Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-01059-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-01059-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2015-01059-00
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
24 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Expedientes Nros.: 11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015)
11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
Demandantes: Harold Ocampo Camacho y Martín Emilio Rodríguez
Cortés
Demandados: Nación / Ministerio de Hacienda y Crédito Público /
Ministerio de Defensa Nacional / Ejército Nacional /
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
Decisión: Negar las pretensiones de las demandas
acumuladas
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. El Consejo de Estado, a través de la Sección Segunda, Subsección B,
procede a emitir sentencia de única instancia en la presente causa judicial,1 que
acumula dos demandas de Nulidad contra el artículo 16 del Decreto
Reglamentario 4433 de 2004, proferido por el señor Presidente de la
República para «fija[r] el régimen pensional y de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública», en desarrollo de la Ley Marco 923 del mismo
año.2
I.- TEXTO DE LA NORMA REGLAMENTARIA DEMANDADA
2. Para la mejor compresión del asunto en estudio, a continuación la Sala
trascribe la norma reglamentaria demandada, artículo 16 del Decreto
Reglamentario 4433 de 2004,3 subrayándose la expresión acusada:
«Artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los
soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo, con
veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al
setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1,
adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima
de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior
a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes».
(Subrayado de la Sala).
1
Con informe de la Secretaría de 13 de mayo de 2021 que obra a folio 218 del expediente.
2
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
3
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
II.- ARGUMENTOS DE LAS DEMANDAS ACUMULADAS
3. Para los demandantes, el requisito de «veinte (20) años de servicios»
exigido por el artículo 16 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004,4 para el
reconocimiento de la asignación de retiro a los soldados profesionales, debe
ser eliminado del ordenamiento jurídico por las siguientes razones:
3.1. Porque al establecer esa exigencia, sin contemplar un régimen de
transición a favor de los soldados profesionales activos al momento de
entrar a regir la Ley Marco 923 de 2004,5 el Gobierno Nacional se excedió
en el ejercicio de la «potestad reglamentaria», ya que, según los
demandantes, el artículo 3.1.2. de la referida Ley Marco señala, que para fijar
el régimen de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública,
activos a la fecha de entrada en vigencia de la norma marco, el Gobierno
debía tener en cuenta los siguientes dos criterios: (i) que no se podía exigir
un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes en ese
momento, y (ii), que en todo caso el tiempo de servicio exigido no podía ser
inferior a 15 años. Entonces, según la demanda, como a la fecha de entrar a
regir la Ley Marco 923 de 20046 no existía norma vigente que regulase lo
relacionado con la asignación de retiro de los soldados profesionales, el
requisito de tiempo de servicio a fijarse en el decreto demandado para dicho
reconocimiento, a juicio de los demandantes -sin mayores explicaciones al
respecto-, debió ser de 15 o 18 años, y no como se previó en la norma
demandada, una exigencia de 20 años de servicios. Razón por la cual,
considera que el Ejecutivo desbordó los límites materiales demarcados por el
legislador en la Ley Marco 923 de 2004.7
3.2. Porque el aparte normativo demandado desconoce el principio de
equidad, así como los derechos a la igualdad y a la seguridad social, de
los soldados profesionales «activos» al momento de entrar a regir la Ley
Marco 923 de 2004,8 ya que, en virtud de la norma demandada, se les exige
20 años de servicio para acceder al reconocimiento de la asignación de retiro;
mientras que a los demás uniformados de la Fuerza Pública «activos» a la
fecha de expedición de la citada ley marco, esto es, Oficiales y Suboficiales
de la Policía Militar y las Fuerzas Militares, solo se les exigen 15 años de
servicios para el reconocimiento prestacional, pues, al momento de entrar en
vigencia la Ley Marco, los Decretos 12119 y 1212 de 1990,10 que regulaban
el «estatuto de personal» de la Policía Militar y las Fuerzas Militares,
respectivamente, exigían 15 años para reconocer el derecho a la asignación
de retiro.
4
Ib.
5
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
6
Ib.
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Ib.
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Ib.
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Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares.
10
Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
III.- OPOSICIÓN
4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público,11 el Ministerio de Defensa
Nacional12 y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL),13 se
opusieron a la demanda esgrimiendo para el efecto los siguientes
argumentos:
4.1. En lo atinente al primer reparo formulado contra el aparte normativo
demandado, sostuvieron: (i) que el Decreto Reglamentario 4433 de 2004,14
fue expedido por el Gobierno Nacional en desarrollo de la competencia que
de manera permanente le confiere la Constitución en sus artículos 150 y 189,
para reglamentar y/o desarrollar las leyes en general, incluidas las leyes
marco, expedidas por el Congreso de la República en materia de salarios y
prestaciones sociales de los empleados públicos civiles y de los miembros de
la Fuerza Pública, como lo son los soldados profesionales; (ii) que el artículo
16 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004,15 al exigir 20 años de servicios
para reconocer la asignación de retiro a los soldados profesionales, no
desborda el contenido material de la Ley Marco 923 de 2004,16 ya que esta
señala en el inciso segundo del ordinal 3.1, que uno de los criterios que debía
tener en cuenta el Gobierno Nacional para fijar el régimen de asignación de
retiro de los soldados profesionales, era que el tiempo de servicio requerido
no podía ser «inferior» a 15 años, por lo que el Ejecutivo podía exigir un tiempo
«superior»; y (iii) que la citada Ley Marco 923 de 2004,17 prevé en el ordinal
3.9, un régimen de transición que mantuvo los tiempos de servicio mínimos
exigidos para acceder al derecho de asignación de retiro para el personal de
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Fuerza
Pública que se encontraran en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de dicha ley, esto es, 20 años cuando el retiro se produce por
voluntad propia y 15 años por cualquier otra causal.
4.2. En relación con el argumento atinente al desbordamiento de la potestad
reglamentaria al establecer el requisito de «veinte (20) años de servicios»
contemplado por el artículo 16 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004,18
para el reconocimiento de la asignación de retiro a los soldados profesionales,
sin prever un régimen de transición, adujo que contrario a ello, la disposición
acusada mantuvo la condición de 15 años para el personal «activo» que
11
Folios 36 a 39 del cuaderno principal del expediente primigenio y folios 112 a 117 del expediente
acumulado.
12
Folios 40 a 52 del cuaderno principal del expediente primigenio y folios 118 a132 del expediente
acumulado
13
En la contestación de la demanda, obrante a folios 88 a 94 del expediente primigenio.
14
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
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Ib.
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Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
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Ib.
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Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
tuviera ese tiempo de servicios a la entrada en vigencia del decreto acusado,
de manera que ampara derechos adquiridos, más no simples expectativas.
4.3. En cuanto al segundo cargo contra el segmento normativo demandado,
manifestaron que no se vulneran los derechos a la igualdad y seguridad
social, ni el principio de equidad, puesto que: (i) el Sistema General de
Seguridad Social admite la existencia de un régimen especial de pensiones y
de asignación de retiro exclusivamente dirigido a los miembros de la Fuerza
Pública y que, por consiguiente, dicho sistema debe estar regulado por
disposiciones diferentes a las que constituyen el régimen general previsto en
la Ley 100 de 1993;19 (ii) en la Fuerza Pública existe una pluralidad de grados,
rangos, «fuerzas» y «armas», por lo tanto, las diferencias en la manera como
se regulan los requisitos para acceder a la asignación de retiro de los
uniformados, no constituye «per se» un trato desigual, en atención a las
circunstancias específicas de cada grupo de efectivos.
4.4. Sobre la vulneración del derecho a la igualdad, sostiene que de acuerdo
con la sentencia C-057 de 2010 -a propósito de una demanda de
inconstitucionalidad en la cual se demandaron varias normas sobre el subsidio de
vivienda de la Fuerza Pública por la supuesta discriminación entre los distintos
mandos como son los soldados profesionales, los oficiales y suboficiales- la Corte
Constitucional concluyó que, para que el trato diferenciado no constituya
discriminación deben cumplirse las siguientes condiciones: (a) la ocurrencia
de hechos que impliquen un trato distinto; (b) que la decisión de tratar de
manera diferente a unos y otros se base en un fin aceptado
constitucionalmente; y (c) que la consecución de dicho fin sea posible y
adecuada por los medios propuestos. En consecuencia, según las
mencionadas entidades, la diferenciación establecida en la disposición
acusada, no puede considerarse discriminatoria, puesto que -como se indicó-
ésta obedece a las funciones y la mayor responsabilidad que tienen los
oficiales y suboficiales respecto de los soldados profesionales.
IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
5. El Ministerio Público rindió concepto a través de su Procurador Tercero
Delegado ante esta Corporación,20 quien solicita se acceda a la pretensión
de nulidad de la expresión «o sean retirados del servicio con veinte (20) años de
servicios» prevista en el artículo 16 del Decreto Reglamentario 4433 de
2004,21 por las siguientes razones:
5.1. El Gobierno Nacional excedió la facultad reglamentaria, al prever el
señalado requisito de tiempo, «sin distinción entre quienes ingresen con
posterioridad a la vigencia de la Ley 923 de 2004 y aquellos que ya venían
vinculados», pues, es claro que la citada ley consagró como tiempo mínimo
para que los miembros de la Fuerza Pública accedieran a una asignación de
retiro, 18 años (numeral 3.1 del artículo 3º), incluidos los soldados
profesionales; a diferencia del artículo 16 del Decreto Reglamentario 4433 de
19
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
20
Visible a índice 62 de SAMAI en el expediente primigenio.
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Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
2004,22 que contempló el requisito de tiempo de servicio de 20 años para los
soldados profesionales, razón por la cual, modificó de manera desfavorable
la situación jurídica del personal «activo» a la fecha de rigor de la norma
reglamentaria, respecto de los demás integrantes de la Fuerza Pública que
no fue prevista por la Ley Marco 923 de 2004.23
5.2. Se configura una vulneración del derecho a la igualdad de los soldados
profesionales «activos» al momento de entrar a regir la Ley Marco 923 de
2004,24 toda vez que, si bien existen diferencias entre los soldados
profesionales con relación a los demás miembros de las Fuerzas Militares
(Oficiales y Suboficiales, e incluso personal civil) referidas a la diversidad de
rangos, mando, formación y responsabilidades, que justifican una diferencia
de trato, verbigracia, en materia de salarios, primas, bonificaciones, entre
otros, no es razonable ni ajustado a ningún fin constitucional, el tratamiento
distinto en cuanto al requisito temporal para el reconocimiento de la
asignación de retiro, cuando justamente dicha normativa no lo hizo cuando
fijó los parámetros para su expedición.
V.- CONSIDERACIONES
6. Como se expuso al fijar el litigio, los cargos, reparos o censuras
expuestos por los demandantes, así como los motivos de oposición aducidos
por la parte demandada, encuentra la Sala que los problemas jurídicos a
resolverse en este proceso consisten en:
1.- PROBLEMAS JURÍDICOS
1.1. ¿El Gobierno Nacional se extralimitó en el ejercicio de su «potestad
reglamentaria» cuando, al desarrollar la Ley Marco 923 de 2004,25 a través del
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004,26 previó una exigencia de 20 años de
servicios, para el reconocimiento de la asignación de retiro a los soldados
profesionales, sin contemplar un régimen de transición?
1.2. En caso de que el anterior problema jurídico sea resuelto de manera
negativa, corresponderá a la Sala definir si el artículo 16 del Decreto
reglamentario 4433 de 2004,27 al prever la exigencia de «veinte (20) años de
servicios» para el reconocimiento de la asignación de retiro a los soldados
profesionales, vulnera el principio de equidad, así como los derechos a la
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Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
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Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
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Ib.
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Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
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Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
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Ib.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
igualdad y seguridad social de los soldados profesionales «activos» al
momento de entrar a regir la Ley Marco 923 de 2004,28 frente a los demás
uniformados de la Fuerza Pública.
2.- ESTUDIO y RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS
2.1.- PRIMER PROBLEMA JURÍDICO: ¿El Gobierno Nacional se
extralimitó en el ejercicio de su «potestad reglamentaria» cuando, al
desarrollar la Ley Marco 923 de 2004,29 a través del artículo 16 del
Decreto 4433 de 2004,30 previó una exigencia de 20 años de servicios,
para el reconocimiento de la asignación de retiro a los soldados
profesionales, sin consagrar un régimen de transición?
7. Con el propósito de resolver el primer problema jurídico propuesto, a
continuación se analizarán los siguientes ítems: (i) concepto, límites y
características de la potestad reglamentaria; (ii) la situación pensional (de
asignación de retiro) de los soldados profesionales al momento de expedirse
la Ley Marco 923 de 2004;31 (iii) elementos mínimos del régimen de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, según la Ley
Marco 923 de 2004;32 (iv) estudio de la norma reglamentaria demandada; y
(v) pronunciamiento de la Sala de decisión.
2.1.1.- Concepto, límites y características de la potestad reglamentaria
8. En nuestro ordenamiento jurídico, la «potestad reglamentaria» es una
función administrativa que comprende una atribución constitucional propia del
Presidente de la República, en virtud de la cual, el primer mandatario está
autorizado para expedir normas de carácter general e impersonal, cuya
naturaleza es la de actos administrativos que reciben el nombre de decretos
reglamentarios, que tienen como propósito propender por la correcta
ejecución, cumplimiento y eficacia de las leyes, esto es, «dar vida práctica a la
ley»,33 «convertir en realidad el enunciado abstracto de la ley».34
9. Al respecto, el artículo 189.11 de la Constitución señala, que
«Corresponde al presidente como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema
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Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
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Ib.
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Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
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Ib.
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Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
33
Consejo de Estado, Sala Unitaria de lo Contencioso Administrativo. Auto de 14 de junio de 1963.
M. P. Alejandro Domínguez Molina. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P.
Bertha Lucía Ramírez de Páez. Radicación 11001-03-25-000-2010-000235-00(1973-10); Consejo de
Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente Luis Rafael Vergara Quintero, radicación 11001-03-
25-000- 2010-00240- 00(2019-10) de julio 6 de 2015; Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia
de 15 de julio de 1994, proferida en el exp. 5393, Consejero Ponente Guillermo Chahín Lizcano
34
Sentencia C-1005 de 2008, con ponencia del Magistrado Humberto Sierra Porto.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
Autoridad Administrativa: […] 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida
ejecución de las leyes».
10. Así pues, a través de la «potestad reglamentaria» se desarrollan las
reglas generales contenidas en la legislación, se explicitan sus contenidos,
hipótesis y supuestos, y se indica la manera de cumplirla, es decir, la forma
de hacerla operativa. Ello por cuanto, si bien el legislador puede llegar a ser
muy minucioso, preciso y claro, y por consiguiente, la tarea del Ejecutivo de
reglamentar la ley se minimiza, a veces, puede suceder lo contrario, es decir,
que el Congreso no sea tan prolijo en los textos legales, dejando al Gobierno
Nacional el detalle.
11. Sobre las notas esenciales de la «potestad reglamentaria», la Corte
Constitucional ha afirmado, que es «una atribución constitucional inalienable,
intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo
y, es irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable para la que la
Administración cumpla con su función de ejecución de la ley»;35 a su vez, el
Consejo de Estado ha señalado, que su finalidad es «permitir la ejecución de la
ley, esta facultad no apareja la interpretación, modificación, limitación o ampliación
de los contenidos legislativos, como tampoco el modo de encuadrar las distintas
situaciones jurídicas en los supuestos que contiene».36
12. Ahora bien, la «potestad reglamentaria» no es absoluta, pues, está sujeta
a ciertos límites, que no son otros que los que la Constitución y la ley misma
imponen, ya que: (i) no puede el Gobierno Nacional, so pretexto de
reglamentar la legislación, contrariar los postulados, pilares, valores,
principios y derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, y (ii)
tampoco le es permitido al Ejecutivo, al momento de desarrollar una ley,
ampliar, restringir, suprimir, alterar o modificar su espíritu o contenido. 37
13. En suma, según el Consejo de Estado, las características o rasgos
distintivos de la potestad o facultad reglamentaria, son las siguientes:38
• Conlleva el ejercicio de una función administrativa.39
35
Sentencia C-028 de 1997, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero.
36
Sentencia C-028 de 1997, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero.
37
Corte Constitucional. Sentencia C-302 de 1999. Sobre el particular se pueden consultar, entre otras,
las sentencias C-557 de 1992, C-028 de 1997, C-432 de 2004, C-1262 de 2005, C-953 de 2007, C-
372 de 2009 y C-810 de 2014.
38
En el Concepto de 19 de septiembre de 2017, proferido en el exp 2016-220(2318), la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Germán Bula Escobar,
el Consejo de Estado estudió y explicó las notas esenciales de la facultad reglamentaria del Gobierno
Nacional.
39
«El numeral 11 del artículo 189 C.P. atribuye la potestad reglamentaria al Presidente de la
República como Suprema Autoridad Administrativa, por lo que su ejercicio corresponde al
cumplimiento de una función administrativa que se sujeta, por definición, a la observancia de normas
superiores como son la Constitución Política y la ley». Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil. Concepto del 21 de agosto de 2014. Radicación número: 11001-03-06-000-2014-000120-
00(2213).
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• Tiene como propósito precisar y detallar la ley para que de esta forma
pueda ejecutarse adecuadamente.40
• Finaliza con la expedición de actos de carácter general y abstracto,41 los
cuales, cuando son dictados por el señor Presidente de la República,
reciben el nombre de decretos reglamentarios.
• El acto que resulta de su ejercicio, es decir, el decreto reglamentario, no
es una nueva ley, sino un acto administrativo complementario de esta.42
• Promueve la organización y el funcionamiento de la administración.43
• Representa un mecanismo de colaboración entre los poderes legislativo y
ejecutivo.44
• Facilita la inteligencia y entendimiento de la ley por parte de la
administración y los administrados.45
• No puede ejercerse en el caso de materias que deben necesariamente
regularse a través de una ley.46
• Al ser una atribución otorgada constitucionalmente al Presidente de la
República, en su calidad de primera autoridad administrativa, no necesita
de norma legal expresa que la confiera, ni puede ser limitada en cuanto a
la materia y el tiempo en que pueda utilizarla, mientras continúe vigente la
norma legal a reglamentar; por ello, esta facultad no es susceptible de
renuncia, transferencia o delegación por el Gobierno Nacional a otro
órgano del Estado.
• Además, el Presidente de la República no requiere autorización por parte
del Legislador para el ejercicio de su facultad reglamentaria, de manera
que si éste establece en la ley que el mismo reglamentará la materia, dicha
indicación debe entenderse simplemente como el reconocimiento de que
para su efectivo cumplimiento es necesaria la expedición de una
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 9 de
marzo de 2016. Radicación número: 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312)A. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 18 de febrero de 2016.
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00018-00.
41
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de abril de 2015. Radicación
número: 11001-03-06-000-2014-00174-00 (2223). Corte Constitucional. Sentencia del 1 de agosto
de 2001, C-805-01.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 6 de
junio de 2013. Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00284-00.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 9 de
marzo de 2016. Radicación número: 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312)A.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 10 de
septiembre de 2015. Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00054-00(21025).
45
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 21 de agosto de 2014.
Radicación número: 11001-03-06-000-2014-000120-00(2213).
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 12 de
marzo de 2015. Radicación número: 11001-03-26-000-2008-00060-00(2174-12).
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
reglamentación, bajo el concepto de colaboración armónica que sustenta
la estructura y el funcionamiento del Estado.
• No es absoluta, en virtud de encontrarse limitada. En este sentido, la
jurisprudencia ha señalado que no es posible ejercer la potestad
reglamentaria cuando se trate de una ley que incorpore disposiciones
precisas y claras que no requieren de una regulación adicional para su
ejecución (límite por necesidad).47 Asimismo se ha indicado que entre más
detallada sea la norma expedida por el legislador, menor será el ámbito
de acción de la administración para reglamentar la norma. Igualmente,
entre menos detallada sea la ley, mayor será el campo de actuación del
Ejecutivo.48 Con todo, el límite más importante para el ejercicio de la
potestad reglamentaria es su subordinación a la ley,49 tanto desde el punto
de vista jerárquico50 como sustancial. En consecuencia, a través de la
potestad reglamentaria no es posible ampliar, restringir, modificar o
contrariar la norma promulgada por el legislador (límite por competencia),51
así como tampoco limitar o impedir la realización de los fines perseguidos
por esta.52
• Las facultades de producción normativa de la administración tienen un límite
incuestionable en el contenido de las normas respecto de las cuales pueda
predicarse una superioridad jerárquica. Así, tratándose de los reglamentos
(i) expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de la potestad
reglamentaria que le atribuye el artículo 189.11 Superior; de los (ii)
reglamentos que desarrollan leyes habilitantes y de los (iii) reglamentos
expedidos por otras autoridades administrativas en asuntos especializados
de su competencia, se ha dicho que su propósito es complementar la ley en
la medida en que sea necesario para lograr su cumplida aplicación, cuando
se requiera por ejemplo, precisar definiciones o aclarar etapas del
procedimiento previsto en aquella. En ese orden de ideas, si lo que se busca
es permitir la ejecución de la ley, esta facultad no apareja la interpretación,
modificación, limitación o ampliación de los contenidos legislativos, como
47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de
agosto de 2013. Radicación número: 11001-03-26-000-2005-00076-00(32293)A.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 9 de
marzo de 2016. Radicación número: 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312)A. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 18 de febrero de 2016.
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00018-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 28 de febrero de 2013. Radicación número: 11001-
03-25-000-2007-000630-00(1299-07). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera. Sentencia del 16 de abril de 2015. Radicación número: 11001-03-24-000-2013-
00128-00.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 18 de
febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00018-00.
50
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 18 de junio de 2014. Radicación
número: 11001-03-06-000-2013-000193-00(2143).
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 1º de
agosto de 2013. Radicación número: 11001-03-25-000-2006-00102-00(1700-06).
52
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 16 de abril de 2015. Radicación
número: 11001-03-06-000-2014-00174-00 (2223).
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
tampoco el modo de encuadrar las distintas situaciones jurídicas en los
supuestos que contiene.53
14. Luego de estudiar de manera breve lo relacionado con la facultad
reglamentaria y sus características, a continuación la Sala examinará el
contenido de la Ley Marco 923 de 2004,54 con miras a establecer si en lo que
tiene que ver con el requisito de tiempo servicios para el reconocimiento de
la asignación de retiro de los soldados voluntarios que se encontraban activos
al momento de entrar a regir dicha norma, el Gobierno Nacional se excedió
sí o no, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, con ocasión de lo
dispuesto en el artículo 16 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004.55
2.1.2.- La situación pensional (de asignación de retiro) de los soldados
profesionales al momento de entrar en vigencia
15. En este punto, es importante subrayar, que como bien se refiere en la
demanda, al momento de entrar a regir la Ley Marco 923 de 2004,56 no existía
norma alguna que regulase lo relacionado con la asignación de retiro de los
soldados profesionales, tal como se describe en la sentencia de unificación
de la Sección Segunda del Consejo de Estado SUJ-015-CE-S2-2019 de 25
de abril de 2019, de la siguiente manera:
«Régimen de asignación de retiro de los soldados profesionales
Para abordar el tema de los soldados profesionales es necesario precisar, en
primer término, que dentro del personal de soldados profesionales hay dos
categorías: i) la de aquellos que se incorporaron a las Fuerzas Militares como
soldados profesionales propiamente dichos y ii) la de aquellos que eran
soldados voluntarios y posteriormente se incorporaron como soldados
profesionales.
Los soldados voluntarios, en los términos de la Ley 131 de 1985, son quienes
prestaron servicio militar obligatorio y decidieron vincularse a las Fuerzas
Armadas como soldados (…).
Por su parte, los soldados profesionales, en los términos del artículo 1 del
Decreto 1793 de 2000, son los varones entrenados y capacitados con la
finalidad principal de actuar en las unidades de combate y apoyo de combate
de las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la
53
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de octubre de 2010, Radicación 11001-03-
25-000-2005-00125-00(5242-05), Actor: Asociación Antioqueña de Empresas Sociales del Estado.
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-015-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
Radicación 85001-33-33-002-2013-00237-01 (1701-2016), Actor: Julio César Benavides Borja.
54
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
55
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
56
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
conservación, restablecimiento del orden público y demás misiones que le
sean asignadas.
En relación con los soldados voluntarios, el artículo 6 [de la Ley 131 de 1985]
indicó, que el […] que fuera dado de baja tendría derecho a un pago único de
una suma equivalente a un mes de bonificación por cada año de servicio
prestado y proporcionalmente por las fracciones de meses a que hubiere
lugar.
Por su parte, el Decreto 370 de 1991, que reglamentó la Ley 131 de 1985,
previó que el soldado voluntario no podría superar la edad de los 35 años en
el servicio, y si los alcanzaba, el Comando de la respectiva Fuerza podría
darlo de baja, pero solamente tendría derecho al pago de una pensión
mensual equivalente al sueldo básico devengado por un cabo segundo o
marinero, si su desacuartelamiento se producía por incapacidad absoluta y
permanente para toda clase de actividades (…), prestación que podrían
continuar devengando sus beneficiarios al tenor de lo normado por el artículo
5 del Decreto 1305 de 1975.
Así las cosas, es evidente que hasta este momento los soldados voluntarios
no tenían consagrada expresamente en la ley una prestación periódica por
retiro, independientemente de la denominación que pudiera recibir aquella,
ya fuera asignación de retiro, pensión de jubilación o vejez, etc. Solamente
tenían derecho a una bonificación cuyo valor sería determinado por el tiempo
que hubiera prestado sus servicios, el cual, tenía previsto como límite máximo
la edad de 35 años, y tendría la posibilidad de devengar una mesada,
únicamente, por incapacidad absoluta y permanente para toda clase de
actividades. (Subrayas fuera de texto).
Luego, la Ley 66 de 1989 confirió facultades al presidente de la República
para reformar los estatutos del personal de oficiales, suboficiales y agentes
de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, incluyendo el régimen general
de prestaciones sociales, entre otros aspectos. Con fundamento en esto se
expidió el Decreto 1211 de 1990, régimen que no contuvo disposiciones
relativas a los soldados voluntarios.
Más adelante, el Congreso de la República expidió la Ley 578 de 2000 que
le concedió facultades al presidente de la República, nuevamente, para que
expidiera normas relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía, entre
ellas, las relativas al régimen de carrera y el estatuto del personal de soldados
profesionales de las Fuerzas Militares. Fue así como se expidió el Decreto
1793 de 2000, el cual, en el parágrafo del artículo 5, previó que los soldados
vinculados mediante la Ley 131 de 1985 con anterioridad al 31 de diciembre
de 2000, que expresaran su intención de incorporarse como soldados
profesionales y fueran aprobados por los comandantes de Fuerza, serían
incorporados el 1º de enero de 2001, con la antigüedad respectiva.
Es de anotar, que esta normativa hizo extensivo para los soldados
profesionales los regímenes contenidos en el Código Penal Militar, el
Reglamento del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares, las normas
relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e
indemnizaciones del personal de las Fuerzas Militares y las que regulan el
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Sin
embargo, en materia pensional, este decreto no contempló como tal una
asignación de retiro, como sí se consagró para los oficiales y suboficiales de
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las Fuerzas Militares en el Decreto 1211 de 1990, sino que se previó una
pensión de vejez, respecto de la cual, se indicó que se regiría por el sistema
de capitalización de la Ley 100 de 1993. En efecto, el artículo 39 dispuso lo
siguiente:
«Artículo 39. La pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia de los soldados
profesionales de que trata el presente decreto se regirá por el sistema de
capitalización previsto en la Ley 100 de 1993.
El aporte mensual para conformar la pensión será del dieciséis por ciento
(16%) del salario base de cotización, porcentaje del cual le corresponderá
aportar al afiliado el cuatro por ciento (4%) y a la Nación el doce por ciento
(12%) restante. Adicionalmente, durante el primer trimestre de cada año a
partir del año 2002 la Nación aportará el equivalente a un salario mensual
base de cotización por cada afiliado que se encuentre en servicio activo al
31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Los soldados a que se refiere este decreto, que asciendan a rango de
suboficiales, continuarán sujetándose al régimen de pensiones previsto en el
presente artículo.
Parágrafo 1. Para efectos de lo previsto en el presente artículo, se entenderá
que el salario base de cotización, está integrado por la asignación básica
mensual adicionada con la prima de antigüedad.
Parágrafo 2. Cuando haya lugar al reconocimiento de la pensión por
invalidez o muerte, cualquiera que sea el origen, la administradora de fondos
de pensiones iniciará los pagos mensuales de la respectiva pensión,
utilizando para el efecto, en primera instancia, la cuenta de ahorro individual.
En caso de que los recursos de dicha cuenta resulten insuficientes, la Nación
pagará mensualmente el faltante con cargo al Presupuesto General de la
Nación. Por consiguiente, no habrá lugar a la cotización por accidentes de
trabajo y enfermedad profesional para pensiones ni a la contratación de un
seguro de invalidez o muerte.» (Las subrayas no están en el texto original).
Conforme lo anterior, el mismo Decreto 1793 de 2000, en el artículo 40, indicó
que las entidades encargadas de administrar los aportes de los soldados
profesionales serían seleccionadas por el Ministerio de Defensa Nacional
mediante concurso y, en el artículo 41 consagró un régimen de transición
para aquellos que se hubieran vinculado con anterioridad al 1 de enero de
2001, a quienes el Ministerio de Defensa Nacional efectuaría el cálculo de un
bono pensional, dentro del año siguiente a la expedición de ese decreto, por
el número de años de servicio equivalente al aporte del 12% que le
corresponde aportar al empleador, utilizando la metodología prevista en la
Ley 100 de 1993.
Por su parte, el artículo 38 del Decreto 1793 de 2000 dispuso que el Gobierno
Nacional expediría, con base en lo previsto en la Ley 4 de 1992, los
regímenes salariales y prestacionales de los soldados profesionales, sin
desmejorar los derechos adquiridos. En desarrollo de lo previsto en tal
precepto legal, se expidió el Decreto 1794 de 2000, el cual, en lo referente a
la asignación mensual de este personal, definió que sería calculada en el
equivalente a un salario mínimo legal vigente incrementado en un 40%, no
obstante, quienes para el 31 de diciembre de 2000 se encontraran vinculados
como soldados voluntarios, continuarían devengando un salario mínimo legal
vigente incrementado en un 60%. (…).
Posteriormente, (…), la Ley 797 de 2003 confirió facultades al Ejecutivo para
reformar el régimen pensional de las Fuerzas Militares. Con fundamento en
ello se expidió el Decreto 2070 de 2003, que incluyó dentro de su campo de
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aplicación a los soldados, para quienes se reguló la asignación de retiro en
los siguientes términos:
«Artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los
soldados profesionales, así como los soldados voluntarios que se incorporen
como soldados profesionales, que se retiren o sean retirados del servicio
activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha
en que terminen los tres (3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro,
equivalente al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el
numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento
(38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de
retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.» (Subraya la Sala).
[La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-432 de 2004, declaró
inexequibles el numeral 3 del artículo 17 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto
2070 de 2003, por considerar que estas normas, al regular el régimen
prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, especialmente, la
asignación de retiro, en virtud de facultades extraordinarias, desconocían el
artículo 150, numerales 10 y 19, literal e), de la Constitución Política, según
el cual, le corresponde al Congreso de la República reglamentar dicha
materia a través de leyes marco y no podía hacerlo por medio de una
habilitación legal. Aquella decisión implicó la reviviscencia de los preceptos
que antes de su expedición venían rigiendo.]
[El 30 de diciembre de 2004, se expidió la Ley 923 en la que se concretaron
las normas, objetivos y criterios que debería observar el Gobierno para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de
la Fuerza Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 150,
numeral 19, literal e) de la Constitución Política.]
Luego, en atención a los parámetros generales dictados por la Ley [Marco]
923 de 2004, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4433 de 2004 en el que
reguló el derecho a una asignación de retiro de los soldados profesionales,
en los siguientes términos:
«Artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los
soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con
veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al
setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1,
adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima
de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior
a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.»
Se observa entonces que fue solo hasta la entrada en vigencia del Decreto
4433 de 2004 que pudo hablarse de un derecho a la asignación de retiro de
los soldados profesionales, propiamente dicho, dentro del régimen especial
de las Fuerzas Militares.»
16. De acuerdo con lo expuesto, la norma que da creación legal a los
«soldados profesionales», antes llamados «soldados voluntarios», Ley 131 de
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1985,57 no contempló que éstos tuvieran derecho a percibir una asignación
de retiro cuando se retiraran del servicio activo; sino que previó el pago de
una suma equivalente a un mes de bonificación por cada año de servicio
prestado en dicha calidad y proporcionalmente por las fracciones de meses
a que hubiere lugar.
17. Fue en el Decreto Ley 2070 de 200358 que por primera vez se
reconoció, el derecho de los soldados profesionales a percibir una asignación
de retiro, en los siguientes términos:
«Artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los
soldados profesionales, así como los soldados voluntarios que se incorporen
como soldados profesionales, que se retiren o sean retirados del servicio
activo con veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha
en que terminen los tres (3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente
al setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1,
adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima
de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior
a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.».
(Subraya la Sala).
18. Sin embargo, el Decreto Ley 2070 de 200359 fue declarado inexequible
por la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-432 de 2004, toda
vez que de conformidad con el artículo 150, numeral 19, literal (e), el régimen
salarial y prestacional de la Fuerza Pública está reservado a las leyes marco,
lo cual impide su expedición a través de decreto con fuerza de ley.
19. Con la expedición de la Ley 923 de 200460 se subsanó la falencia
advertida por la Corte Constitucional en la sentencia C-432 de 2004,
consistente en la inexistencia de una ley marco que regulase el régimen de
asignación de retiro del personal uniformado de la Fuerza Pública en general,
como se explica en el capítulo siguiente.
2.1.3.- Elementos mínimos del régimen de asignación de retiro de los
miembros de la Fuerza Pública, según la Ley Marco 923 de 200461
20. En efecto, el Gobierno Nacional, en uso de la llamada «iniciativa
legislativa» que le confiere el artículo 154 de la Constitución, promovió ante el
Congreso de la República la expedición de la Ley Marco 923 de 2004,
«mediante la cual se señalan normas, objetivos y criterios que deberá observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro
57
Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario».
58
Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares.
59
Ib.
60
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
61
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
de los miembros de la Fuerza Pública…», cuyo artículo 3 reguló lo relacionado
con la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública en general,
incluidos los soldados profesionales, de la siguiente manera:
«Artículo 3º. Elementos Mínimos. El régimen de asignación de retiro, la
pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los
reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública,
que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los
siguientes elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza
Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación,
el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho
de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso
se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25
años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada
en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el
retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro
se produzca por cualquier otra causal.
Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en
la Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de
asignación de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad,
es decir, 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres.
En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean
retirados del servicio activo sin derecho a asignación de retiro o pensión,
tendrán derecho al reconocimiento del bono pensional por el total del tiempo
servido, de conformidad con las normas del Sistema General de Pensiones.
3.2. El monto de la asignación de retiro será fijado teniendo en cuenta el
tiempo de servicio del miembro de la Fuerza, el cual no podrá ser inferior al
50% por los primeros 15 años de servicio, ni superior al 95% de las partidas
computables.
3.3. Las partidas para liquidar la asignación de retiro serán las mismas sobre
las cuales se fije el aporte a cargo de los miembros de la Fuerza Pública.
3.4. El aporte para la asignación de retiro a cargo de los miembros de la
Fuerza Pública será fijado sobre las partidas computables para dicha
asignación, el cual estará a cargo de los miembros de la Fuerza Pública en
un porcentaje que no será inferior al 4.5%, ni superior al 5%.
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto,
será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad
laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos
Médico Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy
vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las
circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo
caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una
disminución de la capacidad laboral inferior al 50% y el monto de la pensión
en ningún caso será menor al 50% de las partidas computables para la
asignación de retiro.
Podrá disponerse la reubicación laboral de los miembros de la Fuerza Pública
a quienes se les determine de conformidad con el estatuto de la capacidad
sicofísica, incapacidades e invalideces, una disminución de la capacidad
laboral que previo concepto de los organismos médico-laborales militares y
de policía así la ameriten, sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar.
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3.6. El derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, así como su
monto, será fijado teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con
las circunstancias en que se origine la muerte del miembro de la Fuerza
Pública y el monto de la pensión en ningún caso podrá ser inferior al 50% de
las partidas computables para la asignación de retiro en el evento de la
muerte en combate, en actos meritorios del servicio o en misión del servicio.
En el caso de muerte simplemente en actividad el monto de la pensión no
podrá ser inferior al 50% cuando el miembro de la Fuerza Pública tenga 15 o
más años de servicio al momento de la muerte, ni al 40% cuando el tiempo
de servicio sea inferior.
Solo en el caso de muerte simplemente en actividad se podrá exigir como
requisito para acceder al derecho, un tiempo de servicio que no sea superior
a 1 año a partir de la fecha en que se termine el respectivo curso de formación
y sea dado de alta en la respectiva carrera como miembro de la Fuerza
Pública.
3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez será
establecido teniendo en cuenta los miembros del grupo familiar y el
parentesco con el titular.
En todo caso tendrán la calidad de beneficiarios, para la sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez:
3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente o supérstite. En caso de que la sustitución de la asignación de
retiro o pensión de invalidez se cause por muerte del pensionado, el cónyuge
o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos inmediatamente
anteriores a su muerte.
3.7.2. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20
años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su
propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene hijos con el causante
aplicará el numeral 3.7.1.
Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensiona do por invalidez
hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior
conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan
los numerales 3.7.1 y 3.7.2. del presente numeral, dicha pensión se dividirá
entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos 5 años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación
de retiro o de la pensión de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la
esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene
vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera
o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al numeral 3.7.1 en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos
5 años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.
3.8. Las asignaciones de retiro, las pensiones de invalidez de los miembros
de la Fuerza Pública y su sustitución, así como las pensiones de
sobrevivientes en ningún caso serán inferiores al salario mínimo legal
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
mensual vigente. La sustitución de la pensión será igual a lo que venía
disfrutando el titular, con excepción de los porcentajes adicionales para
quienes se pensionen a partir de la vigencia de la presente Ley. En todo caso,
la asignación mensual de retiro de los soldados profesionales no podrá ser
inferior a 1.2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3.9. Un régimen de transición que reconozca las expectativas legítimas de
quienes se encuentren próximos a acceder al derecho de pensión y/o
asignación de retiro.
En todo caso el régimen de transición mantendrá como mínimo los tiempos
de servicio exigidos en la presente ley para acceder al derecho de asignación
de retiro para el personal de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel
Ejecutivo y Agentes de la Fuerza Pública que se encuentren en servicio activo
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
3.10. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional serán las entidades responsables de las labores
de administración de aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de
retiro y de sus sustituciones, así como de la inversión, manejo y control de
los recursos correspondientes.
En las normas que desarrollen la presente ley se señalará la entidad
responsable del reconocimiento y pago de las pensiones de invalidez y su
sustitución, así como de las pensiones de sobrevivencia.
3.11. Porcentajes adicionales a favor del titular de la pensión de invalidez,
con el propósito de compensar la necesidad de la ayuda de otra persona para
ejecutar las funciones normales de la vida. Estos porcentajes no serán
sustituibles para quienes se pensionen a partir de la vigencia de la presente
ley.
3.12. Las indemnizaciones prestacionales por disminución de la capacidad
psicofísica o por muerte son compatibles con la pensión o asignación de retiro
que se llegare a otorgar, de conformidad con las normas que las regulan, sin
que haya lugar a indemnización sustitutiva.
3.13. El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del
personal de la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten
las asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo.
Parágrafo. Sistema de tiempos dobles. Los Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, personal del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional, agentes y auxiliares de la Policía Nacional, soldados
profesionales o regulares e infantes de marina profesionales de las Fuerzas
Militares, que en actos del servicio hayan sido secuestrados por grupos
armados al margen de la ley, se les computará bajo el sistema de tiempos
dobles del servicio, los días, meses o años que permanezcan desaparecidos
o en cautiverio, para acceder a la asignación de retiro o pensión.
Los beneficios descritos en la presente ley se aplicarán para los casos
ocurridos a partir del 1º de enero de 1990 y hasta la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley». (Subrayas de la Sala).
21. De acuerdo con la norma marco en cita, el régimen de asignación de
retiro de los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno
Nacional, debe tener en cuenta como mínimo, entre otros, los siguientes
elementos:
(i) Que el derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza
Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de
formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para
acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el
derecho un tiempo superior a 25 años;
(ii) Que a los miembros de la Fuerza Pública, en servicio activo a la fecha
de entrada en vigencia de la Ley Marco, no se les exigirá como requisito
para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al
regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de
esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a
15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.
2.1.4.- Análisis de la norma reglamentaria demandada
22. A partir de los anteriores postulados o marcos generales, al Gobierno
Nacional expidió, entre otros, el Decreto 4433 de 2004, para «fija[r] el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública», cuyo
artículo 16, en lo que tiene que ver con la asignación de retiro de los soldados
profesionales, señala:
«Artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los
soldados profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo, con
veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, se les pague una asignación mensual de retiro, equivalente al
setenta por ciento (70%) del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1,
adicionado con un treinta y ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima
de antigüedad. En todo caso, la asignación mensual de retiro no será inferior
a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.»
(Subrayado de la Sala).
23. Según la norma transcrita, los soldados profesionales que se retiren o
sean retirados del servicio activo con 20 años de servicio, se les pagará una
asignación equivalente al 70% del salario mensual, indicado en el artículo 13
ejusdem, adicionado en un 38.5% de la prima de antigüedad.
2.1.4.- Pronunciamiento de fondo de la Sala resolviendo el primer
problema jurídico
24. Recuerda la Sala, que para los demandantes, el Gobierno Nacional se
excedió en el ejercicio de la «potestad reglamentaria», cuando, al desarrollar la
Ley Marco 923 de 2004,62 a través del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004,63
previó una exigencia de 20 años de servicios, para el reconocimiento de la
asignación de retiro a los soldados profesionales, sin consagrar un régimen
de transición, ya que, en criterio de la parte actora, el artículo 3.1.2. de la
referida Ley Marco señala, que para fijar el régimen de asignación de retiro
de los miembros de la Fuerza Pública, activos a la fecha de entrada en
vigencia de la norma marco, el Gobierno debía tener en cuenta los siguientes
dos criterios: (i) que no se podía exigir un tiempo de servicio superior al regido
por las disposiciones vigentes en ese momento, y (ii), que en todo caso el
62
Ib.
63
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
tiempo de servicio exigido no podía ser inferior a 15 años. Entonces, según
la demanda, como a la fecha de entrar a regir la Ley Marco 923 de 200464 no
existía norma vigente que regulase lo relacionado con la asignación de retiro
de los soldados profesionales, el requisito de tiempo de servicio a fijarse en
el decreto demandado para dicho reconocimiento, a juicio de los
demandantes -sin mayores explicaciones al respecto-, debió ser de 15 o 18
años, y no como se previó en la norma demandada, una exigencia de 20 años
de servicios. Razón por la cual, considera que el Ejecutivo desbordó los
límites materiales demarcados por el legislador en la Ley Marco 923 de
2004.65
25. No obstante, como pudo apreciarse en el estudio anteriormente
realizado, la norma que da creación legal a los «soldados profesionales», antes
llamados «soldados voluntarios», Ley 131 de 1985,66 no contempló que éstos
tuvieran derecho a percibir una asignación de retiro cuando se retiraran del
servicio activo; sino que previó el pago de una suma equivalente a un mes de
bonificación por cada año de servicio prestado en dicha calidad y
proporcionalmente por las fracciones de meses a que hubiere lugar.
26. Fue en el Decreto Ley 2070 de 200367 que por primera vez se
reconoció, el derecho de los soldados profesionales a percibir una asignación
de retiro cuando «se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20)
años de servicio». (Subraya la Sala). Sin embargo, el Decreto Ley 2070 de 200368
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por medio de la
sentencia C-432 de 2004, toda vez que de conformidad con el artículo 150,
numeral 19, literal (e), el régimen salarial y prestacional de la Fuerza Pública
está reservado a las leyes marco, lo cual impide su expedición a través de
decreto con fuerza de ley.
27. Con la expedición de la Ley 923 de 200469 se subsanó la falencia
advertida por la Corte Constitucional en la sentencia C-432 de 2004,
consistente en la inexistencia de una ley marco que regulase el régimen de
asignación de retiro del personal uniformado de la Fuerza Pública en general.
En efecto, la Ley Marco 923 de 2004,70 en desarrollo de la libertad de
configuración legislativa que el artículo 150 constitucional le confiere al
legislador, estableció los elementos mínimos a tener en cuenta por el
Gobierno para reglamentar, entre otras, lo atinente a la asignación de retiro
de los miembros de la Fuerza Pública en general, incluido el de los soldados
64
Ib.
65
Ib.
66
Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario».
67
Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares.
68
Ib.
69
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
70
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
profesionales que se vinculen a partir de la fecha de su promulgación, y
también para el personal uniformado activo hasta ese entonces.
28. En este orden de ideas, el artículo 3.1 de la Ley Marco 923 de 2004, 71
estableció que el régimen de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, debe tener en cuenta
como mínimo, entre otros, los siguientes elementos: (i) que el derecho a la
asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará
exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o
el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de
retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como
requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años; y (ii) que
a los miembros de la Fuerza Pública, en servicio activo a la fecha de entrada
en vigencia de la Ley Marco, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el
retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro
se produzca por cualquier otra causal.
29. Es decir, que al momento de fijar el régimen de asignación de retiro de
los soldados profesionales, el Gobierno Nacional no podía exigir menos de
18 años de servicio ni más de 25 años, para reconocer el derecho a la
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. Además, el
Ejecutivo debía respetar los tiempos de servicio exigidos por las normas
vigentes a la fecha de expedición de la ley marco cuando el retiro se produzca
por solicitud propia y, en todo caso, no podría exigir menos de 15 años
cuando se produzca por otra causal.
30. Atendiendo a los parámetros fijados en la ley marco, el Ejecutivo
expidió el Decreto Reglamentario 4433 de 2004,72 cuyo artículo 16 reguló la
asignación de retiro de los soldados profesionales de las Fuerzas Militares
que se demanda. Dicho artículo impone a los soldados profesionales que se
retiren o sean retirados del servicio activo 20 años de servicio para el
reconocimiento del derecho a dicha prestación.
31. Por lo tanto, al momento de expedición de la Ley Marco 923 de 2004,73
no existía norma anterior que estableciera los años de servicio exigidos para
el reconocimiento de la asignación de retiro de los soldados profesionales,
por ello el Ejecutivo, al reglamentar el acceso de estos miembros de la Fuerza
Pública a ésta prerrogativa, únicamente debía atender a los parámetros
dados por el legislador a través de la referida Ley Marco, esto es, entre 18 y
25 años de servicio. De tal forma que, al exigir, en el artículo 16 del Decreto
71
Mediante la cual se señalan normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
72
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
73
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
Reglamentario 4433 de 2004,74 20 años de servicio para que los soldados
profesionales adquieran el derecho a percibir la asignación de retiro, el
Ejecutivo se movió, actuó, dentro de los límites fijados por el legislador.
32. De acuerdo con el análisis desarrollado, la Sala concluye que la norma
reglamentaria demandada no desconoció los límites materiales señalados
por la Ley Marco 923 de 2004,75 por consiguiente, en lo relacionado con este
primer reparo de los demandantes, no prospera la pretensión de nulidad del
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.76
2.2. SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO: ¿El artículo 16 del Decreto
reglamentario 4433 de 2004,77 al prever la exigencia de «veinte (20) años
de servicios» para el reconocimiento de la asignación de retiro a los
soldados profesionales, vulnera el principio de equidad, así como los
derechos a la igualdad y seguridad social de los soldados profesionales
«activos» al momento de entrar a regir la Ley Marco 923 de 2004,78 frente
a los demás uniformados de la Fuerza Pública?
33. Sea lo primero recordar, que para la parte demandante el aparte
normativo demandado desconoce el principio de equidad, así como los
derechos a la igualdad y a la seguridad social, de los soldados profesionales
«activos» al momento de entrar a regir la Ley Marco 923 de 2004, 79 ya que,
en virtud de la norma demandada, se les exige 20 años de servicio para
acceder al reconocimiento de la asignación de retiro; mientras que a los
demás uniformados de la Fuerza Pública «activos» a la fecha de expedición
de la citada ley marco, esto es, Oficiales y Suboficiales de la Policía Militar y
las Fuerzas Militares, solo se les exigen 15 años de servicios para el
reconocimiento prestacional, pues, al momento de entrar en vigencia la Ley
Marco, los Decretos 121180 y 1212 de 1990,81 que regulaban el «estatuto de
personal» de la Policía Militar y las Fuerzas Militares, respectivamente, exigían
15 años para reconocer el derecho a la asignación de retiro.
34. Como puede apreciarse, aunque la parte demandante señaló como
vulnerados el principio de equidad y el derecho a la seguridad social,
únicamente sustentó la queja atinente al desconocimiento del derecho a la
igualdad, que es al que se referirá la Sala a continuación.
74
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
75
Mediante la cual se señalan normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional
para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
76
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
77
Ib.
78
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
79
Ib.
80
Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares.
81
Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
35. Pues bien, para resolver la segunda inconformidad planteada por el
demandante, esto es, el supuesto desconocimiento del derecho a la igualdad
de los soldados profesionales, por cuanto supuestamente se les confirió un
trato diferencial y discriminatorio frente a los demás miembros de la Fuerza
Pública, la Subsección observa que tal como se estableció mediante el auto
de 5 de junio de 2019, por medio del cual se negó la medida cautelar de
suspensión provisional contra el artículo 16 del Decreto Reglamentario 4433
de 2004,82 es necesario adelantar un juicio o test de igualdad respecto del
aparte normativo demandado, a efectos de establecer si en efecto se
desconoció el mencionado derecho constitucional.
36. En este punto, es preciso señalar que en el ordenamiento jurídico
colombiano el derecho a la igualdad está consagrado en el artículo 13 de la
Constitución Política y establece que el Estado «promoverá las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva». En criterio de la Corte Constitucional, el
mandato en cita «ordena dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma
situación fáctica, y un trato diverso a quienes se hallan en distintas condiciones de
hecho».83 No obstante, la Corte también ha enfatizado que ello «no refleja la
complejidad que supone su eficacia en un orden jurídico orientado bajo los principios
del Estado Social de Derecho, ni deja en claro qué elementos son relevantes, al
momento de verificar las situaciones, personas o grupos en comparación».84
37. Por lo tanto, la Corte ha señalado que el artículo 13 superior regula
varias dimensiones del derecho a la igualdad, así: (i) la formal o ante la ley,
que se relaciona con el carácter general y abstracto de las disposiciones
normativas dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme
a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la
legitimidad constitucional de cualquier acto que involucre una distinción
irrazonable basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución
Política, el derecho internacional de los derechos humanos, o bien; y (iii) la
dimensión material o de trato, según la cual el Estado debe adoptar medidas
positivas para superar las desigualdades de grupos que históricamente han
sido discriminados, y de aquellas personas que se encuentran en una
situación de debilidad manifiesta.85
38. Así las cosas, la Corte Constitucional se ha valido del juicio o test de
igualdad, heredado de la tradición jurídica alemana, para determinar si se
justifica un trato diferenciado en algunos casos. Al respecto, la Corte ha
considerado:
«Con el fin de establecer si en un caso determinado se justifica el
establecimiento de diferencias entre el trato que las autoridades dan a unos
y otros individuos, la Corte Constitucional ha indicado la aplicación de un test
de igualdad, en virtud de que el concepto de igualdad es de carácter relativo
(como en su momento lo anotó Norberto Bobbio), por lo menos en tres
aspectos: los sujetos entre los cuales se quieren repartir bienes o
82
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
83
Sentencia C-006 de 2017
84
Sentencia C-006 de 2017
85
Sentencias T-629 de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Juan Carlos Henao Pérez, C-394 de 2017
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
gravámenes; esos bienes o gravámenes a repartir; y finalmente, el criterio
para asignarlos.
“En otras palabras, hablar de igualdad o desigualdad, siguiendo alguna
variante de la fórmula clásica (como la contenida en el artículo 13 de la
Constitución Política), tiene sentido sólo en la medida en que se respondan
las siguientes tres preguntas: ¿igualdad entre quiénes?,
¿igualdad en qué?, ¿igualdad con base en qué criterio? Los sujetos pueden
ser todos, muchos o pocos; los bienes a repartir pueden ser derechos,
ventajas económicas, cargos, poder, etc.; los criterios pueden ser la
necesidad, el mérito, la capacidad, la clase, el esfuerzo, etc." (…)
Esa prueba, que sirve para determinar la posible vulneración del derecho a
la igualdad, puede ser descompuesta en dos principios parciales: a) si no hay
razón suficiente para la permisión de un trato desigual, entonces está
ordenado un tratamiento igual; b) si la hay, entonces es válido un trato
desigual».86
39. De ese modo, la Corte ha señalado que juicio de igualdad se compone
de 3 etapas, a saber: «(i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad
o tertium comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son
susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza; (ii)
definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre
iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está
constitucionalmente justificada».87
40. Entonces, a efectos de adelantar el test de igualdad o proporcionalidad,
lo primero es identificar los supuestos de hecho o normativos, susceptibles
de compararse y si se trata de sujetos de la misma naturaleza, en este caso,
el requisito de tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro de los
soldados profesionales frente a aquel previsto para los oficiales y suboficiales
de la Fuerza Pública.
41. Sobre el particular, la Sección Segunda de esta Corporación, por medio
de la sentencia de unificación SUJ-015-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019,
al resolver una controversia atinente a la vulneración del derecho a la
igualdad entre los soldados profesionales y los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, por cuanto las partidas que se les computan para la
asignación de retiro son diferentes en uno y otro caso, precisó lo siguiente:
«Frente al punto es importante precisar que la jurisprudencia constitucional
ha sostenido de manera unánime88 que el principio de igualdad consagrado
en el artículo 13 de la Carta no proscribe ni elimina la posibilidad de que el
legislador contemple regímenes o tratos diferenciados entre grupos respecto
de un mismo tema, asunto, derecho o prerrogativa, siempre y cuando esa
diferencia se ajuste a los preceptos constitucionales.
En ese sentido, la Corte ha señalado que el artículo 13 Superior no debe
entenderse «como un mandato que establece una igualdad mecánica o
86
Sentencia T-789 de 2000; Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz
87
Sentencia C-015 de 2014, Magistrado ponente: Dr. Mauricio González Cuervo
88
T-530 de 2002, T-119 de 2001, T-540 de 2000, T-117 de 2003, C-1110 de 2001.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
automática»89, por lo que ha diferenciado entre aquellas medidas que
implican un trato discriminatorio y aquellas que aunque otorgan un trato
desigual, se basan en circunstancias objetivas y razonables por lo cual se
ajustan a la Constitución, resaltando que para la adopción de estas últimas
deben cumplirse los siguientes presupuestos: «(i) que las personas sujetos
del trato desigual se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho;
(ii) que dicho trato tenga una finalidad que consulte los valores y principios
constitucionales; (iii) que la diferencia de situación, la finalidad que se
persigue y el trato desigual que se otorga tengan una racionalidad interna; y
(iv) que exista proporcionalidad entre estos aspectos, es decir, el trato
diferente, las circunstancias de hecho y la finalidad» 90, por lo cual ha
concluido que «la diferencia de trato resulta insuficiente, per se, para predicar
la vulneración del derecho a la igualdad».
Ahora, al analizar la exequibilidad de los apartes demandados del artículo 24
del Decreto Ley 353 de 199491 y del artículo 14 de la Ley 973 de 200592, la
Corte Constitucional concluyó, en la sentencia C-057 de 2010, que la
diferencia entre oficiales, suboficiales, agentes y soldados se encontraba
justificada en lo siguiente:
La Corte encuentra, en primer lugar, que los sujetos a que se refieren las
disposiciones demandadas constituyen grupos jurídicamente diferenciados.
Si bien de las tres categorías se predica el factor común de que están
integradas por miembros de la fuerza pública, también es cierto que la
diferenciación entre ellas no tiene un origen arbitrario o subjetivo, sino que
obedece a criterios normativos. Esas normas asignan a cada una de las tres
categorías, responsabilidades, tareas y deberes diferentes93. La naturaleza
de sus funciones es claramente distinta.
3.6.1.2. Entre los muchos criterios posibles que el legislador habría podido
considerar para definir los topes máximos a los que se refieren las normas
acusadas, el acudir a los agrupamientos preexistentes en la jerarquía militar
o policial es un criterio objetivo, que disminuye los riesgos de arbitrariedad o
subjetividad en el otorgamiento del subsidio. Se trata de un criterio jurídico,
fácilmente identificable, que responde a la lógica interna de organización de
la fuerza pública. Al existir estas distintas categorías jurídicas dentro del
universo de personas que conforman la Fuerza Pública, es en principio válido
que el legislador las utilice como criterio de distinción para ciertos efectos.
3.6.1.3. Revisadas las normas que regulan la materia, se encuentra que en
efecto, las tres categorías se encuentran en una situación de hecho distinta.
Los oficiales son aquellos formados, entrenados y capacitados para ejercer
la “conducción y mando” de los elementos de combate y de las
operaciones de su respectiva fuerza, mientras que a los suboficiales les
corresponde las funciones de apoyo a los oficiales94. Los oficiales, en el
marco de su respectivo rango, tienen bajo su responsabilidad el mando y
conducción de la tropa, de los equipos de combate, de las operaciones, de
las unidades, y por lo tanto, el peso de las decisiones más importantes, de
las cuales, en muchos casos, dependen la vida y la integridad de sus
89
T-587 de 2006.
90
Ibidem.
91
Por el cual se modifica la caja de vivienda militar y se dictan otras disposiciones.
92
Por la cual se modifica el Decreto-ley 353 del 11 de febrero de 1994 y se dictan otras
disposiciones.
93
Decreto 1790 de 2000, Ley 1104 de 2006, Ley 180 de 1995
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Decreto 1790 de 2000, modificado parcialmente por la Ley 1104 de 2006, artículos 11 y
siguiente.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
subordinados y de los demás ciudadanos. Es el hecho de que sobre ellos
recaiga esa mayor y trascendental responsabilidad, la que explica la
diferencia en la jerarquía organizacional. Esta diferencia en la naturaleza de
las funciones y responsabilidades explica también las diferencias en los
regímenes de incorporación, ascensos, retiros, remuneración y pensiones.
Los soldados profesionales y los agentes, por su parte, ejecutan e
implementan las decisiones de los comandantes95.
3.6.1.4. Desde el punto de vista de las normas que los crean y regulan, las
tres categorías a que se refieren las normas demandadas constituyen grupos
diferenciados jurídicamente, que, dentro de la fuerza pública, responden a
una naturaleza funcional distinta, y por lo tanto, tienen responsabilidades y
tareas diferentes. Desde este punto de vista estrictamente formal, se trata de
categorías que se encuentran en situaciones de hecho distintas».
En este caso se observa entonces que los grupos de oficiales y suboficiales
y de soldados profesionales en relación con las partidas computables para la
asignación de retiro se encuentran en situaciones de hecho distintas en
atención a las categorías de jerarquía militar, la naturaleza de sus funciones
y al hecho de que cada personal realiza cotizaciones o aportes sobre
diferentes partidas. En efecto, las partidas respecto de las cuales cotizan los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares son diferentes a las partidas
sobre las que efectúan aportes los soldados profesionales.
El siguiente cuadro evidencia las diferencias entre los aportes o cotizaciones
que realizan a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares los soldados
profesionales y los oficiales y suboficiales de la institución:
Artículo 17. Aportes de Artículo 18. Aportes de soldados
Oficiales y Suboficiales de las profesionales de las Fuerzas
Fuerzas Militares. Militares.
Los Oficiales y Suboficiales de las Los Soldados Profesionales de las
Fuerzas Militares en servicio Fuerzas Militares en servicio activo,
activo, aportarán a la Caja de aportarán a la Caja de Retiro de las
Retiro de las Fuerzas Militares: Fuerzas Militares:
17.1 Un treinta y cinco por ciento 18.1 Un treinta y cinco por ciento
(35%) del primer sueldo básico, (35%) del primer salario mensual,
como aporte de afiliación. como aporte de afiliación.
17.2 Sobre las partidas 18.2 El monto del aumento de sus
contempladas en el artículo 13 haberes, equivalente a los siguientes
del presente decreto, en lo diez (10) días a la fecha en que se
correspondiente a cada caso, cause dicho aumento.
un aporte mensual del cuatro 18.3 Sobre el salario mensual y la
punto setenta y cinco por ciento prima de antigüedad, un aporte
(4.75%), porcentaje que se mensual del cuatro punto cinco por
incrementará en cero punto ciento (4.5%) hasta el 31 de
veinticinco por ciento (0.25%) a diciembre de 2004, porcentaje que se
partir del 1o de enero de 2006, incrementará en cero punto
para quedar a partir de dicha veinticinco por ciento (0.25%) a partir
fecha en el cinco por ciento (5%). del 1.° de enero de 2005 y,
17.3 El monto del aumento de sus adicionalmente, otro cero punto
haberes, equivalente a los veinticinco por ciento (0.25%) a partir
siguientes diez (10) días a la fecha del 1.° de enero de 2006, para
en que se cause dicho aumento. quedar a partir de dicha fecha en el
cinco por ciento (5%).
El aporte sobre la prima de
antigüedad fijado en el presente
95
Para el caso de la Policía, las normas pertinentes están contenidas en el Decreto 1791 de 2000.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
numeral se liquidará sobre los
porcentajes que se señalan a
continuación de acuerdo con el
tiempo de servicio así:
18.3.1 Ciento por ciento (100%)
durante los primeros cinco (5) años.
18.3.2 Ochenta y seis punto tres por
ciento (86.3%) durante el sexto (6)
año.
18.3.3 Sesenta y nueve punto uno
por ciento (69.1%), durante el
séptimo (7) año.
18.3.4 Cincuenta y siete punto seis
por ciento (57.6%), durante el octavo
(8) año.
18.3.5 Cuarenta y nueve punto tres
por ciento (49.3%) durante el noveno
(9) año.
18.3.6 Cuarenta y tres punto dos por
ciento (43.2%) durante el décimo (10)
año.
18.3.7 El treinta y ocho punto cinco
por ciento (38.5%) a partir del año
once (11) de servicio y, en adelante.
A continuación, se muestra cómo las partidas computables para el caso de
los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, son aquellas respecto de
las cuales se hicieron los correspondientes aportes:
Artículo 13. Partidas computables para Artículo 17. Aportes de
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Oficiales y Suboficiales de
Militares las Fuerzas Militares.
La asignación de retiro, pensión de Los Oficiales y Suboficiales
invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán de las Fuerzas Militares en
según corresponda en cada caso, sobre servicio activo, aportarán a la
las siguientes partidas así: Caja de Retiro de las Fuerzas
13.1. Oficiales y suboficiales Militares:
13.1.1 Sueldo básico. 17.1 Un treinta y cinco por
13.1.2 Prima de actividad. ciento (35%) del primer
13.1.3 Prima de antigüedad. sueldo básico, como aporte
13.1.4 Prima de estado mayor. de afiliación.
13.1.5 Prima de vuelo, en los términos 17.2 Sobre las partidas
establecidos en el artículo 6o del presente contempladas en el artículo
Decreto. 13 del presente decreto, en lo
13.1.6 Gastos de representación para correspondiente a cada caso,
Oficiales Generales o de Insignia. un aporte mensual del cuatro
13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje punto setenta y cinco por
que se encuentre reconocido a la fecha de ciento (4.75%), porcentaje
retiro. 13.1.8 Duodécima parte de la Prima que se incrementará en cero
de Navidad liquidada con los últimos punto veinticinco por ciento
haberes percibidos a la fecha fiscal de (0.25%) a partir del 1o de
retiro. enero de 2006, para quedar a
[…] partir de dicha fecha en el
Parágrafo. En adición a las partidas cinco por ciento (5%). 17.3 El
específicamente señaladas en este monto del aumento de sus
artículo, ninguna de las demás primas, haberes, equivalente a los
subsidios, bonificaciones, auxilios y siguientes diez (10) días a la
compensaciones, serán computables para fecha en que se cause dicho
aumento.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
efectos de asignación de retiro, pensiones
y sustituciones pensionales.
Igualmente, se observa que tanto en el caso de los soldados profesionales
como en el de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares las partidas
que se computan para tener derecho a la asignación de retiro son aquellas
respecto de las cuales se hicieron las cotizaciones, por lo cual tampoco se
evidencia que haya un trato discriminatorio o diferenciado que se aparte de
los postulados constitucionales o de los elementos básicos del régimen
consagrado en la Ley 923 de 2004. De manera que no hay razón para
sostener que se vulnera su derecho a la igualdad, por el hecho de que estas
partidas son diferentes a las que se tienen en cuenta para la liquidación de
la asignación de retiro de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares.
En conclusión, en virtud de la correspondencia que debe existir, las partidas
para liquidar la asignación de retiro son las mismas sobre las cuales el
legislador o el gobierno, en uso de sus facultades constitucionales o legales,
fijen el correspondiente aporte a cargo de los miembros de la Fuerza Pública.
(…)» (Resaltado de la Subsección).
42. De acuerdo con lo expuesto, la Sala destaca que en el presente caso,
los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública en general, de un lado, y
soldados profesionales del Ejército Nacional, de otro lado, no son grupos
susceptibles de comparación, porque se encuentran en situaciones de hecho
distintas en atención a las categorías de jerarquía militar, la naturaleza de sus
funciones y al hecho de que cada personal realiza cotizaciones o aportes
sobre diferentes partidas, sin que por ello exista un trato discriminatorio o
diferenciado que se aparte de los postulados constitucionales o de los
elementos básicos del régimen consagrado en la Ley Marco 923 de 2004.96
43. En consonancia con lo expuesto, es claro para la Sala que la
comparación propuesta por los accionantes -entre los oficiales y suboficiales de
la Fuerza Pública en general, por una parte, y soldados profesionales del Ejército
Nacional, de otra parte-, no recae sobre sujetos de la misma naturaleza, por
cuanto no existe identidad jerárquica, funcional ni salarial entre estos y
aquellos. Por consiguiente, al prever la exigencia de «veinte (20) años de
servicios» para el reconocimiento de la asignación de retiro a los soldados
profesionales, en la norma reglamentaria demandada, no se desconoce el
derecho a la igualdad de los soldados profesionales, respecto de los oficiales
y suboficiales de la Fuerza Pública.
44. Lo anterior, aunado a que, de acuerdo con los antecedentes legislativos
de la Ley Marco 923 de 2004,97 por medio de la cual se concretaron las
normas, objetivos y criterios que debería observar el Gobierno para la fijación
96
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
97
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública, según lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la
Constitución Política; el fundamento del régimen se encuentra en «el principio
de redistribución de acuerdo al nivel jerárquico, grados, arma y especialidad, en la
naturaleza de las funciones y sus responsabilidades de la Fuerza Pública»,98 y una
de sus finalidades era precisamente ratificar que los requisitos para acceder
al derecho de asignación de retiro son el tiempo de servicios prestado por el
miembro de la Fuerza Pública, incluido el tiempo de formación y el tiempo de
aportes «que comprende aquel sobre el cual el miembro de la Fuerza Pública en
su calidad de servidor público adscrito al sector defensa ha hecho aportes con
destino a la seguridad social».99
45. Establecido entonces que en el presente caso no es posible identificar
sujetos de la misma naturaleza susceptibles de comparación, en tanto no
existe identidad jerárquica, funcional ni prestacional, por no existir igualdad
material entre los soldados profesionales y los Oficiales y Suboficiales de la
Policía y de las Fuerzas Militares, no es viable el test de igualdad o
proporcionalidad establecido por la Corte Constitucional,100 por lo que la
segunda censura tampoco permite prosperar la pretensión de nulidad del
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.101
46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de las demandas de Nulidad Simple
presentadas por Harold Ocampo Camacho y Martín Emilio Rodríguez Cortés
en contra del artículo 16 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004, proferido
por el señor Presidente de la República para «fija[r] el régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública», en desarrollo de
la Ley Marco 923 de 2004.102
SEGUNDO.- Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sección Segunda,
Subsección B, en sesión de la fecha, por los Consejeros:
98
Ver Gaceta del Congreso 578 del 28 de septiembre de 2004. Informe de ponencia para primer
debate al proyecto de Ley
99
Ibidem.
100
Sentencia C-015 de 2014, Magistrado ponente: Dr. Mauricio González Cuervo
101
Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.
102
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
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11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) y 11001-03-25-000-2016-00884-00 (4044-2016)
(Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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