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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-07088-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-07088-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de primera instancia del 18 de noviembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, objeto de impugnación, 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-07088-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

3 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-07088-01
Demandante: Norman Germán Granja Angulo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07088-01
Demandante: NORMAN GERMÁN GRANJA ANGULO
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS

Temas: Derecho a la igualdad y a la “participación política”.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 18 de noviembre de 2021, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, que resolvió:

“PRIMERO: Niégase la desvinculación del presente trámite de la Presidencia de la
República, con fundamento en las razones señaladas en precedencia.

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la solicitud de tutela elevada por el señor
Norman Germán Granja Angulo, conforme con lo señalado en las consideraciones de este
proveído.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Norman Germán Granja Angulo, en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra la Nación – Presidencia de la República y la Registraduría Nacional
del Estado Civil, por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad
y a la “participación en política”. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

“De acuerdo a lo anterior, sírvase Honorable Magistrado(a) realizar las siguientes o
similares declaraciones:

PRIMERA.- TUTELAR mis derechos fundamentales a participar en política y a la igualdad,
ante la amenaza e inminente vulneración por parte de la Registraduría Nacional del Estado
Civil y la Presidencia de la República mediante los actos administrativos que se censuran.

SEGUNDA.- ORDENAR a las entidades accionadas, que realice de manera inmediata
revoquen el artículo 13 del Decreto 1207 del 05 de octubre de 2021 “Por el cual se adoptan
disposiciones para la elección de los representantes a la Cámara por las 16
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030,
en desarrollo del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021” expedido por la Presidencia
de la República y del artículo 7 de la Resolución No. 10592 del 28 de septiembre de 2021
“por la cual se adoptan medidas especiales para la actualización y vigilancia del censo
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Demandante: Norman Germán Granja Angulo

electoral, la inscripción de candidatos y se establece el procedimiento para la organización y
dirección de la elección de los representantes adicionales a la Cámara por las dieciséis (16)
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en los periodos 2022- 2026 y 2026-2030”
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil

TERCERA.- CONMINAR a las Entidades accionadas a que en lo sucesivo permitan el
efectivo ejercicio del derecho fundamental de participar en política sin obstáculos
injustificados, para evitar futuras violaciones a mis derechos fundamentales”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Norman Germán Granja Angulo señaló que es víctima del conflicto
armado, según consta en certificación expedida por la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, y que en el año 2015 fue candidato a la
Asamblea Departamental del Cauca, con el aval del Partido de Unidad Nacional –
Partido de la U.

Sostuvo que, mediante Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, se crearon
16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, en adelante -CITREP, que
serían adicionadas a la Cámara de Representantes, para los periodos
constitucionales 2022-2026 y 2026-2030.

Que el artículo 5 del citado acto legislativo estableció como requisitos para ser
candidato a las CITREP, además de los establecidos en la Constitución y en la
ley, para los representantes a la Cámara: (i) haber nacido o habitado en el
territorio de la respectiva circunscripción los tres años anteriores a la fecha de la
elección o, (ii) los desplazados que se encuentren en proceso de retorno con el
propósito de establecer su lugar de habitación en el territorio de la circunscripción,
deberán haber nacido o habitado en él, por lo menos tres años consecutivos en
cualquier época.

Añadió que la Registraduría Nacional del Estado Civil, con fundamento en lo
previsto en el Acto Legislativo 02 de 2021, profirió la Resolución 10592 del 28 de
septiembre de 2021, en la que adoptó medidas especiales para la inscripción de
candidatos a las CITREP y creó una inhabilidad especial para quienes hayan
aspirado “en cualquier tiempo” a un cargo público, con independencia de haber
sido elegidos o no.

La Presidencia de la República expidió el Decreto 1207 del 5 de octubre de 2021,
en el que estableció una prohibición para inscribir candidaturas a las CITREP a
quienes hayan sido candidatos de un partido político cuya personería jurídica se
haya perdido dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la inscripción.

El 13 de octubre de 2021 presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad por inconstitucionalidad, con el fin de cuestionar la legalidad de la
Resolución 10592 del 28 de septiembre de 2021 y el Decreto 1207 del 5 de
octubre de 2021, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Primera del
Consejo de Estado, con el radicado número 1001032240002021100546-00. Que,
en ese trámite solicitó medida cautelar de suspensión provisional de los actos
administrativos.

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Demandante: Norman Germán Granja Angulo

En auto del 26 de octubre de 2021, el despacho de la magistrada Nubia Margoth
Peña Garzón remitió por competencia la demanda a la Sección Quinta del
Consejo de Estado.

3. Argumentos de la acción de tutela

Afirma la parte actora que ejerce la acción de tutela para pedir la protección de los
derechos fundamentales invocados, porque, considera que el medio de control de
nulidad por inconstitucionalidad que ejerció es ineficaz, debido a la duración de
ese trámite, en consideración al calendario electoral, porque la inscripción de las
candidaturas para las CITREP inició el 13 de noviembre y culminó el 13 de
diciembre de 2021, de conformidad con lo señalado en la Resolución 10592 de
2021.

Adujo que los actos administrativos restringen, en forma injustificada, su derecho
a aspirar a las CITREP, por haber sido candidato a la Asamblea Departamental
del Cauca en el año 2015.

Indicó que la inhabilidad creada en los actos administrativos constituye una
interpretación restrictiva del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, por que
se impide la participación en política y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40
de la Constitución Política, el derecho a elegir y ser elegido también comprende la
posibilidad de postularse como candidato a cargos de elección popular.

Refirió que uno de los objetivos del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera es logar la
participación política de las víctimas del conflicto armado, con miras al
robustecimiento de la democracia y a la contribución de una mayor integración de
los sectores sociales más vulnerables.

Sostuvo que, con antelación a la expedición de los actos administrativos referidos,
contaba con todas las posibilidades para aspirar a una de las curules de las
CITREP, porque reside en el municipio de Timbiquí, Cauca, se encuentra
reconocido como víctima del conflicto armado por parte de la UARIV, aspiró a la
Asamblea Departamental del Cauca en 2015, sin ser elegido y fue avalado por el
Partido de la U, el cual tiene representación en el Congreso de la República.

Afirmó que el parágrafo 2 del artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 02 del 25
de agosto de 2021, prevé que “no podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido
candidatos elegidos o no a cargos públicos, con el aval de partidos políticos o movimientos
políticos con representación en el Congreso o con personería jurídica, o quienes lo hayan sido por
un partido político cuya personería se haya perdido dentro de los cinco años anteriores a la fecha
de la inscripción, o hayan hecho parte de las direcciones de estos, durante el último año”. No
obstante, adujo que actualmente no puede inscribirse como candidato para una
de las curules de las CITREP, por el solo hecho de que la Resolución 10592 del
28 de septiembre de 2021, establece como inhabilidad para participar a “quienes en
cualquier tiempo hayan sido elegidos o no a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos
políticos con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica”.

Señala que la expresión “en cualquier tiempo” no está incluida en el texto
constitucional transitorio, de manera que se creó una inhabilidad comparable con
haber sido condenado penalmente, aunado a que se genera una revictimización
de un grupo de la población a la cual se pretende discriminar positivamente con la
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expedición del Acto Legislativo 02 de 2021, por las condiciones de desigualdad
social y la marcada desprotección histórica por parte del Gobierno Nacional.

Indicó que la Registraduría Nacional del Estado Civil usurpó las competencias del
legislador para consagrar inhabilidades, en la medida en que adicionó un mandato
constitucional con una interpretación restrictiva y perjudicial para las víctimas, lo
que supone la vulneración del principio pro homine.

Asimismo, consideró que los actos administrativos vulneran la Convención
Americana de Derechos Humanos, por cuanto restringen la participación en
política de las víctimas del conflicto armado.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Primera, en auto del 21 de octubre de 2021,
admitió la acción de tutela, ordenó notificar al presidente de la República y al
registrador Nacional del Estado Civil, asimismo, dispuso la comunicación del inicio
del trámite de la acción de tutela a los magistrados que integran la Sección
Primera del Consejo de Estado, en la condición de terceros interesados.

5. Oposición

La Presidencia de la República adujó la falta de legitimación en la causa por
pasiva tanto del presidente de la República, así como del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

Respecto del primero, manifestó que no es sujeto procesal y no actúa en nombre
y representación legal de entidad alguna, salvo en las excepciones contempladas
en los artículos 115 de la Constitución Política y 159 de la Ley 1437 de 2011,
además, indicó que no ha desplegado alguna conducta que vulnere los derechos
fundamentales invocados.

En cuanto al segundo, añadió que, según lo establecido en el artículo 3 del
Decreto 1784 de 2019, las funciones generales están orientadas a prestar apoyo
logístico y administrativo al presidente de la República en el cumplimiento de lo
previsto en el artículo 189 de la Constitución.

En cuanto a la solicitud de tutela, indicó que se incumple con el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que el Decreto Reglamentario 1207 del 5 de
octubre de 2021, es un acto administrativo de carácter general, para cuyo debate
de legalidad existe otro mecanismo de defensa judicial, lo que torna improcedente
la acción de tutela.

Al respecto, indicó que en el escrito de tutela se exponen varios reparos de índole
constitucional y legal en contra del Decreto Reglamentario 1207 del 05 de octubre
de 2021, pero ninguno de ellos justifica que se instaure acción de tutela por
cuanto no busca evitar un perjuicio irremediable. Que, en ese orden, el Gobierno
nacional debe probar en sede judicial y en el trámite de las demandas respectivas
de nulidad o nulidad por inconstitucionalidad que la expedición del decreto de
manera alguna ha puesto en riesgo al accionante o a las víctimas.

Afirmó que el actor no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable para que

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proceda el amparo como mecanismo transitorio.

Dijo que la acción de tutela no puede convertirse en el mecanismo que condicione
al Gobierno Nacional respecto de la forma en la que debe acatar las distintas
sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado relacionadas con la
provisión de las dieciséis curules para las víctimas del conflicto armado, además,
indicó que el Decreto Reglamentario 1207 del 5 de octubre de 2021, fue proferido
con sujeción a lo dispuesto en el Acto Legislativo 02 de 2021.

Solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.

La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que la acción de tutela es
improcedente porque no cumple el requisito de subsidiariedad, porque, para
cuestionar la legalidad de la Resolución 10592 de 2021, el legislador consagra los
mecanismos judiciales idóneos.

Indicó que el actor no hizo referencia alguna de la que se pueda determinar la
trasgresión de los derechos, o explicar cómo la RNEC ha quebrantado las citadas
disposiciones constitucionales, pues las calidades, requisitos e inhabilidades
especiales que se establecen en el Acto Legislativo 02 de 2021 fueron replicadas
y, “solo en ocasiones reorganizadas, en la Resolución 10592 del 28 de septiembre de 2021, sin
cambiar su sentido, teleología, literalidad o finalidad, con el único y exclusivo propósito que los
candidatos, organizaciones con derecho de postulación y ciudadanía en general, puedan
dilucidarlas de manera clara e inequívoca cuando se aspire a una curul en las Circunscripciones
Transitorias Especiales de Paz”.

Adujo que una lectura exegética, sistemática y teleológica del Acto Legislativo 02
de 2021, permite advertir que el propósito principal es garantizar a las víctimas
que las curules adicionales estén ocupadas por víctimas que no tengan origen en
los partidos políticos tradicionales y que dichas organizaciones políticas no tengan
la posibilidad de presentar candidaturas. Las inhabilidades generales están
orientadas a evitar que las CITREP con su carácter especial y transitorio sean
cooptadas por las organizaciones políticas tradicionales.

Que la Constitución Política faculta a la RNEC para establecer reglas especiales
que permitan materializar las disposiciones del Acto Legislativo, motivo por el cual
se expidió la Resolución 10592 del 28 de septiembre de 2021, para dar claridad o
mayor facilidad en la lectura de la disposición respecto de las inhabilidades
especiales, se desagregaron las misma, pero conservó su sentido, esto, dentro de
la competencia exclusiva otorgada a la entidad para reglamentar lo relacionado
con la inscripción de candidaturas, que incluye todo el procedimiento desde el
registro de comités inscriptores apoyados por grupos significativos de ciudadanos,
el derecho postulación que les asiste a las organizaciones descritas en los incisos
2 y 3 del artículo transitorio 3 del Acto Legislativo 02 de 2021, los requisitos,
calidades e inhabilidades especiales para ser candidatos, hasta el diseño,
distribución y entrega de la tarjeta electoral independiente, para que los
ciudadanos puedan votar para elegir sus representantes en las CITREP.

Señala que lo anterior fue ratificado por el artículo 13 del Decreto 1207 de 5 de
octubre de 2021, “Por el cual se adoptan disposiciones para la elección de los Representantes
a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para los periodos 2022-
2026 y 2026-2030, en desarrollo del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021”.

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Finalmente, solicitó que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1069 de
2015, se estudie la posible remisión y/o acumulación de la presente tutela a
alguno de los despachos que ya han admitido acciones de tutela que guardan
identidad de sujeto pasivo, causa y objeto1.

La Sección Primera del Consejo de Estado, por conducto de la magistrada
Nubia Margot Peña Garzón, informó que le correspondió por reparto el
conocimiento de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad con radicado
número 11001-03-24-000-2021-00546-00, que tiene como finalidad la declaración
de nulidad de los actos administrativos censurados con la petición de amparo.

Advirtió que mediante auto del 26 de octubre del año en curso remitió por
competencia el asunto a la Sección Quinta de esta Corporación e informó que el
asunto se encuentra en la Secretaría de la Sección Primera en trámite de
notificación de la citada providencia.

6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 18 de noviembre de
2021, declaró improcedente el amparo solicitado porque la acción de tutela no
supera el requisito de subsidiariedad, en la medida en que el ordenamiento
jurídico consagra otro instrumento idóneo para cuestionar la constitucionalidad de
los actos administrativos ya referidos, aunado al hecho de que no se demostró la
configuración de un perjuicio irremediable.

7. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual indicó que
el a quo “(…) olvida de hacer un análisis de fondo de la situación, de comprobar la afectación de
los derechos fundamentales en juego, para fallar teniendo como sustento una situación
meramente formal, en desmedro de lo sustancial”.

Indicó que la afirmación del juez de tutela de primera instancia, según la cual,
“`pese a haber manifestado que el mecanismo ordinario no resulta procedente dada la tardanza en
un eventual fallo por parte del juez ordinario para decidir el asunto puesto a su conocimiento ´ no
está respaldada de algún medio de convicción que acredite o que permita inferir que la decisión
que en derecho corresponda no se adoptará con sujeción a los términos previstos en la Ley 1437
de 2011”.

Señala que, solo basta con acudir a los criterios de la sana crítica “un asunto puesto
al conocimiento de la jurisdicción administrativa no se resuelve en dos meses”, que, resulta
improbable desde todo punto de vista que, antes de que cese la oportunidad para
inscribir las candidaturas a las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz,
de acuerdo con el calendario electoral, se adelante todo el proceso ordinario
administrativo, se agoten las etapas procesales previstas en la norma y se
resuelva de fondo el asunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda

1 Al efecto, relacionó multiples radicados de acciones de tutela del conocimiento de distintos despachos
judiciales del país, en las que se han negado las pretensiones.
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persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona la Resolución
10592 del 28 de septiembre de 2021 y el Decreto 1207 del 5 de octubre de 2021,
por considerar que vulneran los derechos fundamentales a la igualdad y a la
“participación en política”, porque, según indica, las inhabilidades establecidas en
los actos administrativos le impiden inscribirse como candidato a una de las
dieciséis curules de las circunscripciones transitorias especiales de paz para la
Cámara de Representantes en los períodos 2022-2026 y 2026-2030, creadas
mediante el Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021.

En el escrito de impugnación, la parte actora cuestiona la decisión de tutela de
primera instancia que declaró improcedente el amparo solicitado, porque no
cumplió con el requisito general de subsidiariedad. A su juicio, no existió un
análisis de fondo, lo cual considera un aspecto de carácter meramente formal y
señala que la conclusión del a quo no estuvo respaldada en medio de convicción
alguno que la respaldara.

Al respecto, la Sala anticipa que tales argumentos no están llamados a prosperar,
porque el requisito general de subsidiariedad no se trata de una exigencia
meramente formal, sino de un requisito de procedencia que habilita de manera
excepcional la procedencia de la acción de tutela para cuestionar actos
administrativos, en la medida en que el legislador ha previsto los mecanismos de
defensa propios para cuestionar la legalidad de cada uno de ellos. La acción de
tutela no puede usarse como medio judicial alternativo para estudiar asuntos que
tienen trámites específicos al interior de los medios de control previamente
establecidos y que deben ser decididos por el juez natural.

Una interpretación en sentido contrario conduciría a señalar que la acción de
tutela sería el único mecanismo de defensa adecuado para cuestionar actos
administrativos y relevar la eficacia de los medios de control previstos para cada
caso.

Luego, tampoco resulta afortunado el argumento de la parte actora, en el sentido
de señalar que le correspondía al a quo basar su decisión en algún medio de
convicción, pues, la restricción referida es de carácter legal y es evidente que el
cuestionamiento de los actos administrativos se enmarca en esa expresa
prohición.

Dicho lo anterior, la Sala advierte que en el presente caso los argumentos que la
parte actora plantea como fundamento de la acción de tutela contra la Resolución
10592 del 28 de septiembre de 2021 y el Decreto 1207 del 5 de octubre de 2021,
no pueden ser estudiados de fondo, porque concurren dos circunstancias que
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conducen a señalar que no se cumple con el requisito general de subsidiariedad,
de un lado, porque se cuestionan actos de carácter general, impersonal y
abstracto y, del otro, porque se encuentra en curso el mecanismo de defensa
previsto por el legislador para cuestionar los actos actos aquí acusados, que
poseen precisamente dicha naturaleza, como se pasa a explicar.

El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 2, dispone que la acción de tutela no
procede “5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto ”. Ello,
porque contra esa clase de actos puede ejercerse el medio de control de simple
nulidad, o bien, de nulidad por inconstitucionalidad, según el caso, trámites en el
que, por su naturaleza, el juez realiza un estudio de mera legalidad o de
constitucionalidad, que persigue la defensa del orden jurídico en abstracto y, por
ende, en el que no es posible predicar la vulneración de derechos de carácter
fundamental, tal como lo ha sostenido esta Sección de manera reiterada3.

De ahí que, en el presente caso tampoco se cumpla con el requisito general de
subsidiariedad porque la parte actora ejerció el medio de control de nulidad por
inconstitucionalidad, el cual se encuentra en curso, lo que significa que es en ese
trámite procesal en las que le corresponde intervenir para hacer valer todos los
argumentos jurídicos para cuestionar la legalidad de la Resolución 10592 del 28
de septiembre de 2021 y del Decreto 1207 del 5 de octubre de 2021.

En el que incluso puede solicitar la medida cautelar que suspende
provisionalmente los efectos de los referidos actos administrativos, en los
términos del artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, o incluso, solicitar la adopción
de medidas cautelares de urgencia, de que trata el artículo 234 ejusdem, para que
sea el juez natural de conocimiento el que se pronuncie sobre la procedencia de
estas o no.

En este punto, resulta pertinente precisar que el proceso de nulidad por
inconstitucionalidad que ejerció el señor Granja Angulo contra el Decreto 1207 del
5 de octubre de 2021 , con radicado número 11001032400020210054600, una
vez fue recibido por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, fue
remitido mediante auto del 13 de diciembre de 2021, al despacho del doctor Luis
Alberto Álvarez al proceso de nulidad por inconstitucionalidad con radicado
número 11001032800020210007200, con fines de acumulación, la cual aún se
encuentra pendiente por resolver.

En este último proceso, el magistrado sustanciador dictó auto del 6 de diciembre
de 2021, mediante el que decretó la suspensión provisional de urgencia de la
expresión “en cualquier tiempo” contenida en el numeral 1 del artículo séptimo de la
Resolución 10592 de 28 de septiembre de 2021 expedida por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, para que se dé cumplimiento al texto previsto en el
parágrafo 2 del artículo transitorio 5 del Acto Legislativo 02 de 25 de agosto de
2021, que limita en el tiempo esa específica inhabilidad a que haya acontecido

2
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política".
3
Ver, entre otras sentencias, las de 22 de septiembre de 2016, Exp. 11001-03-15-000-2015-
00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), M.P. Martha Teresa Briceño de
Valencia; de 17 de mayo de 2018, Exp. 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez; del 10 de octubre de 2018, Exp. 11001-03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez y de 5 de febrero de 2019, Exp. 11001-03-15-000-2018-01699-01, M.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07088-01
Demandante: Norman Germán Granja Angulo

dentro del plazo o término previsto al final de esta norma, en los siguientes
términos:

“8. DECRÉTASE la suspensión provisional de urgencia de la expresión “en cualquier
tiempo” contenida en el numeral 1 del artículo séptimo de la Resolución 10592 de 28 de
septiembre de 2021 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se
dé cumplimiento al texto previsto en el parágrafo 2° del artículo transitorio 5 del Acto
Legislativo 02 de 25 de agosto de 2021, que limita en el tiempo esa específica inhabilidad
a que haya acontecido dentro del plazo o término previsto al final de esta norma”.

Lo anterior, conlleva a señalar que, contrario al argumento de la parte actora, el
medio de control referido resulta ser el mecanismo de defensa idóneo para la
defensa de los derechos invocados y que las medidas provisionales tienen
aplicación, al punto que fueron efectivas para lograr la suspensión del aparte del
acto que presuntamente generó la vulneración alegada.

Se insiste en que, son precisamente las inconformidades que la parte actora
plantea en este trámite excepcional, las que debe seguir exponiendo a instancias
del juez natural de conocimiento, pues, no se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, razón suficiente para no estudiar los
argumentos que la parte actora propone en el escrito de tutela.

En esa medida, se impone confirmar la decisión de primera instancia del 18 de
noviembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, objeto de
impugnación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión de primera instancia del 18 de noviembre de 2021,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, objeto de impugnación,

2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07088-01
Demandante: Norman Germán Granja Angulo

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

10
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