Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06516-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06516-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-06516-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
3 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06516-01
Demandante: municipio de Villavicencio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06516-01
Demandante: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Temas: Contra providencia que decidió control inmediato de legalidad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del
21 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que resolvió lo siguiente:
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el municipio de
Villavicencio en contra del Tribunal Administrativo del Meta, en cuanto a las
inconformidades relativas a la naturaleza de los recursos de la vigencia anterior y al
ejercicio de la facultad de adición y modificación del presupuesto municipal, y negar el
amparo constitucional, respecto al defecto sustantivo, frente a la ausencia legal de la
exigencia un acto previo de reorientación de rentas, de conformidad con la parte motiva
de este proveído.
(…).
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 24 de septiembre de 2021, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto
de apoderada judicial, el municipio de Villavicencio pidió la protección del derecho
fundamental al debido proceso, que estimó vulnerados por la providencia del 1° de julio
de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta. En consecuencia, la parte
actora propuso, textualmente, las siguientes pretensiones:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO del MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, que fue vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, con la
sentencia proferida el 1 de julio de 2021, por configurarse en esta un defecto material o sustantivo.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 1 de julio de 2021 por la Sala Plena
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, dentro del expediente de control inmediato de
legalidad del Decreto No. 1000-24/175 "Por medio de la cual se modifica el Decreto No. 688 del
13 de diciembre de 2019, mediante el cual se liquida el presupuesto de Rentas, Recursos de
capital y apropiaciones de Gastos para el Municipio de Villavicencio- Vigencia fiscal 2020"
tramitado bajo la radicación No. 50001-23-33-000-2020-00967-00.
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TERCERO: ORDENAR a la Sala Plena del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, que
profiera una nueva sentencia, conforme a los derroteros que indique el H. CONSEJO DE
ESTADO.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Mediante el Decreto 461 del 22 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional autorizó
a los gobernadores y alcaldes para la reorientación de rentas y la deducción de tarifas
de impuestos territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológico
declarada mediante el Decreto 417 de 2020.
2.2. Por Decreto No. 1000-24/175 del 13 de marzo de 2020, el municipio de Villavicencio
modificó el Decreto 688 del 13 de diciembre de 2019, que había fijado el presupuesto
de rentas, recursos de capital y apropiaciones de gastos municipales para la vigencia
fiscal 2020.
2.3. En auto del 12 de enero de 2021, el Tribunal Administrativo del Meta avocó
conocimiento del control inmediato de legalidad del Decreto No. 1000-24/175, dispuso
la fijación de un aviso para efecto de permitir la intervención de cualquier ciudadano,
requirió los antecedentes administrativos y dispuso la notificación al Ministerio Público
y al municipio de Villavicencio.
2.4. Mediante auto del 27 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo del Meta decretó
las siguientes pruebas de oficio: (i) copia del presupuesto general del municipio de
Villavicencio para la vigencia fiscal 2020; (ii) copia del Estatuto de Rentas; (iii)
certificación de la naturaleza de los recursos transferidos a través del Decreto No. 1000-
24/175 del 31 de marzo de 2020, con el fin de determinar si se trataba de recursos
propios, de transferencias, de destinación específica o de libre destinación; (iv)
certificado respecto del Superávit presentado en el cierre fiscal de la vigencia 2019,
precisando los recursos que constituían saldos en bancos no comprometidos al 31 de
diciembre de 2019 y, (v) certificaciones sobre el destino de los recursos adicionados y,
de existir, sobre los proyectos de inversión a que serán destinados los recursos
redirigidos.
2.5. Por sentencia del 1° de julio de 2021, el Tribunal Administrativo del Meta declaró la
nulidad del Decreto 1000-24/175 del 31 de marzo de 2020. En síntesis, el tribunal
demandado estimó que el acto objeto de control desconoció el Decreto Legislativo 461
de 2020, habida cuenta de que el municipio de Villavicencio no expidió el acto previo
de reorientación sobre las rentas de destinación específica y dispuso la incorporación
en el presupuesto de ingresos y gastos de rentas con destinación constitucionalmente
establecida.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. Preliminarmente, la parte actora alegó que la tutela cumple los requisitos generales
de procedibilidad.
3.2. En cuanto al fondo del asunto, la parte actora manifestó que la sentencia del 1° de
julio de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta incurrió en defecto
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fáctico, habida cuenta de que no es cierto que los recursos adicionados al presupuesto
de 2020 provengan de transferencias y tengan destinación específica. Que los recursos
adicionados provienen del superávit del 2019. Que, de hecho, el tribunal demandado
se equivoca al señalar que se trata de recursos reorientados, pues, en estricto sentido,
el Decreto 1000-24/175 dispuso una adición presupuestal, de recursos provenientes
del superávit de capital de 2019.
3.3. La parte actora también dijo que la sentencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo, por cuanto no es cierto que el Decreto 461 de 2020 exija un acto
administrativo que justifique la reorientación de recursos de destinación específica.
Que, en todo caso, ni siquiera ocurrió la reorientación de rentas, pues, en estricto
sentido, se trató de una adición presupuestal.
4. Intervenciones
4.1. El Tribunal Administrativo del Meta, por conducto del magistrado ponente de la
sentencia del 1° de julio de 2021, manifestó que dicha providencia da cuenta de la
ausencia de vulneración de derechos fundamentales, pues está debidamente
justificada. Solicitó que, para efecto de desvirtuar los defectos alegados por la parte
actora, la Sala se remitiera a las consideraciones de la sentencia del 1° de julio de 2021.
5. Sentencia impugnada
5.1. Mediante sentencia del 21 de octubre de 2021, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, rechazó la tutela por improcedente en lo referente al defecto
fáctico y denegó en cuanto al defecto sustantivo. En síntesis, consideró lo siguiente:
5.1.1. Que la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad en cuanto al defecto fáctico,
habida cuenta de que, en la oportunidad procesal pertinente, la parte actora no explicó
al tribunal demandado la naturaleza de la operación presupuestal desarrollada. Que lo
cierto es que la parte actora tuvo la oportunidad de explicar que se trató de una adición
presupuestal con recursos de superávit de capital, pero no lo hizo.
5.1.2. Que la providencia cuestionada está debidamente justificada en cuanto a la
exigencia de acto administrativo que justifique el traslado de recursos, pues tiene
sustento en la sentencia C-169 de 2020, que fijó la interpretación y alcance del Decreto
161 de 2020. Que la Corte Constitucional sí exige acto administrativo que justifique el
traslado de recursos.
6. Impugnación
6.1. La parte actora impugnó la sentencia del 21 de octubre de 2021, por lo siguiente:
6.1.1. Que, con ocasión de las pruebas de oficio decretadas por el Tribunal
Administrativo del Meta, el municipio de Villavicencio explicó el tipo de operación
presupuestal realizada por el Decreto 1000-24/175. Que, por ende, no es cierto que el
municipio demandante haya omitido explicar que se trató de una adición presupuestal
con recursos de superávit de capital de 2019.
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6.1.2. Que sí se demostró el defecto sustantivo, habida cuenta de que el Decreto 461
no exige la expedición de un acto administrativo para justificar el cambio de uso de
recursos con destinación específica.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20121, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 2, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»3.
2. Planteamiento del problema jurídico
2.1. Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala verificará si la
tutela es procedente para cuestionar una decisión de carácter general, impersonal y
abstracta, como lo es la sentencia del 1° de julio de 2021, dictada en un proceso de
control inmediato de legalidad. De encontrarse procedente, será estudiado el fondo del
1 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
2 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
3 SU-573 de 2017.
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asunto, en los términos propuestos en la demanda de tutela.
2.2. Para el efecto, la Sala se referirá a la causal 5ª del artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 y a la interpretación que esta Sala ha fijado al respecto. Seguidamente, analizará
el caso propuesto por el municipio de Villavicencio.
2.3. Sobre la improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter
general, impersonal y abstracto
2.3.1. El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 4 establece que la acción
de tutela no procederá «cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto», pues existen otros mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son la
acción de inconstitucionalidad contra las leyes o las acciones de simple nulidad y de
nulidad por inconstitucionalidad contra actos generales, según el caso.
2.3.1.1. La acción de tutela no puede ejercerse para cuestionar ese tipo de actos, pues
este mecanismo no está previsto para restablecer la juridicidad posiblemente
quebrantada por un acto general, sino para «suspender los efectos violatorios o
amenazantes de alguno de los derechos fundamentales de una persona determinada,
derivados de un acto concreto cuya aplicación deberá suspender el juez, aún mediante
medidas provisionales (esto es antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y
urgente para proteger el derecho, según las voces del artículo 7o. del Decreto en
mención»5.
2.3.2. Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco
procede contra una sentencia dictada en un proceso de simple nulidad, por cuanto en
ese tipo de procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez únicamente
analiza la legalidad del acto. La acción de simple nulidad únicamente persigue la
defensa de la legalidad, del orden jurídico en abstracto. De modo que la sentencia que
se dicta en ese tipo de procesos no podría amenazar o violar de manera directa y
concreta derechos fundamentales. En efecto, en fallo de tutela del 22 de septiembre de
20166 —que se reiteró en las sentencias del 17 de mayo de 2018 7 y del 10 de octubre
de 20188—, esta Sección precisó:
Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de Estado se dictó en
cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto es, un control abstracto de la norma
que se considera ilegal y, por tanto, la decisión que se adopta lo que determina es si se ajusta o
no a la normativa superior y, por ende, tiene efectos erga omnes. No define de manera concreta
una situación particular, como sí ocurre con sentencias dictadas por los organismos judiciales en
acciones y medios de control con decisiones judiciales de carácter particular.
En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad de una sentencia
de constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere la autoridad judicial es un
ejercicio de puro de derecho que en manera alguna podría afectar derechos fundamentales, toda
vez que lo pretendido es determinar que no desconozca postulados constitucionales o legales.
4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
5 Sentencia No. T-321 de 1993
6 Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), CP. Martha
Teresa Briceño de Valencia.
7 Radicado No. 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Radicado No. 11001-03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Además, vale la pena precisar que, según lo dispone el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela es improcedente cuando se dirija contra actos administrativos de carácter general,
impersonal y abstracto, lo que permite determinar que, igualmente, resulta improcedente para
censurar la sentencia que decide sobre su constitucionalidad o legalidad.
2.3.2.1. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha determinado que la acción de
tutela es improcedente para cuestionar sentencias dictadas por el Consejo de Estado
o la Corte Constitucional, en virtud del control abstracto de constitucionalidad (artículos
241 y 237, numeral 3°, respectivamente). En lo pertinente, la sentencia SU-391 de
20169 establece:
(…) conviene recordar que la Constitución Política estableció mecanismos de control para
garantizar su supremacía normativa (artículo 4 de la Constitución). Tales mecanismos podrían
dividirse en dos clases. Por un lado, existe un control concentrado de constitucionalidad, realizado
de manera principal por la Corte Constitucional (artículo 241 de la Constitución) y de manera
residual por el Consejo de Estado (artículo 237 numeral 3). Por otro lado, cualquier autoridad
judicial tiene competencia para resolver acciones de tutela (artículo 86 de la Constitución) y para
aplicar la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 de la Constitución).
Este esquema promueve el acceso efectivo a la administración de justicia para solicitar el
cumplimiento de la Constitución, permitiendo que todos los jueces puedan realizar control
constitucional sobre casos concretos. A su vez, también persigue la igualdad y la seguridad
jurídica, al prever órganos de cierre que tengan la última palabra sobre la interpretación adecuada
de las normas mediante el ejercicio del control abstracto. Se trata de un esquema caracterizado
por la participación ciudadana, ya que todas las personas pueden acudir a los jueces en ejercicio
de la acción de tutela o pueden pedir en el marco de un proceso judicial la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad. Asimismo, el control abstracto puede ser solicitado por
cualquier ciudadano, en ejercicio del derecho político previsto en el artículo 40 numeral 6, y en él
también cualquier persona puede particular (sic), en virtud de la regulación de las acciones de
inconstitucionalidad y de nulidad por inconstitucionalidad.
Si se aceptara la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de constitucionalidad de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado el diseño del control constitucional descrito antes
se alteraría de manera profunda, a tal punto que podría afirmarse que no existen dos tipos de
control constitucional sino uno solo, otorgado a todos los jueces, quienes se pueden pronunciar
sobre el cumplimiento de la Constitución en casos concretos o en casos de control abstracto (al
revisar decisiones de constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado). La
acción de inconstitucionalidad y la de nulidad por inconstitucionalidad son funciones delimitadas
directamente por la Constitución, la cual determinó expresamente los órganos que de manera
exclusiva tienen competencia para conocer de ellas. Esa asignación expresa de funciones (en los
artículos 237 numeral 3 y 241 de la Constitución) les da carácter de cierre en materia
constitucional, lo cual debe ser tenido en cuenta para interpretar el alcance de la regulación de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 (…).
2.3.2.2. Las anteriores explicaciones dadas por la Corte Constitucional también son
aplicables a las acciones de tutela contra providencias judiciales con efectos erga
omnes.
3. Análisis del caso concreto. De la improcedencia de la acción de tutela contra
providencias dictadas en procesos de Control Inmediato de Legalidad
3.1. En el presente asunto, el municipio de Villavicencio cuestiona la sentencia del 1°
de julio de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Meta, que, en sede de única
instancia, declaró la nulidad del Decreto 1000-24/175 del 31 de marzo de 2020. Se trata
de una decisión dictada en un proceso de control inmediato de legalidad.
9 MP. Alejandro Linares Cantillo.
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3.2. El control inmediato de legalidad es el medio jurídico previsto en la Constitución
Política para examinar los actos de carácter general que se profieren al amparo del
estado de excepción. El control compete al Consejo de Estado, cuando el acto lo expide
una autoridad del orden nacional, o al tribunal administrativo del lugar en el que se
expide el acto de la autoridad territorial (artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136
CPACA).
3.3. La Sala Plena del Consejo de Estado ha señalado que la sentencia que decide el
control de legalidad tiene efectos erga omnes y hace tránsito a cosa juzgada relativa10.
Así lo ratifica el artículo 189 de la CPACA, que, en lo que interesa, prevé que la
sentencia que «declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza
de cosa juzgada erga omnes» y que las sentencias «que declaren la legalidad de las
medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán
efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las
cuales se haga el examen».
3.4. Siendo así, la Sala advierte que, conforme con el numeral 5° del artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, es improcedente la solicitud de amparo presentada por el
municipio de Villavicencio, por cuanto está cuestionando una decisión con efectos erga
omnes, 11, esto es, frente a todos, y no definen una situación particular y concreta. De
modo que, así como en los casos de simple nulidad, las sentencias que se dictan en
los procesos de control automático de legalidad tampoco pueden afectar de manera
directa derechos fundamentales.
3.4.1. En otras palabras, la interpretación adoptada por esta Sala respecto a que, en
principio, la acción de tutela es improcedente para cuestionar providencias judiciales
dictadas en procesos de simple nulidad, es extensible al caso bajo estudio, esto es, a
los casos en que se controvierte una providencia dictada en un proceso de control
inmediato de legalidad, pues se trata de una decisión de carácter general, que no afecta
de manera directa y concreta derechos fundamentales.
3.5. Las anteriores razones son suficientes para concluir que es improcedente el
amparo solicitado por el municipio de Villavicencio y, en ese sentido, será revocada la
providencia impugnada y se declarará la improcedencia.
10 Sentencias del 20 de octubre de 2009, radicado 11001031500020090054900, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, y
del 16 de junio de 2009, expediente 11001031500020090030500, M.P. Enrique Gil.
11 Según el artículo 126 del Código de Régimen Municipal, para todo lo relativo a la nulidad de los acuerdos se debe
estar a lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) el cual fue modificado por la Ley
1437 de 2011 (CPACA). En ese sentido, la remisión en la actualidad debe hacerse al artículo 189 de este último
estatuto, que, respecto a los efectos de la sentencia establece:
Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza
de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con
la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de
legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el
examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en
parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.
(…).
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Demandante: municipio de Villavicencio
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, declarar improcedente la acción
de tutela promovida por el municipio de Villavicencio, por las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
[Firmado electrónicamente] [Firmado electrónicamente]
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Magistrada
[Firmado electrónicamente] [Firmado electrónicamente]
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrado Magistrada
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