Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04073-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04073-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04073-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
6 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04073-00
Demandante: Ana Dolores Parales de Padilla y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS (E)
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04073-00
Demandante: ANA DOLORES PARALES DE PADILLA Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial dictada en proceso de simple
nulidad. Falta de cumplimiento de requisitos generales de
procedencia.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado judicial, por los
señores Ana Dolores Parales de Padilla, Cielo Milena Perdomo Velandia, Carmen
Olimpia Castro Álvarez, Evelia Mercedes Acosta Arias, Juanita Heredia y María Nelly
Durán Pinto, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el
Tribunal Administrativo de Arauca, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°
del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 1º de julio de 2025, los actores ejercieron acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo de Arauca por
considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a
la dignidad humana y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia,
formularon las siguientes pretensiones:
« 1.- Que se les tutelen y protejan a las accionantes, los derechos fundamentales al debido
proceso constitucional, seguridad jurídica, confianza legítima, buena fe, igualdad material
y procesal, acceso a la administración de justicia, dignidad humana, violación al derecho
de defensa y de contradicción y demás derechos fundamentales que el Tribunal
constitucional encuentre en el desarrollo del proceso, vulnerados inicialmente por EL
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA, en el siguiente expediente:
Rad. 81 001- 23-39- 000- 2020- 00185-00
Medio de control: NULIDAD SIMPLE.
Ddte: Departamento de Arauca.
Ddo: Asamblea departamental de Arauca, SINTRENAL, ASEDAR, SINTRARAUCA.
M.P. Luis Norberto Cermeño, actualmente Iván Duque Gutiérrez, Consejo de Estado-
Sección Segunda- Subsección A.
2.- Que el juez constitucional ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE ARAUCA y al CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A,
procedan a la salvaguarda de los derechos fundamentales anotados en el numeral
anterior, en favor de las ciudadanas relacionadas en esta solicitud de tutela, en razón a
que les han sido vulnerados y desconocidos los derechos fundamentales consignados en
la primera pretensión de esta tutela.
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3.- Que consecuencialmente, se ordene judicialmente al TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE ARAUCA y CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A, decretar la nulidad de todo lo actuado, dentro del expediente N°
81001233900020200018500, a partir del auto admisorio de la demanda de 30 noviembre
de 2020, emitido por el Magistrado Ponente Luis Norberto Cermeño, en el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA, por la falta de integración del
contradictorio, respecto de los funcionarios públicos del departamento de Arauca
tutelantes, y a quienes tengan interés en el resultado de este proceso.
4.- Que se ordene la debida y material integración del contradictorio por parte del
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA y CONSEJO DE ESTADO
– SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, para dar oportunidad vinculatoria a las
ciudadanas tutelantes y a la comunidad laboral afectada con el fallo de primera instancia
que pueda estar interesada, según el artículo 171 N° 5 del CAPCA, para que puedan tener
la opción legal de ejercitar el derecho de defensa y el derecho de contradicción
correspondiente, en el expediente ordinario consignado en esta solicitud de tutela, a partir
del auto admisorio de la demanda proferido por el Magistrado Sustanciador del Tribunal
Contencioso Administrativo de Arauca.
5- Que se imparta comunicación al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
ARAUCA y al CONSEJO DE ESTADO- SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A, para lo
que corresponda señalar judicialmente a su cargo y competencia.».
2. Hechos:
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El departamento de Arauca presentó medio de control de simple nulidad1 en modalidad
de lesividad contra la Asamblea Departamental de Arauca, el Sindicato de
Trabajadores de la Educación -SINTRENAL, la Asociación de Educadores del Arauca
• ASEDAR y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del
departamento de Arauca -SINTRARAUCA.
Lo anterior, con la finalidad de que fuera declarado nulo el Acuerdo laboral suscrito
entre el Gobernador de Arauca, Asedar, Sintrarauca y Sintrenal del 23 de mayo de
2019, mediante el que se reconoce la prima de antigüedad al personal administrativo
del sector educativo de la planta global del departamento; el Decreto 680 de 2019, y
el artículo 13 de la Ordenanza 015 de 20192 suscrita por la Asamblea departamental,
que, fijó la prima de antigüedad para los servidores públicos de la Administración
Departamental.
El conocimiento del proceso bajo radicado núm. 81001-23-39-000-2020-00185-00/01,
en primera instancia, correspondió al Tribunal Administrativo de Arauca, que, en
sentencia del 9 de diciembre de 2022 resolvió:
«PRIMERO. PROFERIR decisión inhibitoria frente a la pretensión de nulidad del artículo
23 del Acuerdo laboral fechado el 23 de mayo de 2019, suscrito entre el Gobernador de
Arauca y los Sindicatos Sintrenal, Asedar y Sintrarauca; NEGAR la nulidad del Decreto
680 de 2019 proferido por el Gobernador de Arauca; y DECLARAR la nulidad del artículo
13 de la Ordenanza 015 de 2019 expedida por la Asamblea Departamental de Arauca, por
1
Como fundamento de la demanda se indicó que la Asamblea del Departamento de Arauca no tiene competencia para fijar
emolumentos de índole salarial, competencia propia del Congreso de la República.
2
"Por la cual se fijan las escalas de asignación básica mensual de los empleados públicos de la administración departamental de
Arauca y se dictan otras disposiciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (…)” Articulo 13 prima
de antigüedad Tendrán derecho a devengar la Prima de Antigüedad que consiste en un incremento salarial por antigüedad, los
servidores públicos de la Administración Departamental que cumplan con los requisitos criterios de permanencia en el servicio,
así: De 3 a 7 años de servicio 60 días de salario, De 8 a 12 años de servicio 80 días de salario, De 13 a 17 años de servicio 100
días de salario, De 18 años en adelante 120 días de salario PARAGRAFO 1: Para el reconocimiento y pago de la prima de
antigüedad cuando se pase de tiempo a otro, se hará efectiva una vez se haya pagado en el mes anterior la Bonificación por
Servicios. (...)”.
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la cual se fijaron las escalas de asignación salarial básica mensual de los empleados
públicos de la Administración Departamental de Arauca y se dictaron otras disposiciones
para la vigencia fiscal de 2020.
SEGUNDO. ESTABLECER que los efectos de la nulidad que se declara en esta sentencia,
se retrotraen al momento de la expedición de la Ordenanza 015 de 2019, exclusivamente
sobre su artículo 13 y solo respecto de la prima de antigüedad cuyo derecho se ordenó
para los empleados públicos del Departamento de Arauca sobre la vigencia fiscal del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020. En consecuencia, no se deberá pagar el incremento
salarial por antigüedad correspondiente a 2020 que a la fecha de la actual providencia no
se haya erogado por la entidad en favor de empleados públicos suyos, salvo que su giro
se imponga por decisión judicial actualmente en trámite, ni se deben reintegrar los pagos
ya efectuados con fundamento en la presunción de legalidad que amparó al artículo 13 de
la Ordenanza 015 de 2019. (…)».
Lo anterior, al considerar que la prima de antigüedad no ha sido establecida por el
Gobierno Nacional en favor de los empleados públicos de los departamentos ni de los
municipios del país, ni el beneficio para ellos ha sido extendido del que gozan los del
nivel nacional.
Por lo tanto, determinó que para el nivel territorial la prima de antigüedad tiene la
naturaleza de una prima extralegal, pues si bien, en vigencia de la Constitución Política
de 1886 los Gobernadores tenían la atribución de fijar los emolumentos de los
empleados públicos del orden departamental con sujeción de las escalas de
remuneración que fijara la Asamblea, lo cierto es que, con la expedición del Acto
Legislativo 01 de 1968 se dispuso que le correspondía al Congreso hacer las leyes y
por medio de ellas fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos, así como el régimen de prestaciones sociales.
Señaló que con ocasión a la expedición de la Constitución Política de 1991 se
estableció la competencia del Congreso para dictar las normas generales, así como la
de fijar los objetivos y criterios a los cuales debía sujetarse el Gobierno para fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
Que, en tal virtud, fue expedida la Ley 4 de 1992 la cual expresó, en el artículo 12, que
el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales sería
fijado por el Gobierno Nacional, por ende, señaló una prohibición a las corporaciones
públicas territoriales de apropiarse de esta facultad.
Bajo ese contexto, concluyó, que la competencia para fijar el régimen salarial de los
empleados del sector territorial era concurrente entre el legislador y el ejecutivo,
concretamente, porque el primero determina los parámetros generales, conforme con
los cuales, el segundo debe fijar todos los elementos propios del régimen salarial y
prestacional.
Contra la mencionada decisión las partes, interpusieron recurso de apelación; el
departamento de Arauca, en calidad de demandante, consideró que al decretarse la
nulidad del artículo 13 de la Ordenanza por ser contrario al ordenamiento
constitucional, era procedente solicitar el reintegro de los recursos que hayan sido
girados a empleados públicos del departamento de Arauca por concepto de prima de
antigüedad en virtud de la convención colectiva que adoptó dicha prestación social.
Por su parte, SINTRIENAL – Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación,
en condición de demandada, indicó que la decisión objeto de debate debía ser
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revocada en la medida en que ninguna de las disposiciones demandadas había creado
la prima de antigüedad.
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, en providencia del 29
de septiembre de 2023, admitió los recursos de apelación presentados contra la
sentencia del 9 de diciembre de 2022 y a la fecha el proceso se encuentra al despacho
pendiente de proferir sentencia de segunda instancia.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte demandante cuestiona el trámite surtido en el proceso de simple nulidad con
radicado núm. 81001-23-39-000-2020-00185-00/01 del cual conoció en primera
instancia el Tribunal Administrativo de Arauca.
Señaló que como juez de primera instancia del proceso no cumplió con el artículo 171
numeral 5 del CPACA, según el cual, era necesario que, al admitir el referido medio
de control se dispusiera informar a la comunidad la existencia del proceso en el sitio
web de la entidad, en el entendido que se perseguía la nulidad de un acto
administrativo de alto interés para distintos sectores de la comunidad y, puntualmente,
para ellos, al ser trabajadores del departamento pues sus intereses se podrían ver
menoscabados con ocasión a la decisión que se tome en el proceso.
Refirió que al no haber publicado el auto admisorio de la demanda el proceso se
encuentra viciado de nulidad por configuración de la causal 8 del artículo 133 del CGP;
razón por la que, a su juicio, hay lugar a declarar la nulidad de todo lo actuado, inclusive
el auto admisorio de la demanda.
Manifestó que al acudir a la administración con la finalidad de que les sea reconocido
el pago de la prima de antigüedad a que todavía tiene derecho, la Secretaria General
del departamento en respuesta «inmotivada e irregular» les ha informado que el
proceso de simple nulidad se encuentra en trámite de segunda instancia y mientras no
exista pronunciamiento definitivo que determine su legalidad y exigibilidad, no es
procedente su inclusión en el presupuesto, como tampoco destinar recursos para su
pago.
Con fundamento en lo cual aduce que la amenaza es real y que las consecuencias
sobre cualquier funcionario activo desmejora los derechos adquiridos, lo que, a su
juicio, contraviene el ordenamiento legal, judicial, constitucional; desconoce los
derechos salariales y fundamentales de los servidores públicos quienes han
proyectado sus ingresos y gastos bajo esa realidad.
De igual forma indicó que, en reciente providencia la Sección Quinta del Consejo de
Estado resolvió la solicitud de amparo con radicado núm. 2024-00058-01, en la que
estudió una situación fáctica similar y accedió a las pretensiones de la acción de tutela,
por considerar que se incurrió en defecto procedimental absoluto, en tanto no se
informó o citó a la comunidad interesada en un proceso de nulidad simple, de
conformidad con el numeral 5 del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, y en
consecuencia, ordenó la publicación o informe respectivo, para lo cual declaró la
nulidad de todo lo actuado a partir del vencimiento del término de traslado de la
demanda principal.
Solicitó que se acceda a las pretensiones de la acción de tutela de la referencia como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
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4. Trámite previo
En auto del 4 de julio de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a las partes y al departamento de Arauca, a la Asamblea
departamental de Arauca, a Sintrenal – Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
Educación, a Asedar – Asociación de Educadores de Arauca y a Sintrarauca –
Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del departamento de
Arauca, como terceros con interés.
5. Oposiciones
La Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado remitió copia digital
del expediente cuestionado, no obstante, no se pronunció sobre los hechos objeto de
debate.
El Tribunal Administrativo de Arauca afirmó que la inconformidad de los actores se
enmarca en que a su juicio en aplicación del numeral 5 del artículo 171 del CPACA
debió publicarse el auto admisorio de la demanda de simple nulidad, situación que en
efecto no se realizó.
Sin embargo, advirtió que dicho numeral indica que dicha publicación se debe realizar:
“cuando se demande la nulidad de un acto administrativo en que pueda estar
interesado la comunidad”, es decir, no en todos los casos de nulidad es aplicable el
referido numeral, sino que esto procede en aquellos donde pueda estar interesada la
comunidad.
Explicó que en el caso objeto de estudio la nulidad gira en torno a un acuerdo laboral
suscrito por determinadas partes y que solo beneficia a quienes suscriben el mismo,
por lo que no es un tema que trascienda a una escala general o comunitaria.
Indicó que al verificar los requisitos de procedencia de la solicitud es claro que los
demandantes no se encuentran legitimados en la causa en la medida en que las
decisiones judiciales emitidas fueron proferidas en el marco de un proceso ordinario
del cual no hicieron parte, pues este fue iniciado por el departamento de Arauca en
contra de la Asamblea Departamental de Arauca, SINTRENAL, ASEDAR y
SINTRARAUCA, y los actores tampoco acreditaron ser parte de alguna de las
asociaciones de trabajadores demandadas.
Manifestó que en el caso objeto de debate el estudio del requisito de subsidiariedad
se hace más riguroso, pues se busca dejar sin efecto decisiones judiciales y, por ello,
corresponde al juez de tutela verificar, como presupuesto indispensable para aceptar
la procedencia del amparo, que la demandante agotara todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa a su alcance.
De manera que, solo es posible utilizar la tutela como mecanismo principal si se
acredita la amenaza de un perjuicio irremediable o si se verifica la falta de idoneidad o
eficacia de los mecanismos de defensa disponibles, pues, como se vio, el proceso
objeto de debate aún se encuentra en trámite en segunda instancia.
Señaló que no se cumple con el requisito de inmediatez en la medida en que la fecha
de la última decisión que se pretende discutir por este medio, es decir la sentencia,
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proferida el 9 de diciembre de 2022 y nada se advirtió de la imposibilidad para haber
acudido antes a la interposición de la acción de tutela.
Finalmente, concluyó que al no cumplirse los requisitos excepcionales para la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la solicitud de amparo de la
referencia resulta improcedente.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A no se pronunció sobre los
hechos objeto de debate.
6. Intervenciones
La Gobernación de Arauca indicó que la acción de tutela, esta instituida como
mecanismo especial y supletorio para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales de las personas, es decir es un mecanismo subsidiario
de protección de los derechos y no un instrumento adicional o alternativo de la víctima.
Resaltó que la acción de tutela únicamente procede cuando la persona afectada no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, sin embargo, en el presente caso la
acción de tutela es improcedente, porque existe otro medio de defensa judicial, señaló
que, en el presente caso, el proceso de simple nulidad 2020-00185-01 se encuentra
en trámite ante el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Manifestó que, la demandante dejó de lado el argumento consistente en que se
presenta una nulidad procesal por falta de integración del contradictorio, sin tener en
cuenta que debía proponerla verbalmente o por escrito durante las audiencias o una
vez dictada sentencia, según el caso.
En razón de lo anterior expuso que, la tutela solo sería procedente si se hubiera
logrado acreditar la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, lo cual no ocurre en
este caso que la parte accionante puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.
La Asamblea departamental de Arauca, el Sindicato de Trabajadores y
Empleados de la Educación- Sintrenal, la Asociación de Educadores de Arauca
• Asedar y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del
departamento de Arauca – Sintrarauca, pese a ser notificados, no se pronunciaron
sobre los hechos objeto de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
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Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional3, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
4 5
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico y solución
A la Sala corresponde determinar si procede la acción de tutela presentada por los
actores para declarar nulo el trámite impartido por el Tribunal Administrativo de Arauca
al proceso de simple nulidad con radicado 81001-23-39-000-2020-00185-00/01, el cual
en la actualidad se encuentra en trámite de segunda instancia ante el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela de la referencia por
incumplimiento del requisito general de subsidiariedad porque lo pretendido por los
actores es propio del trámite de incidente de nulidad, el cual constituye otro medio de
defensa judicial del que no han hecho uso ante el juez natural de la causa en el marco
del proceso de simple nulidad, el cual además se encuentra en curso.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) del requisito general de
subsidiariedad y (ii) al análisis del caso concreto.
De manera previa la Sala aclara que en el caso objeto de tutela no se entrará a estudiar
la procedencia de la solicitud de amparo contra la sentencia del 9 de diciembre de
2022, dictada en primera instancia en el marco del medio de control de simple nulidad,
porque lo pretendido por la parte demandante es que se declare la nulidad de todo lo
actuado en el proceso de simple nulidad con radicado 81001-23-39-000-2020-00185-
00/01, por indebida notificación del auto admisorio de la demanda.
(i) Del requisito general de subsidiariedad
3
La sala plena de lo contencioso administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (expediente ac-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. de ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de
2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (se
destaca)
4
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal
ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) que
no se trate de sentencias de tutela.
5
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la constitución.
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La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley establecen una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó6:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la
protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por
cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del
interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que
pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales (…)».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso
se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues
como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede
resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de
derechos fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que
«no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia
ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen procedente
el amparo».
(ii) Del requisito general de subsidiariedad en el caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona las actuaciones
desplegadas por el Tribunal Administrativo de Arauca, en cuanto considera que pese
a tener interés legítimo en el proceso de simple nulidad en el que se discute el
reconocimiento de la prima de antigüedad para los servidores públicos de la
administración departamental, no fueron vinculados ni fue publicado el auto admisorio
de la demanda para interés de la comunidad, de conformidad con el numeral 5 del
6 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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Demandante: Ana Dolores Parales de Padilla y otros
artículo 1717 del CPACA, lo que aduce, hace que se configure la causal de nulidad
señalada en el numeral 8 del artículo 133 del CGP.
Al respecto, el numeral 8 del artículo 133 de la Ley 1564 de 2012 establece que se
incurre en causal de nulidad «Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto
admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás
personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no
se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de
acuerdo con la ley debió ser citado».
Con base en lo anterior, la Sala considera que en el caso objeto de estudio no se
satisface el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, debido a que, si bien, la
parte actora aduce un interés legítimo en el proceso de simple nulidad, es en este
escenario que la parte demandante debe iniciar el trámite incidental pertinente para
argumentar la necesidad de su intervención y la presunta omisión del tribunal
demandado en la publicación del auto admisorio, sin embargo, a la fecha no existe
evidencia de que este argumento haya sido propuesto ante el juez natural de la causa.
De manera que, la parte actora a la fecha cuenta con un mecanismo de defensa judicial
diferente a la acción de tutela en el marco del proceso de simple nulidad que en todo
caso se encuentra en curso ante el juez de segunda instancia, el cual es el eficaz
porque es el mecanismo judicial dispuesto para iniciar el debate sobre la presunta
omisión en la vinculación, dado que la razón de ser de dicha causal de nulidad es
habilitar a quienes creen que no fueron llamados al proceso debiendo serlo.
Además de lo anterior, la Sala considera pertinente destacar el hecho de que,
conforme con el artículo 134 del CGP las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a esta, si ocurrieren
en ella, tal como sucedió en el caso objeto de estudio.
Por consiguiente, para la Sala no cabe duda de que el incidente de nulidad es el
mecanismo de defensa judicial idóneo para ventilar su inconformidad. Justamente, por
tratarse de un asunto que, de acuerdo con el artículo 133 de la Ley 1564 de 2012,
podría acarrear la nulidad del proceso y es al juez natural de la causa a quien le
compete estudiar el presunto yerro. De manera que lo debido es que la parte actora
proponga este debate ante el juez natural en calidad de director del proceso núm.
2020-00185-00/01 se pronuncie.
La naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela tiene por propósito evitar que
se convierta en un mecanismo judicial alternativo que pueda ser utilizado para soslayar
los términos procesales de los medios ordinarios de defensa o para suplir falencias en
las estrategias de jurídicas de los apoderados, ya que no es dable al juez de tutela
decidir asuntos que deben ser debatidos en su escenario natural.
Siendo así, en el presente caso, no es procedente la intervención del juez de tutela en
7 “Artículo 171. Admisión de la demanda El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará
el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, mediante auto
en el que dispondrá: (…)
5. Que cuando se demande la nulidad de un acto administrativo en que pueda estar interesada la comunidad, se
informe a esta de la existencia del proceso a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Lo anterior, sin perjuicio de que el juez, cuando lo estime necesario, disponga simultáneamente la divulgación a
través de otros medios de comunicación, teniendo en cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto
demandado.(…)”.
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el proceso cuestionado, por varias razones a considerar: i) como se vio, la parte
demandante cuenta con otro medio de defensa judicial, esto es, el incidente de nulidad
del que no ha hecho uso; ii) el proceso de simple nulidad actualmente se encuentra en
curso y, iii) en todo caso, aunque la solicitud de amparo no fue interpuesta contra la
sentencia proferida en el marco del proceso de simple nulidad, debe advertirse que,
conforme a la tesis de la Sala, la acción de tutela contra providencias proferidas en el
marco de un proceso de simple nulidad es improcedente8, por cuanto en ese tipo de
procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez únicamente analiza la
legalidad del acto, es decir, la acción de simple nulidad únicamente persigue la defensa
de la legalidad, del orden jurídico en abstracto.
Adicionalmente, la Sala destaca no encuentra acreditado que exista un perjuicio
irremediable que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio de protección
de los derechos fundamentales, por lo siguiente:
La Corte Constitucional ha previsto algunos criterios para determinar la existencia de
un perjuicio irremediable, así: “(…) es aquel (i) que se produce de manera cierta y
evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de
ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la
medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se
encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”9.
La parte actora asegura que en el caso objeto de estudio se está en presencia de un
perjuicio irremediable en la medida en que: i) no contaron con la oportunidad de
defender sus intereses y, ii) eventualmente se verían afectados sus derechos por el no
pago de la prima de antigüedad.
No obstante, lo cierto es que las pruebas aportadas al expediente no dan cuenta de
una situación de especial consideración que permita la intervención del juez de tutela.
Sumado al hecho de que, en la actualidad, los demandantes perciben ingresos como
servidores públicos del departamento de Arauca y a pesar de que no se encuentren
de acuerdo con la decisión de primera instancia dictada en el proceso de simple
nulidad, ello de ningún modo acredita la afectación a sus derechos, que habilite de
forma excepcional la intervención del juez de tutela, pues será en el trámite elevado
ante el juez natural donde se entre a verificar la idoneidad y viabilidad de las órdenes
proferidas.
En conclusión, de los hechos y pruebas aportados al expediente no se evidencia la
configuración de alguno de los presupuestos previstos por la Corte Constitucional para
inferir que estamos ante la existencia de un perjuicio irremediable.
Ahora bien, respecto al precedente citado por la parte actora para resolver la solicitud
de la referencia, se tiene que el mismo se trata de un fallo de tutela proferido el 22 de
mayo de 2025, por la Sección Quinta de esta Corporación, en la acción de tutela con
radicado núm. 81001-23-39-000-2024-00058-01, en el que se observa que, si bien, el
juez de tutela analizó una situación fáctica similar, no es procedente tomarlo como un
precedente aplicable al caso objeto de estudio porque las circunstancias del referido
8
Al respecto, ver sentencia del 3 de febrero de 2022 proferida dentro del expediente número: 11001-03-15-000-2021-06516-01,
M.P Julio Roberto Piza Rodríguez, del 3 de febrero de 2022 proferida dentro del expediente número: 11001-03-15-000-2021-
07088-01, M.P Milton Chaves García, del 7 de abril de 2022 proferida dentro del expediente número: 11001-03-15-000-2021-
11621-00, M.P Milton Chaves García Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
9
Corte Constitucional. Sentencias T-225 de 1993 y SU-086 de 1999.
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caso varían respecto del caso objeto de estudio, dado que, en esa oportunidad los allí
tutelantes sí solicitaron la vinculación al proceso de simple nulidad en calidad de
litisconsortes y esa petición fue despachada desfavorablemente, aunado a que el
proceso ya finalizó y la nulidad no se originó en la sentencia, por lo que no podrían
invocar dicha causal de nulidad, circunstancia que los ubicó en un escenario procesal
distinto al del objeto de estudio en la presente solicitud de amparo, razón por la cual
no hay lugar a aplicar el referido precedente en el caso objeto de debate.
En suma, en el presente caso la acción de tutela no es procedente por falta de
cumplimiento del requisito general de subsidiariedad y, en todo caso, no se advierte
una actuación vulneradora de derechos fundamentales por parte de la parte
demandada, que haga procedente el amparo solicitado de manera excepcional y, en
esa medida, se declarará improcedente la solicitud de amparo elevada por los señores
Ana Dolores Parales de Padilla, Cielo Milena Perdomo Velandia, Carmen Olimpia
Castro Álvarez, Evelia Mercedes Acosta Arias, Juanita Heredia y María Nelly Durán
Pinto, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal
Administrativo de Arauca.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la solicitud de amparo ejercida por los señores Ana Dolores
Parales de Padilla, Cielo Milena Perdomo Velandia, Carmen Olimpia Castro Álvarez,
Evelia Mercedes Acosta Arias, Juanita Heredia y María Nelly Durán Pinto contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Tribunal Administrativo de
Arauca.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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