Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06487-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06487-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06487-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
26 de enero de 2023
Demandante: Luis Carlos Sampayo Mejía
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06487-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06487-00
Demandante: LUIS CARLOS SAMPAYO MEJÍA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD
DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA
Tema: Expedición tarjeta profesional de abogado – Carencia
actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por el señor Luis Carlos
Sampayo Mejía, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la
Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991,
en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1 Demanda
Mediante escrito radicado el 5 de diciembre de 2022 en el Sistema de
Recepción de Tutelas y Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, el
señor Luis Carlos Sampayo Mejía, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el fin de que
se le sea amparado su derecho fundamental a la igualdad.
Consideró vulnerada dicha garantía por cuanto, a la fecha de presentación
de la petición de amparo, no se había dado trámite a su solicitud de
expedición de su tarjeta profesional de abogado.
1.2 Pretensiones
En concreto, pidió lo siguiente:
“Se ampare el derecho fundamental de igualdad.
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Demandante: Luis Carlos Sampayo Mejía
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
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Se ordene al accionado(a), que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la Sentencia exprese los motivos de la dilación en la
entrega de la tarjeta profesional y/o en su defecto proceda a la
expedición de la misma”
La acción tuvo como fundamento, los siguientes:
1.3 Hechos
Sostuvo el accionante que se encuentra pagando condena en la Cárcel San
Sebastián de Ternera en Cartagena desde el 3 de noviembre de 2015 y que
en su condición de detenido inició a distancia, el 1º de agosto de 2017, la
carrera de Derecho en la Corporación Universitaria y Regional del Caribe
IAFIC.
Manifestó, por tanto, haber culminado sus estudios y obtenido el título de
abogado el 10 de junio de 2022 según acta de grado No. 216 y diploma
4841.
Señaló que por su limitación de acceso a internet, inició a través de una
amiga los trámites para obtener su tarjeta profesional desde el 3 de agosto
de 2022, para lo cual envió todos los documentos requeridos para tal fin al
correo regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Indicó, incluso, haber tenido que reenviar el formulario requerido en varias
oportunidades por cuanto la universidad no había enviado el listado de
graduados, sin embargo el 15 de junio de 2022 el centro de estudios
demostró haber remitido la información de todos los graduandos de la carrera
de Derecho.
Expresó que compañeros que obtuvieron el título posteriormente ya
recibieron su tarjeta profesional mientras que a él, a la fecha, no le han dado
atención al trámite 26281 correspondiente a la solicitud de expedición del
documento de acreditación profesional.
1.4 Sustento de la vulneración
El actor estimó desconocido su derecho fundamental a la igualdad ante la
demora en el trámite y entrega de la tarjeta profesional de abogado.
Fundamentó esta acción en lo establecido en el artículo 13 de la
Constitución, que consagra el derecho fundamental a la igualdad, además de
señalar que está en condiciones de debilidad manifiesta por encontrarse
detenido, por lo cual se le debería dar trato preferencial y positivo.
1.5 Trámite de la acción de tutela
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Mediante auto del 7 de diciembre de 2022, el magistrado ponente admitió la
tutela y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, para que, si lo
consideraban del caso, intervinieran en el presente proceso en calidad de
accionados.
1.6 Argumentos de defensa
Efectuada la notificación respectiva, se presentó la siguiente intervención:
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia
El director encargado se pronunció en los siguientes términos:
Informó que “la Unidad gestiona el trámite de las solicitudes en orden de
llegada al correo institucional designado para el efecto y en el caso de las
tarjetas profesionales de abogado y licencias temporales, las mismas son
enviadas al domicilio registrado por el solicitante (…)”.
Agregó que en cumplimiento de lo anterior, el proceso de trámite para la
inscripción y expedición de la tarjeta profesional se somete al control riguroso
de las exigencias legales y reglamentarias que aseguren la expedición de un
documento idóneo frente al profesional del derecho.
Señaló que frente al caso del señor Sampayo Mejía, mediante oficio de 22 de
agosto de 2022 solicitó al Ministerio de Educación Nacional, entre otros
aspectos, lo siguiente:
“(…) 3. ¿El Ministerio de Educación Nacional conoce la existencia de un convenio
entre la Corporación Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC y el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, para desarrollar el programa de
derecho en la cárcel de Cartagena?
4. ¿Cuál fue el acto administrativo, mediante el cual el Ministerio de Educación
avaló a la Corporación Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC para el
desarrollo del programa de derecho bajo la modalidad intramural en la cárcel de
Cartagena y con fundamento en qué?
5. ¿Existen otros actos administrativos que avalen a la Corporación Universitaria
Regional del Caribe CURC-IAFIC para desarrollar el programa de derecho en otras
cárceles y/o institutos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional? Favor indicar
cuáles y en dónde.
6. ¿Los títulos de Abogado otorgados por la Corporación Universitaria Regional del
Caribe CURC-IAFIC, bajo la modalidad intramuros, cumplen la totalidad de los
requisitos exigidos por ese Ministerio y son reconocidos legalmente”
Explicó que la cartera de Educación les informó no tener dentro de sus
archivos actos administrativos que avalen o autoricen a la Corporación
Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC, para el desarrollo del
programa de Derecho en la modalidad intramural en la Cárcel de Cartagena,
ni en otros establecimientos y/o institutos penitenciarios y carcelarios a nivel
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nacional, por lo cual los títulos expedidos a través de esta alternativa no
tienen validez.
También le comunicó que no se encontró registro en el SACES convenio
entre la Corporación Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC y el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, para desarrollar el
programa de Derecho en cárceles o instituciones penitenciarias en todo el
país.
Señaló que por estricto mandato legal, es requisito para la inscripción como
abogado haber obtenido el título correspondiente, reconocido por el Estado,
y al no existir aprobación por parte del Ministerio de Educación para el
desarrollo del programa de Derecho intramural ofrecido por la Corporación
Universitaria Regional del Caribe CURC-IAFIC, la solicitud elevada por el
señor Sampayo Mejía no cumple los requisitos señalados por la ley para
tales efectos, lo que hace que el título que le fue otorgado carezca de
validez.
Aseguró que por lo anterior fue expedida la Resolución 12023 de 2022, por
medio de la cual dispuso, en el artículo 1º, negar la inscripción y expedición
de la tarjeta profesional de abogado al señor Sampayo Mejía, según los
argumentos ya expuestos, siendo notificada al actor mediante oficio 12023
de 2022 al correo electrónico luchosampayo5@gmail.com, así como también
a la señora María Isabel Rodríguez Guerrero al correo electrónico
maisrague@msm.com, quien sirvió de intermediaria para la radicación de los
documentos del trámite.
Expresó que no existió vulneración a ningún derecho fundamental en la
actuación realizada por parte de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, por lo que se debía negar el amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1 Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado por los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2 Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
desconoció el derecho fundamental alegado por el señor Sampayo Mejía
porque, a su juicio, no se le ha dado trámite a su solicitud de expedición de la
tarjeta profesional de abogado.
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Para abordar el problema jurídico se analizarán los siguientes aspectos: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) naturaleza subsidiaria de la acción
de tutela y (iii) caso concreto.
2.3 Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución consagra el precepto según el cual, toda
persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 1, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).
2.4. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, norma reglamentada por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la disposición referida se evidencia que, cuando existen otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar
la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados,
se debe recurrir a estos y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona recurre a la administración de justicia con el fin de que sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce un determinado
asunto radicado bajo su competencia2.
1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
2 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales
que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado
previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de
tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas
competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de
las jurisdicciones.”
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Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no
es asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
2.5. Caso concreto
El actor señaló que la entidad accionada desconoció su derecho fundamental
a la igualdad por cuanto, a la fecha de interposición de la acción de amparo,
la entidad demandada no había dado trámite a su solicitud de expedición de
la tarjeta profesional de abogado.
Según quedó expuesto, observa la Sala que mediante Resolución 12023 de
2022 el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, negó la inscripción del señor Sampayo
Mejía como abogado y la expedición de la respectiva tarjeta profesional.
El citado acto fue notificado al demandante mediante oficio del 16 de
diciembre de 2022, remitido al correo electrónico
luchosampayo5@gmail.com, desde el cual envió el formulario ante dicha
unidad y cuyas imágenes se anexan.
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Bajo estas circunstancias, se tiene que la solicitud del demandante fue
debidamente resuelta por la autoridad demandada en este asunto,
comoquiera que mediante el acto en mención, dispuso negar la expedición
de la tarjeta profesional de abogado que solicitó el actor, por lo que en este
punto se tiene que operó la figura de la carencia actual de objeto por hecho
superado, en la medida que la omisión deprecada por el tutelante se superó
por parte de la accionada al proferir una decisión de fondo a su solicitud.
De este modo, aun cuando el tutelante invocó su derecho a la igualdad, no
se debe perder de vista que ello tuvo lugar al advertir que a otros
compañeros se les expidió su tarjeta profesional mientras que, en su caso,
su solicitud de dicho documento no se había resuelto, lo que, se reitera, se
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superó con la expedición de la resolución que la despachó
desfavorablemente.
La Corte Constitucional sostuvo que la terminación del proceso de tutela por
carencia actual de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho
fundamental desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud, por
lo que resulta inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir
alguna orden en aras de salvaguardar las garantías constitucionales
transgredidas. Además, ha señalado que esta figura jurídica puede proceder
en tres supuestos: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii)
por una situación sobreviniente. Al respecto, ha dicho:
“(…) La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la
protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una
amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada
jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos
fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el
objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción (…)3” (Destacado por la Sala)
En relación con los referidos tres supuestos la Sala ha precisado:4
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto
Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual
se materializa cuando en el trámite de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose,
se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía
evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al
respecto”.5
3 Sentencia SU-225 de 2013 y T-317 de 2005.
4 Ver sentencia de 13 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-
03-15-000-2018-04225-00.
5 Corte Constitucional, sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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(iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la tutela, con
ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada.
En este orden, para esta Sección es claro que cuando se satisface lo
solicitado en la acción, se está ante un hecho superado y lo que el juez debe
hacer es declarar la carencia actual de objeto en el asunto que se le presente
a su conocimiento.
En este caso, el director encargado de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia en el transcurso de esta acción de
amparo, le brindo al demandante una respuesta de fondo, clara y concreta a
su petición al manifestarle las razones del porque se le negó inscripción y la
expedición de la tarjeta profesional de abogado mediante la resolución 12023
del 16 de diciembre de 2022.
Cabe advertir sin embargo, que el actor tiene a su alcance otro mecanismo
ordinario de defensa judicial a través del cual puede cuestionar la legalidad
del acto que negó su inscripción como abogado y la tarjeta profesional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
En atención a los argumentos expuestos, resulta evidente que en el sub
examine no procede la intervención del juez constitucional para el amparo
del derecho a la igualdad, por lo tanto se declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado.
Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de
tutela presentada por el señor Duván Andrés Reyes Vélez, de conformidad
con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela presentada por el señor Carlos Sampayo Mejía contra el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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