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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-08938-00

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-08938-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental de petición de la señora Nubia Cristina Salas Salas. En consecuencia: 2. Ordenar a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por intermedio del presidente, que, en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia, dé respuesta de fondo, clara y precisa 4 “(…) El reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado (…)”. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Radicado: 11001-03-15-000-2021-08938-00 Demandante: Nubia Cristina Salas Salas a las solicitudes RC052, RC053 del 22 de septiembre de 2021 y RC057-2021 del 29 de septiembre de 2021 y notifique a la actora de la decisión. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-08938-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

27 de enero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-08938-00
Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08938-00
Demandante: NUBIA CRISTINA SALAS SALAS
Demandado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN
CIVIL

Temas: Derecho fundamental de petición.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por la señora
Nubia Cristina Salas Salas contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de
2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Nubia Cristina Salas Salas, en nombre propio, interpuso acción de
tutela contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales de petición, debido proceso y
«procedimiento administrativo». En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

“PRIMERO: Amparar mi derecho fundamental de petición y, en consecuencia, se ordene
a la Sala de Casación Civil que responda de fondo las peticiones que contienen los
oficios RC052, RC053 y RC057-2021, con la remisión digital de las actas, audios y
soportes documentales de lo allí solicitado, en el término de 48 horas.

SEGUNDO: Prevenir al Magistrado Francisco Ternera Barrios, Presidente de la Sala de
Casación Civil, para que -en lo sucesivo- evite incurrir en la vulneración del derecho de
petición de la Relatora accionante, con respuestas evasivas o con imposición de
condiciones injustificadas como arbitrarias y observe el precedente que la misma Sala
tiene establecido para amparar este derecho fundamental”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Nubia Cristina Salas Salas manifestó que el 22 de septiembre de 2021,
ejerció ante el presidente de la Sala de Casación Civil peticiones con radicación
número RC052-2021 y RC053-2021.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-08938-00
Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

Que en la petición RC052-2021, solicitó «copia digital y auténtica de todas las actas, de
todos los audios y de la totalidad de los documentos institucionales que fueron objeto de
motivación y de estudio por la Sala Especializada, para emitir la calificación integral -tanto para la
evaluación inicial como para resolver el recurso de reposición- de los servicios de la Relatora de la
Sala de Casación Civil durante el año 2.020», asimismo, «los registros documentados de los
votos de disidencia -sean de aclaración o salvedad- respecto a la calificación mencionada».

Por su parte, la petición con radicado RC053-2021, solicitó «copia digital y auténtica de
todas las actas, de todos los audios y de la totalidad de los documentos institucionales que fueron
objeto de motivación y de estudio por la Sala Especializada, para emitir la calificación integral -
tanto para la evaluación inicial como para resolver el recurso de reposición- de los servicios de la
Relatora de la Sala de Casación Civil durante los años 2.015, 2.016, 2.017, 2.018 y 2.019.»,
indicó también que, «se adosen los registros documentados de los votos de disidencia -sean
de aclaración o salvedad- respecto a la calificación mencionada».

La señora Nubia Cristina Salas Salas manifestó que el presidente de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Francisco Ternera
Barrios, mediante Oficio PSCC 383 de 29 de septiembre de 2021, en respuesta a
las peticiones RC052-2021 y RC053-2021 del 22 de septiembre de 2021, indicó
que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la ley 1755 de 2015 «Toda
petición deberá contener, por lo menos: (...) 4. Las razones en las que fundamenta su petición»,
por lo que, exhortó a la peticionaria a señalar las razones en las que fundamentó
la solicitud, en término máximo de un mes.

El 29 de septiembre de 2021, la señora Nubia Cristina Salas Salas ejerció nueva
petición, con radicado RC 057 – 2021, ante la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, en la que solicitó «copia digital y auténtica de todas las actas, los
audios y la totalidad de los estudios técnicos que fueron objeto de evaluación por parte de la
Sala Especializada, para formular ante el Consejo Superior de la Judicatura, la solicitud de
creación de cargos definitivos para la Relatoría de la Sala de Casación Civil a partir del año
2015.», pidió que se adjuntaran también, «los documentos técnicos de soporte, entre otros,
el diagnóstico organizacional, el análisis interno y externo de la oficina misional, la identificación de
perfiles, las cargas de trabajo, los manuales de funciones, de procesos y las competencias
laborales, en atención a la guía de rediseño institucional de entidades públicas que, para el efecto,
tiene establecido el Departamento Administrativo de la Función Pública [y] los registros
documentados de los votos de disidencia -sean de aclaración o salvedad- que se presentaron en
dicho propósito».

Que en atención a esta última solicitud, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, mediante Oficio PSCC 392 del 14 de octubre de 2021,
informó que la Corporación no tiene facultad para crear cargos, por la cual no tiene
audios, actas ni estudios para la creación de cargos definitivos para la Relatoría de
la Sala de Casación Civil, por lo tanto, indicó que la peticionario debería remitir la
solicitud al Consejo Superior de la Judicatura para que absuelvan los
interrogantes.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora invoca vulnerados los derechos fundamentales de petición, debido
proceso y «procedimiento administrativo», con fundamento en los argumentos que
se pasan a resumir.

Considera que la respuesta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia no fue afortunada, en la medida en que el objeto de la petición fue la
solicitud de los documentos técnicos de “rediseño institucional de entidades
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Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

públicas”, de expertos en ingeniera industrial y materias afines, que «evaluó la
accionada para pedirle al Consejo Superior de la Judicatura la creación de cargos
para la Relatoría de la Sala de Casación Civil».

Sostuvo que el artículo 57 de la Ley 270 de 1996, prevé el acceso público de las
actas escritas y audios de las sesiones en las cuales constaban las decisiones de
carácter administrativo, en este caso, las adoptadas por la Sala de Casación Civil.

Señaló, además, que, de la respuesta de la petición RC057-2021, es posible
evidenciar «la ausencia de una guía de diseño institucional para los empleos de la relatoría
creados de forma permanente por el Acuerdos PSAA15-10402 de octubre 29 de 2015 del Consejo
Superior de la Judicatura, que comporta un procedimiento especializado proveniente de expertos
en la materia de ingeniería industrial» y, según indica, esa circunstancia dio origen a
serias afecciones de salud a ella, en condición de «directora de la oficina de la
Relatoría», según informe de la ARL Positiva S.A.

Afirmó que, con ocasión a las peticiones que ejerció ante el presidente de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, se generó «una represalia
inmediata en su contra, al desplegar actitudes injustificadas, abusivas, arbitrarias, irracionales y
persistentes de maltrato, persecución, discriminación y entorpeciendo, encaminada a infundirle
miedo e intimidación, vulnerando así el derecho a la dignidad laboral» .

Para sustentar lo anterior, indicó que esa actitud se vio reflejada en el hecho que
se hizo uso del formato denominado «acta de seguimiento trimestral de desempeño para
empleados judiciales», el que, según indica, se aplica solo a los jueces, que, en esa
oportunidad se evaluó el tercer trimestre de 2021, con una nota de 2 sobre 5 en el
nivel de cumplimiento, asimismo, afirmó que se descalificó en su trabajo, que se le
excluyó de participar en la auditoría interna de 2021 y que «se interpretó de modo
individual, parcial, incompleto y sesgado el procedimiento de la consulta, con desconocimiento de
las tareas de revisión y verificación del Ciclo PHVA que de manera- diaria adelanta la Relatora
junto con la Coordinadora de consulta».

Que, por lo anterior, formuló la respectiva denuncia ante la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

4. Trámite Previo

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de
tutela, mediante auto de 20 de octubre de 2021, sin embargo, en auto del 3 de
noviembre de 2021, declaró la nulidad de las actuaciones que se surtieron a partir
del auto admisorio del 20 de octubre de 2021, inclusive, por falta de competencia,
en la medida en que, si bien, en el sub lite la acción de tutela se originó con
ocasión de las peticiones RC–052-2021 RC–053-2021 y RC 057 – 2021, que
elevó la accionante a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
por conducto de su presidente, magistrado Francisco Ternera Barrios, se
evidenció la particularidad de que tales solicitudes tienen relación directa con la
«calificación de servicios» que obtuvo la accionante durante el año 2020, como
Relatora de esa Sala de Casación, con lo cual advirtió que la accionante ostenta la
calidad de «funcionaria pública» de la jurisdicción ordinaria de la Rama Judicial.

Así, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, modificatorio del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, que fijó las reglas de reparto de la
acción de tutela y el numeral 8 ejusdem «Cuando se trate de acciones de tutela
presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la
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jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados
judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el
conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria. En los demás casos de tutelas promovidas
por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela serán conocidas por la Corte
Suprema de Justicia o el Consejo de Estado» .

Una vez remitido el expediente al Consejo de Estado y asignado al despacho
sustanciador, mediante auto del 23 de noviembre de 2021, se admitió la acción de
tutela, se ordenó notificar a la demandante, a la Corte Suprema de Justicia – Sala
de Casación Civil-. Así mismo, publicar en la página web del Consejo de Estado la
providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

Los magistrados que hacen parte de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia allegaron respuesta al trámite constitucional de la
referencia, para lo cual aportaron los Oficios PSCC 383 del 6 de octubre de 2021 y
PSCC 392 del 14 de octubre de 2021 y manifestaron que, en ellos constaba que
se le otorgó una respuesta en derecho a la accionante.

Que las decisiones tomadas en torno a los asuntos concernientes a la Relatoría de
la Sala de Casación Civil han sido precedidas por el respeto de los derechos y
velando siempre por el interés general de la Corporación y sus usuarios.

Solicitaron que se niegue el amparo, por considerar que no existió vulneración ni
amenaza a los derechos fundamentales de la accionante.

6. Intervención del tercero interesado

El Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico manifestó que, como los hechos que fundamentaba la presente
acción de tutela no tenían nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos
de la accionante y la acción u omisión de esa entidad, debía ser desvinculado por
falta de legitimación en la causa por pasiva.

Precisó que la solicitud se presentó directamente ante la presidencia de la Sala de
Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de
controvertir temas relacionados con las calificaciones de servicios de los últimos y
revisar temas sobre los estudios técnicos que fundamentaron la creación de
cargos a partir del 2015, que, por lo tanto, ninguna de las peticiones se dirige a
esa Corporación ni se radicaron física ni virtualmente.

Sin embargo, respecto al contenido de cada una de las peticiones indicó que:

(i) El contenido de las dos primeras peticiones no es del resorte del Consejo
Superior de la Judicatura, porque no es el nominador, que es quien debe efectuar
la calificación integral de servicios de la actora, ni lleva a cabo los planes de
mejoramiento. Al respecto, sostuvo que considera que la accionante acudió a la
presente acción de tutela para ventilar su inconformidad con el seguimiento
trimestral de desempeño que dispuso el presidente de la Sala de Casación Civil y
Agraria de la Corte Suprema de Justicia, las disposiciones relacionadas con la
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atención de las auditorías internas y externas y para que se le inicien
investigaciones por presunto acoso laboral.

(ii) En cuanto a la tercera petición, dijo que esa Corporación no la conocía y
tampoco entiende los motivos por los cuales la accionante descalifica los estudios
técnicos que dieron lugar a las creaciones de cargos permanentes con los
Acuerdos PSAA15-10402 y PSAA15-10412 de 2015, indicó que con esos
acuerdos se crearon en la Relatoría de la Sala Civil de Casación, un cargo de
oficial mayor, cuatro de auxiliar judicial grado 2 y cuatro de profesional
universitario grado 21.

Anotó que dentro del marco de competencia de la Corporación, la Ley 270 de
1996 establece que para efectos de creaciones de cargos se deben realizar unos
estudios especiales, que se orienten a la solución de los problemas que afectan la
administración de justicia, de acuerdo con el resultado de estudios, especialmente
de orden sociológico, que tales estudios deben incluir, entre otras cosas,
encuestas tanto al interior de la Rama como entre los usuarios de la misma, que
permitan establecer, en forma concreta, la demanda de justicia no satisfecha, las
cargas de trabajo en términos de tiempos y movimientos, el costo de operación y
los sectores donde se presenten los mayores problemas para gozar de una
convivencia pacífica.

Que, con base en lo expuesto, la Corporación realizó un estudio previo con el fin
de justificar las necesidades de incorporación de nuevos servidores judiciales para
atender la demanda de justicia a nivel nacional. El documento presenta (i) las
políticas establecidas por la Sala Administrativa, (ii) la situación actual de los
despachos judiciales a nivel nacional, para posteriormente examinar (iii) la
estructura de la administración de justicia y su relación con la demografía nacional,
con el fin de hacer evidente el número de despachos permanentes existentes,
frente al número de habitantes en cada uno de los distritos judiciales y finalmente
se procedió a (iv) la integración de distritos judiciales para establecer la escala
según ingresos, egresos e inventario con el fin de comparar los despachos
judiciales entre homólogos.

Indicó que para mayor precisión aportaba al presente trámite copia digital del
“documento soporte de racionalización de la oferta de justicia” realizado para el
año 2015, ello, con el propósito de dar a conocer que, el Consejo Superior de la
Judicatura ha dado cumplimiento a las exigencias legales que requieren la
realización de estudios previos para sustentar la creación de cargos.

La Compañía Seguros Positiva S.A. manifestó que no era «la competente para
pronunciarse ni realizar ninguna acción frente al tema objeto de tutela en este
sentido», por lo que solicitó su desvinculación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la

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acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia transgredió los derechos
fundamentales invocados por la señora Nubia Cristina Salas Salas por la falta de
respuesta frente a las peticiones RC052, RC053 y RC057-2021, y la ausencia de
la remisión digital de las actas, audios y soportes documentales de lo allí
solicitado.

En consecuencia, el estudio del presente asunto se efectuará desde la óptica del
derecho de petición, dado que lo pretendido por la parte actora es obtener
respuesta de las peticiones referidas y los documentos solicitados .

Derecho de petición

De conformidad con lo anterior, se tiene que en el marco del artículo 23 de la
Constitución Política, toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones privadas, por
motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución. Se trata
de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de la Carta.

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la
connotación de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales
como la información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad
social, el acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta
última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: i) que
resolución sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que
sea clara, precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y iii) que la decisión
adoptada se le notifique al peticionario 1.

Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el sentido
de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del derecho
de petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún caso
significa vulneración del derecho fundamental de petición, ya que “existe una
diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido” 2. Aún así,
la Corte Constitucional ha aclarado que “una respuesta es suficiente cuando
resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante” 3.

1 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
2 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
3 Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.

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Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de
fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser
notificada al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la
vulneración del derecho fundamental de petición.

Presupuestos fácticos acreditados en el sub lite

La Sala se permite transcribir el contenido de las peticiones a fin de determinar si,
en efecto, las respuestas proporcionadas por la Corporación accionada satisfacen
el núcleo esencial del derecho fundamental de petición, en los siguientes términos:

La petición RC052-2021, refiere textualmente:

“RC–052-2021

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2.021
Doctor
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente Sala de Casación Civil
Corte Suprema de Justicia
Ciudad

Ref.: Derecho de petición
Solicitud de copias de actas, audios y soportes Calificación integral de servicios año 2.020

Respetado Señor Presidente:

En ejercicio del derecho fundamental de petición, me permito solicitarle y, por su digno conducto a los
señores magistrados que integran la Sala de Casación Civil, copia digital y auténtica de todas las
actas, de todos los audios y de la totalidad de los documentos institucionales que fueron objeto de
motivación y de estudio por la Sala Especializada, para emitir la calificación integral -tanto para la
evaluación inicial como para resolver el recurso de reposición- de los servicios de la Relatora de la
Sala de Casación Civil durante el año 2.020.

Se requiere además que se adosen los registros documentados de los votos de disidencia -sean de
aclaración o salvedad- respecto a la calificación mencionada.

Lo anterior para que, la respuesta a este derecho constitucional de petición junto con sus anexos,
hagan parte de los trámites y acciones correspondientes de la servidora calificada”.

Por su parte, la petición con radicado RC053-2021, indica:

“RC–053-2021
Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2.021
Doctor
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente Sala de Casación Civil
Corte Suprema de Justicia Ciudad

Ref.: Derecho de petición
Solicitud de copias de actas, audios y soportes
Calificación integral de servicios años 2.015, 2.016, 2.017, 2.018, .2019

Respetado Señor Presidente:

En ejercicio del derecho fundamental de petición, me permito solicitarle y, por su digno conducto a los
señores magistrados que integran la Sala de Casación Civil, copia digital y auténtica de todas las
actas, de todos los audios y de la totalidad de los documentos institucionales que fueron objeto de
motivación y de estudio por la Sala Especializada, para emitir la calificación integral -tanto para la
evaluación inicial como para resolver el recurso de reposición- de los servicios de la Relatora de la
Sala de Casación Civil durante los años 2.015, 2.016, 2.017, 2.018 y 2.019.

Se requiere además que se adosen los registros documentados de los votos de disidencia -sean de
aclaración o salvedad- respecto a las calificaciones mencionadas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-08938-00
Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

Lo anterior para que, la respuesta a este derecho constitucional de petición junto con sus anexos,
hagan parte de los trámites y acciones correspondientes de la servidora calificada”.

La petición del 29 de septiembre de 2021, con radicado RC 057 – 2021, dice:
“(...)

Ref.: Derecho de petición

Solicitud de actas de evaluación del estudio técnico de la creación de cargos para la Relatoría Sala
de Casación Civil

(...)

En ejercicio del derecho fundamental de petición, me permito solicitarle y, por su digno conducto a los
señores magistrados que integran la Sala de Casación Civil, copia digital y auténtica de todas las
actas, los audios y la totalidad de los estudios técnicos que fueron objeto de evaluación por parte de
la Sala Especializada, para formular ante el Consejo Superior de la Judicatura, la solicitud de
creación de cargos definitivos para la Relatoría de la Sala de Casación Civil a partir del año 2015.

Le agradezco que se adjunten los documentos técnicos de soporte, entre otros, el diagnóstico
organizacional, el análisis interno y externo de la oficina misional, la identificación de perfiles, las
cargas de trabajo, los manuales de funciones, de procesos y las competencias laborales, en atenci ón
a la guía de rediseño institucional de entidades públicas que, para el efecto, tiene establecido el
Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se requiere además los registros documentados de los votos de disidencia -sean de aclaración o
salvedad- que se presentaron en dicho propósito. Todo ello para que haga parte de los trámites y
acciones correspondientes”.

Del expediente de tutela es posible evidenciar que el presidente de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dio respuesta a las peticiones
RC052, RC053 del 22 de septiembre de 2021 mediante Oficio PSCC 383 de 29 de
septiembre de 2021, en los siguientes términos:

“(...)
Referencia: Respuesta petición copia actas, audios y soportes calificación 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 y 2020.

(...)

Se acusa recibo de sus escritos RC-052-2021 y RC-053-2021 allegados a la Presidencia de la Sala
de Casación Civil.

En respuesta se le informa que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la ley 1755 de 2015
«Toda petición deberá contener, por lo menos: (...) 4. Las razones en las que fundamenta su
petición». En consecuencia, se exhorta a la peticionaria que, señale las razones en las que
fundamenta su solicitud, habida cuenta que no es posible extractarlas de los escritos que anteceden,
toda vez que, las razones esbozadas en los petitorios no son claras, lo anterior para que las complete
en el término máximo de un (1) mes, destacando que «vencidos los términos establecidos en este
artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento
y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado...» (art. 17 de la ley 1755 de
2015).

En cuanto a la última solicitud - RC057-2021 del 29 de septiembre de 2021-, la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dio respuesta mediante
Oficio PSCC 392 del 14 de octubre de 2021, en los términos que se transcriben:

“En respuesta se le informa que, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no tiene
la facultad de crear cargos, razón por la cual no tiene audios, actas ni estudios para la creación de
cargos definitivos para la Relatoría de la Sala de Casación Civil, en consecuencia, se advierte que
Usted debe remitir la presente solicitud al Consejo Superior de la Judicatura, para que absuelvan sus
interrogantes”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-08938-00
Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

Caso concreto

Como se anticipó, la señora Nubia Cristina Salas Salas invoca la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la falta de respuesta frente a las
peticiones RC052, RC053 del 22 de septiembre de 2021 y RC057-2021 del 29 de
septiembre de 2021, pues, a su juicio, las respuestas entregadas mediante los
Oficios PSCC 383 de 29 de septiembre de 2021 y PSCC 392 del 14 de octubre de
2021, no resuelven de fondo las solicitudes planteadas.

De la lectura de las peticiones que ejerció la actora la Sala encuentra que,
respecto de las peticiones RC052, RC053 del 22 de septiembre de 2021 y RC057-
2021 del 29 de septiembre de 2021, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, en el Oficio PSCC 383 de 29 de septiembre de 2021, requirió
a la peticionaria para que en cumplimiento del artículo 16 de la ley 1755 de 2015,
expusiera «(...) 4. Las razones en las que fundamenta su petición», o en caso contrario, se
aplicaría la consecuencia prevista en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015.

Según esta última disposición, «cuando la autoridad constate que una petición ya radicada
está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria
para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley,
requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la
complete en el término máximo de un (1) mes (…)» .

Sin embargo, en el presente caso, llama la atención que, vistas las referidas
peticiones, se advierte que en dichos escritos la peticionaria indicó «lo anterior para
que, la respuesta a este derecho constitucional de petición junto con sus anexos, hagan parte de
los trámites y acciones correspondientes de la servidora calificada» .

Adicionalmente, el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 señala que «vencidos los
términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo
motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de
reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el
lleno de los requisitos legales» .

Al respecto se advierte que, si bien no se allegó evidencia al presente trámite de
que la peticionaria haya cumplido con el requerimiento consistente en indicar las
razones en que fundamentó sus peticiones, también lo es que la autoridad
accionada tampoco demostró que pasado el mes de que trata el artículo 17 de la
Ley 1755 de 2015, haya decretado el desistimiento de la actuación, mediante acto
administrativo motivado y debidamente notificado.

Sumado a lo anterior, el parágrafo 2 del artículo 16 ejusdem señala que «En ningún
caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta» .

Lo cual conduce a señalar que, con las razones que la peticionaria indicó en las
peticiones iniciales, se encuentra satisfecha la exigencia prevista en el numeral 4
del artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, para ejercer el derecho fundamental de
petición y, por ende, correspondía a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia proporcionar respuesta de fondo, clara y precisa respecto de las
solicitudes de información y de expedición de copias que comportan el contenido
de las referidas peticiones.

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Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

Máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 57 de la Ley 270
de 1996 «son de acceso público las actas de las sesiones de la Sala Plena y de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de las Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales y de las corporaciones citadas en el inciso anterior 4, y los documentos
otorgados por los funcionarios de la Rama Judicial en los cuales consten actuaciones y
decisiones de carácter administrativo».

Como ello no ocurrió, la Sala encuentra vulnerado el derecho fundamental de
petición de la señora Nubia Cristina Salas Salas ante la falta de respuesta de
fondo, clara, precisa y oportuna respecto de las las peticiones RC052, RC053 del
22 de septiembre de 2021.

En lo demás, la Sala advierte que la respuesta que entregó la Corporación
accionada en el Oficio PSCC 392 del 14 de octubre de 2021, frente a la petición
RC057-2021 del 29 de septiembre de 2021, si bien comunica que no es la entidad
competente para remitir la información solicitada, tampoco puede ser considerada
una respuesta de fondo, clara y precisa que satisfaga el núcleo esencial del
derecho fundamental de petición, por el contrario, no atiente a lo solicitado por la
actora.

Lo anterior, porque, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, en sentencia
T- 464 de 1997, «una contestación vacía de contenido, evasiva y casi desdeñosa como (sic)
deja en el mismo estado de desorientación a la persona y por ende resulta violado su derecho de
petición. El alcance de este derecho fundamental va mucho más allá de la respuesta formal,
aunque oportuna. Pero, además, toda persona tiene derecho a que la respuesta de la
administración sea clara y específica en torno a la resolución adoptada, con independencia de si es
negativa o positiva. No se viola el derecho de petición por negar lo pedido, como lo ha reiterado la
jurisprudencia, pero sí se vulnera de modo ostensible cuando la respuesta es vaga o contradictoria,
pues en ambos casos lo que se tiene es lo contrario de una decisión» .

En suma, en el presente caso se encuentra acreditada la vulneración invocada y,
en ese sentido, se impone acceder al amparo del derecho fundamental de petición
de la señora Nubia Cristina Salas Salas y, en consecuencia, ordenar a la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que, en el término de diez (10)
días siguientes a la notificación de la presente providencia, dé respuesta de fondo,
clara y precisa a las solicitudes RC052, RC053 del 22 de septiembre de 2021 y
RC057-2021 del 29 de septiembre de 2021 y notifique a la actora de la decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental de petición de la señora Nubia Cristina Salas
Salas. En consecuencia:

2. Ordenar a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por
intermedio del presidente, que, en el término de diez (10) días siguientes a la
notificación de la presente providencia, dé respuesta de fondo, clara y precisa

4 “(…) El reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado (…)”.
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Demandante: Nubia Cristina Salas Salas

a las solicitudes RC052, RC053 del 22 de septiembre de 2021 y RC057-2021
del 29 de septiembre de 2021 y notifique a la actora de la decisión.

3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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