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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2022-00058-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2022-00058-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 18 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que negó las pretensiones de la demanda. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251- 2024) Firmado Electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA LMMO CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2022-00058-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2022-00058-01 (5134-2023)
Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares1

Tema: Reconocimiento de asignación de retiro a soldado profesional
con menos de 20 años de servicio.

Sentencia de segunda instancia

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 18 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda2

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo3, Diel Augusto Bustamante Camargo demandó la
nulidad de las resoluciones 5662 del 30 de mayo de 2019, por medio de la cual el
director general de Cremil le negó el reconocimiento y pago de una asignación de
retiro, y 10164 del 3 de octubre del mismo año, que atendió en forma desfavorable
los recursos interpuestos contra la anterior.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) el reconocimiento de la
asignación de retiro en calidad de soldado profesional (r) del Ejército Nacional a
partir del 9 de febrero de 2015; (ii) los reajustes legales de las anteriores sumas; (iii)
el pago de los intereses moratorios causados; (iv); vi) el cumplimiento de la
sentencia en los términos de los artículos 177 y 178 del CPACA; y (v) el pago de las
costas del proceso.

1
En adelante Cremil
2
Índice 2 de Samai, documento «ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_1292023(.zip) NroActua 2».
3
En adelante CPACA.

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2

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Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. El demandante narró los siguientes hechos:

3.1. Una vez cumplió con el requisito mínimo de 20 años de servicio, previsto en el
Decreto 4433 de 2004, le solicitó a Cremil el reconocimiento y pago de una
asignación de retiro.

3.2. Mediante Resolución 5662 del 30 de mayo de 2019, la entidad le negó lo
pretendido, por considerar que solo tenía 19 años, 9 meses y 24 días de servicio
activo en el Ejército Nacional, con novedad fiscal el 9 de noviembre de 2014. Para
calcular el tiempo efectivamente laborado, Cremil no computó los 3 meses de alta
«que se entienden como de servicio activo».

3.3. El 10 de julio de 2019, el peticionario interpuso los recursos de reposición y
apelación en contra del anterior acto, los cuales fueron resueltos «en forma
desfavorable» a través de la Resolución 10164 del 3 de octubre de 2019.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 13, 25, 29, 48, 53 y 90 de la Constitución
Política; 1, 7 [numerales 2, 3, 4 y 5] y 16 del Decreto 4433 de 2004.

5. En el concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. La Resolución 5662 del 30 de mayo de 2019 afirmó que el demandante acreditó
19 años, 9 meses y 24 días de tiempo de servicio. Sin embargo, omitió computar
los 3 meses de alta que, de conformidad con el artículo 7.5 del Decreto 4433 de
2004, se tenían como tiempo efectivo de servicio. De haber tenido en cuenta el
mencionado lapso, se habría podido determinar que laboró en la institución por un
total de 20 años y 24 días, que eran suficientes para acceder a la asignación de
retiro.

5.2. En efecto, el artículo 16 del mismo Decreto 4433 de 2004 señaló «[l]os soldados
profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20) años de
servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta a
que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual de
retiro […]». De la norma transcrita era posible inferir que los 3 meses de alta se
entendían como de servicio activo.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Caja de retiro de las Fuerzas Militares se opuso a la prosperidad de las
pretensiones, por las razones que se sintetizan a continuación:

6.1. Según el expediente administrativo del peticionario, su retiro de la institución se
dispuso por la causal de «inasistencia al servicio por más de diez días», con novedad
fiscal del 19 de noviembre de 2014. El tiempo de servicios que acumuló fue de 19
años, 9 meses y 24 días.

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Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

6.2. Por lo anterior, a través de la Resolución 5662 del 30 de mayo de 2019 le negó
el reconocimiento de la prestación, en atención a que no cumplió con el requisito
establecido en el Decreto 4433 de 2004.

6.3. Los 3 meses de alta previstos por el artículo 16 del mencionado decreto «son un
tiempo efectivo luego de cumplidos los 20 años de servicio activo».

6.4. En consecuencia, el derecho a la asignación de retiro surgía una vez se cumplían
los 3 meses de alta, luego del retiro con 20 años de servicio. Este término se
computaba con la orden administrativa de retiro. En el caso objeto de debate, el
demandante no cumplió con el tiempo exigido para acceder a la prestación que
reclamó.

6.5. Se configuraron las excepciones de «legalidad de las actuaciones efectuadas por la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Correcta aplicación de las disposiciones legales
vigentes» y de «no procedencia de la causal de falsa motivación en las actuaciones de
Cremil», comoquiera que los actos acusados fueron expedidos de conformidad con
las disposiciones que regían la materia.

1.3. La sentencia apelada

7. Mediante sentencia proferida el 18 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas. Para tal efecto, se pronunció sobre el régimen especial de retiro
de los soldados. Después, resolvió el caso concreto en los siguientes términos:

7.1. De conformidad con el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, los soldados
profesionales tienen derecho al reconocimiento de una asignación de retiro cuando
cumplan 20 años de servicio «a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de
alta».

7.2. Sobre los 3 meses de alta, el Consejo de Estado4 señaló que se trataba de un
período para conformar el expediente prestacional de los uniformados que se
retiraran, a efectos de tramitar la asignación de retiro y «aun cuando su reconocimiento
lleva consigo el pago de una prestación económica, su naturaleza en principio no es
patrimonial; por esto supone […], que el oficial o el suboficial tenga derecho a la asignación,
para que los tres meses de alta tengan lugar a partir del retiro y así cumplan la finalidad
administrativa para que fueron creado» [sic]. Esta consideración era aplicable al asunto
en estudio.

7.3. De acuerdo con lo anterior, como el solicitante no alcanzó el derecho a la
asignación de retiro, tampoco tenía derecho al reconocimiento de los 3 meses de
alta que pretendía le fueran sumados como tiempo de servicio.

7.4. En suma, como solo se acreditaron 19 años, 9 meses y 24 días de servicio, no
cumplió con la exigencia contenida en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004. Por

4
Citó: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2018,
radicado: 11001-03-15-000-2018-02843-00 (AC), en concordancia con la sentencia de la citada
Subsección del 11 de marzo de 2018, radicado: 17001-23-33-000-2014-00342-01(4311-15)»

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Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

lo tanto, no había lugar a conceder la prestación reclamada.

1.4. El recurso de apelación

8. Contrala anterior decisión, el demandante interpuso y sustentó recurso de
apelación en los siguientes términos:

8.1. El Tribunal negó las súplicas de la demanda, en consideración a que no cumplió
con los requisitos señalados en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, para
acceder a la asignación de retiro. Ello por cuanto solamente acreditó un total de 19
años, 9 meses y 24 días, según lo informado en la hoja de servicios. Es decir, el
estudio se limitó a la normativa enunciada y no tuvo en cuenta que, en los alegatos
de conclusión, invocó el artículo 3, numeral 3.1, de la Ley 923 de 2004, que permitía
conceder la prestación con un menor tiempo de servicio (entre 15 y 18 años).

8.2. El citado artículo 3 de la Ley 923 de 2004 estableció un régimen de transición de
acuerdo con el cual el derecho a la asignación de retiro se causaba «con no menos
de 15 o 18 años de servicios», para los soldados profesionales que, para su entrada
en vigor [30 de diciembre de 2004] se encontraban en servicio activo. Para esa
época, el demandante cumplía con aquel supuesto, pues se había mantenido activo
por más de 10 años.

8.3. Lajurisprudencia del Consejo de Estado accedió al reconocimiento de la
asignación de retiro, conforme con el Decreto 1212 de 19905. Tal norma exigía 15
años para el reconocimiento de la prestación, cuando el retiro se produjera por una
causa diferente de la voluntad del uniformado «en atención de los efectos ex tunc de
la declaratoria de nulidad del parágrafo 2.º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y del
artículo 2.º del Decreto 1858 de 2012, lo que conducía a aplicar la transición señalada en
el artículo 3.º, ordinal 3. 1.º inciso 2.º de la Ley 923 de 2004, toda vez que el único
condicionamiento es que al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 la
persona se encuentre en servicio activo de la Fuerza Pública» [sic].

1.5. Trámite de la segunda instancia

9. En auto del 23 de enero de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante contra la sentencia proferida el 18 de mayo de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander6.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

10. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as

5
Citó: «CONSEJO DE ESTADO-SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION
SEGUNDA, Sentencia 2017-00469 de 2021. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2017-00469-01 (2349-2019) y Sentencia 2014-00243 de 2020» [sic]
6
Índice 4 de Samai.

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Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

11. Antes de definir el problema jurídico, es importante poner de presente que, de
acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia del juez de segunda instancia
se delimita por el alcance del recurso de apelación. En ese contexto se advierte que,
en este asunto, la parte actora no insistió en que tenía derecho a la asignación de
retiro por haber completado más de 20 años de servicio, con el cómputo de los 3
meses de alta de que trata el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004. La discusión
que propuso en esta instancia estuvo dirigida a cuestionar la sentencia de primer
grado al dejar de analizar el derecho a la luz del «régimen de transición» instaurado
por el artículo 3 de la Ley 923 de 2004.

12. Al respecto, se observa que, este último planteamiento no se expuso en el escrito
inicial. Tal y como el apelante lo indicó en su escrito, lo abordó en los alegatos de
primera instancia, en los mismos términos en los que ahora pretende su análisis.
Sin embargo, esta situación no impide que en esta providencia se adelante el
estudio propuesto por la parte demandante, por las razones que pasan a exponerse:

13. En este asunto, el objeto de la pretensión recae en el reconocimiento de una
asignación de retiro. Esta prestación es uno de los componentes de la seguridad
social propio del personal de la Fuerza Pública, según lo ha reconocido la
jurisprudencia. En atención a su naturaleza prestacional, se ha equiparado a la
pensión de vejez7. Para el análisis en sede judicial de esta materia, la Sección
Segunda definió la siguiente regla:

«En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable
y de aplicación inmediata, el juez contencioso administrativo no está limitado
para conocer del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque
la parte que reclama el reconocimiento de la prestación, sino que tiene la
obligación de aplicar el derecho y de resolver los conflictos sometidos a su
conocimiento conforme la normativa pensional que corresponda, de
conformidad con el artículo 103 de la Ley 1437 de 20118.»9

14. La regla se sustentó en los siguientes argumentos:

• la flexibilización del carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, a partir del hito contenido en la sentencia C-197 de 1999, en
especial, cuando se advierta la vulneración de un derecho fundamental10;

7
Al respecto, se puede n consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril
de 2019, radicado: 85001-33-33-002-2013-00237-01 (1701-2016) SUJ-015-CE-S2-2019,
demandante: Julio César Benavides Borja y Corte Constitucional, sentencia C-432 de 2004.
8
Citó: «”dame el hecho y te daré el derecho”».
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2018, radicado:
810012333000201400012 01(1321-2015) SUJ-010-S2, demandante: Pastora Ochoa Osorio.
10
En la sentencia C-197 de 1999, la Corte sostuvo: «cuando el juez administrativo advierta la
violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su
protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las

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• el objeto de los procesos ante esta jurisdicción es la efectividad de los
derechos, por mandato del artículo 103 del CPACA;
• la naturaleza irrenunciable del derecho fundamental a la seguridad social
implica que no se pueda entender que la falta de invocación de una norma
conlleva la renuncia a su aplicación; y
• no se vulnera del derecho al debido proceso de la entidad responsable, por
cuanto en la reclamación se solicitó el reconocimiento de la misma prestación
con fundamento en los mismos hechos.

15. En efecto, en este caso se constata que los hechos litigiosos sobre los cuales
habrá de decidirse han sido objeto de debate probatorio. La petición que desató los
actos administrativos demandados fundó su pretensión de manera genérica en «el
Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004 y demás normas concordantes», dentro de las
cuales se encuentra la Ley 923 de 2004. De hecho, la parte demandada también se
refirió al punto en los alegatos de primera instancia11, para sostener que el régimen
de transición de que trata la Ley 923 de 2004, no cobijaba a los soldados
profesionales. Además, la sentencia de primera instancia identificó tales
argumentos, aunque no se ocupó de su análisis.

16. En ese orden, el problema jurídico se circunscribe a resolver el siguiente
interrogante:

¿Diel Augusto Bustamante Camargo tiene derecho a que se le reconozca una
asignación de retiro como soldado profesional del Ejército Nacional con
fundamento en el artículo 3, numeral 3.1, de la Ley 923 de 2004?

17. Con miras a resolver el anterior planteamiento, la Sala analizará la normativa que
rige el derecho a la asignación de retiro de los soldados profesionales.

2.2.1. Régimen de asignación de retiro de los soldados profesionales

18. Para comenzar, conviene tener como referente normativo de la categoría de
soldados profesionales el Decreto 1793 de 2000 «por el cual se expide el Régimen de
Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares»,
expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1
de la Ley 578 de 2000. El artículo 1 del citado decreto definió este personal en los
siguientes términos:

«Los soldados profesionales son los varones entrenados y capacitados con la

normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad
entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución»
11
En los alegatos de conclusión de primera instancia, la parte demandada sostuvo: «[…] sea lo
primero despejar las dudas sobre la norma aplicable, para lo cual esta Honorable Unidad Judicial,
respetuosamente sugiero tener en cuenta: i) El rango del actor; ii) La inaplicabilidad del régimen de
transición que dispone la Ley 923 de 2004, artículo 3 Numeral 3.8; y, iii) Consecuente aplicación del
Decreto 4433 de 2004.
[…]
En este sentido, se concluye claramente a juicio de la suscrita que, con ocasión de la modificación
normativa efectuada al régimen de asignaciones de retiro y pensión de los miembros de la fuerza
pública, por medio de la Ley 932 de 2004, únicamente ingresarán o serán beneficiarios los oficiales,
suboficiales, agentes y miembros del nivel ejecutivo del Ministerio de Defensa Nacional, sin tener
contemplado en el mismo a los soldados profesionales. […]»

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finalidad principal de actuar en las unidades de combate y apoyo de combate
de las Fuerzas Militares, en la ejecución de operaciones militares, para la
conservación, restablecimiento del orden público y demás misiones que le sean
asignadas. […]»

19. Luego, la Ley 797 de 2003 otorgó facultades al Ejecutivo para reformar el régimen
pensional de las Fuerzas Militares12. Con fundamento en ello se expidió el Decreto
2070 de 200313, que incluyó dentro de su campo de aplicación a los soldados, para
quienes se reguló la asignación de retiro. Sin embargo, la Corte Constitucional en
la sentencia C-432 de 2004 declaró inexequibles tanto la norma habilitante [numeral
3 del artículo 17 de la Ley 797 de 2003] como aquella que la desarrolló [Decreto
2070 de 2003].

20. En las consideraciones del pronunciamiento en cuestión, la Corte reveló la
necesidad de que se expidiera una ley marco que señalara los elementos básicos
del régimen pensional y de asignación de retiro de la Fuerza Pública. Para el efecto,
el legislador debía determinar, entre otros aspectos, los requisitos de edad, tiempo
de servicio, monto, ingreso base de liquidación, régimen de transición,
indemnizaciones sustitutivas y demás condiciones que aseguraran el
reconocimiento de una asignación de retiro y de otras prestaciones relacionadas.
Con fundamento en ello, el gobierno debía reglamentar los elementos «accidentales
y variables de dicho régimen».

21. En línea con lo anterior, la Ley 923 de 2004 señaló las normas, objetivos y
criterios que debía observar el gobierno para la fijación del régimen de asignación
de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. Uno de los elementos mínimos que
señaló fue el siguiente:

«3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza
Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación,
el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho
de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso
se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25
años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada
en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el
reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el
retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro
se produzca por cualquier otra causal.
Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en
la Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de
asignación de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de
edad, es decir, 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres.
En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean
retirados del servicio activo sin derecho a asignación de retiro o pensión,
tendrán derecho al reconocimiento del bono pensional por el total del tiempo
servido, de conformidad con las normas del Sistema General de Pensiones.

12
Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral
10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de
facultades extraordinarias para:
[…]
3. Expedir normas con fuerza de ley para reformar los regímenes pensionales propios de las Fuerzas
Militares y de Policía y DAS de conformidad con los artículos 217 y 218 de la Constitución Política.
13
Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares

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[…]

3.9. Un régimen de transición que reconozca las expectativas legítimas de
quienes se encuentren próximos a acceder al derecho de pensión y/o
asignación de retiro.
En todo caso el régimen de transición mantendrá como mínimo los tiempos
de servicio exigidos en la presente ley para acceder al derecho de
asignación de retiro para el personal de Oficiales, Suboficiales, miembros
del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Fuerza Pública que se encuentren en
servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

[…]»

22. El Decreto 4433 de 2004 desarrolló la Ley 923 de 2004 y reguló el derecho a una
asignación de retiro de los soldados profesionales, en los siguientes términos:

«Artículo 16. Asignación de retiro para soldados profesionales. Los soldados
profesionales que se retiren o sean retirados del servicio activo con veinte (20)
años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres
(3) meses de alta a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les
pague una asignación mensual de retiro, equivalente al setenta por ciento (70%)
del salario mensual indicado en el numeral 13.2.1, adicionado con un treinta y
ocho punto cinco por ciento (38.5%) de la prima de antigüedad. En todo caso,
la asignación mensual de retiro no será inferior a uno punto dos (1.2) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.»

23. Las partidas computables a las que se refiere la norma citada son las descritas
en el artículo 13 ibidem, de la siguiente forma:

«Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas
Militares. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia,
se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas
así:
[…]
13.2 Soldados Profesionales:
13.2.1 Salario mensual en los términos del inciso primero del artículo
1° del Decreto-ley 1794 de 2000.
13.2.2 Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18 del
presente decreto.

Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y
compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro,
pensiones y sustituciones pensionales.»

24. En este punto, se destaca que el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 estableció
para los oficiales y suboficiales en servicio activo para la fecha de su entrada en

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Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

vigor, unos tiempos mínimos de 1514 y 1815 años para la asignación de retiro. Para
los soldados profesionales no se previó una transición semejante.

25. No obstante, el mencionado artículo 14 fue declarado nulo en la sentencia del 23
de octubre de 201416, para lo cual se remitió a los fundamentos jurídicos que
sustentaron la nulidad parcial de los artículos 24 del mismo decreto en la sentencia
del 28 de febrero de 201317, teniendo en cuenta que su texto era idéntico «pero con
variación únicamente de los destinatarios de la norma en cuestión, como quiera que en el
artículo 24 son los Oficiales Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en actividad y en
el artículo 14 los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en actividad », así:

«La nulidad de las normas acabadas de mencionar tiene como fundamento
común la invocación de violación de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, en
cuyo artículo 3° se establecieron los elementos mínimos que habrán de ser
incluidos en el régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus
sustituciones, la pensión de sobrevivientes y los reajustes de estas, elementos
entre los cuales se encuentra la regla establecida en el numeral 3.1 del artículo
citado en la cual se preceptúa que:
[…]
Como puede observarse, en la norma acaba de transcribir se hace la distinción
entre miembros de servicio de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, y quienes para
entonces no se encontraran en servicio activo.

Respecto de quienes se encontraban en servicio activo a la iniciación de la
vigencia de la ley acabada de mencionar dispuso el legislador que: “no se les
exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio
superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de expedición de
esta ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años
cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal”.

Es decir, el ámbito de competencia del Presidente de la República en cuanto al
contenido de los Decretos que expida para desarrollar esta Ley Marco quedó
así expresamente delimitado por el legislador. Ello significa, entonces, que si no
obra el Ejecutivo dentro de tales linderos competenciales, el decreto que se dicte
fuera de ellos será violatorio no sólo de la Ley Marco, sino también del artículo
150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política.

14
«PARÁGRAFO 1°. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, que a la fecha de entrada
en vigencia del presente decreto, tuvieren quince (15) o más años de servicio que sean retirados del
servicio activo por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional, según el caso, o por
sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica,
o por incapacidad profesional, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses
de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague una asignación mensual
de retiro[…]»
15
«ARTÍCULO 14. Asignación de retiro para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares en actividad. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo a la
fecha de entrada en vigencia del presente Decreto, que sean retirados con dieciocho (18) o más
años de servicio, por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional, según el caso, o por
sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica,
o por incapacidad profesional, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en
forma absoluta después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, se les pague
una asignación mensual de retiro […]»
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de octubre de 2014, radicado: 11001-03-
25-000-2007-00077 01 (1551-2007), demandante: José Luis Tenorio Rosas.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de febrero de 2013, radicado: 11001-03-
25-000-2007-00061-00(1238-07), demandantes: José Bime Calderón y Jesús Escobar Valor.

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En virtud de lo dicho si el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, establece que
el personal de la Policía en servicio activo que a la fecha de entrada en vigor de
ese Decreto sea retirado ‘después de dieciocho (18) años de servicio, por
llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad sicofísica o
por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según
corresponda y los que se retiren o sean retirados o sean separados en forma
absoluta con mas de veinte (20) años de servicio’ tendrán derecho al pago de la
asignación mensual de retiro como allí se determina, es evidente que se está
exigiendo para poder ser asignatario de la misma el cumplimiento como mínimo
de dieciocho (18) años de servicio en unos casos y veinte (20) años de servicio
en otros, lo cual resulta superior a lo establecido para el personal de Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional, por el artículo 115 del Decreto 1212 de 8 de
junio de 1990, cuando sean llamados a calificar servicios, o por voluntad del
Gobierno, o de la Dirección General de la Policía y, de la misma manera ocurre
con respecto a la asignación de retiro a que tendrían derecho con 15 años de
servicio en las hipótesis contempladas en el artículo 144 del mismo Decreto
mencionado.
[…]
Surge como consecuencia del análisis en precedencia que las normas acusadas
y que ahora son objeto de análisis quebrantaron entonces lo dispuesto en la Ley
923 de 2004, dentro de cuyo marco deberían haber sido expedidas, lo cual
acarrea como consecuencia que también se quebrantó el artículo 150 numeral
19 literal e) de la Constitución Política y, por consiguiente se encuentran viciadas
de nulidad.
[…]» [sic]

26. La citada sentencia del 23 de octubre de 201418, también se pronunció sobre el
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004. La providencia mantuvo su presunción de
legalidad, por considerar que el Ejecutivo sí estaba habilitado para regular la
asignación de retiro de los soldados profesionales, decisión que motivó así:

«Examinado el texto del citado artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, nota la
Sección que su texto es de idéntico contenido a la norma que bajo el mismo
número formaba parte del Decreto 2070 de 2003 norma que el Presidente de
la República expidió con fundamento en las facultades extraordinarias que
fueron conferidas por el artículo 17 numeral 3° de la Ley 797 de 2003. El
referido Decreto 2070 de 2003 en su integridad, fue declarado inexequible por
la Corte Constitucional en sentencia C-432 de 2004 por cuanto no era esa una
materia que pudiera ser objeto de la Ley ni tampoco de los Decretos Leyes
expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Legislador
al Presidente de la República, comoquiera que el artículo 150 numeral 19 literal
e) estableció que corresponde al Congreso dictar las normas generales y
señalar en ellas los objetivos y criterios a que ha de someterse el Gobierno
Nacional para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso de la República y de la Fuerza Pública,
lo que habrá de cumplirse por el Ejecutivo en los decretos que desarrollen la
Ley Marco correspondiente.

Ello significa entonces que conforme a la Ley 923 de 2004, el Gobierno
Nacional no quebrantó norma preexistente al regular los pertinente a la
asignación de retiro para soldados profesionales conforme aparece en el
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, cuyo contenido se ajusta, ahora sí a una
Ley Marco que lo autorice para el efecto, lo que no ocurrió cuando esa norma
formó parte del Decreto-Ley 2070 de 2003 que fue expedido con fundamento
en facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la República al

18
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de octubre de 2014, radicado: 11001-03-
25-000-2007-00077 01 (1551-2007), demandante: José Luis Tenorio Rosas.

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Ejecutivo por el artículo 17 numeral 3° de la Ley 797 de 2003, para lo cual no
podía expedirlas, según ya se recordó.» [sic]

27. Precisamente, la norma no impuso condiciones superiores a las reguladas en
disposiciones anteriores para sus destinatarios. Esta afirmación podría explicarse,
a partir del análisis del régimen de asignación de retiro aplicable a los soldados
profesionales realizado por la jurisprudencia de la Sección Segunda. Al respecto
concluyó que este derecho se definió a partir de la entrada en vigor del Decreto
4433 de 2004. Así lo expuso la sentencia de unificación del 25 de abril de 201919:

«[…] fue solo hasta la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004 que pudo
hablarse de un derecho a la asignación de retiro de los soldados profesionales,
propiamente dicho, dentro del régimen especial de las Fuerzas Militares, pues,
las normas que anteriormente regularon las prestaciones sociales en favor de
este personal, remitieron a las disposiciones generales en esta materia […]»

28. El pronunciamiento en cuestión identificó esta reglamentación como una
expresión del principio de progresividad, al establecer este derecho para los
integrantes de las fuerzas militares que antes estaban privados de aquel, en los
siguientes términos:

«195. De acuerdo con lo expuesto en precedencia, el hecho de consagrar una
asignación de retiro para un sector de las fuerzas militares que antes no lo
tenía, es una expresión del principio de progresividad, lo cual, admite que se
implemente con cierta gradualidad, hacia la plena realización de los derechos
en el diseño y ejecución de políticas públicas en materia del derecho a la
seguridad social. Visto así, se trata de una medida positiva encaminada a lograr
la igualdad en la protección de todos los miembros de las fuerzas militares
durante el retiro, aspecto para el cual se deben tener en cuenta factores tales
como los recursos de los que se disponga20, de manera que se asegure la
viabilidad de las decisiones que se adopten en tal sentido […].»

29. De ahí que, en principio, era razonable la ausencia de regulación respecto de un
régimen de transición de asignación de retiro en esos mismos términos, para el
personal incorporado en la categoría de soldados profesionales, instituida por el
Decreto 1793 de 2000. Es así, en atención a que no podían conservarse
prerrogativas anteriores que no existían. Con todo, se resalta que el artículo 2 del
Decreto 4433 de 2004 garantizó todos los derechos adquiridos de todo el personal
que integra la Fuerza Pública. Ciertamente, los soldados profesionales sí eran
beneficiarios del régimen general de seguridad social, en los términos del artículo
39 del Decreto 1793 de 200021. Incluso, para aquellos que se hubieran vinculado
antes del 1 de enero de 2001, el artículo 4122 del mismo decreto determinó la forma
en la que se calcularía el bono pensional.

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, radicado: 85001-33-33-
002-2013-00237-01 (1701-2016) SUJ-015-CE-S2-2019, demandante: Julio César Benavides Borja.
20
Art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales.
21
«ARTICULO 39. RÉGIMEN DE PENSIONES. La pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia de
los soldados profesionales de que trata el presente decreto se regirá por el sistema de capitalización
previsto en la Ley 100 de 1993. […]»
22
«ARTICULO 41. TRANSICIÓN. Para los soldados profesionales que se hayan vinculado con
anterioridad al 1 de enero de 2001, el Ministerio de Defensa Nacional efectuará el cálculo de un bono
pensional, dentro del año siguiente a la expedición del presente decreto, por el número de años de
servicio equivalente al aporte del doce por ciento (12%) que le corresponde aportar al empleador,
utilizando la metodología prevista en la Ley 100 de 1993.»

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30. El artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 también fue objeto de pronunciamiento
en la sentencia del 24 de febrero de 202223. En aquella oportunidad, la Subsección
B determinó que no se excedió el ejercicio de la potestad reglamentaria, al
establecer la exigencia de 20 años de servicio para el reconocimiento de una
asignación de retiro a los soldados profesionales, sin definir un régimen de
transición, acorde con el artículo 3 de la Ley 923 de 2004.

31. De acuerdo con ese pronunciamiento, la Ley 923 de 2004 determinó que, al fijar
el régimen de asignación de retiro de los soldados profesionales, el gobierno
nacional «no podía exigir menos de 18 años de servicio ni más de 25 años, para reconocer
el derecho […] Además, el Ejecutivo debía respetar los tiempos de servicio exigidos por las
normas vigentes a la fecha de expedición de la ley marco cuando el retiro se produzca por
solicitud propia y, en todo caso, no podría exigir menos de 15 años cuando se produzca por
otra causal». Por lo tanto, al prever el requisito de 20 años, se ajustó a los límites
señalados por la ley marco.

32. De igual forma, la Subsección B estimó que la medida [artículo 16 del Decreto
4433 de 2004] no vulneró el derecho a la igualdad de los soldados profesionales
respecto de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública. Ello por cuanto la
jurisprudencia ha destacado que se trata de grupos que no son susceptibles de
comparación «porque se encuentran en situaciones de hecho distintas en atención a las
categorías de jerarquía militar, la naturaleza de sus funciones y al hecho de que cada
personal realiza cotizaciones o aportes sobre diferentes partidas».

2.3. Caso concreto

33. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:

33.1. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió la sentencia del 18 de
diciembre de 2012, por medio de la cual confirmó la decisión de acceder a las
pretensiones de la demanda presentada por Diel Augusto Bustamante Camargo
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se
anulara la Resolución del 10 de marzo de 2005 por la cual fue retirado del servicio
activo por determinación del comandante de la fuerza.

33.2. En efecto, mediante Orden Administrativa de Personal del Comando del Ejército
Nacional 2223 del 22 de octubre de 2014, se dispuso:

«[…] CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2011,
PROFERIDO POR EL JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE CÚCUTA, CONFIRMADO ÍNTEGRAMENTE POR EL HONORABLE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, DENTRO DEL
PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICADO BAJO N.° 54001-33-31-005-2005-00778-01, ACTOR DIEL
AUGUSTO BUSTAMANTE CAMARGO, CONTRA NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, ASÍ:

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de febrero de 2022,
radicado: 11001-03-25-000-2015-01059-00 (4674-2015) acumulado 11001-03-25-000-2016-00884-
00 (4044-2016), demandantes: Harold Ocampo Camacho y Martín Emilio Rodríguez Cortés.

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13

Radicado: 54001-23-33-000-2022-00058-01 (5134-2023)
Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

[…]
SEGUNDO: QUE COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR A TÍTULO DE
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ORDENASE A LA NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL,
REINTEGRAR SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD A DIEL AUGUSTO
BUSTAMANTE CAMARGO EN EL CARGO DE SOLDADO PROFESIONAL
ADSCRITO AL BATALLÓN DE CONTRAGUERRILLAS N.° 16 HÉROES DE
SARAGURO, O EN OTRO DE IGUAL O SUPERIOR CATEGORÍA, ASÍ COMO
RECONOCER Y PAGARLE LOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y
DEMÁS EMOLUMENTOS QUE HAYA DEJADO DE PERCIBIR DESDE EL DÍA
EN QUE FUE DESVINCULADO DEL SERVICIO, HASTA CUANDO SEA
EFECTIVAMENTE REINTEGRADO.
[…]
CUARTO: DECLÁRESE QUE NO [HA] EXISTIDO SOLUCIÓN DE
CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL ACTOR DIEL
AUGUSTO BUSTAMANTE CAMARGO.
[…]

INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN:
[…]
2. EL JEFE DE PERSONAL DE LA UNIDAD TÁCTICA A LA CUAL
PERTENECE ORGANICAMENTE EL SOLDADO, DEBERÁ DE FORMA
INMEDIATA TOMAR CONTACTO CON EL MISMO, CON EL FIN DE QUE EL
REINTEGRO SE HAGA EFECTIVO DE FORMA INMEDIATA Y SE CUMPLAN
LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE ACTO
ADMINISTRATIVO. LOS COMANDANTES DE LAS UNIDADES TÁCTICAS
RESPONDERÁN POR LOS PROBLEMAS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS
QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDEN O DE
LA INDEBIDA COMUNICACIÓN.
[…]» [sic]

33.3. Por medio de las resoluciones 4744 del 31 de mayo de 2016 y 239186 del 9 de
noviembre de 2017, el Ministerio de Defensa Nacional reconoció y ordenó el pago
de las sumas ordenadas en la providencia judicial antes identificada. No se allegó
el acto administrativo por el cual se hizo efectivo el reintegro del actor.

33.4. La Hoja de servicios 3-13390598 del 17 de marzo de 2016 informó que Diel
Augusto Bustamante Camargo fue retirado por inasistencia al servicio por más de
10 días sin causa justificada, según la Orden Administrativa de Personal EJC 1080
27-01-2016. Los tiempos de servicio los registró así:

TIEMPOS PARA PENSIÓN Y/O ASIGNACIÓN DE RETIRO
Concepto Años Meses Días Total
TIEMPO FISICO 11 0 8 3,968
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 1 5 28 538
SOLDADO VOLUNTARIO 7 1 15 2,565
TIEMPO TOTAL 19 7 21 7,071
DIFERENCIA AÑO LABORAL 0 2 3 63
TIEMPO LIQUIDACIÓN 19 9 24 7,134

RELACIÓN DETALLADA DE TIEMPOS
Lapsos
Conceptos Desde Hasta Años Meses Días
SERVICIO MILITAR 19950303 19960831 1 5 28
SOLDADO REGULAR 19950303 19950713 0 4 11
DRAGONEANTE 19950714 19960831 1 1 17
TIEMPO DE SERVICIO MILITAR CUMPLIDO 19960831
SOLDADO VOLUNTARIO 19960916 20031031 7 1 15
SOLDADO VOLUNTARIO 19960916 20031031 7 1 15

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Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

SOLDADO PROFESIONAL 20031101 20141109 11 0 8
SOLDADO PROFESIONAL 20031101 20141109 11 0 8
RETIRO DEROGADO – DECISIÓN DEL 20050301
COMANDANTE
INASISTENCIA AL SERVICIO POR MAS 10 DIAS 20141109
CAUS

33.5. Verificado el expediente electrónico, no se allegó el acto de retiro del
demandante.

33.6. El 12 de abril de 2019, le solicitó al Ministerio de Defensa el reconocimiento de
una asignación de retiro «como lo consagra el Decreto 4433 del 31 de diciembre del 2004
y demás normas concordantes». Para el efecto, expuso lo siguiente:

• Se vinculó como soldado regular el 5 de septiembre de 1995.
• Mediante Resolución 1008 del 10 de marzo de 2005 «fue retirado del servicio
activo por determinación del comandante de la fuerza militar».
• Por lo anterior, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
• El Tribunal Administrativo de Norte de Santander en sentencia del 18 de
diciembre de 2012 confirmó la decisión de anular el acto de retiro y ordenar
el restablecimiento de sus derechos laborales.
• En cumplimiento de lo anterior, la entidad demandada pagó todos los
haberes causados desde marzo de 2005 hasta octubre de 2014.
• Permaneció vinculado con el Ejército Nacional como soldado «por un periodo
total de 19 años, desde el 05 de marzo de 1995 hasta finales del mes de octubre de
2014, luego del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
lo cual cancelo oportunamente la seguridad social» [sic].

33.7. Cremil resolvió la petición del solicitante a través de la Resolución 5662 del 30
de mayo de 2019 y le negó el reconocimiento de la asignación de retiro «[…] toda
vez que fue retirado de la actividad militar por “INASISTENCIA AL SERVICIO POR MÁS
DE DIEZ DÍAS” y el tiempo de servicio a la fecha de retiro es de 19 Año(s), 9 Mes(es), 24
Día(s), no enmarcándose en lo señalado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, que
establece un tiempo mínimo de 20 años para acceder a la prestación en comento»[sic].

33.8. En
la Resolución 10164 del 30 de octubre de 2019, Cremil rechazó por
extemporáneo el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 5662 del
30 de mayo de 2019.

2.3.1. Análisis de la Subsección

34. El apelante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que se
ordenara el reconocimiento y pago de una asignación de retiro, en su condición de
soldado profesional con fundamento en el artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004, con
fundamento en las siguientes premisas:

34.1. Aquella norma establece, dentro de los elementos mínimos para la fijación de
su régimen, tiempos mínimos de 15 y 18 años de servicio como requisito para
acceder a la prestación, los cuales son inferiores a los 20 años que exige el artículo
16 del Decreto 4433 de 2004.

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34.2. Está incluido dentro de los beneficiarios del régimen de transición, por cuanto
para la fecha de entrada en vigor de la Ley 923 de 2004, se encontraba en servicio
activo.

34.3. La jurisprudencia de esta corporación ha admitido la aplicación directa de la Ley
923 de 2004 para ordenar el reconocimiento de la prestación, en asuntos con
similares supuestos fácticos.

35. Al respecto, se observa que no se discute que el tiempo de servicio del
demandante como soldado en el Ejército Nacional fue de 19 años, 9 meses y 24
días. Así lo señaló la Hoja de servicios del 17 de marzo de 2016, según la cual se
vinculó al Ejército Nacional como: soldado regular el 3 de marzo de 1995, soldado
voluntario desde el 16 de septiembre de 1996 y como soldado profesional desde el
1 de noviembre de 2003. Es decir que, acreditó que, para la fecha de expedición de
la Ley 923 de 2004 que entró en vigor el 30 de diciembre de ese año24, tenía más
de 8 años de servicio activo.

36. Sin embargo, en esta oportunidad no es posible otorgarle al artículo 3, numeral
3.1, de la Ley 923 de 2004 el efecto jurídico que el demandante pretende, esto es,
el de servir como fundamento para concederle la prestación. Sobre el punto, es
cierto que el desconocimiento del artículo 3, numeral, 3.1, de la Ley 923 de 2004
llevó a la anulación de las normas de transición contenidas en los artículos 14, 15,
24, 25 [parcial] y 30 del Decreto 4433 de 2004, para los oficiales y suboficiales de
las fuerzas militares, así como para los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía
Nacional25.

37. Con fundamento en lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado accedió
al reconocimiento de la asignación de retiro, en aplicación de los regímenes
anteriores a dicha ley. Así se puede constatar, entre otras, en las sentencias del 5
de octubre de 201726 y del 11 de abril de 201827, en las cuales se accedió al
reconocimiento de la prestación a miembros del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, con fundamento en el Decreto 1212 de 1990. En la misma línea, en las
sentencias del 20 de marzo de 201828 y 24 de abril de 201829 se ampararon los
derechos fundamentales de los solicitantes que, en la misma condición,
controvirtieron las decisiones judiciales que se apartaron de la misma aplicación
normativa.

24
El artículo 7 de la Ley 923 de 2007 estableció: «Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a partir
de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias» y se publicó
en el Diario Oficial 45777 del diciembre 30 de 2004.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de octubre de 2014, radicado: 11001-03-
25-000-2007-00077 01 (1551-2007), demandante: José Luis Tenorio Rosas; sentencia del 12 de
abril de 2012, radicado: 110010325000200600016 00 (0290-06) (1074-2007), demandante: Juan
Carlos Beltrán Bedoya; sentencia del 11 de octubre de 2012, radicado: 110010325000200700041
00(0832-2007), demandante: Miguel Arcángel Villalobos Chaparro.
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de octubre de 2017,
radicado: 180012333000201400085 01(3034-2016), demandante: Carlos Andrés Zea Zea.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2018, radicado:
250002342000201501949 01(5126-2016), demandante: Lour Byron Vinasco Salazar.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de marzo de 2018,
radicado: 11001-03-15-000-2018-00521-00, demandante: Arnulfo Rey López
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de abril de 2018, radicado:
11001-03-15-000-2017-01997-01, demandante: Wilson Manuel Rivera Barrera

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Radicado: 54001-23-33-000-2022-00058-01 (5134-2023)
Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

38. Sin embargo, se destaca que la situación jurídica de los soldados profesionales
es diferente de la que se ha identificado para los oficiales, suboficiales y agentes de
la Fuerza Pública. Es así como esta Sección, al pronunciarse sobre la legalidad del
artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, aplicable al demandante en materia de
requisitos para acceder a la asignación de retiro en su condición de soldado
profesional, concluyó que fue expedida acorde con el marco contenido en la Ley
923 de 2004 que delimitaba el ejercicio de la potestad reglamentaria.

39. Asimismo, tal y como quedó precisado, la ausencia de una reglamentación que
salvaguardara las condiciones definidas en normas anteriores para el
reconocimiento de la asignación de retiro para los soldados profesionales, como el
descrito para otros miembros de la Fuerza Pública en los términos del artículo 3,
numeral 3.1. de la Ley 923 de 2004, no configura un vicio de ilegalidad del artículo
16 del Decreto 4433 de 2004. Ciertamente, aquella categoría de soldados no
contaba con un régimen especial de dicha asignación antes de la expedición de la
mencionada Ley 923 y la exigencia de 20 años de servicio se encuentra dentro de
los límites fijados por el legislador.

40. También se determinó que lo anterior no vulnera el derecho a la igualdad de los
soldados profesionales respecto de otros integrantes de la Fuerza Pública, como
los oficiales y suboficiales de las instituciones militares. Esto en atención que se
trata de sujetos que no son susceptibles de comparación, puesto que se encuentran
en situaciones de hecho distintas que se desprenden de la jerarquía, la naturaleza
de sus funciones y responsabilidades, además de sus condiciones en cuanto a sus
cotizaciones o aportes30.

41. En esas condiciones, se deduce que Diel Augusto Bustamante Camargo no tiene
derecho a que se le reconozca una asignación de retiro con menos de 20 años de
servicio como soldado profesional, en aplicación directa del artículo 3, numeral 3.1,
de la Ley 923 de 2004.

2.4. Costas de la segunda instancia

42. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas.

2.5. Conclusión

43. Por las razones vertidas en precedencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia, comoquiera que Diel Augusto Bustamante Camargo no tiene derecho a
que se le reconozca una asignación de retiro como soldado profesional del Ejército
Nacional con fundamento en el artículo 3, numeral 3.1, de la Ley 923 de 2004.

44. Lo anterior, en atención a que no cumplió con el requisito de 20 años de servicio,
establecidos por la norma que le era aplicable, esto es, el artículo 16 del Decreto

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Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de abril de 2019, radicado: 85001-33-33-
002-2013-00237-01 (1701-2016) SUJ-015-CE-S2-2019, demandante: Julio César Benavides Borja.

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Radicado: 54001-23-33-000-2022-00058-01 (5134-2023)
Demandante: Diel Augusto Bustamante Camargo

4433 de 2004. Esta disposición fue objeto de estudio de la jurisprudencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado. La corporación mantuvo su presunción
de legalidad al considerar que fue expedida dentro del marco correspondiente al
ejercicio de la potestad reglamentaria del artículo 150, numeral 19, literal e) y no
desconoció el artículo 3, numeral 3.1, de la Ley 923 de 2004.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, por la cual el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 18 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander que negó las pretensiones de la demanda.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-
2024)

Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

LMMO
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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