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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05866-00

Fecha
2 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05866-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Oderiz Rivera Moreno. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito. 3. En caso de no ser impugnada la providencia enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha (Con firma electrónica) (Con firma electrónica) MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO Presidente de la Sección (Con firma electrónica) (Con firma electrónica) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-05866-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

2 de diciembre de 2021

Radicado: 11001-03-15-000-2021-05866-00
Demandante: Luis Oderiz Rivera Moreno

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05866-00
Demandante: LUIS ODERIZ RIVERA MORENO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO –SECCIÓN SEGUNDA-Y OTRO

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
DICTADA EN PROCESO DE SIMPLE NULIDAD

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Luis
Oderiz Rivera Moreno contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, y la Presidencia
de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1983
de 2017.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Luis Oderiz Rivera Moreno ejerció acción de tutela contra la Sección Segunda
del Consejo de Estado y la Presidencia de la República, por considerar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la igualdad, a la salud a la
dignidad humana y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló
las siguientes pretensiones:

“Con fundamento en los hechos antes relacionados, como en la relación de los derechos
vulnerados y los fundamentos jurídicos, que he considerado a lo largo de este escrito,
solicito Señor Magistrado disponer y ordenar, lo siguiente:
PRIMERO: TUTELAR los Derechos Constitucionales Fundamentales, de los derechos:
AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO DEBIDO DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, DEL DERECHO A LA IGUALDAD, DEL DERECHO TRABAJO
(REINTEGRO INMEDIATO AL CARGO), DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,
DEL DERECHO A LA SALUD, DEL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA. E
igualmente de los principios constitucionales fundamentales que igualmente fueron
vulnerados: A LA IGUALDAD, DE DEFENSA, DE CONTRADICCION, DE
CONGRUENCIA, DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, DE PREVALENCIA, DE
RESERVA LEGAL.
SEGUNDO: ORDENAR a través de la presente ACCIÓN DE TUTELA, LA APLICACIÓN
EXCEPCIONAL DE CONSTITUCIONALIDAD POR VIA DE HECHO, ORDENANDO LA
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05866-00
Demandante: Luis Oderiz Rivera Moreno

REVOCATORIA de la Sentencia del 30 de Julio del 2021, proferida en este proceso
acumulado, por parte del Magistrado Ponente: Dr. GABRIEL VALBUENA HERNANDEZ
y los integrantes de la Sala mayoritaria, NEGANDO LA EXCEPCION DE INEPTITUD
SUSTANTIVA DE LA DEMANDA 1016-2016, con las demás expresiones del numeral
PRIMERO de la parte resolutiva del fallo. NEGAR LA LEGALIDAD CONDICIONADA del
inciso 3º del numeral 1º del artículo 17 de la resolución 040 del 2015, con las demás
expresiones del NUMERAL SEGUNDO de la Parte Resolutiva del fallo. NEGAR LA
LEGALIDAD CONDICIONADA de los artículos 5º (inciso 3º), 9º (numeral 2.9) y 17
(parágrafo 1º de la Resolución 040 del 2015, con las demás expresiones del NUMERAL
TERCERO de la Parte Resolutiva del fallo. DEJAR igualmente sin EFECTOS EX NUNC
(HACIA EL FUTURO), LA LEGALIDAD CONDICIONADA, de los dos numerales
anteriores, conforme a los artículos citados de la Resolución 040 del 20 de Enero del
2015, en los dos numerales
anteriores. NEGAR los 12 problemas jurídicos, analizados y tenidos en cuenta por parte
del Señor Magistrado Ponente en la presente sentencia.
CUARTO (sic): DECRETAR LA NULIDAD SIMPLE, como consecuencia de todo lo
anterior, en razón de los derechos vulnerados, como de los derechos constitucionales
fundamentales, como los principios constitucionales fundamentales, que igualmente
fueron vulnerados y que produjeron, en quien realiza esta ACCION DE TUTELA, varios
daños y perjuicios irremediables, como bien fueron citados a lo largo de este escrito.
SEGUNDO (sic): como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Dra. MARGARITA
CABELLO BLANCO (Procuradora General de la Nación), el REINTEGRO INMEDIATO
al cargo como Procurador 121 Judicial II Penal de Medellín (Antioquia), de LUIS ODERIZ
RIVERA MORENO, teniendo en cuenta los hechos antes relacionados, conforme a los
derechos constitucionales fundamentales vulnerados, ya citados, teniendo en cuenta los
fundamentos jurídicos, ya relacionados, los fundamentos de derecho y conforme a las
pruebas y pretensiones, anotadas en la presente ACCION DE TUTELA invocada.”

2. Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
El Gobierno Nacional, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley
573 de 2000, profirió el Decreto Ley 262 de 2000, en cuyo artículo 182 dispuso que los
empleos de la Procuraduría General de la Nación son de carrera, de libre
nombramiento y remoción -en los cuales clasificó los cargos de “procurador judicial”-
y de periodo fijo, para el caso del Procurador General.

Contra la referida norma se interpuso demanda de inconstitucionalidad y la Corte
Constitucional en sentencia C-101 de 2013, declaró la inexequibilidad de la expresión
“Procurador Judicial”, al considerar que los cargos correspondientes a esa categoría
de empleo deben ser provistos por el sistema de carrera administrativa especial de la
Procuraduría, y como consecuencia de ello ordenó a dicha entidad adelantar el
respectivo concurso público de méritos en un término de 6 meses.

En cumplimiento de dicha orden judicial, el Procurador General de la Nación de esa
época, profirió la Resolución 040 del 20 de enero de 2015, “Por medio de la cual se da
apertura y se reglamenta la convocatoria del proceso de selección para proveer cargos
de carrera de procuradores judiciales de la entidad”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05866-00
Demandante: Luis Oderiz Rivera Moreno

El señor Rivera Moreno afirmó que para la época en que se inició el referido concurso
laboraba como procurador 121 Judicial II Penal de Medellín y se inscribió y presentó
las pruebas, sin embargo, no alcanzó la puntuación necesaria para acceder a una de
las plazas ofertadas.

Ante los cambios en los nombramientos de la entidad varias personas interpusieron
medio de control de simple nulidad con la finalidad de dejar sin efecto la Resolución
040 del 20 de enero de 2015 por medio de la cual se dio apertura a la convocatoria del
proceso de selección.
Del proceso en única instancia conoció la Sección Segunda del Consejo de Estado
que mediante sentencia del 30 de julio de 2021, luego de acumular varias de las
demandas presentadas, declaró de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda 1016-2016 por indebida escogencia del medio de control, presentada por los
demandantes Luis Rafael Calderón Daza y Luis Francisco Calvete Ribero y declaró la
legalidad condicionada del acto administrativo demandado, al considerar que las
pretensiones de la demanda están dirigidas a propugnar la protección de una situación
personalísima, particular y concreta de quienes fueron designados como procuradores
judiciales.
Por lo anterior, explicaron que la excepción de indebida escogencia del medio de
control tiene cabida pues lo procedente era que los actores hicieran uso de la nulidad
y restablecimiento del derecho.
3. Argumentos de la tutela

El demandante manifestó que a lo largo del trámite procesal de la simple nulidad se
presentaron varias irregularidades tales como la dilación en la ejecución de la
audiencia inicial, sin embargo y luego de un relato extenso de lo sucedido el señor
Rivera Moreno manifestó que la providencia que pretende dejar sin efecto vulneró los
derechos fundamentales invocados dado que en ella se incurrió en defecto sustantivo
consistente en la falta de competencia del procurador, dado que, a su juicio, el
concurso de méritos debió ser convocado mediante ley estatutaria.

De igual forma resaltó que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial para
el efecto adujo que la Corte Constitucional, en casos similares ha trazado suficientes
líneas jurisprudenciales excepcionales, constantes y actualizadas, de conceder el
amparo mediante acción de tutela, contra sentencias porque se dejó de lado que con
la decisión adoptada se vulneran los derechos invocados dado que lo procedente era
declarar la nulidad de la Resolución demandada.

Agregó que incurrió en violación directa de la constitución pues a su juicio se profirió
una decisión ilegitima que vulneró derechos fundamentales.

4. Trámite previo

Mediante auto del 6 de septiembre de 2021, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las partes, a la Procuraduría General de la Nación y a los señores Héctor
Alfonso Carvajal Londoño, Gustavo Quintero Navas, Henry Joya Pineda, Luis Rafael
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05866-00
Demandante: Luis Oderiz Rivera Moreno

Calderón Daza y Luis Francisco Calvete Rivero, Hernando Morales Plaza, Edilberto
Berrocal Araujo, Carlos Fernando Ojeda Moreno, Héctor Alfonso Carvajal Londoño,
Gilberto José de la Hoz Herrera, Helber Harvey Zúñiga Parra, Jesús David Méndez
López y a todos los coadyuvantes reconocidos dentro del proceso 11001-03- 25-000-
2015-00366-00, como terceros interesados en el resultado de la presente acción dado
que hicieron parte del proceso de simple nulidad, a quienes se les remitió copia de la
demanda.

5. Oposiciones

La Sección Segunda del Consejo de Estado guardó silencio.
6. Intervenciones

La señora Claudia Ledesma en calidad de tercera con interés, por haber participado
como coadyuvante en el proceso de simple nulidad, reiteró su interés en coadyuvar
las pretensiones de la solicitud de amparo y manifestó que las pretensiones del
proceso de simple nulidad estaban llamadas a la prosperidad, razón por la que al no
acceder a las mismas se evidencia una flagrante vulneración al debido proceso por
haber incurrido en violación directa de la constitución.

El señor Giovanni Padilla Téllez en calidad de tercero con interés se opuso a la
prosperidad de la acción de la referencia e indicó que el demandante reitera los
argumentos de la demanda de simple nulidad, pretendiendo que este mecanismo
constitucional se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario pues busca
reabrir el debate que en esa ocasión se planteó.

Señaló que el actor baso la argumentación en los salvamentos de voto de los
magistrados César Palomino y Sandra Ibarra, ignorando por completo que dicha
posición no representa el criterio ni la decisión mayoritaria; representan, por el
contrario, la posición minoritaria, que no resulta vinculante, ni obligatoria.
Finalmente, precisó que la presunta vulneración al debido proceso por no haberse
inadmitido la demanda, o por no haberse declarado incompetente la sección segunda
para conocer de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, no fueron
alegadas al interior del proceso contencioso razón por las que las mismas fueron
saneadas. Por lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela
pues además no se está en presencia de un perjuicio irremediable.

El Sindicato de Procuradores Judiciales – PROCURAR- mediante apoderado
judicial se opuso a las pretensiones del actor e indicó que el señor Rivera Moreno
acudió a la acción de tutela como otra instancia judicial pues la solicitud de amparo se
enfoca más como un alegato de instancia, controvierte el sentido de la decisión y
reitera que debía haberse declarado nulo el acto administrativo demandado.

Adujo que, contrario a lo afirmado por el demandante, el Procurador General de la
Nación sí estaba facultado para convocar el concurso de méritos para proveer cargos
de procuradores judiciales I y II a Nivel Nacional. Dicho asunto, ya ha sido aclarado
por la Corte Constitucional, tanto en la sentencia C-101 de 2013 como en el auto A-

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05866-00
Demandante: Luis Oderiz Rivera Moreno

255 de 6 de noviembre de 2013, por medio del cual resolvió una solicitud de nulidad
que fuera formulada por la Procuraduría General de la Nación.

Finalmente, señaló que en el presente caso es claro que no se configura una violación
directa de la constitución, pues el asunto de la reserva legal fue analizado por el órgano
competente y juez natural, es decir, por el Consejo de Estado, en la sentencia que hoy
se cuestiona, es decir se surtió el debate en la instancia procesal pertinente, en esa
medida solicitó que se niegue por improcedente la acción de tutela.

La señora Laura Marcela Olier Martínez se opuso a lo pretendido por el actor y afirmó
que la solicitud de amparo no puede utilizarse para suplir la inactividad procesal de las
partes, como si se tratara de un salvavidas para revivir términos perentorios concluidos
o nuevas instancias.

Lo anterior dado que el actor ocupaba un cargo en provisionalidad y pretende que se
le garantice una estabilidad laboral como si ocupara un cargo de carrera además no
hizo uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Adujo que el actor manifestó que existió un retardo por parte del Magistrado Ponente
en admitirle la coadyuvancia por él presentada, pero esto no puede considerarse como
una afectación o vulneración al debido proceso, si se tiene en cuenta que en todas las
etapas procesales relevantes tuvo la oportunidad de participar y de intervenir, como
fue en la audiencia inicial y en los alegatos de conclusión. De hecho la audiencia inicial
tuvo que ser aplazada en varias oportunidades por la cantidad de solicitudes de
coadyuvancias que recibió el Despacho, tanto de la parte actora, como de la parte
accionada, y que debió estudiar y resolver antes de que se celebrara la audiencia inicial
y de esta manera poder garantizar precisamente que todas las partes con interés en
el proceso, como lo era sin duda el accionante, tuvieran esa oportunidad de intervenir
y de actuar en defensa de sus intereses.

Finalmente solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia.

El señor Gustavo Quintero Navas indicó que los salvamentos de voto de la sentencia
que se pretende dejar sin efecto son de vital importancia para establecer los yerros en
los que incurrió el Consejo de Estado, y más aún cuando estos van en contravía del
derecho al debido proceso y a la administración de justicia.

Manifestó que la declaración de inepta demanda por parte del Consejo de Estado en
la providencia objeto de tutela, transgrede abiertamente su derecho al debido proceso
dado que en los términos de la Ley 1437 de 2011, quien conozca del caso está
obligado a sanear la demanda, trámite que debió llevarse a cabo en el curso de la
audiencia inicial sin embargo esto no sucedió.

La señora Diana Fabiola Millán Suárez afirmó que la solicitud de amparo goza de
absoluta falta de técnica y claridad, pues pese a que fue interpuesta por abogado no
se entiende por qué fue dirigida contra la Presidencia de la República y no satisface
las mínimas cargas argumentativas que hagan el estudio procedente.

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Demandante: Luis Oderiz Rivera Moreno

Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, dado que, a su juicio,
el actor tuvo a su disposición un medio de defensa judicial ordinario para discutir la
legalidad de su retiro del servicio y eventualmente ser restablecido en el cargo que
desempeñaba, advirtiéndosele además que nada de ese debate particular y c oncreto
fue objeto de análisis en el proceso de simple nulidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
1
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del

pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad supone que la providencia controvertida haya incurrido

en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.
Problema jurídico
Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala verificará si la tutela
es procedente por cuestionar una decisión de carácter general, impersonal y abstracto,
como lo es la sentencia del 30 de julio de 2021, dictada en un proceso de simple
nulidad. De encontrarse procedente, será estudiado el fondo del asunto, en los
términos propuestos en la demanda de tutela.

Para el efecto, la Sala se referirá a la causal 5ª del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991
y a la interpretación que esta Sala ha fijado al respecto. Seguidamente, analizará el
caso propuesto por el señor Rivera Moreno.

De la improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general,
impersonal y abstracto

El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 4 establece que la acción de
tutela no procederá «cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto», pues existen otros mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son la
acción de inconstitucionalidad contra las leyes o las acciones de simple nulidad y de
nulidad por inconstitucionalidad contra actos generales, según el caso.
La acción de tutela no puede ejercerse para cuestionar ese tipo de actos, pues este
mecanismo no está previsto para restablecer la juridicidad posiblemente quebrantada
por un acto general, sino para «suspender los efectos violatorios o amenazantes de
alguno de los derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de un
acto concreto cuya aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas
provisionales (esto es antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente
para proteger el derecho, según las voces del artículo 7o. del Decreto en mención»5.
Al analizar dicha norma, la Sala ha interpretado que la acción de tutela tampoco
procede contra una sentencia dictada en un proceso de simple nulidad, por cuanto en
ese tipo de procesos la discusión es de puro derecho y, por ende, el juez únicamente
analiza la legalidad del acto. La acción de simple nulidad únicamente persigue la
defensa de la legalidad, del orden jurídico en abstracto. De modo que la sentencia que
se dicta en ese tipo de procesos no podría amenazar o violar de manera directa y
concreta derechos fundamentales.
Igualmente, esta Sala ha manifestado reiteradamente 6 que la acción de tutela, en
principio, no puede ejercerse para cuestionar actos de carácter general, impersonal y
abstracto, pues es un mecanismo que no está previsto para restablecer la juridicidad

4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"

5 Sentencia No. T-321 de 1993
6 Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), sentencia de

22 de septiembre de 2016, C.P.: Martha Teresa Briceño de Valencia, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-00859-
00, sentencia de 17 de mayo de 2018, C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-000-2018-
02443-00, sentencia de 10 de octubre de 2018, C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado No. 11001-03-15-
000-2018-01699-01, sentencia de 5 de febrero de 2019, C.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez y Radicado No. 11001-
03-15-000-2021-01056-01, sentencia de 19 de agosto de 2021, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
7

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05866-00
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posiblemente quebrantada por un acto general, sino para “suspender los efectos
violatorios o amenazantes de alguno de los derechos fundamentales de una persona
determinada, derivados de un acto concreto cuya aplicación deberá suspender el juez,
aún mediante medidas provisionales (esto es antes de la sentencia) cuando lo
considere necesario y urgente para proteger el derecho, según las voces del artículo
7o. del Decreto en mención”7.

En efecto, en fallo de tutela del 22 de septiembre de 2016 8 —que se reiteró en las
sentencias del 17 de mayo de 2018 9 y del 10 de octubre de 2018 10—, esta Sección
precisó:
“Como puede verse, la decisión judicial atacada proferida por el Consejo de
Estado se dictó en cumplimiento del control de legalidad que le fue atribuido, esto
es, un control abstracto de la norma que se considera ilegal y, por tanto, la decisión
que se adopta lo que determina es si se ajusta o no a la normativa superior y, por
ende, tiene efectos erga omnes. No define de manera concreta una situación
particular, como sí ocurre con sentencias dictadas por los organismos judiciales
en acciones y medios de control con decisiones judiciales de carácter particular.
En esa medida, la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad
de una sentencia de constitucionalidad o legalidad porque la decisión que profiere
la autoridad judicial es un ejercicio de puro de derecho que en manera alguna
podría afectar derechos fundamentales, toda vez que lo pretendido es determinar
que no desconozca postulados constitucionales o legales.
Además, vale la pena precisar que, según lo dispone el artículo 6° del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente cuando se dirija contra actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto, lo que permite
determinar que, igualmente, resulta improcedente para censurar la sentencia que
decide sobre su constitucionalidad o legalidad.”
En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha determinado que la acción de tutela
es improcedente para cuestionar sentencias dictadas por el Consejo de Estado o la
Corte Constitucional, en virtud del control abstracto de constitucionalidad (artículos
241 y 237, numeral 3°, respectivamente). En lo pertinente, la sentencia SU-391 de
201611 estableció:
“(…) conviene recordar que la Constitución Política estableció mecanismos de
control para garantizar su supremacía normativa (artículo 4 de la Constitución).
Tales mecanismos podrían dividirse en dos clases. Por un lado, existe un control
concentrado de constitucionalidad, realizado de manera principal por la Corte
Constitucional (artículo 241 de la Constitución) y de manera residual por el Consejo
de Estado (artículo 237 numeral 3). Por otro lado, cualquier autoridad judicial tiene
competencia para resolver acciones de tutela (artículo 86 de la Constitución) y para
aplicar la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 de la Constitución).

7 Sentencia No. T-321 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
8 Radicación No. 11001-03-15-000-2015-00084-00 (acumulado al 11001-03-15-000-2015-00135-00), CP. Martha

Teresa Briceño de Valencia.
9 Radicado No. 11001-03-15-000-2018-00859-00, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

10 Radicado No. 11001-03-15-000-2018-02443-00 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 MP. Alejandro Linares Cantillo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05866-00
Demandante: Luis Oderiz Rivera Moreno

Este esquema promueve el acceso efectivo a la administración de justicia para
solicitar el cumplimiento de la Constitución, permitiendo que todos los jueces
puedan realizar control constitucional sobre casos concretos. A su vez, también
persigue la igualdad y la seguridad jurídica, al prever órganos de cierre que tengan
la última palabra sobre la interpretación adecuada de las normas mediante el
ejercicio del control abstracto. Se trata de un esquema caracterizado por la
participación ciudadana, ya que todas las personas pueden acudir a los jueces en
ejercicio de la acción de tutela o pueden pedir en el marco de un proceso judicial la
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Asimismo, el control abstracto
puede ser solicitado por cualquier ciudadano, en ejercicio del derecho político
previsto en el artículo 40 numeral 6, y en él también cualquier persona puede
particular (sic), en virtud de la regulación de las acciones de inconstitucionalidad y
de nulidad por inconstitucionalidad.
Si se aceptara la procedencia de la acción de tutela contra decisiones de
constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado el diseño del
control constitucional descrito antes se alteraría de manera profunda, a tal punto
que podría afirmarse que no existen dos tipos de control constitucional sino uno
solo, otorgado a todos los jueces, quienes se pueden pronunciar sobre el
cumplimiento de la Constitución en casos concretos o en casos de control abstracto
(al revisar decisiones de constitucionalidad de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado). La acción de inconstitucionalidad y la de nulidad por
inconstitucionalidad son funciones delimitadas directamente por la Constitución, la
cual determinó expresamente los órganos que de manera exclusiva tienen
competencia para conocer de ellas. Esa asignación expresa de funciones (en los
artículos 237 numeral 3 y 241 de la Constitución) les da carácter de cierre en materia
constitucional, lo cual debe ser tenido en cuenta para interpretar el alcance de la
regulación de la acción de tutela prevista en el artículo 86 (…).”
Vale resaltar que, lo expuesto por la Corte Constitucional y citado con anterioridad en
esta ocasión, también es aplicable a las acciones de tutela contra providencias
judiciales dictadas en procesos de simple nulidad. De ahí que la Sala ha interpretado
que es improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas en
procesos de simple nulidad.
En el presente asunto, el señor Luis Orderiz Rivera Moreno cuestiona la sentencia del
30 de julio de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, que, en sede
de única instancia, declaró la legalidad condicionada de la Resolución 040 de 2015,
mediante la que se dio apertura y se reglamentó la convocatoria del proceso de
selección para proveer cargos de carrera de procuradores judiciales.

Dicha providencia se dictó en el marco del medio de control de simple nulidad en el
que se estudió la presunción de legalidad de un acto administrativo de carácter
general, y se verificó si estaba ajustado al orden jurídico en abstracto, de modo que la
sentencia que es motivo de reproche por el demandante no podría amenazar o violar
de manera directa y concreta sus derechos fundamentales.

Siendo así, la Sala advierte que, conforme con el numeral 5° del artículo 6° del Decreto
2591 de 1991, es improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Rivera
Moreno, por cuanto está cuestionando una decisión con efectos erga omnes, es decir,
de carácter general, que no afecta de manera directa y concreta derechos
fundamentales.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05866-00
Demandante: Luis Oderiz Rivera Moreno

Conforme a lo expuesto hasta aquí la Sala concluye que corresponde declarar la
improcedencia de la acción de tutela promovida contra la sentencia proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el 30 de julio de 2021.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Oderiz
Rivera Moreno.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier
otro medio expedito.
3. En caso de no ser impugnada la providencia enviar el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para lo de su cargo.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

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