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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02732-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02732-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de coadyuvancia elevada por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. 2. Aceptar la solicitud de desvinculación elevada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y la Asamblea Departamental de Cundinamarca. 3. Negar la solicitud probatoria elevada por la parte actora de conformidad con las razones expuestas. 4. Declarar improcedente la solicitud de amparo ejercida por el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado contra la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. 5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02732-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

5 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02732-00
Demandante: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C, cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02732-00
Demandante: SINDICATO UNITARIO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL
ESTADO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Y OTROS
Tema: Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por el
Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Asamblea
Departamental de Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en el artículo 1
del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 8 de mayo de 2025, el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado,
mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Asamblea
Departamental de Cundinamarca, por estimar vulnerados los derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«1.Que se tutele el derecho al debido proceso, a la igualdad, el derecho a la
seguridad jurídica, en conexidad con el derecho y garantía al trabajo dado que el
auto modificó la situación jurídica sin justificación válida situaciones jurídicas
consolidadas que se han convertido en derechos adquiridos, colocando al
Departamento de Cundinamarca en riesgo las situaciones jurídicas con protección
constitucional directa de las madres y padres cabeza de familia, y la figura de los
prepensionados, y la estabilidad de los actuales servidores.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó se deje sin efectos el
auto por haber cambiado el sentido de la decisión judicial sin una verdadera ratio
decidendi en la sentencia.

3. Se decrete una medida cautelar que brinde las siguientes garantías a los
Empleados Públicos del Nivel Central del Departamento de Cundinamarca que
devengan su incremento salarial del 20% adicional al salario, como un incentivo,
o reconocimiento al 100% del MÉRITO demostrado por más de 20 años de
servicios con evaluaciones satisfactorias, lo cual indica que este derecho es
subsidiario de la estabilidad laboral lograda por mérito:

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Demandante: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado

• Se deje sin efecto la sentencia dictada mediante el auto del 22 de octubre de
2022, y se decrete la siguiente medida cautelar en favor de los Servidores
Públicos inscritos en Carrera Administrativa.
• Se ordene al Departamento a retirar las demandas y se ordene abstenerse de
demandar por amenaza de graves violaciones a los derechos fundamentales
derivados del fallo EXTRA Y ULTRA PETITA del Auto del 22 de octubre de
2022, dictado por el Consejo de Estado, con relación a los funcionarios que se
encuentren en el denominado retén social.
• Se ordene al Departamento, solicitar a los jueces de instancia la suspensión
de todas sus actuaciones hasta que no se desate la presente tutela (excepción
de pleito pendiente).
• Por la misma excepción, se ordene al Departamento de Cundinamarca
abstenerse de radicar nuevas demandas.
• Se ordene a la Comisión Nacional- ejercer la defensa de los derechos de
permanencia y estabilidad lograda por 20 años de servicio, a través de un
concepto, mediante el cual se pronuncie frente a la subsidiariedad del derecho
al aumento o incremento salarial por antigüedad y mérito.
• Se ordene al Departamento de Cundinamarca , en caso de fallos dictados en
contra de los Servidores Públicos del Departamento, abstenerse de
desmejorar el salario con ocasión al fallo de nulidad de algún acto de
reconocimiento del incremento salarial del 20% del Artículo 5° de la Ordenanza
13 de 1947, proteger la estabilidad pensional y evitar la desmejora del
promedio salarial. (…)
• Se ordene al Departamento, en caso de fallos dictados en contra de los
servidores públicos del Departamento, abstenerse de desmejorar el salario
con ocasión al fallo de nulidad de algún acto de reconocimiento del incremento
salarial del 20% del Artículo 5° de la Ordenanza 13, proteger la estabilidad
pensional y evitar la desmejora del promedio salarial.(…)».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Diana Patricia Rojas Porras y el Ministerio de Educación presentaron
demanda de simple nulidad 1 contra el artículo 5 de la Ordenanza 13 de 25 de junio de
1947 2, suscrita por la Asamblea de Cundinamarca.

La disposición dispuso que los empleados y obreros del Departamento que hayan
cumplido veinte años o más, al servicio de Cundinamarca, que no hayan sido
pensionados y que se hallen en ejercicio de sus funciones con una antigüedad no
menor de cinco años, sin solución de continuidad, tendrán derecho a un aumento del
veinte por ciento del sueldo o jornal que devenguen.

El conocimiento del proceso bajo radicado núm. 25000-23-25-000-2010-00909-01/02
en primera instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que, en sentencia del 10 de diciembre de 2018, accedió a las pretensiones de la
demanda al considerar que, si bien, en vigencia de la Constitución Política de 1886
los Gobernadores tenían la atribución de fijar los emolumentos de los empleados

1
Como fundamento de la demanda se indicó que la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, no tenía competencia para
fijar emolumentos de índole salarial, ya que ello es propio del Congreso de la República.
2
“Por la cual se destina una partida, se dispone su distribución, se ordena un crédito-traslado y se deroga en todas sus partes el
artículo 7º de la Ordenanza número 28 de 1946 y se dicta otras disposiciones(…)”. Artículo 5. Los empleados y obreros del
Departamento que hayan cumplido veinte años o más, al servicio de Cundinamarca, que no hayan sido pensionados y que se
hallen en ejercicio de sus funciones con una antigüedad no menor de cinco años, sin solución de continuidad, tendrán derecho
a un aumento del veinte por ciento del sueldo o jornal que devenguen. La Gobernación procederá a liquidar en el presupuesto
las partidas correspondientes, quedando ampliamente facultada para hacer las operaciones del caso, a fin de dar cumplimiento
a esta disposición, la cual regirá desde el día primero de julio próximo (...)”.
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públicos del orden departamental con sujeción de las escalas de remuneración que
fijara la Asamblea.

Lo cierto es que, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 1968 se dispuso que le
correspondía al Congreso hacer las leyes y por medio de ellas fijar las escalas de
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el
régimen de prestaciones sociales.

Señaló que con ocasión a la expedición de la Constitución Política de 1991 se
estableció la competencia del Congreso para dictar las normas generales, así como
la de señalar los objetivos y criterios a los cuales debía sujetarse el Gobierno para fijar
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

En tal virtud, fue expedida la Ley 4 de 1992 la cual expresó, en el artículo 12, que el
régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales sería
fijado por el Gobierno Nacional, por ende, señaló una prohibición a las corporaciones
públicas territoriales de apropiarse de esta facultad.

Bajo ese contexto, concluyó, que la competencia para fijar el régimen salarial de los
empleados del sector territorial era concurrente entre el legislador y el ejecutivo,
concretamente, porque el primero determina los parámetros generales, conforme con
los cuales, el segundo debe fijar todos los elementos propios del régimen salarial y
prestacional.

Por ende, indicó que el acto acusado desconoció la Constitución Política de 1991
«literal e, numeral 19 del artículo 159» porque las entidades territoriales no tenían la
competencia para crear prestaciones sociales.

Contra la mencionada decisión el departamento de Cundinamarca, el Sindicato
Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET, los señores Carlos Ernesto
Castañeda Ravelo, Jaime Raúl Taborda Mejía y Hernán Egberto Peralta Garzón, en
calidad de terceros con interés, interpusieron recurso de apelación al considerar que
no fueron señalados los efectos jurídicos y el alcance de la declaratoria de nulidad,
pues existían muchos casos en los que ya había un derecho adquirido y la decisión
tendría como consecuencia un detrimento salarial.

La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en providencia del 5
de mayo de 2022 «revocó» la decisión apelada y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que de conformidad con el régimen jurídico previsto en
el Acto Legislativo 01 de 1968, en la Constitución Política de 1991 y en la Ley 4 de
1992, era posible concluir que existe una competencia compartida en relación con la
fijación de la escala salarial de los empleados públicos, pues, mientras que el
Congreso de la República estableció los principios y parámetros que debe seguir el
Gobierno Nacional para determinar el régimen salarial, a éste por su parte le compete
establecer los topes máximos salariales de los servidores públicos.

Asimismo indicó que en las referidas normas se señaló que las Asambleas
Departamentales y los Concejos Municipales deben implantar la escala de
remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo y,
los Gobernadores y Alcaldes, deben fijar los emolumentos de los empleos de sus
dependencias en atención de las disposiciones que para el efecto profieran las
Corporaciones enunciadas, por medio de Ordenanzas y Acuerdos, respectivamente.
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Que, en razón a ello era posible concluir que el artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947
se encontraba viciado de nulidad por desconocer las normas del orden constitucional,
tal y como lo advirtió el juez de primera instancia comoquiera que la Asamblea del
Departamento de Cundinamarca no tenía competencia para fijar prestaciones
salariales.

Sin embargo, precisó que no podía desconocer que para el momento en que fue
proferida la Ordenanza demandada, esto es en el año 1947, las Asambleas
Departamentales contaban con la facultad de crear normas a fin de regular todos los
aspectos salariales de los empleados públicos del sector territorial, ya que dicha
competencia nació con la expedición del Acto Legislativo 3 de 1910, la cual fue
reiterada con el Acto Legislativo 01 de 1945 y derogada con posterioridad, por medio
del Acto Legislativo 01 de 1968 y la Constitución Política de 1991.

Explicó que no es cierto que el artículo 5º de la Ordenanza 13 de 1947 se encontrara
viciado de nulidad, dado que, para el momento en que fue proferida, las Asambleas
Departamentales tenían la competencia de proferir este tipo de actos administrativos
de índole salarial.

Dicha providencia fue notificada mediante estado del 12 de agosto de 2022.

Está última decisión fue objeto de solicitud de aclaración y/o adición elevada por los
terceros con interés, la cual se negó en providencia del 20 de octubre de 2022, en
razón a que se decidió sobre todos los extremos de la litis y no existe expresión alguna
en la parte resolutiva que genere incertidumbre o se preste a interpretaciones
diversas, o en la parte motiva que influya en ella, dicha providencia fue notificada en
estado del 22 de marzo de 2023.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte demandante cuestiona la providencia del 20 de octubre de 2022 que negó la
solicitud de aclaración de la sentencia del 5 de mayo de 2022, porque a su juicio, fue
una decisión ultrapetita y vulneró los derechos fundamentales invocados, en la medida
en que en la referida providencia, si bien, no aceptó la solicitud de aclaración, afirmó
que:

«los empleados públicos que hayan ingresado a la administración con posterioridad a la
expedición del Acto Legislativo 01 de 1968 no tienen derecho a que sea aplicada la
Ordenanza 13 de 1947. Adicionalmente, no se observa que entre lo manifestado en la
parte motiva o considerativa y lo ordenado en la parte resolutiva exista contrariedad,
máxime, cuando se indicó con plena claridad que el acto acusado produjo efectos durante
el tiempo en que estuvo vigente, dado que, actualmente, se encuentra derogado
tácitamente por el Acto Legislativo 01 de 1968 y la Constitución Política de 1991».

Lo que a su juicio, contraviene el ordenamiento legal, judicial, constitucional;
desconoce los derechos salariales y fundamentales de los servidores públicos del
nivel central del Departamento de Cundinamarca y transgrede el principio de la
primacia de la realidad de los trabajadores, quienes han proyectado sus ingresos y
gastos bajo esa realidad que contempla el artículo 53 de la constitución, obtenida por
mérito de 20 años y más de servicio que les dio acceso al derecho a un incremento
salarial dictado por una norma salarial que goza de firmeza desde el año 1948.

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Explicó que en razón de lo anterior, el Departamento de Cundinamarca ha demandado
en simple nulidad los actos administrativos individuales de reconocimiento que no eran
objeto de la demanda en el proceso de simple nulidad cuestionado, el cual únicamente
abordaba el estudio de legalidad del artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947.

Sin embargo, mencionó que el perjuicio se consuma con la nulidad de los actos
individuales, razón por la que se advierte que la amenaza es real y que las
consecuencias sobre cualquier funcionario activo desmejora los derechos adquiridos.

Aclaró que la presente solicitud de amparo no tiene el objeto de reabrir la discusión
respecto de las competencias de las Asambleas Departamentales en materia salarial
dispuestas desde 1947, sino resaltar la legalidad, validez, firmeza y ejecutoriedad de
los actos administrativos de reconocimiento del citado emolumento salarial el cual es
un título legítimo y forma parte de los derechos adquiridos.

A su juicio, el reconocimiento del citado emolumento es subsidiario de la permanencia
por mérito y al no reconocerlo se incurre en una grave violación al artículo 53 de la
Constitución política de Colombia «Principio de Progresividad Salarial», al bloque de
constitucionalidad y a los derechos adquiridos por los trabajadores del Departamento
de Cundinamarca, por cuanto esta decisión de nulidad buscaba en realidad dejar sin
sustento legal los actos administrativos de reconocimiento de los trabajadores de
Cundinamarca en general y la consecuencia indirecta, los dejaba al borde de la
desmejora salarial.

4. Trámite previo

En auto del 15 de mayo de 2025, el despacho sustanciador negó la solicitud de medida
cautelar, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las partes a quienes remitió
copia de la demanda.

5. Oposiciones

La Sección Segunda del Consejo de Estado indicó que en el caso objeto de estudio
las providencias que se pretenden cuestionar se notificaron el 12 de agosto de 2022
y el 24 de marzo de 2023 mientras que la acción de tutela fue radicada el 8 de mayo
de 2025, esto es 2 años, 1 mes y 11 días después razón por la que se superó
ampliamente el término razonable fijado jurisprudencialmente para la procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial, esto es 6 meses.

Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia por no
haberse cumplido con el requisito de inmediatez.

La Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó que se declare falta de legitimación
en la causa por pasiva, en la medida en que si bien es cierto que lleva a cabo los
procesos de concurso para proveer los empleos vacantes definitivos en la planta de
personal de las entidades concursantes, también lo es que no tiene competencia
frente a los fallos de tutela que emitan los jueces de la República.

La Asamblea Departamental de Cundinamarca indicó que de la revisión detallada
de los hechos y pretensiones consignados en la acción de tutela, se evidencia que
carece de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no existe relación
alguna entre esa corporación y la presunta vulneración de derechos alegada.

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Explicó que si bien es un órgano de naturaleza colegiada, con funciones
exclusivamente normativas y deliberativas, cuya principal tarea es la expedición de
ordenanzas en el ámbito departamental como ocurrió en su momento con la
Ordenanza 13 de 1947, no tiene injerencia directa en la aplicación o interpretación
judicial de la misma, ni en los procesos que actualmente cursan ante la jurisdicción
contencioso administrativa.

Adicionalmente, no se ha identificado en los registros de la entidad ninguna solicitud,
queja o requerimiento previo por parte de la accionante, lo que reafirma la inexistencia
de un vínculo entre la entidad y los hechos objeto del presente trámite.

6. Solicitud de coadyuvancia

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia - CUT presentó solicitud de
coadyuvancia en la que afirmó que coadyuva la totalidad de las pretensiones
deprecadas en la acción de tutela, porque considera que los derechos adquiridos de
los trabajadores del departamento de Cundinamarca deben ser garantizados, de tal
forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la
seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.

Señaló que el derecho, derivado del artículo 5° de la Ordenanza 13 de 1947, no puede
tratarse como una mera expectativa, pues ha generado efectos constantes, estables
y prolongados en el tiempo. Las entidades públicas, incluida la administración
departamental, lo han reconocido de manera continua, lo que refuerza su naturaleza
de derecho adquirido, protegido no solo por la jurisprudencia constitucional, sino
también por principios básicos como el de seguridad jurídica y buena fe.

7. Intervención adicional de la parte actora

La parte demandante allegó escrito adicional en el que solicitó requerir al
departamento de Cundinamarca con el fin de que aporte pruebas en las que conste:

• Cuántas personas a la fecha devengan el 20 % contemplado en la Ordenanza
13 de 1947.
• Cuántos hombres y mujeres en calidad de prepensionados o en estado de
debilidad manifiesta tienen el referido derecho adquirido.
• Si las personas que reciben el beneficio del 20 % perciben prima de antigüedad
distinta a la contemplada en la Ordenanza.
• Si del pago del 20% del incremento salarial se realizan aportes para salud y
pensión.
• Si los beneficiarios en el nivel central están inscritos en el sistema de carrera
administrativa.

Asimismo, indicó que la solicitud de amparo fue interpuesta en un plazo razonable y
proporcionado a partir del hecho generador de la vulneración y como sustento de ello
mencionó que existen varios casos en los que el departamento de Cundinamarca ha
demandado el reconocimiento de la referida prestación a diferentes empleados, lo que
hace que se desmejore la condición de los funcionarios sin justificación.

Al efecto, adujo que adjuntaba como prueba la sentencia de nulidad y restablecimiento
del derecho proferida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bogotá en el
proceso con radicado número 2024-00158-00, en que se declaró la nulidad del acto

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administrativo en el que el departamento de Cundinamarca reconoció el 20 % de la
ordenanza a la señora Gloria Cantor.

8. Cuestión previa

Previo a plantear el problema jurídico y solucionar el fondo del asunto, la Sala debe
resolver la solicitud de coadyuvancia presentada por la Central Unitaria de
Trabajadores de Colombia, pues considera que los derechos adquiridos de los
trabajadores del departamento de Cundinamarca deben ser garantizados, de tal forma
que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la seguridad
jurídica que caracteriza dichas situaciones.

Al respecto, es necesario aclarar que la coadyuvancia en la acción de tutela se
encuentra prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, que la define como un
mecanismo procesal que permite la intervención de terceros que tengan un interés
legítimo en el resultado del proceso. De modo que, cualquier persona que considere
que sus derechos fundamentales pueden verse afectados por la decisión judicial
puede intervenir como coadyuvante del actor o de la parte demandada.

Por su parte, la Corte Constitucional al referirse al alcance de dicha intervención en la
acción de tutela, precisó que, quien coadyuva lo hace para apoyar las razones
presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no
promoviendo sus propias pretensiones.

La Sala observa que, si bien, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia en
escrito del 26 de mayo de 2025 manifestó interés en coadyuvar la presente acción
constitucional, porque tampoco está de acuerdo con el presunto impacto que generó
las providencias cuestionadas, la solicitud de coadyuvancia no está llamada a
prosperar porque dicha entidad no participó en el trámite del proceso de simple
nulidad, de manera que no se encuentra legitimada para cuestionar la decisión de
tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 3, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales 4 y específicas 5 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico y solución

A la Sala corresponde determinar si procede la acción de tutela presentada por el
Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado para dejar sin efecto la
sentencia del 5 de mayo de 2022 y el auto del 20 de octubre de 2022, que negó la
solicitud de aclaración de la sentencia, providencias dictadas por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, en el marco del proceso de simple nulidad con
radicado 25000-23-25-000-2010-00909-02

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela de la referencia
porque no procede contra providencias proferidas en el marco de un proceso de
simple nulidad, por cuanto en ese tipo de procesos la discusión es de puro derecho y,
por ende, el juez únicamente analiza la legalidad del acto demandado, es decir, la
acción de simple nulidad únicamente persigue la defensa de la legalidad, del orden
jurídico en abstracto y en todo caso, tampoco cumple con el requisito general de
inmediatez.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la legitimación en la causa por
pasiva, ii) la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de simple nulidad y
(ii) al análisis del caso concreto.

(i) Legitimación en la causa por pasiva

En el caso concreto, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Asamblea
Departamental del Cundinamarca solicitaron ser desvinculados al considerar que no
son los llamados a responder por la presunta vulneración alegada por la parte
demandante ni en el escrito de tutela se evidencian pretensiones en su contra.

Al respecto, es necesario precisar que la vinculación como entidades demandadas
tuvo razón en que la parte demandante así las señaló en el escrito inicial no obstante
lo anterio, tal como lo señalaron las referidas entidades no se evidencia ninguna
pretensión en su contra y a la fecha lo discutido se enmarca en una acción de tutela

3
La sala plena de lo contencioso administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (expediente ac-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. de ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (se destaca)
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
5
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la constitución.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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contra providencia judicial en un proceso en el que ni siquiera intervinieron, razón por
la que se accederá a la solicitud de desvinculación.

(ii) Procedencia de la acción de tutela contra sentencias de simple nulidad

De entrada, debe advertirse que la acción de tutela contra providencias proferidas
en el marco de un proceso de simple nulidad es improcedente 6, por cuanto en
ese tipo de procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez únicamente
analiza la legalidad del acto, es decir, la acción de simple nulidad únicamente persigue
la defensa de la legalidad, del orden jurídico en abstracto.

De modo que la sentencia que se dicta en ese tipo de procesos no podría amenazar
o violar de manera directa y concreta derechos fundamentales. En efecto, en fallo de
tutela del 22 de septiembre de 2016 7 —que se reiteró en las sentencias del 17 de
mayo de 2018 8 y del 10 de octubre de 2018 9—, esta Sección precisó:

«Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de Estado se
dictó en cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto es, un control
abstracto de la norma que se considera ilegal y, por tanto, la decisión que se adopta lo que
determina es si se ajusta o no a la normativa superior y, por ende, tiene efectos erga
omnes. No define de manera concreta una situación particular, como sí ocurre con
sentencias dictadas por los organismos judiciales en acciones y medios de control con
decisiones judiciales de carácter particular.

En esa medida, la acción de tutela, en principio, es improcedente para cuestionar la
legalidad de una sentencia de constitucionalidad o legalidad porque la decisión que
profiere la autoridad judicial es un ejercicio de puro de derecho que en manera alguna
podría afectar derechos fundamentales, toda vez que lo pretendido es determinar que no
desconozca postulados constitucionales o legales.

Según lo dispone el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es
improcedente cuando se dirija contra actos administrativos de carácter general, impersonal
y abstracto, lo que permite determinar que, igualmente, resulta improcedente para
censurar la sentencia que decide sobre su constitucionalidad o legalidad. (…)».

En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha determinado que la acción de tutela
es improcedente para cuestionar sentencias dictadas por el Consejo de Estado o la
Corte Constitucional, en virtud del control abstracto de constitucionalidad (artículos
241 y 237, numeral 3°, respectivamente). En lo pertinente, la sentencia SU-391 de
2016 10 establece:

«(…) conviene recordar que la Constitución Política estableció mecanismos de control
para garantizar su supremacía normativa (artículo 4 de la Constitución). Tales mecanismos
podrían dividirse en dos clases. Por un lado, existe un control concentrado de
constitucionalidad, realizado de manera principal por la Corte Constitucional (artículo 241
de la Constitución) y de manera residual por el Consejo de Estado (artículo 237 numeral
3). Por otro lado, cualquier autoridad judicial tiene competencia para resolver acciones de
tutela (artículo 86 de la Constitución) y para aplicar la excepción de inconstitucionalidad
(artículo 4 de la Constitución).

6
Al respecto, ver sentencia del 3 de febrero de 2022 proferida dentro del expediente número: 11001-03-15-000-2021-06516-01,
M.P Julio Roberto Piza Rodríguez, del 3 de febrero de 2022 proferida dentro del expediente número: 11001-03-15-000-2021-
07088-01, M.P Milton Chaves García, del 7 de abril de 2022 proferida dentro del expediente número: 11001-03-15-000-2021-
11621-00, M.P Milton Chaves García Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
7
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), MP. Martha Teresa Briceño
de Valencia.
8
Radicado número: 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Radicado número: 11001-03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
MP. Alejandro Linares Cantillo.
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Este esquema promueve el acceso efectivo a la administración de justicia para solicitar el
cumplimiento de la Constitución, permitiendo que todos los jueces puedan realizar control
constitucional sobre casos concretos. A su vez, también persigue la igualdad y la seguridad
jurídica, al prever órganos de cierre que tengan la última palabra sobre la interpretación
adecuada de las normas mediante el ejercicio del control abstracto. Se trata de un
esquema caracterizado por la participación ciudadana, ya que todas las personas pueden
acudir a los jueces en ejercicio de la acción de tutela o pueden pedir en el marco de un
proceso judicial la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Asimismo, el control
abstracto puede ser solicitado por cualquier ciudadano, en ejercicio del derecho político
previsto en el artículo 40 numeral 6, y en él también cualquier persona puede particular
(sic), en virtud de la regulación de las acciones de inconstitucionalidad y de nulidad por
inconstitucionalidad.

Si se aceptara la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de constitucionalidad
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado el diseño del control constitucional
descrito antes se alteraría de manera profunda, a tal punto que podría afirmarse que no
existen dos tipos de control constitucional sino uno solo, otorgado a todos los jueces,
quienes se pueden pronunciar sobre el cumplimiento de la Constitución en casos
concretos o en casos de control abstracto (al revisar decisiones de constitucionalidad de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado). La acción de inconstitucionalidad y la de
nulidad por inconstitucionalidad son funciones delimitadas directamente por la
Constitución, la cual determinó expresamente los órganos que de manera exclusiva tienen
competencia para conocer de ellas. Esa asignación expresa de funciones (en los artículos
237 numeral 3 y 241 de la Constitución) les da carácter de cierre en materia constitucional,
lo cual debe ser tenido en cuenta para interpretar el alcance de la regulación de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 (…)».

Las anteriores explicaciones dadas por la Corte Constitucional también son aplicables
a las acciones de tutela contra providencias judiciales con efectos erga omnes».

(iii) De la improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona la sentencia del
5 de mayo de 2022 y la providencia del 20 de octubre 2022, proferidas dentro de un
proceso de nulidad simple con radicado 25000-23-25-000-2010-00909-02 mediante
las que se accedió a la pretensiones de la demanda de nulidad simple en la que se
realizó el estudio de legalidad del artículo 5 de la Ordenanza 13 de 25 de junio de
1947 y se negó la solicitud de aclaración elevada contra esa sentencia.

Precisa la Sala que los fundamentos de la referida decisión se contraen a establecer
si la Asamblea del Departamento de Cundinamarca, tenía o no competencia para fijar
emolumentos de índole salarial, ya que en la demanda se indicó que ello es propio del
Congreso de la República.

Dicho de otro modo, en la providencia que aquí se cuestiona se realizó un mero juicio
normativo, a partir del cotejo de la ordenanza demandada y las normas de categoría
superior como el Acto Legislativo 01 de 1968, porque se determinó que le
correspondería al Congreso de la República crear todos los empleos, el régimen de
prestaciones sociales y fijar las escalas de remuneración, análisis del que no puede
desprenderse afectación subjetiva alguna, susceptible de remediarse en ejercicio del
mecanismo constitucional de la tutela.

En efecto, la decisión que se adoptó se concretó en un ejercicio de puro derecho que no
tiene la virtud de afectar derechos fundamentales, pues, como se vio, el juicio que realizó
la autoridad judicial demandada estuvo desprovisto de toda connotación subjetiva pues
del contraste y análisis entre el acto demandado y la Ley concluyó que, no podía
desconocer que para el momento en que fue proferida la Ordenanza demandada, esto
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es en el año 1947, las Asambleas Departamentales contaban con la facultad de crear
normas a fin de regular todos los aspectos salariales de los empleados públicos del
sector territorial, ya que dicha competencia nació con la expedición del Acto Legislativo
3 de 1910, la cual fue reiterada con el Acto Legislativo 01 de 1945 y, derogada con
posterioridad, por medio del Acto Legislativo 01 de 1968 y la Constitución Política de
1991.

Explicó que no es cierto que el artículo 5º de la Ordenanza 13 de 1947 se encontrara
viciado de nulidad, porque, para el momento en que fue proferida, las Asambleas
Departamentales tenían la competencia de proferir este tipo de actos administrativos
de índole salarial.

En igual sentido, el auto del 20 de octubre 2022 determinó que no había lugar a aclarar
o adicionar la sentencia, porque la sentencia de nulidad decidió sobre todos los
extremos de la litis y no existió expresión alguna en la parte resolutiva que generara
incertidumbre o se prestara a interpretaciones diversas, o en la parte motiva que
influyeran en ella.

Por consiguiente, en aplicación de la tesis adoptada por esta Sala en casos similares
al presente, esto es, en los que por vía de tutela se cuestionaron sentencias de simple
nulidad, la Sala considera que la acción de tutela resulta improcedente en este caso.

De igual forma, se destaca que aun si procediera el estudio de la solicitud de amparo
contra la providencia judicial que se pretende dejar sin efecto, la misma tampoco sería
viable en la medida en que las providencias que se pretenden dejar sin efecto, estas
son: la sentencia del 5 de mayo de 2022 y el auto de 20 de octubre de 2022, fueron
notificados en estados del 12 de agosto de 2022 y del 22 de marzo de 2023,
respectivamente.

Así, a la fecha de presentación de esta acción, esto es, el 8 de mayo de 2025, se han
superado seis meses, desde la notificación de cada una de las providencias
cuestionadas, así: (i) en relación con la notificación de la sentencia del 5 de mayo de
2022 transcurrieron 2 años, 8 meses y 26 días; (ii) frente a la notificación del auto del
20 de octubre de 2022 han pasado 2 años, 1 mes y 16 días lapsos desde los que la
parte demandante tuvo conocimiento de las decisiones cuestionadas, lo cual desvirtúa
la urgencia y necesidad de intervención del juez de tutela.

Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la acción
de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir de la fecha
de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la naturaleza del acto
jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela judicial efectiva y a la necesidad de
que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.

Si bien, la parte demandante alega que la solicitud de amparo fue interpuesta en un
tiempo proporcional desde el hecho generador del daño, porque fue a partir de esta
decisión que el departamento de Cundinamarca interpuesto procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los distintos funcionarios de la entidad, lo que a
su juicio, demuestra una desmejora en las condiciones de los empleados y
pensionados beneficiarios de la Ordenanza, lo cierto es que dicho argumento no
constituye una justificación para superar el término de inmediatez para cuestionar la
decisión de nulidad simple enjuiciada.

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Si bien, con el escrito adicional aportó copia de una sentencia en la que el Juzgado
Catorce Administrativo Oral de Bogotá declaró la nulidad del acto administrativo en el
que el departamento de Cundinamarca reconoció el 20 % de la ordenanza a la señora
Gloria Cantor, esa decisión en sí misma lo que acredita es que en el marco de las
demandas que ejerce el departamento de Cundinamarca, le corresponde a cada uno
de los interesados ejercer la defensa de sus derechos y la legalidad de sus
reconocimientos prestacionales o pensionales, según sea el caso.

Por las anteriores razones, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
ejercida por el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado contra la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.

Finalmente, frente a la solicitud probatoria elevada por la parte actora, no resulta
procedente, porque siendo la acción de tutela un mecanismo expedito y célere, es a
la parte actora a quien le corresponde aportar las pruebas que considere pertinentes
desde la presentación de la demanda y porque, en todo caso, no se advierten
necesarias para adoptar la decisión, de modo que habilite al juez constitucional a dictar
un auto en ese sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de coadyuvancia elevada por la Central Unitaria de Trabajadores
de Colombia.
2. Aceptar la solicitud de desvinculación elevada por la Comisión Nacional de Servicio
Civil y la Asamblea Departamental de Cundinamarca.
3. Negar la solicitud probatoria elevada por la parte actora de conformidad con las
razones expuestas.
4. Declarar improcedente la solicitud de amparo ejercida por el Sindicato Unitario
Nacional de Trabajadores del Estado contra la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado.
5. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
6. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
7. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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