Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10257-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10257-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-10257-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
20 de enero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10257-00
Demandante: Ana María Rojas Castro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-10257-00
Demandante ANA MARÍA ROJAS CASTRO
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Temas Acción de tutela. Derecho a la igualdad, al trabajo, al debido
proceso y de petición. Solicitud de inscripción en el registro
nacional de abogados y de expedición de la tarjeta profesional
de abogada. Plazo de respuesta.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por Ana María Rojas Castro, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de noviembre de 20211, Ana María Rojas Castro instauró acción de tutela en
nombre propio contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al debido proceso y de petición,
alegando que la entidad no atendió su solicitud de inscripción en el registro nacional
de abogados y de expedición de la tarjeta profesional de abogada en el término
establecido por la Ley para tal fin.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer en nombre de la
república de Colombia, así como el mandato de la ley lo siguiente:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, derecho al
trabajo, derecho a la profesión y demás que este despacho considere vulnerados.
SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior De La Judicatura, inscriba y expida tarjeta
profesional de abogado a nombre de ANA MARIA ROJAS CASTRO con cédula de ciudadanía
No. (…).
TERCERO: Sírvase de vincular a quien considere parte.”2
1 Cfr. Samai, índice 2. Identificación del archivo “11001031500020211025700005025220001”
2 Cfr. Samai, índice 2. Escrito de tutela. Pág. 4.
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Demandante: Ana María Rojas Castro
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 13 de octubre de 2021, Ana María Rojas Castro remitió correo electrónico
dirigido al Consejo Superior de la Judicatura (regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co),
en el que solicitó ser inscrita en el registro nacional de abogados y que se
expidiera su tarjeta profesional. Adujo que al momento de interponer esta
acción de tutela no había sido atendida su petición ni había obtenido
información alguna sobre el estado del trámite.
2.2. La accionante informó que ha intentado de manera infructuosa comunicarse
con el Consejo Superior de la Judicatura para procurar la respuesta efectiva
de su solicitud.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora sostuvo que la autoridad accionada vulneró su derecho fundamental
de petición, dado que aún no ha expedido su tarjeta profesional de abogada, pese
a que ya transcurrió el término de ley para dar respuesta a su solicitud. Omisión que
impacta directamente en la posibilidad de acceder a un trabajo para ejercer su
profesión, dado que sin este requisito no le es posible acceder a ofertas laborales
ni asumir la representación particular de litigios.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 2 de diciembre de 2021, este despacho admitió la acción de tutela
interpuesta por Ana María Rojas Castro contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia; y ordenó efectuar las notificaciones pertinentes.
4.2. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia informó que ya inscribió en el Registro
de Abogados a Ana María Rojas Castro y que le asignó la tarjeta profesional
de abogada número 372.032, mediante el acta Nro. 21.687 del 24 de
noviembre de 2021.
Informó que, el 2 de diciembre de 2021, se envió la tarjeta profesional en físico
a la dirección registrada por la accionante, a través del servicio de correo
certificado de la empresa 4-72. Como constancia de lo anterior, aportó la guía
de envío Nro. RA348057550CO.
La accionada también aportó copia digital del oficio de respuesta a la solicitud
de la señora Rojas Castro en el que se le informó sobre el trámite y expedición
de su tarjeta profesional de abogada.
De otra parte, explicó que el aumento desmesurado de solicitudes de
reconocimiento de práctica judicial y expedición de tarjetas profesionales de
abogados sobrepasó la capacidad operativa de la Unidad de acuerdo con los
recursos disponibles, situación que ha impactado los tiempos de respuesta.
Expuso que en lo transcurrido del año 2021 ha tramitado 8.153 solicitudes de
reconocimiento de práctica jurídica y ha expedido 19.296 tarjetas profesionales
de abogado. Agregó que se han recibido 161.724 solicitudes de toda índole,
al correo institucional de la Unidad y anexó documento soporte.
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Conforme a las circunstancias expuestas pidió que se niegue la solicitud de
amparo, comoquiera que no existe vulneración de los derechos fundamentales
de la accionante.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia vulneró los derechos fundamentales invocados por la
accionante, en relación a la solicitud que presentó para que se le inscriba como
abogada y para que se expida la correspondiente tarjeta profesional.
Con ese propósito se hará una breve mención al núcleo esencial del derecho
fundamental de petición. Luego, se analizará el caso concreto, a partir de los hechos
acreditados.
3. Núcleo esencial del derecho fundamental de petición
De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho
a presentar peticiones respetuosas a las autoridades públicas y también ante
organizaciones privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una
pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo
85 de la Carta.
La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la jurisprudencia constitucional3, que ha dispuesto que son tres los
elementos del núcleo esencial de este derecho, a saber: (i) la pronta resolución; (ii)
que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara, precisa,
congruente y consecuente con lo solicitado; y (iii) que la decisión adoptada se le
notifique al peticionario4.
En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
3 Entre ellas se pueden consultar las sentencias T-167 de 2013 y T-426 de 1992.
4 Sentencia C-007 de 2017.
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de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho de
petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso significa
vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una diferencia entre
el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido.”5.
En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la
petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si existe
coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse
sobre lo pedido6.
En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la Corte
Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con diligencia para
que la su respuesta sea conocida por el interesado, gestión que denota lealtad y
publicidad de las actuaciones de la administración y permite materializar el derecho
al debido proceso del administrado, ya que es condición necesaria para que el
interesado ejerza su derecho de defensa y contradicción. Además, la alta Corte
hace énfasis en que, “la administración tiene la carga probatoria de demostrar que notificó
al solicitante su decisión, pues el conocimiento de esta hace parte del intangible de ese
derecho que no puede ser afectado”7.
4. Análisis del caso concreto
4.1. La Sala considera que en lo concerniente al derecho fundamental de petición
no se encuentra configurada vulneración atribuible a la entidad por el alegado
incumplimiento en el plazo de respuesta frente a la solicitud presentada por la
accionante, conforme las razones que pasan a exponerse.
4.1.1. Las documentales del proceso dan cuenta de que, el 13 de octubre de
20218, Ana María Rojas Castro formuló, vía correo electrónico,
solicitud de inscripción en el registro de abogados y la expedición de
tarjeta profesional ante el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
4.1.2. La actora afirmó que la entidad accionada no dio respuesta de fondo
a su petición dentro del término legal.
Con relación a esa afirmación, es preciso anotar que si bien el artículo
14 del CPACA, modificado por la Ley 1755 de 2015, establece que,
salvo norma legal especial, toda petición deberá resolverse dentro de
los quince (15) días siguientes a su recepción, en razón a la pandemia
por Covid-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo Nro.
491 de 20209, en el que amplió los plazos de respuesta de las
5 Sentencia C-007 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
6 Sentencia T-587 de 2006. M.P. Jaime Araújo Rentería.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
8 Cfr. Captura de pantalla del correo electrónico a través del cual radicó su solicitud. Samai, índice 2. Archivo
“11001031500020211025700005025220001”
9 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas
para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”
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peticiones que se presenten en vigencia de la emergencia sanitaria10.
En el artículo 5° del decreto se indicó que, “salvo norma especial toda
petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a su recepción”. Por tanto, para atender la petición de la
actora, a la autoridad accionada le aplica esta regla general, al no
existir norma especial que regule ese término de manera diversa para
ese trámite.
Recuérdese que de conformidad con el inciso 3 del artículo 2º del
CPACA, relativo al ámbito de aplicación de las disposiciones
generales del citado Código, “Las autoridades sujetarán sus
actuaciones a los procedimientos que se establecen en este código,
sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En
lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este
Código”.
4.1.3. La acción de tutela fue radicada el 22 de noviembre de 202111 a través
del buzón de correo electrónico de la Secretaría General de esta
Corporación.
4.2. Luego, para la fecha en que la actora presentó el amparo constitucional, 22 de
noviembre de 2021, habían transcurrido 25 días hábiles, contados desde la
fecha en que la accionada radicó la solicitud, y conforme el artículo 5º del
referido decreto legislativo, los 30 días hábiles para darle respuesta, vencían
el 29 de noviembre de 2021.
Por lo anterior, concluye la Sala que en este caso no puede hablarse de
afectación del núcleo esencial del derecho fundamental de petición, toda vez
que para la fecha en que se presentó la presente acción de tutela no había
vencido el término legal con que contaba la autoridad accionada para darle
respuesta de fondo a la solicitud de inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogada. Por ende, se negará el amparo constitucional relativo
al derecho fundamental de petición.
4.3. En todo caso, debe considerarse que el 7 de diciembre de 2021, el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia notificó y dio respuesta a la petición elevada por la
tutelante concerniente al trámite de su tarjeta profesional. En su comunicación
informó que mediante acta Nro. 21.687 de 2021 le asignó a Ana María Rojas
Castro la tarjeta profesional Nro. 372.032. Como prueba de la notificación de
dicha respuesta, la autoridad administrativa adjuntó captura de pantalla de la
gestión realizada vía correo electrónico.
Adicionalmente, la accionante en comunicación telefónica del 11 de enero de
2022, ratificó que recibió el correo electrónico de respuesta a su solicitud con
los enunciados documentos y agregó que recibió en físico el plástico de la
tarjeta profesional.
4.4. De otra parte, la Sala no pasa desapercibido que además de alegar la
transgresión del derecho de petición, la tutelante aseguró que también fueron
10 En virtud de la Resolución 1913 del 25 de noviembre de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social
prorrogó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 28 de febrero de 2022.
11 Óp. Cit Nro.1.
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transgredidos sus derechos al debido proceso, al trabajo y a la igualdad. No
obstante, se considera que en el caso no se configura vulneración a esos
derechos, puesto que a la fecha nada obsta para que la accionante aplique a
ofertas laborales, en tanto que ya se le expidió y entregó la tarjeta profesional
solicitada. Motivo por el cual se negará la protección a dichos derechos
fundamentales.
5. Conclusión
En consecuencia, esta Sección negará las pretensiones de la acción de tutela
de la referencia, al no encontrarse acreditada la vulneración de los derechos
fundamentales de Ana María Rojas Castro al debido proceso, igualdad, trabajo
y petición, toda vez que a la fecha de presentación de la solicitud de amparo,
no había vencido el plazo de respuesta con que cuenta la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura para atender y resolver de fondo la solicitud formulada por la
interesada, y porque en la actualidad cuenta con los documentos que le
permiten postularse a las ofertas laborales que son de su interés.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar el amparo constitucional de los derechos al trabajo, a la igualdad, al
debido proceso y de petición de Ana María Rojas Castro, por lo antes
expuesto.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
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