Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-08036-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-08036-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-08036-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
17 de febrero de 2022
Demandante: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08036-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2021-08036-01
Demandante: EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS - ECOPETROL
S. A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA
Temas: Tutela contra providencia judicial – Examen de los defectos
sustantivo – fáctico y desconocimiento del precedente - Reitera
posición de la Sala1.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de la parte
actora contra la sentencia del 7 de diciembre de 2021, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, que negó la petición de amparo
constitucional deprecada por la Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol
S.A.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El 10 de noviembre de 2021, la Empresa Colombiana de Petróleos-
Ecopetrol S.A., por medio de apoderado judicial2, ejerció acción de tutela contra
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, “a la defensa, a las situaciones jurídicas
consolidadas, a la seguridad jurídica.”
2. La parte actora consideró vulnerados sus derechos con ocasión de la sentencia
dictada por la referida autoridad judicial el 3 de junio de 2021, por medio de la cual
revocó el fallo del 26 de junio de 2019 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta – Subsección “A” que había accedido a las
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencias del 21.10.2021, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2021-06065-00; Sentencia del 2 de diciembre de 2021,
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. 11001-03-15-000-2021-07279-00; Sentencia del 20 de enero de 2022,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 3.02.2022, M.P. Rocío Araújo Oñate.
2 La entidad accionante confirió poder especial al abogado Juan Manuel Ríos Osorio, con el lleno de los
requisitos legales.
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Demandante: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
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pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por la parte actora en contra de la Unidad
Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional – DIAN, que
se tramitó bajo el radicado N.o 25000-23-37-000-2017-00389-01.
1.2. Pretensión
3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:
“1. Conceder el amparo de los derechos al debido proceso, a la defensa, a
las situaciones jurídicas consolidadas, a la seguridad jurídica y los demás
que ese H. despacho considere vulnerados, de los que es titular
ECOPETROL S.A., y en consecuencia, se DEJE SIN EFECTO la sentencia
del 3 de junio de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, dentro del proceso 25000-23-
37-000-2017-00389-01 (24888), pues en ella se adoptan una serie de
consideraciones y decisiones erróneas que afectan a mi representada y la
legitiman en la causa para interponer la presente acción.”
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. Ecopetrol S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la UAE Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN, en la que solicitó que se declarara la nulidad de
las resoluciones de determinación de la contribución de los contratos de obra
pública y de las que resolvieron los recursos de reconsideración interpuestos 3,
que corresponden a los siguientes actos administrativos:
Resoluciones que Resoluciones que Contrato que causó la contribución
liquidan la desatan los recursos de
contribución reconsideración
1 Resolución Resolución 8925 de 18 de 5209274 de 15 de octubre de 2010.
312412015000140 de noviembre de 2016 Objeto: «Construcción de obras
4 de diciembre de civiles, mecánicas [..] eléctricas y
2015 de instrumentación, para la
instalación y montaje del sistema
de agente limpio en plantas y/o
estaciones de la Gerencia Central
– GEC de Ecopetrol S. A.»
2 Resolución Resolución 8928 de 18 de 5209831 de 10 de diciembre de 2010.
312412015000141 de noviembre de 2016 Objeto: «Construcción de Obras
4 de diciembre de civiles de adecuación para los
2015 edificios Teusacá pisos, 5, 6, 7 y 8,
Guadalupe, pisos 2 y 3, Colgas
pisos 4 y 5 y Edificio Ecopetrol
3 Las resoluciones de determinación fueron proferidas por la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes, las 22 primeras fueron confirmadas por la
Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN y, las 18 restantes, por la Dirección Seccional de Grandes
Contribuyentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y por medio de ellas se “determina y
liquida la contribución por contratos de obra pública” regulada por el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006.
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archivo, pertenecientes a Ecopetrol
S. A.»
3 Resolución Resolución 9001 de 21 de 5209781 de 7 de diciembre de 2010.
312412015000146 de noviembre de 2016 Objeto: «Construcción de obras civiles
14 de diciembre de para la recuperación ambiental de
2015 localizaciones de cinco pozos, sus
vías de acceso y áreas aledañas,
con opción de siete adicionales
ubicadas en los campos en
desarrollo y exploratorios de la
Superintendencia de Operaciones
Huila – Tolima pertenecientes a la
Gerencia Regional Sur de
Ecopetrol S. A.»
4 Resolución Resolución 8771 de 15 de 2658 de 28 de octubre de 2011.
31241201600012 de 9 noviembre de 2016 Objeto: «Construcción de obras
de junio de 2016 civiles para la adecuación y
remodelación de las áreas
administrativas y operativas de la
Estación Sebastopol,
pertenecientes a la
Vicepresidencia de Transporte de
Ecopetrol S. A. ubicada en el
municipio de Cimitarra –
corregimiento Puerto Olaya
(Santander) para la vigencia 2011»
5. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la DIAN que
la declarara a paz y salvo, por concepto de las sumas de dinero objeto de cobro
de la contribución de obra pública.
6. Para sustentar sus pretensiones, la parte demandante del proceso ordinario,
en resumen, argumentó que las referidas Resoluciones:
(i) No advierten que los negocios jurídicos conciernen a la exploración y
explotación de hidrocarburos, por ende, están excluidos de la
contribución establecida en el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, en
virtud del artículo 76 de la Ley 80 de 1993;
(ii) Se profirieron luego del vencimiento del término de cinco (5) años
contemplado en los artículos 717 y 817 del Estatuto Tributario; por lo que
fueron expedidas sin competencia temporal;
(iii) No fueron motivadas; y
(iv) No los podía dictar la DIAN, por carecer de competencia material
para tal efecto, porque no le corresponde administrar dicho tributo, dado
que no es un impuesto. Tampoco el artículo 4048 de 2008 habilitó a la
citada entidad para liquidar la contribución y cobrarla.
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta – Subsección “A”,
en sentencia dictada el 26 de junio de 2019 accedió a las pretensiones de la
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demanda, sobre la base de considerar que el artículo 76 de la Ley 80 de 1993
estableció una exención con respecto a los contratos relacionados con la
exploración y/o explotación de hidrocarburos y minerales, por cuanto los mismos
se rigen por disposiciones especiales y no por la Ley 80 de 1993, por lo que no
generan la contribución, circunstancia que quedó expuesta en los conceptos
063832 de 2008 y 048027 de agosto de 2014 de la DIAN.
8. Contra la decisión anterior, la parte demandada (DIAN) interpuso recurso de
apelación, el que alegó que “conforme con el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, el
hecho generador del tributo se configura por la celebración o adición de contratos de obra
pública, con independencia del régimen contractual de la entidad y la naturaleza del bien
sobre el cual se realiza la obra, pues en su entender, lo relevante es que sea celebrado
por una entidad pública. Anotó que los contratos cuestionados no tienen relación directa
con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, y reiteró lo aducido en
la contestación de la demanda, en lo atinente a los demás aspectos de oposición.”
9: El recurso de apelación fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
en sentencia dictada el 3 de junio de 2021, en la que revocó el fallo de primera
instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
10. Para arribar a la citada resolutiva, el Consejo de Estado – Sección precisó el
hecho generador de la contribución, con respecto al cual la autoridad judicial
accionada precisó que daría aplicación a las reglas jurisprudencial establecidas en
la sentencia de unificación dictada el 25 de febrero de 2020 dictada por la Sala
Plena del Consejo de Estado - exp. 25000-23-37-000-2014-00721- 01 [22473] [IJ-
SU], M.P. William Hernández Gómez4, que transcribió y explicó ampliamente.
11. Aclaró que, en la citada sentencia se indicó que el artículo 6º de la Ley 1106
de 2006 establece la contribución sobre los contratos de obra que se celebren con
entidades de derecho público, en virtud del cual, el contratista tiene la calidad de
contribuyente y la entidad de derecho público contratante de agente retenedor,
siendo la responsable del tributo, esto es, quien se encarga de retenerlo y
consignarlo.
4 En la sentencia citada, la Sala Plena del Consejo de Estado resolvió:
Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido precisar lo siguiente:
«1. Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los contratos de obra pública no es
determinante el régimen contractual de la entidad que celebre el contrato de obra pública, sea el general de la
Ley 80 de 1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la obligación tributaria se define en función del
contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho público.
2. Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 –contratos de
exploración y explotación de recursos naturales, y las actividades comerciales e industriales, son dos
categorías de contratos diferentes, en tanto tienen características y finalidades propias, que impiden que se
trate de un mismo contrato.
3. La contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, por cuanto no
corresponden a los contratos de obra pública que son objeto de gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de
2006».
Segundo: Advertir que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio
de seguridad jurídica, resultan inmodificables.”
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12. A partir de lo anterior, sentó el criterio según el cual el hecho generador de la
contribución de los contratos de obra pública se realiza sobre aquellos que se
celebren con entidades de derecho público, independientemente de su régimen
contractual, en tanto la obligación tributaria se define en función del tipo de
contrato y no de la actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho público.
13. En la referida sentencia se advirtió que el hecho de que algunas entidades de
derecho público tengan un régimen especial para la celebración de ciertos tipos de
contratos –como los de exploración y explotación de recursos naturales
renovables y no renovables– no impide que cuando celebren los de obra, estos
queden gravados con el tributo. “Lo anterior, bajo el argumento de que el contrato de
obra pública es diferente al contrato de exploración y explotación de recursos naturales,
por tener características y finalidades propias, encontrándose gravado con el tributo solo
el primero, por disposición legal.”
14. La sentencia de unificación de jurisprudencia, que fue aplicada al caso
concreto, fijó el criterio general que debe tenerse en cuenta para determinar si un
contrato está gravado o no con el tributo, para lo cual precisó que en cada proceso
debe examinarse que el objeto encuadre en la definición de “contrato de obra”, lo
que implica analizar aspectos como el objeto, las cláusulas contractuales y las
reglas de interpretación.
15. Al aplicar las reglas de unificación al caso concreto, en la providencia
cuestionada se examinó la naturaleza jurídica de Ecopetrol, se reseñaron los actos
administrativos censurados y se hizo referencia al objeto de cada uno de los
contratos.
16. Con fundamento en el análisis realizado, concluyó que no corresponden a los
de exploración y explotación de hidrocarburos, por cuanto si bien se relacionan
con esas actividades, no tienen por finalidad su búsqueda y producción sino la
realización de un conjunto de obras encaminadas a la construcción, reparación y
mantenimiento de unos bienes inmuebles, que son propias de los contratos de
obra, por lo que le asistía razón a la DIAN cuando consideró que corresponden a
esta modalidad y, por ende, están gravados con el tributo.
17. En cuanto al desconocimiento de los oficios DIAN 036803 del 2007 y 063832
de 2008, aseveró que el primero alude al Banco de la República, que es una
entidad distinta de Ecopetrol, y el segundo acogió la tesis de la sentencia de
unificación 2020- CE-SUJ-SP-001, según la cual “i) el régimen contractual de la
entidad de derecho público que suscribe el contrato no es el que determina el hecho
generador; ii) En los casos en que ECOPETROL suscriba contratos de obra o concesión
de obra pública se configura el hecho generador de la contribución (…); iii) los contratos
relacionados con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, distintos
de los contratos de obra, no se encuentran gravados con la contribución referida”.
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1.4. Sustento de la vulneración
18. La parte actora argumentó que, en reiteradas oportunidades, se había
reconocido por la jurisprudencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que
todos los contratos celebrados por Ecopetrol, en desarrollo de su objeto social,
carecen de cláusulas exorbitantes, por lo que no hay lugar a la causación de la
contribución de obra pública5.
19. Consideró que la sentencia censurada desatendió el contenido del artículo 76
de la Ley 80 de 1993, que prevé que las entidades públicas que suscriban
contratos de exploración y explotación de recursos naturales no están sujetas al
régimen general de contratación, por ende, los pactos afines con esas actividades
no pueden considerarse de obra pública, por lo que no comportan la carga fiscal
de que trata el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006.
20. Aseveró que Ecopetrol no celebra contratos de obra pública sino aquellos
necesarios para el desarrollo de actividades de exploración, explotación,
transporte y refinación de hidrocarburos.
21. Afirmó que la sentencia desconoce el Concepto 0638332 de 2008 de la DIAN,
en el cual se indicó que la contribución de obra pública no es aplicable a los
contratos relacionados con la exploración y explotación de recursos naturales no
renovables ni a los conexos, “concepto que ha sido tenido en cuenta por la entidad en
otros casos en los cuales la propia DIAN revocó a Ecopetrol actos de determinación de la
contribución de obra pública, pues a través de ellos se desarrollan actividades propias del
sector.”
22. A juicio de la accionante, la autoridad judicial no realizó un juicio de valoración
probatoria, en la medida en que se limitó a relacionar las reglas de unificación
establecidas en la sentencia del 25 de febrero del 2020, a transcribir los objetos
contractuales y a afirmar que se referían a trabajos materiales sobre bienes
inmuebles, de tal manera que omitió justificar que no se trataba de contratos cuyo
objeto estuviese relacionado con actividades de exploración y producción de
hidrocarburos o conexos, como lo precisa la misma sentencia de unificación. Esta
alegación la enmarcó en un defecto procedimental.
23. Manifestó que se desconoció el precedente judicial que ampara la actuación
de Ecopetrol, contenido en la sentencia SU-406 de 2016, dictada por la Corte
Constitucional con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la
que se hace referencia a los requisitos necesarios para realizar un cambio
jurisprudencial y no incurrir con ello en arbitrariedad.
5 Para el efecto, hizo referencia a las siguientes sentencias dictadas por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado: (i) 22 de febrero de 2018, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente 25000-23-37-000-2014-
00994-01; (ii) 25 de abril de 2018, M. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente 25000-23-37-000-2014-
00015-01; (iii) 24 de mayo de 2018, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente 25000-23-37-000-2015-
00771-01; y (vi) 31 de mayo de 2018, M.P. Milton Chaves García, expediente 25000-23-37-000-2014-00616-
01.
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24. Consideró como desconocidas igualmente las siguientes sentencias dictadas
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, relacionadas con los objetos
contractuales que no generan la contribución de obra pública:
El 31 de mayo de 2018, Rad. 2014-00616-01 (22388) con ponencia del
Magistrado Milton Chaves García;
El 3 de mayo de 2018, Rad. 2015-0131601 (23378), con ponencia de la
Magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto;
El 24 de mayo de 2018, Rad. 2015-01316-01 (23378), M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
25. Alegó el desconocimiento de las reglas establecidas en la sentencia de
unificación dictada el 25 de febrero de 2020, por la Sala Plena del Consejo de
Estado, respecto del análisis que se debe realizar en relación con cada uno de los
contratos.
26. Para sustentar este cargo, afirmó que, en las consideraciones del fallo de
unificación de jurisprudencia se indicó que en cada caso se debe verificar el objeto
del contrato que se celebra y no el régimen jurídico de la entidad y la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en su sentir, se limitó a enlistar los objetos
contractuales y a considerar que se trataba de actividades materiales sobre bienes
inmuebles, con lo cual desconoció que los mismos están encaminados al
desarrollo, producción, determinación de reservas y comercialización de
hidrocarburos, como lo establece el artículo 76 de la Ley 80 de 1993.
27. Adujo que el cambio intempestivo y sin fundamento de la línea jurisprudencial,
al darse aplicación a las reglas dispuestas en la sentencia de unificación del 25 de
febrero de 2020, trajo como consecuencia una carga fiscal que Ecopetrol no debía
soportar, pues no es sujeto pasivo de la contribución; además, afectó de manera
grave e injustificada su competitividad frente a otras empresas del sector y generó
para la compañía el pago de intereses de mora con respecto a contratos que
fueron ejecutados hace más de diez (10) años.
28. Transcribió apartes de algunos de los salvamentos de voto que se presentaron
con ocasión de la sentencia de unificación los cuales, a su juicio, confirman la
posición de Ecopetrol.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Auto admisorio de la demanda
29. Mediante auto de ponente, dictado el 18 de noviembre de 2021, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado
– Sección Cuarta, como autoridad judicial accionada.
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30. Así mismo, se dispuso la vinculación de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta – Subsección “A”, como terceros con interés jurídico en el resultado del
proceso.
1.5.2. Intervenciones de la autoridad accionada y de los terceros vinculados
1.5.2.1. Consejo de Estado – Sección Cuarta
31. La magistrada ponente de la decisión censurada se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la acción de tutela es improcedente
porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional pues la entidad
demandante pretende constituir una instancia adicional del proceso, al proponer
argumentos que fueron resueltos por el juez ordinario.
32. En cuanto al fondo del asunto, indicó que la sentencia no incurrió en defecto
sustantivo, porque la decisión obedeció a la interpretación de las disposiciones
normativas aplicables al caso debatido y se ajustó a las reglas jurisprudenciales
establecidas en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, dictada por
la Sala Plena del Consejo de Estado, la cual determinó el alcance del hecho
generador de la contribución de los contratos de obra pública celebrados con
entidades de derecho público.
33. Precisó que resultaba procedente la aplicación de la referida sentencia, en la
medida que esta únicamente restringió sus efectos a los casos en los que hubiere
operado la cosa juzgada, por lo que sobre aquellos que se encontraban en
discusión judicial, como el presente asunto, debían emplearse las reglas
jurisprudenciales allí señaladas, sin que pueda concluirse que se afectó el
principio de confianza legítima.
34. Afirmó que no se configuró el defecto procedimental, pues en la decisión
objeto de la tutela se dictó con fundamento en las reglas de unificación, para lo
cual se partió del análisis de los objetos contractuales consignados en los
negocios jurídicos discutidos en el proceso, lo que llevó a la Sala a determinar que
los mismos cumplían las características establecidas en la sentencia de
unificación respecto de los contratos de obra pública gravados con el tributo.
1.5.2.2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
35. La Subdirectora de Representación Externa de la UAE Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales – DIAN indicó que es evidente que la pretensión de la
sociedad accionante es reabrir la discusión jurídica que fue objeto del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue resuelta de manera
desfavorable.
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36. Advirtió que la tutelante cuestionó en el proceso ordinario la interpretación que
hizo la administración de los contratos que celebró y que motivaron la causación
de la contribución de obra, bajo el entendido que, por versar sobre contratos de
exploración y explotación de hidrocarburos no se encontraban sujetos a la
contribución, tesis que rechazó el Consejo de Estado, previa conclusión que se
trataba de contratos de obra, entendidos como aquellos relacionados con trabajos
materiales sobre inmuebles.
37. Resaltó que no es cierto que se hubiera omitido realizar la valoración de los
contratos desde el punto de vista del objeto contractual, pues fue precisamente
este examen el que condujo a la autoridad judicial a concluir que se trataba de
contratos de obra pública.
38. Puso de presente que, en la sentencia objeto de la presente acción, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado discriminó de manera detallada los contratos que
fueron materia de determinación de la contribución por contrato de obra pública y
señaló en cada uno de ellos su objeto, lo cual contrastó con las definiciones
efectuadas en la sentencia de unificación, precisando los elementos definitorios.
39. Afirmó que la sentencia cuestionada fue dictada con prevalencia de los
principios de la sana crítica y la buena fe, después de haberse surtido el
procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico, con garantía de igualdad e
imparcialidad para las partes.
40. Consideró que no se configuran los requisitos especiales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales.
1.5.2.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta –
Subsección “A”
41. Guardó silencio, no obstante encontrarse debidamente notificado del auto
admisorio de la demanda de tutela.
1.5.3. Sentencia de primera instancia
42. El Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B” dictó sentencia el 7
de diciembre de 2021, en la que negó la petición de amparo constitucional,
previo examen de la concurrencia de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela cuando se dirige contra providencia judicial.
43. Específicamente, sobre la relevancia constitucional consideró que el asunto
recae sobre el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, por lo
que se encuentra acreditada en el caso concreto.
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44. Examinó el defecto sustantivo alegado desde la perspectiva del
desconocimiento del artículo 76 de la Ley 80 de 1993, que establece que los
contratos de exploración y explotación de recursos naturales no están sometidos
al régimen general de contratación.
45. Al respecto, se refirió a la definición de contrato de obra y señaló la línea
jurisprudencial que antecedió a la sentencia de unificación de jurisprudencia
dictada por el Consejo de Estado el 25 de febrero de 2020. Transcribió las reglas
de unificación consagradas en esta.
46. Destacó que, según el fallo, el hecho generador de la contribución –de que
trata el artículo 6º de la Ley 1106 de 2006– se configura cuando el contrato tiene
la condición de obra pública (factor objetivo), esto es, en el evento de que verse
sobre trabajo material en bienes inmuebles y sea celebrado por una entidad
pública (factor subjetivo).
47. Con las anteriores precisiones jurídicas, concluyó que “la determinación judicial
acusada no desconoce el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, porque si bien es cierto que
prevé que los contratos suscritos por entidades públicas que versen sobre exploración y
explotación de recursos naturales no están sometidos al régimen general de contratación,
también lo es que esa premisa no impedía que los negocios jurídicos en la letra a del
acápite de hechos probados de esta providencia fuesen considerados como de obra
pública, toda vez que comportan labores materiales sobre bienes inmuebles.”
48. Advirtió que, “aunque en la sentencia de unificación de 25 de febrero de 20206 se
indicó que no es factible considerar como de obra pública los negocios jurídicos
concernientes a la exploración y explotación de recursos naturales, en atención al artículo
76 de la Ley 80 de 1996 y, en consecuencia, sobre ellos no recae el mencionado tributo,
esa regla no cobija a los que se gravaron mediante los actos administrativos enjuiciados
en sede contencioso-administrativa, porque corresponden a actividades complementarias
de la industria petrolera.”
49. Sobre el desconocimiento del precedente señaló que, contrario a lo afirmado
por la parte actora, la sentencia acoge la posición jurisprudencial vigente para el
momento en que se dictó. Advirtió que, la presentación de una demanda ordinaria
no le impone al juez que la conoce la obligación de decidirla conforme al criterio
jurisprudencial en vigor en ese momento, por cuanto de dicho acto procesal no se
deriva una situación consolidada, esto es, no le otorga la prerrogativa de que el
asunto deba desatarse en el mismo sentido.
50. Finalmente, resolvió el cargo relacionado con el defecto fáctico que, en sentir
de la parte actora, se configuró por no haberse tenido en cuenta las pruebas
allegadas a la actuación que acreditaban que los contratos celebrados concernían
a la explotación y exploración de recursos naturales.
6 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente 25000-23-37-000-2014-00721-00.
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51. Lo anterior, por cuanto lo que se consideró es que “el hecho de que las obras se
practiquen o se relacionen con bienes utilizados en la industria petrolera o en el bienestar
de los empleados, no desconoce su naturaleza de contrato de obra pública, porque en
este tipo de contrato, lo esencial es que la actividad contratada sea un trabajo material
sobre un bien inmueble. Tampoco –la destinación de los inmuebles- puede llevar a
considerar que se trate un contrato de exploración y explotación, porque estos tienen por
objeto específico determinar la existencia, reserva, extracción, y/o la producción del
recurso natural.”
53. La sentencia de tutela fue notificada por medios electrónicos a las partes e
intervinientes el 12 de enero de 2022.
1.5.4. Impugnación
54. Mediante escrito remitido por correo electrónico 17 de enero de 2022 a la
Secretaría General del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara y
se accediera a la petición de amparo constitucional.
54. La parte recurrente manifestó que algunos de los cargos formulados por
Ecopetrol no fueron resueltos en la sentencia de primera instancia, la cual omitió
pronunciarse sobre los siguientes aspectos:
“a. El Consejo de Estado no hizo ninguna valoración probatoria y omitió
analizar la esencia de cada uno de los contratos que sirvieron de base para
el cobro de la contribución por contratos de obra pública
b. El Consejo de Estado, al acudir retroactivamente a lo dispuesto en la
sentencia de unificación del 25 de febrero del año anterior, trasgredió los
derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el
principio de confianza legítima.
c. El Consejo de Estado pasó por alto los salvamentos de voto y no tuvo en
cuenta que operó la prescripción.
d. El Consejo de Estado interpretó equivocadamente el artículo 76 de la Ley
80 de 1993.”
55. Reiteró en el escrito de impugnación los argumentos expuestos en la
demanda. Insistió en la vulneración del derecho al debido proceso por falta de
valoración probatoria, lo que, a su juicio, constituye uno de los defectos
procedimentales.
56. Afirmó que a lo contratos que fueron celebrados con anterioridad a la
sentencia de unificación no se les debía aplicar el precedente, por cuanto no
correspondían a la modalidad de obra pública, afirmando que tal circunstancia
vulnera los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
57. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte
actora en contra de la sentencia del 7 de diciembre de 2021, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, que negó la petición de
amparo constitucional deprecada por Ecopetrol S. A., de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 así
como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.3. Problemas jurídicos
58. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia del 7 de diciembre de 2021, proferida en la acción de tutela del
vocativo de la referencia, instaurada por la entidad accionante con el fin de
reclamar el amparo de su derecho fundamental al debido proceso.
59. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica
expuesta por la parte actora, de la valoración del material probatorio recaudado,
de las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas y de los
argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la impugnación, el primer
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si
concurren en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela.
60. De encontrarse superados los mismos, la Sala establecerá si la autoridad
accionada vulneró el derecho al debido proceso de la accionante al haber negado
las pretensiones de anulación de los actos de determinación de la contribución de
obra pública y los que resolvieron los recursos de reconsideración interpuestos en
sede administrativa.
61. Concretamente, se resolverán los subproblemas jurídicos relacionados con si
la sentencia censurada incurre en los defectos:
i) Sustantivo, por indebida interpretación del artículo 76 de la Ley 80 de
1993;
ii) Desconocimiento del precedente, referido a la jurisprudencia reiterada
de la Sección Cuarta del Consejo de Estado y al pronunciamiento de la
Corte Constitucional, citado por la parte actora y la imposibilidad de aplicar
retroactivamente la sentencia de unificación de jurisprudencia al caso
concreto que se encontraba en trámite;
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iii) Defecto fáctico por indebida valoración del objeto y las cláusulas
contractuales, alegado este último como defecto procedimental, el cual se
adecúa por la Sala con fundamento en el contenido del argumento expuesto
por la parte actora.
62. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva;
y iii) el análisis del caso concreto con fundamento en los cargos propuestos en la
demanda de tutela y en el escrito de impugnación.
2.3. Razones jurídicas de la decisión.
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
63. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20127 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 8 y declaró su
procedencia9.
64. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.
65. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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66. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva
2.3.2.1. Tutela contra tutela
67. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al
juicio de procedibilidad, toda vez que, frente al primero de estos aspectos, no se
trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues el trámite
cuestionado corresponde a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
adelantado por la parte actora en contra de la UAE - Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN.10
2.3.2.2. Inmediatez
68. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, porque la parte actora considera vulnerados sus derechos con la
providencia dictada en segunda instancia por el Consejo de Estado – Sección
Cuarta el 3 de junio de 2021, la cual fue notificada por estado el 25 del mismo mes
y año, de tal manera que cobró ejecutoria el 2 de julio de la citada anualidad.
69. Por su parte, el escrito de tutela se radicó el 10 de noviembre de 2021, por lo
que se evidencia que se presentó en un plazo inferior a seis (6) meses que se
considera razonable, de acuerdo con la posición unificada del Consejo de Estado.
2.3.2.3. Subsidiariedad
70. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que la sentencia fue dictada en segunda instancia, sin
que contra tal decisión procedan recursos ordinarios adicionales, habiendo puesto
la providencia fin al proceso.
10 En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
sentencia del 27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00400-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00037-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05346-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05202-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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71. En el presente caso no es posible tener como mecanismo idóneo de defensa
judicial en relación con la sentencia dictada por la autoridad accionada el 3 de
junio de 2021, el recurso extraordinario de revisión y el de unificación de
jurisprudencia, el primero porque los argumentos expuestos no encuadran en
alguna de las causales taxativas consagradas en el artículo 250 de la Ley 1437 de
2011 y el segundo porque la sentencia fue dictada por la Sala especializada del
Consejo de Estado, como corporación de cierre, sin que sea pasible de este medio
de impugnación.
72. Sin embargo, en el presente caso la parte actora a parte en el escrito de
impugnación incluyó como argumento nuevo el hecho de que el Consejo de
Estado, Sección Cuarta “no tuvo en cuenta que operó la prescripción.”
73. Al respecto, se advierte que se trata de un cargo que, si bien fue alegado
como causal de nulidad en la demanda del proceso ordinario al advertirse que la
DIAN había dictado los actos por fuera del ámbito de competencia temporal, el
mismo no fue incluido por la parte accionante en el recurso de apelación y, por
ende, tampoco fue objeto de pronunciamiento en la sentencia que resolvió este
mecanismo de impugnación.
74. Siendo ello así, con respecto a este específico cargo no concurre el requisito
de subsidiariedad que torne procedente su examen de fondo. Lo anterior –se
reitera– por cuanto la parte actora tuvo a su disposición el recurso de apelación y
no incluyó alegación alguna relacionada con la prescripción de la potestad de la
administración.
75. Cabe destacar que, si en gracia de discusión procediera su análisis, tampoco
se incluyó en el escrito de tutela ni se agotó la carga argumentativa mínima
establecida en aquellos eventos en los que la censura se dirige contra una
providencia judicial ejecutoriada que hizo tránsito a cosa juzgada ni se mencionó
con respecto a cuál o cuáles de los actos administrativos operó dicha figura ni las
razones por las cuales ello acaeció.
2.3.2.4. Relevancia constitucional
76. Como igualmente lo concluyó el juez constitucional de primera instancia, la
Sala entiende superado este requisito, por cuanto al realizar el test de
procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos de la demanda y
las pretensiones, se advierte que la parte actora solicita la garantía del derecho al
debido proceso que considera vulnerado con la providencia que negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y la declaró
responsable de la contribución de obra pública11.
11 Según el artículo 86 de la Constitución, la finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas situaciones
en que la decisión de la autoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, que
conllevan una decisión incompatible con la Constitución (Sentencia T-817 de 2012 de la Corte Constitucional).
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77. La tutelante alegó la vulneración del derecho al debido proceso, desde la
perspectiva constitucional consagrada en el artículo 29 de la Carta, lo que implica
que la misma trascienda el ámbito meramente legal. Adicionalmente, se involucra
un cargo de desconocimiento del precedente que implica revisar el derecho a la
igualdad, consagrado en el artículo 13, desde una óptica ius fundamental.
78. En consecuencia, no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el
cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el
interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al
existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus derechos ante
el juez contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía la
obligación de constituirse en garante de los derechos fundamentales asumiendo el
rol de juez de constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al
juez de tutela, quien deberá analizar el caso de acuerdo con los postulados del
Estado Social de Derecho.
79. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación
o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el
procedimiento judicial establecido por la ley para su protección.
80. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.12
81. Al encontrarse superados los requisitos de procedibilidad adjetiva,
corresponde a la Sala analizar el fondo del asunto, con fundamento en los cargos
propuestos en la demanda.13
Por tal razón, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los requisitos genéricos de
procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales es que el asunto tenga
evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la protección de derechos
fundamentales (Sentencia SU-573 de 2017, reiterando las consideraciones expuestas en la C-590
de 2005) esto se refiere a que “involucre garantías superiores y no sea de competencia exclusiva
del juez ordinario”(Sentencia SU-050 de 2018).
12 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00004-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-
000-2019-05258-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05291-00; sentencia
del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05354-00; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05153-00; sentencia
del 30.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05121-00; sentencia del 30.01.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05167-00; sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
13 Sobre la relevancia constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sección en varias
sentencias de tutela, de las cuales cabe destacar la sentencia del 5.12.2019, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04724-00.
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2.3.3. Examen del caso concreto
2.3.3.1. Análisis del defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 76
de la Ley 80 de 1993
82. La parte actora consideró que la sentencia censurada incurrió en defecto
sustantivo, por inaplicación del artículo 76 de la Ley 80 de 1993, norma que es del
siguiente tenor:
“ARTÍCULO 76. DE LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. Los contratos de
exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables,
así como los concernientes a la comercialización y demás actividades
comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las que
correspondan las competencias para estos asuntos, continuarán rigiéndose
por la legislación especial que les sea aplicable. Las entidades estatales
dedicadas a dichas actividades determinarán en sus reglamentos internos el
procedimiento de selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales
que podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que deben sujetarse.
…”
83. Al respecto, se advierte que, contrario a lo afirmado por la parte actora, la
autoridad accionada no desconoció ni inaplicó el artículo citado, pues lo que
concluyó en la sentencia censurada, previo análisis del objeto de cada uno de los
negocios jurídicos sobre los cuales recayeron los actos de liquidación de la
contribución es que no eran de exploración y explotación de recursos naturales
sino de obra pública, siendo este el hecho generador del tributo.
84. Tal categorización se realizó con fundamento en las precisiones expuestas por
la Sala Plena de esta Corporación sobre la naturaleza jurídica y las características
especiales que diferencian cada uno de ellos, determinándose que los que eran
materia del tributo en el caso concreto pertenecían a la segunda categoría.
85. En efecto, en la sentencia de unificación aplicada por la autoridad accionada,
se diferenciaron las dos modalidades contractuales, para concluir que únicamente
en los contratos de obra pública se causaba la contribución, mientras que en los
que tuvieran como objeto la exploración y explotación de recursos naturales, ella
no se generaba, lo cual quedó consignado en los siguientes términos:
“…el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 se refiere a un tipo de contrato
diferente al que es objeto del gravamen.
Por tanto, en el supuesto contemplado en el citado artículo 76 no se
configura el hecho generador. En conclusión, para efectos del tributo
analizado, debe entenderse que, en términos generales, el contrato de obra
pública es el celebrado con entidades de derecho público para la realización
de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, advirtiéndose que en cada
caso en concreto, corresponderá al juez definir si se configura el contrato de
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obra pública, atendiendo aspectos tales como, el objeto, las cláusulas
contractuales, y las reglas de interpretación de los contratos.
Agréguese que los contratos de exploración y explotación, comercialización
e industrialización de recursos naturales renovables y no renovables, son
típicos y tienen ciertas particularidades que los distinguen del contrato de
obra pública objeto del tributo.”
86. En la motivación del fallo de unificación, la Corporación precisó que las
especificidades del contrato de exploración y explotación de recursos naturales
surgen de las regulaciones contenidas en el Código de Petróleos, en el Código de
Minas y en algunas disposiciones de la Agencia General de Hidrocarburos, en
virtud de las cuales su celebración tiene por objeto, fundamentalmente, la
asignación de un área para determinar aspectos como la existencia, ubicación,
reservas, calidad, entre otros, de los referidos recursos y el posterior desarrollo,
producción y venta de los que efectivamente sean encontrados.
87. Se destacaron como elementos propios de la modalidad contractual regulada
en el precepto citado como desconocido la “realización de actividades materiales para
construir, reparar o mejorar ciertos bienes –como los contratos de obra pública”. Se
precisó que “su finalidad es la de determinar la existencia, ubicación, calidad, reservas,
extracción, producción, y comercialización de recursos naturales, previa asignación de un
área territorial.”
88. En consecuencia, al haberse establecido que los contratos de exploración y
explotación de recursos naturales gozan de una naturaleza jurídica diferente a los
de obra pública y haberse encuadrado –los que fueron objeto de análisis en la
sentencia– en esta segunda categoría y no en la prevista en el artículo 76 de la
Ley 80 de 1993, no es posible concluir que el precepto fue inaplicado, solo que el
mismo no regulaba el caso concreto, pues se refería a una modalidad contractual
diferente.
89. Adicional a lo anterior, la parte actora no acreditó que los cuatro (4) contratos
involucrados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho resuelto por
el Consejo de Estado – Sección Cuarta bajo el radicado 2017-01389-01
correspondieran a la categoría descrita en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y
que, por dicha razón, ese fuera el precepto aplicable.
90. En efecto, en sede de tutela Ecopetrol no desvirtuó los elementos que llevaron
a la autoridad accionada a concluir que se trataba de contratos de obra pública,
pues se limitó a aseverar que la norma fue inaplicada y ningún examen realizó
sobre el objeto de cada uno de los negocios jurídicos para demostrar el yerro en el
que alega incurrió la autoridad al momento de determinar su naturaleza jurídica.
91. En consecuencia, en esta oportunidad la Sala no encuentra configurado ni
demostrado el defecto sustantivo alegado en relación con la inaplicación del
artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y reitera la conclusión a la que ha arribado en
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casos que tienen similitud fáctica y jurídica con el que ahora resuelve, en los que
Ecopetrol S. A., presentó la misma alegación, frente a la cual esta Sección, luego
de transcribir las consideraciones del fallo cuestionado, ha concluido que:
“No existió el defecto sustantivo alegado por Ecopetrol por la indebida
interpretación del artículo 76 de la Ley 80 de 1993, que regula los contratos
de exploración y explotación de los recursos naturales, pues la Sección
Cuarta con fundamento en la sentencia de unificación del 25 de febrero de
2020, explicó que los contratos cuestionados no son de exploración y
explotación de recursos naturales (normativa alegada como desconocida),
por lo que resultaba irrelevante determinar si el objeto contractual de los
mismos se relacionaba directamente o no con actividades de exploración,
explotación, o con actividades complementarias a aquellas.”14
92. En igual sentido se había pronunciado esta Sección en sentencia dictada el 21
de octubre de 202115, en la que, sobre el defecto alegado, consideró que, en
ejercicio de su actividad contractual, las entidades de derecho público pueden
celebrar diferentes tipos de contratos, sin que cada uno de ellos pierda su
identidad, pues uno es el objeto social o actividad principal de la entidad y otra su
actividad contractual que puede variar y que le permite celebrar contratos de obra
pública.
93. Las anteriores consideraciones resultan igualmente aplicables para desvirtuar
la alegación de la parte actora, según la cual en la sentencia se desconoció el
Concepto 0638332 de 2008 de la DIAN, en el cual se había indicado que la
contribución de obra pública no se predica de los contratos relacionados con la
exploración y explotación de recursos naturales no renovables ni a los conexos, en
la medida en que los que fueron revisados en sede de nulidad y restablecimiento
no gozaban de tal naturaleza jurídica.
94. Ello, por cuanto la sentencia precisó que los contratos sobre los cuales se
realizó la liquidación de la contribución son de obra y no de exploración y
explotación de recursos naturales y por esa razón se causa el tributo.
2.3.3.2. Desconocimiento del precedente16
2.3.3.2.1. Desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU-406
de 2016 de la Corte Constitucional
95. El primer argumento expuesto por la parte actora para sustentar este cargo
hace referencia al desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU-
406 de 2016, dictada por la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Luis
Guillermo Guerrero Pérez, relacionada con los requisitos necesarios para realizar
un cambio jurisprudencial y no incurrir con ello en arbitrariedad.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 2.12.2021, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. 11001-03-15-000-2021-07279-00
15 Ob. Cit, cita 1.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-027 del 21.01.2021, M.P. Cristina Pardo Schelsinger
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96. Al respecto, la Sala precisa que, ante la necesidad de unificar la jurisprudencia
sobre si los contratos relacionados con la realización de trabajos materiales sobre
inmuebles que celebran las entidades estatales sujetas a un régimen especial de
contratación son o no de obra pública, según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y,
en consecuencia, si se genera o no la contribución prevista en el artículo 6º de la
Ley 1106 de 200617, la Sala Plena de esta Corporación –en auto del 27 de agosto
de 2019– avocó el conocimiento de un asunto que guarda identidad con el sub
examine, teniendo igualmente en cuenta motivos de importancia jurídica y
trascendencia económica.
97. La unificación de jurisprudencia sobre el tema debatido quedó finalmente
consignada en la sentencia dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado el 25
de febrero de 2020, en la cual se fijaron reglas de obligatorio cumplimiento
aplicables a todos aquellos casos que se encontraran en debate judicial, esto es,
en los que no existiera sentencia que hubiera hecho tránsito a cosa juzgada, tal
como se advierte en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo en el que
se señaló que “los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud
del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.”
98. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 189 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regula los
efectos de las sentencias y la cosa juzgada. En consideración a que en el asunto
debatido no se había dictado sentencia definitiva para el momento en que se
profirió el precedente de unificación, resultaba imperativo para la autoridad judicial
aplicarlo.
99. Las anteriores precisiones tienen, igualmente, como finalidad señalar que la
sentencia censurada en el presente caso, esto es la dictada el 3 de junio de 2021
por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, no contiene un cambio jurisprudencial
arbitrario o injustificado, pues las reglas de decisión quedaron consignadas en el
fallo dictado por la Sala Plena de esta Corporación el 25 de febrero de 2020, que
no ha sido infirmado ni retirado del ordenamiento jurídico y en el mismo se realizó
el juicio de trasparencia y de suficiencia argumentativa que permitió modificar la
línea jurisprudencial que se encontraba vigente hasta ese momento.
100. En consecuencia, al no haberse efectuado un cambio de posición
jurisprudencial en la decisión censurada sino en una sentencia de unificación
previa, dictada con fundamento en las potestades conferidas por el artículo 271 al
Consejo de Estado como corporación de cierre en materia contencioso-
administrativa, es claro que el cargo no está llamado a prosperar.
17 Teniendo en cuenta la diversidad de los criterios que sostuvieron los magistrados que integran la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y los conjueces designados para dirimir el empate en el caso sometido en esa
oportunidad a consideración de la Sala que guarda identidad con el que es objeto de análisis en esta ocasión.
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2.3.3.2.2. Desconocimiento de las sentencias dictadas por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado
101. La entidad tutelante consideró como desconocidas igualmente las siguientes
sentencias dictadas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, relacionadas
con los objetos contractuales que no generan la contribución de obra pública:
El 31 de mayo de 2018, Rad. 2014-00616-01 (22388) con ponencia del
Magistrado Milton Chaves García;
El 3 de mayo de 2018, Rad. 2015-0131601 (23378), con ponencia de la
Magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto;
El 24 de mayo de 2018, Rad. 2015-01316-01 (23378), M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
102. Cabe destacar que las sentencias señaladas como desconocidas por la parte
actora hacen parte de la línea jurisprudencial anterior a la sentencia de unificación
de la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado18, la que fue
expresamente recogida cumpliendo para ello con las cargas de transparencia y
suficiencia exigidas frente a la fijación de nuevas reglas de unificación.
103. Al haber sido precisada y unificada la posición jurisprudencial sobre la
materia, por el máximo órgano del Consejo de Estado, esta postura (modificada)
no podía ser utilizada en la sentencia que se dictó más de un año después de su
proferimiento, esto es, con fundamento en la jurisprudencia vigente.
104. A la misma conclusión arribó esta Sección en las sentencias de tutela
dictadas el 21 de octubre y el 2 de diciembre de 2021. En esta última, señaló que
“en el fallo censurado, mediante la presente acción de tutela, no se podía utilizar la línea
jurisprudencial previa a la sentencia de unificación, pues se desnaturalizaría la figura del
precedente y los cambios jurisprudenciales que se presentan con las sentencias de
unificación. Sobre este punto la Corte Constitucional, en la sentencia C-634 de 201119,
ordenó a las autoridades aplicar de manera uniforme los criterios establecidos en este tipo
de providencias a los casos posteriores que resuelvan, siempre que tengan similares
supuestos fácticos y jurídicos. Efectivamente, en el presente caso se debía aplicar el
precedente establecido por la identidad fáctica y jurídica que guarda este con el resuelto
en la pluricitada sentencia de unificación.”
105. Al encontrarnos frente al mismo argumento, la Sala reitera la imposibilidad de
aplicar un precedente que no se encuentra vigente a los casos sometidos a
18 Sentencia del 25 de febrero de 2020, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 25000-23-37-000-2014-00721-01, actor: Ecopetrol S.A. y demandado: la DIAN, M. P. William
Hernández Gómez.
19 Ref. D-8413. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 «por la
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo». Actor:
Francisco Javier Lara Sabogal. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva
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consideración de la Sala, indicando que no es la fecha de celebración de los
contratos ni de presentación de la demanda la que marca la jurisprudencia
aplicable al caso sino aquella que se encuentre en vigor al momento de dictar la
sentencia que se adecúa en mayor medida a los principios y valores
constitucionales recogidos en la postura imperante.
2.3.3.3. Defecto fáctico
107. Este defecto, que la parte actora denominó “procedimental” y que es abordado
por la Sala desde la perspectiva del defecto fáctico, se estructuró sobre la base de
considerar que la autoridad judicial no realizó un juicio de valoración de las
pruebas obrantes en el proceso, en la medida en que se limitó a relacionar las
reglas de unificación, a transcribir los objetos contractuales y a afirmar que se
trataba de trabajos materiales sobre bienes inmuebles, de tal manera que omitió
justificar que no eran contratos cuyo objeto estuviese relacionado con actividades
de exploración y producción de hidrocarburos o conexos, como lo precisa la
misma sentencia de unificación.
108. Contario a lo aseverado por Ecopetrol, en la parte motiva de la decisión se
valoraron los contratos sobre los cuales se realizó el requerimiento por parte de la
DIAN, encontrando que los mismos tenían los objetos contractuales señalados en
el acápite de hechos probados de la presente providencia.
109. Del examen realizado, la autoridad accionada concluyó que los pactos se
celebraron para la ejecución de un conjunto de obras materiales sobre bienes
inmuebles y que tenían como propósito la realización de actividades de
construcción, reparación, mantenimiento e instalación en inmuebles, las cuales –
de conformidad con las definiciones efectuadas en la sentencia de unificación–
corresponden a contratos de obra y no de explotación y explotación de
hidrocarburos y, adicionalmente, la entidad contratante es de derecho público del
tipo de sociedad de economía mixta.
110. En consecuencia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado no se apartó de
la regla establecida en la sentencia de unificación, por lo que el cargo tampoco
está llamado a prosperar.
2.3.3.4. Alegación relacionada con no haberse tenido en cuenta los
salvamentos de voto con los que se suscribió la sentencia de unificación de
jurisprudencia
111. Sobre esta alegación se debe señalar que los salvamentos de voto contienen
la posición personal del magistrado que ha decidido disentir de la posición
mayoritaria de la Sala y lo expresa dejando constancia de los motivos que lo llevan
a adoptar la decisión de apartarse de la misma.
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112. Si bien ellos contienen valiosos argumentos no constituyen una resolución
judicial y, por lo tanto, carecen de fuerza vinculante y obligatoria para otros jueces
pues precisamente se trata de posiciones jurídicas que resultaron vencidas por la
mayoría de los integrantes de la Corporación.
113. En ese orden, no le correspondía a la autoridad judicial accionada tener en
cuenta en su decisión los salvamentos de voto con los cuales se suscribió la
sentencia de unificación de jurisprudencia.
2.4. Conclusiones
114 Las anteriores razones son suficientes para concluir que no se configuraron
los defectos i) sustantivo, por indebida interpretación del artículo 76 de la Ley 80
de 1993, ii) fáctico y iii) desconocimiento del precedente alegados y, por lo tanto,
no se afectaron las garantías constitucionales invocadas por la sociedad actora.
115. Lo anterior porque la providencia objeto de cuestionamiento fue razonable y
atendió a las normas, la sentencia de unificación aplicable, así como a las pruebas
recaudadas en el expediente, por lo que, con respecto a estos cargos se
confirmará la negativa del amparo.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 7 de diciembre de 2021, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, que negó la petición de
amparo constitucional deprecada por la Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol S.A., con respecto a los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento
del precedente para, en su lugar, i) DECLARARLA IMPROCEDENTE, con
respecto a la alegación referida a haber operado el fenómeno de la prescripción
de la potestad de la administración para dictar los actos administrativos
censurados, por no concurrir el requisito de subsidiariedad, por no haber sido
alegado en el escrito de apelación y ii) NEGARLA con respecto a los demás
cargos.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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