Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2024-00058-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 81001-23-39-000-2024-00058-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2024-00058-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 81001-23-39-000-2024-00058-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
22 de mayo de 2025
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
Demandantes: LUISA OLIVEROS NIEVES Y OTROS
Demandado: JUZGADO 4. ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
ARAUCA
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de primera
instancia que amparó
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver las impugnaciones presentadas por el municipio de Arauca
y la E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla contra la decisión de 2 de diciembre de 2024, a
través de la cual el Tribunal Administrativo de Arauca amparó los derechos
fundamentales de los accionantes.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Los ciudadanos Luisa Oliveros Nieves, María Elizabeth Martínez Parales, Omar
Antonio Magurno, Elio Antonio Castillo, Carlos Alberto Osorio, Víctor Raúl Garcés
Medina, Rosa Margarita Pinzón García, Mirta Rocío Perdomo Velandia, Gloria
Mercedes Benavides Delgado, José Gregorio Tovar Castillo, Ariel Antonio Bello
Bravo, Gloria Patricia Rojas Morales, María Yanet Marín Soriano, Eusebia del Carmen
Guerrero Mejía, Rosa Alba Rangel Mogollón, Mirta Lisecna Parales Robayo y Carlos
Eduardo Granados Colmenares, actuando a través de apoderado judicial, solicitaron
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad material
y procesal, de acceso a la administración de justicia, al trabajo y a los principios de
seguridad jurídica, dignidad humana, buena fe y confianza legítima.
Las anteriores garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión de
las actuaciones del Juzgado 4. Administrativo del Circuito Judicial de Arauca dentro
del proceso de nulidad simple identificado con el radicado 81001-3333-001-2022-
00429-00, que en sentencia del 20 de junio de 2024 declaró la nulidad del Acuerdo
Municipal 028 de 5 de julio de 1995.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
1.- Que se les tutelen y protejan los derechos fundamentales al debido proceso
constitucional, seguridad jurídica, confianza legítima, buena fe, igualdad material
y procesal, acceso a la administración de justicia, dignidad humana, violación al
derecho de defensa y de contradicción y demás derechos fundamentales que el
Tribunal constitucional encuentre en el desarrollo del proceso, vulnerados por EL
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARAUCA, en el
siguiente expediente:
2.- Que el Tribunal constitucional ordene al JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARAUCA, proceda a la salvaguarda de
los derechos fundamentales señalados en el numeral anterior, en favor de los
servidores públicos del municipio de Arauca relacionados en esta solicitud de
Tutela, en razón a que les han sido vulnerados y desconocidos los derechos
fundamentales relacionados en la primera pretensión de esta Tutela.
3.- Que consecuencialmente, se ordene judicialmente al JUZGADO CUARTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARAUCA, decretar la nulidad de todo lo
actuado, dentro del expediente N° 81001- 3333-001- 2022-00429-00, a partir del
auto admisorio de la demanda de 17 febrero de 2023, emitido por el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARAUCA, por la falta de
integración del contradictorio, respecto de los funcionarios públicos del municipio
de Arauca, actuando en esta oportunidad como tutelantes.
4.- Que se ordene la debida integración del contradictorio por parte del JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARAUCA, vinculando a los
funcionarios públicos municipales tutelantes, para que puedan ejercitar el derecho
de defensa y el derecho de contradicción correspondiente, en el expediente
consignado en esta solicitud de Tutela, a partir del auto admisorio de la demanda.
5- Que se imparta comunicación al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE ARAUCA, para lo que corresponde a su cargo.1
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El 15 de junio de 2022 la E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla, inició demanda contra el
Municipio de Arauca y el Concejo de dicho municipio con el fin de obtener la nulidad
del Acuerdo Municipal 028 de 5 de julio de 1995, por medio del cual se establecía una
prima de antigüedad para los empleados de ese ente territorial, vinculados antes del
31 de diciembre de 1993.
El proceso correspondió al Juzgado 1.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
y se le asignó el radicado 81001-3333-001-2022-00429-00, sin embargo, con
posterioridad, fue asignado al Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de
Arauca en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo CSJNSA23-319 del 12 de julio de 2023.
Mediante auto del 17 de febrero de 2023 se admitió la demanda luego de subsanados
los yerros advertidos por el juez. En dicha providencia se ordenó notificar
personalmente al Municipio de Arauca, Concejo Municipal de Arauca y al Ministerio
Público acreditado ante los Juzgados Administrativos de Arauca, para lo de su
competencia.
1 Transcripción textual incluyendo posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
De igual manera, solicitó que las demandadas aportaran en medio digital junto con la
contestación de la demanda, todas las pruebas que tengan en su poder y que
pretendan hacer valer en el proceso de conformidad con lo señalado en el numeral 4
del artículo 175 del CPACA.
Finalmente, reconoció personería a la abogada de la demandante y ordenó que por
secretaria al «notificar la demanda, deberá remitir copia electrónica de la subsanación y sus
anexos a la Entidad demandada».
El municipio de Arauca contestó la demanda el 10 de mayo de 2023, en la que propuso
la excepción previa de falta de conformación de litisconsorcio necesario. En la medida
que, en su sentir, debía vincularse a los empleados públicos destinatarios del Acuerdo
Municipal 28 de 1995 cuya nulidad se pretende.
Con auto de 23 de agosto de 2023, la autoridad judicial accionada resolvió
negativamente la excepción previa planteada, al efecto indicó que el Consejo de
Estado en acciones de nulidad simple ha distinguido entre el litisconsorcio necesario,
el cual únicamente estará integrado por las entidades públicas que hayan expedido el
acto administrativo, y los meros coadyuvantes, que libremente pueden intervenir en
razón al carácter público de la acción, por lo que en el caso concreto solo es necesaria
la integración del contradictorio con el Concejo Municipal de Arauca que esta
representado por el municipio como tal.
El Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca profirió sentencia el 20
de junio de 2024 en la que declaró la nulidad del acuerdo demandado. Como sustento
de su decisión indicó que el beneficio salarial creado en favor de los empleados
públicos municipales fue proferido por una corporación que no tenía la competencia
para ello.
Así, recordó que las competencias otorgadas a los concejos municipales, se limitan a
la determinación de las escalas de remuneración, más no a la creación nuevos
factores salariales como lo es la prima de antigüedad, función que es exclusiva del
Congreso de la República por disposición expresa de la Constitucional Política.
El 5 de agosto de 2024, la vicepresidenta del Sindicato de Trabajadores Oficiales y
Empleados Públicos del Municipio de Arauca (SINTREMAR) solicitó acceso al
expediente ordinario, petición atendida favorablemente el 20 de septiembre del mismo
año.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Los actores sustentaron la presunta vulneración a sus derechos fundamentales con
base en dos líneas de argumentación, respecto de lo actuado por el Juzgado 4. °
Administrativo del Circuito Judicial de Arauca.
En primer lugar, afirmaron que, teniendo en cuenta que son beneficiarios de la prima
de antigüedad, debieron ser vinculados al proceso por cuanto les asiste un interés
directo en su resultado, lo que les confiere la calidad de litisconsortes necesarios. Así
indicaron:
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
«Para que los empleados públicos hubiesen tenido conocimiento oficial del
proceso de nulidad, el mecanismo propicio era el de haberles notificado de
tal situación en el auto admisorio de la demanda o en posterior decisión
tomada para que ellos pudieran defender sus derechos. Solamente se tuvo
conocimiento del acontecer y su resultado procesal en contra de sus intereses
laborales el 09 de septiembre 2024, cuando fue publicada la resolución N°
566 de julio 29 de 2024».
Por lo anterior, expusieron que se desconoció la obligatoriedad de atender las normas
procesales, que son de obligatorio cumplimiento al no ordenar su vinculación desde
la admisión de la demanda.
Expusieron que, en la demanda de nulidad simple, se afirmó que la E.S.E. había
puesto en conocimiento de los empleados que se demandaría el Acuerdo Municipal
028 de 5 de julio de 1995; no obstante, dicha comunicación nunca se hizo, por lo que
no pudieron enterarse de la existencia del medio de control.
Estimaron que cuando el Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
resolvió la excepción previa del municipio de Arauca, tendiente a que se vinculara a
ese grupo de trabajadores, la autoridad la negó sin motivación, desconociendo,
además, su deber de realizar el correspondiente control de legalidad de que trata el
artículo 207 de la Ley 1437 de 2011.
Fueron enfáticos en que, al no haber sido llamados al proceso, perdieron la
oportunidad para ejercer sus derechos a la defensa y contradicción. En su sentir, estos
servidores debieron ser integrados al contradictorio y «debieron formar parte de la
relación jurídico – procesal a partir del auto admisorio de la demanda».
En segundo lugar, se enfocaron en presuntas falencias de fondo respecto de la
decisión que se adoptó en la sentencia de 20 de junio de 2024. Puntualmente,
manifestaron que con la demanda no se allegó la revisión del gobernador al Acuerdo
demandado ni la constancia de publicación, lo que era necesario para que el despacho
verificara la eficacia del acto administrativo.
Por otra parte, consideraron que el municipio de Arauca suspendió el pago de la prima
de antigüedad sin que mediara acto administrativo de cumplimiento de la sentencia.
1.5. Trámite de la acción
Mediante providencia de 20 de noviembre de 2024, la magistrada ponente de la
primera instancia ordenó notificar al Juzgado 4. Administrativo del Circuito Judicial de
Arauca, como accionado.
Por otra parte, vinculó, como terceros con interés directo, a la E.S.E Jaime Alvarado
y Castilla, al municipio de Arauca y al Concejo Municipal de Arauca.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
contestaciones:
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
1.6.1. E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla
Para la entidad, los actores sí conocían del proceso de nulidad simple, afirmó que se
realizaron múltiples reuniones con los sindicatos en donde se puso en conocimiento
la demanda relativa a la prima de antigüedad, por lo que no pueden intentar utilizar su
propia culpa a su favor.
Concluyó que, en todo caso, los accionantes no tiene la calidad de litisconsortes
necesarios, puesto que no fueron ellos quienes profirieron el acto administrativo
demandado, por lo que su vinculación no era necesaria.
1.6.2. Juzgado 4. Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
La titular del despacho solicitó negar las pretensiones de amparo, para ello, recordó
que las nulidades procesales solo pueden ser planteadas por las partes o quienes
debieron ser vinculados al proceso; no obstante, al tratarse de un medio de control de
nulidad simple, no puede decirse que los empleados accionantes debieran ser
llamados como parte, puesto que el acto administrativo demandado era de carácter
general por lo que no se estaban resolviendo situaciones particulares.
Por otra parte, consideró que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, por
cuanto los actores pudieron solicitar su vinculación al proceso ordinario en calidad de
coadyuvantes y así proponer la nulidad procesal por falta de vinculación, lo que no
ocurrió.
Finalmente, concluyó que, de existir una irregularidad, esta se habría originado en la
admisión de la demanda y no a partir de la sentencia, por lo que actualmente no es
posible que se proponga un incidente de nulidad puesto que ya se profirió el fallo
dentro de la nulidad simple.
1.6.3 Municipio de Arauca
El ente territorial arguyó que no estaba causando algún perjuicio a los actores, por
cuanto el acto administrativo anulado era ilegal. A su vez, defendió el hecho de haber
suspendido el pago de la prima discutida, esto por cuanto hace parte de sus deberes
dar cumplimiento a las providencias judiciales.
En todo caso, resaltó que la intervención que hubiera podido ejercer la parte actora
habría sido inane, puesto que la competencia para crear emolumentos salariales es
exclusiva del Congreso de la República y, excepcionalmente, del Gobierno Nacional,
por lo que no era posible que defendieran un factor salarial abiertamente contrario a
la ley.
1.6.4. Concejo Municipal de Arauca
Manifestó que no vulneró algún derecho de los invocados, por lo tanto, pidió su
desvinculación por falta de legitimación por pasiva.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
1.7. Fallo impugnado
El 2 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Arauca, luego de considerar
acreditados los requisitos de procedibilidad, amparó los derechos fundamentales de
los actores.
Para ello, señaló que el numeral 5. del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011 establece
que, tratándose del medio de control de nulidad simple y si se trata de un proceso en
el que pueda estar interesada la comunidad, es necesario que se informe la existencia
del expediente a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso –
Administrativo.
Una vez verificó lo actuado por la autoridad accionada, advirtió que tal publicación no
se efectuó, lo que vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los actores
por cuanto se les negó la posibilidad de acudir a la controversia.
Con base en jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado2, estableció
que cuando se demanda un acto administrativo general, debe convocarse al proceso
a las personas «respecto de quienes pueda tener incidencia el acto administrativo».
En consecuencia, estimó configurado un defecto procedimental absoluto, por lo que
dispuso que:
En suma, se hacen necesarias medidas de saneamiento por parte del A quo, en
tanto no se informó o citó a la comunidad interesada, según previsión del Numeral
5 del Artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, y en consecuencia se ordenará la
publicación o informe respectivo, para lo cual se hace necesario declarar la nulidad
de la actuación a partir del vencimiento del término de traslado de la demanda
principal, dejando sin efectos la sentencia dictada por la Juez Cuarta Administrativa
de Arauca el 20 de junio de 2024
1.8. Impugnaciones3
El 9 de diciembre de 2024, el municipio de Arauca y la E.S.E. Jaime Alvarado y
Castilla, presentaron su oposición al fallo de primera instancia, con los siguientes
argumentos:
Para la E.S.E. el Tribunal Administrativo de Arauca emitió el amparo con fundamento
en consideraciones distintas a lo manifestado en el escrito inicial. Explicó que los
actores sustentaron su petición de amparo en el hecho de no haber sido reconocidos
como litisconsortes necesarios, no respecto del cumplimiento del numeral 5. del
artículo 171 de la Ley 1437 de 2011.
2 Proceso 19001-2331-000-2008-00368-01, providencia de 14 de junio de 2013, M.P. Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez (E).
3 La sentencia se notificó mediante correo electrónico enviado el 4 de diciembre de 2024.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
A su juicio, no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto lo
pretendido es revivir etapas procesales y se trata de un asunto meramente económico.
El municipio de Arauca, por su parte, aseguró que los actores no intervinieron en el
medio ordinario porque desconocieran su existencia, sino por desidia, consideró que
el a quo no efectuó consideración alguna de lo manifestado por los demandantes, sino
que esgrimió argumentos propios de quien proyectó la decisión.
1.9. Trámite en segunda instancia
El expediente fue asignado al Despacho del Magistrado Luis Alberto Álvarez Parra,
quien presentó proyecto de fallo que no alcanzó la mayoría para su aprobación, en
atención a ello, se ordenó el sorteo de un conjuez para que dirimiera el empate
presentado.
Así, fue designado como conjuez para el caso, Jesús Vall de Ruten Ruíz, quien no
estuvo de acuerdo con el proyecto presentado, por lo que se ordenó la remisión del
expediente al Despacho de la Magistrada Gloria María Gómez Montoya.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas por el
municipio de Arauca y la E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla contra la sentencia de 2 de
diciembre de 2024, con la que el Tribunal Administrativo de Arauca amparó los
derechos fundamentales invocados por los actores, de conformidad con el Decreto
2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 2 de diciembre de 2024, con la que el Tribunal
Administrativo de Arauca amparó los derechos fundamentales invocados por los
actores.
Para lo anterior, resulta pertinente analizar los siguientes temas: i) la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) los requisitos
generales y específicos de procedibilidad de tutela contra providencia judicial; y, iii) el
caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5 y declaró su procedencia.6
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) la inmediatez; y
iv) la subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de
uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin
que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto de amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad
El juez constitucional de primera instancia superó los requisitos generales de tutela
contra providencia judicial, pero en atención a que uno de los impugnantes considera
que no se cumplió con el de relevancia constitucional la Sala efectuará las siguientes
consideraciones, en relación con la totalidad de los requisitos generales:
2.4.1. Relevancia constitucional
Resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-
215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de frente a este
requisito, así:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para
determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Sobre el particular, para la Sala este requisito se encuentra superado porque no se
está en discusión sobre la prosperidad o no del medio de control, ni sobre la legalidad
del acto y sus consecuentes repercusiones en los ingresos de los actores, por el
contrario se discute sobre la comunicación que debió hacerse a la comunidad sobre
la existencia del medio de control, por cuanto adujo que en consecuencia de este yerro
se le vulneraron sus derechos fundamentales más allá del debate legal surtido ante el
juez natural de la especialidad.
En este caso, no se trata de una simple discrepancia con lo decidido ni tiene
naturaleza netamente económica, sino que lo debatido tiene raigambre constitucional,
al punto que los accionantes tienen la intención de demostrar la existencia de un yerro
que afecta su derecho de contradicción y defensa lo que evidencia una probable
violación de principios de rango constitucional.
Por lo anterior se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
vulneración de los derechos fundamentales de los tutelantes, cuya controversia no se
enfocó en un debate de contenido legal, ni económico, sino que se justificó en una
notoria tensión entre las garantías expuestas y la decisión judicial objeto de reproche.
2.4.2. Subsidiariedad
El asunto fue definido en sentencia del 20 de junio de 2024, en ella se accedió a las
pretensiones de la nulidad simple adelantada contra el Acuerdo Municipal 028 de 5
de julio de 1995. De otra parte, el reparo de los accionantes está en su falta de
vinculación al trámite desde la admisión de la demanda.
Ahora bien, para resolver sobre este requisito, lo primero a tener en cuenta es que el
numeral 8 del artículo 133 de la Ley 1564 de 2012 establece que se configura una
causal de nulidad cuando no se practica en legal forma la notificación del auto
admisorio de la demanda a las personas que deban ser vinculadas como partes.
En este caso, los actores no podrían alegar la configuración de dicha causal, en la
medida que no existe disposición normativa que obligue a la notificación del auto
admisorio a los miembros de la sociedad que pueden verse afectados con la decisión
en el medio de control de nulidad simple, solo se indica la obligación del juez de
comunicar en la página web la existencia del medio de control.
De igual manera, el municipio accionado solicitó su vinculación al proceso en calidad
de litisconsortes y esa petición fue despachada desfavorablemente, aunado a que el
proceso ya finalizó y la nulidad no se originó en la sentencia por lo que no podrían
invocar dicha causal, ya que el yerro se originó en el auto admisorio de la demanda
que al no ser comunicado les impidió intervenir en su calidad de afectados con la
decisión.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
Por tal razón, no existen otros mecanismos de defensa judicial para discutir la
configuración de los presuntos yerros en los que habría incurrido el juez natural de la
causa, en tanto la inconformidad señalada por la parte actora ya fue puesta en
conocimiento del juez ordinario quien consideró que no existía la existencia de
litisconsorcio en el caso concreto por lo que al no estar pendiente de ser tramitado
cualquier recurso o remedio ordinario o extraordinario; procede, en consecuencia,
resolver el fondo del asunto.
2.4.3. Inmediatez
También se acredita el cumplimiento del requisito de la inmediatez. Lo anterior, dado
El asunto fue definido en sentencia del 20 de junio de 2024, en ella se accedió a las
pretensiones de la nulidad simple adelantada contra el Acuerdo Municipal 028 de 5
de julio de 1995, mientras que la actora presentó la acción de tutela el 19 de
noviembre de 2024, por lo que la acción de tutela se radicó dentro del término
razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia de la Sala Plena de esta
Corporación.7
2.4.4. Tutela contra tutela
La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior del proceso
de nulidad simple identificado con el radicado 81001-3333-001-2022-00429-00.
Superadas las exigencias en mención, la Sala abordará las impugnaciones
presentadas no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de amparo, el
cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la
autonomía judicial8, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad
jurídica y la confianza en los fallos judiciales9.
2.4. Defecto procedimental
Al respecto, la Corte Constitucional ha reconocido dos modalidades de defecto
procedimental: a) uno absoluto, que se presenta cuando el operador judicial se aparta
por completo del procedimiento legalmente establecido, y b) por exceso ritual
manifiesto, que tiene lugar cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica
objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas
procesales10.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Sentencia T-620 de 9 de septiembre de 2013. Sentencia T-268 de 2010. El Alto Tribunal también ha
considerado que el defecto procedimental se puede configurar por la violación del derecho a la defensa
técnica, puesto que «… el concepto de defensa técnica como el derecho de la persona a escoger su
propio defensor y, de no ser ello posible, a ser representado por uno de oficio designado por el Estado,
quien a su vez debe contar con un nivel básico de formación jurídica» (sentencia T- 561 de 2014)
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
En lo concerniente al defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha
señalado que «el defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el
juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso
respectivo.»11
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que es el que se
alega con esta acción de tutela, se configura «cuando hay una renuncia consciente
de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales»12.
Asimismo, se ha contemplado que el defecto procedimental también ocurre cuando
el operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido
(absoluto), pero que cualquiera que sea el caso, la procedencia de la acción de tutela
en presencia del vicio de tal naturaleza se sujeta a la concurrencia de los siguientes
elementos13:
i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo
con el carácter subsidiario de la acción de tutela.
ii) Que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de vulnerar los derechos fundamentales.
iii) Que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que
ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico.
iv) Que la situación irregular no sea atribuible al afectado.
v) Que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales.
De igual manera, la Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento del
procedimiento que se arguye puede ser una deficiencia atribuible al afectado14.
2.5. Caso concreto
La sentencia de primera instancia ordenó el amparo de los derechos fundamentales
invocados por la señora Luisa Oliveros Nieves y otros, en la que, entre otras, ordenó:
SEGUNDO: En consecuencia, DECLARAR la nulidad del proceso a partir del
vencimiento del término de traslado de la demanda, dentro del expediente No.
81001-3333-001- 2022-00429-00.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo de Arauca, efectuar las
medidas de saneamiento que correspondan, e informar sobre la existencia del
proceso No. 81001-3333-001- 2022-00429-00 a través de la página web de la Rama
11 Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007.
12 Corte Constitucional, sentencia T - 620 de 9 de septiembre de 2013.
13 Ibidem.
14 Al respecto, ver las Sentencias T-538 de 1994, SU 478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011,
entre otras.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
Judicial (www.ramajudicial.gov.co) y la fijación de un aviso en lugar visible de la
página web y de la Secretaría del Juzgado, en aplicación de lo dispuesto en el
Numeral 5 del Artículo 171 de la Ley 1437 de 2011 del CPACA, con el fin de que
pueda intervenir en el proceso cualquier integrante de la comunidad que esté
interesado en el asunto.
Sin embargo, en su impugnación la E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla consideró que el
Tribunal Administrativo de Arauca excedió su competencia al ordenar el amparo con
fundamento en consideraciones distintas a las manifestadas en el escrito inicial y que
no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional al intentar revivir etapas
procesales y tratarse de un asunto meramente económico. Por su parte, el municipio
de Arauca aseguró que los actores no intervinieron en el medio ordinario no porque
desconocieran su existencia, sino por desidia.
Superados los requisitos generales, en relación con los demás reparos de los
impugnantes, esta Sala destaca que, si bien, la tutela contra providencia judicial exige
una carga argumentativa superior a la que caracteriza la informalidad de esta acción
constitucional, lo cierto es, que la parte actora si manifestó el yerro en el que incurrió
el juzgado accionado al punto que refirió que la autoridad judicial accionada había
desconocido normas de derecho procesal que son de obligatorio cumplimiento.
Al respecto, en el escrito inicial se indicó:
«Para que los empleados públicos hubiesen tenido conocimiento oficial del
proceso de nulidad, el mecanismo propicio era el de haberles notificado de
tal situación en el auto admisorio de la demanda …».
Esto hace referencia expresamente al numeral 5 del artículo 171 de la Ley 1437 de
2011, que establece:
ARTÍCULO 171. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El juez admitirá la demanda
que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda,
aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, mediante
auto en el que dispondrá:
(…)
5. Que cuando se demande la nulidad de un acto administrativo en que pueda
estar interesada la comunidad, se informe a esta de la existencia del proceso
a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo
anterior, sin perjuicio de que el juez, cuando lo estime necesario, disponga
simultáneamente la divulgación a través de otros medios de comunicación,
teniendo en cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto demandado.
En tal medida, cuando se trata de una controversia que involucra algún asunto de
interés de la comunidad, en el auto admisorio de la demanda es obligatorio informar
de la existencia del proceso a través del sitio web de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
Lo anterior, busca garantizar la transparencia y el debido proceso, permitiendo que
los interesados puedan conocer la existencia de la demanda y ejercer su derecho a
participar en el proceso, lo contrario generaría como en efecto ocurrió un perjuicio
irremediable para los afectados, en cuanto no contaron con la oportunidad de defender
sus intereses.
Es de resaltar que el amparo concedido en primera instancia y que será confirmado,
busca garantizar la oportunidad de intervención o comparecencia de la comunidad
dentro del proceso, por lo cual debe retrotraerse el proceso para brindar la oportunidad
de intervenir, que conforme el artículo 223 de la Ley 1437 de 2011 puede ocurrir hasta
en la audiencia inicial.
De tal manera, que no le asiste razón a los impugnantes si no que como lo señaló el
a quo estamos ante la configuración de un defecto procedimental absoluto por
desconocimiento del artículo 171 de la Ley 1437, al omitir el procedimiento propio de
la nulidad simple y dejando a los accionantes en la imposibilidad de intervenir en el
proceso, por lo que la decisión de primera instancia será confirmada en su totalidad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de diciembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Arauca que amparo los derechos fundamentales
invocados.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salva Voto
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Luisa Oliveros Nieves y otros
Demandado: Juzgado 4.° Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
Radicado: 81001-23-39-000-2024-00058-01
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva Voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
JESÚS VALL DE RUTEN RUÍZ
Conjuez
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.