RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-06152-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06152-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06152-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la Universidad del Quindío, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 20 Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), CP. Martha Teresa Briceño de Valencia. 21 Radicado No. 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 22 Radicado No. 11001-03-15-000-2023-04309-01 MP. Milton Chaves García. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co FALL Radicado: 11001-03-15-000-2024-06152-00 Demandante: Universidad del Quindío Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo del Consejo. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06152-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

30 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-06152-00
Demandante: Universidad del Quindío

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06152-00
Demandante: UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “A”

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad simple. Improcedencia general de la acción de tutela contra
decisiones judiciales con efectos erga omnes

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la Universidad del Quindío, quien actúa por intermedio de
apoderada judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“A”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante manifestó que el señor Sabel Reinero Arévalo Arévalo, en ejercicio
del medio de control de nulidad simple, presentó demanda contra la Universidad
del Quindío, con el fin de que se declarara la nulidad del Acuerdo No. 396 del 10
de octubre de 2022, “por medio del cual se convoca a concurso público de méritos
para la vinculación de profesores de carrera de tiempo completo y medio tiempo
de la universidad del Quindío”.

Mencionó que el 25 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo del Quindío
admitió la demanda y el 14 de diciembre del mismo año, la universidad allegó
escrito de contestación en el que propuso como excepción “la inexistencia de
vicios que acrediten la ilegalidad de los actos administrativos”, toda vez que el acto
demandado fue proferido conforme a las disposiciones constitucionales y legales.
Así mismo, precisó que en el escrito indicó que “la interpretación dada por el
demandante al precitado Acuerdo del Consejo Superior No. 01 de 2015, no se
compadece con la verdad fáctica y jurídica que rodeó la expedición del mismo y la
misma realidad administrativa de la Universidad del Quindío, ya que asumir el
alcance dado por el demandante, conllevaría a que aplicaba para todo tipo de
consultas y elecciones en la Universidad”.

Indicó que el Tribunal Administrativo del Quindío en sentencia del 3 de agosto de
2023, negó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que “[l]a
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

FALL
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06152-00
Demandante: Universidad del Quindío

autonomía universitaria, le permitía a la universidad accionada darse sus propias normas
internas, para la elección de los representantes y para la convocatoria para escogencia de
docentes, tal como se dejó en claro en la providencia transcrita de la Corte Constitucional
(numeral 5.2 de esta providencia), y como lo permite la Ley 30 de 1992. Con la
interpretación que aquí se ha dado, la normativa interna cuestionada no aparece que
violente una norma jurídica superior”.

Expresó que la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, el cual fue decidido por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”, en sentencia del 23 de octubre de 2024, en la que resolvió
revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad parcial del
Acuerdo No. 396 del 10 de octubre de 2022, específicamente del artículo 1° por
medio del cual convocó a concurso público de méritos de “48 plazas de tiempos
completos equivalentes, para la vinculación de profesores de carrera de tiempo completo
y medio tiempo de la Universidad del Quindío, de conformidad con el contenido de la
parte considerativa del presente acto administrativo, que quedaron distribuidas en
cuarenta y siete (47) plazas de Tiempo Completo y dos (2) plazas de medio tiempo (…)”,
y determinó que la decisión solo podía afectar a situaciones jurídicas no
consolidadas.

La referida autoridad judicial señaló que el acto demandado vulneró el artículo 4
del Acuerdo No. 1 de 2015, según el cual “se suspenderá cualquier forma de
vinculación o movimiento que afecte la nómina estatal, en la Universidad del Quindío,
incluyendo las convocatorias de docentes resultantes de plazas declaradas desiertas en
convocatorias anteriores, dentro de los cuatro meses anteriores a todo tipo de consultas y
elecciones a llevar a cabo en la Universidad del Quindío”.

2. Fundamentos de la acción

La Universidad del Quindío, quien actúa a través de apoderada judicial, presentó
acción de tutela con el objeto de que se ampare el derecho fundamental al debido
proceso, así como los principios de autonomía universitaria y legalidad,
supuestamente vulnerados por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo
de Estado con la sentencia del 23 de octubre de 2024, por medio de la cual se
revocó la decisión de primera instancia en el medio de control de nulidad simple
que había negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la
nulidad del artículo 1 del Acuerdo No. 396 del 10 de octubre de 2022, “[p]or medio
de la cual se convoca a concurso público de méritos para la vinculación de profesores de
carrera de tiempo completo y medio tiempo de la Universidad del Quindío”.

Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en i) defecto sustantivo por
desconocimiento de la normatividad interna de la Universidad del Quindío,
aplicable al caso concreto y por indebida aplicación de la norma, específicamente,
los Acuerdos del Consejo Superior No. 01 de 2015 “[p]or medio de la cual se
establece el reglamento de garantías electorales para las consultas y elecciones de la
Universidad del Quindío” y 140 de 2022 “Por medio del cual se establece el reglamento
de garantías electorales para la consulta y elección de rector, a realizar en la Universidad
del Quindío, durante la vigencia 2023”.

Indicó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, realizó un
análisis erróneo del artículo 4 del Acuerdo No. 01 de 2015, que establece que “se
suspenderá cualquier forma de vinculación o movimiento que afecte la nómina estatal
(…)”, porque interpretó que una “convocatoria pública”, es una “vinculación o
movimiento en una nómina estatal”.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

FALL
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06152-00
Demandante: Universidad del Quindío

Explicó que la restricción que establece el mencionado artículo no es aplicable
para la convocatoria pública para elegir a los representantes al Consejo Superior,
sin embargo, precisó que en caso de que si lo fuera es necesario tener en cuenta
lo expuesto por el Tribunal Administrativo del Quindío en el fallo de primera
instancia y el concepto emitido por la Procuraduría 13 Judicial II para Asuntos
Administrativos de Armenia, en los que se indicó que el Acuerdo No. 396 de 2022
solo dio apertura a un concurso público donde prevalecía el mérito de los
aspirantes para acceder a la nómina de la institución, sin que fuera una
vinculación o movimiento que afectara la nómina estatal.

Insistió que el Acuerdo del Consejo Superior No. 01 de 2015, no generaba
restricción alguna en relación con la elección de los miembros del Consejo
Superior, toda vez que la norma fue proferida para “generar algunas restricciones
respecto al movimiento de la nómina, suscripción de contratos y otras actuaciones,
pero previa a la elección del rector, el máximo órgano de gobierno de la
Universidad del Quindío, bajo el principio constitucional de la autonomía
universitaria”.

Mencionó que el Acuerdo No. 140 de 20221, también fue objeto de demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad simple, la cual fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Quindío en sentencia del 22 de febrero de 2024, en el sentido
de negar las pretensiones de la demanda porque el acto “se expidió en ejercicio
de la autonomía universitaria, buscando garantizar la transparencia de la elección,
pero también con la intención de evitar una parálisis administrativa y el buen
funcionamiento del servicio público de educación”.

Sostuvo que la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado también
incurrió en ii) error inducido, porque el Acuerdo No. 01 de 2015 no tiene el
alcance legal que le dio la autoridad judicial demandada, toda vez que las
restricciones que consagran entraron en vigor cuatro meses antes de la consulta y
elección del rector de la Universidad del Quindío, por lo que no era aplicable para
todas las consultas y elecciones de la universidad, sino únicamente para las
elecciones del rector.

Citó apartes de la sentencia acusada para indicar que en la sentencia acusada
“tejió una posición jurídica sin dar a conocer todo el ordenamiento jurídico interno de la
Alma Mater, al igual que el gran número de concejos, comisiones y demás órganos que
cuentan con representación en la institución, donde sí se partiera de la equivocada
aseveración del accionante, la institución mantendría en restricciones electorales”.

Insistió que en el Acuerdo 01 de 2015, se hizo un análisis detallado y
pormenorizado de la vigencia, de cada uno de los acuerdos y demás actos
administrativos expedidos desde el año 2010, relacionados con las garantías
electorales al interior de la universidad, concluyéndose que aplicaba solo para
elecciones a rector, para quienes buscaban ser reelegidos o para los que se
presentaban como aspirantes. Agregó que con la certificación de 7 de diciembre
del 2022, expedida por la Secretaria General de la Universidad del Quindío, se
demuestra que todas las elecciones que se realizan en la institución para los
cargos de rector, decanos, directores de programa, miembros de Consejo
Superior, miembros académicos, Consejos de facultades, curriculares y demás

1
“Por medio del cual se establece el reglamento de garantías electorales para la consulta y elección de rector, a realizar en
la Universidad del Quindío, durante la vigencia 2023”.
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

FALL
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06152-00
Demandante: Universidad del Quindío

comités y consejos, en las que se cuentan con representación de la comunidad
universitaria (Docentes, Estudiantes, Administrativos, Egresados) se rigen entre
otras, por las disposiciones del Estatuto Electoral de la Universidad.

Por último, precisó que no puede desconocerse la historia que dio origen al acto
administrativo demandado, porque conforme con “el acta de la reunión de inicio a fin
se extrae claramente cuál era la finalidad del acuerdo, que se insiste, era el regular las
elecciones a rector, tal y como lo interpretó el Consejo Superior de la Universidad del
Quindío, en atención a la facultad atribuida en el Estatuto General de la Universidad del
Quindío (A.C.S. 05 de 2005), articulo 28, numeral 8”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló en el escrito de tutela las siguientes:

“PRIMERO: Tutelar la protección de los derechos constitucionales y
fundamentales vulnerados: especialmente el debido proceso. (artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia).

SEGUNDO: QUE SE REVOQUE la sentencia del día 23 de octubre de 2024,
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia en segunda instancia dentro del
medio de control de nulidad simple, radicado bajo el número 63001-23-33-000-
2022-00099-01 (7138-2023)”.

4. Trámite procesal

Por auto del 15 de noviembre de 2024, el despacho sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. Así
mismo, al Tribunal Administrativo del Quindío y al señor Sabel Reinero Arévalo
Arévalo, como terceros interesados en el resultado del proceso y se vinculó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el
artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 293045 a 29305 y
297145 del 19 y 27 del noviembre de 2024, respectivamente, con el fin de dar
cumplimiento a la referida decisión2.

5. Oposición

5.1. El Tribunal Administrativo del Quindío y la Secretaría de la Sección
Segunda del Consejo de Estado allegaron el expediente digital que contiene las
actuaciones del proceso de nulidad con radicado No. 63001-23-33-000-2022-
00099-01 (7138-2023), sin pronunciarse respecto de la acción de tutela.

5.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y el señor Sabel
Reinero Arévalo Arévalo, guardaron silencio a pesar de haber sido debidamente
notificados del auto admisorio.

2
Índice 14 de Samai.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

FALL
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06152-00
Demandante: Universidad del Quindío

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019),
la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico y solución

2.1. La accionante en el escrito de tutela invoca los defectos sustantivo y error
inducido, respecto de los cuales se observa que plantea argumentos similares,
específicamente, en lo relacionado la indebida interpretación y aplicación del
Acuerdo No. 01 de 2015 que le dio la autoridad judicial accionada, toda vez que, a
su juicio, esa norma es aplicable únicamente respecto de las elecciones del rector
de la Universidad del Quindío, razón por la cual el debate será abordado a partir
del defecto sustantivo.

2.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado con la sentencia de 26 de
octubre de 2024, que revocó la decisión de primera instancia que había negado
las pretensiones de la demanda adelantada en ejercicio del medio de control de
nulidad simple (rad. radicado No. 63001-23-33-000-2022-00099-01) y, en su lugar,
accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la nulidad del
artículo 1° del Acuerdo No. 396 del 10 de octubre de 20223 vulneró el derecho
fundamental al debido proceso y los principios de autonomía universitaria y
legalidad, y si incurrió en defecto sustantivo, por indebida interpretación y
aplicación del Acuerdo No. 01 de 2015, teniendo en cuenta que no es aplicable
para la convocatoria pública, porque únicamente regula aspectos relacionados con
la elección del rector de la Universidad del Quindío.

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción constitucional,
porque se cuestiona una decisión dictada en el marco del medio de control de
nulidad simple, en el que se estudia la legalidad de un acto administrativo de
contenido general, impersonal y abstracto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias proferidas en el
marco del medio de control de nulidad simple

En el sistema jurídico colombiano el control de constitucionalidad se concreta en
dos dimensiones: abstracto y concreto. El primero tiene como manifestaciones el
control por vía de acción que se ejerce ante la Corte Constitucional en los términos
del artículo 241 de la Constitución Política4, pues como lo expuso esa corporación

3
“Por medio de la cual se convoca a concurso público de méritos para la vinculación de profesores de carrera de tiempo
completo y medio tiempo de la Universidad del Quindío”.
4
Como: i) decretos con fuerza de ley, expedidos con anterioridad a la vigencia de la Constitución de 1991; ii) decretos
compilatorios de normas con fuerza de ley; iii) decretos que declaran un estado de excepción; iv) decretos expedidos con
base en disposiciones constitucionales transitorias diferentes al artículo 10 transitorio; v) decretos que corrigen yerros de
normas con fuerza de ley; vi) decretos de ejecución de la convocatoria a referendo; vii) actos electorales que determinan el
censo en el marco de una reforma constitucional mediante referendo; viii) actos electorales que declaran la aprobación de
un referendo; ix) actos de gestores de una iniciativa popular para el trámite de una ley que convoca a referendo; x) decretos
de convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias; xi) decretos o actos adoptados en cumplimiento de un acto
legislativo y; xii) acuerdos con sujetos de derecho internacional en los que el Estado colombiano adquiere nuevas
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

FALL
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06152-00
Demandante: Universidad del Quindío

en la sentencia C-187 de 2019, “atendiendo a la supremacía y fuerza vinculante de
la Constitución (art. 4 C. Pol.), la producción y contenido de las disposiciones jurídicas es
susceptible de control judicial a través de los procedimientos y las autoridades previstas
para el efecto. A la Corte Constitucional, de este modo, se le confía la guarda de la
integridad y supremacía de la Carta en los precisos términos del artículo 241 superior y, al
5
mismo tiempo, funge como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional” .

Así mismo, el que adelanta el Consejo de Estado en el marco de la acción de
nulidad por inconstitucionalidad6, el medio de control de nulidad simple 7 y el control
inmediato de legalidad8. El segundo tiene como expresiones la acción de tutela y la
excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la Carta Política.

Ahora bien, esta Sala de manera reiterada ha señalado que el numeral 5 del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991 , establece que la acción de tutela no procederá “cuando se
9

trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”, pues existen otros
mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son la acción de inconstitucionalidad
contra las leyes o las acciones de simple nulidad y de nulidad por inconstitucionalidad
10
contra actos generales, según el caso .

La acción de tutela no puede ejercerse para cuestionar ese tipo de actos, pues
este mecanismo no está previsto para restablecer la juridicidad posiblemente
quebrantada por un acto general, sino para “suspender los efectos violatorios o
amenazantes de alguno de los derechos fundamentales de una persona determinada,
derivados de un acto concreto cuya aplicación deberá suspender el juez, aún mediante
medidas provisionales (esto es antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y
urgente para proteger el derecho, según las voces del artículo 7o. del Decreto en
mención” .
11

Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco
procede contra una sentencia dictada en un proceso de simple nulidad, por cuanto
en ese tipo de procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez
únicamente analiza la legalidad del acto. La acción de simple nulidad únicamente
persigue la defensa de la legalidad, del orden jurídico en abstracto. De modo que
la sentencia que se dicta en ese tipo de procesos no podría amenazar o violar de
manera directa y concreta derechos fundamentales. En efecto, en fallo de tutela

obligaciones internacionales, las amplía o las modifica, aun cuando el respectivo instrumento no haya tomado la forma de
un tratado solemne aprobado por el Congreso de la República y revisado automáticamente por la Corte Constitucional, sino
de un acuerdo simplificadoCorte Constitucional, sentencia C-187 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
5
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
6
El numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política, en relación con las atribuciones del Consejo de Estado, indica que
le corresponde conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno
Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.
7
El artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 dispone: “Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general (…)”.
8
El artículo 136 Ley 1437 de 2011 señala: ”Control inmediato de legalidad. Las medidas de carácter general que sean
dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de
Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el
lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades
nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código. Las autoridades competentes que los
expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su
conocimiento”.
9
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
10
Al respecto, ver sentencias del 3 de febrero de 2022, radicado: 11001-03-15-000-2021-06516-01, M.P Julio Roberto Piza
Rodríguez, del 3 de febrero de 2022 radicado: 11001-03-15-000-2021-07088-01, M.P Milton Chaves García, del 7 de abril
de 2022 radicado: 11001-03-15-000-2021-11621-00, M.P Milton Chaves García, 13 de diciembre de 2023, radicado 11001-
03-15-000-2023-04309-01, M.P Milton Chaves García, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado.
11
Sentencia No. T-321 de 1993.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

FALL
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06152-00
Demandante: Universidad del Quindío

12
del 22 de septiembre de 2016 —que se reiteró en las sentencias del 17 de mayo
13 14
de 2018 y del 10 de octubre de 2018 —, esta Sección precisó:

Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de Estado
se dictó en cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto es, un
control abstracto de la norma que se considera ilegal y, por tanto, la decisión que
se adopta lo que determina es si se ajusta o no a la normativa superior y, por
ende, tiene efectos erga omnes. No define de manera concreta una situación
particular, como sí ocurre con sentencias dictadas por los organismos judiciales en
acciones y medios de control con decisiones judiciales de carácter particular.

En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad
de una sentencia de constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere
la autoridad judicial es un ejercicio de puro de derecho que en manera alguna
podría afectar derechos fundamentales, toda vez que lo pretendido es determinar
que no desconozca postulados constitucionales o legales.

Según lo dispone el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es
improcedente cuando se dirija contra actos administrativos de carácter general,
impersonal y abstracto, lo que permite determinar que, igualmente, resulta
improcedente para censurar la sentencia que decide sobre su constitucionalidad o
legalidad.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha determinado que la acción de
tutela es improcedente para cuestionar sentencias dictadas por el Consejo de
Estado o la Corte Constitucional, en virtud del control abstracto de
constitucionalidad (artículos 241 y 237, numeral 3°, respectivamente). En lo
15
pertinente, la sentencia SU-391 de 2016 establece:

“(…) conviene recordar que la Constitución Política estableció mecanismos de control para
garantizar su supremacía normativa (artículo 4 de la Constitución). Tales mecanismos
podrían dividirse en dos clases. Por un lado, existe un control concentrado de
constitucionalidad, realizado de manera principal por la Corte Constitucional (artículo 241 de
la Constitución) y de manera residual por el Consejo de Estado (artículo 237 numeral 3).
Por otro lado, cualquier autoridad judicial tiene competencia para resolver acciones de tutela
(artículo 86 de la Constitución) y para aplicar la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4
de la Constitución).

Este esquema promueve el acceso efectivo a la administración de justicia para solicitar el
cumplimiento de la Constitución, permitiendo que todos los jueces puedan realizar control
constitucional sobre casos concretos. A su vez, también persigue la igualdad y la seguridad
jurídica, al prever órganos de cierre que tengan la última palabra sobre la interpretación
adecuada de las normas mediante el ejercicio del control abstracto. Se trata de un esquema
caracterizado por la participación ciudadana, ya que todas las personas pueden acudir a los
jueces en ejercicio de la acción de tutela o pueden pedir en el marco de un proceso judicial
la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Asimismo, el control abstracto puede
ser solicitado por cualquier ciudadano, en ejercicio del derecho político previsto en el
artículo 40 numeral 6, y en él también cualquier persona puede particular (sic), en virtud de
la regulación de las acciones de inconstitucionalidad y de nulidad por inconstitucionalidad.

12
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), MP. Martha Teresa
Briceño de Valencia.
13
Radicado número: 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14
Radicado número: 11001-03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
MP. Alejandro Linares Cantillo.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

FALL
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06152-00
Demandante: Universidad del Quindío

Si se aceptara la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de
constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado el diseño del control
constitucional descrito antes se alteraría de manera profunda, a tal punto que podría
afirmarse que no existen dos tipos de control constitucional sino uno solo, otorgado a
todos los jueces, quienes se pueden pronunciar sobre el cumplimiento dela Constitución
en casos concretos o en casos de control abstracto (al revisar decisiones de
constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado).

La acción de inconstitucionalidad y la de nulidad por inconstitucionalidad son funciones
delimitadas directamente por la Constitución, la cual determinó expresamente los órganos
que de manera exclusiva tienen competencia para conocer de ellas. Esa asignación
expresa de funciones (en los artículos 237 numeral3 y 241 de la Constitución) les da
carácter de cierre en materia constitucional, lo cual debe ser tenido en cuenta para
interpretar el alcance de la regulación de la acción de tutela prevista en el artículo 86 (…)”.

Las anteriores explicaciones dadas por la Corte Constitucional también son
aplicables a las acciones de tutela contra providencias judiciales con efectos erga
omnes, como aquellas que son dictadas en el marco del medio de control de
nulidad simple, en el que se efectúa un estudio de estricta legalidad.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La Universidad del Quindío, por intermedio de apoderada judicial, presentó
acción de tutela en defensa del derecho fundamental al debido proceso y los
principios de autonomía universitaria y legalidad, supuestamente vulnerados con
la sentencia del 23 de octubre de 2024, por medio de la cual la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado revocó el fallo que había negado las
pretensiones en el marco de la demanda de nulidad simple que adelantó el señor
Sabel Reinero Arévalo Arévalo con radicado No. 63001-23-33-000-2022-00099-01
y, en su lugar, declaró la nulidad del artículo 1 del Acuerdo No. 396 del 10 de
202216, por medio del cual “se convoca a concurso público de méritos para la
vinculación de profesores de carrera de tiempo completo y medio tiempo de la
Universidad del Quindío”.

A juicio de la parte demandante, la providencia objeto de reproche constitucional
incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación e interpretación del
17
Acuerdo 01 de 2015 , toda vez que pasó por alto que su ámbito de aplicación se
circunscribe a las elecciones del rector, sin que afecte la convocatoria de un
concurso de méritos.

4.2. Comoquiera que la acción de tutela se dirige contra una decisión que estudió
la legalidad de un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto,
la Sala considera que la solicitud de tutela es improcedente con fundamento en los
argumentos que se exponen a continuación:

En el caso concreto, la parte accionante cuestiona la sentencia del 23 de octubre
de 2024, dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado
que revocó la de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad simple y, en su lugar, declaró la nulidad del artículo 1 del Acuerdo No. 396
del 10 de octubre de 2022, emitido por la Universidad del Quindío, por medio del
cual “se convoca a concurso público de méritos para la vinculación de profesores de
16
“Por medio de la cual se convoca a concurso público de méritos para la vinculación de profesores de carrera de tiempo
completo y medio tiempo de la Universidad del Quindío”.
17
“Por medio de la cual se establece el reglamento de garantías electorales para las consultas y elecciones de la
Universidad del Quindío”.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

FALL
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06152-00
Demandante: Universidad del Quindío

carrera de tiempo completo y medio tiempo de la Universidad del Quindío”.

Considera que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por
indebida interpretación y aplicación del Acuerdo No. 01 de 2015, porque, en su
concepto, el mismo no es aplicable para la convocatoria pública, porque
únicamente regula aspectos relacionados con la elección del rector de la
Universidad del Quindío. No obstante, es una discusión de puro de derecho que
se suscitó en el medio de control de nulidad simple.

En efecto, la Sala evidencia que en la providencia cuestionada se estudió la
presunción de legalidad del acto administrativo de carácter general y se verificó si
estaba ajustado al orden jurídico en abstracto, al punto que consideró que era
necesario anular esa disposición por cuanto vulneró el artículo 4 del Acuerdo No. 1
de 2015, según el cual “se suspenderá cualquier forma de vinculación o
movimiento que afecte la nómina estatal, en la Universidad del Quindío,
incluyendo las convocatorias de docentes resultantes de plazas declaradas
desiertas en convocatorias anteriores, dentro de los cuatro meses anteriores a
todo tipo de consultas y elecciones a llevar a cabo en la Universidad del Quindío”,
por lo que “se encuentra prohibida la alteración de la nómina de la entidad aun
cuando se trate de las convocatorias de docentes resultantes de plazas
declaradas en convocatorias anteriores, entonces, con mayor razón está proscrito
realizar nuevas convocatorias en vigencia de la prohibición”. De modo que la
sentencia que es objeto de reproche por la accionante no podría amenazar o violar
de manera directa y concreta su derecho fundamental al debido proceso, ni los
principios de autonomía universitaria y legalidad, toda vez que fue un debate de
puro derecho que se surtió en el marco de un estudio de estricta legalidad en
abstracto, sin que se resolvieran allí situaciones jurídicas particulares.

Esta Sala ha manifestado reiteradamente 18, que la acción de tutela, en principio,
no puede ejercerse para cuestionar actos administrativos de carácter general,
impersonal y abstracto, toda vez que es un mecanismo que no está previsto para
restablecer la juridicidad posiblemente quebrantada por un acto general, sino para
“suspender los efectos violatorios o amenazantes de alguno de los derechos
fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto cuya
aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas provisionales (esto
es antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente para proteger
el derecho, según las voces del artículo 7o. del Decreto en mención” 19.

Al analizar el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la Sala ha interpretado que la
acción de tutela tampoco procede, en principio, contra una sentencia dictada en un
proceso de nulidad simple, por cuanto en ese tipo de procesos la discusión es de
puro derecho y de estricta legalidad en abstracto y, por ende, el juez únicamente
analiza la legalidad del acto. La acción de nulidad simple únicamente persigue la

18
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), sentencia de 22 de
septiembre de 2016, C.P.: Martha Teresa Briceño de Valencia, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-00859-00, sentencia
de 17 de mayo de 2018, C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-02443-00, sentencia
de 10 de octubre de 2018, C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-01699-01,
sentencia de 5 de febrero de 2019, C.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez, Radicado No. 11001-03-15-000-2021-01056-01,
sentencia de 19 de agosto de 2021, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, Radicado 11001-03-15-000-2021-0255-01,
sentencia de 21 de octubre de 2021, Radicado 11001-03-015-000-2021-06931-00Radicado No. 11001-03-15-000-2021-
05843-00, sentencia de 11 de noviembre de 2021, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, , sentencia de 27 de enero de
2022, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto, Radicado 11001-03-15-000-2023-05392-00, sentencia de 9 de noviembre de
2023,C.P.: Milton Chaves García y Radicado 11001-03-15-000-2022-04309-01, sentencia de 13 de diciembre de 2023, C.P:
Milton Chaves García.
19
Sentencia No. T-321 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

FALL
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06152-00
Demandante: Universidad del Quindío

defensa de la legalidad y del orden jurídico en abstracto, de modo que la sentencia
que se dicta en ese tipo de procesos no podría amenazar o violar de manera
directa y concreta derechos fundamentales.

En sentencia de tutela del 22 de septiembre de 2016 20, que se reiteró en las
sentencias del 17 de mayo de 201821 y del 13 de diciembre de 202322, esta Sala
precisó:

“Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de Estado se
dictó en cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto es, un control
abstracto de la norma que se considera ilegal y, por tanto, la decisión que se adopta lo
que determina es si se ajusta o no a la normativa superior y, por ende, tiene efectos
erga omnes. No define de manera concreta una situación particular, como sí ocurre
con sentencias dictadas por los organismos judiciales en acciones y medios de control
con decisiones judiciales de carácter particular.

En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad de
una sentencia de constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere la
autoridad judicial es un ejercicio de puro de derecho que en manera alguna podría
afectar derechos fundamentales, toda vez que lo pretendido es determinar que no
desconozca postulados constitucionales o legales.

Además, vale la pena precisar que, según lo dispone el artículo 6° del Decreto 2591 de
1991, la acción de tutela es improcedente cuando se dirija contra actos administrativos
de carácter general, impersonal y abstracto, lo que permite determinar que,
igualmente, resulta improcedente para censurar la sentencia que decide sobre su
constitucionalidad o legalidad”.

Así las cosas, la acción de tutela presentada por la Universidad del Quindío es
improcedente, por cuanto cuestiona una decisión con efectos erga omnes, que no
afecta de manera directa y concreta sus derechos fundamentales.

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Universidad del Quindío, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, contra
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”.

Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

20
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), CP. Martha Teresa
Briceño de Valencia.
21
Radicado No. 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22
Radicado No. 11001-03-15-000-2023-04309-01 MP. Milton Chaves García.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

FALL
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06152-00
Demandante: Universidad del Quindío

Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.