RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04309-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04309-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04309-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar el fallo del 7 de septiembre de 2023, dictado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. En su lugar: 2. Declarar improcedente la acción que tutela que ejercieron las sociedades La Independencia S.A. y Logalarza S.A. contra el Tribunal Administrativo del Tolima. 3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04309-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

13 de diciembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04309-01
Demandante: sociedades Transportes La Independencia S. A. y Transportes
Flota Andrés López de Galarza -Logalarza- S. A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04309-01
Demandante: SOCIEDADES TRANSPORTES LA INDEPENDENCIA S. A. Y
TRANSPORTES FLOTA ANDRÉS LÓPEZ DE GALARZA -
LOGALARZA- S. A.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra proceso de nulidad
simple.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 7 de septiembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que resolvió:

«1º. Acéptense a las empresas Tures Tolima S. A. y Transportes La Ibaguereña S. A. como
coadyuvantes de las tutelantes, de acuerdo con la motivación del presente fallo.

2º. Niégase el amparo del derecho constitucional fundamental al debido proceso, invocado
por las sociedades Transportes La Independencia S. A. y Transportes Flota Andrés López
de Galarza (Logalarza) S. A., por las razones expuestas en las consideraciones.

(…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Las sociedades Transportes La Independencia S.A. -en adelante La Independencia
S.A.- y Transportes Flota Andrés López de Galarza – en adelante, Logalarza- S. A,
por conducto de los representantes legales, interpusieron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Tolima por estimar vulnerado el derecho fundamental al
debido proceso. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

«Principales:

1. Solicito a la Sala de Decisión del Honorable Consejo de Estado que irá a conocer de la
presente acción constitucional, que ampare el derecho fundamental invocado (u otros en
virtud del principio iura novit curia); y como consecuencia de lo anterior, se proceda a dejar
sin efectos jurídicos la sentencia proferida el 16 de marzo de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Tolima, dentro del medio de control de Nulidad de radicación No. 73001-
33-33-008-2020-00080-01, que confirmó y revocó parcialmente la decisión de primera
instancia.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidado

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04309-01
Demandante: sociedades Transportes La Independencia S. A. y Transportes
Flota Andrés López de Galarza -Logalarza- S. A.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicito a la SALA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, para que dentro del improrrogable término de los quince
(15) días siguientes a la notificación del citado fallo que así lo decida, proceda a dictarse una
nueva providencia de reemplazo teniendo en cuenta para ello, que confirme en su integridad
la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué el día 8 de noviembre de 2021.

3. Prevenir al Tribunal accionado, para que se sirva dar cumplimiento al fallo que así lo decida,
dentro de los términos establecidos para ello, so pena de ser sancionado de conformidad con
lo preceptuado por el artículo 52 del Decreto - Ley 2591 de 1991.

4. Por último, solicito se emita copia del auto admisorio de la demanda con destino al Defensor
del Pueblo Regional Tolima, para lo de su competencia.

Subsidiaria:

Solicito que en (sic) caso que la presente acción constitucional sea denegada por el Consejo
de Estado en sede tutelar, este pase a ser revisada por la Corte Constitucional como
consecuencia de la gran importancia que pueda despertar, en especial, tanto para el Gobierno
Nacional a través de su Departamento Nacional de Planeación, como para los municipios que
tengan presupuestado adoptar un Sistema estratégico de Transporte Público - SETP. Por lo
tanto, en aras que esto se materialice, imploro desde ya que se vincule al DEFENSOR DEL
PUEBLO REGIONAL TOLIMA, para que se apersone de la acción de la referencia, con miras
a una eventual solicitud de revisión ante la Honorable Corte Constitucional, conforme lo dicta
la normatividad vigente».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Los demandantes afirmaron que en el municipio de Ibagué desde «la mitad del
siglo pasado» el servicio público de transporte de pasajeros lo prestan diferentes
empresas privadas, bajo los parámetros fijados por la administración municipal y,
aunque aquellas han enfrentado épocas de mermas económicas, se han esmerado
por garantizar que esa actividad se desarrolle en condiciones dignas.

Indicaron que la alcaldía de Ibagué expidió el Decreto 806 de 17 de julio de 2019,
en el que estableció una serie de medidas encaminadas a implementar el Sistema
Estratégico de Servicio Público (SETP).

Las sociedades La Independencia S.A. y Logalarza S.A. ejercieron medio de
control de nulidad simple contra el Decreto 806 de 17 de julio de 2019, por
considerar que fue proferido con desconocimiento del ordenamiento jurídico.

El Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué1, en sentencia del 8 de noviembre de
2021, anuló algunos artículos del acto demandado, entre esos, el artículo primero
que dispuso la implementación del SETP en esa ciudad, con fundamento en que,
al momento de su expedición, no se contaba con la aprobación de los respectivos
estudios técnicos por parte del Departamento Nacional de Planeación, pese a que
así lo exigía el artículo 18 del Decreto 3422 de 2009.

La entidad territorial interpuso recurso de apelación, con el argumento de que no
era necesaria esa convalidación del Gobierno nacional.

1
Al proceso el correspondió el radicado número: 73001-33-33-008-2020-00080-00.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidado

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04309-01
Demandante: sociedades Transportes La Independencia S. A. y Transportes
Flota Andrés López de Galarza -Logalarza- S. A.

El Tribunal Administrativo del Tolima, en fallo del 16 de marzo de 2023, revocó
parcialmente el fallo de primera instancia, en lo concerniente al artículo 1º del
Decreto 806 de 17 de julio de 2019, al estimar que la implementación del SETP no
estaba condicionada a la “validación de estudios técnicos por parte del
Departamento Nacional de Planeación”, porque el Decreto 3422 de 2009 fue
derogado por la Ley 1450 de 2011.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en los
defectos orgánico, sustantivo y violación directa a la Constitución Política, con
fundamento en los siguientes argumentos.

Señalaron que la providencia cuestionada revivió el Sistema Estratégico de
Transporte Público -SETP para la ciudad de Ibagué, basó la decisión en el
desconocimiento de una norma en materia de transporte que se encuentra
actualmente vigente, esto es, el Decreto 1079 del 26 de mayo de 2015, “Por medio
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”,
específicamente, el artículo 2.2.1.2.2.2.

Destacaron que, gran parte los argumentos de la providencia proferida por el
Tribunal, consistió en afirmar que los SETP que se deben adoptar por las distintas
ciudades a lo largo y ancho del país no requieren, actualmente, de la validación de
estudios técnicos por parte del Departamento Nacional de Planeación, con el
argumento equivocado de que dicha exigencia era en cumplimiento al Decreto 3422
de 2009, derogado por la Ley 1450 del 16 de junio de 2011. Frente a dicho
argumento, la actora alegó que esa situación desconoce que el requisito de
estudios técnicos por parte de Planeación Nacional fue revivido en el ordenamiento
jurídico colombiano con la entrada en vigor del artículo 2.2.1.2.2.2. del Decreto 1079
de 2015.

Adujo que la providencia cuestionada genera un manto de duda sobre la adopción
de los SETP que se deben adoptar en varias ciudades en el país, porque desconoce
la exigencia del artículo 2.2.1.2.2.2. del Decreto 1079 de 2015, según el cual, los
SETP deben ser validados por el Departamento de Planeación Nacional. A su juicio,
se generarían casos de detrimento patrimonial y corrupción en las entidades
territoriales, las cuales, al no estar obligadas a presentar propuestas serias que
puedan ser acreditadas técnicamente por Gobierno Nacional, tendrían un “cheque
en blanco” para la realización de estos proyectos cofinanciados sin ningún tipo de
rigor en su ejecución.

Afirmó que al Tribunal, únicamente, le correspondía declarar o no la nulidad del
Decreto 806 de 2019 expedido por el municipio de Ibagué, conforme con las
causales taxativas contenidas en el artículo 137 del CPACA, pero no le incumbía
cuestionar la presunción de legalidad del artículo 2.2.1.2.2.2. contenido en el
Decreto 1079 de 2015; el cual se encuentra vigente.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidado

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04309-01
Demandante: sociedades Transportes La Independencia S. A. y Transportes
Flota Andrés López de Galarza -Logalarza- S. A.

Señaló, además, que la providencia judicial tiene falencias hermenéuticas, en
especial, en cuanto a la interpretación sobre la vigencia de las disposiciones
contenidas en el Decreto 1079 de 2015, expedido por el Ministerio de Transporte.

Finalmente, hizo apreciaciones dirigidas a afirmar que la sentencia cuestionada, “de
manera irresponsable, da lugar a que las entidades territoriales ejerzan una especie de
autonomía absoluta en cuanto a la proposición de Sistemas Estratégicos de Transporte
Público - SETP en el país, soslayando que la exigencia normativa que dispone que los
estudios técnicos de dichos proyectos deben ser avalados por el Departamento Nacional
de Planeación”.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en auto del auto de 14 de
agosto de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Tolima y dispuso vincular al señor alcalde de Ibagué,
como tercero interesado.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo del Tolima solicitó declarar improcedente la acción de
la referencia, porque las actoras pretenden revivir una discusión jurídica decidida
en atención a argumentos jurídicos razonables, lo que denota que emplean este
instrumento judicial como una tercera instancia.

6. Intervención de los terceros con interés

Las empresas Tures Tolima S. A. y Transportes La Ibaguereña S. A. solicitaron
ser aceptados como coadyuvantes de las tutelantes en el trámite constitucional de
la referencia, para lo cual afirmaron que les asiste un interés directo en sus resultas
por estar relacionado con la prestación del servicio de transporte público en Ibagué,
que involucra su objeto social.

La Alcaldía de Ibagué guardó silencio.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 7 de
septiembre de 2023, aceptó la coadyuvancia solicitada, porque las empresas
acreditaron un interés directo en el asunto, dado que, además de discutirse la
constitucionalidad de la providencia cuestionada, se debate la implementación del
SETP en Ibagué, por tanto, la prestación del servicio público de transporte, que
concierne al ejercicio de su objeto social. Asimismo, negó el amparo solicitado,
porque no encontró configurados los defectos sustantivo, orgánico y violación
directa de la Constitución Política, invocados.

Lo anterior, comoquiera que, la alcaldía de Ibagué, al expedir el acto administrativo
enjuiciado en sede de la demanda de nulidad simple, no tenía la obligación de
contar con la aprobación por parte del Departamento Nacional de Planeación de

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidado

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04309-01
Demandante: sociedades Transportes La Independencia S. A. y Transportes
Flota Andrés López de Galarza -Logalarza- S. A.

los respectivos estudios técnicos, de manera que, concluyó que, al dictarse sin ese
presupuesto, no se contrarió el ordenamiento jurídico.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia, para lo cual
reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
2
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
3 4
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

En el escrito de impugnación la parte actora se limitó a insistir en los mismos
argumentos expuestos en el escrito de tutela, en relación con el desconocimiento

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento

de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido
la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se
admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la
inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no
se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos:
(i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidado

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04309-01
Demandante: sociedades Transportes La Independencia S. A. y Transportes
Flota Andrés López de Galarza -Logalarza- S. A.

del artículo 2.2.1.2.2.2. del Decreto 1079 de 2015, según el cual, los estudios
técnicos de los SETP deben ser validados por el Departamento de Planeación
Nacional, para con fundamento en ello, reiterar que el acto administrativo
demandado debió ser declarado nulo.

Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala verificará si la
tutela es procedente para cuestionar la sentencia del 16 de marzo de 2023, dictada
en un proceso de simple nulidad. De encontrarse procedente, será estudiado el
fondo del asunto, en los términos propuestos en la demanda de tutela.

Al efecto, la Sala se referirá a la causal 5ª del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991
y a la interpretación que esta Sala ha fijado al respecto.

De la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de simple
nulidad5

De entrada, debe advertirse que la acción de tutela contra providencias proferidas
en el marco de un proceso de simple nulidad es improcedente, por las razones que
se pasan a explicar.

Esta Sala, de manera reiterada, ha señalado que:

«El numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 6 establece que la acción de
tutela no procederá “cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto”, pues existen otros mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son
la acción de inconstitucionalidad contra las leyes o las acciones de simple nulidad y
de nulidad por inconstitucionalidad contra actos generales, según el caso.

La acción de tutela no puede ejercerse para cuestionar ese tipo de actos, pues este
mecanismo no está previsto para restablecer la juridicidad posiblemente quebrantada
por un acto general, sino para “«suspender los efectos violatorios o amenazantes de
alguno de los derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de
un acto concreto cuya aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas
provisionales (esto es antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente
para proteger el derecho, según las voces del artículo 7o. del Decreto en mención”7.

Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco
procede contra una sentencia dictada en un proceso de simple nulidad, por cuanto
en ese tipo de procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez
únicamente analiza la legalidad del acto. La acción de simple nulidad únicamente
persigue la defensa de la legalidad, del orden jurídico en abstracto. De modo que la
sentencia que se dicta en ese tipo de procesos no podría amenazar o violar de
manera directa y concreta derechos fundamentales. En efecto, en fallo de tutela del
22 de septiembre de 20168 —que se reiteró en las sentencias del 17 de mayo de
20189 y del 10 de octubre de 201810—, esta Sección precisó:

Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de Estado

5
Al respecto, ver sentencia del 3 de febrero de 2022 proferida dentro del expediente número: 11001-03-15-000-2021-06516-01, M.P Julio Roberto Piza
Rodríguez, del 3 de febrero de 2022 proferida dentro del expediente número: 11001-03-15-000-2021-07088-01, M.P Milton Chaves García, del 7 de abril
de 2022 proferida dentro del expediente número: 11001-03-15-000-2021-11621-00, M.P Milton Chaves García Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
6
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
7
Sentencia No. T-321 de 1993.
8
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), MP. Martha Teresa Briceño de Valencia.
9
Radicado número: 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Radicado número: 11001-03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidado

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04309-01
Demandante: sociedades Transportes La Independencia S. A. y Transportes
Flota Andrés López de Galarza -Logalarza- S. A.

se dictó en cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto es, un
control abstracto de la norma que se considera ilegal y, por tanto, la decisión que se
adopta lo que determina es si se ajusta o no a la normativa superior y, por ende, tiene
efectos erga omnes. No define de manera concreta una situación particular, como sí
ocurre con sentencias dictadas por los organismos judiciales en acciones y medios
de control con decisiones judiciales de carácter particular.

En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad de
una sentencia de constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere la
autoridad judicial es un ejercicio de puro de derecho que en manera alguna podría
afectar derechos fundamentales, toda vez que lo pretendido es determinar que no
desconozca postulados constitucionales o legales.

Según lo dispone el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es
improcedente cuando se dirija contra actos administrativos de carácter general,
impersonal y abstracto, lo que permite determinar que, igualmente, resulta
improcedente para censurar la sentencia que decide sobre su constitucionalidad o
legalidad.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha determinado que la acción de tutela
es improcedente para cuestionar sentencias dictadas por el Consejo de Estado o la
Corte Constitucional, en virtud del control abstracto de constitucionalidad (artículos
241 y 237, numeral 3°, respectivamente). En lo pertinente, la sentencia SU-391 de
201611 establece:

“(…) conviene recordar que la Constitución Política estableció mecanismos de control
para garantizar su supremacía normativa (artículo 4 de la Constitución). Tales
mecanismos podrían dividirse en dos clases. Por un lado, existe un control
concentrado de constitucionalidad, realizado de manera principal por la Corte
Constitucional (artículo 241 de la Constitución) y de manera residual por el Consejo
de Estado (artículo 237 numeral 3). Por otro lado, cualquier autoridad judicial tiene
competencia para resolver acciones de tutela (artículo 86 de la Constitución) y para
aplicar la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 de la Constitución).

Este esquema promueve el acceso efectivo a la administración de justicia para
solicitar el cumplimiento de la Constitución, permitiendo que todos los jueces puedan
realizar control constitucional sobre casos concretos. A su vez, también persigue la
igualdad y la seguridad jurídica, al prever órganos de cierre que tengan la última
palabra sobre la interpretación adecuada de las normas mediante el ejercicio del
control abstracto. Se trata de un esquema caracterizado por la participación
ciudadana, ya que todas las personas pueden acudir a los jueces en ejercicio de la
acción de tutela o pueden pedir en el marco de un proceso judicial la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad. Asimismo, el control abstracto puede ser solicitado
por cualquier ciudadano, en ejercicio del derecho político previsto en el artículo 40
numeral 6, y en él también cualquier persona puede particular (sic), en virtud de la
regulación de las acciones de inconstitucionalidad y de nulidad por
inconstitucionalidad.

Si se aceptara la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de
constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado el diseño del
control constitucional descrito antes se alteraría de manera profunda, a tal punto que
podría afirmarse que no existen dos tipos de control constitucional sino uno solo,
otorgado a todos los jueces, quienes se pueden pronunciar sobre el cumplimiento de

11
MP. Alejandro Linares Cantillo.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidado

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04309-01
Demandante: sociedades Transportes La Independencia S. A. y Transportes
Flota Andrés López de Galarza -Logalarza- S. A.

la Constitución en casos concretos o en casos de control abstracto (al revisar
decisiones de constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado).
La acción de inconstitucionalidad y la de nulidad por inconstitucionalidad son
funciones delimitadas directamente por la Constitución, la cual determinó
expresamente los órganos que de manera exclusiva tienen competencia para
conocer de ellas. Esa asignación expresa de funciones (en los artículos 237 numeral
3 y 241 de la Constitución) les da carácter de cierre en materia constitucional, lo cual
debe ser tenido en cuenta para interpretar el alcance de la regulación de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 (…)”.

Las anteriores explicaciones dadas por la Corte Constitucional también son
aplicables a las acciones de tutela contra providencias judiciales con efectos erga
omnes».

De la improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto

En el presente asunto, las sociedades La Independencia S.A.- y Logalarza- S. A.
cuestionan la sentencia del 16 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que, en sede de segunda instancia, revocó la decisión
de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de nulidad
simple que las aquí demandantes ejercieron contra el Decreto 806 de 17 de julio de
2019.

En el marco del proceso de nulidad simple, el Tribunal Administrativo del Tolima
llevó a cabo el estudio de legalidad del acto administrativo de carácter general y
verificó que se ajustó al orden jurídico en abstracto, por lo que, declaró la legalidad
del acto administrativo demandado, de modo que, en el presente caso, la sentencia
que es motivo de reproche por las demandantes no podría amenazar o violar de
manera directa y concreta derechos de contenido fundamental.

Siendo así, la Sala advierte que, conforme con el numeral 5 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, es improcedente la solicitud de amparo presentada por las
sociedades La Independencia S.A.- y Logalarza- S.A., por cuanto están
cuestionando una decisión con efectos erga omnes 12, esto es, frente a todos, y no
definen una situación particular y concreta.

En suma, en el presente caso, se impone, revocar el fallo de tutela de primera
instancia del 7 de septiembre de 2023, proferido por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y, en su lugar, declarar improcedente la acción que tutela
que ejercieron las sociedades La Independencia S.A.- y Logalarza- S. A. contra el
Tribunal Administrativo del Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

12
Según el artículo 126 del Código de Régimen Municipal, para todo lo relativo a la nulidad de los acuerdos se debe estar a lo dispuesto por el Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) el cual fue modificado por la Ley 1437 de 2011 (CPACA). En ese sentido, la remisión en la actualidad
debe hacerse al artículo 189 de este último estatuto, que, respecto a los efectos de la sentencia establece: Artículo 189. Efectos de la sentencia. La
sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida
producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en
ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga
el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos
en lo pertinente sus decretos reglamentarios.
(…).

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidado

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04309-01
Demandante: sociedades Transportes La Independencia S. A. y Transportes
Flota Andrés López de Galarza -Logalarza- S. A.

III. FALLA

1. Revocar el fallo del 7 de septiembre de 2023, dictado por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. En su lugar:
2. Declarar improcedente la acción que tutela que ejercieron las sociedades La
Independencia S.A. y Logalarza S.A. contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidado

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.