Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00399-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2014-00399-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2014-00399-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2014-00399-00 (1269-2014)
Demandante: Miguel Alfredo Ledesma Chavarro
Demandados: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros1
Tema: Bonificación por compensación. Cosa juzgada.
Decisión: Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 19 de marzo de
2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, radicado núm. 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-
2013).
I. ANTECEDENTES
1. Se promovió demanda contra distintos actos administrativos, en ejercicio de
los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho,
previstos en los artículos 137 y 138 del CPACA.
2. Mediante auto del 12 de enero de 2017 el conjuez sustanciador admitió el
medio de control2; en providencia del 23 de agosto de 2021, «escindió la demanda»,
por lo que ordenó remitir copia de esta a los juzgados administrativos de
Cundinamarca para que conocieran de las pretensiones contra los actos
administrativos de contenido particular. A su vez, dispuso seguir adelante con el
examen de nulidad propuesto contra el acto administrativo de carácter general.
Pretensión
3. Que se declare la nulidad del Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012,
expedido por el Gobierno nacional.
Concepto de violación
4. Se afirmó que el acto demandado fue expedido con desconocimiento de las
normas en que debía fundarse porque dispuso en sus artículos 1 y 2 que los efectos
1 Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de la Función Pública y
Procuraduría General de la Nación.
2 Se vincularon a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General
de la Nación por su eventual interés en las resultas del proceso.
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00399-00 (1269-2014)
Demandante: Miguel Alfredo Ledesma Chavarro
de la sentencia del 14 de diciembre de 2011, mediante la cual se anuló el Decreto
4040 de 2004, tendrían carácter retroactivo únicamente desde el 27 de enero de
2012, fecha de su ejecutoria. Según la demanda, ello implicaba que el pago de la
bonificación por compensación a favor de los funcionarios judiciales beneficiarios
debía liquidarse desde esa fecha y no desde la vigencia del Decreto 610 de 1998,
que creó ese emolumento.
5. También sostuvo que las decisiones judiciales tienen una naturaleza,
finalidades y efectos definidos por la Constitución y la ley, en particular por las
disposiciones que regulan el «protocolo del juicio». En ese marco, indicó que,
tratándose de providencias que anulan actos administrativos, el artículo 1746 del
Código Civil prevé para todas las ramas del derecho la posibilidad a las partes de
ser restituidas al mismo estado en que se encontraban, como si no hubiese existido
el acto o el contrato nulo.
6. Manifestó además que el artículo 3 del Decreto 1102 de 2012 desconoció los
artículos 237 de la Constitución Política y 12, numeral 1, del CPACA, que regulan
las competencias del Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del
Gobierno, ya que se limitó esa competencia al Departamento Administrativo de la
Función Pública y se prohibió que cualquier otra institución pudiera conceptuar en
materia salarial y prestacional.
7. Finalmente, añadió que el Consejo de Estado, en sentencia del 13 de marzo
de 2013, expediente 2008-256, determinó que un acto expedido por el Gobierno
nacional resulta ilegal cuando pretende reglamentar una ley inexistente y cuando
interfiere en la función judicial al regular una sentencia mediante la fijación de sus
efectos o del sentido de su contenido jurídico, como ocurrió con el decreto
demandado.
Contestaciones de la demanda
8. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardó silencio.
9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la sentencia del Consejo de
Estado del 14 de diciembre de 2011 no definió expresamente el alcance temporal
de sus efectos, de modo que el juicio de legalidad del Decreto 1102 de 2012 no
podía plantearse a partir de una norma expresa, sino de la interpretación que la
parte actora hacía de esa providencia.
10. Explicó que, aunque en la demanda se afirmaba que el mencionado fallo
de nulidad producía efectos retroactivos y que, por tanto, el acto demandado no
podía fijar la fecha a partir de la cual debía reconocerse la bonificación por
compensación, el Consejo de Estado en sentencias del 17 de octubre de 1969, 26
de abril de 1973 y 9 de marzo de 1989 afirmó que la declaratoria de nulidad de
actos generales produce efectos ex nunc o hacia el futuro. Añadió que, por esa
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razón, la norma demandada se ajustaba a derecho y que las disposiciones del
Código Civil invocadas en la demanda no resultaban aplicables, dado que regulan
negocios jurídicos y no actos administrativos.
11. Propuso las excepciones de inepta demanda por (i) indebida acumulación
de pretensiones, (ii) falta de agotamiento de la vía gubernativa, y (iii) ausencia de
agotamiento del requisito de procedibilidad; falta de legitimación en la causa por
pasiva; caducidad; y prescripción.
12. El Ministerio de Justicia y del Derecho expuso que la finalidad del
Decreto 1102 de 2012 no era dar cumplimiento a la sentencia que anuló el Decreto
4040 de 2004, sino regular la bonificación por compensación de los magistrados de
tribunal y otros funcionarios en los términos previstos en la Ley 4 de 1992. Añadió
que, para ese efecto, se introdujeron las modificaciones pertinentes en atención a
distintos pronunciamientos jurisprudenciales sobre la vigencia de la normativa
expedida en 1998, razón por la cual los efectos del acto demandado no podían ser
retroactivos, pues ello implicaría desconocer la regulación anterior.
13. Aseguró que tampoco se desconoció la competencia consultiva del
Consejo de Estado al señalar que el DAFP era el órgano encargado de conceptuar
en materia salarial y prestacional, pues esa precisión estaba dirigida a las entidades
de la Rama Ejecutiva y no a una alta corte cuyas competencias autónomas se
encuentran expresamente definidas por la ley y no podían ser limitadas por esa
disposición.
14. Propuso las excepciones de carencia de fundamento de las pretensiones
de nulidad del Decreto 1102 de 2012 y falta de legitimación en la causa por pasiva.
15. El Departamento Administrativo de la Función Pública (en adelante,
DAFP) se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que el Decreto
1102 de 2012 no tuvo por objeto limitar o condicionar los efectos de la sentencia
del Consejo de Estado del 14 de diciembre de 2011, mediante la cual se declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004, sino restablecer la aplicación general de la
bonificación por compensación a partir de la ejecutoria de ese fallo, con el fin de
nivelar y unificar el ingreso de los funcionarios beneficiarios.
16. En ese sentido, adujo que quienes recibían el emolumento previsto en la
norma anulada pasarían a percibir, en adelante, la bonificación por compensación
en una cuantía equivalente al 80 % de lo que por todo concepto devengaran
anualmente los magistrados de las altas cortes.
17. Mencionó que el artículo 3 del Decreto 1102 de 2012 no desconoció la
función consultiva del Consejo de Estado, porque la competencia atribuida al DAFP
se refería únicamente a la interpretación general de los decretos salariales y
prestacionales, sin desplazar las atribuciones asignadas a la Sala de Consulta y
Servicio Civil.
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18. Aclaró que la inconformidad de la parte actora no recaía propiamente sobre
lo dispuesto en el Decreto 1102 de 2012, sino sobre lo que este no reguló. En su
criterio, se pretende atribuir a un decreto salarial expedido en desarrollo de la Ley
4 de 1992 la solución de una problemática procesal derivada de la coexistencia de
dos regímenes salariales diferenciados: la bonificación por compensación y la
bonificación de gestión judicial.
19. Agregó que esa situación involucra relaciones jurídicas y laborales cuya
determinación corresponde a las entidades empleadoras competentes, estas son:
Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y
Ministerio de Defensa, por ser estas las llamadas a establecer su alcance y a
asumir, de ser el caso, las responsabilidades a que haya lugar.
20. En ese contexto, propuso las excepciones de inepta demanda, falta de
legitimación en la causa por pasiva, prescripción, caducidad, compensación y la
genérica.
21. La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación
solicitaron negar las pretensiones de la demanda, al considerar que la fijación del
régimen salarial y prestacional de sus empleados es competencia exclusiva del
Gobierno nacional, en virtud del artículo 1, literal b), de la Ley 4 de 1992, por lo que
actúan como ejecutoras de los actos administrativos correspondientes y carecen
de facultad para expedirlos.
22. La Procuraduría sostuvo, además, que la bonificación por compensación
no constituye factor salarial para efectos de la liquidación de prestaciones sociales,
por cuanto el Decreto 610 de 1998 dispone expresamente que dicho emolumento
solo tiene esa naturaleza para efectos de las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes de los magistrados de las Altas Cortes, sin que sea posible extender
ese tratamiento a otros funcionarios sin respaldo legal expreso.
23. Agregó que al demandante se le aplicó el régimen previsto en el Decreto
4040 de 2004 antes de su declaratoria de nulidad, lo que, a su juicio, configuró una
situación jurídica consolidada e impedía aplicar de manera retroactiva la
bonificación por compensación equivalente al 80 %, de conformidad con lo
señalado por el Consejo de Estado en sentencia del 28 de noviembre de 2012.
24. Finalmente, propuso la excepción de prescripción respecto de los derechos
reclamados con anterioridad al 30 de julio de 2010, por haber presentado el actor
la reclamación administrativa el 30 de julio de 2013.
25. La Fiscalía, por su parte, precisó que la bonificación por compensación solo
resulta exigible a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, esto es, desde el 27 de enero de 2012, conforme a la
sentencia de unificación del 16 de mayo de 2016 del Consejo de Estado, y que en
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cumplimiento de esa providencia reconoció y pagó al demandante dicha
bonificación mediante la Resolución 1102 del 25 de enero de 2012.
26. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y
la genérica.
Trámite en única instancia
27. En auto del 10 de septiembre de 2024, se declararon no probadas las
excepciones de caducidad, prescripción, inepta demanda y falta de legitimación en
la causa por pasiva, propuestas por las entidades demandadas.
28. Posteriormente, en auto del 11 de marzo de 2025, proferido por el conjuez
José Pablo Santamaría Patiño, se ordenó remitir el expediente de la referencia al
despacho de origen para que asumiera su trámite. Lo anterior, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 116 del CPACA, el cual señala que cuando se modifica la
integración de la Sala los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.
29. Mediante providencia del 13 de marzo de 2026, se advirtió la procedencia
de dictar sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA. En
consecuencia, se prescindió de las audiencias inicial y de pruebas; se decidió sobre
las aportadas y solicitadas; se fijó el litigio; y se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente.
Alegatos de conclusión
30. La parte actora reiteró que el Decreto 1102 de 2012 desconoció el régimen
salarial aplicable a los funcionarios beneficiarios de la bonificación por
compensación. Sostuvo que, con fundamento en el Decreto 610 de 1998 y en la
sentencia del 14 de diciembre de 2011 que anuló el Decreto 4040 de 2004, la
remuneración de esos servidores debía corresponder al 80 % de lo que por todo
concepto devengan anualmente los magistrados de las altas cortes, de modo que
el acto acusado alteró indebidamente ese régimen al fijar una fecha distinta para su
efectividad.
31. Del mismo modo, se opuso a la configuración de la prescripción y de la
caducidad, al considerar que las reclamaciones sobre derechos salariales de tracto
sucesivo pueden promoverse en cualquier tiempo.
32. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó negar las
pretensiones de la demanda. Precisó que no expidió el Decreto 1102 de 2012 ni
ostenta competencia para fijar el régimen salarial de sus servidores, atribución que
corresponde exclusivamente al Gobierno nacional en virtud de la Ley 4 de 1992,
razón por la cual comparece en el proceso no como autoridad demandada sino
como tercero con interés.
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33. Sostuvo que el Decreto 1102 de 2012 no desconoció la sentencia del 14 de
diciembre de 2011 ni restringió sus efectos, sino que, una vez retirado del
ordenamiento el Decreto 4040 de 2004, el Gobierno nacional ejerció su
competencia normativa para fijar el régimen salarial aplicable hacia el futuro y
mantuvo el porcentaje del 80% previsto en el Decreto 610 de 1998.
34. Añadió que la determinación de los efectos patrimoniales individuales
derivados de la declaratoria de nulidad es un asunto propio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, actualmente en trámite ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
precisado que la nulidad del Decreto 4040 de 2004 no conlleva, por sí sola, el
reconocimiento automático de diferencias salariales desde 1999.
35. Los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Justicia y del
Derecho reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
36. El Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó negar las
pretensiones de la demanda. En síntesis, sostuvo que el Decreto 1102 de 2012 no
restringió ni desconoció la sentencia del 14 de diciembre de 2011 que anuló el
Decreto 4040 de 2004, sino que se limitó a regular hacia el futuro el reconocimiento
de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, a partir
del 27 de enero de 2012, fecha de ejecutoria de aquella providencia.
37. Agregó que la tesis de la parte actora partía de una premisa equivocada,
consistente en asumir que la nulidad del Decreto 4040 de 2004 producía efectos
retroactivos desde 1998, pese a que la regla en materia de nulidad de actos
administrativos generales es que sus efectos operan hacia el futuro.
38. Explicó que la excepción a esa regla se presenta respecto de situaciones
jurídicas no consolidadas, esto es, aquellas que al momento de la declaratoria de
nulidad aún se encontraban en discusión ante la administración o la jurisdicción,
evento en el cual la sentencia de nulidad sí produce efectos retroactivos. Con base
en ese marco, concluyó que el Decreto 1102 de 2012 no modificó la regulación
anterior ni cambió la fecha desde la cual los funcionarios tenían derecho a la
bonificación por compensación, sino que simplemente ratificó que, a partir de la
ejecutoria de la sentencia, solo regiría el Decreto 610 de 1998.
39. Por su parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública y
la Fiscalía General de la Nación guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
40. De conformidad con lo previsto en el artículo 149 del CPACA, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en
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única instancia de la nulidad de los actos administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado
que cumplan funciones administrativas en el mismo orden. A su vez, el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento interno del Consejo de Estado, consigna que
la Sección Segunda está facultada para decidir los procesos de simple nulidad de
actos administrativos que versen sobre asuntos laborales.
Cuestión previa
41. El apoderado de la Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de
reposición contra el auto el 13 de marzo de 2026, mediante el cual se dictó trámite
de sentencia anticipada. Sin embargo, materialmente no interpuso ningún reproche
contra esa decisión, sino que puso de presente que esta Corporación había emitido
sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que se inició como consecuencia de la «escisión de la demanda» ordena
en la providencia del 23 de agosto de 2021.
42. Así las cosas, en virtud del principio de economía procesal, la Sala
prescindirá de tramitar este recurso porque no se cuestiona lo decido en el auto que
ordenó impartir a este proceso trámite sentencia anticipada, sino que se puso de
presente que las pretensiones de restablecimiento de derechos «escindidas» y
tramitadas en otro proceso ya fueron resultas de manera definitiva por esta
Corporación. Lo anterior no se opone al estudio objetivo de simple nulidad que se
realiza en este asunto.
Problema jurídico
43. La Sala deberá determinar si el Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012 se
encuentra viciado de nulidad por haber modificado los efectos de la sentencia del
14 de diciembre de 2011, proferida por el Consejo de Estado, mediante la cual se
anuló el Decreto 4040 de 2004 en lo relativo al reconocimiento de la bonificación
por compensación a favor de distintos funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía
General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, así como por haber
atribuido exclusivamente al DAFP la facultad de conceptuar en materia salarial y
prestacional.
44. No obstante, antes de abordar el problema jurídico formulado, se verificará
si en este caso se configura la cosa juzgada, en atención a una reciente providencia
emitida por esta Sala de Decisión en la que se estudió la legalidad del decreto
demandado en este proceso frente a los mismos cargos.
Análisis del problema jurídico
45. La Sala declarará la configuración de la cosa juzgada relativa porque
mediante sentencia proferida el 19 de marzo de 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso núm. 11001-03-25-000-2013-
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01117-00 (2639-2013), se resolvió la legalidad del Decreto 1102 del 24 de mayo de
2012 frente a los mismos cargos que sustentan la presente demanda. En
consecuencia, se estará a lo resuelto en esa providencia.
Sobre el fenómeno jurídico de cosa juzgada
46. La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual las
decisiones judiciales adquieren carácter inmutable, vinculante y definitivo. Este
fenómeno impide que el juez conozca de una nueva controversia al advertir que la
misma fue resuelta previamente por otra autoridad judicial competente, mediante
decisión en firme.
47. Esta figura tiene por finalidad garantizar el principio de seguridad jurídica,
en cuanto asegura la estabilidad de las decisiones judiciales, evita la reiteración
indefinida de litigios sobre un mismo asunto y delimita la competencia del juez para
emitir un nuevo pronunciamiento de mérito. En tal sentido, la cosa juzgada cumple
una función negativa, consistente en prohibir a los funcionarios judiciales conocer,
tramitar y decidir sobre lo ya resuelto, y una función positiva, orientada a dotar de
estabilidad a las relaciones jurídicas.
48. Para que una decisión judicial adquiera el carácter de cosa juzgada se
requiere: (a) Identidad de partes, esto es, al proceso deben concurrir las mismas
partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la decisión que
constituye cosa juzgada. (b) Identidad de causa petendi, entendida como la
coincidencia de los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda y de la decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada; (c) Identidad de objeto, lo que implica que la
demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual
se predica la cosa juzgada.
49. Asimismo, la jurisprudencia ha precisado que el requisito de la identidad de
parte demandante no resulta aplicable a los procesos de nulidad simple en la
medida en que no se promueve la defensa de un interés particular sino del
ordenamiento jurídico en general3. En efecto, todos los ciudadanos están
legitimados para interponer demandas en defensa del ordenamiento jurídico como
manifestación del derecho fundamental a la participación política, establecido en el
artículo 40 de la CP. Por ende, para declarar la cosa juzgada, no se requiere
identidad de partes, sino que sea el mismo acto o disposición normativa
demandada.
50. Por otra parte, el artículo 189 del CPACA dispone que: «La sentencia que
[…] niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en
relación con la causa petendi juzgada». Ello significa que, cuando se niega la
nulidad de un acto administrativo, los efectos de la cosa juzgada son relativos, pues
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 3 de
abril de 2025, radicado 11001-0324-000-2016-00539-00.
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se circunscriben a los fundamentos de hecho y de derecho que fueron objeto de
estudio.
51. En ese marco, aunque el acto administrativo conserva su presunción de
legalidad y no puede ser demandado nuevamente con fundamento en los mismos
cargos ya resueltos, sí puede ser objeto de control judicial cuando se invoquen
causales o vicios distintos a los previamente examinados. La prohibición de
promover un nuevo proceso opera únicamente respecto de la materia juzgada,
«entendida como la coincidencia entre el acto cuestionado y los argumentos
fácticos y jurídicos que sustentaron la decisión inicial -causa petendi-»4, sin que ello
impida que el mismo acto pueda ser demandado por cargos diferentes.
52. En el presente caso se advierte que la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 19 de marzo de 2026, emitida dentro del proceso
de simple nulidad núm. 11001-03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013), resolvió la
legalidad del Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012 frente a los mismos cargos que
sustentan la demanda del proceso de la referencia.
53. Las principales consideraciones expuestas en la sentencia citada se
sintetizan así:
(i) El medio de control de simple nulidad tiene naturaleza objetiva y persigue
la preservación del orden jurídico. Por ello, en su trámite se adelanta un juicio
abstracto de legalidad en el que corresponde a la parte demandante señalar las
normas que estima vulneradas y exponer el concepto de su violación, con el fin de
desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo acusado.
(ii) Bajo esa premisa, se advirtió que la demandante no pretendía realmente
promover un control abstracto de legalidad sobre el Decreto 1102 de 2012, sino
reprochar que con su expedición se habría desconocido la sentencia del 14 de
diciembre de 2011. En consecuencia, se concluyó que la confrontación propuesta
no se formulaba frente a la ley, sino frente a la jurisprudencia, de manera que no se
estructuraba ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 137 del
CPACA.
(iii) También se precisó que el decreto demandado no constituía un acto de
ejecución de la providencia del 14 de diciembre de 2011, por lo que tampoco podía
considerarse que la fijación de la fecha de efectividad para el reconocimiento y pago
de la bonificación por compensación correspondiera a una manifestación adicional
de lo resuelto en esa providencia que configurara un acto nuevo susceptible de
control judicial.
(iv) En esa misma línea, se indicó que el Decreto 1102 de 2012 se limitó a
disponer que, a partir de su ejecutoria, se pagará la bonificación por compensación
4Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 25 de noviembre de 2025, radicado 11001-03-26-000-2023-00176-00 (70580).
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00399-00 (1269-2014)
Demandante: Miguel Alfredo Ledesma Chavarro
en una cuantía que equiparara lo recibido al 80 % del valor devengado anualmente
por todo concepto por los magistrados de las altas cortes. De manera que el acto
demandado no creó un derecho nuevo ni alteró lo que se había establecido en el
Decreto 610 de 1998.
(v) Asimismo, se afirmó que el acto enjuiciado materializó las consecuencias
derivadas de la anulación del Decreto 4040 de 2004, sin que ello implicara el
cumplimiento de una orden judicial, dado que la sentencia del 14 de diciembre de
2011 no impuso condena alguna a cargo del Gobierno nacional. Por esa razón, se
concluyó que el Decreto 1102 de 2012 no modificó los efectos de dicha providencia,
pues estos se encuentran definidos por el ordenamiento jurídico y, en particular,
por el artículo 189 del CPACA.
(vi) De otra parte, se consideró que el artículo 1746 del Código Civil no
resultaba aplicable al caso, pues esa disposición regula los efectos de la
declaratoria de nulidad de actos jurídicos o contratos de naturaleza civil entre
particulares, según se desprende del artículo 1740 ibidem, y no la anulación de
actos administrativos en el marco de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
(vii) En relación con el artículo 3 del Decreto 1102 de 2012, se señaló que este
no modificó ni derogó las disposiciones superiores invocadas por la demandante,
sino que se limitó a atribuir al DAFP la facultad de conceptuar en materia salarial y
prestacional de manera preferente respecto de las demás entidades de la Rama
Ejecutiva. En esa medida, al no afectar las atribuciones propias del Consejo de
Estado ni de otras autoridades judiciales, no se configuraba una ilegalidad
susceptible de anulación.
(viii) Finalmente, se precisó que, al negarse las pretensiones de nulidad
formuladas contra el Decreto 1102 de 2012, la decisión produciría efectos de cosa
juzgada erga omnes, pero únicamente en relación con los hechos y fundamentos
expuestos en la demanda y juzgados en esa oportunidad, de conformidad con el
inciso 1 del artículo 189 del CPACA.
54. En el presente asunto, por tratarse de un proceso de simple nulidad, la
identidad de objeto se verifica con la similitud de la pretensión sobre la cual radica
la demanda, esto es, sobre la declaratoria de nulidad del Decreto 1102 del 24 de
mayo de 2012, mismo que fue sometido a control judicial y ya se profirió la sentencia
del 19 de marzo de 2026.
55. Igualmente, se advierte identidad de causa petendi, pues en ambos
procesos el reproche se sustentó en que el Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012
fue expedido con desconocimiento de las normas en que debía fundarse, por
cuanto, de una parte, habría modificado los efectos de la sentencia del Consejo de
Estado del 14 de diciembre de 2011, mediante la cual se anuló el Decreto 4040 de
2004 en lo relacionado con el reconocimiento de la bonificación por compensación
a favor de funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00399-00 (1269-2014)
Demandante: Miguel Alfredo Ledesma Chavarro
Procuraduría General de la Nación y, de otra, porque su artículo 3 habría atribuido
exclusivamente al DAFP la facultad de conceptuar en materia salarial y
prestacional.
56. En consecuencia, toda vez que esta Sala de decisión mediante sentencia
del 19 de marzo de 2026 negó la legalidad del Decreto 1102 del 24 de mayo de
2012 frente a los mismos cargos que sustentan la presente demanda, debe
declararse configurada la cosa juzgada.
57. En efecto, una vez decidida la legalidad del acto administrativo acusado
frente a una determinada causa petendi, no resulta jurídicamente posible adelantar
un nuevo juicio de legalidad sobre esos mismos cargos. Ello, sin embargo, no
impide que el acto pueda ser demandado nuevamente por fundamentos de censura
distintos.
Condena en costas
58. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma no
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos.
59. En este contexto, el artículo 188 del CPACA establece que, por regla
general, no habrá condena en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de
interés público; y que, excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este
escenario cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal.
La norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de lo
particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de derechos
subjetivos en favor de un sujeto determinado.
60. En el caso concreto, se tiene que la demanda fue incoada en ejercicio del
medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera particular a la general
al abordar asuntos de interés común que pueden ser promovidos por cualquier
persona y no persigue el reconocimiento de derecho subjetivo alguno.
Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya carecido manifiestamente de
fundamento legal. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en el
presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
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Radicación: 11001-03-25-000-2014-00399-00 (1269-2014)
Demandante: Miguel Alfredo Ledesma Chavarro
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
Primero. DECLARAR configurado el fenómeno de cosa juzgada de conformidad
con lo expuesto en esta providencia.
Segundo. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado núm. 11001-
03-25-000-2013-01117-00 (2639-2013).
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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