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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05585-01

Fecha
10 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-05585-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 17 de octubre de 2025, dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-05585-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

10 de diciembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05585-01
Demandante: Municipio de Balboa (Risaralda)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05585-01
Demandante: Municipio de Balboa (Risaralda)
Demandados: Tribunal Administrativo de Risaralda

Tema: Tutela contra providencia judicial. Validez acuerdo municipal-acto
general. Improcedencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 17 de octubre de 2025, dictada por la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado, que resolvió:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de septiembre de 2025, el municipio de Balboa (Risaralda), por medio de
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Cuarta de Decisión, por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
1. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del Municipio de Balboa,
Risaralda.
2. DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO la sentencia proferida el 21 de agosto de 2025 por
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda Rad.
66001-23-33-000-2025-00175-00.
3. ORDENAR a la citada Sala de Decisión que, en un término perentorio de cuarenta y
ocho (48) horas, profiera una sentencia de reemplazo que, en observancia de la
Constitución y la jurisprudencia, niegue las pretensiones de la solicitud de invalidez y
declare la plena legalidad del Acuerdo No. 010 del 30 de mayo de 2025, reconociendo
que los bienes dados de baja siguen siendo activos del municipio susceptibles de
enajenación con autorización del Concejo.

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

El Concejo Municipal de Balboa expidió el Acuerdo 010 del 30 de mayo de 2025, «por
medio del cual se autoriza al señor alcalde municipal de Balboa, Risaralda, para enajenar,
mediante subasta pública, vehículos automotores dados de baja de inventario municipal.»

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Demandante: Municipio de Balboa (Risaralda)

En ejercicio de la atribución otorgada en el artículo 305, numeral 10, de la Constitución
Política, el gobernador del departamento de Risaralda remitió el referido Acuerdo 010
al Tribunal Administrativo de Risaralda para que decidiera sobre su validez.

El proceso se tramitó con el radicado 66001-23-33-000-2025-00175-00 y una vez
agotadas las respectivas etapas, en sentencia de única instancia del 21 de agosto de
2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, declaró la
invalidez del acuerdo.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora sustentó la solicitud de tutela, para lo cual, en primer lugar, señaló que
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en la medida que, la cuestión
debatida tiene relevancia constitucional, porque se discute la posible anulación de una
competencia de control político otorgada a los concejos municipales por el artículo 313
de la Constitución Política, y la vulneración de los principios de la función
administrativa del artículo 209 ib. La interpretación del Tribunal afecta directamente el
equilibrio de poderes y la gobernanza a nivel local.

Agregó que, se agotaron los recursos judiciales ordinarios, porque la sentencia
atacada se profirió en única instancia y, por lo tanto, no existe algún recurso ordinario
(como la apelación) ni extraordinario (como la revisión, cuyas causales no se
configuran) para controvertir la decisión. La acción de tutela es el único mecanismo
judicial disponible para la protección de los derechos vulnerados.

Indicó que también se cumple con el requisito general de inmediatez, porque la acción
de tutela se interpone en un término razonable y proporcionado, contado a partir de la
notificación de la providencia judicial que se ataca. Además, se identificaron de
manera clara los hechos que generaron la vulneración y los derechos fundamentales
afectados, y la providencia judicial que se acusa no es de tutela.

En relación con los defectos específicos, sostuvo que la providencia judicial atacada
constituyó los defectos sustantivo y por violación directa de la ley, lo que se
concreta en una vulneración del derecho fundamental al debido proceso del municipio
de Balboa.

Alegó que el Tribunal Administrativo de Risaralda interpretó de forma irrazonable la
ley al darle a los bienes dados de baja un tratamiento contable y un efecto jurídico
distinto. En concreto, dijo que, en la providencia atacada se consideró que ese tipo de
bienes extinguen su calidad de «activo», por lo que «no era viable otorgar una autorización
para adelantar la enajenación de unos bienes muebles (vehículos automotores) del
municipio».

Cuestionó que bajo esa consideración el Tribunal dejara sin efectos la competencia
legal del concejo municipal de Balboa de autorizar la enajenación de activos y, a su
juicio, confundió el registro contable con la realidad jurídica. Afirmó que, un bien es un
activo porque es propiedad de la entidad y tiene un valor económico realizable, así
sea residual, que, el acto de «dar de baja» es el reconocimiento de su depreciación
total para efectos de los estados financieros, pero no extingue ni la propiedad ni su
valor de salvamento, con fundamento en lo cual, considera que sigue siendo un
«activo» susceptible de enajenación.

Adujo que la interpretación del tribunal lleva a un resultado injusto, castiga al municipio
porque le impide gestionar su patrimonio de forma eficiente, en particular disponer de
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los bienes que han cumplido su vida útil. El municipio no pierde la propiedad, el bien
no se desmaterializa, y su valor residual (el «beneficio económico futuro») es
precisamente lo que se busca con la subasta. Prueba de ello es que esos bienes
dados de baja siguen generando gastos a la administración municipal y aunque son
obsoletos, siguen perteneciendo a todos los ciudadanos.

Indicó que esa interpretación desconoció el principio hermenéutico del «efecto útil»
estudiado en la sentencia C-426 de 2002, porque si los bienes dados de baja no se
consideran activos, la norma se torna inútil para una de sus finalidades principales.

Agregó que el defecto sustantivo antes descrito trae como consecuencia directa la
violación de mandatos constitucionales expresos, como el artículo 209, al impedir la
enajenación de bienes obsoletos, se condena al municipio de Balboa a una gestión
ineficaz porque no puede sanear sus inventarios. Con ello se le obliga a asumir los
costos de bodegaje, vigilancia y deterioro en lugar de generar ingresos y paraliza la
gestión de su patrimonio.

Sumado a lo anterior, considera que la sentencia atacada crea un precedente
jurisprudencial en el departamento de Risaralda con el que se anula el control
democrático sobre el patrimonio público, al establecer que un bien «dado de baja ya no
forma parte del activo», para efectos de la autorización de enajenación, se elimina una
de las funciones más importantes de los concejos municipales: la coadministración y
el ejercicio del control político sobre los activos públicos.

A su juicio, la consecuencia directa de tal postura es que cualquier administración
municipal podría, mediante un simple acto administrativo interno y unilateral como es
la baja contable, sustraer un bien del ámbito de competencia del concejo y enajenarlo
sin ningún tipo de supervisión, deliberación pública o autorización de la corporación.
Esto vulnera el equilibrio de poderes a nivel local y el espíritu del artículo 313 de la
Constitución, así como el mandato de la Ley 1551 de 2012.

Explicó que la Ley 1551 de 2012 determinó que la enajenación de activos requiere
autorización. Así que el fallo del tribunal, al crear esta excepción no prevista, anula
dicho mandato legal y genera graves riesgos como son: (i) la anulación de la función
del concejo de coadministrar el patrimonio municipal; (ii) la falta de transparencia y
más irregularidades en el manejo de los bienes públicos; (iii) debilitamiento del control
de la corrupción y la mala gestión y dijo que, la sentencia C-738 de 2001 determinó
que la autorización del concejo es un mecanismo razonable.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 15 de septiembre de 2025, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y al
Tribunal Administrativo de Risaralda, en calidad de demandado. En la misma
providencia ordenó vincular al gobernador del departamento de Risaralda.

5. La respuesta del demandado

El Tribunal Administrativo de Risaralda pidió negar las pretensiones porque la
providencia que se ataca no adolece de vicio alguno ni con ella se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso. Como razones de defensa expuso las siguientes:
En la sentencia de 21 de agosto de 2025 dictada en el proceso radicado 66001-23-
33-000-2025-00175-00 se realizó un estudio juicioso y una interpretación armónica de
las premisas fácticas, jurídicas y jurisprudenciales, conforme con las reglas de la sana
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crítica y con la suficiente motivación. El hecho que la interpretación adoptada por la
sala de decisión no fuera la esperada por el ente territorial, no implica que existe un
defecto o que una interpretación caprichosa o alejada a los parámetros
jurisprudenciales adoptados sobre el tema.
Además, el defecto en que incurra una decisión judicial debe ser flagrante, manifiesto
y tener una incidencia directa en la decisión, si no cumple esas condiciones no puede
ejercerse la tutela como un mecanismo de evaluación de las providencias dictadas en
los procesos ordinarios, pues ello significaría invadir la órbita de la competencia y la
autonomía de que son titulares los jueces ordinarios.

En este caso, en el proceso de validez se analizó si el Acuerdo 010 del 30 de mayo
de 2025, por medio del cual se autoriza al alcalde para enajenar, mediante subasta
pública, vehículos automotores dados de baja del inventario municipal, no cumplió con
los requisitos de funcionalidad de que trata el ordinal 3 del artículo 313 de la
Constitución Política.

En efecto se señaló que, según el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, el Concejo
Municipal de Balboa tiene la potestad de facultar al ejecutivo para enajenar activos,
acciones y cuotas parte. Sin embargo, la facultad otorgada en el acuerdo demandado
se refiere a vehículos que fueron dados de baja del inventario municipal, por lo
que se concluyó que «si bien los vehículos automotores entraron como activos de la entidad
territorial, al ser dados de baja ya no forma parte del activo, pues la baja de un bien mueble
se traduce en el retiro definitivo de los bienes muebles en el inventario y estados financieros
de la Entidad que por su desgaste, deterioro u obsolescencia no sean susceptibles de
reparación o adaptación […]». Y por esa razón no fue de recibo el argumento planteado
por el municipio de Balboa de que esos vehículos pertenecen al activo del ente
territorial.

Bajo esa consideración no era aplicable el artículo 32 de la Ley 136 de 1994. De todas
formas, el Tribunal demandado sostuvo que al dejar sin validez el Acuerdo 010 del 30
de mayo de 2025, no se afecta la posibilidad de que el alcalde del municipio de Balboa
enajene los vehículos porque tiene la facultad general para contratar y suscribir
contratos, en virtud del numeral 9° del artículo 315, norma concordante con lo
dispuesto en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la
Ley 1551 de 2012 literal d) numeral 5.

6. Intervención del tercero con interés

El departamento de Risaralda solicitó declarar improcedente la acción de tutela
interpuesta por el municipio de Balboa porque no se cumplieron los presupuestos de
procedibilidad generales ni específicos establecidos en la jurisprudencia constitucional
en la sentencia SU-448 de 2016. Sin embargo, dijo que, en caso de estudiar el fondo
del asunto, el amparo de negarse al no estar demostrada la vulneración de derechos
fundamentales ni la configuración de ningún defecto.

Por último, solicitó mantener en firme la sentencia del Tribunal Administrativo de
Risaralda y reconocer que la actuación del departamento de Risaralda se enmarcó en
el cumplimiento de sus deberes constitucionales.

7. Sentencia de primera instancia

El 17 de octubre de 2025, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado
profirió sentencia de primera instancia, en la cual declaró improcedente la solicitud de

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tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Como razones
expuso las siguientes:

Consideró que los argumentos de inconformidad expuestos en la acción de tutela no
demuestran una afectación del derecho fundamental invocado, que, por el contrario,
lo que pretende el municipio tutelante es que se acoja la interpretación de que dar de
baja a los vehículos automotores que se autorizaron enajenar no implicaba que
dejaban de integrar el activo de la administración municipal.

Indicó que el anterior planteamiento involucra un cuestionamiento de mera legalidad,
en el entendido que en la sentencia cuestionada no desconoció la facultad otorgada
por la Constitución y la ley para que el concejo de Balboa autorizara al alcalde a
enajenar vehículos automotores, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 136 de 1994,
al considerarlos activos. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Risaralda explicó
que no se cumplía el supuesto fáctico consagrado en la norma, porque los bienes
dados de baja del inventario municipal perdían la condición de activos.

Explicó que no era factible «otorgar una autorización para adelantar la enajenación de unos
bienes muebles (vehículos automotores) del municipio, en cuanto no están dadas las razones
excepcionales para delimitar por materia o tipología contractual las facultades otorgadas
constitucional y legalmente al alcalde de Balboa, Risaralda, como que de la lectura del acto
demandado no se evidencia un fundamento normativo, toda vez que, los vehículos de los
cuales se autoriza su enajenación, no forman parte del activo de la entidad, al ser dados de
baja».

Precisó que, aunque la parte actora también alegó el desconocimiento del artículo 209
de la Constitución, la decisión adoptada de manera alguna impide el correcto ejercicio
de la función administrativa y que tampoco es acertado que la parte actora afirme que
con la decisión judicial acusada se estructura un precedente incorrecto.

En suma, indicó que la procedencia de la acción de tutela exige la demostración de
que se vulneran garantías superiores, sin embargo, en este caso, el municipio actor
no dirigió su argumentación a la acreditación de una afectación de derechos
fundamentales, sino a que se acoja su tesis jurídica, lo que impide que la discusión
trascienda al ámbito constitucional.

8. Impugnación

El municipio de Balboa impugnó la decisión de primera instancia para insistir en la
configuración de los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución por la
interpretación irrazonable y contra legem del concepto de activo municipal realizada
en la sentencia atacada. Insistió en que esos defectos trascienden la mera legalidad
y afectan la estructura administrativa y el control democrático, aspecto que sí supera
el requisito de relevancia constitucional.

Sobre el tratamiento dado a los bienes dados de baja, reiteró que «La baja contable es
un reconocimiento de la depreciación o el estado de inservibilidad de un bien, pero no extingue
el derecho de dominio del Municipio ni elimina el valor de salvamento del bien que será objeto
de venta. De hecho, los procedimientos de baja en las entidades públicas, como lo indica la
doctrina legal, conducen precisamente a una venta (enajenación) o una destrucción, y es la
enajenación la que retira el bien del patrimonio.»

El municipio reiteró que la enajenación, como acto de disposición final que genera un
ingreso para el municipio tiene trascendencia patrimonial que la ley exige sea
controlado por el concejo municipal. Por lo que, considera que la interpretación del
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Tribunal, al permitir que una orden administrativa eluda el control político-democrático,
es contraria a la ley y a la Constitución.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

En los términos del escrito de impugnación a la Sala le corresponde determinar si se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia, que declaró
improcedente la solicitud de amparo, al advertir que la sentencia de 21 de agosto de
2025 del Tribunal Administrativo de Risaralda no desconoció el precedente judicial.

La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, pero por una razón
distinta. En concreto, en este caso la improcedencia de la acción de tutela surge
porque se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de validez de un acto
administrativo municipal de carácter general y abstracto.

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i)
orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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(i) La improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general,
impersonal y abstracto.

El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela no procederá «cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto»,
pues existen otros mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son la acción de
inconstitucionalidad contra las leyes o las acciones de simple nulidad y de nulidad por
inconstitucionalidad contra actos generales, según el caso.

La acción de tutela no puede ejercerse para cuestionar ese tipo de actos, pues este
mecanismo no está previsto para restablecer la juridicidad posiblemente quebrantada
por un acto general, sino para «suspender los efectos violatorios o amenazantes de alguno
de los derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto
cuya aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas provisionales (esto es antes
de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, según las
voces del artículo 7o. del Decreto en mención»4.

Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco
procede contra una sentencia dictada en un proceso de simple nulidad, por cuanto en
ese tipo de procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez únicamente
analiza la legalidad del acto. La acción de simple nulidad persigue la defensa de la
legalidad, del orden jurídico en abstracto. De modo que la sentencia que se dicta en
ese tipo de procesos no podría amenazar o violar de manera directa y concreta
derechos fundamentales5. En efecto, en múltiples fallos6, esta Sección ha precisado
que:

Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de Estado se dictó
en cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto es, un control abstracto de
la norma que se considera ilegal y, por tanto, la decisión que se adopta lo que determina es
si se ajusta o no a la normativa superior y, por ende, tiene efectos erga omnes. No define de
manera concreta una situación particular, como sí ocurre con sentencias dictadas por los
organismos judiciales en acciones y medios de control con decisiones judiciales de carácter
particular.

En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad de una
sentencia de constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere la autoridad judicial
es un ejercicio de puro de derecho que en manera alguna podría afectar derechos
fundamentales, toda vez que lo pretendido es determinar que no desconozca postulados
constitucionales o legales.

Además, vale la pena precisar que, según lo dispone el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991,
la acción de tutela es improcedente cuando se dirija contra actos administrativos de carácter
general, impersonal y abstracto, lo que permite determinar que, igualmente, resulta
improcedente para censurar la sentencia que decide sobre su constitucionalidad o legalidad.

Idénticas consideraciones se predican en relación con las sentencias dictadas en
única instancia por los tribunales administrativos en ejercicio del control de validez de
normas municipales que promueva el gobernador, en virtud de la atribución dispuesta
en el artículo 305, numeral 10, de la Constitución Política.

4
Sentencia T-321 de 1993
5
Sentencia de 23 de octubre de 2025, exp. AC-2025-00087-01, CP Wilson Ramos Girón.
6
Ver sentencias de tutela del 22 de septiembre de 2016, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00),
CP. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 17 de mayo de 2018, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del
10 de octubre de 2018, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 7 de enero de 2019, Radicado No. 11001-
03-15-000-2018-01699-01 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 3 de febrero de 2022, Radicado No. 11001-03-15-000-2021-06516-01 M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez.
[4]
Al respecto, ver sentencia SU-355 de 2020.
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Demandante: Municipio de Balboa (Risaralda)

La citada norma constitucional lista, entre las atribuciones del gobernador, la de «10.
Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de
inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su
validez»

Significa que cuando el gobernador considere inconstitucional o ilegal un acuerdo
municipal [previamente remitido por el alcalde7] debe enviarlo al tribunal administrativo
de su jurisdicción para que adelante el control judicial sobre su validez, según los
plazos y formalidades descritos en los artículos 119 a 120 del Decreto 1333 de 1986
[Código de Régimen Municipal]8.

Cumplidas las etapas procesales determinadas en el artículo 121 ibidem9, el Tribunal
Administrativo debe dictar fallo en el que decida sobre la validez o invalidez del
acuerdo sometido a control. La decisión que se adopte no es susceptible de recurso
y produce efectos de cosa juzgada frente a las normas constitucionales y legales cuya
infracción advirtió el gobernador.

En relación con esta clase de control judicial de validez que adelanta el tribunal
administrativo por iniciativa del gobernador de la jurisdicción departamental a la que
corresponda, la Corte Constitucional10 y el Consejo de Estado han precisado que tiene
una finalidad parecida a la del medio de control de nulidad simple, puesto que también
busca la declaratoria de nulidad (invalidez) de un acto administrativo. No obstante, su
similitud, esas altas cortes han precisado que son medios de control independientes,
ejercidos por actores diferentes y en distintas oportunidades11.

Y sobre los efectos de la sentencia de invalidez que se dicta, la Sección Cuarta de
esta Corporación, como juez ordinario en un asunto de simple nulidad, consideró lo
siguiente12:

[…] los fallos que, en ejercicio del control de validez, dicten los Tribunales y en los cuales
se haya declarado la invalidez de un acuerdo municipal, tienen efectos de cosa juzgada
erga omnes en los términos del artículo 175 del C.C.A.13, por lo que, si el mismo acto se
demanda en acción de nulidad, sencillamente hay que estarse a lo resuelto en las
sentencias ya referidas.

2.6. Dado el carácter objetivo de la acción de simple nulidad y del control de validez que
se comenta, la “cosa juzgada” opera sin limitación alguna, de tal suerte que, una vez
declarada la nulidad o la invalidez de una norma, ésta desaparece del escenario jurídico.

La operancia de la cosa juzgada no desconoce los efectos que tienen en el tiempo las
sentencias de validez y de nulidad, puesto que la figura in examine lo que busca es
reconocer la fuerza obligatoria de las sentencias a fin de evitar nuevos pronunciamientos

7
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la sanción de un acuerdo municipal, el alcalde debe enviar una copia de este al gobernador (artículo 82 de la Ley
136 de 1994).
8
Artículo 119. <Ver Notas del Editor> Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o la ordenanza, lo remitirá, dentro de
los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya recibido, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez.
Artículo 120. El Gobernador enviará al Tribunal copia del acuerdo acompañado de un escrito que contenga los requisitos señalados en los numerales 2 a 5
del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). El mismo día en que el Gobernador remita el acuerdo al Tribunal, enviará copia
de su escrito a los respectivos alcaldes, personero y Presidente del Concejo para que éstos, si lo consideran necesario, intervengan en el proceso.
9
Articulo 121. Al escrito de que trata el artículo anterior, en el Tribunal Administrativo se dará el siguiente trámite:
1. Si el escrito reúne los requisitos de ley, el Magistrado sustanciador ordenará que el negocio se fije en lista por el término de diez (10) días durante los cuales
el fiscal de la corporación y cualquiera otra persona podrán intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y solicitar la
práctica de pruebas.
2. Vencido el término de fijación en lista se decretarán las pruebas pedidas por el Gobernador y los demás intervinientes. Para la práctica de las mismas se
señalará término no superior a diez (10) días.
3. Practicadas las pruebas pasará el asunto al despacho para fallo. El Magistrado dispondrá de diez (10) días para la elaboración de la ponencia y el Tribunal
de otros diez (10) días para decidir. Contra esta decisión, que produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y legales
confrontados, no procederá recurso alguno.
10
C-869 de 1999
11
Así se precisó en la sentencia de 12 de noviembre de 2015, exp. 21645, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Esa providencia además citó las sentencias
del 10 de abril de 2011, exp. 18330, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y del 9 de abril de 2015, exp. 20769, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia de
la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
12
Sentencia de 12 de noviembre de 2015, exp. 21645, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
De acuerdo con lo previsto en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene
fuerza de cosa juzgada erga omnes. Esto significa que la regla general, en este punto, es que, “la sentencia de anulación produce cosa juzgada de efectos
absolutos, es oponible a todos, hayan o no intervenido en el proceso. BETANCUR JARAMILLO, Carlos, Derecho Procesal Administrativo, Señal Editora,
2013, Página 579.
8
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Demandante: Municipio de Balboa (Risaralda)

sobre el mismo tema. Entender lo contrario, llevaría a considerar que las sentencias no
ponen fin a las controversias que se suscitan, ni se daría eficacia a las decisiones
judiciales.

De lo expuesto, resta concluir que la acción de tutela se torna improcedente cuando
se dirige contra una sentencia dictada en ejercicio del control de validez de un acto
municipal, de contenido general, impersonal y abstracto. En el entendido, tal como se
ha sostenido respecto de las sentencias de simple nulidad, que dada la naturaleza del
acto que examina no es posible predicar una presunta vulneración de derechos
fundamentales por tratarse de un estudio de puro derecho ante la violación de
preceptos constitucionales o legales.

(ii) De la improcedencia en el caso concreto

El municipio de Balboa alega que la providencia objeto de tutela vulneró el derecho al
debido proceso porque incurrió en defecto sustantivo y violación directa de la ley.

La sentencia de 21 de agosto de 2025, atacada en esta oportunidad, la dictó el
Tribunal Administrativo de Risaralda en el proceso con radicado 66001-23-33-000-
2025-00175-00, como consecuencia del control de validez adelantado por iniciativa
del Gobernador del departamento de Risaralda y en virtud de la atribución
constitucional contemplada en el artículo 305, numeral 10, de la Constitución Política.

El acto, sujeto de control de validez, fue el Acuerdo 010 de 30 de mayo de 2025,
expedido por el Concejo Municipal de Balboa, «por medio del cual se autoriza al señor
alcalde municipal de Balboa, Risaralda, para enajenar, mediante subasta pública, vehículos
automotores dados de baja de inventario municipal.».

Del contenido del citado acuerdo, se observa que es de carácter general, impersonal
y abstracto. Asimismo, de la lectura de la providencia judicial cuestionada se constata
que el Tribunal realizó un estudio de mera legalidad frente a la norma que concede la
facultad a los concejos de autorizar al alcalde para enajenar activos, acciones y cuotas
partes, dispuesta en el numeral 4 del parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994
(modificado por la Ley 1551 de 2012) y concluyó lo siguiente:

Así pues, si bien los vehículos automotores entraron como activos de la entidad territorial,
al ser dados de baja ya no forman parte del activo, pues la baja de un bien mueble se traduce
en «el retiro definitivo de los bienes muebles en el inventario y estados financieros de la
Entidad que por su desgaste, deterioro u obsolescencia no sean susceptibles de reparación
o adaptación; que requieran un mantenimiento antieconómico; que no sean útiles o
adecuados para el servicio al cual hayan sido destinados, o cuando los bienes hayan sido
objeto de pérdida, hurto o daños por siniestros, sin perjuicio de las acciones legales a que
haya lugar»14, por lo que no es de recibo el argumento de que dichos vehículos pertenecen
al activo del ente territorial, tal y como lo afirma el municipio de Balboa en el pronunciamiento
presentado.

Por lo tanto, no era viable otorgar una autorización para adelantar la enajenación de unos
bienes muebles (vehículos automotores) del municipio, en cuanto no están dadas las
razones excepcionales para delimitar por materia o tipología contractual las facultades
otorgadas constitucional y legalmente al alcalde de Balboa, Risaralda, como que de la
lectura del acto demandado no se evidencia un fundamento normativo, toda vez que, los
vehículos de los cuales se autoriza su enajenación, no forman parte del activo de la entidad,
al ser dados de baja.

En atención a los razonamientos precedentes, sin necesidad de más consideraciones, se
impone la declaratoria de invalidez del acuerdo acusado, al desbordar la corporación político

14
Manual de procedimiento para dar de baja bienes – Personería Municipal de Dosquebradas.
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Demandante: Municipio de Balboa (Risaralda)

administrativa las atribuciones o competencias que por disposición de la Constitución y la
ley les corresponden, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

6. Conclusión: Conforme a todo lo expuesto, la Sala Decisión accederá a la súplica de la
demanda, en la medida que se acreditó su ilegalidad, por lo que se declarará la invalidez
del Acuerdo 010 del 30 de mayo de 2025.

En ese orden, basta con concluir que la improcedencia de la solicitud de tutela
encuadra en la causal 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, pues, por medio de
este mecanismo excepcional el municipio demandante pretende dejar sin efecto la
sentencia del 21 de agosto de 2025 del Tribunal Administrativo de Risaralda que
declaró la invalidez del Acuerdo 010 de 30 de mayo de 2025, acto de contenido
general, impersonal y abstracto. Ese acto desapareció del ordenamiento jurídico,
como consecuencia de los efectos de cosa juzgada erga omnes de la decisión. Es
decir que sus efectos se surten frente a todos, sin que pueda afectar directamente
derechos fundamentales15.

En los anteriores términos, la Sala confirmará la decisión de primera instancia del 17
de octubre de 2025, dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado, pero por las razones previamente señaladas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 17 de octubre de 2025, dictada por la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, conforme con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

15
Puede consultarse la sentencia de 23 de octubre de 2025, exp. AC-2025-00087-01, CP Wilson Ramos Girón, en la que la Sala se pronunció frente a la
improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial dictada en el medio de control de nulidad simple.
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