Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-08363-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-08363-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-08363-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
17 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08363-00
Demandante: Hernando Castro Arana
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-08363-00
Demandante: HERNANDO CASTRO ARANA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE
LA JUSTICIA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Tardanza en expedir
tarjeta profesional de abogado. Presentación de la acción antes
de que se cumpla el plazo de respuesta previsto en la ley
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela
promovida por el señor Hernando Castro Arana1, contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales de
petición, al trabajo, al mínimo vital, a la libre escogencia y ejercicio de la profesión
y al debido proceso, que considera vulnerados con la tardanza en expedir la
tarjeta profesional de abogado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El actor sostuvo que el 15 de octubre de 2021, radicó solicitud de inscripción y
expedición de la tarjeta profesional de abogado a través del Sistema de
Información del Registro Nacional de Abogados (SIRNA).
Indicó que ese mismo día envió los documentos requeridos para la solicitud
mediante mensaje de datos enviado al correo electrónico
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Aseguró que hasta la fecha de presentación de la acción de tutela la entidad
demandada no le ha asignado número de tarjeta profesional ni ha expedido el
plástico, por lo que se le ha impedido ejercer su profesión de abogado, a pesar de
que se ha dirigido telefónicamente a la entidad en múltiples ocasiones con el fin de
hacer efectivos sus derechos.
1 La acción de tutela se presentó el 10 de noviembre de 2021.
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Demandante: Hernando Castro Arana
2. Fundamentos de la acción
El demandante presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
al considerar que vulneró los derechos fundamentales de petición, al trabajo, al
mínimo vital, a la libre escogencia y ejercicio la profesión y al debido proceso, al
no resolver su solicitud de expedición de la tarjeta profesional.
Refirió que la acción de tutela resulta procedente para obtener la protección de
sus derechos fundamentales dado que no cuenta con otro medio de defensa para
exigir a la entidad demandada que emita la respuesta a su solicitud.
Además, mencionó que por la tardanza en la expedición de su tarjeta profesional
no ha podido acceder a las ofertas laborales, lo que a su vez le imposibilita cumplir
con el pago de su crédito estudiantil y contar con un ingreso para garantizar su
subsistencia.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela el actor formuló las siguientes:
“PRIMERA. - AMPARAR el derecho fundamental a realizar peticiones respetuosas
ante las autoridades, el cual fue vulnerado por el Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDA. - AMPARAR el derecho fundamental al trabajo, el cual fue vulnerado por
el Consejo Superior de la Judicatura.
TERCERA. - AMPARAR el derecho fundamental al mínimo vital, el cual fue vulnerado
por el Consejo Superior de la Judicatura.
CUARTA. - AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso administrativo, el
cual fue vulnerado por el Consejo Superior de la Judicatura.
QUINTA. - AMPARAR el derecho a la libre escogencia de una profesión u oficio, el
cual fue vulnerado por el Consejo Superior de la Judicatura.
SEXTA. – QUE SE ORDENE AL CSJ, EXPEDIR Y REMITIR la tarjeta profesional de
abogado del señor HERNANDO CASTRO ARANA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.065.653.057. dentro de las 48 horas siguientes a la decisión sobre la
presente acción de tutela.
OCTAVA. – (sic) ORDENAR QUE SE ADOPTE cualquier decisión necesaria para
proteger mis derechos fundamentales”.
4. Pruebas relevantes
Con el escrito de tutela el actor aportó los siguientes documentos:
• Formulario Único de Múltiples Trámites debidamente diligenciado.
• Capturas de pantalla del correo electrónico de 15 de octubre de 2021,
mediante el cual se remitió la solicitud de expedición de la tarjeta
profesional de abogado a la dirección electrónica
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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5. Trámite procesal
Por auto de 22 de noviembre de 2021, el Despacho admitió la demanda y ordenó
notificar a la autoridad demandada.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas No.
130928 a 130932 de 14 de diciembre de 2021, con el fin de darle cumplimiento a
la referida decisión2. El expediente ingresó al despacho para fallo el 25 de enero
de 2022.
6. Oposición
Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Mediante memorial de 15 de diciembre de 2021, la Directora de la Unidad solicitó
que se nieguen las pretensiones formuladas por el actor, al considerar que no se
han vulnerado los derechos fundamentales invocados.
Señaló que de conformidad con la Ley 270 de 1996, artículo 85, numeral 20, una
de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura es la de “(...) Regular,
organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente
Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos legales señalados por la
Ley”.
Indicó que mediante Acuerdo Nº 002 de 1996, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, se dictaron disposiciones sobre la inscripción y registro de
abogados, facultando a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia, para efectuar la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado, previo cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia.
Manifestó que el señor Hernando Castro Arana solicitó a través del correo
electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, su inscripción como abogado y la
expedición de la tarjeta profesional como titulado de la Universidad Externado de
Colombia.
Afirmó que la Unidad procedió a inscribir al actor en el registro de abogados,
asignándole la tarjeta profesional de abogado Nº 371.531, mediante el Acta Nº
21186 de 16 de noviembre de 2021.
Sostuvo que el 25 de noviembre de 2021, el plástico de la tarjeta profesional se
envió al actor a la dirección de domicilio registrada en el Formulario Único de
Múltiples Trámites a través del servicio de correo certificado de la Empresa 4-72
Servicios Postales Nacionales de Colombia S.A. bajo la guía de envío No.
RA346818430CO y que al día siguiente el plástico fue entregado en dicha
dirección.
2
El accionante y la autoridad demandada fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico:
castroaranahernando@gmail.com; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co;
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.
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Por lo anterior, pidió que se vincule a la Empresa 4-72, con el fin de que allegue o
complemente la información relacionada con la entrega de la tarjeta profesional
del accionante.
Por último, adujo que mediante oficio de 15 de diciembre de 2021 se le informó al
demandante sobre el trámite y expedición de la tarjeta profesional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
La Sala debe determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, vulneró los derechos
fundamentales de petición, al trabajo, al mínimo vital, a la libre escogencia y
ejercicio la profesión y al debido proceso, con la tardanza en expedir la tarjeta
profesional de abogado.
3. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
La Corte Constitucional ha definido las reglas básicas que orientan el derecho de
petición y los criterios que se deben tener en cuenta al aplicarse esta garantía
fundamental. En la sentencia T-1160A de 20013, esa corporación judicial señaló:
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
3 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que
no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el
Legislador lo reglamente.
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de
resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294
de 1997 y T-457 de 1994. ”4 .
Mediante la sentencia T-1006 de 2001,5 la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales
más:
j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber
de responder”;6
k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al
interesado7”.
Ahora bien, en lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte
Constitucional precisó que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud
y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada
uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:
4 Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero.
5 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, MP. Fabio Morón Díaz. En sentencia T-476 de 2001, MP.
Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el
traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la petición, es un
elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que la simple respuesta de incompetencia,
constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo expresado por la Corte: “…[las respuestas simplemente
formales o evasivas]… no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración
elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de
conformidad con el artículo 209 de la Constitución…”.
7 Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
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‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento
directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar
al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.
Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”8. (destacado fuera de texto)
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro
de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes
a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
Mediante Decreto Legislativo 491 de 2020, el Gobierno Nacional amplió los
términos de respuesta a los derechos de petición y solicitudes de información que
se presenten ante las autoridades, mientras dure la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, ocasionada por el
COVID-19. Así, en el artículo 5º ibidem, se dispuso que para las peticiones en
curso o radicadas durante la Emergencia Sanitaria, los términos fijados por el
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 se ampliarían de la siguiente manera:
8 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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“Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte
(20) días siguientes a su recepción.
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días
siguientes a su recepción.
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados,
la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a
la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto en este artículo”.
La ampliación en los términos de respuestas a peticiones en los plazos
anteriormente señalados se encuentra vigente desde la fecha de publicación del
Decreto 491, esto es: desde el 28 de marzo de 2020 y hasta tanto permanezca
vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social9.
Esta Corporación también se ha referido al derecho de petición, al indicar que “se
garantiza cuando la administración responde de fondo, de manera clara y precisa
y dentro de un plazo razonable a la solicitud presentada, lo que supone que las
situaciones contrarias (…), son susceptibles de protección por el juez
constitucional mediante fallo de tutela que ordene a la autoridad peticionada emitir
una respuesta conforme a los lineamientos trazados”10.
Con fundamento en lo anterior, la garantía del derecho fundamental de petición
conlleva el deber constitucional y legal ineludible de dar respuesta a las peticiones,
de fondo, en forma clara y precisa, dentro de los términos establecidos por la ley,
siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En el asunto bajo examen, el señor Hernando Castro Arana interpuso acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia, al considerar que vulneró sus derechos
fundamentales de petición, al trabajo, al mínimo vital, a la libre escogencia y
ejercicio de la profesión y al debido proceso, con la tardanza en resolver la
petición de expedición de la tarjeta profesional de abogado, teniendo en cuenta
que inició el trámite correspondiente el 15 de octubre de 2021, sin que a la fecha
de presentación de la acción de tutela (10 de noviembre de 2021) se hubiese
emitido respuesta alguna.
4.2. Al respecto, la Sala estima que en lo relacionado con el derecho fundamental
de petición no se encuentra configurada la vulneración atribuible a la entidad dado
que la acción de tutela fue presentada antes de que se cumpliera el plazo de
respuesta previsto en la ley.
9
Mediante Resolución 1913 del 25 de noviembre de 2021, se prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 28 de
febrero de 2022.
10 Sentencia del 10 de octubre de 2016. C. P. Gabriel Valbuena Hernández (exp. 2016-03681-01).
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En efecto, de conformidad con las pruebas que reposan en el expediente se
observa que la solicitud de inscripción en el registro de abogados y de expedición
de tarjeta profesional ante el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, se radicó mediante
correo electrónico de 15 de octubre de 2021. Mientras que la acción de tutela se
presentó el 10 de noviembre de 2021, es decir, transcurridos dieciséis (16) días
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.
El actor consideró que el término transcurrido configuraba una tardanza por parte
de la entidad y desconocía sus derechos fundamentales, sin embargo, es preciso
anotar que al no haberse previsto un término específico para resolver este tipo de
peticiones debe aplicarse la disposición contenida en el artículo 14 del CPACA,
modificado por la Ley 1755 de 2015, según la cual, salvo norma legal especial,
toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su
recepción.
Sin embargo, en el marco de la pandemia por el COVID-19, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto Legislativo 491 de 202011, en el que amplió los plazos de
respuesta de las peticiones que se presenten en vigencia de la emergencia
sanitaria12. En el artículo 5° del decreto se indicó que, “salvo norma especial
toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a su recepción”. Por tanto, para atender la petición del actor, a la
autoridad accionada le aplica esta regla general.
En ese sentido, como quiera que para la fecha de presentación de la acción de
tutela habían transcurrido únicamente dieciséis (16) días hábiles contados desde
la recepción de la solicitud, la entidad se encontraba dentro de los treinta (30) días
hábiles para dar respuesta, los cuales vencían el 1 de diciembre de 2021.
Por lo anterior, como lo ha advertido esta Sala en casos similares13, no es posible
acreditar la vulneración del derecho fundamental de petición, toda vez que para el
momento de la interposición de la acción de tutela, la autoridad accionada se
encontraba dentro del término legal para darle respuesta de fondo a la solicitud de
inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado. Por ende, se negará
el amparo constitucional relativo al derecho fundamental de petición.
4.3. En cualquier caso, de conformidad con el informe allegado por la entidad
demandada, se observa que el 16 de noviembre de 2021, mediante acta No.
21186, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, notificó y dio respuesta a la petición elevada
por el señor Hernando Castro Arana concerniente a la inscripción y expedición de
su tarjeta profesional, asignándole el No. 371.531.
11 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”
12 En virtud de la Resolución 1913 del 25 de noviembre de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social
prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 28 de febrero de 2022.
13
Sentencia de 20 de enero de 2022, exp. No. 11001-03-15-000-2021-10257-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello; sentencia de 28 de octubre de 2021, exp. No. 11001-03-15-000-2021-06583-00, C.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
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Demandante: Hernando Castro Arana
Además, el 25 de noviembre de 2021, se remitió el plástico a la dirección de
residencia señalada por el actor en el Formulario Único de Múltiples Trámites, a
través del servicio de correo certificado de la Empresa 4-72 Servicios Postales
Nacionales de Colombia S.A, quien certificó que el documento se entregó al día
siguiente.
4.4. Por último, la Sala no pasa desapercibido que además de alegar la
transgresión del derecho de petición, el señor Hernando Castro Arana aseguró
que también fueron transgredidos sus derechos al trabajo, al mínimo vital, a la
libre escogencia y ejercicio de la profesión y al debido proceso. No obstante, se
considera que en el caso no se configura vulneración a esos derechos, puesto que
nada obsta para que el accionante aplique a ofertas laborales, en tanto ya se le
expidió y entregó la tarjeta profesional solicitada.
4.5. En consecuencia, la Sala negará las pretensiones formuladas por el
accionante dado que no se comprobó la vulneración de los derechos
fundamentales invocados. En primer lugar, porque a la fecha de presentación de
la solicitud de tutela no había vencido el plazo de respuesta con el que contaba la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura para atender y resolver de fondo la solicitud formulada
por el interesado y, en segundo término, porque en la actualidad el demandante ya
puede acreditar que es abogado inscrito ante la autoridad competente.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Hernando Castro Arana, por las razones expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-08363-00
Demandante: Hernando Castro Arana
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
10
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