Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00365-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00365-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00365-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
2 de marzo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00365-00
Demandante: Luis Carlos Sampayo Mejía
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00365-00
Demandante: LUIS CARLOS SAMPAYO MEJÍA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Temas: Derechos fundamentales a la educación, al trabajo, a la
escogencia de profesión y a la igualdad. Contra acto que negó
reconocimiento de tarjeta profesional de abogado. Requisitos
generales de procedibilidad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por el
señor Luis Carlos Sampayo Mejía contra el Consejo Superior de la Judicatura -
Ministerio de Educación, Corporación Universitaria Regional del Caribe (CURC-
IAFIC) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, de conformidad
con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Luis Carlos Sampayo Mejía interpuso acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura - Ministerio de Educación, Corporación Universitaria
Regional del Caribe (en adelante CURC-IAFIC) y el Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario (adelante INPEC), por estimar vulnerados los derechos fundamentales
a la educación, al trabajo, a la escogencia de profesión y a la igualdad. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Se CONCEDA la tutela de los derechos fundamentales aquí invocados en contra del CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN – CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE (CURC-IAFIC) – INPEC y se proteja los derechos de
mi apadrinado teniendo en su calidad de sujeto de especial protección.
2. Se realice la respectiva inscripción como abogado y la expedición de la respectiva Tarjeta
Profesional de Abogado al señor LUIS CARLOS SAMPAYO MEJÍA, identificado con la cédula
de ciudadanía 91424099, tal y como se realizó a sus compañeros de clase CARLOS ALFONSO
ESCALLON HERNANDEZ, DAIRON ENRIQUE TORRES MIRANDA y YOEL CEBALLOS
SIERRA”.
2. Hechos
De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:
El señor Luis Carlos Sampayo Mejía manifestó que la CURC-IAFIC celebró
convenio de cooperación educativa con el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Cartagena, en el marco del cual la institución
educativa se comprometió a ofrecer programas de educación superior.
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Demandante: Luis Carlos Sampayo Mejía
Indicó que, en uso del convenio, se matriculó en la corporación universitaria como
estudiante y accedió al programa de derecho como parte de su proceso de
resocialización, en la medida en que el establecimiento penitenciario, por conducto
de la regional Norte, lo autorizó a realizar actividades académicas de educación
superior mediante ordenes de trabajo números 3966365 y 4269574.
Que se graduó del programa de derecho el 10 de junio de 2022, gracias que aprobó
todos los créditos académicos ofrecidos por la universidad y demás requisitos
exigidos para optar al título de abogado, entre los que mencionó la presentación
del examen ECAES, entre otros.
Afirmó que no era el único estudiante matriculado CURC-IAFIC en el marco del
referido convenio que se encontraba privado de la libertad en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Cartagena, que, también eran beneficiarios del
programa los señores Carlos Alfonso Escallón Hernández, Dairon Enrique Torres
Miranda y Yoel Ceballos Sierra, a quienes sí se les otorgó registro y tarjeta
profesional de abogados.
Sostuvo que solicitó la expedición de la tarjeta profesional al Consejo Superior de
la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
entidad que, mediante Resolución 12023 del 16 de diciembre de 2022, negó la
inscripción como abogado y la expedición de la respectiva tarjeta profesional, con
fundamento en la respuesta suministrada por el Ministerio de Educación Nacional,
mediante radicado número 2022-EE-293031 del 2 de diciembre de 2022, suscrita
por el Subdirector Técnico de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación
Nacional, en la que precisó que “(…) No se encontró registrado en el SACES convenio entre
la Corporación Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC y el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC para desarrollar el programa de derecho en la cárcel de Cartagena. (…)”.
En ese sentido, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia determinó que “la Corporación Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC, no tiene
aprobado por parte del Ministerio de Educación Nacional la oferta y desarrollo del programa de
Derecho en Centros Carcelario y penitenciarios en el país, los títulos que expida bajo esta modalidad
no tienen validez”.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora hizo amplia referencia al registro calificado 1 y específicamente al
artículo 42 del Decreto 1295 de 2010 3, con fundamento en lo cual sostuvo que “la
universidad podía ofertar el programa dentro del municipio al cual fue autorizado, es decir, en el
caso específico Cartagena” y que, en ese contexto “estudió el programa dentro del municipio
autorizado a la universidad, por parte del MEN” y agregó “el programa que se adelantó dentro del
Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de Cartagena de acuerdo con la
anterior norma, en tanto que el programa aprobado por el MEN, se aprobó para ser ejecutado dentro
del municipio de Cartagena, jurisdicción donde se encuentre ubicado el establecimiento”.
1 Artículo 1.- Registro calificado.- Para ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior, en el domicilio de una
institución de educación superior, o en otro lugar, se requiere contar previamente con el registro calificado del mismo. El registro
calificado será otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones de educación superior legalmente reconoc idas en
Colombia, mediante acto administrativo motivado en el cual se ordenará la inscripción, modificación o renovación del programa en el
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-, cuando proceda. La vigencia del registro calificado será de siete
(7) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del correspondiente acto administrativo. El registro calificado ampara las cohortes
iniciadas durante su vigencia.
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Artículo 4.- Lugar de desarrollo.- La institución de educación superior en la solicitud de registro calificado podrá incluir dos o más
municipios en los que se desarrollará el programa académico. Para este efecto, la propuesta debe sustentar la relación vinculante de
orden geográfico, económico y social entre tales municipios y hacer explícitas las condiciones de calidad relacionadas con la
justificación, la infraestructura, el personal docente, los medios educativos y los recursos financieros para el desarrollo del programa
en los municipios que abarca la solicitud. La institución de educación superior podrá solici tar en igual forma la ampliación del lugar
de desarrollo de los programas con registro calificado a municipios con las características enunciadas, con por lo menos diec iocho
(18) meses de antelación al vencimiento del registro calificado. Tal ampliación mo dificará únicamente el lugar de desarrollo pero no
la vigencia del correspondiente registro calificado.
3 Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas acadé micos
de educación superior.
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Demandante: Luis Carlos Sampayo Mejía
Sostuvo que la ejecución del programa al interior del establecimiento carcelario no
hace necesario un nuevo registro calificado, porque tal exigencia se tornaría
caprichosa debido a que este se desarrolló al interior del municipio, en las mismas
condiciones en que fue aprobado. Explicó que no existió convenio a nivel nacional,
que el establecimiento carcelario dispuso las condiciones para que la universidad
llevara los docentes al interior del penal y adelantaran la clase conforme con los
micro currículos aprobados dentro del programa, debido a las condiciones
específicas de los estudiantes.
Seguidamente, se refirió al cumplimiento de los requisitos para optar por el título de
abogado en Colombia, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, de igual
manera relacionó los currículos que fueron estudiados y aprobados e insistió en
que “debido a que no hubo ningún ajuste en el referido programa a ejecutar al interior del
establecimiento penitenciario, no se hacía necesario la aprobación de un registro calificado nuevo”.
Se refirió a que el programa de derecho adelantado por un estudiante de la sede
principal y el adelantado por un estudiante privado de la libertad del establecimiento
carcelario de Cartagena es el mismo y a que no hay norma específica que impida
desarrollar el programa de derecho aprobado al interior del establecimiento
penitenciario de Cartagena y que, en tal sentido, al haber aprobado todos los
créditos exigidos por el programa de derecho es merecedor de la tarjeta profesional
como cualquier estudiante.
Posteriormente, hizo mención a la especial protección constitucional de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y a su
resocialización, en particular, a la sentencia T-009 de 2022 de la Corte
Constitucional, ello para indicar que la jurisprudencia constitucional se ha referido
a la situación de especial sujeción en la que se encuentran las personas privadas
de la libertad, como una condición relevante para determinar el especial grado de
respeto, protección y garantía de sus derechos fundamentales y al deber de
asegurar todas las condiciones necesarias para la efectiva resocialización.
En el mismo sentido, se refirió al derecho a la educación en los centros de reclusión
como elemento integral de la resocialización, en cuanto, el artículo 67 de la
Constitución Política establece que la “educación es un derecho de la persona y un servicio
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” y el Código Penitenciario y Carcelario
concibe a la resocialización del condenado como el fin del tratamiento penitenciario,
en armonía con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en la materia.
Finalmente, dijo que es un tercero de buena fe que accedió al programa de derecho
como parte de su proceso de resocialización, considera que debe darse mayor
importancia a los derechos que le asisten por encima de las formalidades
requeridas, que, “la omisión ya sea del establecimiento carcelario o de la Universidad no deben
recaer nunca sobre el sujeto en condición de indefensión”.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 30 de enero de 2022, admitió la acción de
tutela, ordenó notificar al demandante, a los demandados, a la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura y al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad
de Cartagena, como terceros interesados en el resultado del proceso. Asimismo,
ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Demandante: Luis Carlos Sampayo Mejía
5. Oposición
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, indicó
que, para el caso en estudio, el señor Luis Carlos Sampayo Mejía solicitó vía correo
electrónico (regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co) la inscripción como abogado y la
expedición de la tarjeta profesional, en condición de egresado por la Corporación
Universitaria Regional del Caribe.
Que, para ese fin, el 3 de agosto de 2022, el señor Luis Carlos Sampayo Mejía, por
medio de la señora María Isabel Ramírez Guerrero, remitió correo electrónico con
los documentos necesarios para obtener la tarjeta profesional y manif estó: “este
trámite lo estoy realizando para un amigo que se graduó desde la cárcel San Sebastián de Ternera
en Cartagena, (El único en lograr este triunfo) hago esta claridad porque él no lo puede hacer desde
su correo”.
Con el fin de continuar el trámite de inscripción, la Unidad realizó el requerimiento
21236 de 8 de noviembre de 2022, con el fin de obtener la fecha de inicio de la
carrera de derecho del señor Luis Carlos Sampayo Mejía, frente al cual la
Corporación Universitaria Regional del Caribe manifestó que el señor Luis Carlos
Sampayo Mejía inició su carrera el 1 de agosto de 2017 y recibió el grado el 10 de
junio de 2022.
De igual forma, la Unidad, mediante oficio de 22 de agosto de 2022, solicitó al
Ministerio de Educación Nacional, entre otros aspectos, responder:
“(...) 3. ¿El Ministerio de Educación Nacional conoce la existencia de un convenio entre la Corporación
Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC, para desarrollar el programa de derecho en la cárcel de Cartagena?
4. ¿Cuál fue el acto administrativo, mediante el cual el Ministerio de Educación avaló a la Corporación
Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC para el desarrollo del programa de derecho bajo la
modalidad intramural en la cárcel de Cartagena y con fundamento en qué?
5. ¿Existen otros actos administrativos que avalen a la Corporación Universitaria Regional del Caribe
CURC-IAFIC para desarrollar el programa de derecho en otras cárceles y/o institutos penitenciarios y
carcelarios a nivel nacional? Favor indicar cuáles y en dónde.
6. ¿Los títulos de Abogado otorgados por la Corporación Universitaria Regional del Caribe CURC-
IAFIC, bajo la modalidad intramuros, cumplen la totalidad de los requisitos exigidos por ese Ministerio
y son reconocidos legalmente por el Estado? Favor informar el sustento normativo de la respuesta
(...)”.
Señaló que el Subdirector Técnico de Inspección y Vigilancia del Ministerio de
Educación Nacional, dio respuesta a la solicitud referida anteriormente, mediante
radicado número 2022-EE-293031 del 2 de diciembre de 2022, en la cual respondió
que:
A la pregunta número 3:
“No se encontró registrado en el SACES convenio entre la Corporación Universitaria Regional del
Caribe CURC-IAFIC y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC para desarrollar el
programa de derecho en la cárcel de Cartagena”.
A la pregunta número 4:
“Revisada (sic) los sistemas de información, no se encontró acto administrativo expedido por el
Ministerio de Educación Nacional que avale o autorice a la Corporación Universitaria Regional del
Caribe CURC-IAFIC, para el desarrollo del programa de derecho bajo la modalidad intramural en la
cárcel de Cartagena”.
A la pregunta número 5:
“Revisados los archivos digitales no se encontraron actos administrativos que avalen a la Corporación
Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC para desarrollar el programa de derecho en otras
cárceles y/o institutos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional”.
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Demandante: Luis Carlos Sampayo Mejía
A la pregunta número 6:
“(...) Teniendo en cuenta que la Corporación Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC, no tiene
aprobado por parte del Ministerio de Educación Nacional la oferta y desarrollo del programa de
Derecho en Centros Carcelario y penitenciarios en el país, los títulos que expida bajo esta modalidad
no tienen validez (...)”.
De acuerdo con lo anterior, sostuvo que “la Corporación Universitaria Regional del Caribe
CURC- IAFIC, no celebró ningún convenio para dictar el programa de derecho en cárceles o
instituciones penitenciarias a nivel nacional”.
Que, por mandato legal, es requisito para la inscripción como abogado haber
obtenido el título correspondiente, reconocido legalmente por el Estado y, en el
caso del señor Sampayo, al no existir aprobación por parte del Ministerio de
Educación Nacional para el desarrollo del programa de derecho, los títulos
obtenidos en centros penitenciarios, no tienen validez, por lo tanto, la solicitud de
inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado, elevada no cumplió
con los requisitos señalados por la Ley.
Explicó que, debido a lo anterior, la Unidad expidió la Resolución 12023 de 2022,
por medio de la cual dispuso negar la inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado al señor Luis Carlos Sampayo Mejía, la cual se le notificó
al correo electrónico luchosampayo5@gmail.com del accionante y al correo
electrónico maisrague@msn.com, de la señora María Isabel Rodríguez Guerrero,
quien sirvió de intermediaria para realizar la radicación de los documentos del
trámite requerido.
El 19 de diciembre de 2022, el accionante interpuso, por intermedio de apoderado,
recurso de reposición contra la Resolución 12023 de 2022, el cual fue resuelto
mediante la Resolución 450 de 2023, que dispuso: “(...)Articulo 1. ° Confirmar la
Resolución 12023 de 2022, “Por la cual se niega la Inscripción como Abogado y la expedición de la
Tarjeta Profesional de Abogado (…)”.
Precisó que, en relación con la afirmación del escrito de tutela, según la cual, se
expidieron tres tarjetas profesionales de abogados, a tres personas que,
igualmente, se encontraban privados de la libertad en el Establecimiento
penitenciario y carcelario de Cartagena y que adelantaron el mismo programa
académico, la Unidad procedió a enviar solicitud el 16 de enero de 2023 al rector
de la Corporación Universitaria Regional del Caribe, en la que le solicitó la siguiente
información:
“(...) 1. Bajo qué modalidad y programa la Corporación Universitaria Regional del Caribe CURC- IAFIC,
otorgó los grados de abogado de las siguientes personas: CARLOS ALFONSO ESCALLON
HERNANDEZ, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 8689176. YOEL CEBALLOS SIERRA,
identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 73573055. DAIRON ENRIQUE TORRES MIRANDA,
identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 7921613.
2. Los señores CARLOS ALFONSO ESCALLON HERNANDEZ, YOEL CEBALLOS SIERRA y
DAIRON ENRIQUE TORRES MIRANDA, ¿realizaron sus estudios de derecho de manera presencial
o en centro penitenciario?
3. En caso de haber realizado sus estudios en un centro de reclusión, indique el nombre de este último
y allegue el convenio celebrado entre la Corporación Universitaria Regional del Caribe CURC- IAFIC
y el INPEC.
4. ¿La Corporación Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC, cuenta con autorización por parte
del Ministerio de Educación para ofertar y desarrollar el programa de derecho en las cárceles, bajo la
modalidad intramural a las personas que se encuentra privadas de su libertad en centros carcelarios,
especialmente, en la cárcel de San Sebastián de Ternera en Cartagena y/o en cualquier otro
establecimiento penitenciario y carcelario a nivel nacional?”.
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Demandante: Luis Carlos Sampayo Mejía
La Corporación Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC, dio respuesta,
mediante oficio del 31 de enero de 2023, por medio del Secretario General (E), en
la que, entre otros aspectos, manifestó:
“(...) Apegados a la norma y en su correspondiente tiempo la Corporación Universitaria Regional del
Caribe IAFIC, en su proyección social, se firmó debidamente CONVENIO ACADÉMICO
INTERINSTITUCIONAL con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, INPEC, el
mismo sigue vigente en la ciudad de Cartagena de Indias y se ha venido desarrollando desde su oficial
firma en el Centro Carcelario y Penitenciario de San Sebastián de Ternera de Cartagena. Entre otras
cosas PROGRAMA DE CONOCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO PÚBLICO, FELICITADO POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN en reiteradas visitas de seguimiento y aseguramiento de calidad. Lo
cual en nuestra AUTONOMIA INSTITUCIONAL ES POSIBLE Y NO REQUIERE AUTORIZACIÓN
ESPECIAL”
De acuerdo con lo anterior, dijo que la Unidad, bajo la obligación legal que le impone
asegurar la fidelidad, autenticidad y actualidad del Registro Nacional de Abogados,
realizó los respectivos cotejos de información con la Corporación Universitaria del
Caribe-IAFIC y el Ministerio de Educación Nacional, este último como entidad de
orden nacional, responsable de la acreditación y validación de los Programas de
Educación Superior, indicó que los títulos obtenidos en centros penitenciarios no
tienen validez.
Que, justamente ese fundamento mantiene la postura de la Unidad para negar la
Inscripción al Registro Nacional de Abogados y la expedición de la tarjeta
profesional de abogado al señor Luis Carlos Sampayo Mejía.
Informó que, analizará cada caso particular y evaluará la posibilidad de comunicar
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en condición de representante
legal de la Rama Judicial, para que por su conducto, de encontrarlo procedente,
por observar que en un momento dado se llegó a expedir alguna tarjeta profesional
para quienes de conformidad con lo dispuesto, tienen un título profesional de un
programa de derecho que no cuenta con la validación y acreditación del Ministerio
de Educación Nacional, se adelanten las acciones judiciales y administrativas a que
haya lugar.
Finalmente, comunicó que la Unidad fue notificada el 14 de diciembre de 2022 de
la admisión de la acción de tutela con radicado número: 11001-03-15-000-2022-
06487-00, por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual fue
instaurada por el señor Luis Carlos Sampayo Mejía, relacionada con el trámite de
su tarjeta profesional de abogado, a la cual la Dirección dio respuesta mediante
oficio del 19 de diciembre de 2022, cuyos soportes se adjuntan. Que, en esa
oportunidad, mediante sentencia del 23 de enero de 2023, se dispuso “(...)
PRIMERO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de
tutela presentada por el señor Carlos Sampayo Mejía contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia” .
Finalmente, manifestó que no existe vulneración de algún derecho fundamental en
la actuación realizada por parte de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, ya que resolvió de conformidad con las normas vigentes la
solicitud de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado del
accionante.
La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC-
afirmó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en la acción de
tutela y que no se encuentra legitimada por pasiva en la presente acción de tutela,
porque no le corresponde atender los requerimientos aludidos, por cuanto al INPEC
le corresponde velar por la ejecución de la pena privativa de la libertad proferida
mediante sentencia penal condenatoria de la población reclusa y no le compete
definir lo relacionado con la solicitud de amparar el derecho pretendido.
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Demandante: Luis Carlos Sampayo Mejía
El Ministerio de Educación y la Corporación Universitaria Regional del Caribe
(CURC-IAFIC) no se pronunciaron sobre los hechos que dieron origen a la presente
acción.
6. Intervención de los terceros interesados
El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de
Cartagena guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Cuestión previa: no se configura actuación temeraria
De acuerdo con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la actuación temeraria
ocurre cuando “sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela [es]
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales (…)”.
La sanción para esa conducta es el rechazo o decisión desfavorable de todas las
solicitudes.
En el presente caso, debe indicarse que no se configura una actuación temeraria
por parte del accionante, en la medida en que la acción de tutela con radicado
número 11001-03-15-000-2022-06487-00, ejercida por el señor Sampayo Mejía
también contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, fue ejercida con un objeto diferente al de la acción de tutela del r adicado
de la referencia, porque en esa oportunidad solicitó que se le diera trámite a la
solicitud de expedición de la tarjeta profesional de abogado, que, justamente, con
fundamento en la respuesta remitida por la Unidad mediante Resolución 12023 de
2022, se declaró la carencia de objeto por hecho superado.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Luis Carlos Sampayo Mejía
aduce la vulneración de los derechos fundamentales a la educación, al trabajo, a la
escogencia de profesión y a la igualdad, con ocasión a la expedición de las
Resoluciones 12023 de 2022 y 450 de 2023, mediante las que la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia decidió negar la
inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado y no reponer la
decisión, respectivamente, con sustento en que “la Corporación Universitaria Regional del
Caribe CURC-IAFIC, no tiene aprobado por parte del Ministerio de Educación Nacional la oferta y
desarrollo del programa de Derecho en Centros Carcelario y penitenciarios en el país, los títulos que
expida bajo esta modalidad no tienen validez”.
El señor Luis Carlos Sampayo Mejía invoca la especial protección constitucional de
las personas privadas de la libertad y a su resocialización.
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Demandante: Luis Carlos Sampayo Mejía
En ese sentido, corresponde a la Sala hacer referencia la acción de tutela contra
actos administrativos y al cumplimiento del requisito general de subsidiariedad de
la acción de tutela, en el entendido que se cuestionan actos administrativos de
carácter particular.
De la acción de tutela contra actos administrativos
El numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 4 establece que la acción de
tutela no procederá «cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto», pues existen otros mecanismos judiciales para cuestionarlos, como son
la acción de inconstitucionalidad contra las leyes o las acciones de simple nulidad
y de nulidad por inconstitucionalidad contra actos generales, según el caso 5.
La acción de tutela no puede ejercerse para cuestionar ese tipo de actos, pues este
mecanismo no está previsto para restablecer la juridicidad posiblemente
quebrantada por un acto general, sino para «suspender los efectos violatorios o
amenazantes de alguno de los derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de
un acto concreto cuya aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas provisionales
(esto es antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente para proteger el derecho,
según las voces del artículo 7o. del Decreto en mención»6.
Tal como lo ha señalado esta Sala7, con fundamento en este requisito –la
subsidiariedad–, la jurisprudencia de las altas Cortes ha concluido que, por regla
general, esta acción es improcedente cuando se pretende controvertir actos
administrativos, puesto que el interesado puede discutir su contenido a través de
distintos medios de control, dependiendo de la naturaleza del acto –general o
particular–.
De la falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad 8 en el caso objeto
de estudio
Dicho lo anterior, es necesario precisar que, si bien la parte actora solicita la
protección de los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, al trabajo
y a la escogencia de profesión, para lo cual, aduce la especial protección
constitucional por ser una persona privada de la libertad, en el presente caso, no
se encuentra acreditada la vulneración de dichos derechos, si se tiene en cuenta
que la entidad demandada no ha impedido el ejercicio de alguno de ellos.
En el mismo sentido, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia dio respuesta a la solicitud que ejerció el señor Sampayo Mejía, en
ejercicio del derecho fundamental de petición, no obstante, la respuesta a la
solicitud fue desfavorable a sus intereses, sin que ello, per se, genere la vulneración
de los derechos fundamentales a la educación, al trabajo y a la escogencia de
profesión o de petición.
4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
5
Sentencia del 2 de diciembre de 2021, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2021-05866-00.
6
Sentencia No. T-321 de 1993
7
Ver, sentencia del 9 de diciembre de 2020, expediente número: 11001-03-15-000-2020-04184-00.
8
Dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra el de subsidiariedad, consistente en “(…) (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (…)”.
En cuanto al requisito de subsidiariedad, se tiene que dicho requisito consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene
un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales,
pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el
ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00365-00
Demandante: Luis Carlos Sampayo Mejía
Ahora, en el presente caso, en estricto sentido, el accionante está cuestionando
dos actos administrativos que resolvieron su situación particular, en relación con la
solicitud que elevó ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia a fin de obtener el registro como abogado y la tarjera profesional de
abogado, esto son, las Resoluciones 12023 de 2022 y 450 de 2023.
Si bien, el contenido de los referidos actos administrativos tiene incidencia en los
derechos fundamentales invocados, la parte actora no puede pasar por alto que la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en las
Resoluciones 12023 de 2022 y 450 de 2023, determinó que la solicitud del
peticionario no cumplió con la totalidad de los requisitos legales y, por esa razón,
dichas decisiones se encuentran amparadas por presunción de legalidad.
Sin que el actor pueda aducir las garantías que le asisten a las personas privadas
de la libertad y alegarlas como desconocidas, con la expedición de unos actos
administrativos en el marco del procedimiento legal para efecto de reconocer el
registro de abogado y la tarjeta profesional de abogado, que, como el mismo lo
refirió en el escrito inicial, es un procedimiento reglado.
De ahí que, las inconformidades que le asisten al señor Luis Carlos Sampayo Mejía
con las Resoluciones 12023 de 2022 y 450 de 2023 es un asunto que debe ser
cuestionado a instancias del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, a fin de que el juez natural de conocimiento tome
en consideración las circunstancias de legalidad expuestas por la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia como motivación de los
actos administrativos y las razones que aduce el demandante, como argumentos
de inconformidad, cuyo análisis permitirá confirmar o desestimar la legalidad de los
actos administrativos.
Debe recordarse que, por más informal que sea la acción de tutela y a pesar de
que su fin constitucional es la protección de derechos fundamentales, en especial,
de personas en condición de debilidad manifiesta, su ejercicio no puede emplearse
para desconocer los mecanismos de defensa dispuestos por el legislador para
ejercer la defensa de los derechos.
Siendo así, ante la falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
objeto de estudio no es posible hacer pronunciamiento de fondo sobre los
argumentos planteados por la parte actora, en cuanto, le corresponde ventilarlos
en ejercicio del medio de control previsto para ese efecto.
Finalmente, merece precisar que el cargo por supuesta violación del derecho
fundamental a la igualdad no tiene vocación de prosperidad, porque, pese a que el
señor Luis Carlos Sampayo Mejía señala que a los señores Carlos Alfonso Escallón
Hernández, Dairon Enrique Torres Miranda y Yoel Ceballos Sierra, quienes se
encontraban privados de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Cartagena y también eran beneficiarios del programa, sí se les otorgó registro y
tarjeta profesional de abogados, tal circunstancia no hace que se cumplan los
requisitos exigidos por el legislador para otorgar el registro y la tarjeta profesional
de abogado al señor Sampayo Mejía.
Como se vio, el fundamento de la decisión de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia para negar el registro y la tarjeta profesional
de abogado fue la falta de cumplimiento de requisitos legales, específicamente, que
“la Corporación Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC, no tiene aprobado por parte del
Ministerio de Educación Nacional la oferta y desarrollo del programa de Derecho en Centros
Carcelario y penitenciarios en el país, los títulos que expida bajo esta modalidad no tienen validez”.
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Demandante: Luis Carlos Sampayo Mejía
En ese orden, no es posible que, con fundamento en el derecho a la igualdad, se
desconozcan las razones de carácter legal que motivaron los actos administrativos
cuestionados, pues, tal como lo afirmó la Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, dará aviso a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de esta situación, para que, de encontrarlo necesario, adelante las
actuaciones necesarias para verificar si la expedición de esos actos administrativos
está o no ajustada a derecho.
Luego, en caso de existir error en la expedición de los actos administrativos que
reconocieron el registro y tarjeta profesional de abogados a los señores Carlos
Alfonso Escallón Hernández, Dairon Enrique Torres Miranda y Yoel Ceballos Sierra,
tal error no podría ser creador de derechos.
Es por ello que, en el caso del señor Sampayo Mejía le corresponde ejercer el
medio de control previsto para cuestionar la legalidad del acto y, en caso de que el
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial encuentre razón alguna que motive
una expedición irregular de los actos mediante los que accedió a las solicitudes de
los señores Carlos Alfonso Escallón Hernández, Dairon Enrique Torres Miranda y
Yoel Ceballos Sierra, también deberá hacer uso de los mecanismos administrativos
y legales establecidos.
En suma, se impone declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Luis
Carlos Sampayo Mejía contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, el Ministerio de
Educación, Corporación Universitaria Regional del Caribe (CURC-IAFIC) y el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Luis Carlos
Sampayo Mejía contra el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, el Ministerio de Educación,
Corporación Universitaria Regional del Caribe (CURC-IAFIC) y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
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Demandante: Luis Carlos Sampayo Mejía
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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