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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-01141-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-01141-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Declarar probada la excepción de cosa juzgada con efectos erga omnes respecto de la misma causa petendi abordada en el proceso con radicado 11001- 03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013). Segundo. Estarse a lo resuelto en la sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida dentro de la mencionada actuación por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Tercero. Sin condena en costas. Cuarto. Reconocer personería como apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la abogada Sandra Patricia Ramírez Alzate, portadora de la tarjeta profesional 118.925, de conformidad y en los términos del poder que le fue conferido y que obra en el índice 96 de SAMAI. Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2013-01141-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2013-01141-00 (2739-2013)
Demandante: Rubén Darío Pinilla Cogollo
Demandadas: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de
Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de la
Función Pública y Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

Temas: Pretensión de nulidad contra el Decreto 1102 de 2012. Cosa
juzgada con efectos erga omnes respecto de la misma causa
analizada en providencia del 19 de marzo de 2026. Estarse a lo
resuelto en sentencia anterior.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Como ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para
conocer del presente asunto,1 se procede a dictar sentencia de única instancia
dentro del proceso de nulidad promovido por el señor Rubén Darío Pinilla Cogollo,
quien actúa a través de apoderado, contra la Nación, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo
de la Función Pública y la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

ANTECEDENTES

1. El señor Rubén Darío Pinilla Cogollo instauró demanda2 con acumulación de
pretensiones en ejercicio de los medios de control de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho consagrados en los artículos 137 y 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, mediante proveídos del 9 de abril del año en curso entre otros procesos dentro de los
radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,2694-2023, 6334-2018; la sala declaró infundado el impedimento
manifestado por el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente, tras considerar frente
al proceso en curso que «si bien existe coincidencia entre las partes, no integran el mismo extremo procesal en
uno y otro proceso; no coincide el medio de control bajo el cual se tramitan ni la causa y objeto que se examina
en ellos».
2 Folios 93 a 129.

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01141-00 (2739-2013)

2. El 5 de diciembre de 2023,3 el conjuez sustanciador en su momento escindió la
demanda, por lo que ordenó remitir copia de esta a los juzgados administrativos de
Medellín para que se tramiten las pretensiones de carácter particular, y a la vez
continuar con el trámite en única instancia del medio de control de nulidad simple
que tiene las siguientes:

PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad del Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012, expedido
por el Gobierno Nacional, en la medida en que en sus artículos 1.º y 2.º modificó los
efectos de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 14 de diciembre de
2011 con la que anuló el Decreto 4040 de 2004, y, además, por cuanto en su artículo
3.º desconoció la facultad consultiva de la referida corporación judicial.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

4. Que el Consejo de Estado en sentencia del 14 de diciembre de 2011 declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004, al concluir que el único régimen salarial y
prestacional de los magistrados de tribunales y demás funcionarios con igual
jerarquía es el previsto en el Decreto 610 de 1998 que, entre otras, había creado a
favor de dichos servidores la bonificación por compensación.

5. Que los artículos 1 y 2 del Decreto 1102 de 2012 establecieron que, a partir del
27 de enero de 2012, los funcionarios beneficiarios de la bonificación por
compensación que ya la recibían, la percibirían en el equivalente a un 80% de lo
que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de las altas cortes.
Y en el artículo 3 de la referida norma se consagró que únicamente el Departamento
Administrativo de la Función Pública sería el órgano encargado de conceptuar en
materia salarial y prestacional.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

6. Consideró vulnerados: los artículos 13, 25, 53, 113, 116, 122 a 131, 150,
numerales 11 y 19, y 237 de la Constitución Política; 1, 2 y 15 de la Ley 4.ª de 1992;
11, 19, 125, 127 y 128 de la Ley 270 de 1996; 1.740 y 1.742 del Código Civil; 85 y
136, numeral 7 del Decreto 01 de 1984; y 112 numeral 1, 135, 137, 138 y 164
numeral 1.º, literal c).

7. Expresó que el acto administrativo demandado dispuso que los efectos de la
sentencia de nulidad del 14 de diciembre de 2012 con la que se anuló el Decreto
4040 de 2004 serían retroactivos, pero solo desde el 27 de enero de 2012 (día en

3 Folios 326 a 333.

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que quedó ejecutoriada dicha providencia), lo que implica que el pago de los dineros
por concepto de bonificación por compensación que en razón de la mencionada
decisión judicial se deben a los funcionarios judiciales beneficiarios, se tendrían que
liquidar igualmente desde esa fecha y no a partir de la vigencia del Decreto 610 de
1998 que era la norma que había creado dicho emolumento.

8. Añadió que las sentencias proferidas por los jueces tienen una naturaleza,
carácter, finalidades y efectos que están determinados en la constitución y en la ley,
especialmente en las normas procesales que se ocupan detalladamente del
protocolo del juicio. Manifestó que en el caso de las providencias que anulan actos
administrativos, los efectos están previstos de manera general para todas las ramas
del derecho en el artículo 1.746 del Código Civil que consagra que una anulación
mediante fallo judicial da a las partes la posibilidad de ser restituidas al mismo
estado en se encontraban como si no hubiese existido el acto o el contrato nulo.

9. Planteó que, como no existe norma que se oponga a este postulado, se
evidencia la ilegalidad el Decreto 1102 de 2012 al haber fijado los efectos de una
sentencia en desconocimiento de la mencionada disposición normativa. De hecho,
afirmó que el artículo 3.º del acto reprochado también se aparta del artículo 237 de
la Constitución Política y el 112 del CPACA que regulan las competencias del
Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del gobierno, ya que en el
aludido decreto se limitó esa competencia al Departamento Administrativo de la
Función Pública y se prohibió que cualquier otra institución pudiera conceptuar en
materia salarial y prestacional.

10. Finalmente aseguró que el Consejo de Estado en sentencia del 13 de marzo de
2013 (Sección Primera. Expediente No. 2008-256), determinó que un acto
normativo expedido por el Gobierno Nacional resulta ilegal cuando pretende
reglamentar una ley inexistente y además cuando interviene en la función judicial
con el propósito de regular una sentencia al fijarle sus efectos o significación de sus
contenidos jurídicos, tal como ocurrió con las disposiciones del decreto demandado.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

11. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público4 aseguró que en la
sentencia del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011 no se dispuso nada
en relación con la producción de sus efectos, por lo que la confrontación del Decreto
1102 de 2012 no se haría frente a una norma expresa, sino con la interpretación
que se haga respecto de la citada providencia.

12. Expresó que en la demanda se entiende como una verdad incontrovertible que
el mencionado fallo del Consejo de Estado tiene efectos retroactivos y que, por
tanto, el acto demandado no podía establecer fechas a partir de la cual se debía

4 Folios 207 a 216.

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01141-00 (2739-2013)

reconocer la bonificación por compensación. Sin embargo, consideró que aquella
no deja de ser solo la posición de la parte actora porque esta corporación en
sentencias del 17 de octubre de 1969, del 26 de abril de 1973 y del 9 de marzo de
1989, señaló que la declaratoria de nulidad de actos generales solo tiene efectos
“ex nunc” o hacia futuro, lo que hace que la norma demandada se ajuste a derecho,
más aún porque las disposiciones del Código Civil invocadas por la demandante
solo aplican a negocios jurídicos, no para actos administrativos.

13. Propuso como excepciones las de pleito pendiente entre las mismas partes y
sobre el mismo asunto, ineptitud de la demanda por indebida acumulación de
pretensiones, caducidad, ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales,
falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción y genérica.

14. La Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho5 manifestó que la finalidad
del Decreto 1102 de 2012 no es precisamente darle cumplimiento al fallo de nulidad
del Decreto 4040 de 2004, sino regular la bonificación por compensación para los
magistrados de tribunal y otros funcionarios en los términos señalados por la Ley 4
de 1992, para lo cual se introdujeron las modificaciones del caso en acatamiento a
toda una serie de pronunciamientos jurisprudenciales sobre la vigencia de la
normativa expedida en 1998, de manera que, los efectos del acto demandado no
podían ser retroactivos porque ello conllevaría a desconocer la regulación anterior,
que claramente deben ser futuros.

15. Afirmó que tampoco se desconoce la competencia consultiva del Consejo de
Estado al asegurar que el DAFP es el órgano encargado de conceptuar en materia
salarial, porque en realidad esta precisión se hace frente a las entidades de la Rama
Ejecutiva, no así sobre una Alta Corte que tiene unas competencias autónomas
fijadas expresamente por la ley que no pueden ser limitadas por esta disposición.

16. Propuso las excepciones de carencia de fundamento de las pretensiones de
nulidad del Decreto 1102 de 2012 y falta de legitimación material en la causa por
pasiva.

17. El Departamento Administrativo de la Función Pública6 adujo que el Decreto
1102 de 2012, lejos de fijar, limitar o condicionar los efectos de la sentencia del
Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011 que declaró la nulidad del Decreto
4040 de 2004, lo que hizo fue restablecer a partir de la ejecutoria del aludido fallo la
aplicación generalizada de la bonificación por compensación a efecto de nivelar y
unificar el ingreso de todos los funcionarios beneficiarios, en la medida en que previó
que todos aquellos que venían recibiendo la bonificación de gestión judicial
establecida en la norma anulada, volverían a percibir en adelante el primer
emolumento en cuantía del 80% de lo que por todo concepto devenguen

5 Folios 220 a 223.
6 Folios 265 a 286.

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anualmente los magistrados de las altas cortes.

18. Que la inconformidad de la parte actora no es realmente por lo que consagró el
Decreto 1102 de 2012, sino por lo que dejó de hacer, pues se pretende
desacertadamente que un decreto salarial, dictado en desarrollo de una ley marco
(4ª de 1992), resuelva y solucione una intrincada problemática procesal generada
por la aplicación de 2 regímenes salariales diferenciados como son el de la
bonificación por compensación y el de la bonificación de gestión judicial que
coexistieron durante un prolongado periodo (1998-2011), en la que además están
comprometidas situaciones jurídicas y laborales que están llamadas a ser
identificadas y tipificadas por las respectivas entidades empleadoras (Rama
Judicial, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y
Ministerio de Defensa), ya que estas son las únicas autoridades encargadas de
asumir eventualmente alguna responsabilidad.

19. Propuso las excepciones de inexistencia parcial del derecho, caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prescripción y genérica.

TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA

20. El 5 de julio de 20167 se admitió la demanda con acumulación de pretensiones
de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. El 5 de diciembre de 20238 se
escindió la demanda con el fin de mantener la competencia para resolver
únicamente las reclamaciones de nulidad simple y remitir las de contenido particular
a los juzgados administrativos de Medellín. El 8 de octubre de 20249 se resolvieron
las excepciones previas y el 2 de febrero de 202610 se avocó conocimiento del
asunto en el que se evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada en los
términos del artículo 182A del CPACA, por lo que se decretaron las pruebas, se fijó
el correspondiente litigio, y se corrió traslado para alegar de conclusión.

21. La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público11 ratificó los mismos
planteamientos de su contestación.

22. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial12 manifestó que no
expidió el Decreto 1102 de 2012 ni ostenta competencia constitucional o legal para
fijar el régimen salarial y prestacional de sus servidores, atribución que corresponde
de manera exclusiva al Gobierno Nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley 4ª de
1992. Adicionalmente argumentó que no se configura la causal de nulidad alegada
por presunto desconocimiento de la sentencia de 14 de diciembre de 2011, pues el
Decreto 1102 de 2012 no modificó ni restringió el contenido decisorio de dicha

7 Folios 184 a 185.
8 Folios 326 a 333.
9 Folios 335 a 344.
10 Índice 92 de SAMAI.
11 Índice 98 de SAMAI.
12 Índice 100 de SAMAI.

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providencia, sino que ejerció la competencia normativa atribuida al Ejecutivo para
establecer el marco jurídico salarial a partir de la ejecutoria del fallo.

23. La parte demandante13 expresó que, según el artículo 189 del CPACA, solo en
el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad es posible que el Consejo de
Estado fije los efectos del fallo, pues en los demás casos el ordenamiento jurídico
superior no lo faculta a separarse de los efectos legales de las providencias cuando
se trate de actos generales o particulares distintos, como es el Decreto 4040 del
2011, cuya ilegalidad se cuestionó en virtud del mecanismo del artículo 137 del
CPACA. Planteó que esto hace que, al haberse declarado su ilegalidad, las
consecuencias de dicha decisión judicial deben ser de carácter retroactivo (ex tunc),
de manera que el acto demandado tiene que ser retirado al disponer que la
sentencia se debe cumplir a partir de una fecha distinta de la que se expidió el acto
inicial de reconocimiento de la bonificación por compensación.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

24. Deberá resolver la Subsección si en este proceso se presentaron los mismos
hechos y fundamentos de derecho para alegar la nulidad del acto administrativo
demandado, en comparación con los analizados en el asunto con radicado 11001-
03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013), en el que se profirió una sentencia
ejecutoriada con anterioridad a este litigio, la cual fue denegatoria de la anulación
del Decreto 1102 de 2012. Esto a fin de establecer si se configuró el fenómeno de
cosa juzgada con efectos erga omnes exclusivamente respecto de esa misma causa
petendi, y si, por lo tanto, procede estarse a lo resuelto en ella.

25. En caso negativo, se establecerá si se encuentra viciada de nulidad la decisión
reprochada, al supuestamente haber modificado los efectos de la sentencia del
Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011 que anuló el Decreto 4040 de 2004
en lo relativo al reconocimiento de la bonificación por compensación de varios
funcionarios de la Rama Judicial, de la Fiscalía General de la Nación y de la
Procuraduría General de la Nación; así como por haber establecido que el
Departamento Administrativo de la Función Pública sería el único órgano facultado
para conceptuar en materia salarial y prestacional.

Marco normativo y jurisprudencial

Contenido de la decisión acusada

13 Índice 99 de SAMAI.

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26. El acto administrativo demandado en esta causa judicial corresponde al
Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012,14 el cual en su tenor literal consagra lo
siguiente:

«DECRETO 1102 DE 2012

(mayo 24)

por el cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de
Tribunal y otros funcionarios

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales
señaladas en la Ley 4ª de 1992,

DECRETA:

Artículo 1°. A partir del 27 de enero de 2012, la Bonificación por Compensación que vienen
percibiendo con carácter permanente los Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo
Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Magistrados Auxiliares de
las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema
de Justicia, Directores Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios
Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional y
Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios vinculados a la
Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera permanente
como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal, antes señalados,
equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás ingresos laborales iguale
al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de Estado, Corte Constitucional y
Consejo Superior de la Judicatura.

La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo constituye factor salarial
para efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema
General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003.

Parágrafo. En todo caso para tener derecho a la Bonificación por Compensación de que
trata el presente decreto se deberá reunir los requisitos constitucionales, legales y
reglamentarios para ejercer el cargo.

Artículo 2°. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004,
los servidores que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir
de la fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° del
presente decreto.
Artículo 3°. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente
para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse
esta competencia.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las
disposiciones que le sean contrarias, en especial del Decreto 877 de 2012. […]»

14 Folios 3 a 4.

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Sobre la cosa juzgada

27. La mencionada figura procesal de contenido sustancial corresponde a una
excepción que doctrinariamente se ha entendido como mixta, por cuanto en su
calidad de medio de defensa no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con
la inviabilidad de las pretensiones, o del derecho reclamado cuando su procedencia
ya ha sido analizada y juzgada, sino que también controvierte el proceso en sí
mismo desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con la habilitación del
juez para conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente a un conflicto
previamente resuelto.15

28. Al respecto, el artículo 189 de la misma normativa dispone que: «La sentencia
que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa
juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga
omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada […]». Esto ratifica que, al
anular un acto administrativo, esta decisión tendrá efectos generales, es decir, será
oponible a todos y en consecuencia no podrá efectuar un nuevo pronunciamiento
del acto que judicialmente fue retirado del ordenamiento jurídico.

29. Por el contrario, en el caso en que la decisión del proceso anterior haya sido
negativa, se observa que las consecuencias jurídicas de mantener la vigencia del
acto reprochado solo podrán ser generales cuando los hechos y fundamentos de la
nueva demanda sean los mismos que ya fueron analizados y resueltos en el litigio
primigenio.

Caso concreto

30. Inicialmente se advierte que esta misma Subsección a través de sentencia
ejecutoriada del 19 de marzo de 2026, emitida dentro del proceso de nulidad simple
con radicado 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013), negó las pretensiones
anulatorias respecto del acto administrativo que es objeto de demandada en la
presente actuación. Expresamente se indicó:

«[…] bajo la interpretación de la accionante, la norma demandada sería nula,
no por alguna de las causales previstas en el artículo 137 del CPACA, sino por
desconocer esencialmente una sentencia con la que se retiró del ordenamiento
jurídico por ilegal el Decreto 4040 de 2004.

35. Esto significa que, en realidad la demandante no buscaba promover un
control de legalidad abstracto sobre el decreto reprochado, sino cuestionar el
hecho de que con esa decisión se había incumplido un fallo judicial. Tal
supuesto lleva afirmar que como la confrontación del acto cuestionado no se
pretende realizar frente a la ley, sino en relación con la jurisprudencia, no podría

15 Esta noción ha sido planteada por esta misma Subsección en sentencias del 30 de enero de 2025 (3968-

2021), del 27 de febrero de 2025 (1174-2018), del 29 de mayo de 2025 (0875-2024), y del 13 de noviembre de
2025 (1925-2025).

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01141-00 (2739-2013)

accederse a las pretensiones anulatorias pues ninguna causal se configura para
dar al traste con su presunción de legalidad.

[…] 39. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala observa que, en todo caso, la parte
accionante sí hizo alusión a un precepto legal supuestamente desconocido por
el Decreto 1102 de 2012. Específicamente aseguró que con la decisión
cuestionada se vulneró el artículo 1.746 del Código Civil que consagra lo
siguiente: «[…] La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa
juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que
se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo
prevenido sobre el objeto o causa ilícita. […]»

40. Aun así, lo cierto es que dicha norma se refiere expresamente a los efectos
de la declaratoria de nulidad de un acto jurídico o de un contrato de naturaleza
civil entre dos particulares, tal como se deriva del artículo 1.740 del mismo
código. Por ese motivo, esa disposición no resulta aplicable al caso de la
anulación de los actos administrativos a través de un fallo proferido en el marco
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

41. Finalmente, en relación con la supuesta ilegalidad del Decreto 1102 de
2012 al haber establecido en su artículo 3.º la potestad excluyente del
Departamento Administrativo de la Función Pública como único órgano
consultivo en materia salarial, tampoco prospera dicho señalamiento, dado que
esa norma en nada modifica o altera la competencia constitucional y legal de la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en materia igualmente
consultiva. […]»

31. Pues bien, con base en lo anterior, la Sala encuentra configurada la excepción
de cosa juzgada porque en el proceso analizado con número interno 2639-2013, se
abordaron iguales pretensiones y se examinaron idénticos hechos y fundamentos
jurídicos a los que son materia de discusión en el presente litigio, tanto así que se
trata de una réplica exacta en todos los términos de redacción de la primera
demanda que dio origen a la referida actuación, en especial los mismos argumentos
de anulación que ya fueron objeto de pronunciamiento.

32. En consecuencia, pese a que en la referida sentencia del 19 de marzo de 2026
no se accedió a las pretensiones de nulidad, y, por tanto, el Decreto 1102 del 24 de
mayo de 2012 puede ser nuevamente demandado para cuestionar su legalidad, lo
cierto es que como los asuntos comparados en esta oportunidad comparten
exactamente la misma causa petendi, se concluye que, como lo contempla el
artículo 189 del CPACA, la primera decisión produjo efectos de cosa juzgada erga
omnes en lo que respecta al análisis de los sustentos de hecho y de derecho
previamente analizados, por lo que se ordenará estarse a lo resuelto en el fallo en
mención.

Condena en costas

33. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de

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Radicado: 11001-03-25-000-2013-01141-00 (2739-2013)

conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA16.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Declarar probada la excepción de cosa juzgada con efectos erga omnes
respecto de la misma causa petendi abordada en el proceso con radicado 11001-
03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013).

Segundo. Estarse a lo resuelto en la sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida
dentro de la mencionada actuación por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. Reconocer personería como apoderada del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público a la abogada Sandra Patricia Ramírez Alzate, portadora de la tarjeta
profesional 118.925, de conformidad y en los términos del poder que le fue conferido
y que obra en el índice 96 de SAMAI.

Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

16 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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