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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00170-00

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00170-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad formuladas en contra de los apartes «que sean retirados del servicio activo después de veinte (20) años» y «los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio», contenidas en el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, según las consideraciones expuestas. Segundo. SIN CONDENA en costas. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el expediente. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2024-00170-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00170-00 (2764-2024)
Demandantes: Alejandro Rodríguez Guzmán
Demandados: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

Temas: Derecho a la asignación de retiro. Facultad reglamentaria.
Alcance del artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004 y el margen de
configuración del Ejecutivo. NIEGA PRETENSIONES.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), promovido por el señor Alejandro
Rodríguez Guzmán, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES1

1. Que se declare la nulidad del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 «por medio
del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros
de la Fuerza Pública». Específicamente, los apartes resaltados:

«[…] Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional. Los
Oficiales y el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que
ingresen al escalafón a partir de la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto y que sean retirados del servicio activo después de
veinte (20) años, por llamamiento a calificar servicios, por disminución
de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno, y los que se
retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma
absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho
a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una
asignación mensual de retiro, así: […]».

1 Índice 3 Samai.

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HECHOS

2. La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

3. Que, a través de la Ley 923 de 2004, el Congreso de la República modificó el
régimen pensional y de asignación de retiro para el personal de la fuerza
pública, entre los que se encuentran los miembros de la Policía Nacional.

4. Afirmó que esta ley marco, en su artículo 2, estableció los objetivos y criterios
de obligatoria observancia por parte del Ejecutivo, los cuales deberían ser
tenidos en cuenta al expedir el régimen de asignación de retiro para la Policía
Nacional, no solo respecto del personal que se encontraba activo al momento
de la expedición de la norma, sino de aquellos que, en vigencia de la norma,
ingresaran a la institución policial.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

5. Consideró vulnerados los artículos: 150 (numeral 19) literal e) de la
Constitución Política; 1, 3 (3.1) y 5 de la Ley 923 de 2004; y 137 de la Ley 1437
de 2011.

6. Afirmó que, si bien la determinación del régimen salarial y prestacional para los
miembros de la fuerza pública se desarrolla en ejercicio de una competencia
concomitante entre el Congreso y el presidente de la República; este último,
debe ceñirse estrictamente a los límites fijados por el legislador al momento de
expedir el decreto reglamentario.

7. Argumentó que el artículo 3 (numeral 3.1) en la Ley 923 de 2004 estableció
como presupuesto, que el Gobierno nacional al momento de fijar el tiempo para
acceder al derecho de la asignación de retiro, debía ser mínimo de 18 años y
máximo 25.

8. Que, pese a lo anterior, el Ejecutivo extralimitó las facultades otorgadas, pues
exigió un tiempo mínimo de servicio de 20 años, esto es, lo aumentó en 2
años, circunstancia que desconoció las normas y criterios que sobre la materia
reguló la ley marco.

9. Expresó que esta corporación ha declarado la nulidad de varias disposiciones
que rigen el régimen de la fuerza pública, al encontrar que el Gobierno excedió
los límites previstos en la ley marco. Así, se han anulado los artículos 51 del
Decreto 1091 de 1995; artículo 25 (parágrafo 2) del Decreto 4433 de 2004, y 2
del Decreto 1858 de 2012, que, en esencia, se trata del acatamiento que el
Gobierno nacional debe observar al momento de desarrollar la Ley 923 de
2004.

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10. El 13 de agosto de 2024 se admitió la demanda y se corrió traslado de la
solicitud de medida cautelar, la cual fue resuelta de manera negativa por auto
del 29 de octubre de 2024. Notificado el medio de control, la parte demandada
se pronunció de la siguiente forma.

11. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público2. Se opuso las pretensiones,
pues considera que el tiempo de servicio para tener derecho a la asignación de
retiro para el personal de la Policía Nacional previsto en la disposición
demandada se enmarca dentro de los rangos mínimos y máximos establecidos
en el artículo 3 (numeral 3.1) de la Ley 923 de 2004. De ahí que, el Gobierno
nacional no excedió la facultad reglamentaria.

12. El Ministerio de Defensa Nacional no contestó la demanda.

TRÁMITE DE ÚNICA INSTANCIA

13. Por auto del 16 de enero de 2025 se evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA, se
prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 189 de la Ley 1437 de
2011, se decretaron las pruebas, se fijó el correspondiente litigio y corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

14. La parte demandante3. Reiteró que la norma demandada exige un tiempo de
servicio mínimo para acceder a su asignación de retiro, el cual es superior al
establecido en la Ley 923 de 2004, lo que implica que el Ejecutivo sin tener la
facultada para ello, incrementó en 2 años dicho lapso, circunstancia que
vulneró la reserva legal.

15. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.

16. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

17. Se deberá determinar si los apartes «que sean retirados del servicio activo
después de veinte (20) años» y «los que se retiren a solicitud propia o sean
retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de
servicio», del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, están viciados de nulidad
por extralimitación de la facultad reglamentaria, al establecer como tiempo de
servicio mínimo para acceder a la asignación de retiro 20 años, a pesar de que,
para el demandante, la Ley 923 de 2004 impuso un tiempo mínimo de 18 años.

2 Índices 26 y 27, ibid.
3 Índices 41 y 42 ibid.

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La potestad reglamentaria prevista en el artículo 150 numeral 19 superior

18. El artículo 48 de la Constitución Política prevé la seguridad social como un
derecho irrenunciable y como un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos establecidos
por la ley.

19. Uno de los componentes del derecho a la seguridad social es aquella
prestación que tiene la finalidad de amparar la contingencia de la vejez, de
manera que se le permita al afiliado mantener las condiciones necesarias para
su subsistencia y de esta manera «garantizar al trabajador que, una vez
transcurrido un cierto lapso de prestación de servicios personales y alcanzado
el tope de edad que la ley define, podrá pasar al retiro4», en condiciones
dignas de subsistencia y la de su familia.

20. Ahora, si bien el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, excluyó de su aplicación a
la fuerza pública y al personal regido por el Decreto 1214 de 1990, tanto la
jurisprudencia de la Corte Constitucional5 como de esta corporación6 han
equiparado la asignación de retiro con la pensión de vejez, al señalar que la
primera prestación «se asimila a la pensión de vejez y que goza de un cierto
grado de especialidad (en requisitos), atendiendo la naturaleza especial del
servicio y las funciones que cumplen los servidores públicos a quienes se les
reconoce».

21. Para cumplir con el objeto de la seguridad social, la jurisprudencia7 ha
explicado que el legislador cuenta con una amplia potestad para «configurar,
coordinar y asegurar su prestación a través de las estructuras o sistemas que
considere idóneos y eficaces», con el fin de definir los requisitos para el
reconocimiento de las prestaciones pensionales, así como para configurar
aspectos técnicos, económicos y actuariales de la financiación de las
prestaciones.

22. Potestad que no es absoluta, pues dicho ejercicio se encuentra sujeto a las
siguientes limitantes: i) reglas y prohibiciones constitucionales expresas, como
por ejemplo por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse
el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho; ii)
principios del sistema pensional como lo son la eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, participación, unidad y sostenibilidad financiera.; y iii)
derechos fundamentales de los afiliados, ejemplo de ello es que la protección

4 Corte Constitucional sentencia C-107 de 2002.M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
5 Corte Constitucional sentencia C-432 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de abril de 2019,

radicado: 5001-33-33-000-2013-00237-01 (1701-16) CE-SUJ2-015-19. C.P. William Hernández Gómez.
7 Se pueden consultar las sentencias C-078 de 2017. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y C-083 de 2019. M.P.

Alberto Rojas Ríos.

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de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, debe ser razonable y
proporcional8.

23. La Constitución Política de Colombia en el artículo 150 (numeral 19), previó las
leyes marco, las cuales han sido definidas por la jurisprudencia de esta
corporación9 como la norma que señala criterios, principios y lineamientos a los
cuales otra autoridad administrativa debe sujetarse para expedir las
disposiciones que desarrollan determinadas materias.

24. En esta disposición señaló de forma taxativa los temas que deben regularse
mediante estas normas, entre otras, la de fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, de los miembros del Congreso de la República y de
las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

25. Así, en este tipo de leyes se presenta una concurrencia de competencias entre
el legislativo y el Gobierno, pues el Congreso de la República expide una ley
en la cual establece las normas generales, señalando los objetivos y criterios a
los cuales debe sujetarse el Ejecutivo.

26. En desarrollo del citado artículo 150 superior, se expidió la Ley 4ª de 1992 que
estableció, entre otros en su artículo 1 que el Gobierno, con sujeción a las
normas, criterios y objetivos contenidos en dicha normativa, fijaría el régimen
«salarial y prestacional de: […] d. Los miembros de la Fuerza Pública».

27. El Congreso de la República expidió la Ley Marco 923 del 30 de diciembre de
2004, en la cual se señalaron los objetivos y criterios que debía observar el
Ejecutivo para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de
dichos miembros.

28. En el artículo 3.1 de la mencionada ley, se establecieron los elementos
mínimos a tener en cuenta en el régimen de asignación de retiro, pensión de
invalidez y sus sustituciones, pensión de sobrevivientes y los reajustes de
estas, entre los cuales se destacan: «3.1. El derecho a la asignación de retiro para
los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el
tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para
acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y
en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo
superior a 25 años. […]».

29. En virtud de ello, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4433 de 2004, en el
cual reguló los siguientes temas:

8 Corte Constitucional, sentencias C-1032 de 2006. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, y C-078 de 2017. M.P. Jorge

Iván Palacio Palacio. Tesis reiterada el fallo C-054 de 2024. C.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia del 10 de octubre de 2019. Exp. 11001-

03-25-000-2012-00582 00 (2171-2012) acumulado. C. P. William Hernández Gómez.

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• Asignación de retiro, partidas computables.
• Orden de beneficiarios por muerte en servicio activo, sustitución de la asignación de
retiro y pensiones.
• Aportes para la asignación de retiro, pensión de sobrevivientes, pensión de invalidez.
• Forma de pago de las asignaciones de retiro y pensiones.
• Compatibilidad de la asignación de retiro y pensiones.
• Destinación de los aportes y administración de los recursos.
• Contribuciones a las cajas de retiro del personal retirado en goce de asignación de
retiro o sus beneficiarios en goce de pensión.
• Mesada adicional de la asignación de retiro.
• Oscilación de la asignación de retiro y pensiones.
• Prescripción de mesadas.
• Constitución de un fondo especial.

30. Específicamente y lo que es objeto del presente medio de control, el artículo 25
del Decreto 4433 de 200410 estableció para efectos del reconocimiento de la
asignación de retiro, lo siguiente:

«Artículo 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional. Los
Oficiales y el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen
al escalafón a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y
que sean retirados del servicio activo después de veinte (20) años, por
llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o
por voluntad del Gobierno, y los que se retiren a solicitud propia o sean
retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de
servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3)
meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
se les pague una asignación mensual de retiro, así: […]». (Se destaca).

31. De esta forma, se realizó una diferenciación en tiempo de servicio para el
personal que ingresó a la Policía Nacional a partir de la entrada en vigencia del
mencionado decreto, dependiendo de la causal de retiro.

Resolución al caso concreto

32. A juicio de la parte demandante el acto enjuiciado es nulo porque la norma
marco previó como mínimo 18 años de servicio para tener derecho a la
asignación de retiro y en su sentir, el Ejecutivo extralimitó la facultad
reglamentaria al fijar 20 años.

33. Para Sala la norma demandada respetó la ley marco, pues el término de 18
años de servicio que estableció la Ley 923 de 2004 lo fue en un tope mínimo,
lo que significa que bien puede el decreto reglamentario, sin incurrir en exceso
de la potestad reglamentaria, establecer mayores tiempos.

34. Nótese que, según la Real Academia de la Lengua11 la acepción de «como
mínimo» significa «loc. adv. coloq. al, o a lo, menos», esto es, que, en este
10 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza

Pública».

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caso, el artículo 25 demandado debió por lo menos, disponer 18 años. Así, el
Gobierno nacional contaba con un margen (respetando ese lapso) para
establecer el tiempo de servicio para adquirir el derecho a la asignación de
retiro, lo cual ocurrió, al fijar 20 años por diferentes causas.

35. En similares términos se pronunció esta corporación12, al definir de manera
general el alcance del artículo 3.1 de la Ley 923 de 2004 y el margen de
configuración normativa del Ejecutivo respecto de la modificación del tiempo de
servicio exigido para acceder a la asignación de retiro:

«[…] por ello el Ejecutivo, al reglamentar el acceso de estos miembros de
la Fuerza Pública a ésta prerrogativa, únicamente debía atender a los
parámetros dados por el legislador a través de la referida Ley Marco, esto
es, entre 18 y 25 años de servicio. De tal forma que, al exigir, en el artículo
16 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004, 20 años de servicio para que
los soldados profesionales adquieran el derecho a percibir la asignación de
retiro, el Ejecutivo se movió, actuó, dentro de los límites fijados por el
legislador».

36. Para la Sala, si bien en la mencionada sentencia se analizó la legalidad del
artículo 16, la ratio decidendi de dicha decisión sobre el alcance del artículo 3.1
de la Ley 923 de 2004 y el margen de configuración del Gobierno nacional
resulta plenamente aplicable al cargo formulado, tal como consideró
recientemente esta Sección13.

37. En este orden de ideas, se negarán las pretensiones de la demanda, porque el
Ejecutivo cuenta con una margen para establecer el tiempo de servicio entre
los 18 y 25 años, para adquirir el derecho a la asignación de retiro. En todo
caso, esta corporación ha fijado una regla jurisprudencial que señala que el
Gobierno no vulnera la potestad reglamentaria mientras el requisito se fije
dentro de esos dos rangos.

Condena en costas

38. El artículo 188 del CPACA establece que, por regla general, no habrá condena
en costas cuando el asunto objeto de litigio sea de interés público; y que,
excepcionalmente, procederá la imposición de costas en este escenario
cuando la demanda haya carecido manifiestamente de fundamento legal. La
norma hace referencia a las pretensiones cuyo interés trasciende la esfera de
lo particular al abordar asuntos de provecho general o común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persiguen el reconocimiento de
derechos subjetivos en favor de un sujeto determinado.

11 Acepción consultada en: https://dle.rae.es/mínimo.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de febrero de 2022. Exp. 11001-03-

25-000-2015-01059-00 (4674-2015) acumulado. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 23 de abril de 2026. Exp. 11001-03-25-

000-2021-00061-00 (0253-2021). C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.

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39. En el caso concreto, se tiene que el medio de control fue presentado en
ejercicio del medio de control de nulidad, el cual trasciende de la esfera
particular a la general al abordar asuntos de interés común que pueden ser
promovidos por cualquier persona y no persigue el reconocimiento de derecho
subjetivo alguno. Adicionalmente, no se advierte que la demanda haya
carecido manifiestamente de fundamento legal, toda vez que se plantearon
cuestionamientos jurídicos contra el acto administrativo demandado que
debieron ser analizados tanto al decidir la medida cautelar como en la
sentencia. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en el
presente proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad formuladas en
contra de los apartes «que sean retirados del servicio activo después de veinte
(20) años» y «los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en
forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio», contenidas en el
artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, según las consideraciones expuestas.

Segundo. SIN CONDENA en costas.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes en el aplicativo SAMAI y archívese el
expediente.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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