Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03259-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-03259-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-03259-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
20 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03259-01
Demandante: Álvaro José Rodríguez Vargas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-03259-01
Demandante: ÁLVARO JOSÉ RODRÍGUEZ VARGAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Temas: Tutela contra providencia judicial, decisión que negó
medida cautelar en proceso de nulidad simple en curso.
Requisitos generales de procedibilidad.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante, contra la
providencia del 18 de julio de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A que resolvió:
«Primero: Declarar improcedente la acción de presentada por el señor Álvaro José
Rodríguez Vargas, por no acreditar el requisito de relevancia constitucional. (…)».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 24 de junio de 2024, el señor Álvaro José Rodríguez Vargas, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera por
considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital
y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«1. Que se AMPAREN, los derechos fundamentales: (i) al DEBIDO PROCESO
JUDICIAL [en conexidad con el acceso real, pronto y efectivo al servicio público de
Administración de Justicia], (ii) a la DEFENSA, (iii) a la CONTRADICCIÓN, y (iv) a la
IGUALDAD, en plenitud y garantía de las formas propias de cada juicio, que han sido
conculcado a quien suscribe, en su calidad personal, y como SUJETO PROCESAL,
que funge como PARTE ACCIONANTE y solicitante de Medida Cautelar de la
suspensión provisional, de la Resolución 0085 del veintitrés (23) de Enero de dos mil
veinte (2.020), proferida por el MINISTERIO DE CULTURA, dentro del medio de
Control de NULIDAD SIMPLE que tiene asignado el radicado Nro.
11001032400020200021700; por la SALA DE DECISIÓN, de la Sección Primera, de
la Sala Jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, del Honorable Consejo de
Estado, integrada por los Consejeros: (i) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ [Consejero
Sustanciador]; (ii) NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON, y (iii) HERNANDO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ; por haber estructurado sendas CAUSALES CONCURRENTES
GENÉRICAS y ESPECÍFICAS, de PROCEDIBILIDAD DE REVISIÓN por el
mecanismo constitucional de ACCIÓN DE TUTELA, de PROVIDENCIAS JUDICIALES
[otrora VÍA DE HECHO JUDICIAL], al haber proferido, dentro de litis de Nulidad
anteriormente referida, la providencia judicial [auto] de fecha treinta (30) de mayo de
dos mil veinticuatro (2.024), en virtud de la cual, de manera manifiestamente arbitraria,
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Demandante: Álvaro José Rodríguez Vargas
infundada, ius vulnerante, y de agravio constitucional, dispuso en el numeral
PRIMERO de la parte resolutiva: “CONFIRMAR la decisión del 30 de agosto de 2021,
mediante la cual se negó la medida cautelar de suspensión provisional, pero por las razones
expuestas en la parte motiva en esta providencia.” ; configurando con ello, varios
DEFECTOS CONCURRENTES DE PROCEDIBILIDAD, tales como son: (i) DEFECTO
SUSTANTIVO, (ii) DEFECTO FÁCTICO, (iii) DEFECTO PROCEDIMENTAL, y (iv)
DEFECTO DE VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, desconociendo con tal
actuar vulnerante, los derechos fundamentales de quien suscribe la presente, al: (1)
DEBIDO PROCESO [en conexidad con el acceso real, pronto y efectivo al servicio
público de Administración de Justicia]; (2) DEFENSA; (3) CONTRADICCIÓN; y (4)
IGUALDAD [ante la Ley y de protección y trato por parte de las autoridades
jurisdiccionales, en conexidad con el PRINCIPIO DE LEGALIDAD y la CONFIANZA
LEGÍTIMA EN LAS DECISIONES JUDICIALES, aplicables al caso sub lite, y que me
asisten; y derechos, principios y garantías constitucionales, que, me han sido
violentados por la autoridad jurisdiccional aquí accionada.
2. Que, consecuencialmente, se DECLARE, que, por ser violatoria de los mencionados
derechos fundamentales, se deje sin ningún valor ni efecto, la providencia judicial
[auto] proferida en fecha del treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2.024), por
la SALA DE DECISIÓN, de la Sección Primera, de la Sala Jurisdiccional de lo
Contencioso Administrativo, del Honorable Consejo de Estado, integrada por los
Consejeros: (i) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ [Consejero Sustanciador]; (ii) NUBIA
MARGOTH PEÑA GARZON, y (iii) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ; dentro del
proceso con radicación: 11001032400020200021700.
3. Que, consecuencialmente, se ORDENE, a la autoridad judicial accionada, esto es,
la SALA DE DECISIÓN, de la Sección Primera, de la Sala Jurisdiccional de lo
Contencioso Administrativo, del Honorable Consejo de Estado, integrada por los
Consejeros: (i) OSWALDO GIRALDO LÓPEZ [Consejero Sustanciador]; (ii) NUBIA
MARGOTH PEÑA GARZON, y (iii) HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, que, dentro de
un término no mayor de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes, a la fecha en
que se le notifique la sentencia que ampare los derechos fundamentales cuyo amparo
se demanda; proceda nuevamente a proferir providencia judicial [auto] en virtud de la
cual, tramita y decida el RECURSO ORDINARIO DE SUPLICA que, quien suscribe la
presente, en su calidad de PARTE ACCIONANTE, como SUJETO PROCESAL,
impetró en contra de la providencia judicial [auto] de fecha treinta (30) de agosto de
dos mil veintiuno (2.021), proferida por el otrora Consejero Ponente ROBERTO
AUGUSTO SERRATO VALDÉS, dentro del Medio de Control de NULIDAD SIMPLE,
impetrado por quien suscribe, en contra de: LA NACIÓN – MINISTERIO DE CULTURA,
y actuación que tiene asignado el radicado Nro. 11001032400020200021700, en los
términos, condiciones y argumentos que, para tal efecto, determine el Juez
Constitucional, con la observancia plena de las garantías y derechos contenidos en la
Constitución Política de Colombia, de conformidad con las disposiciones legales y
jurídicas aplicables al caso sub lite.(…)».
(se transcribe con posibles errores)
2. Hechos:
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Álvaro José Rodríguez Vargas presentó demanda de simple nulidad contra
la Resolución núm. 0085 de 21 de enero de 2020 «por la cual se declara bien de
interés cultural del ámbito nacional el pecio del Galeón San José», suscrita por la
entonces ministra de cultura y solicitó como medida cautelar la suspensión provisional
del acto administrativo, hasta que fuera resuelto el proceso.
Dicho proceso fue tramitado bajo el radicado núm. 11001-03-24-000-2020-00217-00
y la Sección Primera del Consejo de Estado, en auto del 29 de julio de 2020, corrió
traslado de la solicitud de medida cautelar y, en providencia de la misma fecha, admitió
la demanda, sin embargo, el actor indicó que no hubo un pronunciamiento frente a la
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medida cautelar, razón por la que reiteró la solicitud y reformó la demanda con
respecto a las disposiciones que estimaba quebrantadas por el acto administrativo
demandado. La reforma de la demanda fue admitida en providencia del 5 de marzo
de 2021.
La Sección Primera del Consejo de Estado, en auto del 30 de agosto de 2021, negó
la solicitud de medida cautelar luego de estudiar una a una las cinco causales de
suspensión provisional expuestas por el actor, esto es, i) desconocimiento de las
normas constitucionales, internas y supranacionales; ii) vicios de falta de competencia;
iii) expedición irregular del acto administrativo; iv) falsa motivación y, v) desviación de
poder y concluyó que lo expuesto por el actor no demostró la existencia de una
“infracción a las normas en que debía fundarse” el acto acusado. Por el contrario, lo
que se evidenció es que el señor Rodríguez Vargas incumplió su deber procesal de
orientar el ámbito de acción dentro del cual quería que el juez se pronunciara.
En dicha oportunidad, la autoridad judicial, entre otros argumentos, consideró que el
artículo 231 del CPACA señaló los límites del juez administrativo cuando resuelve
solicitudes cautelares, los cuales están determinados: i) por la invocación de las
normas que se consideran violadas y su confrontación con el acto acusado y ii) por el
estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y precisó que para que prosperara la
suspensión provisional era necesario el estudio de legalidad de la carga argumentativa
propuesta por el demandante, es decir, que, debía demostrar cuáles eran los motivos
ajenos a la ley que llevaron a la autoridad competente a adoptar una decisión que, a
su juicio, desconocían los fines encomendados por el ordenamiento jurídico, sin
embargo, de los cinco puntos expuestos por el actor, ninguno tuvo prosperidad, más
aún, cuando en algunos de ellos la carga argumentativa y probatoria no fue suficiente.
Contra la anterior decisión, el actor interpuso recurso de súplica, con fundamento en
que al despacho sustanciador incurrió en distintos yerros interpretativos y
conceptuales, entre los que mencionó que, al negar la solicitud de medida cautelar
desconoció, de manera integral, los argumentos, fundamentos de hecho y de derecho,
pruebas y sustento contenidos en la demanda, de los cuales se evidenciaba la
necesidad de adoptar la medida solicitada.
Además, señaló que inobservó el marco normativo aplicable el cual imponía que el
juez de manera oficiosa realizara una confrontación normativa integral entre el marco
normativo y el acto administrativo demandado.
Finalmente indicó que al haber negado la solicitud de suspensión provisional del acto
demandado se incurrió en un prejuzgamiento de aspectos propios del litigio, así como
también, de aspectos probatorios.
En auto del 30 de mayo de 2024, el despacho sustanciador resolvió: «PRIMERO:
CONFIRMAR la decisión del 30 de agosto de 2021, mediante la cual se negó la medida cautelar de
suspensión provisional, pero por las razones expuestas en la parte motiva en esta providencia», por
considerar que la solicitud presentada por el actor no cumplió con los requisitos
dispuestos en el artículo 231 del CPACA, específicamente, respecto a la carga
argumentativa necesaria, explicó que para la Sala era necesario fundamentar la
medida cautelar de manera autónoma y con distinción entre la procedencia de la
medida cautelar y la decisión de fondo que se adoptará en la sentencia, ya que ambos
trámites tienen objetivos distintos.
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3. Argumentos de la tutela
El demandante afirmó que la Sección Primera del Consejo de Estado al negar el
recurso de súplica interpuesto incurrió en los defectos sustantivo, por
desconocimiento del precedente judicial, fáctico y por violación directa de la
Constitución.
Respecto al defecto sustantivo mencionó que en el estudio del recurso de súplica
no se tuvo en cuenta la interpretación prejudicial 032-IP-2023, proferida por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, a su juicio, la autoridad judicial demandada no
tuvo en cuenta las disposiciones normativas convencionales alegadas como violadas
en el referido recurso, sin embargo, no explicó de manera concreta en qué sentido o
aspecto omitió tener en cuenta la aludida interpretación1.
Adicionalmente, manifestó que en la providencia judicial objeto de censura se advierte
incongruencia entre lo pedido y lo decidido, pues, se negó la medida cautelar por falta
de argumentación, sin embargo, a lo largo del escrito fueron expuestas las razones
que se invocaron como fundamento de la solicitud de decretar la suspensión
provisional del acto administrativo demandado y dicha argumentación, considera, no
fue confrontada con el régimen aplicable a la resolución de la solicitud de medidas
cautelares.
Igualmente, afirmó que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 229, 230, 231,
232, 233 y 234 del CPACA2 y de lo expuesto en la sentencia de importancia jurídica
del 17 de marzo 2015, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado3, es
necesario adoptar de manera urgente la medida cautelar, por la implicación y
sensibilidad del tema, punto en el cual insistió en este aspecto no fue objeto de
consideración en la providencia objeto de debate.
Frente al defecto por desconocimiento del precedente judicial indicó que fueron
desconocidos los siguientes pronunciamientos de la Sección Primera del Consejo de
Estado: sentencia del 18 de octubre de 2007, proferida en el proceso 11001-03-24-
000-2007-00191-00; auto del 16 de diciembre de 2021, proferido en el proceso 11001-
0324- 000- 2021-00308-00; auto del 25 de noviembre de 2020, proferido en el proceso
11001-03-26- 000-2014-00077-00; auto del 6 de agosto de 2021, proferido en el
proceso 11001-03-24-000-2018- 00091-00; auto del 28 de noviembre de 2022,
proferido en el proceso 11001-03-24-000-2021- 00154- 00.
1
El actor en el escrito de tutela, puntualmente, indicó: “dicha INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL proferida por el órgano Convencional
Comunitario para el objeto de la litis de Nulidad, y de la solicitud cautelar impetrada, NO FUE CONSIDERADA, ESTUDIADA, TENIDA EN
CUENTA, APLICADA o ACATADA por la autoridad judicial aquí accionada, al momento de abordar la resolución del RECURSO
ORDINARIO DE SUPLICA impetrado por quien suscribe en contra de la providencia judicial [auto] de fecha treinta (30) de agosto de dos
mil veintiuno (2.021); estando en el deber y en la obligación de haberlo hecho, conforme el CRITERIO DE UNIFICACIÓN establecido;
amén de que el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA efectivamente, había encontrado aplicable al objeto de litis de
Nulidad, la aplicación de las disposiciones normativas convencionales alegadas como violadas por quien suscribe la presente; lo cual,
erige de manera indefectible la GRAVEDAD del agravio ius fundamental aquí demandado; y que devela el INCUMPLIMIENTO por parte
de la autoridad judicial aquí accionada a lo sentado, definido, e interpretado, por parte del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA en la INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 032-IP-2023; el INCUMPLIMIENTO por parte de la autoridad judicial aquí accionada a
lo sentado, definido, e interpretado, por parte del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en la INTERPRETACIÓN
PREJUDICIAL 032-IP-2023; con agravio directo a las disposiciones comunitarias que imponen el deber y la obligación INMEDIATA, del
acatamiento irrestricto y sin dilación alguna por la autoridad accionada, de lo decidido e interpretado por el órgano judicial convencional
para el caso sub lite, y con ello, de cara a la solicitud cautelar impetrada; razones todas estas que edifican el GRAVE AGRAVIO IUS
FUNDAMENTAL aquí demandado.” (sic).
2
Normas que se refieren a la procedencia, contenido y alcalce, requisitos de la medida cautelar, así como a la caución, al
procedimiento para su adpción y a las medidas cautelares de urgencia.
3
Sin embargo, el actor no identificó el número de radicado y de la consulta en el sistema de información y en la relatoria de la
Corporación no arroja algun resultado relacionado con una sentencia por importancia jurídica de esa fecha.
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Los cuales considera aplicables al caso objeto de estudio, porque esa Sección
pacíficamente ha sostenido que “existe la necesidad de obtener la interpretación del
Tribunal Andino de las normas comunitarias que se estiman transgredidas con la expedición
del acto o los actos administrativos acusados, previo a decidir la solicitud de una medida
cautelar; esto, en razón a que el decreto de medidas cautelares resulta improcedente en el
evento en que se requiera la interpretación prejudicial proveniente del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que es este pronunciamiento el que fija el alcance
y aplicación de las normas comunitarias”.
Sobre el defecto fáctico explicó que este se configuró, porque, al resolver el recurso
de súplica omitió lo expuesto en la interpretación prejudicial 032-IP-2023, proferida por
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema objeto de debate, la cual
fue aportada como prueba en el marco del proceso de simple nulidad y, según la cual,
la cuestión litigiosa debatida sí encontraba aplicación normativa de las disposiciones
convencionales invocadas, razón por la que, a su juicio, la mencionada interpretación
prejudicial cobraba mayor importancia y de al haberla valorado se habría accedido a
la solicitud de la medida cautelar.
Finalmente, en relación con el defecto por violación directa de la Constitución, si
bien, el actor lo enunció, no explicó de qué manera la autoridad judicial demandada
incurrió en tal defecto.
4. Trámite previo
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en providencia del 28 de junio
de 2024, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las partes, al Ministerio de
Cultura de Colombia y al señor Francisco Hernando Muñoz y dispuso que se les
remitiera copia del escrito inicial.
5. Oposición
La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en la
medida en que no basta con que el actor invoque la presunta vulneración del derecho
fundamental, sino que debe cumplir con la carga de explicar razonadamente los
motivos por los que estima fueron vulnerados los derechos invocados, situación que
no se advierte en el escrito presentado.
Explicó que, en la providencia objeto de debate, esto es el auto de 30 de mayo de
2024, resolvió el recurso de súplica, en el que fueron indicadas las razones que han
determinado que la Sección aplique la posición reiterada y pacífica, en el sentido que,
se requiere de una sustentación o motivación independiente al concepto de violación
planteado en la demanda, pues, son objetos diferentes los que se persigue con la
demanda y la medida cautelar, razón por la que es indispensable una motivación clara
y debidamente sustentada y no subsumirse simplemente en los mismos argumentos
utilizados en el medio de control de simple nulidad.
Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, comoquiera que el actor no
explicó de qué manera fue afectado el núcleo esencial de los derechos fundamentales
invocados, además, reiteró aspectos que ya fueron objeto de análisis en el trámite del
proceso ordinario, en tanto el demandante insiste que los argumentos que sustentan
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la pretensión de nulidad son suficientes para solicitar la medida cautelar, sin que se
requiera una explicación independiente del por qué es necesario decretar la medida.
6. Intervenciones
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes solicitó la desvinculación de
la acción de tutela de la referencia al considerar que no se encuentra legitimado en la
causa por pasiva.
Indicó que hay lugar a negar el amparo solicitado por el actor porque, de conformidad
con el artículo 231 del CPACA, la suspensión provisional de los actos administrativos
procede por violación de las disposiciones invocadas, cuando esta surja del análisis
del acto demandado y de su confrontación con las normas presuntamente infringidas
o las pruebas aportadas, circunstancia que no acreditó la parte actora en el marco del
proceso de simple nulidad.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 18 de
julio de 2024, declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no cumplió
con el presupuesto de relevancia constitucional, pues el actor no fundamentó ni
demostró con suficiencia la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
Explicó que, los argumentos expuestos por el actor solo se refieren a la interpretación
que, a su juicio, considera acertada, pero la negación de adoptar la medida cautelar
no supone la afectación de su derecho de acceso a la administración de justicia, ni la
vulneración de su derecho de defensa ni alguna otra garantía que se desprenda del
núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, dado que el trámite del
proceso continua.
8. Impugnación
La parte demandante impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual reiteró los
argumentos del escrito inicial y afirmó que, el a quo profirió una decisión carente de
motivación suficiente frente a los derechos fundamentales invocados como vulnerados
pues desconoció el acervo probatorio arrimado al proceso, sin embargo, no señaló
cuáles serían las pruebas desconocidas y en qué sentido.
Sostuvo que, contrario a lo expuesto en la decisión impugnada, sí desarrolló de
manera suficiente, lógica y probatoria las causales de procedencia de tutela contra
providencia judicial, conforme con los lineamientos que, para tal efecto, ha establecido
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y señaló que: “de manera revictimizante, sin dar
las razones del porqué o las explicaciones de los argumentos que le sirvieron de fundamento para ello
deja vertidas una serie de elucubraciones que primas por su carencia de motivación que las
fundamenten, imponiendo de manera vulnerante su mera potestatividad subjetiva; deviniendo tales
elucubraciones en MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS, que NO SON DE RECIBO; siendo que, en
contra de tan falaces elucubraciones, se ciernen los argumentos, y sustentación que, de las causales
GENÉRICAS y ESPECÍFICAS fueron, debida y suficientemente desarrolladas, y explicadas, en el libelo
introductorio de DEMANDA por esta PARTE ACCIONANTE, y fundamentación misma que, de manera
inentendible, el Juez Colegiado A-Quo de Tutela, pretendiendo prevalerse para ello de una ficticia falta
de relevancia constitucional, impuso a fuerza la “improcedencia”, lo cual, merece su RECHAZO IN
LIMINE por lo MANIFIESTAMENTE INFUNDADO.” (se transcribe con posibles errores)
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Señaló que no fueron estudiados los argumentos de la demanda de tutela y, por ende,
considera que hay lugar a que prosperen todas y cada una de las pretensiones
demandadas en su amparo.
Solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se amparen
los derechos fundamentales invocados.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional4, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales5 y específicas6 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
En el escrito de impugnación la parte actora cuestionó la decisión de primera instancia,
que, declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional.
4 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
5 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta
debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y
que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias
de tutela.
6 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los
siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación
directa de la Constitución.
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Demandante: Álvaro José Rodríguez Vargas
En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si debe modificar, revocar o
confirmar la decisión impugnada y, solo en caso de que se encuentren superados los
requisitos generales para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
procederá a estudiar si se incurrió en los defectos alegados por el demandante y, en
consecuencia, determinará si en la providencia del 30 de mayo de 2024 el Consejo de
Estado, Sección Primera incurrió en los defectos alegados en el marco del proceso de
simple nulidad con radicado 11001-03-24-000-2020-00217-00.
Caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona las providencias
del 30 de agosto de 2021 y del 30 de mayo de 2024, en las que la Sección Primera
del Consejo de Estado negó la medida provisional solicitada y el recurso de súplica
contra esta última determinación, respectivamente, por considerar que incurrieron en
los defectos sustantivo, fáctico, por desconocimiento del precedente judicial y por
violación directa de la Constitución, todos dirigidos a señalar que no se motivó y
sustentó en debida forma la decisión de negar la medida cautelar a pesar de que en
la solicitud expuso los argumentos de hecho y de derecho en que la fundó.
De entrada, debe advertirse que la acción de tutela contra providencias proferidas en
el marco de un proceso de simple nulidad es improcedente7, por cuanto en ese tipo
de procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez únicamente analiza
la legalidad del acto, es decir, la acción de simple nulidad únicamente persigue la
defensa de la legalidad, del orden jurídico en abstracto.
Puntualmente, la parte actora cuestiona el auto del 30 de mayo de 2024, mediante el
que la Sección Primera del Consejo de Estado dispuso confirmar la providencia del
30 de agosto de 2021, en la que resolvió negar la solicitud de medida cautelar de
suspensión provisional de la Resolución núm. 0085 de 21 de enero de 2020. De
manera que, en el presente caso la acción de tutela también se torna improcedente
porque el proceso de simple nulidad se encuentra en curso y, por lo tanto, no cumple
con el requisito general de subsidiariedad8, luego, no resulta procedente la
intervención del juez de tutela.
De la consulta del proceso de nulidad con radicado 2020-00217-00, en el sistema de
información SAMAI, se advierte que se han surtido las siguientes actuaciones:
• El señor Álvaro José Rodríguez Vargas ejerció demanda de nulidad
contra la Resolución núm. 0085 de 21 de enero de 2020.
• El conocimiento del proceso correspondió al Consejo de Estado,
Sección Primera.
7 Al respecto, ver sentencia del 3 de febrero de 2022 proferida dentro del expediente número: 11001-03-15-000-2021-06516-01, M.P Julio
Roberto Piza Rodríguez, del 3 de febrero de 2022 proferida dentro del expediente número: 11001-03-15-000-2021-07088-01, M.P Milton
Chaves García, del 7 de abril de 2022 proferida dentro del expediente número: 11001-03-15-000-2021-11621-00, M.P Milton Chaves
García Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
8 La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo
principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una
serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. No en vano los artículos
86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede
utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y
eficaz de los derechos fundamentales. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar
que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de
subsidiariedad no solo involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones
que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03259-01
Demandante: Álvaro José Rodríguez Vargas
• Previo a la admisión del proceso, en providencia del 29 de julio de
2020, se corrió traslado por cinco días a las partes, de la solicitud de
medida cautelar solicitada por el señor Rodríguez Vargas la cual tenía
como finalidad la suspensión provisional del acto administrativo
demandado.
• En providencia del 29 de julio de 2020 dispuso la admisión de la
demanda.
• Vencido el término del traslado, el despacho de conocimiento, en auto
del 30 de agosto de 2021 el despacho de conocimiento resolvió negar la
solicitud de medida cautelar al concluir que las causales alegadas no se
encontraban debidamente justificadas y probadas, sin embargo, en dicha
providencia se aclaró que dicha decisión no constituía prejuzgamiento.
• Contra la anterior decisión el señor Rodríguez Vargas interpuso
recurso de súplica.
• En auto del 30 de mayo de 2024, la Sección Primera del Consejo de
Estado confirmó la decisión de negar la solicitud de medida cautelar al
considerar que en aplicación al «principio de la “rogatio” o “rogación”» la
medida de suspensión provisional implica que un acto en ejecución queda
suspendido sin que se haya agotado todas las etapas procesales; de ahí
que el estudio de la prosperidad de la medida esté sujeto a la carga
argumentativa propuesta por el demandante y cuando ello no sucede, lo
procedente es la negación.
• A la fecha el proceso de nulidad se encuentra en trámite ante la
Sección Primera del Consejo de Estado.
Siendo así, en el presente caso, no es procedente la intervención en el proceso de
nulidad cuestionado, porque, se trata de un proceso que actualmente se encuentra en
curso.
Sumado a lo anterior, tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión, en los casos en
que la tutela se dirige contra una providencia proferida por una Alta Corporación, la
Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional de procedencia, en el
sentido que se constate la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.
De lo anterior, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente porque no
cumple con el requisito general de subsidiariedad, por lo que, confirmará la decisión
impugnada conforme con lo expuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la providencia impugnada proferida el 18 de julio de 2024, por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las razones expuestas en la parte
motiva de la providencia.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-03259-01
Demandante: Álvaro José Rodríguez Vargas
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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