Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04310-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04310-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04310-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
12 de octubre de 2023
Demandante: Nubia Cristina Salas Salas
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Presidencia
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04310-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)
Bogotá D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04310-00
Demandante: NUBIA CRISTINA SALAS SALAS
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
PRESIDENCIA
Tema: Derecho de petición- respuesta de fondo- falta de
competencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en
ejercicio de la acción de tutela previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1 Demanda
Mediante escrito enviado por correo electrónico el 11 de agosto de 2023 al
buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, la señora Nubia
Cristina Salas Salas, interpuso acción de tutela contra la presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que le sea amparado su
derecho fundamental de petición.
Consideró vulnerada dicha garantía, por cuanto, a la fecha de presentación
de la solicitud de amparo, no se ha brindado respuesta a la petición
contenida en el oficio RC057-2021 del 29 de septiembre de 2021, la cual fue
remitida por la Sala de Casación Civil a la presidencia del Consejo Superior
de la Judicatura.
1.2 Pretensiones
En concreto, pidió lo siguiente:
“PRIMERO: Amparar mi derecho fundamental de petición y, en
consecuencia, se ordene a la Consejo Superior de la Judicatura -
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Presidencia que dé respuesta de fondo, clara y precisa a la petición
contenida en el oficio RC057-2021 remitido por competencia por la
Sala Civil en el término de 48 horas.
SEGUNDO: Prevenir al ente accionado para que -en lo sucesivo-
evite incurrir en la vulneración del derecho de petición de la Relatora
accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del
Decreto 2591 de 1991. 1. Se declare que Consejo Superior de La
Judicatura, que ha vulnerado mi derecho fundamental de petición,
igualdad y al trabajo.” (Transcripción del original con posibles errores)
La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:
1.3 Hechos
La actora relató que el 21 de noviembre de 2021, envió a los magistrados de
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la petición
contenida en el oficio RC057-2021.
Indicó que el 15 de febrero de 2022, la Sala de Casación Civil respondió
mediante oficio PSCC 088 manifestando que por competencia había remitido
dicha solicitud a la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura.
Expresó que a la fecha de radicación de la tutela y después de más de 2
años, no ha recibido respuesta por parte de la entidad accionada, con lo que
se vulneró así el derecho fundamental aludido.
1.4 Sustento de la vulneración
La demandante sostuvo que se ha desconocido su derecho fundamental de
petición, ante la demora en darle respuesta de fondo, clara y precisa de la
remisión que hizo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
el 29 de septiembre de 2021 al Consejo Superior de la Judicatura contenida
en el oficio RC057-2021.
Fundamentó esta acción en lo establecido en el artículo 23 de la Constitución
Política, que consagra el derecho fundamental de petición que faculta o
permite a cualquier persona, incluidos los empleados de la Rama judicial,
ejercer la acción de tutela de conformidad con los artículos 85 y 86
superiores.
1.5 Trámite e intervenciones
Mediante auto del 15 de agosto de 2023, el magistrado ponente admitió la
tutela y ordenó notificar al presidente del Consejo Superior de la Judicatura,
para que, si lo consideraba del caso, interviniera en el presente proceso en
calidad de accionado.
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Posteriormente, al pasar el expediente para resolver, se observó que no fue
vinculada la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, razón
por la cual mediante providencia de 11 de septiembre de 2023 se ordenó su
notificación debido al interés que le asiste en las resultas del presente trámite
constitucional.
1.5.1 Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia
Mediante escrito allegado el 18 de agosto de 2023 el Magistrado Auxiliar de
la Oficina del Despacho de la presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura informó que mediante oficio PCSJO22-119 del 7 de marzo de
2022 le comunicó al Secretario de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia que carecía de competencia, por cuanto los documentos
deprecados correspondían a estudios internos de esa Sala Especializada
para formular la creación de cargos al Consejo Superior de la Judicatura y los
cuales no están en poder de esta Colegiatura.
Manifestó que, si bien en su oportunidad no fue enterada la accionante de la
citada respuesta, dicha situación fue subsanada en el transcurso del
presente trámite constitucional mediante oficio PCSJO23-925, comunicado a
su correo institucional y al de la dependencia que regenta.
De manera que, al verificar las pretensiones de la demandante estas fueron
satisfechas durante el trámite constitucional, con lo cual se configuraría el
fenómeno denominado por la jurisprudencia como carencia actual de objeto,
por cuanto la solicitud a la obtención de copias de los estudios y de aquellos
documentos que sirvieron de respaldo para elevar la solicitud de creación de
cargos permanente es la Relatoría por parte de la Sala de Casación Civil, no
son de competencia de la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura,
razón por la cual no son los llamados a brindar dicha información.
Consideró que no existió vulneración a ningún derecho fundamental en la
actuación realizada por parte de la presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura, por lo que se debía negar el amparo, por tratarse de un hecho
superado.
1.5.2 Sala de Casación Civil, Agraria y Rural – Presidencia
Mediante oficio allegado el 15 de septiembre de 2023 la presidenta de dicha
Sala especializada manifestó “esta Sala especializada dio respuesta a la
petición RC057-2021, suscrita por la Dra. Nubia Cristina Salas Salas, en
cumplimento del fallo de tutela de 27 de enero de 2022, radicado 11001-03-
15-000- 2021-08938-00, mediante oficio PSCC No. 0088 de 15 de febrero de
2022, en la cual se señaló que: «Al respecto, advertido que la Sala de
Casación Civil sólo tiene la facultad nominadora de los cargos que mediante
acto administrativo crea el Consejo Superior de la Judicatura, no reposan en
los archivos existentes los estudios técnicos y demás documentos a los que
Usted hace referencia, por lo tanto, no es posible acceder a su solicitud.»
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Además, se informó que la petición seria remitida al Consejo Superior de la
Judicatura, en los términos del art. 21 de la Ley 1755 de 2015, lo que ocurrió
el 15 de febrero de 2022. Por lo anterior, comoquiera que la accionante
recibió repuesta clara, completa y de fondo del objeto de su petición, se
agotó el trámite del mismo ante esta Sala Especializada, en ese sentido se
solicita amablemente la desvinculación del este trámite constitucional”
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1 Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como el Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.1
2.2 Cuestión previa
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia pidió ser
desvinculada de la presente acción, con sustento en que ya se dio respuesta
a la petición de la parte actora.
Esta Corporación denegará dicha solicitud, comoquiera que su vinculación se
dio en aras de garantizar su derecho a la defensa y teniendo en cuenta que
le asistía un interés en el proceso.
2.3 Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la presidencia del Consejo Superior de
la Judicatura, vulneró el derecho fundamental de petición de la señora Nubia
Cristina Sala Salas al no brindarle respuesta a la solicitud elevada mediante
oficio RC057-2021 del 29 de septiembre de 2021 a la Sala de Casación Civil
y que posteriormente le fue remitida por competencia mediante oficio PSCC
088 el 15 de febrero de 2022.
Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) del derecho fundamental de petición,
(iii) análisis del caso concreto.
2.4 Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución consagra el precepto según el cual, toda
persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
1 Reglamento interno del Consejo de Estado
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Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 2, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado.
2.5 Del derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución consagra que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.
La Corte Constitucional ha desarrollado tal garantía a partir de un núcleo
esencial3, el cual presupone lo siguiente:
i) La posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés
general o particular.
ii) La obtención de una pronta y material resolución del asunto puesto en
consideración, independientemente de si resulta favorable o no a lo
pretendido.
iii) Es necesario que la respuesta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
el Tribunal Constitucional ha señalado:
«Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden
reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición es
necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la
adopta y sea puesta en conocimiento del peticionario; si el interesado
ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que el derecho
ha sido observado cabalmente»4
Mediante la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015, se reguló el
derecho fundamental de petición y, se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues con
este se había desconocido la reserva de ley estatutaria para desarrollar un
asunto restringido constitucionalmente en el artículo 152 Superior.
2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
3 Corte Constitucional. Sentencias T-495 de 1992, T-010 de 1993, T-392 de 1994, T-392
de 1995 y T-291 de 1996.
4 Corte Constitucional. Sentencia T - 529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
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Concretamente, se estableció como regla general un plazo de 15 días para
resolver la solicitud y precisó, además, que antes de que se cumpla el
término dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
plazo en el cual se realizará la contestación.
2.6. Caso concreto
La parte actora consideró que se desconoció su derecho fundamental de
petición, por cuanto a la fecha de presentación de la solicitud de amparo no
se había brindado respuesta a la solicitud contenida en el oficio RC057-2021
del 29 de septiembre de 2021, la cual le fue remitida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia a la presidencia del Consejo Superior
de la Judicatura.
Revisadas las pruebas aportadas al proceso, se observa que la tutelante
presentó una solicitud ante la presidencia de la Corte Suprema de Justicia
bajo el número RC057-2021 del 29 de septiembre de 2021, en la que pidió
literalmente:
“(…) En ejercicio del derecho fundamental de petición, me permito
solicitarle y, por su digno conducto a los señores magistrados que integran
la Sala de Casación Civil, copia digital y auténtica de todas las actas,
los audios y la totalidad de los estudios técnicos que fueron objeto de
evaluación por parte de la Sala Especializada, para formular ante el
Consejo Superior de la Judicatura, la solicitud de creación de cargos
definitivos para la Relatoría de la Sala de Casación Civil a partir del
año 2015.
Le agradezco que se adjunten los documentos técnicos de soporte, entre
otros, el diagnóstico organizacional, el análisis interno y externo de la
oficina misional, la identificación de perfiles, las cargas de trabajo, los
manuales de funciones, de procesos y las competencias laborales, en
atención a la guía de rediseño institucional de entidades públicas que, para
el efecto, tiene establecido el Departamento Administrativo de la Funcional
Pública.
Se requiere además los registros documentados de los votos de disidencia
-sean de aclaración o salvedad- que se presentaron en dicho propósito.
Todo ello para que haga parte de los trámites y acciones correspondientes
(…)”. Destaca la Sala
Ante la falta de respuesta de fondo, la demandante instauró acción de tutela
contra la Corte Suprema de Justicia, la cual fue resuelta por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 27 de enero de 2022, en la
que amparó el derecho fundamental de petición y ordenó a dicha corporación
dar respuesta de fondo y clara a tres solicitudes objeto de amparo, entre las
que se encuentra la que hoy es cuestión de análisis en el presente caso.
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En cumplimiento de lo anterior, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia emitió respuesta mediante oficio PSCC No. 0088 de 15
de febrero de 2022 con destino a la tutelante en el cual le indicó que “(…)
sólo tiene la facultad nominadora de los cargos que mediante acto
administrativo crea el Consejo Superior de la Judicatura, no reposan en los
archivos existentes los estudios técnicos y demás documentos a los que
Usted hace referencia, por lo tanto, no es posible acceder a su solicitud (…)”.
Adicionalmente, en el memorial de intervención en la actual acción, la misma
corporación señaló que en su momento le informó a la tutelante que la
petición sería remitida al Consejo Superior de la Judicatura en los términos
del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, lo que ocurrió el 15 de febrero de
2022.
Como consecuencia de ello, la presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura, mediante oficio PCSJO22-119 del 7 de marzo de 2022 le
comunicó al secretario de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia que carecía de competencia, por cuanto los documentos deprecados
correspondían a estudios internos de esa Sala Especializada para
formular la creación de cargos al Consejo Superior de la Judicatura y
los cuales, no están en poder de dicha Colegiatura.
Indicó que, si bien en su oportunidad no fue enterada la accionante de la
citada respuesta, dicha situación fue subsanada en el transcurso del
presente trámite constitucional mediante oficio PCSJO23-925, comunicado al
correo institucional de la accionante y al de la dependencia que regenta,
cuyas imágenes se anexan.
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De lo anterior se observa que la presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura contestó la solicitud radicada por la parte actora, y le informó que
los documentos requeridos por ella no están en poder de dicha entidad pues
corresponden a estudios internos de la Sala Especializada de la Corte
Suprema de Justicia para formular la creación de cargos al Consejo
Superior de la Judicatura y los cuales están en poder de dicha sala.
En ese orden de ideas, se advierte un conflicto entre las dos entidades que
intervinieron en el trámite de la solicitud objeto de tutela, a saber, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia vs. la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura, en torno a la corporación a la que le
corresponde atender de fondo lo pedido, en el sentido de enviar los
documentos que requiere la actora y que tienen que ver con los estudios
técnicos que fueron objeto de evaluación por parte de la Sala Especializada,
para formular ante el Consejo Superior de la Judicatura, la solicitud de
creación de cargos definitivos para la Relatoría de la Sala de Casación Civil a
partir del año 2015.
En pocas palabras, no se ha brindado respuesta de fondo sobre lo requerido
por la tutelante, ya que en el trámite administrativo la petición bajo análisis ha
sido objeto de envío y reenvío por competencia entre las dos Corporaciones
en mención, y cada una de ellas alega no ser la competente para suministrar
la información y los documentos que pide la parte actora, lo que hace que la
lesión al derecho de petición permanezca en el tiempo y no se cumpla con la
finalidad y el núcleo esencial de la mencionada prerrogativa constitucional.
Por consiguiente, en ese caso lo que debe hacer la entidad que reciba la
solicitud por competencia es plantear un conflicto de competencias
administrativas con el objeto de que la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado determine cual de las dos Corporaciones es la
competente para resolver la petición, en los términos del artículo 39 de la Ley
1437 de 2011, norma que establece:
“ARTÍCULO 39. CONFLICTOS DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los
conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de
la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la
actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente,
remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal
Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden
departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre
autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos
departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado.
De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se
consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.
En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibida la
actuación en Secretaría se comunicará por el medio más eficaz a las autoridades
involucradas y a los particulares interesados y se fijará un edicto por el término de
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cinco (5) días, plazo en el que estas podrán presentar alegatos o consideraciones.
Vencido el anterior término, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los cuarenta (40) días
siguientes: Contra esta decisión no procederá recurso alguno.
Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se
suspenderán.”. (Destaca la Sala).
De esa manera, la controversia en torno a la entidad competente para
responder la petición de que se trata no puede prolongarse en el tiempo, y no
resulta procedente que tanto la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia como la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura envíen
y a tu turno devuelvan por competencia la solicitud, pues en ese caso la
norma en cita establece que debe plantearse el respectivo conflicto de
competencias.
Así las cosas, no resultó acertada la devolución que hizo el Consejo Superior
de la Judicatura de la petición de la actora remitida por competencia por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues no bastaba con
informarse que se hacía la devolución por cuanto no era el competente para
resolverla, sino que debía proponerse el conflicto en los términos de la norma
en cita.
Por consiguiente, comoquiera que no se ha resuelto de fondo la solicitud de
la demandante, se accederá al amparo del derecho fundamental de petición
deprecado y se ordenará a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia que responda de fondo la solicitud radicada por la tutelante
contenida en el oficio RC057-2021 del 29 de septiembre de 2021 o, de
reiterar la falta de competencia, que se dé trámite al conflicto negativo de
competencias administrativas de conformidad con el artículo 39 de la Ley
1437 de 2011.
Lo anterior, teniendo en cuenta que fue la última autoridad a quien se le
remitió la solicitud de la tutelante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación de la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil.
SEGUNDO: Ampárase el derecho fundamental de petición de la parte actora.
En consecuencia, ordénase a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas responda de
fondo la solicitud radicada por la tutelante contenida en el oficio RC057-2021
del 29 de septiembre de 2021 o, de reiterar la falta de competencia, que dé
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trámite al conflicto negativo de competencias administrativas de conformidad
con el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
11
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