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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11621-00

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11621-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Gustavo Quintero Navas. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-11621-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

7 de abril de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11621-01
Demandante: Gustavo Quintero Navas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11621-01
Demandante: GUSTAVO QUINTERO NAVAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DICTADA
EN PROCESO DE SIMPLE NULIDAD.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Gustavo
Quintero Navas contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Gustavo Quintero Navas ejerció acción de tutela contra la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, por considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se DECLARE que como consecuencia de la expedición de la
sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, del 30 de julio de 2021 en el marco del proceso
de nulidad 2015-0036600-00 VULNERÓ mis derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia

SEGUNDA: En virtud de lo anterior, SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia
proferida el 30 de julio de 2021 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda dentro del proceso con radicado nro. 2015-
0036600-00

TERCERA: ORDENE al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B emitir una decisión de reemplazo,
que se preserve la indemnidad de los derechos fundamentales referidos y que se
ajuste a los parámetros constitucionales y normativos expuestos en este
documento.”

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11621-01
Demandante: Gustavo Quintero Navas

2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

El Gobierno Nacional, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley
573 de 2000, profirió el Decreto Ley 262 de 2000, en cuyo artículo 182 dispuso que los
empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, de libre
nombramiento y remoción -en los cuales clasificó los cargos de “procurador judicial”- y
de periodo fijo, para el caso del Procurador General.

Contra la referida norma se interpuso demanda de inconstitucionalidad y la Corte
Constitucional en sentencia C-101 de 2013, declaró la inexequibilidad de la expresión
“Procurador Judicial”, al considerar que los cargos correspondientes a esa categoría
de empleo deben ser provistos por el sistema de carrera administrativa especial de la
Procuraduría y, como consecuencia, ordenó a dicha entidad adelantar el respectivo
concurso público de méritos en un término de 6 meses.

En cumplimiento de dicha orden judicial, el Procurador General de la Nación de la
época profirió la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, “Por medio de la cual se da
apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para proveer
cargos de carrera de procuradores judiciales de la entidad”.

El señor Quintero Navas afirmó que para la época en que se inició el referido concurso
laboraba como procurador, que, ante los cambios en los nombramientos de la entidad,
en compañía de varias personas interpuso medio de control de simple nulidad con la
finalidad de dejar sin efecto la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 por medio de
la cual se dio apertura a la convocatoria del proceso de selección.

Del proceso en única instancia conoció la Sección Segunda del Consejo de Estado
que, mediante sentencia del 30 de julio de 2021 resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda 1016-2016 por indebida escogencia del medio de control, presentada
por los demandantes Luis Rafael Calderón Daza y Luis Francisco Calvete
Ribero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la legalidad condicionada del inciso 3º del numeral 1º
del art. 17 de la Resolución 040 DE 2015, en el entendido de que en la prueba
de análisis de antecedentes puede otorgarse puntaje tanto a los posgrados
(maestrías, doctorados o posdoctorados en derecho) que sean específicos
respecto de la convocatoria y empleo correspondiente, así como también,
aquellos cuyo título no especifique determinada área de profundización del
derecho, pero de los cuales se pueda derivar, bien sea por las calificaciones
obtenidas, por el contenido del programa académico cursado o por la tesis o
trabajo de investigación adelantado, que el concursante cuenta con la
idoneidad profesional y los conocimientos previstos en cada convocatoria para
el desempeño del empleo correspondiente.

TERCERO: DECLARAR la legalidad condicionada de los arts. 5º (inciso 3º), 9º
(numeral 2.9) y 17 (parágrafo 1º) de la Resolución 040 de 2015, en el
entendido que las publicaciones de libros que dan lugar a puntaje en la prueba
de análisis de antecedentes se pueden presentar en original y físico o en forma
digital por quienes superen la prueba de conocimientos, en la fecha y lugares
que se establezcan mediante aviso en la página web institucional, los cuales

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11621-01
Demandante: Gustavo Quintero Navas

deberán calificarse bajo los mismos criterios y parámetros en términos de
igualdad, siempre y cuando los derechos de autor de unos y otros se
encuentren debidamente registrados y la publicaciones cuenten con el
respectivo ISBN (International Standard Book Number), tal como se exige en el
numeral 2º del art. 17 del acto demandando.

CUARTO: Las decisiones contenidas en los dos numerales precedentes,
tendrán el efecto que se menciona a continuación: 1. La legalidad condicionada
de los artículos 5º inciso 3º; 9º numeral 2.9 y 17 parágrafo 1º y del artículo 17,
numeral 1ª. Inciso 3ª de la Resolución 040 de 2015, tal como se expresó en los
numerales 3.9 y 3.11 de esta providencia, solamente producirá efectos ex
nunc, esto es, hacia futuro, con el propósito de salvaguardar las situaciones
jurídicas y los derechos individuales ya consolidados. 2. En el caso de que
existan listas de elegibles pendientes de elaborar, deberá darse estricta
aplicación a las disposiciones cuya legalidad condicionada se declara en esta
providencia, en el sentido de asignar puntaje en las diferentes pruebas y
análisis de antecedentes, a los posgrados de maestría, doctorado y
posdoctorado cuyos títulos no reflejen un área específica del derecho, pero de
los cuales se pueda derivar que se cuenta con los conocimientos específicos
de la convocatoria a la cual se aspira. En cuanto a los libros, se tendrán como
válidos tanto los aportados en físico como aquellos que se presenten en forma
digital, siempre y cuando los derechos de autor de unos y otros se encuentren
debidamente registrados y las publicaciones cuenten con el respectivo ISBN
(International Standard Book Number), tal como se exige en el numeral 2º del
art. 17 del acto demandando. 3. Respecto de aquellos asuntos que se estén
ventilando en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que se
encuentren en trámite y que tengan que ver con los problemas jurídicos
mencionados en los numerales 3.9 y 3.11 de esta providencia, el efecto será
retrospectivo, siempre y cuando las decisiones que se adopten no afecten las
situaciones jurídicas y los derechos individuales ya consolidados.

QUINTO: NEGAR la nulidad del acto demando respecto de las demás
pretensiones de las demandas acumuladas. (…)”

3. Argumentos de la tutela

El demandante manifestó que se incurrió en defecto sustantivo dado que, a su juicio,
la sentencia del 30 de julio de 2021 no realizó un análisis de fondo sobre la distinción
que hace la norma sobre los funcionarios y los empleados públicos dispuesta por el
artículo 279 de la Constitución Política y el artículo 125 de Ley 270 de 1996. A su juicio,
se realizó una indebida aplicación de la norma.

De igual forma, resaltó que los salvamentos de voto de la sentencia que se pretende
dejar sin efecto son de vital importancia para establecer los yerros en los que incurrió
el Consejo de Estado y, más aún, cuando estos van en contravía del derecho al
debido proceso y a la administración de justicia.

Manifestó que la declaración de inepta demanda por parte del Consejo de Estado en
la providencia objeto de tutela, transgrede abiertamente el derecho al debido proceso
dado que en los términos de la Ley 1437 de 2011, quien conozca del caso está
obligado a sanear la demanda, trámite que debió llevarse a cabo en el curso de la
audiencia inicial sin embargo esto no sucedió.

4. Trámite previo
Mediante auto del 14 de febrero de 2022, el despacho del consejero Guillermo
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11621-01
Demandante: Gustavo Quintero Navas

Sánchez Luque admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las partes y a la
Procuraduría General de la Nación, como tercera interesada en el resultado del
proceso a quienes se le remitió copia de la demanda.

No obstante, en auto del 15 de febrero de 2022 dicho despacho remitió el proceso al
despacho ponente al considerar que se tramitó la acción de tutela 2021-05866-00 por
los mismos hechos y derechos que el solicitante alega vulnerados.

5. Oposiciones

El consejero de Estado Gabriel Valbuena Hernández, en calidad de ponente de la
decisión cuestionada, solicitó que se rechace por improcedente la acción de tutela.

Señaló que lo pretendido por el actor es convertir la solicitud de amparo en una
instancia adicional, en la que nuevamente sean debatidos los razonamientos de la
demanda desnaturalizando con ello el objeto de la acción de tutela como mecanismo
residual y subsidiario para la protección de derechos fundamentales.
Manifestó que, contrario a lo indicado por el actor, en la sentencia que se tutela la Sala
fijó un criterio sobre diferentes aspectos del concurso, entre ellos, respecto de la
competencia del Procurador General de la Nación como máxima autoridad
administrativa para convocar al concurso en los términos del Decreto Legislativo 262
de 2000, y analizó las diversas censuras sobre los distintos requisitos que se
contemplaron en dicha convocatoria.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11621-01
Demandante: Gustavo Quintero Navas

aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Problema jurídico

Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala verificará si la
tutela es procedente para cuestionar una decisión de carácter general, impersonal y
abstracto, como lo es la sentencia del 30 de julio de 2021, dictada en un proceso de
simple nulidad. De encontrarse procedente, será estudiado el fondo del asunto, en los
términos propuestos en la demanda de tutela. Para el efecto, la Sala se referirá a la
causal 5ª del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y a la interpretación que esta Sala
ha fijado al respecto. Seguidamente, analizará el caso propuesto por el señor Quintero
Navas.

De la improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general,
impersonal y abstracto
4
El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela no procederá «cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto», pues existen otros mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son la
acción de inconstitucionalidad contra las leyes o las acciones de simple nulidad y de
nulidad por inconstitucionalidad contra actos generales, según el caso.

La acción de tutela no puede ejercerse para cuestionar ese tipo de actos, pues este
mecanismo no está previsto para restablecer la juridicidad posiblemente quebrantada
por un acto general, sino para «suspender los efectos violatorios o amenazantes de
alguno de los derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de un
acto concreto cuya aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas
provisionales (esto es antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente
5
para proteger el derecho, según las voces del artículo 7 del Decreto en mención» .

oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controverti da haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el
alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"

5 Sentencia No. T-321 de 1993.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11621-01
Demandante: Gustavo Quintero Navas

Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco
procede contra una sentencia dictada en un proceso de simple nulidad, por cuanto en
ese tipo de procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez únicamente
analiza la legalidad del acto. La acción de simple nulidad únicamente persigue la
defensa de la legalidad, del orden jurídico en abstracto. De modo que la sentencia que
se dicta en ese tipo de procesos no podría amenazar o violar de manera directa y
concreta derechos fundamentales.
6
Igualmente, esta Sala ha manifestado reiteradamente que la acción de tutela, en
principio, no puede ejercerse para cuestionar actos de carácter general, impersonal y
abstracto, pues es un mecanismo que no está previsto para restablecer la juridicidad
posiblemente quebrantada por un acto general, sino para “suspender los efectos
violatorios o amenazantes de alguno de los derechos fundamentales de una persona
determinada, derivados de un acto concreto cuya aplicación deberá suspender el juez,
aún mediante medidas provisionales (esto es antes de la sentencia) cuando lo
considere necesario y urgente para proteger el derecho, según las voces del artículo
7
7º del Decreto en mención” .
8
En efecto, en fallo de tutela del 22 de septiembre de 2016 —que se reiteró en las
9 10
sentencias del 17 de mayo de 2018 y del 10 de octubre de 2018 —, esta Sección
precisó:

“Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de
Estado se dictó en cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto
es, un control abstracto de la norma que se considera ilegal y, por tanto, la
decisión que se adopta lo que determina es si se ajusta o no a la normativa
superior y, por ende, tiene efectos erga omnes. No define de manera concreta una
situación particular, como sí ocurre con sentencias dictadas por los organismos
judiciales en acciones y medios de control con decisiones judiciales de carácter
particular.

En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad
de una sentencia de constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere
la autoridad judicial es un ejercicio de puro de derecho que en manera alguna
podría afectar derechos fundamentales, toda vez que lo pretendido es determinar
que no desconozca postulados constitucionales o legales.

Además, vale la pena precisar que, según lo dispone el artículo 6° del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente cuando se dirija contra actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, lo que permite

6 Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), sentencia de

22 de septiembre de 2016, C.P.: Martha Teresa Briceño de Valencia, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-00859-
00, sentencia de 17 de mayo de 2018, C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-
2018- 02443-00, sentencia de 10 de octubre de 2018, C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-
03-15- 000-2018-01699-01, sentencia de 5 de febrero de 2019, C.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez y Radicado No.
11001-03-15-000-2021-01056-01, sentencia de 19 de agosto de 2021, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
7 Sentencia No. T-321 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

8 Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), CP. Martha

Teresa Briceño de Valencia.
9 Radicado No. 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

10 Radicado No. 11001-03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: Gustavo Quintero Navas

determinar que, igualmente, resulta improcedente para censurar la sentencia que
decide sobre su constitucionalidad o legalidad.”

En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha determinado que la acción de tutela es
improcedente para cuestionar sentencias dictadas por el Consejo de Estado o la Corte
Constitucional, en virtud del control abstracto de constitucionalidad (artículos 241 y
237, numeral 3°, respectivamente). En lo pertinente, la sentencia SU-391 de
11
2016 estableció:

“(…) conviene recordar que la Constitución Política estableció mecanismos de
control para garantizar su supremacía normativa (artículo 4 de la Constitución).
Tales mecanismos podrían dividirse en dos clases. Por un lado, existe un control
concentrado de constitucionalidad, realizado de manera principal por la Corte
Constitucional (artículo 241 de la Constitución) y de manera residual por el
Consejo de Estado (artículo 237 numeral 3). Por otro lado, cualquier autoridad
judicial tiene competencia para resolver acciones de tutela (artículo 86 de la
Constitución) y para aplicar la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 de la
Constitución).

Este esquema promueve el acceso efectivo a la administración de justicia para
solicitar el cumplimiento de la Constitución, permitiendo que todos los jueces
puedan realizar control constitucional sobre casos concretos. A su vez, también
persigue la igualdad y la seguridad jurídica, al prever órganos de cierre que
tengan la última palabra sobre la interpretación adecuada de las normas mediante
el ejercicio del control abstracto. Se trata de un esquema caracterizado por la
participación ciudadana, ya que todas las personas pueden acudir a los jueces en
ejercicio de la acción de tutela o pueden pedir en el marco de un proceso judicial
la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Asimismo, el control
abstracto puede ser solicitado por cualquier ciudadano, en ejercicio del derecho
político previsto en el artículo 40 numeral 6, y en él también cualquier persona
puede particular (sic), en virtud de la regulación de las acciones de
inconstitucionalidad y de nulidad por inconstitucionalidad.

Si se aceptara la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de
constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado el diseño del
control constitucional descrito antes se alteraría de manera profunda, a tal punto
que podría afirmarse que no existen dos tipos de control constitucional sino uno
solo, otorgado a todos los jueces, quienes se pueden pronunciar sobre el
cumplimiento de la Constitución en casos concretos o en casos de control
abstracto (al revisar decisiones de constitucionalidad de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado). La acción de inconstitucionalidad y la de nulidad por
inconstitucionalidad son funciones delimitadas directamente por la Constitución, la
cual determinó expresamente los órganos que de manera exclusiva tienen
competencia para conocer de ellas. Esa asignación expresa de funciones (en los
artículos 237 numeral 3 y 241 de la Constitución) les da carácter de cierre en
materia constitucional, lo cual debe ser tenido en cuenta para interpretar el
alcance de la regulación de la acción de tutela prevista en el artículo 86 (…).”

Vale resaltar que lo expuesto por la Corte Constitucional y citado con anterioridad en
esta ocasión, también es aplicable a las acciones de tutela contra providencias
judiciales dictadas en procesos de simple nulidad. De ahí que la Sala ha interpretado
que es improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas en
procesos de simple nulidad.

11 MP. Alejandro Linares Cantillo.

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Demandante: Gustavo Quintero Navas

En el presente asunto, el señor Gustavo Quintero Navas cuestiona la sentencia del 30
de julio de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, que, en sede de
única instancia, declaró la legalidad condicionada de la Resolución 040 de 2015,
mediante la que se dio apertura y se reglamentó la convocatoria del proceso de
selección para proveer cargos de carrera de procuradores judiciales.

Dicha providencia se dictó en el marco del medio de control de simple nulidad en el
que se estudió la presunción de legalidad de un acto administrativo de carácter
general, y se verificó si estaba ajustado al orden jurídico en abstracto, de modo que la
sentencia que es motivo de reproche por el demandante no podría amenazar o violar
de manera directa y concreta sus derechos fundamentales.

Siendo así, la Sala advierte que, conforme con el numeral 5° del artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, es improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor Quintero Navas, por cuanto está cuestionando una decisión con efectos erga
omnes, es decir, de carácter general, que no afecta de manera directa y concreta
derechos fundamentales tal como se expuesto en ocasión anterior por esta Sala en el
12
fallo de tutela del 2 de diciembre de 2021 .

Conforme con lo expuesto, la Sala concluye que corresponde declarar la
improcedencia de la acción de tutela promovida contra la sentencia proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 30 de julio de 2021.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Gustavo
Quintero Navas.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

12 Acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2021-05866-00. C.P Milton Chaves Garcia.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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