Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03387-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-03387-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03387-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
27 de agosto de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03387-01
Demandante: Departamento del Caquetá
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03387-01
Demandante: Departamento del Caquetá
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá
Tema: Tutela contra providencia judicial. Revisión de acuerdos
municipales. Tutela improcedente contra sentencias proferidas en
control abstracto de legalidad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 12 de junio de 2026, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado,
que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.»
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 4 de mayo de 2026, el departamento del Caquetá, a través de apoderado, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, por estimar vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia violados a través de la sentencia del 4 de marzo de 2026,
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ dentro del medio de
control de revisión de legalidad radicado bajo el número 18001-23-33-000-2026-00013-
00.
1. Como consecuencia de la decisión de amparo, dejar sin efectos la sentencia del 4 de
marzo de 2026 dictada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, dentro del
proceso de referido.
2. Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA, que en el perentorio
término de ocho (8) días, profiera la sentencia de reemplazo, atendiendo las previsiones
contendidas en esta acción tutelar y las recomendaciones que el Honorable CONSEJO
DE ESTADO tenga a bien hacer».
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
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Demandante: Departamento del Caquetá
El Concejo Municipal de Valparaíso expidió el Acuerdo 028 del 25 de diciembre de
2025, «Por medio del cual se realiza adición 08 en el presupuesto de rentas, presupuesto de
gastos de la administración central del municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá,
para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de
diciembre del año dos mil veinticinco (2025)».
En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 119 y 120 del Decreto Ley
1333 de 1986, el gobernador del departamento del Caquetá remitió el referido Acuerdo
028 al Tribunal Administrativo del Caquetá para que decidiera sobre su legalidad, en
particular sobre el artículo 2° de dicho acuerdo.
El proceso se tramitó bajo el radicado núm. 18001-23-33-000-2026-00013-00 y, una
vez agotadas las respectivas etapas procesales, el Tribunal Administrativo, mediante
sentencia de única instancia del 4 de marzo de 2026, declaró la validez del acuerdo.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora adujo que la presente acción de tutela cumple los requisitos generales
de procedibilidad y las causales específicas. Entre estas últimas, sostuvo que el
Tribunal incurrió en las siguientes:
• Defecto sustantivo: en tanto la autoridad judicial accionada realizó una
interpretación irrazonable y contra legem del artículo 111 de la Ley 99 de 1993,
del artículo 18 del Decreto 111 de 1996 y del artículo 352 de la Constitución
Política. Según la parte actora, de conformidad con esas disposiciones, el
municipio tenía la obligación de destinar el 1% del presupuesto para fines
ambientales. Pese a ello, el Acuerdo 028 del 25 de diciembre de 2025 adicionó
$90.000.000 correspondientes a multas, sanciones e intereses de mora y
únicamente apropió $540.000 para el sector ambiental.
El Tribunal consideró que para verificar si se incumplió la obligación de destinar el
1% para fines ambientales era indispensable conocer el presupuesto general
inicial del municipio para la vigencia 2025. No obstante, a juicio del demandante,
el control de legalidad recaía exclusivamente sobre el acuerdo demandado,
mediante el cual se realizaba una adición presupuestal, por lo cual bastaba con
realizar un análisis de ese acto.
• Defecto por motivación insuficiente o motivación materialmente inexistente,
debido a que el Tribunal debía determinar si el Acuerdo Municipal No. 028 de
2025, mediante el cual se adicionaron recursos al presupuesto municipal, respetó
las obligaciones legales de destinación forzosa que recaían sobre los ingresos
incorporados en ese mismo acto. Sin embargo, la Sala centró su análisis en el
contenido del presupuesto general inicial de la vigencia 2025 y omitió
pronunciarse sobre la contradicción normativa y presupuestal que, según el
demandante, surgía directamente de la confrontación entre los artículos 1° y 2°
del acuerdo acusado.
• Violación directa de la Constitución: por cuanto la sentencia cuestionada
desconoció los artículos 29, 79, 80 y 352 de la Constitución Política. El tutelante
señala que la decisión pasó por alto las normas orgánicas de presupuesto, al
permitir que ingresaran recursos sujetos a una destinación legal obligatoria sin
reflejar la apropiación correspondiente en el gasto. Igualmente, desatendió el
deber constitucional de las autoridades de proteger el medio ambiente.
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Adicionalmente, el accionante consideró que esa Corporación vulneró el debido
proceso, por cuanto impuso una carga probatoria que no resultaba necesaria para
adoptar la decisión. Lo anterior, por cuanto sostuvo que en el expediente no
obraba el acuerdo de presupuesto general de la vigencia 2025, cuando con la
valoración del Acuerdo 028 del 25 de diciembre de 2025 bastaba para determinar
la inconsistencia presupuestal.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la providencia del 12 de mayo
de 2026, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y al
Tribunal Administrativo del Caquetá, en calidad de demandado. En la misma
providencia, ordenó vincular al municipio de Valparaíso y al Concejo Municipal de
Valparaíso.
5. La respuesta del demandado y de los terceros interesados
El Tribunal Administrativo del Caquetá, el municipio de Valparaíso y el Concejo
Municipal de Valparaíso guardaron silencio, pese a haber sido notificados en debida
forma.
6. Sentencia de primera instancia
El 12 de junio de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia
de primera instancia, en la cual declaró improcedente la solicitud de tutela, por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, con fundamento en los siguientes
argumentos:
• En el caso concreto, el Tribunal «expuso de manera razonada, coherente y fundamentada
las razones jurídicas por las cuales declaraba la validez del artículo 2° del Acuerdo Municipal No.
028 del 25 de diciembre de 2025, pues no se allegó el acuerdo municipal mediante el cual se
adoptó el presupuesto general de ingresos y gastos del Municipio de Valparaíso para la vigencia
2025, el cual era indispensable para verificar si el valor cuestionado se encontraba por debajo del
umbral del 1% o si hacia parte de una destinación global que cumplía con el mandato legal y, en
esa medida “[…] la comparación propuesta por el solicitante parte de una premisa que no puede
ser corroborada con el acervo probatorio obrante en el expediente […]”.».
• Los planteamientos realizados por el accionante en la solicitud de amparo no giran
en torno al alcance de un derecho fundamental, sino únicamente respecto a la
mera inconformidad con la decisión adoptada mediante la sentencia objeto de
reproche. De tal manera que la parte actora pretende usar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional. Sin embargo, el juez de tutela no
puede inmiscuirse en asuntos propios de la competencia del juez natural.
7. Impugnación
El departamento del Caquetá impugnó la decisión de primera instancia para insistir en
las razones por las cuales considera que la presente solicitud de amparo sí supera el
presupuesto de relevancia constitucional, en tanto la providencia cuestionada no
resolvió un debate puramente legal y contable, sino uno con plena incidencia en los
mandatos constitucionales, especialmente, los artículos 29, 79, 80 y 352 de la
Constitución Política.
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En ese sentido, enfatiza que «exigir el presupuesto general inicial como condición para estudiar
una infracción que, según el actor, surgía de la comparación interna entre los artículos 1 y 2 del propio
acuerdo de adición» constituye una irregularidad que compromete el núcleo esencial del
debido proceso sustantivo. Lo anterior, por cuanto esa exigencia probatoria no guarda
relación con el cargo formulado, lo que impidió que fuera objeto de un pronunciamiento
de fondo.
Precisamente, esa fue la tesis expuesta en el salvamento de voto de la sentencia
cuestionada, según la cual «la infracción podía verificarse a partir del acto de adición presupuestal,
sin necesidad de acudir al presupuesto general inicial». De ahí que, en criterio del impugnante,
el juez constitucional estaba llamado a emitir un pronunciamiento de fondo sobre los
reparos planteados.
Señala que, en casos similares1, el Tribunal declaró la ilegalidad de disposiciones
semejantes a la aquí demandada en acuerdos de otros municipios y concluyó que «la
ausencia de una apropiación clara y expresa del 1% ambiental configuraba una inobservancia directa
del mandato legal y del principio de especialidad presupuestal», sin exigir el presupuesto general
inicial como condición para estudiar un juicio de legalidad.
En cuanto al requisito de subsidiariedad, alegó que, al ser un medio de control de
única instancia, la acción de tutela se convierte en el único medio de defensa judicial
para controvertir la decisión adoptada en el proceso, pues no cuenta con un recurso
ordinario o extraordinario para ese mismo propósito.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional»2, para lo cual
1
Sentencia del 29 de abril de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, magistrada ponente: Edith Alarcón
Bernal, radicado: 18001-23-33-000-2026-00011-00 y sentencia del 28 de mayo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo
del Caquetá, magistrada ponente: Angélica María Hernández Gutiérrez, radicado: 18001-23-33-000-2026-00010-00.
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
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aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
En los términos del escrito de impugnación, a la Sala le corresponde determinar si se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia, que declaró
improcedente la solicitud de amparo, al advertir que la presente solicitud de amparo
carecía de relevancia constitucional.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, pero por una razón
distinta. En concreto, en este caso la improcedencia de la acción de tutela surge
porque se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de control de legalidad
de un acto administrativo municipal de carácter general y abstracto.
(i) La improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general,
impersonal y abstracto.
El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela no procederá «cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto»,
pues existen otros mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son la acción de
inconstitucionalidad contra las leyes o las acciones de simple nulidad y de nulidad por
inconstitucionalidad contra actos generales, según el caso.
La acción de tutela no puede ejercerse para cuestionar ese tipo de actos, pues este
mecanismo no está previsto para restablecer la juridicidad posiblemente quebrantada
por un acto general, sino para «suspender los efectos violatorios o amenazantes de alguno
de los derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto
cuya aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas provisionales (esto es antes
de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, según las
voces del artículo 7o. del Decreto en mención»5.
Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco
procede contra una sentencia dictada en un proceso de simple nulidad, por cuanto en
ese tipo de procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez únicamente
analiza la legalidad del acto. La acción de simple nulidad persigue la defensa de la
legalidad, del orden jurídico en abstracto. De modo que la sentencia que se dicta en
ese tipo de procesos no podría amenazar o violar de manera directa y concreta
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
5
Sentencia T-321 de 1993
5
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derechos fundamentales6. En efecto, en múltiples fallos7, esta Sección ha precisado
que:
Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de Estado se dictó
en cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto es, un control abstracto de
la norma que se considera ilegal y, por tanto, la decisión que se adopta lo que determina es
si se ajusta o no a la normativa superior y, por ende, tiene efectos erga omnes. No define de
manera concreta una situación particular, como sí ocurre con sentencias dictadas por los
organismos judiciales en acciones y medios de control con decisiones judiciales de carácter
particular.
En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad de una
sentencia de constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere la autoridad judicial
es un ejercicio de puro derecho que en manera alguna podría afectar derechos
fundamentales, toda vez que lo pretendido es determinar que no desconozca postulados
constitucionales o legales.
Además, vale la pena precisar que, según lo dispone el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991,
la acción de tutela es improcedente cuando se dirija contra actos administrativos de carácter
general, impersonal y abstracto, lo que permite determinar que, igualmente, resulta
improcedente para censurar la sentencia que decide sobre su constitucionalidad o legalidad.
Idénticas consideraciones se predican en relación con las sentencias dictadas en
única instancia por los tribunales administrativos en ejercicio del control abstracto de
legalidad de normas municipales que promueva el gobernador, en virtud de la
atribución dispuesta en el artículo 305, numeral 10, de la Constitución Política.
La citada norma constitucional enlista entre las atribuciones del gobernador la de «10.
Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad
o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez».
Por su lado, el artículo 151 del CPACA establece que los tribunales administrativos
conocerán en única instancia «2. De las observaciones que formulen los gobernadores de los
departamentos acerca de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales».
Significa que cuando el gobernador considere inconstitucional o ilegal un acuerdo
municipal [previamente remitido por el alcalde8] debe enviarlo al tribunal administrativo
de su jurisdicción para que adelante el control judicial sobre su constitucionalidad o
legalidad, según los plazos y formalidades descritos en los artículos 119 a 120 del
Decreto 1333 de 1986 [Código de Régimen Municipal]9.
Esta Sección ha señalado que el propósito del trámite de revisión de acuerdos
municipales radica en «garantizar el control jurisdiccional de constitucionalidad y legalidad de los
acuerdos expedidos por los concejos, a partir de las observaciones formuladas por el gobernador, con
6
Sentencia de 23 de octubre de 2025, exp. AC-2025-00087-01, CP Wilson Ramos Girón.
7
Ver sentencias de tutela del 22 de septiembre de 2016, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-
03-15-000-2015-00135-00), CP. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 17 de mayo de 2018, Radicado No. 11001-03-15-000-
2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 10 de octubre de 2018, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-02443-
00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 7 de enero de 2019, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-01699-01 M.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez y del 3 de febrero de 2022, Radicado No. 11001-03-15-000-2021-06516-01 M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez.
[4]
Al respecto, ver sentencia SU-355 de 2020.
8
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la sanción de un acuerdo municipal, el alcalde debe enviar una copia de este al
gobernador (artículo 82 de la Ley 136 de 1994).
9
ARTÍCULO 119. <Ver Notas del Editor> Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o la
ordenanza, lo remitirá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya recibido, al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo para que éste decida sobre su validez.
ARTÍCULO 120. El Gobernador enviará al Tribunal copia del acuerdo acompañado de un escrito que contenga los requisitos
señalados en los numerales 2 a 5 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). El mismo día en
que el Gobernador remita el acuerdo al Tribunal, enviará copia de su escrito a los respectivos alcaldes, personero y Presidente
del Concejo para que éstos, si lo consideran necesario, intervengan en el proceso.
6
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el fin de establecer si dichos actos se ajustan al ordenamiento jurídico, sin que el juez pueda sustituir
el criterio de la corporación territorial en aspectos de mérito, oportunidad o conveniencia»10.
Cumplidas las etapas procesales determinadas en el artículo 121 ibidem11, el Tribunal
Administrativo debe dictar fallo en el que decida sobre la validez o invalidez del
acuerdo sometido a control. La decisión que se adopte no es susceptible de recurso
y produce efectos de cosa juzgada frente a las normas constitucionales y legales cuya
infracción advirtió el gobernador.
En relación con esta clase de control judicial de legalidad que adelanta el tribunal
administrativo por iniciativa del gobernador de la jurisdicción departamental a la que
corresponda, la Corte Constitucional12 y el Consejo de Estado han precisado que tiene
una finalidad similar a la del medio de control de nulidad simple, puesto que también
busca la declaratoria de nulidad (invalidez) de un acto administrativo. No obstante su
similitud, esas altas cortes han precisado que son medios de control independientes,
ejercidos por actores diferentes y en distintas oportunidades13.
Y sobre los efectos de la sentencia de invalidez que se dicta, la Sección Cuarta de
esta Corporación, como juez ordinario en un asunto de simple nulidad, consideró lo
siguiente14:
[…] los fallos que, en ejercicio del control de validez, dicten los Tribunales y en los cuales
se haya declarado la invalidez de un acuerdo municipal, tienen efectos de cosa juzgada
erga omnes en los términos del artículo 175 del C.C.A.15, por lo que, si el mismo acto se
demanda en acción de nulidad, sencillamente hay que estarse a lo resuelto en las
sentencias ya referidas.
2.6. Dado el carácter objetivo de la acción de simple nulidad y del control de validez que
se comenta, la “cosa juzgada” opera sin limitación alguna, de tal suerte que, una vez
declarada la nulidad o la invalidez de una norma, ésta desaparece del escenario jurídico.
La operancia de la cosa juzgada no desconoce los efectos que tienen en el tiempo las
sentencias de validez y de nulidad, puesto que la figura in examine lo que busca es
reconocer la fuerza obligatoria de las sentencias a fin de evitar nuevos pronunciamientos
sobre el mismo tema. Entender lo contrario, llevaría a considerar que las sentencias no
ponen fin a las controversias que se suscitan, ni se daría eficacia a las decisiones
judiciales.
De lo expuesto, resta concluir que la acción de tutela resulta improcedente cuando se
dirige contra una sentencia dictada en ejercicio del control de legalidad de un acto
10 Sentencia de 23 de julio de 2026. Radicado: 11001-03-15-000-2026-02213-01. CP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
11
ARTICULO 121. Al escrito de que trata el artículo anterior, en el Tribunal Administrativo se dará el siguiente trámite:
1. Si el escrito reúne los requisitos de ley, el Magistrado sustanciador ordenará que el negocio se fije en lista por el término de
diez (10) días durante los cuales el fiscal de la corporación y cualquiera otra persona podrán intervenir para defender o impugnar
la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y solicitar la práctica de pruebas.
2. Vencido el término de fijación en lista se decretarán las pruebas pedidas por el Gobernador y los demás intervinientes. Para
la práctica de las mismas se señalará término no superior a diez (10) días.
3. Practicadas las pruebas pasará el asunto al despacho para fallo. El Magistrado dispondrá de diez (10) días para la elaboración
de la ponencia y el Tribunal de otros diez (10) días para decidir. Contra esta decisión, que produce efectos de cosa juzgada en
relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados, no procederá recurso alguno.
12 C-869 de 1999
13 Así se precisó en la sentencia de 12 de noviembre de 2015, exp. 21645, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Esa providencia
además citó las sentencias del 10 de abril de 2011, exp. 18330, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y del 9 de abril de 2015,
exp. 20769, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
14 Sentencia de 12 de noviembre de 2015, exp. 21645, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 De acuerdo con lo previsto en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia que declare la nulidad de
un acto administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes. Esto significa que la regla general, en este punto, es que, “la
sentencia de anulación produce cosa juzgada de efectos absolutos, es oponible a todos, hayan o no intervenido en el proceso.
BETANCUR JARAMILLO, Carlos, Derecho Procesal Administrativo, Señal Editora, 2013, Página 579.
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municipal, de contenido general, impersonal y abstracto. Lo anterior, en el entendido
de que, tal como se ha sostenido respecto de las sentencias que deciden pretensiones
de simple nulidad, dada la naturaleza del acto objeto de examen, no es posible
predicar una presunta vulneración de derechos fundamentales por tratarse de un
estudio de puro derecho encaminado a determinar su conformidad con los preceptos
constitucionales o legales.
(ii) De la improcedencia en el caso concreto
El departamento del Caquetá alega que el Tribunal Administrativo del Caquetá vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, al proferir la sentencia de 4 de marzo de 2026, en el proceso
con radicado 18001-23-33-000-2026-00013-00, como consecuencia del control de
legalidad adelantado por iniciativa del gobernador del departamento del Caquetá y en
virtud de la atribución constitucional contemplada en el artículo 305, numeral 10, de la
Constitución Política.
El Acuerdo 028 del 25 de diciembre de 2025, expedido por el Concejo Municipal de
Valparaíso, «Por medio del cual se realiza adición 08 en el presupuesto de rentas,
presupuesto de gastos de la administración central del municipio de Valparaíso, departamento
de Caquetá, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (01) de enero al treinta y uno
(31) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025)» fue el acto administrativo objeto del
control de legalidad. Agotadas las respectivas etapas procesales, en sentencia de
única instancia de 4 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo del Caquetá declaró
la validez del acuerdo.
Del contenido del citado acuerdo, la Sala observa que es de carácter general,
impersonal y abstracto. Asimismo, de la lectura de la providencia judicial cuestionada,
la Sección constata que el Tribunal consideró que no contó con los elementos
probatorios suficientes para determinar si la autoridad municipal incumplió la
obligación de destinar el 1% para fines ambientales, así:
No obstante, dentro del proceso no fue allegado el acuerdo municipal mediante el cual se
adoptó el presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Valparaíso para la
vigencia 2025. La ausencia de dicho acto impide establecer el monto total de los Ingresos
Corrientes de Libre Destinación y, de igual manera, determinar si la suma de $540.000
incorporada mediante la adición constituye la totalidad de la apropiación ambiental o si,
por el contrario, se integra a una asignación previamente existente que, en conjunto, podría
satisfacer el mínimo legal exigido.
En otras palabras, la Sala no cuenta con los elementos objetivos necesarios para verificar
si el valor cuestionado se encuentra por debajo del umbral del 1% o si hace parte de una
destinación global que cumple con el mandato legal. La comparación propuesta por el
solicitante parte de una premisa que no puede ser corroborada con el acervo probatorio
obrante en el expediente.
Cabe resaltar que tampoco el gobernador, al remitir el acuerdo para su revisión de
legalidad, indicó haber realizado dicho análisis y comparación, desconociéndose cuales
son los argumentos que tuvo en cuenta para determinar que al adicionar un numeral ya
existente el presupuesto general en $540.000,oo, se está violando el artículo 111 de la
Ley 99 de 1993 al destinar un porcentaje inferior al 1% de los Ingresos Corrientes de Libre
Destinación (ICLD) para la adquisición o mantenimiento de áreas estratégicas destinadas
a la conservación de recursos hídricos, pues para arribar a dicha conclusión debió
demostrar que en el Presupuesto General aprobado por el municipio mediante el acuerdo
inicial, sumados los valores que se adicionaron en el acto que se remitió a revisión,
estaban incumpliendo el porcentaje mínimo que la ley exige.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03387-01
Demandante: Departamento del Caquetá
Nótese que la ley impone la obligación de que de la totalidad de los ICLD se destinara el
1%, pero no se indicó, como parece entenderlo el Gobernador, que de toda adición se
destinara ese porcentaje al rubro antes citado. Debió, como ya se dijo, demostrar que al
adicionar los recursos y sumados a la totalidad de ICLD aprobados en el presupuesto
inicial, se incrementaron de tal manera que el rubro destinado a la adquisición o
mantenimiento de áreas estratégicas destinadas a la conservación de recursos hídricos
resultó menor al 1% que ordenaba la norma.
En tales condiciones, no resulta procedente declarar la invalidez del artículo 2° del Acuerdo
No. 028 de 2025, pues no se acreditó la vulneración alegada, debiendo siempre preferirse,
al estudiar la legalidad de un acto administrativo, aquella interpretación que le brinde un
efecto útil y les permita continuar en el ordenamiento jurídico
En ese orden, basta con concluir que la improcedencia de la solicitud de tutela
encuadra en la causal 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, pues a través de este
mecanismo excepcional el departamento demandante pretende dejar sin efecto la
sentencia del 4 de marzo de 2026 del Tribunal Administrativo del Caquetá que declaró
la validez del Acuerdo 028 del 25 de diciembre de 2025, acto de contenido general,
impersonal y abstracto. Ese acto se mantuvo incólume en el ordenamiento jurídico
como consecuencia de los efectos de cosa juzgada erga omnes de la decisión. Es
decir, que sus efectos se surten frente a todos, sin que, por su naturaleza o alcance
general, pueda predicarse una afectación directa de derechos fundamentales16.
En los anteriores términos, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, pero
por las razones previamente señaladas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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Pueden consultarse las sentencias de 23 de octubre de 2025, exp. AC-2025-00087-01, CP Wilson Ramos Girón y de 10 de
diciembre de 2025, exp. AC-2025-05585-01, CP Claudia Rodríguez Velásquez, en las que la Sala se pronunció frente a la
improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial dictada en el medio de control de nulidad simple.
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