suposición de que el acto fue emitido conforme a derecho, dictado en armonía
con el ordenamiento jurídico. Es una resultante de la juridicidad con que se mueve la actividad estatal. La
legalidad justifica y avala la validez de los actos administrativos; por eso crea la presunción de que son legales,
es decir, se los presume válidos y que respetan las normas que regulan su producción» (DROMI, Roberto. Acto
administrativo. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 2008. p. 117).
17 «Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales

mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren
suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha
medida cautelar».

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013)

Caso concreto

33. La parte actora considera que el acto es nulo, porque al haberse previsto en él
que desde el 27 de enero del mismo año (cuando quedó ejecutoriada la sentencia
del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011), se reconocería la bonificación
por compensación de ciertos funcionarios en un 80% de lo que por todo concepto
devenguen los magistrados de alta corte, lo que el Gobierno Nacional generó fue
una alteración o modificación a los efectos de dicha providencia, ello al fijarlos hacia
futuro y no retroactivos como le es natural a esta clase de fallos.

34. Como se observa, bajo la interpretación de la accionante, la norma demandada
sería nula, no por alguna de las causales previstas en el artículo 137 del CPACA,
sino por desconocer esencialmente una sentencia con la que se retiró del
ordenamiento jurídico por ilegal el Decreto 4040 de 2004.

35. Esto significa que, en realidad la demandante no buscaba promover un control
de legalidad abstracto sobre el decreto reprochado, sino cuestionar el hecho de que
con esa decisión se había incumplido un fallo judicial. Tal supuesto lleva afirmar que
como la confrontación del acto cuestionado no se pretende realizar frente a la ley,
sino en relación con la jurisprudencia, no podría accederse a las pretensiones
anulatorias pues ninguna causal se configura para dar al traste con su presunción
de legalidad.

36. Obsérvese que el Decreto 1102 de 2012 ni siquiera es un acto de ejecución que
le hubiese dado cumplimiento a la providencia del 14 de diciembre de 2011, por lo
que tampoco se puede considerar que la inclusión de la fecha de efectividad del
reconocimiento y pago de la bonificación por compensación era una manifestación
adicional a lo resuelto en la sentencia que constituyera un acto nuevo susceptible
de control judicial.

37. En realidad, dicho decreto al margen de que se hubiese referido a aquella
providencia, lo único que hizo fue establecer, dentro del ámbito de reglamentación
del Ejecutivo que, a partir de la fecha de ejecutoria se retomaría el modelo de
reconocimiento y pago de la aludida bonificación, la cual incluso se reconoció que
ya percibían con carácter permanente varios funcionarios de la Rama Judicial, de la
Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación, esto a fin
de que tal emolumento se continuara pagando desde ese momento en un
porcentaje del 80% de lo percibido por todo concepto por los magistrados de alta
corte. Es decir, no se creó un nuevo derecho ni se cambió la esencia del que ya se
había consolidado a partir del Decreto 610 de 1998.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013)

38. Por lo expuesto, este acto solo materializó las consecuencias de la anulación
del Decreto 4040 de 2004, sin que ello implicara el cumplimiento de una orden
judicial, dado que en el proveído del 14 de diciembre de 2011 nunca se impuso una
condena a cargo del Gobierno Nacional. En ese orden, no es predicable que el acto
demandado hubiese modificado los efectos de una sentencia, ya que estos están
contemplados en el artículo 189 del CPACA, y, por tanto, la decisión administrativa
censurada en nada cambia o vulnera este precepto legal, con base en el cual cada
administrado afectado decidirá si acude a la jurisdicción de manera individual para
reclamar sus eventuales derechos derivados de la referida anulación.

39. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala observa que, en todo caso, la parte
accionante sí hizo alusión a un precepto legal supuestamente desconocido por el
Decreto 1102 de 2012. Específicamente aseguró que con la decisión cuestionada
se vulneró el artículo 1.746 del Código Civil que consagra lo siguiente: «[…] La
nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las
partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no
hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto
o causa ilícita. […]»

40. Aun así, lo cierto es que dicha norma se refiere expresamente a los efectos de
la declaratoria de nulidad de un acto jurídico o de un contrato de naturaleza civil
entre dos particulares, tal como se deriva del artículo 1.740 del mismo código. Por
ese motivo, esa disposición no resulta aplicable al caso de la anulación de los actos
administrativos a través de un fallo proferido en el marco de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

41. Finalmente, en relación con la supuesta ilegalidad del Decreto 1102 de 2012 al
haber establecido en su artículo 3.º la potestad excluyente del Departamento
Administrativo de la Función Pública como único órgano consultivo en materia
salarial, tampoco prospera dicho señalamiento, dado que esa norma en nada
modifica o altera la competencia constitucional y legal de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado en materia igualmente consultiva.

42. Al respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 237, numeral 3.º Superior y
el artículo 112 del CPACA ratifican dentro del ordenamiento constitucional y legal
que la mencionada sala de esta corporación actuará como cuerpo supremo
consultivo del Gobierno Nacional en asuntos de la administración, dentro de los
cuales pueden estar temas relacionados con el régimen salarial y prestacional de
los servidores públicos.

43. Precisamente, al leer detenidamente el artículo 3.º del Decreto 1102 de 2012,
lo que se observa es que en ningún momento el precepto allí contemplado modifica
o deroga las disposiciones superiores en mención, sino que simplemente le confiere
al DAFP la facultad de conceptuar en la aludida materia de manera preferente
respecto de las demás entidades de la Rama Ejecutiva que es el alcance del acto

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013)

demandado. Por esa razón, al no afectar en nada las atribuciones propias de las
autoridades judiciales y específicamente las del Consejo de Estado, no puede
hablarse de una ilegalidad susceptible de anulación como lo pretende la actora.

44. En consecuencia, se negarán las pretensiones de nulidad contra el acto
administrativo demandado, lo que implica que la presente decisión genera efectos
generales de cosa juzgada erga omnes, pero únicamente en relación con los hechos
y fundamentos expuestos en la demanda de la referencia y que fueron juzgados en
esta oportunidad, tal como lo prevé el artículo 189, inciso 1.º del CPACA.18

Condena en costas

45. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA19.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar probadas las excepciones formuladas por las entidades
demandadas como “legalidad del Decreto 1102 de 2012” y “carencia de fundamento
de las pretensiones de nulidad del Decreto 1102 de 2012”.

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda formulada por la señora Luz Dary
Ortega Ortiz contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio
de Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de la Función Pública y
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; respecto de la
nulidad del Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012, de conformidad y bajo los
términos de las consideraciones y efectos expuestos en esta providencia.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Reconocer personería como apoderado del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público al abogado Franky Stevan Pinilla Córdoba con tarjeta profesional
335.764, lo anterior de conformidad y en los términos del poder que le fue conferido,
visible en el índice 105 de SAMAI. Se abstendrá de reconocer lo propio al abogado

18 «[…] La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa

juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación
con la causa petendi juzgada. […]» (Líneas de la Sala).
19 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».

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Jhon Jairo Guzmán Benítez quien alega la condición de representante judicial del
Ministerio de Justicia y del Derecho, ya que con su memorial de alegatos de
conclusión no se allegaron los soportes documentales que acrediten su calidad.

Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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