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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02213-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02213-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Revocar la sentencia de 23 de abril de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. En consecuencia, Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el municipio de Girón (Santander). 27 Ver sentencia SU 391 de 2016. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-02213-01 Accionante: municipio de Girón Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02213-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02213-01
Accionante: MUNICIPIO DE GIRÓN (SANTANDER)
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial. Revisión de acuerdos municipales.
Defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
directa de la constitución. Improcedencia cuando se cuestionan
decisiones proferidas en control abstracto de constitucionalidad y
legalidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la apoderada del municipio de Girón (Santander), contra la sentencia
de 23 de abril de 2026 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 18 de marzo de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del Municipio de Girón, los cuales resultaron vulnerados con
ocasión de las providencias judiciales proferidas por el Tribunal Administrativo de
Santander dentro del control de legalidad de los Acuerdos Municipales 042 y 055 de
2025.

SEGUNDA. Como consecuencia del amparo solicitado, dejar sin efectos las sentencias
proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander dentro de los procesos de control
de legalidad de los Acuerdos Municipales 042 y 055 de 2025, en las cuales se declaró la
invalidez de dichos actos administrativos.

TERCERA. Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro del trámite
correspondiente, profiera una nueva decisión en el proceso de control de legalidad de
los Acuerdos Municipales 042 y 055 de 2025, respetando los parámetros constitucionales
desarrollados en la presente acción de tutela.

CUARTA. Disponer que en la nueva decisión judicial que se adopte se tengan en cuenta
las consideraciones constitucionales expuestas en la presente acción de tutela respecto
de los defectos identificados en las providencias judiciales cuestionadas.”

1

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Accionante: municipio de Girón

2. Hechos

El municipio accionante, a través de su apoderada judicial, informó que el Concejo
de Girón, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales previstas en
los artículos 287, 311, 313 y 315 de la Constitución Política, expidió el Acuerdo
Municipal núm. 042 de 2025 el 24 de junio de 2025, mediante el cual se dispuso la
creación de una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal,
orientada a fortalecer la capacidad institucional del municipio para la gestión del
desarrollo urbano, la ejecución de proyectos estratégicos, la gestión del suelo y la
estructuración de iniciativas de renovación urbana y desarrollo territorial.

Indicó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 numeral 10 de la
Constitución Política, el Acuerdo Municipal núm. 042 de 2025 fue remitido al
gobernador del departamento de Santander para efectos del correspondiente
control de legalidad. En ejercicio de dicha facultad, el gobernador formuló
observaciones y solicitó al Tribunal Administrativo de Santander adelantar la
respectiva revisión.

Aseveró que el proceso de revisión de acuerdo municipal por observaciones del
gobernador fue radicado bajo el número 68001233300020250041500, de
conocimiento del despacho 0091, que mediante sentencia de única instancia
proferida el 17 de septiembre de 2025, declaró la invalidez del Acuerdo Municipal
núm. 042 del 24 de junio de 2025, expedido por el Concejo de Girón2.

Expuso que con el propósito de atender las consideraciones expuestas por el
Tribunal y garantizar la adecuación normativa del acto administrativo, el Concejo
de Girón adelantó un nuevo trámite de discusión y aprobación del proyecto de
acuerdo, introduciendo ajustes orientados a atender los cuestionamientos
formulados en la decisión judicial, expidiendo como resultado el Acuerdo núm. 055
de 2025, mediante el cual, nuevamente, se dispuso la creación de la empresa
industrial y comercial del estado del orden municipal, incorporando modificaciones
dirigidas a superar las observaciones planteadas en el control de legalidad anterior.

Comentó que el Acuerdo Municipal núm. 055 de 2025 del 30 de septiembre de
2025, fue remitido al gobernador del departamento de Santander para el respectivo
control de legalidad. No obstante, precisó que se hicieron varias observaciones, por
lo que se remitió al Tribunal Administrativo de Santander para adelantar la
respectiva revisión.

1
M.P. Carolina Arias Ferreira.
2
Lo anterior, por cuanto la La Sala concluyó que el Acuerdo 042 de 2025, mediante el cual se creó la Empresa
de Desarrollo Municipal de Girón como empresa industrial y comercial del Estado, vulneró la Constitución
Política y la Ley 489 de 1998, porque dispuso que el capital de la entidad se integraría con un porcentaje del
recaudo de impuestos municipales, pese a que el artículo 85 de dicha ley solo permite que el patrimonio de las
EICE se conforme con bienes o fondos públicos, sus rendimientos, tasas o contribuciones de destinación
especial, mas no con impuestos. Asimismo, estableció que el alcalde no podía adelantar actuaciones
presupuestales que corresponden de manera exclusiva al concejo municipal, lo que desconoció la distribución
constitucional de competencias en materia presupuestal. Tales irregularidades comprometieron la legalidad del
acto de creación de la entidad y condujeron a la declaratoria de invalidez del acuerdo.
2

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Accionante: municipio de Girón

Añadió que el asunto se asignó al despacho 0023 que, mediante sentencia de única
instancia de 3 de marzo de 20264, dictada en el proceso núm.
68001233300020250069000 declaró la invalidez del Acuerdo Municipal núm. 055
de 30 de septiembre de 20255.

Por último, manifestó que al ser sentencia de única instancia no cuenta con otro
medio para controvertir la decisión.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que el debate contra las providencias judiciales supera el
análisis de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, en tanto
está demostrada la relevancia constitucional, inmediatez, legitimación en la causa
y subsidiariedad y precisó además que las decisiones incurrieron en defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución.

En efecto, sostuvo que las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de
Santander mediante las cuales se declaró la invalidez de los Acuerdos Municipales
042 y 055 de 2025, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, además de afectar el principio constitucional
de autonomía territorial. Explicó que dichas providencias impidieron la creación de
una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal, concebida como
un instrumento para fortalecer la gestión del desarrollo urbano, territorial y de
infraestructura del municipio, con fundamento en una interpretación que estimó
contraria al ordenamiento jurídico y a la Constitución.

En cuanto al defecto sustantivo, afirmó que el Tribunal realizó una interpretación
excesivamente restrictiva del régimen jurídico previsto para las empresas
industriales y comerciales del estado, particularmente de los artículos 85 y 97 de la
Ley 489 de 1998. Indicó que las providencias introdujeron limitaciones que el

3
M.P. Luisa Fernanda Flórez Reyes.
4
Con salvamento de voto del magistrado Iván Mauricio Saavedra, por cuanto consideró que decisión mayoritaria
desconoció el alcance del control de legalidad y el principio de conservación del acto administrativo al declarar
la invalidez total del Acuerdo 055 de 2025. Sostuvo que la creación de la Empresa Industrial y Comercial del
Estado constituía el núcleo esencial y autónomo del acuerdo, mientras que las disposiciones relativas a la
eventual participación de capital privado y a la estructura financiera eran accesorias, separables y susceptibles
de ser ajustadas posteriormente dentro del marco legal. En su criterio, aun cuando algunas expresiones del
acuerdo pudieran resultar incompatibles con la Ley 489 de 1998, ello únicamente justificaba la invalidez parcial
de tales apartes y no el retiro íntegro del acto del ordenamiento jurídico. Por ello, estimó que la decisión debió
modularse para preservar la creación de la entidad y someter al Concejo cualquier modificación relacionada con
su naturaleza jurídica, pues la declaratoria de invalidez total implicó un fenómeno de coadministración y
desconoció la libertad de configuración administrativa de las entidades territoriales.
5
La Sala concluyó que el Acuerdo Municipal 055 de 2025 vulneró la Constitución Política y la Ley 489 de 1998
al crear una empresa industrial y comercial del Estado con la posibilidad de incorporar hasta un 10 % de capital
privado, pues el artículo 85 de dicha ley exige que las EICE cuenten con un capital integrado exclusivamente
por bienes o fondos públicos. Precisó que el parágrafo del artículo 97 de la Ley 489 de 1998 únicamente dispuso
que las sociedades de economía mixta con participación estatal igual o superior al 90 % se someten al régimen
de las EICE, sin que ello modifique su naturaleza jurídica ni autorice la creación de empresas industriales y
comerciales del Estado con participación privada. En consecuencia, determinó que el concejo excedió sus
competencias al alterar una tipología de entidad descentralizada reservada al legislador y declaró la invalidez
del acuerdo, pese a concluir que no prosperó el cargo relacionado con la omisión de fijar el monto del capital
inicial, por considerar que esa circunstancia no desconoció los principios de legalidad del gasto y disciplina
fiscal.
3

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Accionante: municipio de Girón

legislador no contempló respecto de la integración del capital de dichas entidades 6
y de las formas de organización administrativa de las entidades territoriales7, lo que
condujo a restringir injustificadamente las competencias del municipio para crear
una entidad descentralizada destinada a gestionar el desarrollo urbano y territorial.
Agregó que esa interpretación resultó manifiestamente irrazonable y, por ello,
vulneró el derecho al debido proceso.

Asimismo, manifestó que la primera de las providencias desconoció el principio de
congruencia, al declarar la invalidez del Acuerdo 042 de 2025 con fundamento en
argumentos relacionados con el origen de los recursos destinados a integrar el
patrimonio de la empresa, pese a que, según afirmó, ese aspecto no hizo parte de
las observaciones formuladas por el gobernador dentro del control de legalidad.

También señaló que ambas sentencias incurrieron en inconsistencias en su
motivación, pues reconocieron la existencia de estudios técnicos que justificaban la
creación de la empresa y, sin embargo, concluyeron que esta no podía constituirse;
además, sostuvo que respecto del Acuerdo 055 de 2025, el Tribunal reconoció que
se trataba de un acto administrativo autónomo, pero finalmente fundamentó su
decisión en las mismas consideraciones expuestas al resolver el control de
legalidad del Acuerdo 042 de 2025.

Frente al derecho de acceso a la administración de justicia sostuvo que las
providencias fueron proferidas dentro del trámite de control de legalidad de
acuerdos municipales, el cual se adelanta en única instancia ante los tribunales
administrativos, de manera que contra esas decisiones no procedía recurso judicial
alguno. En consecuencia, afirmó que la acción de tutela constituía el único
mecanismo judicial disponible para obtener la protección de los derechos
fundamentales que consideró vulnerados.

De igual forma, adujo que las decisiones judiciales afectaron de manera
desproporcionada el principio de autonomía territorial previsto en el artículo 287 de
la Constitución Política, porque impidieron al municipio implementar una decisión
adoptada por el Concejo para fortalecer su capacidad institucional mediante la
creación de una empresa industrial y comercial del estado. Explicó que la creación
de entidades descentralizadas constituye una manifestación de la facultad
constitucional de las entidades territoriales para organizar su administración y
gestionar sus propios intereses, razón por la cual la interpretación acogida por el
Tribunal restringió injustificadamente ese ámbito de autonomía.

Afirmó que las providencias también incurrieron en desconocimiento del precedente
judicial relativo al principio de autonomía territorial 8, pues las entidades pueden
organizar su estructura administrativa y adoptar los instrumentos institucionales

6
Refiriéndose al argumento conforme el cual, en la primera sentencia, se indicó que “los recursos provenientes
del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio no pueden financiar la Empresa Industrial
y Comercial del Estado creada por el municipio” lo cual a su juicio desborda lo previsto en el artículo 85 de la
Ley 489 de 1998.
7
Sobre la segunda sentencia, indicó que el Tribunal reiteró esta línea interpretativa al examinar la previsión
contenida en el acuerdo municipal que permitía la eventual participación de socios estratégicos públicos o
privados hasta en un diez por ciento (10%) del capital de la entidad, para concluir que la inclusión de capital
privado desnaturaliza la figura de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, al considerar que el artículo 85
de la Ley 489 de 1998 establece una regla según la cual el capital de estas entidades debe estar totalmente
constituido por bienes o fondos públicos, pero a su juicio, eso desconoce el artículo 97 de la Ley 489 de 1998.
8
Citó a pie de página la sentencia C-149 de 2010.
4

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Accionante: municipio de Girón

necesarios para el cumplimiento de sus funciones, tal como lo hizo el municipio al
expedir los Acuerdos 042 de 24 de junio de 2025 y 055 de 30 de septiembre de
2025, por lo que no resulta de recibo que se impida la implementación institucional
por una interpretación restrictiva del régimen jurídico aplicable.

Finalmente, en cuanto al defecto de violación directa de la Constitución aseveró
que se configuró al adoptarse una decisión que desconoció de manera directa el
contenido de normas o principios constitucionales que debían orientar la resolución
del caso, especialmente por desconocer el principio de autonomía territorial (art.
287 de la Constitución).

4. Oposición

4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Santander (despacho 002)

A través su titular, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por no
satisfacer los requisitos de procedencia excepcional contra providencias judiciales,
pues estimó que el municipio únicamente manifestó su inconformidad con la
interpretación jurídica acogida en la sentencia cuestionada, sin acreditar la
configuración de un defecto constitucional específico.

Subsidiariamente, pidió negar el amparo al considerar que la providencia fue
proferida por autoridad competente dentro del trámite legal correspondiente, con
suficiente motivación y mediante una interpretación razonable del régimen jurídico
de las empresas industriales y comerciales del Estado. Explicó que la decisión
respondió a la incompatibilidad entre la naturaleza de empresa industrial y
comercial del Estado atribuida a la entidad creada por el Acuerdo 055 de 2025 y la
autorización para incorporar capital privado, circunstancia que, a su juicio,
desnaturalizaba esa tipología de entidad descentralizada.

Asimismo, sostuvo que la tutela pretendía reabrir un debate eminentemente
interpretativo sobre el alcance de los artículos 85 y 97 de la Ley 489 de 1998,
finalidad ajena al carácter excepcional de este mecanismo constitucional.
Igualmente, afirmó que la sentencia no incurrió en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial, violación directa de la Constitución,
incongruencia ni falta de motivación, puesto que analizó expresamente los cargos
formulados en el proceso de revisión, resolvió las excepciones propuestas por el
municipio, distinguió los problemas jurídicos planteados y fundamentó
suficientemente la declaratoria de invalidez del acuerdo.

Añadió que el municipio de Girón ejerció plenamente sus derechos de contradicción
y defensa durante el trámite judicial y obtuvo una decisión motivada, por lo que no
se vulneraron los derechos al debido proceso ni al acceso a la administración de
justicia. Finalmente, indicó que la existencia de un salvamento de voto únicamente
evidenció la presencia de una controversia jurídica legítima al interior de la Sala y
no la arbitrariedad de la decisión mayoritaria.

4.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Santander (despacho 009)

La titular del despacho solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela
por incumplir los requisitos de procedencia excepcional contra providencias
judiciales.
5

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Accionante: municipio de Girón

Sostuvo que la demanda carecía de relevancia constitucional, pues los
cuestionamientos formulados por el municipio de Girón se reducían a una
discrepancia con la interpretación jurídica adoptada en la sentencia de revisión del
Acuerdo 042 de 2025 y pretendían reabrir un debate que ya había sido resuelto por
el juez natural. Añadió que la tutela no podía convertirse en una tercera instancia ni
utilizarse para imponer una interpretación distinta de las normas aplicables a las
empresas industriales y comerciales del Estado.

En relación con los defectos invocados por la parte accionante afirmó que no se
configuró incongruencia, por cuanto el control de legalidad de los acuerdos
municipales se circunscribe al examen de validez del acto administrativo y no
permite al juez pronunciarse por fuera de ese ámbito. Asimismo, sostuvo que la
sentencia aplicó correctamente el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 al concluir que
el capital de las empresas industriales y comerciales del Estado únicamente pueden
integrarse con los bienes y recursos expresamente previstos por el legislador, sin
que sea jurídicamente viable destinar a ese fin recursos provenientes del impuesto
predial unificado ni del impuesto de industria y comercio. Precisó que ese aspecto
sí fue planteado por el gobernador en las observaciones al acuerdo, por lo que la
providencia no incorporó argumentos ajenos al debate procesal.

Igualmente, manifestó que la autonomía territorial debía ejercerse dentro de los
límites fijados por la Constitución y la ley y que, por esa razón, no podía invocarse
para justificar decisiones contrarias al régimen legal aplicable a las empresas
industriales y comerciales del Estado. En consecuencia, consideró que la
providencia se limitó a verificar la conformidad del acuerdo con el ordenamiento
jurídico, sin incurrir en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial
ni violación directa de la Constitución. También indicó que la parte accionante no
explicó de manera concreta cuáles valoraciones de la sentencia afectaban el
modelo institucional adoptado por el municipio ni por qué tales consideraciones
configuraban los defectos alegados.

4.3. Los vinculados al trámite, esto es, el departamento de Santander, Personería
de Girón y Concejo de Girón, guardaron silencio.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
23 de abril de 2026 negó las pretensiones de la acción incoada, por considerar que
las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander no incurrieron
en los defectos sustantivo, procedimental absoluto9, violación directa de la
Constitución ni desconocimiento del precedente judicial invocados por el municipio
de Girón, puesto que las interpretaciones adoptadas sobre los artículos 85 y 97 de
la Ley 489 de 1998 resultaron razonables, plausibles y acordes con el ordenamiento
jurídico.

En particular, estableció que el Tribunal diferenció correctamente el análisis sobre
el cumplimiento de los requisitos para la creación de la empresa industrial y
comercial del Estado del examen relativo a la conformación de su capital, por lo que

9
Sobre este defecto, el a quo señaló que “Los argumentos relativos al supuesto fallo ultra petita y la
inconsistencia en la motivación sobre la cosa juzgada, pueden entenderse como la alegación de una
irregularidad procesal; en consecuencia, esta Subsección los adecuará como un posible defecto procedimental
absoluto”.
6

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no existió contradicción al reconocer la suficiencia del estudio técnico y, al mismo
tiempo, concluir que los recursos provenientes del impuesto predial unificado y del
impuesto de industria y comercio no podían integrar el patrimonio de la entidad, al
no estar previstos por el legislador como fuentes admisibles para ese fin.

Asimismo, determinó que la decisión que declaró la invalidez del Acuerdo 055 de
2025 tampoco incurrió en defecto sustantivo, porque el Tribunal interpretó
correctamente el artículo 97 de la Ley 489 de 1998 al distinguir entre la naturaleza
jurídica de las empresas industriales y comerciales del Estado y el régimen jurídico
aplicable a las sociedades de economía mixta con participación estatal igual o
superior al noventa por ciento. En ese sentido, precisó que dicha disposición no
autorizó la creación de empresas industriales y comerciales del Estado con
participación de capital privado, sino que únicamente extendió el régimen jurídico
de aquellas a determinadas sociedades de economía mixta, sin modificar su
naturaleza societaria.

De igual forma, la Sala descartó la configuración de un defecto procedimental
absoluto, porque comprobó que el gobernador de Santander sí cuestionó, desde el
proceso de revisión del Acuerdo 042 de 2025, la utilización de recursos
provenientes del impuesto predial unificado y del impuesto de industria y comercio
para integrar el capital de la empresa, de manera que el Tribunal no profirió un fallo
ultra petita. También estableció que el hecho de que el Tribunal hubiera reiterado
el criterio jurídico fijado al resolver el control de legalidad del Acuerdo 042 de 2025
no implicó desconocer la autonomía del análisis adelantado respecto del Acuerdo
055 de 2025, pues nada impedía acudir a una línea argumentativa previamente
construida para resolver un asunto con identidad jurídica.

Finalmente, concluyó que tampoco se configuró la violación directa de la
Constitución ni el desconocimiento del precedente judicial, porque la autonomía
territorial prevista en el artículo 287 de la Constitución no tiene carácter absoluto y
debe ejercerse dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley.

En consecuencia, consideró que las providencias cuestionadas respetaron ese
marco constitucional al verificar la conformidad de los acuerdos municipales con los
artículos 85 y 97 de la Ley 489 de 1998, sin desconocer la sentencia C-149 de 2019
ni restringir arbitrariamente las competencias del municipio. Por ello, negó el
amparo al no encontrar acreditada la configuración de ninguno de los defectos
alegados.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el municipio
de Girón impugnó la sentencia que negó el amparo solicitado y pidió su revocatoria.

Como cuestión preliminar, sostuvo que el fallo de primera instancia reconoció el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y la
relevancia constitucional del asunto, pero incurrió en un error de enfoque al reducir
la controversia a una discrepancia interpretativa sobre los artículos 85 y 97 de la
Ley 489 de 1998, sin examinar la dimensión constitucional del debate relacionada
con los límites del control judicial sobre las decisiones de autoorganización
administrativa de las entidades territoriales.

7

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En desarrollo de lo anterior, afirmó que la providencia impugnada omitió analizar si
las decisiones del Tribunal Administrativo de Santander afectaron derechos
fundamentales o desconocieron el marco constitucional que protege la autonomía
territorial, pues se limitó a considerar que las interpretaciones efectuadas por esa
autoridad eran plausibles. Agregó que, al tratarse de decisiones proferidas en un
proceso de control de legalidad de única instancia, la acción de tutela constituía el
único mecanismo judicial para controvertir eventuales defectos constitucionales,
por lo que el juez de tutela debía verificar la compatibilidad de dichas decisiones
con la Constitución y no únicamente su razonabilidad interpretativa.

Adicionalmente, alegó la configuración de un defecto sustantivo porque el Tribunal
validó una interpretación restrictiva del régimen de las empresas industriales y
comerciales del Estado. Indicó que el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 no prohibía
integrar el capital de esas entidades con recursos provenientes de ingresos
tributarios y que la autoridad judicial incorporó una limitación inexistente en el
ordenamiento jurídico, alteró el alcance del régimen legal aplicable, desconoció la
estructura del sistema financiero territorial y restringió injustificadamente la
capacidad institucional del municipio. Asimismo, sostuvo que la providencia
presentó una contradicción interna al reconocer la suficiencia del estudio técnico
para la creación de la entidad y, al mismo tiempo, impedir su materialización
mediante una interpretación restrictiva del régimen patrimonial.

También manifestó que la decisión desconoció el principio de autonomía territorial
previsto en el artículo 287 de la Constitución, pues validó una intervención judicial
que anuló integralmente los acuerdos municipales mediante los cuales se creó la
Empresa de Desarrollo Municipal de Girón. Señaló que el fallo sustituyó la decisión
adoptada por el Concejo en ejercicio de sus competencias constitucionales, sin
realizar un análisis concreto sobre la intensidad, necesidad y proporcionalidad de
la intervención judicial ni sobre el impacto que esta generaba en la capacidad de
autoorganización administrativa del ente territorial.

Sostuvo que la sentencia incurrió en un defecto constitucional al omitir un juicio de
proporcionalidad respecto de la anulación total de los acuerdos municipales. Afirmó
que la providencia no examinó si esa medida era idónea, necesaria y proporcionada
ni evaluó la existencia de alternativas menos lesivas para la autonomía territorial,
como la declaratoria parcial de invalidez de las disposiciones cuestionadas,
posibilidad que, a su juicio, incluso había sido advertida en el salvamento de voto
emitido dentro del proceso de control de legalidad.

Finalmente, argumentó que la decisión desconoció el precedente constitucional y
la línea jurisprudencial del Consejo de Estado sobre autonomía territorial, al avalar
una interpretación que restringió injustificadamente la facultad de las entidades
territoriales para organizar su estructura administrativa y crear entidades
descentralizadas como mecanismos para el cumplimiento de sus competencias
constitucionales.

En consecuencia, solicitó revocar el fallo de tutela y conceder el amparo de los
derechos fundamentales invocados.

8

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si debe revocar la sentencia de 23 de abril de
2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
para en su lugar, conforme se solicita en el escrito de impugnación, conceder el
amparo deprecado.

No obstante, y sin perjuicio de las consideraciones expuestas por el juez de primera
instancia en torno a la procedencia de la acción, la Sala verificará nuevamente el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, en atención a que los argumentos desarrollados en el
escrito de impugnación insisten en que la controversia trasciende una mera
discrepancia hermenéutica sobre el alcance de la Ley 489 de 1998 y plantea un
debate relacionado con los límites del control judicial frente al ejercicio de la
autonomía territorial y la configuración de los defectos específicos atribuidos a las
providencias cuestionadas, aspectos que hacen necesario establecer si, en efecto,
el asunto involucra una problemática de naturaleza estrictamente constitucional o
si, por el contrario, se circunscribe a un desacuerdo de legalidad ajeno al ámbito
excepcional de la acción de tutela.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos10 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos11, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201212, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 13,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,

10
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
11
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
12
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
13
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9

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lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200514.

Sobre los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales se han fijado dos tipos, por un lado, los generales15 o de procedibilidad,
que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis
de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos16 o vicios de fondo que son de
naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

La Sala verificará si la presente acción de tutela satisface los requisitos generales
de procedencia exigidos para el ejercicio excepcional del amparo contra
providencias judiciales dictadas en el marco de control abstracto de legalidad, con
el fin de establecer si procede abordar el estudio de fondo de los argumentos
planteados en el escrito de impugnación.

Sobre el particular, en cuanto a la legitimación en la causa por activa se tiene que
el municipio de Girón en calidad de persona jurídica es titular de los derechos
fundamentales17 al debido proceso y de acceso a la administración de justicia que
invoca como vulnerados. Además, actúa a través del jefe de la Oficina Jurídica
quien confirió poder para presentar la acción de tutela18 por lo que se cumplen los
presupuestos del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva se observa que el Tribunal
Administrativo de Santander es la autoridad judicial que profirió las sentencias
objeto de tutela. Por tanto, se considera que tiene aptitud procesal y legal para
responder por la presunta afectación de los derechos fundamentales invocados,
razón por la cual se encuentra acreditado este requisito en los términos del artículo
13 del Decreto 2591 de 1991.

14
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la
decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del
derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
16
Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
17
Desde sus primeros pronunciamientos (T-441 de 1992; T-445 de 1994; T-573 de 1994; T-133 de 1995; T-142
de 1996; T-201 de 1996; T-238 de 1996; T-462 de 1997.) La Corte Constitucional ha sostenido que las personas
jurídicas, aún las de derecho público, están legitimadas para ejercer la acción de tutela debido a que son titulares
de derechos constitucionales fundamentales por dos vías, directamente como titulares de aquellos derechos
que por su naturaleza son predicables de estos sujetos de derechos, e indirectamente cuando la vulneración
puede afectar los derechos fundamentales de la personas naturales que las integran.
18
Ver folios 420 a 428 del anexo de la acción de tutela.
10

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En cuanto al requisito de inmediatez se observa que la sentencia de 17 de
septiembre de 202519 se notificó el 24 de septiembre de 202520, la decisión de 3 de
marzo de 202621 se notificó el 6 del mismo mes y año22 y la sentencia de tutela se
presentó el 18 de marzo de 2026. En consecuencia, la solicitud de amparo se
promovió dentro del término de seis (6) meses que la jurisprudencia de esta
Corporación y de la Corte Constitucional ha considerado razonable para satisfacer
este presupuesto de procedibilidad.

En cuanto al requisito de relevancia constitucional, la Sala efectuará el análisis a
partir de las razones que sustentan los defectos alegados por la parte actora, por
cuanto aluden a la inconformidad con la interpretación jurídica efectuada por la
autoridad judicial accionada.

Así las cosas, en cuanto a la revisión de acuerdos municipales se tiene que el
numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política consagra que son
atribuciones del gobernador “revisar los actos de los concejos municipales y de los
alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al
Tribunal competente para que decida sobre su validez”

Por su parte, el artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, al referirse a la competencia
de los Tribunales en única instancia, señaló que el numeral segundo, que
conocerán de las “de las observaciones que formulen los gobernadores de los
departamentos acerca de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos
municipales, y sobre las objeciones a los proyectos de ordenanzas, por los mismos
motivos”.

Sobre el trámite que debe surtir las observaciones realizadas por el gobernador, se
debe seguir lo señalado en los artículos 119 a 121 del Decreto Ley 1333 de 1986.

Así y conforme las normas señaladas, la Sala concluye que la finalidad del trámite
de revisión de acuerdos municipales consiste en garantizar el control jurisdiccional
de constitucionalidad y legalidad de los acuerdos expedidos por los concejos, a
partir de las observaciones formuladas por el gobernador, con el fin de establecer
si dichos actos se ajustan al ordenamiento jurídico, sin que el juez pueda sustituir
el criterio de la corporación territorial en aspectos de mérito, oportunidad o
conveniencia.

En otras palabras, la decisión que adopta el respectivo Tribunal Administrativo
constituye un pronunciamiento de puro derecho, en la medida en que el control se
circunscribe a verificar la conformidad del acuerdo municipal con la Constitución y
la ley, a partir de las observaciones formuladas por el gobernador, sin extenderse
al examen de aspectos de conveniencia, oportunidad o mérito de la decisión
adoptada por el concejo.

Esta naturaleza del trámite resulta relevante para el análisis de procedencia de la
acción de tutela, pues evidencia que el juez administrativo no resuelve una
controversia de carácter subjetivo ni define derechos u obligaciones concretas de

19
Proceso núm. 68001233300020250041500
20
Conforme correo enviado el 22 de septiembre de 2025.
21
Proceso núm. 68001233300020250069000
22
Conforme correo enviado el 2 de marzo de 2026.
11

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las partes, sino que ejerce un control abstracto de validez encaminado a establecer
la conformidad del acuerdo municipal con el ordenamiento jurídico. En
consecuencia, el pronunciamiento judicial se circunscribe a un examen objetivo de
constitucionalidad y legalidad, cuyos efectos trascienden el interés particular de
quienes intervienen en el proceso.

Bajo ese entendimiento, la Sala considera que las consideraciones que han
sustentado la improcedencia de la acción de tutela contra providencias proferidas
en procesos de simple nulidad23 resultan igualmente predicables del trámite de
revisión de acuerdos municipales, por lo que la presente solicitud de amparo,
contrario a lo considerado por el a quo, deviene improcedente.

En efecto, en procesos cuya discusión es de puro derecho, el juez únicamente
analiza la legalidad del acto, es decir, se persigue la defensa de la legalidad, del
orden jurídico en abstracto. De modo que la sentencia que se dicta en ese tipo de
procesos no podría amenazar o violar de manera directa y concreta derechos
fundamentales.

Sobre el particular, aunque el criterio que se expondrá fue fijado por esta Sección
al resolver una acción de tutela contra una sentencia proferida en un proceso de
nulidad simple, la Sala estima que resulta igualmente aplicable al trámite de revisión
de acuerdos municipales, pues ambos procesos persiguen un control jurisdiccional
de legalidad y constitucionalidad mediante un juicio de puro derecho, en sentencia
de tutela de 22 de septiembre de 201624, reiterada en las providencias de 17 de
mayo de 201825 y 10 de octubre de 201826, esta Sala sostuvo:

“Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de
Estado se dictó en cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido,
esto es, un control abstracto de la norma que se considera ilegal y, por tanto, la
decisión que se adopta lo que determina es si se ajusta o no a la normativa
superior y, por ende, tiene efectos erga omnes. No define de manera concreta
una situación particular, como sí ocurre con sentencias dictadas por los
organismos judiciales en acciones y medios de control con decisiones judiciales
de carácter particular.

En esa medida, la acción de tutela, en principio, es improcedente para
cuestionar la legalidad de una sentencia de constitucionalidad o legalidad
porque la decisión que profiere la autoridad judicial es un ejercicio de puro de
derecho que en manera alguna podría afectar derechos fundamentales, toda
vez que lo pretendido es determinar que no desconozca postulados
constitucionales o legales.

Según lo dispone el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es
improcedente cuando se dirija contra actos administrativos de carácter general,
impersonal y abstracto, lo que permite determinar que, igualmente, resulta

23
Al respecto, ver sentencia del 3 de febrero de 2022 proferida dentro del expediente número: 11001-03-15-
000-2021-06516-01, M.P Julio Roberto Piza Rodríguez, del 3 de febrero de 2022 proferida dentro del expediente
número: 11001-03-15-000-2021-07088-01, M.P Milton Chaves García, del 7 de abril de 2022 proferida dentro
del expediente número: 11001-03-15-000-2021-11621-00, M.P Milton Chaves García Sección Cuarta de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y del 12 de junio de 2025, Exp. 11001-03-15-000-2025-
00189-01 MP Wilson Ramos Girón (E).
24
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), MP.
Martha Teresa Briceño de Valencia.
25
Radicado número: 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
26
Radicado número: 11001-03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12

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improcedente para censurar la sentencia que decide sobre su constitucionalidad
o legalidad. (…)”.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha determinado que la acción de tutela
es improcedente para cuestionar sentencias dictadas por el Consejo de Estado o
la Corte Constitucional, en virtud del control abstracto de constitucionalidad
(artículos 241 y 237, numeral 3°, respectivamente)27.

De conformidad con el precedente judicial expuesto, la Sala concluye que la
presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia constitucional, pues
las providencias cuestionadas fueron proferidas dentro del trámite de revisión de
acuerdos municipales, el cual comporta un control jurisdiccional abstracto de
constitucionalidad y legalidad mediante un juicio de puro derecho, dirigido
exclusivamente a verificar la conformidad del acto con el ordenamiento jurídico y
no a definir situaciones jurídicas subjetivas.

En ese contexto, los planteamientos formulados por el municipio de Girón
evidencian, en realidad, una discrepancia con la interpretación jurídica acogida por
el Tribunal Administrativo de Santander respecto del alcance de los artículos 85 y
97 de la Ley 489 de 1998 y de los límites del control ejercido sobre los acuerdos
municipales, discusión que corresponde al ámbito de la legalidad y no revela, prima
facie, una afectación directa y concreta de derechos fundamentales que justifique
la intervención excepcional del juez de tutela.

Si bien, el municipio procuró presentar la controversia como un debate relativo a la
autonomía territorial, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
lo cierto es que la inconformidad planteada recae sobre la interpretación jurídica
efectuada por el Tribunal Administrativo de Santander al ejercer el control abstracto
de validez de los acuerdos municipales. En consecuencia, la acción de tutela
pretende reabrir una discusión de mera legalidad ya resuelta por el juez natural,
finalidad que desnaturaliza la acción de tutela.

Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia para, en su
lugar, declarar improcedente la acción de tutela presentada por el municipio de
Girón.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Revocar la sentencia de 23 de abril de 2026 proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
En consecuencia,

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el municipio
de Girón (Santander).

27
Ver sentencia SU 391 de 2016.
13

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02213-01
Accionante: municipio de Girón

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

14

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