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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-07602-00

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-07602-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse un hecho superado, en relación con la pretensión de levantamiento de los términos en el trámite del control de constitucionalidad que adelanta la Corte Constitucional respecto del Acto Legislativo 02 de 2021. Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Audrey Amanda Durán Pallares contra la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Imprenta Nacional de Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-07602-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

10 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-07602-00
Demandante: Audrey Amanda Durán Pallares

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07602-00
Demandante: AUDREY AMANDA DURÁN PALLARES
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
CORTE CONSTITUCIONAL, IMPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA Y REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL

Temas: Tutela contra autoridades administrativas y judicial.
Levantamiento de suspensión de términos de control
constitucional que adelanta la Corte Constitucional respecto del
Acto Legislativo 02 de 2021. Carencia actual de objeto por
hecho superado. Improcedencia cuando se cuestionan actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Audrey Amanda Durán Pallares1, quien actúa en nombre
propio, contra la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, la Corte Constitucional, la Imprenta Nacional de
Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que pide el amparo
constitucional de sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, a
la igualdad, de asociación, a la participación de la conformación, ejercicio y control
del poder político, a constituir partidos o movimientos políticos, a ser elegido, a
acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y de acceso a la
administración de justicia, que considera vulnerados con la decisión de la Corte
Constitucional de suspender los términos en el trámite del control constitucional
que adelanta respecto del Acto Legislativo 02 de 2021, así como por la
Registraduría Nacional del Estado Civil con el artículo 7 de la Resolución No.
10592 de 2021 y la Presidencia de la República con el artículo 13 del Decreto
1207 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante afirmó que el 24 de noviembre de 2016 fue suscrito el “Acuerdo
Final de La Habana” y, en consecuencia, el 2 de mayo de 2017 el Gobierno
Nacional registró ante el Congreso de la República el proyecto de acto legislativo
No. 017 de 2017.

1
La acción de tutela se radicó por medios electrónicos el 8 de noviembre de 2021.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07602-00
Demandante: Audrey Amanda Durán Pallares

Relató que el 27 de noviembre de 2017, en las Gacetas del Congreso año XXVI –
Nos. 1100 y 1102, se publicó el texto conciliado y aprobado por el Congreso de la
República como texto definitivo del proyecto de acto legislativo No. 017 de 2017.

Sostuvo que el 21 de mayo de 2021, la Corte Constitucional mediante sentencia
SU-150 de 20212, ordenó a la Secretaría General del Senado de la República
remitir a la Presidencia de la República para su promulgación el proyecto de acto
legislativo No. 017 de 2017, por lo que el 25 de agosto de 2021 se remitió a la
Imprenta Nacional de Colombia el texto que debía ser publicado como Acto
Legislativo 02 de 2021.

Indicó que el 25 de agosto de 2021, la Imprenta Nacional de Colombia publicó el
Diario Oficial en el que, en las páginas 6 a 9 se insertó el Acto Legislativo 02 de
2021.

Señaló que la Corte Constitucional mediante auto de 8 de septiembre de 2021,
asumió el conocimiento para efectuar el control de constitucionalidad del Acto
Legislativo 02 de 2021.

Afirmó que el 6 de septiembre de 2021, se radicó ante la Corte Constitucional
escrito de la Senadora María Fernanda Cabal Molina, mediante el cual recusó a
los magistrados, lo cual fue reiterado en otros escritos de 8, 22, 29 y 30 de
septiembre de 2021.

Relató que el 11 de octubre de 2021, la Corte Constitucional dispuso la
suspensión de los términos judiciales por la precitada recusación, sin que a la
fecha de presentación de la acción de tutela se levantara la misma.

Aseguró que el 12 de marzo de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil
mediante la Resolución No. 2098 de 2021, fijó el calendario electoral para las
elecciones del Congreso de la República que se realizarán el 13 de marzo de
2022.

Por último, manifestó que el 10 de septiembre de 2021, la Registraduría Nacional
del Estado Civil mediante Resolución No. 9857 de 2021, estableció el calendario
para las elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para
la Cámara de Representantes a celebrarse el 13 de marzo de 2022.

2. Fundamentos de la acción

La demandante presentó acción de tutela contra la Presidencia de la República, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Corte
Constitucional, la Imprenta Nacional de Colombia y la Registraduría Nacional del
Estado Civil, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos
fundamentales a la defensa, al debido proceso, a la igualdad, de asociación, a la
participación de la conformación, ejercicio y control del poder político, a constituir
partidos o movimientos políticos, a ser elegido, a acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos y de acceso a la administración de justicia, que
considera vulnerados con la decisión de la Corte Constitucional de suspender los
términos en el trámite del control constitucional que adelanta en relación con el
Acto Legislativo 02 de 2021, así como por la Registraduría Nacional del Estado
Civil al expedir el artículo 7 de la Resolución No. 10592 de 2021 y a la Presidencia
de la República por dictar el artículo 13 del Decreto 1207 de 2021.

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M.P.: Alejandro Linares Cantillo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07602-00
Demandante: Audrey Amanda Durán Pallares

Afirmó que la Imprenta Nacional de Colombia incurrió en un error formal de
transcripción al publicar el parágrafo 2 del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo
02 de 2021, que indujo en error a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al
Gobierno Nacional, quienes sin contar con la sentencia que resuelve el control de
constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2021, dieron una interpretación
equivocada a esta disposición y, en consecuencia, deformaron el régimen
transitorio constitucional de inhabilidades conciliado, aprobado y publicado por el
Congreso de la República y ordenado publicar por la Corte Constitucional
mediante Sentencia SU-150 de 2021.

Sostuvo que la Imprenta Nacional de Colombia en el parágrafo 2 del artículo
transitorio 5 del Acto Legislativo 02 de 2021, cambió un signo de puntuación, es
decir, una coma por un punto y coma, así:

“Parágrafo 2°. No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos
elegidos o no a cargos públicos, con el aval de partidos o movimientos políticos con
representación en el Congreso o con personería jurídica; o quienes lo hayan sido por un
partido político cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco años
anteriores a la fecha de la inscripción, o hayan hecho parte de las direcciones de estos,
durante el último año”.

Resaltó que por ese cambio de signo de puntuación se varió el entendimiento de
dicha norma, al punto que este se reflejó en la Resolución No. 10592 de 2021,
“[p]or la cual se adoptan medidas especiales para la actualización y vigilancia del
censo electoral, la inscripción de candidatos y se establece el procedimiento para
la organización y dirección de la elección de los representantes adicionales a la
Cámara por las dieciséis (16) Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en
los periodos 2022 – 2026 y 2026 - 2030”, específicamente en el artículo 7,
relacionados con las inhabilidades especiales. Igualmente, en el Decreto 1207 de
5 de octubre de 2021, “[p]or el cual se adoptan disposiciones para la elección de
los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030, en desarrollo del
Acto Legislativo 02 del 25 agosto de 2021”, en el que el Presidente de la
República estableció en el artículo 13 la prohibición para inscribir candidaturas a
las circunscripciones transitorias especiales de paz de quienes hayan sido
candidatos o miembros de las direcciones de los partidos.

Señaló que a pesar de que se acuda a cualquiera de los métodos de
interpretación, ya sea gramatical, lógico, histórico, entre otros, se evidencia que el
error de la Imprenta Nacional de Colombia incide en la expedición de la
Resolución No. 10592 de 2021 y el Decreto 1207 de 2021.

Mencionó que el error de la Imprenta Nacional de Colombia con el uso de los
signos de puntuación conllevó que la Registraduría Nacional del Estado Civil en la
Resolución No. 10592 de 2021, al referirse a las inhabilidades especiales en el
artículo 73, excluyera la frase “dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la
inscripción” e introdujera la frase en “cualquier tiempo”, lo que cambió el sentido

3
Artículo séptimo. Inhabilidades especiales- Además de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la
Constitución Política y en la ley para ser Representante a la Cámara, no podrán inscribirse como candidatos a las dieciséis
(16) Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

1. Quienes en cualquier tiempo hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos con el aval de partidos o
movimientos políticos con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica.

2. Quienes hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos por un
partido político cuya personería jurídica se haya perdido dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de inscripción.

3. Quienes durante el último año hayan hecho parte de direcciones de partidos o movimientos políticos, con representación
en el Congreso de la República, con personería jurídica o cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco (5)
años anteriores a la fecha de inscripción.

(…)”:

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Demandante: Audrey Amanda Durán Pallares

material de la intención del legislador y a su vez, restringe la posibilidad de ser
candidata a una de las dieciséis (16) circunscripciones especiales a pesar que es
una persona víctima del conflicto armado.

Resaltó que el propósito del Congreso de la República era establecer en las
inhabilidades especiales una prohibición para presentarse como candidato para la
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, las personas que hayan sido
candidatos elegidos o no a cargos públicos con el aval de partidos y movimientos
políticos “dentro de los cinco años anteriores a la fecha de inscripción”.

De otro lado, afirmó que no cuenta con otro mecanismo de defensa, pues la Corte
Constitucional no ha levantado la suspensión de los términos del control de
constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2021, además que la Imprenta
Nacional de Colombia ni el Gobierno Nacional han corregido lo relacionado con los
errores de signos de puntuación.

Señaló que la Corte Constitucional en su control de constitucionalidad debe ser
más amplia en el estudio y en el análisis de esta problemática, limitando tal
régimen de conformidad con el texto que ordenó publicar mediante Sentencia SU-
150 de 2021, a quienes se presentaron como candidatos dentro de los cinco (5)
años anteriores a la inscripción.

Sostuvo que presenta la solicitud de amparo como mecanismo transitorio, toda
vez que el periodo de inscripción de candidatos se realiza entre el 12 de
noviembre de 2021 al 13 de diciembre del mismo año, por lo que no cuenta con
más tiempo para radicar medio de control alguno, además que es víctima del
conflicto armado, tal como aparece en la base de datos de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas, Uariv.

Finalmente, se refirió a cada uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela y manifestó que en el presente asunto se cumplieron.

3. Pretensiones

La demandante formuló las siguientes:

“Como víctima del conflicto exijo que, con el propósito de garantizar la paz, el Estado
cumpla con los Actos Legislativos 01 de 2016 y 02 de 2021, dícese los textos que
fueron conciliados y aprobados por el Congreso de la República en su condición de
constituyente derivado, actos con los cuales se implementa el “Acuerdo Final”.

Para el efecto, dada la inminencia del cierre de inscripción de candidatos el próximo
13 de diciembre de 2021, se requiere que, sin dilación alguna, de conformidad con los
fundamentos fácticos y jurídicos y demás argumentos expuestos en el presente
memorial, con el debido respeto se proceda a ordenar las siguientes pretensiones:

PRETENSIONES PRINCIPALES

PRIMERA. DECLARAR VULNERADOS los derechos fundamentales constitucionales
de AUDREY AMANDA DURÁN PALLARES, identificada con cédula de ciudadanía
número 37.390.259 expedida en Cúcuta, en especial a la defensa y al debido proceso
legislativo especial para la paz; a la paz; a la igualdad en la aplicación de la ley; de
asociación; los derechos políticos a la participación en la conformación, ejercicio y
control del poder político, a constituir partidos o movimientos políticos sin limitación
alguna, a difundir sus ideas y programas, a ser elegido y acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos; y el acceso a la justicia; de conformidad con las
consideraciones expuestas en el presente memorial.

SEGUNDA: TUTELAR los derechos fundamentales constitucionales de AUDREY
AMANDA DURÁN PALLARES, identificada con cédula de ciudadanía número
37.390.259 expedida en Cúcuta, en especial a la defensa y al debido proceso
legislativo especial para la paz; a la paz; a la igualdad en la aplicación de la ley; de
asociación; los derechos políticos a la participación en la conformación, ejercicio y
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07602-00
Demandante: Audrey Amanda Durán Pallares

control del poder político, a constituir partidos o movimientos políticos sin limitación
alguna, a difundir sus ideas y programas, a ser elegido y acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos; y el acceso a la justicia; de conformidad con las
consideraciones expuestas en el presente memorial.

TERCERA: DECLARAR procedente la presente acción de tutela, de conformidad con
las consideraciones expuestas en el presente memorial.

PRETENSIONES COMPLEMENTARIAS

CUARTA: ORDENAR a la CORTE CONSTITUCIONAL proceda en forma inmediata a
LEVANTAR LA SUSPENSIÓN y prosiga con el CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD, automático y único, del AL-02-2021, de tal manera que
establezca el alcance del texto conciliado, aprobado y publicado del PAL 017 de 2017
Cámara 05 de 2017 Senado por el Congreso de la República en las Gacetas Oficiales
1100 y 1102 de 2017, replicado en el Anexo No. 1 de la Sentencia SU150 del 21 de
mayo de 2021 mediante la cual esta corte ordenó su publicación en el DIARIO
OFICIAL, en especial del régimen de inhabilidades especiales creado mediante el
parágrafo 2 del artículo transitorio 5 del artículo 1º del acto legislativo en cuestión,
para lo cual deberá tener en cuenta que la IMPRENTA cometió un error de
transcripción de la precitada reforma constitucional, induciendo a error a la RNEC y al
Gobierno Nacional, quienes a su vez expidieron actos manifiestamente contrarios a la
CP que causan un agravio injustificado en nuestra contra al imposibilitar nuestra
inscripción como candidata a la CTEPCR No. 4. a realizar el próximo 13 de noviembre
de 2021.

QUINTA: ORDENAR a la IMPRENTA proceda en forma inmediata a la corrección del
error de transcripción cometido en la publicación del AL-02-2021 realizada en las
páginas 6 a 9 del DIARIO OFICIAL, en particular en el PARÁGRAFO ATACADO -de
tal manera que respete el espíritu del texto conciliado, aprobado y publicado del PAL
017 de 2017 Cámara 05 de 2017 Senado por el Congreso de la República en las
Gacetas Oficiales 1100 y 1102 de 2017, replicado en el Anexo No. 1 de la Sentencia
SU150 del 21 de mayo de 2021 mediante la cual la Corte Constitucional ordenó su
publicación en el DIARIO OFICIAL- por: (i) ser manifiesta su oposición a la Reforma
Constitucional realizada mediante el PARÁGRAFO ATACADO; y, (ii) causar un
agravio injustificado en nuestra contra al imposibilitar nuestra (…) inscripción como
candidata a la CTEPCR No. 4. a realizar el próximo 13 de noviembre de 2021.

SEXTA: ORDENAR a la RNEC proceda a modificar el NUMERAL ATACADO de tal
manera que respete el espíritu del texto conciliado, aprobado y publicado del PAL 017
de 2017 Cámara 05 de 2017 Senado por el Congreso de la República en las Gacetas
Oficiales, replicado en el Anexo No. 1 de la Sentencia SU150 del 21 de mayo de 2021
mediante la cual la Corte Constitucional ordenó su publicación en el DIARIO OFICIAL.

SÉPTIMA: ORDENAR al Gobierno Nacional proceda a modificar los INCISOS
ATACADOS, de tal manera que respeten el espíritu del texto conciliado, aprobado y
publicado del PAL 017 de 2017 Cámara 05 de 2017 Senado por el Congreso de la
República en las Gacetas Oficiales, replicado en el Anexo No. 1 de la Sentencia
SU150 del 21 de mayo de 2021 mediante la cual la Corte Constitucional ordenó su
publicación en el DIARIO OFICIAL.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

OCTAVA: SUSPENDER los calendarios electorales fijados por la RNEC mediante las
Resoluciones 2098 y 9857 de 2021; y, en consecuencia, suspender el periodo de
inscripción de candidatos tanto para las elecciones de Congreso de la República como
para las elecciones de las CTEPCR, a celebrarse unas y otras el próximo 13 de marzo
de 2022.

SUSPENSIÓN que se levantará hasta tanto la Corte Constitucional dé por terminado
el control de constitucionalidad automático y único del AL-02-2021 y se cumplan las
órdenes que en este puedan darse, o la RNEC y el Gobierno Nacional hubieren
corregido los errores formales señalados en el presente memorial en la Resolución
10592 de 2021 y el Decreto 1207 de 2021, respectivamente”.

4. Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela la accionante aportó los siguientes documentos:

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07602-00
Demandante: Audrey Amanda Durán Pallares

 Copia del texto conciliado el 29 de noviembre de 2017, relacionado con el
proyecto de acto legislativo No. 017 de 2017.
 Copia de la sentencia SU-150 de 2021, proferida por la Corte
Constitucional.
 Copia de la publicación del Diario Oficial 51.777 de 25 de agosto de 2021,
mediante el cual se publicó el Acto Legislativo 02 de 2021.
 Copia de la constancia de acreditación de la señora Audrey Amanda Durán
Pallares No. 202113035149711 de 5 de noviembre de 2021, expedida por
la Uariv.

5. Trámite procesal

Por auto de 25 de noviembre de 2021, el Despacho admitió la demanda y ordenó
notificar a las autoridades demandadas, así como a la Procuraduría General de la
Nación, a la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 122410 a 122418 de 25
de 29 de noviembre de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida
decisión4.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República
En escrito de 29 de noviembre de 2021, la apoderada de la entidad solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
la subsidiariedad y, asimismo, se desvincule por falta de legitimación en la causa
por pasiva.

Afirmó que no existe actuación de la accionada a la que se pueda endilgar la
supuesta amenaza o vulneración de derechos fundamentales, por lo que la acción
de tutela debe declararse improcedente, en atención a que el Acto Legislativo 02
de 2021 fue expedido por el Congreso de la República en cumplimiento a lo
dispuesto en la sentencia SU-150 de 2021, proferida por la Corte Constitucional en
el expediente T-7.585.858, y la sentencia de 1 de julio de 2021 del Consejo de
Estado proferida en el expediente No. 11001-03-24-000-2017-00474-00.

De otro lado, sostuvo que en el escrito de tutela se exponen varios reparos de
índole constitucional y legal en contra del Decreto 1207 de 5 de octubre de 2021,
pero ninguno de ellos valida el que se instaure la acción de tutela por cuanto no
busca evitar un perjuicio irremediable. Más aún, la parte accionante puede, en
cualquier tiempo, solicitar que se declare la nulidad del decreto de carácter general
que fue dictado por el Gobierno Nacional, pero no acudir al presente mecanismo
constitucional.

Resaltó que los cargos planteados en el escrito de tutela desarrollan una discusión
de fondo frente al acto administrativo y, en ese sentido, se hace ilusoria la
protección de la tutela y no existe argumento alguno para justificar su intervención
por encima de la del juez competente.

4
La accionante y las autoridades demandadas fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico:
florez.asesores@gmail.com, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; contacto@presidencia.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co, comision.paz@camara.gov.co;
noti?cacionesjudiciales@camara.gov.co, secretaria4@corteconstitucional.gov.co;
presidencia@corteconstitucional.gov.co;secretaria2@corteconstitucional.gov.co;secretaria1@corteconstitucional.gov.co;cort
econstitucional@cendoj.ramajudicial.co, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, jplaneacion@imprenta.gov.co;
correspondencia@imprenta.gov.co; diego.torres@imprenta.gov.co, procesosjudiciales@procuraduria.gov.co y
notificacionjudicialbog@registraduria.gov.co.

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Sostuvo que la acción de tutela no puede convertirse en el mecanismo por medio
del cual se le impide y define al Gobierno Nacional la forma en que debe ejercer
sus potestades y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado en relación con las 16 curules para las víctimas del conflicto,
en especial porque el Decreto 1207 de 2021 se expidió en estricta sujeción a la
Constitución Política y a las facultades otorgadas en el Acto Legislativo 02 del
2021.

Finalmente, manifestó que la representación de los actos de Gobierno
corresponde al Ministerio del Interior y no al Presidente de la República, y en lo
referente al estudio de legalidad del Decreto 1207 de 2021, corresponde al
Consejo de Estado a través de los medios de control que el legislador dispuso
para tal fin, a los cuales puede acudir la accionante.

6.2. Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil

En escrito de 1 de diciembre de 2021, el jefe de la Oficina Jurídica pidió que se
declare la improcedencia de la solicitud de amparo o, en su defecto, se nieguen
las pretensiones.

Indicó que la demandante no explicó de qué manera la entidad ha quebrantado
sus derechos fundamentales, toda vez que las calidades, requisitos e
inhabilidades especiales que se establecen en el Acto Legislativo 02 de 2021
fueron replicadas y solo en ocasiones reorganizadas en la Resolución No. 10592
de 2021, sin cambiar su sentido, teleología, literalidad o finalidad, con el único y
exclusivo propósito de que los candidatos, organizaciones con derecho de
postulación y ciudadanía en general, puedan dilucidarlas de manera clara e
inequívoca cuando se aspire a una curul en las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz.

Señaló que a partir de una interpretación literal del parágrafo 2º del artículo
transitorio 5º del referido Acto Legislativo, se puede concluir cuál es el sentido de
la prohibición y su carácter atemporal o permanente. Adicionalmente, del texto en
su conjunto, bajo una óptica sistemática y teleológica, se desprende que las
inhabilidades, prohibiciones y sanciones especiales establecidas en la norma
apuntan a proteger el espíritu de las Circunscripciones Transitorias Especiales de
Paz en cabeza de las víctimas y apartar a los partidos políticos de postular listas y
a quienes han sido candidatos avalados por estos, elegidos o no a cargos públicos
de elección popular, para garantizar la participación real y efectiva de víctimas que
carecen de representación política y no han tenido la oportunidad de tener
plataformas propias para expresar sus opiniones y promover su agenda en el
Congreso de la República

Afirmó que la Constitución Política faculta a la Registraduría Nacional del Estado
Civil para establecer reglas especiales que permitan materializar las disposiciones
del Acto Legislativo, motivo por el cual se expidió la Resolución No. 10592 de
2021.

Agregó que para dar claridad o mayor facilidad a la lectura de la disposición
respecto de las inhabilidades especiales, se desagregaron las mismas
conservando su sentido, dentro de la competencia exclusiva otorgada a la entidad
para reglamentar lo relacionado con la inscripción de candidaturas, que incluye
todo el procedimiento desde el registro de comités inscriptores apoyados por
grupos significativos de ciudadanos, el derecho postulación que les asiste a las
organizaciones descritas en los incisos 2º y 3º del artículo transitorio 3º del Acto
Legislativo 02 de 2021, los requisitos, calidades e inhabilidades especiales para
ser candidatos, hasta el diseño, distribución y entrega de la tarjeta electoral
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07602-00
Demandante: Audrey Amanda Durán Pallares

independiente, para que los ciudadanos puedan votar para elegir a sus
representantes en las mencionadas circunscripciones.

Finalmente, puso de presente varias acciones de tutela adelantada por otras
personas y que se tramitan en varios juzgados y tribunales del país, con el fin de
que se analizara una posible acumulación.

6.3. Respuesta de la Imprenta Nacional de Colombia

En correo electrónico de 1 de diciembre de 2021, la jefe de la Oficina Asesora
Jurídica pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que
la entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante.

Sostuvo que el texto publicado en el Diario Oficial No. 51.777 de 25 de agosto de
2021, es el mismo enviado por el Secretario Jurídico de la Presidencia de la
República, y “sancionado” por el Presidente de la República, es decir, no se ha
modificado la norma tal como lo afirmó la demandante.

Relató que el señor Pedro Elías Quintero Montejo mediante petición de 3 de
noviembre de 2021 solicitó la corrección del texto, la cual fue resuelta mediante
oficio de 8 de noviembre de 2021 y que, además, mediante sentencia de 24 de
noviembre de 2021, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, negó las pretensiones de la acción de tutela que se adelantó en contra de la
entidad y en la que se negaron las pretensiones, al considerar que el interesado
cuenta con los medios de control para atacar la presunción de legalidad del acto
administrativo ante la jurisdicción contencioso administrativa.

6.4. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación

En escrito de 29 de noviembre de 2021, la Procuradora Delegada para el
Seguimiento al Acuerdo de Paz informó que carecía de competencia para
pronunciarse sobre las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que existen
otros mecanismos judiciales para solicitar la nulidad de los actos administrativos
cuestionados por la demandante.

6.5. La Corte Constitucional, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con el escrito de tutela y los escritos de contestación de las
diferentes autoridades, la Sala debe determinar:

i) Si la Corte Constitucional al suspender los términos en el trámite del control de
constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2021, vulneró los derechos
fundamentales de la demandante a la defensa, al debido proceso, a la igualdad,
de asociación, a la participación de la conformación, ejercicio y control del poder
político, a constituir partidos o movimientos políticos, a ser elegido, a acceder al

8

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desempeño de funciones y cargos públicos y de acceso a la administración de
justicia.

ii) Si la Imprenta Nacional de Colombia al publicar en el Diario Oficial 51.777 de 25
de agosto de 2021, supuestamente un texto normativo diferente del Acto
Legislativo 02 de 2021, así como la Registraduría Nacional del Estado Civil con el
artículo 7 de la Resolución No. 10592 de 2021 y la Presidencia de la República
con el artículo 13 del Decreto 1207 de 2021, actos generales en los que se replicó
en las inhabilidades y prohibiciones para los candidatos que se quisieran postular
a las 16 circunscripciones especiales, vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El asunto bajo examen

La Sala observa que la señora Audrey Amanda Durán Pallares promovió acción
de tutela contra la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, la Corte Constitucional, la Imprenta Nacional de
Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que pide el amparo
constitucional de sus derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, a
la igualdad, de asociación, a la participación de la conformación, ejercicio y control
del poder político, a constituir partidos o movimientos políticos, a ser elegido, a
acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y de acceso a la
administración de justicia, que considera vulnerados por la decisión de la Corte
Constitucional de suspender los términos en el trámite del control constitucional
que adelanta en relación con el Acto Legislativo 02 de 2021, así como la
Registraduría Nacional del Estado Civil al expedir el artículo 7 de la Resolución
No. 10592 de 2021 y la Presidencia de la República con el artículo 13 del Decreto
1207 de 2021.

Previo a cualquier análisis del caso concreto, se verificará si la solicitud de amparo
cumple con los requisitos para su procedencia y para que el juez de tutela se
pronuncie de fondo.

4.2. Del control de constitucionalidad adelantado por la Corte Constitucional

La demandante manifestó que el Tribunal Constitucional vulneró sus derechos
fundamentales, toda vez que en el trámite del control de constitucionalidad que
adelanta respecto del Acto Legislativo 02 de 2021, “Por medio del cual se crean 16
circunscripciones transitorias especiales de paz para la cámara de representantes
en los períodos 2022-2026 y 2026-2030”, dispuso suspender los términos
9

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judiciales en razón a que se debía resolver una recusación presentada por una
senadora de la República.

Al respecto, se constató en la página web de la Corte Constitucional que ese
trámite judicial se radicó bajo el radicado RPZ0000012, en el que se surte el
control de constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2021, y que si bien por
auto de 11 de octubre de 2021 se dispuso la suspensión de los términos para
resolver una recusación, lo cierto es que el 19 de enero de 2022, dicha
corporación levantó dicha suspensión, tal como se observa a continuación5:

En vista de lo anterior, la Sala encuentra que en el caso concreto se configura el
fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, teniendo en cuenta
que la pretensión formulada por la parte actora, consistente en que la Corte
Constitucional levante la suspensión de los términos dentro del control de
constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2021, ocurrió el 19 de enero de 2022,
por lo que caería en el vacío cualquier análisis sobre ese particular.

Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20196, la Corte Constitucional reiteró
que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la
solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al
desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud,
cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no atendería el
objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.

En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho
o la inocuidad de las pretensiones”.

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.

5
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultac/proceso.php?proceso=21&campo=rad_asunto&date3=1992-01-
01&date4=2021-09-13&todos=%25&palabra=ACTO+LEGISLATIVO+02
6
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

10

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El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar
el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,
la accionada ha dejado de desconocer”7.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela, dé en principio, una orden al respecto”8.

Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la
vulneración predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no
le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado
de la litis”9.

En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por configurarse
un hecho superado, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional dispuso el
levantamiento de la suspensión de los términos dentro del trámite judicial del
control de constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2021, lo que ocurrió en el
curso de este trámite constitucional, por lo que la orden del juez de tutela relativa a
lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, ya que lo
pretendido se resolvió antes de emitirse la decisión de primera instancia.

4.3. De los trámites adelantados por la Imprenta Nacional de Colombia y los
artículos 7 de la Resolución No. 10592 de 2021, expedida por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, y 13 del Decreto 1207 de 2021, proferido por la
Presidencia de la República

4.3.1. La demandante manifestó que la Imprenta Nacional de Colombia publicó el
texto del Acto Legislativo 02 de 2021 remitido por la Presidencia de la República,
en el cual de acuerdo con el Diario Oficial 51.777 de 25 de agosto de 2021, se
observa un error en el signo de puntuación utilizado en el parágrafo 2 del artículo
transitorio 5 del Acto Legislativo 02 de 2021, es decir, se utilizó un punto y coma
en vez de una coma, lo que en su sentir, cambió el sentido de la norma y, en
consecuencia, al expedirse la Resolución No. 10592 de 2021 (artículo 7) por la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Decreto 1207 de 2021, por la
Presidencia de la República, se replicó el mencionado error formal, sobre todo en
las inhabilidades especiales establecidas para las personas que se quieran
postular como candidatos para las 16 curules de las circunscripciones especiales
creadas con el mencionado acto legislativo.

Al respecto, se advierte que, respecto a los fundamentos y las pretensiones del
escrito de tutela relacionado con el Acto Legislativo 02 de 2021 y su respectiva
publicación, la accionante cuenta con otro medio el cual está en curso en la Corte
Constitucional, es decir, el control que se está surtiendo por dicha corporación y el
cual es integral.

7
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
8
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
9
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.

11

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En efecto, con el Decreto 121 de 21 de enero de 2017, expedido en ejercicio de
las facultades conferidas por el artículo 2 el Acto Legislativo 01 de 2016, “por
medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la
implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, se adicionó un
capitulo transitorio al Decreto 2067 de 1991, en el que, en lo relacionado con el
control de constitucionalidad de los actos legislativos expedidos en cumplimiento
del acuerdo de paz, se dispuso lo siguiente:

“ARTÍCULO <TRANSITORIO> 1o. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE
LEYES Y ACTOS LEGISLATIVOS APROBADOS EN VIRTUD DEL
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ESPECIAL PARA LA PAZ. <Artículo adicionado
por el artículo 1 del Decreto 121 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Para
efectos del cumplimiento de lo previsto en el literal k) del artículo 1o del Acto
Legislativo 01 de 2016, la revisión de constitucionalidad de las leyes y actos
legislativos tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz se
sujetará a las normas del Decreto 2067 de 1991, y, en particular, a las siguientes
reglas:

1. El magistrado sustanciador asumirá conocimiento del proceso dentro de los tres
(3) días siguientes al reparto del respectivo expediente.

En el auto que asuma conocimiento, el magistrado sustanciador dispondrá la
práctica de las pruebas que considere necesarias, las comunicaciones e invitaciones
correspondientes, la fijación en lista del proceso para la intervención ciudadana
y el traslado del expediente al Procurador General de la Nación.

2. El término probatorio no podrá exceder de tres (3) días, contados a partir del día
siguiente a la comunicación del auto que asuma conocimiento.

3. Vencido el periodo probatorio, el magistrado sustanciador tendrá dos (2) días para
revisar y valorar el material probatorio.

4. Hecha la revisión y valoración del material probatorio, el magistrado sustanciador
ordenará dar cumplimiento a las comunicaciones, traslados y fijaciones previstas en
el auto que asuma conocimiento.

5. El Procurador General de la Nación contará con un plazo de diez (10) días para
rendir el concepto de rigor. El término de intervención ciudadana correrá
simultáneamente al del Procurador General de la Nación y hasta por el mismo plazo.

6. El magistrado sustanciador tendrá un plazo de diez (10) días para registrar el
proyecto de fallo, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término
establecido para que el Procurador General rinda concepto.

7. La Sala Plena de la Corte Constitucional tendrá un plazo de veinte (20) días para
decidir, los cuales se contarán a partir del día siguiente al vencimiento del término
establecido para que el magistrado sustanciador registre proyecto de fallo”. (Negrilla
y resalto de la Sala)

De lo anterior, se evidencia que el trámite judicial de constitucionalidad ante la
Corte Constitucional tiene como rasgo que es participativo, lo cual se expresa con
la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda intervenir durante el término de
fijación en lista. Por consiguiente, el cargo relacionado con el supuesto error en la
publicación del Acto Legislativo 02 de 2021, la accionante lo puede plantear en el
término de la fijación en lista, de no haber finalizado esa etapa procesal, y no
ahora en la acción de tutela.

En consecuencia, frente a lo relacionado con el error de signos de puntuación en
la publicación en el Diario Oficial 51.777 de 25 de agosto de 2021, la parte actora
cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, razón por la cual se desconoce el
requisito de la subsidiariedad.

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4.3.2. Ahora bien, de otra parte, la accionante cuestiona el artículo 7 de la
Resolución No. 10592 de 2021 expedida por la Registraduría Nacional del Estado
Civil, “[p]or la cual se adoptan medidas especiales para la actualización y vigilancia
del censo electoral, la inscripción de candidatos y se establece el procedimiento
para la organización y dirección de la elección de los representantes adicionales a
la Cámara por las dieciséis (16) Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
en los periodos 2022 – 2026 y 2026 - 2030” y el artículo 13 del Decreto 1207 de
2021, dictado por la Presidencia de la República, normas en las que se
reglamenta aspectos relacionados con las dieciséis (16) Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz en los periodos 2022-2026 y 2026-203010, pues
considera que estos se expidieron en virtud a un error en la publicación en el
Diario Oficial 51.777 de 25 de agosto de 2021.

Adicionalmente, manifestó que las inhabilidades especiales establecidas en los
actos administrativos demandados, le impide inscribirse como candidata a una de
las dieciséis curules de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para
la Cámara de Representantes en los períodos 2022-2026 y 2026-2030, creadas
mediante el Acto Legislativo 02 de 2021.

Al respecto, la Sala anticipa que la solicitud de amparo frente a los artículos 7 de
la Resolución No. 10592 de 2021 y 13 del Decreto 1207 de 2021 es improcedente,
pues cuenta con otros mecanismos de defensa judicial en los que se puede
plantear los mismos debates desarrollados en la demanda tutela11.

En desarrollo del artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 1º del artículo
6º del Decreto Ley 2591 de 1991, establece que la acción de tutela será
improcedente cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para
resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante.

Además, de conformidad con los numerales 2º a 5º de dicha norma, tampoco se
considera procedente cuando para proteger el derecho se pueda invocar el
habeas corpus; cuando se pretenda proteger derechos colectivos; cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado y, por último, “5.
cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.

Dentro de esta última causal de improcedencia, se encuentran contemplados los
actos administrativos de carácter general o impersonal, es decir, aquellos que
“crea, modifican o extinguen una situación jurídica general, no relacionada
directamente con alguna persona o cosa determinada”12.

Debido a que la acción de tutela esta concebida como un mecanismo excepcional
para la protección individual o subjetiva de los derechos fundamentales, en
principio, no constituye el medio apto para impugnar judicialmente actos
administrativos de carácter general o impersonal13, pues el ordenamiento jurídico
establece otros medios de defensa judicial que permiten verificar la
constitucionalidad y la legalidad de esa clase de actuaciones. En particular, (i) la
acción de nulidad por inconstitucionalidad contenida en el artículo 135 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)14 y

10
Se reitera postura de la Sala desarrollada en la sentencia de 3 de febrero de 2022, radicado No. 11001-03-15-000-2021-
07088-01, C.P.: Milton Chaves García.
11
Se reitera posición de la Sala desarrollada en la sentencia de 3 de febrero de 2022, radicado No. 11001-03-15-000-2021-
07088-01, C.P.: Milton Chaves García.
12
Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Bogotá, Colombia: Librería Ediciones del Profesional
LTDA. Cuarta Edición, 2005, p. 85.
13
Corte Constitucional, sentencia T-097 de 2014, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
14
“Artículo 135. Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo, solicitar por sí, o por
medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional,
cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política,
por infracción directa de la Constitución.
También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por expresa disposición

13

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(ii) la acción de simple nulidad consagrada en el artículo 137 ibíd15.

En sentencia T-111 de 2008, la Corte Constitucional advirtió que, cuando la tutela
se dirige contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, deben
cumplirse los siguientes supuestos para la procedencia: “(i) Que se está ante una
amenaza cierta, consistente en que de la aplicación de un acto de carácter
general, impersonal y abstracto, se derive una afectación de los derechos
fundamentales de una persona y, (ii) Que, en tal eventualidad, el acudir a las vías
ordinarias podría comportar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”.

Además, mediante sentencia C-132 de 201816, dicha corporación judicial precisó
los criterios desarrollados a través de una línea de interpretación uniforme17 e
identificó las reglas de procedencia de las acciones de tutela contra un acto de
carácter general, impersonal y abstracto.

En concreto, señaló que por regla general la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo y apropiado para controvertir este tipo de actos. Sin embargo, también
advirtió que la jurisprudencia constitucional ha admitido dos excepciones a dicha
regla de improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter abstracto y general, a saber:

“Cuando (i) la persona afectada carece de medios ordinarios para procurar la
defensa de sus derechos fundamentales, dado que no tiene legitimación para
cuestionar esa clase decisiones de la administración, o el asunto objeto de debate
es de naturaleza constitucional; y cuando (ii) la aplicación del acto administrativo
general amenace o vulnere los derechos fundamentales de una persona. Además,
(…) la acción de tutela es procedente contra las determinaciones de orden general
en el evento que éstas causen daños a los derechos fundamentales de las
personas y que devengan en perjuicios irremediables”.

Asimismo, de comprobarse alguna de las dos últimas hipótesis, el juez
constitucional está habilitado para “hacer uso de la facultad excepcional
consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un
carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo
por parte del juez competente”18.

En suma, teniendo en cuenta las características esenciales de la acción de tutela,
dicho mecanismo constitucional, por regla general, es improcedente para
controvertir actos de contenido general, impersonal y abstracto. Su procedibilidad
únicamente se habilita (i) cuando la persona afectada carezca de mecanismos
judiciales ordinarios para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, por

constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. En
consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma
constitucional. Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad
normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales”.
15
“Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de
los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en
forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento
automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social
o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se
tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente”.
16
M.P. Alberto Rojas Ríos.
17
Cfr., entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006, T-1015 de 2005, T-435
de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-287 de 1997, T-31 de 1993.
18
Corte Constitucional, sentencia de 28 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

14

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no estar legitimado o porque el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional; y, (ii) cuando sea posible establecer que el contenido del acto de
carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Además, (iii) cuando se
trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. Solo en los dos
últimos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en
ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter
eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del
juez competente.

En efecto, se observa que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la
subsidiariedad dado que se dirige a controvertir unas disposiciones de carácter
general, impersonal y abstracto, cuya legalidad, como lo ha advertido esta Sala19,
debe discutirse a través del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad
(art. 135 del CPACA), o en su defecto, en el de simple nulidad (art. 137 del
CPACA) en el que puede solicitar las medidas cautelares previstas en el artículo
229 a 241 del CPACA, incluidas las de urgencia, las cuales tienen la misma
eficacia de la acción de tutela.

Cabe resaltar que el capítulo XI de la Ley 1437 de 2011 dispone las medidas
cautelares como un mecanismo de defensa provisional, idóneo y eficaz si lo que
se pretende es evitar un perjuicio irremediable. Dichas medidas son procedentes
en los procesos declarativos, tanto el de nulidad por inconstitucionalidad y en el de
simple nulidad, con el fin de proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del
proceso y la efectividad de la respectiva sentencia.

Según el artículo 230, las medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas, cuando
se ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin de evitar un
perjuicio irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando el
juez ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se
encontraba antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas,
cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas,
cuando se ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto
administrativo.

Adicionalmente, se observa que, frente al cargo relacionado con el artículo 7 de la
Resolución No. 10592 de 2021, expedida por la Registraduría Nacional del Estado
Civil, específicamente la expresión “en cualquier tiempo”, se advierte que la
Sección Quinta del Consejo de Estado por auto de 6 de diciembre de 2021,
decretó la suspensión provisional dentro del proceso de nulidad por
inconstitucionalidad que se adelanta contra la mencionada resolución bajo el
radicado No. 11001-03-28-000-2021-00072-00, así:

“8. DECRÉTASE la suspensión provisional de urgencia de la expresión “en
cualquier tiempo” contenida en el numeral 1 del artículo séptimo de la Resolución
10592 de 28 de septiembre de 2021 expedida por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, para que se dé cumplimiento al texto previsto en el parágrafo 2° del
artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021, que limita en el
tiempo esa específica inhabilidad a que haya acontecido dentro del plazo o término
previsto al final de esta norma”.

Lo anterior, conlleva señalar que, contrario al argumento de la parte actora, el
medio de control referido resulta ser el mecanismo de defensa idóneo para la
defensa de los derechos invocados y que las medidas provisionales tienen

19
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de junio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-2021-02006-00, C.P.
Milton Chaves García; sentencia de 6 de mayo de 2021, exp. Nº 76001-23-33-000-2021-00001-01, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello; sentencias de 6 de junio de 2019 y de 4 de abril de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04364-01 y
exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04478-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07602-00
Demandante: Audrey Amanda Durán Pallares

aplicación, al punto que fueron efectivas para lograr la suspensión del aparte del
acto que presuntamente generó la vulneración alegada.

Se insiste en que, son precisamente las inconformidades que la parte actora
plantea en este trámite excepcional, las que debe seguir exponiendo a instancias
del juez natural de conocimiento, pues, no se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, razón suficiente para no estudiar los
argumentos que la accionante propone en el escrito de tutela.

De otro lado, frente a los cargos planteados por la accionante relacionados con las
prohibiciones establecidas para las personas que quieran inscribirse como
candidato a una de las 16 circunscripciones especiales reguladas en el artículo 13
del Decreto 1207 de 202120, la Sala advierte que tampoco se cumple con el
requisito de subsidiariedad, pues se observa que en la actualidad en la Sección
Tercera del Consejo de Estado cursa el medio de control de nulidad por
inconstitucionalidad bajo radicado No. 11001-03-26-000-2022-00008-0021, en el
que precisamente se demanda la misma norma. Por consiguiente, en virtud del
artículo 187 de la Ley 1437 de 201122, la ahora demandante puede intervenir en
ese trámite judicial.

Igualmente, en la Sección Quinta del Consejo de Estado cursan dos demandas de
nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto 1207 del 5 de octubre de 2021,
con radicados No. 11001-03-24-000-2021-00546-0023 y 11001-03-28-000-2021-
00072-0024, expedientes que se encuentran al despacho del magistrado Luis
Alberto Álvarez Parra.

Finalmente, frente al cargo relacionado con el supuesto error en los signos de
puntuación por parte de la Imprenta Nacional de Colombia al publicar en el Diario
Oficial 51.777 de 25 de agosto de 2021, el Acto Legislativo 02 de 2021, se advierte
que, de las pruebas allegadas al expediente de tutela, no se observa que la
señora Audre Amanda Durán Pallares acudiera a la respectiva autoridad con el fin
de que corrijan el mencionado error, sino que decidió presentar directamente la
acción de tutela, además que, como se expuso con anterioridad, esto puede
plantearlo mediante la intervención en el control de constitucionalidad del Acto
Legislativo 02 de 2021 durante la fijación en lista.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad frente a los supuestos
errores en la publicación realizada por la Imprenta Nacional de Colombia del Acto

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ARTÍCULO 13. Prohibición para inscribir candidaturas a las circunscripciones transitorias especiales de paz de quienes
hayan sido candidatos o miembros de las direcciones de los partidos. No podrán presentarse como candidatos quienes
hayan sido candidatos, elegidos o no, a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con representación
en el Congreso o con personería jurídica.

Tampoco lo serán quienes hayan sido candidatos por un partido político cuya personería jurídica se haya perdido dentro de
los cinco (5) años anteriores a la fecha de la inscripción.

Igualmente, no serán candidatos quienes hayan hecho parte de las direcciones de los partidos o movimientos políticos
antes señalados.
21
C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas.
22
ARTÍCULO 184. Proceso especial para la nulidad por inconstitucionalidad. La sustanciación y ponencia de los procesos
contenciosos de nulidad por inconstitucionalidad corresponderá a uno de los Magistrados de la Sección respectiva, según la
materia, y el fallo a la Sala Plena. Se tramitará según las siguientes reglas y procedimiento:

(…)

b) Que se fije en la Secretaría un aviso sobre la existencia del proceso por el mismo término a que se refiere el numeral
anterior, plazo durante el cual cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del
acto administrativo. Adicionalmente, ordenará la publicación del aviso en el sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo;(…)
23
C.P.: Rocío Araujo Oñate.
24
C.P.: Luis Alberto Álvarez Parra. Proceso que fue admitido mediante auto de 6 de diciembre de 2021 y en el que a su vez
se decretaron medidas cautelares, como la suspensión provisional de la Resolución No. 10592 de 28 de septiembre de
2021 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Demandante: Audrey Amanda Durán Pallares

Legislativo 02 de 2021 y de los artículos 7 de la Resolución 10452 de 2021,
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y 13 del Decreto 1207 de
2021, proferido por la Presidencia de la República, ya que la demandante cuenta
con otros medios de defensa judicial para cuestionarlos.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
un hecho superado, en relación con la pretensión de levantamiento de los
términos en el trámite del control de constitucionalidad que adelanta la Corte
Constitucional respecto del Acto Legislativo 02 de 2021.

Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Audrey Amanda Durán Pallares contra la Presidencia de la República, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Imprenta
Nacional de Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones
expuestas.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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