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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02356-00

Fecha
21 de mayo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-02356-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-02356-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

21 de mayo de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-02356-00
Demandante: Wilson José Sánchez Camacho

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 21 de mayo de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02356-00
Demandante: WILSON JOSÉ SÁNCHEZ CAMACHO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Temas: Tutela en contra providencia que denegó pretensiones en medio de
control de simple nulidad. Improcedencia por cuestionar decisiones de
carácter general

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Wilson José Sánchez Camacho contra
el Tribunal Administrativo del Santander.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 24 de marzo de 2026, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Wilson
José Sánchez Camacho pidió la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, “principio de legalidad” y “reserva
constitucional del órgano colegiado”.

A juicio del tutelante, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del 26 de
febrero de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, que denegó
pretensiones en la demanda de simple nulidad con radicado 680013333 015 2023 00284
00.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, principio de legalidad y principio democrático del accionante, vulnerados por las
providencias judiciales objeto de la presente acción.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida el 26 de febrero de
2026 por el Tribunal Administrativo de Santander, así como la sentencia de primera instancia del 27
de junio de 2025 proferida por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bucaramanga, dentro
del proceso con radicado No. 680013333015-2023-00284-00.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro del término que se le
señale, profiera una nueva decisión de fondo, respetando:
● La distribución constitucional de competencias (arts. 313 y 315 C.P.)
● El principio de legalidad presupuestal (art. 345 C.P.)
● La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional
● Las reglas probatorias sobre disponibilidad presupuestal
CUARTO. Como medida provisional y/o definitiva, SUSPENDER los efectos del Decreto 056 del 20
de noviembre de 2023, con el fin de evitar la consolidación de un perjuicio irremediable derivado de
la ejecución de un acto administrativo expedido sin competencia y sin respaldo presupuestal real.

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Demandante: Wilson José Sánchez Camacho

QUINTO. ORDENAR que, mientras se profiere la nueva decisión, las autoridades accionadas se
abstengan de ejecutar actuaciones administrativas derivadas del Decreto 056 de 2023 que impliquen
erogaciones presupuestales o provisión de cargos.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

El 20 de noviembre de 2023, el alcalde municipal de Los Santos (Santander), expidió el
Decreto 056 de 2023 “Por medio del cual se establece la planta de cargos de la administración
central del municipio de Los Santos, Santander y se dictan otras disposiciones” , y creó 11 cargos
con el fin de fortalecer y profesionalizar la planta de la administración municipal de Los
Santos.

Ese mismo día, el alcalde expidió el Decreto 057 “Por el cual se establece el Manual
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleados de la Planta de
Personal Administrativo Central del Municipio de Los Santos Santander ”, e incluyó las
funciones de los nuevos empleos públicos creados.

El 24 de noviembre de 2023, la alcaldía abrió la Convocatoria Interna No. 01 de 2023,
con la finalidad de incorporar a los empleados de carrera administrativa en la modalidad
de encargo en empleos de mayor nivel salarial.

3.2. Del proceso de simple nulidad

El accionante formuló el medio de control de simple nulidad para que se dejara sin efectos
el Decreto 056 de 2023, para lo cual alegó que no existía disponibilidad presupuestal para
crear nuevos cargos, no se elaboró un estudio previo para el efecto y el alcalde no obtuvo
autorización del concejo municipal para adoptar la decisión controvertida.

El proceso correspondió al Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga con el radicado
680013333 015 2023 00284 00. Al momento de contestar la demanda, el municipio de
Los Santos (Santander) no se opuso a la pretensión de la demanda por considerar que,
en efecto, el Decreto se expidió sin que existieran documentos idóneos (estudio técnico
y financiero) que acreditaran los requisitos legales para la reestructuración administrativa
que conllevó la creación de nuevos empleos, para lo cual tampoco se contaba con
sostenibilidad presupuestal.

Asimismo, al proceso comparecieron como coadyuvantes del municipio los ciudadanos
Fernando Silva Jaimes, Jeison Yefrei Peña Calderón, Leydy Viviana Almeida Calderón,
Edwin Serrano Poveda, José Leonel Calderón Pedraza, Laura Yesenia Santos Jaimes,
Yudy Rocío Delgado Sierra, Adriana Lucía Santos Poveda, Sandra Milena Gómez
Santos, y Tilcia Liliana Calderón Almeid.

Mediante sentencia de 27 de junio de 2025, el juzgado denegó las pretensiones de la
demanda por considerar que el acto demandado sí contó con estudio técnico y la
viabilidad presupuestal fue certificada por el órgano competente del municipio, que era la
secretaría de hacienda. Finalmente, indicó que el alcalde no requería la autorización del
concejo municipal para adoptar la decisión controvertida.

Inconformes con la decisión, tanto el demandante como el municipio de Los Santos
apelaron la sentencia. En particular, el demandante insistió en los argumentos de censura
formulados en la demanda, especialmente en la competencia exclusiva del concejo

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municipal, y además alegó el desconocimiento del procedente del Tribunal Administrativo
de Santander en casos análogos.

El Tribunal Administrativo de Santander, por medio de sentencia de 26 de febrero de
2026, confirmó la providencia apelada, por encontrar demostrado que (i) a través del
Acuerdo municipal 264 de mayo 31 de 2015, el concejo municipal de Los Santos autorizó
al alcalde municipal para ejercer la función asignada a ese cuerpo colegiado en el
numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Nacional, consistente en determinar la
estructura de la administración municipal, las funciones de sus dependencias y las
escalas de remuneración. Agregó que sí existía disponibilidad presupuestal para crear
cargos en el municipio.

4. Fundamentos de la acción de tutela

El tutelante afirma que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción contra providencias judiciales.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que la providencia cuestionada adolece de los
siguientes defectos:

Defecto sustantivo, pues el Tribunal Administrativo de Santander sostuvo que el alcalde
municipal podía modificar la planta de personal sin autorización del concejo municipal,
interpretación que desconoce abiertamente el contenido normativo de los artículos 313
y 315 de la Constitución Política, que asignan de manera expresa a los concejos
municipales la competencia para determinar la estructura de la administración municipal.

Desconocimiento del precedente por cuanto el tribunal accionado se apartó
injustificadamente de sus propios criterios jurisprudenciales y de la línea del Consejo de
Estado en materia de legalidad presupuestal y competencias territoriales. Alegó el
desconocimiento del fallo en el que el tribunal accionado decretó la nulidad parcial del
Acuerdo 006 de 2025; sin embargo, no lo identificó.

Defecto fáctico por indebida valoración de la prueba al no tener en cuenta la inexistencia
de CDP, la ausencia de registro presupuestal, la falta de sostenibilidad financiera, la
inexistencia de estudios técnicos y aceptar una certificación genérica sin respaldo real,
pues equiparó indebidamente la “viabilidad presupuestal” con el cumplimiento de los
requisitos del artículo 71 del Decreto 111 de 1996, lo cual constituye un error manifiesto
de apreciación probatoria.

Defecto orgánico dado que la sentencia cuestionada validó un acto administrativo
expedido por una autoridad que carecía de competencia constitucional y legal para ello,
con lo que desconoció el artículo 313 de la Constitución Política, de conformidad con el
cual corresponde de manera exclusiva al Concejo Municipal: (i) determinar la estructura
de la administración municipal, (ii) crear empleos y (iii) definir la organización
administrativa del ente territorial.

5. Trámite

Por auto del 27 de marzo de 2026, el Despacho Sustanciador admitió la acción y dispuso
notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Santander y, como terceros, al alcalde del municipio de Los Santos, a Fernando Silva
Jaimes, Jeison Yefrei Peña Calderón, Leydy Viviana Almeida Calderón, Edwin Serrano
Poveda, José Leonel Calderón Pedraza, Laura Yesenia Santos Jaimes, Yudy Rocío

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Demandante: Wilson José Sánchez Camacho

Delgado Sierra, Adriana Lucía Santos Poveda, Sandra Milena Gómez Santos y Tilcia
Liliana Calderón Almeida.

La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas en el
auto admisorio, mediante correos electrónicos y aviso a la comunidad del 7 y 9 de abril
de 2026.

6. Intervenciones

El Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, presentó informe sobre el trámite
brindado al proceso 68001333301220230028400 y advirtió que ese despacho no ha
vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al principio de legalidad ni al principio democrático alegados
en el escrito de tutela; siendo preciso señalar que dada la naturaleza subsidiaria, esta
acción sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los
derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como
mecanismo transitorio de protección.

Los ciudadanos que fungieron como coadyuvantes del municipio en el proceso de
simple nulidad presentaron escrito conjunto en el que señalaron que las providencias
judiciales cuestionadas no incurren en defecto alguno que habilite la intervención del juez
constitucional; por el contrario, constituyen decisiones legítimas, razonadas y ajustadas
al ordenamiento jurídico. En consecuencia, la acción de tutela es improcedente y, por lo
que la misma debe ser negada.

El Tribunal Administrativo de Santander no intervino, pese a que, como se vio, fue
notificada de la admisión de la demanda de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por Wilson
José Sánchez Camacho contra la providencia del 26 de febrero de 2026, dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander, por la cual confirmó el fallo que negó las
pretensiones de la demanda de simple nulidad interpuesta contra el municipio de Los
Santos (Santander).

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción, de acuerdo con lo previsto
en el numeral 5, del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, pues se dirige contra una
sentencia dictada en un proceso de nulidad simple en el que se discutía la legalidad de
un acto administrativo con carácter general.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) la improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter
general, impersonal y abstracto y, (iii) el análisis del caso concreto.

2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean

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Demandante: Wilson José Sánchez Camacho

vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.

3. La improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general,
impersonal y abstracto

El numeral 5.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
no procederá «cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto», pues
existen otros mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son la acción de
inconstitucionalidad contra las leyes o las acciones de simple nulidad y de nulidad por
inconstitucionalidad contra actos generales, según el caso.

La acción de tutela no puede ejercerse para cuestionar ese tipo de actos, pues este
mecanismo no está previsto para restablecer la juridicidad posiblemente quebrantada por
un acto general, sino para «suspender los efectos violatorios o amenazantes de alguno de los
derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto cuya
aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas provisionales (esto es antes de la
sentencia) cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, según las voces
del artículo 7o. del Decreto en mención»1.

Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco procede
contra una sentencia dictada en un proceso de simple nulidad, por cuanto en ese tipo de
procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez únicamente analiza la
legalidad del acto. La acción de simple nulidad únicamente persigue la defensa de la
legalidad, del orden jurídico en abstracto. De modo que la sentencia que se dicta en ese
tipo de procesos no podría amenazar o violar de manera directa y concreta derechos
fundamentales. En efecto, en múltiples fallos 2, esta Sección ha precisado que:

Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de Estado se dictó en
cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto es, un control abstracto de la norma que
se considera ilegal y, por tanto, la decisión que se adopta lo que determina es si se ajusta o no a la
normativa superior y, por ende, tiene efectos erga omnes. No define de manera concreta una situación
particular, como sí ocurre con sentencias dictadas por los organismos judiciales en acciones y medios
de control con decisiones judiciales de carácter particular.

En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad de una sentencia de
constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere la autoridad judicial es un ejercicio puro
de derecho que en manera alguna podría afectar derechos fundamentales, toda vez que lo pretendido
es determinar que no desconozca postulados constitucionales o legales.

Además, vale la pena precisar que, según lo dispone el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela es improcedente cuando se dirija contra actos administrativos de carácter general, impersonal
y abstracto, lo que permite determinar que, igualmente, resulta improcedente para censurar la sentencia
que decide sobre su constitucionalidad o legalidad.

1 Sentencia No. T-321 de 1993
2 Ver sentencias de tutela del 22 de septiembre de 2016, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado
al 11001-03-15-000-2015-00135-00), CP. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 17 de mayo de 2018, Radicado No.
11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 10 de octubre de 2018, Radicado No.
11001-03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, del 7 de enero de 2019, Radicado No. 11001-
03-15-000-2018-01699-01 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 3 de febrero de 2022, Radicado No. 11001-03-15-
000-2021-06516-01 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha determinado que, por regla general3, la
acción de tutela es improcedente para cuestionar sentencias dictadas por el Consejo de
Estado o la Corte Constitucional, en virtud del control abstracto de constitucionalidad
(artículos 241 y 237, numeral 3°, respectivamente). En lo pertinente, la sentencia SU-391
de 20164 establece:

(…) conviene recordar que la Constitución Política estableció mecanismos de control para garantizar
su supremacía normativa (artículo 4 de la Constitución). Tales mecanismos podrían dividirse en dos
clases. Por un lado, existe un control concentrado de constitucionalidad, realizado de manera principal
por la Corte Constitucional (artículo 241 de la Constitución) y de manera residual por el Consejo de
Estado (artículo 237 numeral 3). Por otro lado, cualquier autoridad judicial tiene competencia para
resolver acciones de tutela (artículo 86 de la Constitución) y para aplicar la excepción de
inconstitucionalidad (artículo 4 de la Constitución).

Este esquema promueve el acceso efectivo a la administración de justicia para solicitar el cumplimiento
de la Constitución, permitiendo que todos los jueces puedan realizar control constitucional sobre casos
concretos. A su vez, también persigue la igualdad y la seguridad jurídica, al prever órganos de cierre
que tengan la última palabra sobre la interpretación adecuada de las normas mediante el ejercicio del
control abstracto. Se trata de un esquema caracterizado por la participación ciudadana, ya que todas
las personas pueden acudir a los jueces en ejercicio de la acción de tutela o pueden pedir en el marco
de un proceso judicial la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Asimismo, el control
abstracto puede ser solicitado por cualquier ciudadano, en ejercicio del derecho político previsto en el
artículo 40 numeral 6, y en él también cualquier persona puede particular (sic), en virtud de la regulación
de las acciones de inconstitucionalidad y de nulidad por inconstitucionalidad.

Si se aceptara la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de constitucionalidad de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, el diseño del control constitucional descrito antes se alteraría
de manera profunda, a tal punto que podría afirmarse que no existen dos tipos de control constitucional,
sino uno solo, otorgado a todos los jueces, quienes se pueden pronunciar sobre el cumplimiento de la
Constitución en casos concretos o en casos de control abstracto (al revisar decisiones de
constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado). La acción de
inconstitucionalidad y la de nulidad por inconstitucionalidad son funciones delimitadas directamente por
la Constitución, la cual determinó expresamente los órganos que de manera exclusiva tienen
competencia para conocer de ellas. Esa asignación expresa de funciones (en los artículos 237 numeral
3 y 241 de la Constitución) les da carácter de cierre en materia constitucional, lo cual debe ser tenido
en cuenta para interpretar el alcance de la regulación de la acción de tutela prevista en el artículo 86
(…).

4. El análisis del caso concreto

En el presente caso, la parte actora aduce que la providencia cuestionada adolece de los
defectos sustantivo, fáctico, orgánico y desconocimiento del precedente, pues el Tribunal
Administrativo de Santander no tuvo en cuenta que el alcalde del municipio de Los Santos
no podía modificar la planta de personal sin autorización del concejo municipal.

En consecuencia, es claro que los cargos están dirigidos a cuestionar la sentencia del 26
de febrero de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, que denegó
pretensiones en la demanda de simple nulidad con radicado 680013333 015 2023 00284
00 donde se discutió la legalidad del Decreto 056 de 2023 “Por medio del cual se establece
la planta de cargos de la administración central del municipio de Los Santos, Santander y se
dictan otras disposiciones”, y se crearon 11 cargos con el fin de fortalecer y profesionalizar
la planta de la administración municipal de Los Santos.

Al respecto, El artículo 189 de la CPACA establece que la sentencia que « declare la
nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes».

3 Al respecto, ver sentencia SU-355 de 2020.
4 MP. Alejandro Linares Cantillo.

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Siendo así, la Sala advierte que, conforme con el numeral 5.° del artículo 6.° del Decreto
2591 de 1991, los cargos propuestos son improcedentes, por cuanto cuestionan una
decisión con efectos erga omnes5, esto es, frente a todos, y no definen una situación
particular y concreta. De modo que las sentencias que se dictan en los procesos de
simple nulidad no pueden afectar de manera directa derechos fundamentales.

Las anteriores razones son suficientes para que la Sala declare improcedente la solicitud
de amparo, por las razones expuestas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones
expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

5 Según el artículo 126 del Código de Régimen Municipal, para todo lo relativo a la nulidad de los acuerdos, se debe
estar a lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), el cual fue modificado por la Ley
1437 de 2011 (CPACA). En ese sentido, la remisión en la actualidad debe hacerse al artículo 189 de este último
estatuto, que, respecto a los efectos de la sentencia, establece:

Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso
tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes
pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen
en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas
jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal,
en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.
(…).

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