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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-09462-01

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-09462-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de 20 de enero 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el sentido de negar las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de enero de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la carencia actual de objeto de la acción de tutela e instó a al Tribunal Superior de Bucaramanga y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, para que en lo sucesivo se abstengan de incurrir en situaciones como la que dieron origen a la presente acción de tutela. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-09462-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

31 de marzo de 2022

Demandante: María Luisa Bravo Villa
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-09462-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-09462-01
Demandante: MARÍA LUISA BRAVO VILLA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Derecho al descanso laboral. Vacaciones de funcionarios y
empleados de la Rama Judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver las impugnaciones presentadas por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bucaramanga contra la sentencia del 20 de enero de 2022,
por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró la carencia
actual de objeto de la presente acción de tutela.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora María Luisa Bravo Villa, en nombre propio, presentó acción de tutela1
con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales “al DESCANSO
NECESARIO, dignidad humana y al trabajo en condiciones dignas y justas, a la Salud y el
derecho al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de los usuarios del Juzgado
Tercero Penal del Circuito para adolescentes con Función de Conocimiento”.

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la negativa de las entidades accionadas de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal que permitiera el nombramiento de la persona que la
remplace durante el periodo de sus vacaciones, dada su calidad de juez Tercera
(3°) Penal del Circuito Para Adolescentes con Función de Conocimiento de
Bucaramanga.

1.2. Pretensiones

La parte actora elevó las siguientes peticiones:

1 Con escrito presentado el 17 de noviembre de 2021, en el correo de la Secretaría General del

Consejo de Estado <secgeneral@consejodeestado.gov.co>.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: María Luisa Bravo Villa
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-09462-01

“1. Por lo anteriormente señalado, de forma respetuosa me permito solicitar SE
TUTELE mi derecho al DESCANSO NECESARIO, dignidad humana y al trabajo en
condiciones dignas y justas, a la Salud y el derecho al ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de los usuarios del Juzgado Tercero Penal del
Circuito para adolescentes con Función de Conocimiento y se proceda a dar las
ordenes (sic) que se consideren en punto a hacer efectivos los mismos.

2. Como esta situación es sistemática de acuerdo con lo que se me informa por la
Secretaria de Tribunal Superior de Bucaramanga, “ha sucedido en varios casos,
como el Juzgado Promiscuo del Circuito de Málaga, y otros, lo que implica que los
Juzgados queden acéfalos y los asuntos propios del Juzgado no se tramiten, por lo
que se requiere se tomen medidas urgentes.”, solicito se vinculen por tener interés,
dicho despacho judicial y los JUZGADOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO
PENALES DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES de esta ciudad.

3. Se le advierta al H. Consejo Seccional de la Judicatura que en lo sucesivo debe
garantizar que NINGÚN JUZGADO de este distrito quede ACÉFALO durante el
“Compensatorio” que sea concedido a los titulares de los despachos judiciales de
esta seccional”.

1.3. Hechos

La parte actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:

Señaló que hasta el 28 de abril de 2021 desempeñó el cargo de juez Primera (1°)
Penal del Circuito para Adolescentes de Cúcuta.

Indicó que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta,
en sesión ordinaria No. 21 celebrada el 21 de octubre de 2020, ordenó suspender
el disfrute de sus vacaciones colectivas, con el fin de que atendiera las acciones
de tutela, los hábeas corpus y otros procesos tramitados en segunda instancia
bajo la Ley 1098 de 2006. Lo anterior en atención a lo contemplado en el Acuerdo
No. 221 del 7 de octubre de 2020, expedido por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander.

Alegó que, a partir del 29 de abril de 2021, ocupó el cargo de juez Tercera (3°)
Penal del Circuito Para Adolescentes con Función de Conocimiento de
Bucaramanga, sin embargo, explicó que no ha gozado de sus vacaciones
correspondientes al periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2020 y el 11
de enero de 2021.

Informó que el 7 de septiembre de 2021 le solicitó al Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bucaramanga que le concediera sus vacaciones a partir del 25 de
septiembre de 2021. No obstante, la Secretaría de dicha Corporación le informó
que lo procedente era solicitar un compensatorio, el cual debía ser tramitado ante
el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.

Destacó que el 8 de octubre de 2021, a través de los Oficios Nos. 01622 y 01623,
tramitó la solicitud ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y
requirió al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga la designación en
encargo o el reemplazo para el cargo que ocupa, respectivamente.

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Manifestó que el 15 de octubre de 2021, le fue notificada la Resolución No.
CSJSAR21-327 mediante la cual el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander decidió autorizarle como compensatorios por las vacaciones
suspendidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, los días
comprendidos entre el 25 de noviembre de 2021 y el 16 de diciembre de 2021.

Afirmó que por el Acuerdo No. 24 del 25 de octubre de 2021, la Sala Plena del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga resolvió oficiar a la Oficina
Judicial para que no se le repartieran asuntos constitucionales de primera
instancia y hábeas corpus al Juzgado Tercero (3°) Penal del Circuito para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Bucaramanga, en razón al
compensatorio que le fue concedido como titular de ese despacho. Y dispuso que
se debía informar al juzgado que los asuntos constitucionales urgentes debían ser
repartidos de manera equitativa entre todos los juzgados de la misma categoría.

Comentó que interpuso recurso de reposición contra dicha decisión, al considerar
que dejar el juzgado sin reemplazo durante 22 días implicaba un retroceso en el
proceso de descongestión que lleva y que una vez llegara de su descanso tendría
una sobrecarga laboral como consecuencia de la compensación por todo el
reparto que sería dividido entre los jueces homólogos ante su ausencia, sin dejar
de lado las audiencias que ya estaban programadas para ese periodo.

Expuso que mediante la Resolución No. 158 de 8 de noviembre de 2021, la Sala
Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga resolvió no
reponer el artículo 4° del Acuerdo No. 24 del 25 de octubre de 2021, con
fundamento en que el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander mediante
el oficio DESAJBUO21-3244 del 22 de octubre de 2021 señaló que no tiene
disponibilidad presupuestal para designar un juez, ello con fundamento en la
Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2014, del Consejo Superior de la
Judicatura.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La señora María Luisa Bravo Villa consideró que las autoridades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales “al DESCANSO NECESARIO, dignidad
humana y al trabajo en condiciones dignas y justas, a la Salud”, toda vez que, con
fundamento en cuestiones de carácter administrativo, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga negó la designación de un reemplazo mientras
disfruta de su periodo de vacaciones.

Alegó que, si bien el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander le concedió
vacaciones, el juzgado carecería de un juez designado que la remplace, con lo
cual se afectaría el servicio de acceso a la administración de justicia de los
usuarios a quienes no se les realizarían las audiencias programadas, ni se le daría
impulso a sus procesos. Ello sumado al atraso que ha venido sorteando el
despacho, el cual es continuo y evidente.

Informó que esta posición fue puesta de presente en el salvamento y la aclaración
de voto de la Resolución No. 158 de 8 de noviembre de 2021, por los magistrados
Juan Carlos Diettes Luna y Paola Raquel Álvarez Medina, respectivamente.
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Finalmente, consideró que discrepa del argumento del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, según el cual no se le vulnera su derecho al
descanso pues el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander ya le
reconoció sus vacaciones y está a su disposición y albedrío disfrutarlas, dado que
tiene una responsabilidad y obligaciones con el cargo para el cual se posesionó.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto de 29 de noviembre de 2021, la magistrada ponente de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, admitió la tutela de la referencia y ordenó la
notificación de la accionante, del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, del Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander, de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Santander y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
De igual manera, negó la medida provisional solicitada por la tutelante.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Consejo Seccional de la Judicatura de Santander

Con escrito de 3 de diciembre de 2021, solicitó la desvinculación de la presente
acción de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva
para comparecer en el trámite constitucional.

Al respecto, precisó que en ningún momento la Corporación vulneró los derechos
fundamentales de la accionante, toda vez que su competencia se centra en
otorgar el compensatorio que fue solicitado por ella.

De otro lado, manifestó que la decisión de no designar un juez de reemplazo para
el despacho donde labora la actora fue tomada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga ante la falta de certificado de disponibilidad presupuestal
para tal fin y que la entidad encargada de gestionar dicha disponibilidad para el
nombramiento de servidores judiciales en temporada de vacaciones corresponde
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, de
conformidad con el artículo 103 de la Ley 270 de 1996.

Por lo tanto, concluyó que carece de legitimación en la causa por pasiva, en
atención a que la supuesta vulneración de las garantías constitucionales de la
actora no estuvo en cabeza del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander,
de conformidad con los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991 y la sentencia
T-416 de 1997 de la Corte Constitucional.

1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga

A través de escrito de 6 de diciembre de 2021, el coordinador de Defensa Judicial
y Atención de Procesos de la entidad, solicitó lo siguiente:
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(i) Denegar la petición de amparo, por cuanto no se han menoscabado los
derechos fundamentales de la accionante.

Al respecto, indicó que existe una imposibilidad de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal para designar reemplazos de servidores del régimen
de vacaciones colectivas, atendiendo a la regulación contenida en la Circular
PSAC11-44 del Consejo Superior de la Judicatura y el concepto proferido por la
directora de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, contenido en el Oficio DEAJRHO17-6594 de 14 de
diciembre de 2017.

(ii) Declarar la improcedencia de la acción de tutela, por no haberse agotado los
medios ordinarios de defensa judicial con los que contaba la actora para la
protección de sus derechos y no advertirse la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.

1.6.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Mediante memorial de 9 de diciembre de 2021, solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la entidad, dado que la presunta
vulneración de los derechos invocados no es consecuencia de una acción u
omisión atribuible a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, máxime
cuando no está llamada ni obligada a la disposición de recursos que permitan la
contratación del remplazo de la accionante mientras disfruta del periodo de
vacaciones que solicitó.

Así mismo, pidió que se ordene al nominador que le conceda el derecho
vacacional a la tutelante, pues efectivamente es un desacierto manifestar que la
Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, prohibió la asignación de
recursos para la contratación del reemplazo de los funcionarios judiciales
(magistrados y jueces). Por lo tanto, el nominador de la accionante, en este caso
el “Consejo Seccional de la Judicatura de Cúcuta”, no puede negar el reconocimiento
del periodo de vacaciones de la tutelante con base en la falta o ilegalidad de
apropiación de recursos para la contratación del reemplazo.

Además, expuso lo siguiente:

“De otro lado, la Entidad encargada de sufragar y expedir las respectivas
resoluciones mediante las cual (sic) se establece el periodo de vacaciones y valores
a sufragar por este concepto es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cúcuta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 103 de la Ley
270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justica”. Situación en la que solo
interviene esta Entidad en Resolución de la Segunda Instancia o Apelación, si el
Accionante llegase a considerar violentado (sic) sus derechos laborales,
prestacionales o salariales, pero el acto de liquidación y legalización del periodo de
vacaciones del Accionante es responsabilidad exclusiva de dicha seccional”.

1.7. Sentencia de primera instancia

En providencia de 20 de enero de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
resolvió:

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“1. Declarar la carencia actual de objeto, dadas las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2. Instar al Tribunal Superior de Bucaramanga y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga, para que en lo sucesivo se abstengan de
incurrir en situaciones como la que dio origen a la presente acción de tutela, en tanto
que permitir el funcionamiento de despachos judiciales acéfalos, a falta del reemplazo
del juez que disfrutará de vacaciones o compensatorios, afecta el correcto
funcionamiento de la administración de justicia.”

Como fundamento de la decisión, indicó que en el expediente se encontraba
demostrado que la tutelante disfrutó del compensatorio de vacaciones del 26 de
noviembre de 2021 hasta el 16 de diciembre de 2021, sin que se nombrara una
persona que la reemplazara en el cargo de juez. Es decir que “durante el trámite de
la tutela se consolidó la situación que la accionante justamente buscaba evitar con la
acción constitucional”, lo cual significa que la acción constitucional perdió su objeto,
razón por la cual consideró que se debía declarar “la carencia actual de objeto”.

Sin embargo, explicó que la configuración de la carencia actual de objeto no
implica que el juez de tutela estuviera vedado para proferir pronunciamientos
adicionales, más allá de la resolución del caso concreto. Por tal motivo, estimó
necesario instar al Tribunal Superior de Bucaramanga y a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, para que en lo sucesivo se
abstuvieran de incurrir en situaciones como la que dio origen a la presente acción
de tutela.

Lo anterior, toda vez que “permitir el funcionamiento de despachos judiciales acéfalos
(a falta del reemplazo del juez que sale al disfrute de vacaciones o compensatorios),
afecta el correcto funcionamiento de la administración de justicia”, amenaza el derecho
al trabajo digno del servidor judicial, ya que tras su llegada tendrá que asumir la
acumulación de asuntos que no pudieron tramitarse oportunamente, lo que
contribuye a una mayor carga laboral y vulnera el derecho de acceso a la
administración de justicia de los usuarios del sistema judicial, ante el
represamiento de los casos no tramitados y el vencimiento de términos.

Finalmente, en relación con la designación de recursos presupuestales para el
nombramiento del reemplazo, citó las competencias contenidas en los artículos
98, 99 y 103 de la Ley 270 de 1996, respecto de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y las direcciones ejecutivas seccionales de administración
judicial.

A su vez, dispuso que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, en
calidad de nominador del Juzgado Tercero (3°) Penal del Circuito para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Bucaramanga, era el obligado a
establecer la forma de provisión del cargo, de manera coordinada con la
respectiva Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, a fin de
garantizar la continuidad en la prestación del servicio de justicia.

1.8. Solicitud de aclaración

Mediante escrito de 1° de febrero de 2022, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bucaramanga solicitó la aclaración de la sentencia de
primer grado.
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Sobre el particular, pidió que se indicara cuál es el fundamento normativo de la
orden dada en el ordinal segundo de dicha providencia, teniendo en cuenta lo
previsto en la Ley 270 de 1996 y en la Circular PCSJC20-38, así como la
naturaleza de los compensatorios del Acuerdo No. PSAA07-3972 de 13 marzo de
2007.

Luego, a través de auto de 17 de febrero de 2022, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado negó la solicitud de aclaración de la sentencia del 20 de enero de 2022,
presentada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga, al señalar que su reproche “no alude a frases o conceptos que nublen
u obstaculicen el entendimiento del numeral segundo de la parte resolutiva del fallo. Por el
contrario, la solicitud de aclaración consistió en una presentación de argumentos que
soportan la tesis de dicho organismo (…)”.

1.9. Impugnación

A través de sendos correos electrónicos enviados el 28 de febrero de 20222, al
buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga y la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bucaramanga impugnaron la sentencia de 20 de enero de
2022.

1.9.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga

La vicepresidente de la entidad, manifestó lo siguiente:

“Hoy 28 de febrero de 2022, manifestamos en nombre y representación del
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, que
IMPUGNAMOS la sentencia de tutela que resolvió el amparo solicitado por MARIA
LUISA BRAVO VILLA.

La Magistrada Ponente: MYRIAM STELLA GUTIERREZ ARGUELLO, negó una
solicitud de aclaración que presentó la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, según se comunicó el pasado 24 de febrero de 2022 al correo de la
Corporación.

El Señor Presidente me delegó para construir algunos argumentos sobre el
particular tema: la impugnación, específicamente en punto al exhorto inserto en la
parte resolutiva de la providencia de tutela.

Consideré oportuno compartir una providencia de Tutela de la Sala de Casación
Penal de la Ho. Corte Suprema de Justicia, al resolver una IMPUGNACIÓN contra
la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, sobre un similar
asunto administrativo laboral.

Comedidamente: anexo dos documentos para tener en cuenta al momento de
resolverse la impugnación.”

2 Las impugnaciones se presentaron dentro del término establecido en los artículos 31 del Decreto

Ley 2591 de 1991 y 322 del Código General del Proceso, comoquiera que el auto que resolvió la
solicitud de aclaración de la sentencia de primera instancia se notificó el 23 de febrero de 2022 y
los recursos se interpusieron el día 28 de febrero del mismo año.

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1.9.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga

El coordinador de Defensa Judicial y Atención de Procesos de la entidad solicitó
que se revoque el fallo de primera instancia, para que, en su lugar, se “disponga
negar el mecanismo de tutela por IMPROCEDENTE y por falta de acreditación de los
requisitos necesarios para la prosperidad de la acción de tutela, revocando asimismo el
exhorto efectuado puesto que el mismo desconoce el marco normativo vigente frente a la
expedición de CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL para la
designación de reemplazos que no están previstos en la planta de personal de la entidad,
conforme los argumentos expuestos a lo largo de este escrito”.

Por lo tanto, pidió que se diera a conocer el fundamento normativo de la orden
dada a esa dirección y reiteró todos los argumentos expuestos en su escrito de
contestación de la acción de tutela, entre otros, los siguientes:

La postura asumida en el fallo de tutela se aparta de lo dispuesto en la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, expedida por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, por lo que se erige como una exigencia contra
legem, máxime cuando el exhorto allí efectuado se torna contrario a lo regulado en
los acuerdos vigentes. Por lo tanto, la acción de tutela no puede ser usada para
enervar los efectos jurídicos de la citada circular, de conformidad con el artículo 2
inciso 3° del CPACA y el artículo 153 numerales 1° y 23 de la Ley 270 de 1996.

La actora no está vinculada en un cargo de vacaciones individuales sino en uno
perteneciente al régimen de vacaciones colectivas, por encontrarse ostentando el
cargo de juez Tercera (3°) Penal del Circuito para Adolescentes con Función de
Conocimiento de Bucaramanga, y en ese sentido, sus vacaciones las disfruta
entre el 20 de diciembre y el 10 de enero del año siguiente, según lo dispuesto en
el artículo 107 del Decreto 1660 de 1978, el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, y
la Circular PCSJC20-38 de 10 de diciembre de 2020.

Si bien es cierto que la Dirección Seccional de Administración Judicial, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander y el Tribunal Superior del Distrito Judicial
son todas entidades pertenecientes a la Rama Judicial, también lo es que el marco
funcional de estas autoridades está claramente delimitado en los artículos 75 a 84,
101, 103 y 131 de la Ley 270 de 1996, por lo que esa dirección no funge como
autoridad nominadora de la accionante.

En el expediente se acreditó el goce efectivo del derecho al descanso remunerado
de la accionante, cuando se señaló que “El 13 de enero de 2022, el despacho ponente
sostuvo comunicación telefónica con la accionante a fin de conocer si se disfrutaron los
compensatorios de vacaciones; cuestionamiento ante el cual aquella informó que,
efectivamente, los disfrutó desde el 26 noviembre de 2021 hasta el 16 diciembre de
2021”.

Precisó que legalmente no es posible expedir una disponibilidad para nombrar un
reemplazo pago que supla un cargo durante las vacaciones cuando no se trata de
un empleo que cuente con esa facultad en los reglamentos vigentes, puesto que
ello sería contrario a derecho, y mucho menos, para el caso de los
compensatorios, pues ni la ley ni los reglamentos permiten la designación de
estos.
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Por lo último peticionó que (i) se declare la improcedencia de la acción de tutela,
por no haberse agotado los medios ordinarios de defensa judicial con los que
contaba la tutelante y no advertirse la ocurrencia de un perjuicio irremediable; y (ii)
se exima de responsabilidad a la entidad dentro de la presente causa, comoquiera
que no está vulnerando derechos fundamentales de la accionante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas contra
el fallo de tutela de 20 de enero de 2022, proferido por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991
y el 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.

2.2. Cuestión previa

En relación con las solicitudes de desvinculación realizadas por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, esta Sala las negará, toda vez que estas son las entidades que
intervienen en el trámite de la concesión de compensatorios y del rubro
presupuestal para el disfrute de las vacaciones, respectivamente, aspectos sobre
los cuales precisamente se fundamenta y reprocha en la presente acción.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 20 de enero de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, a través de la cual se declaró la carencia actual de objeto de la acción
de tutela, y se instó a las entidades demandadas para que en lo sucesivo se
abstuvieran de incurrir en situaciones como las que dieron origen a este
mecanismo de amparo.

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) naturaleza de la acción de tutela; y (ii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o,
excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
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En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub
examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría
desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y,
de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.5. Caso concreto

La señora María Luisa Bravo Villa, actuando en nombre propio, ejerció acción de
tutela contra el “CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA,
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE SANTANDER SALA
ADMINISTRATIVA, TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA”, con el fin de que le
sean amparados sus derechos fundamentales “al DESCANSO NECESARIO,
dignidad humana y al trabajo en condiciones dignas y justas, a la Salud”, con ocasión de
la negativa de las entidades accionadas de expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal que permitiera el nombramiento de la persona que la remplace
durante el periodo de sus vacaciones comprendido entre el 25 de noviembre de
2021 y el 16 de diciembre de 2021.

En providencia de 20 de enero de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
además de declarar la carencia actual de objeto de la acción de tutela, instó al
Tribunal Superior de Bucaramanga y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga, para que “en lo sucesivo se abstuvieran de
incurrir en situaciones como la que dio origen a la presente acción de tutela, en tanto que
permitir el funcionamiento de despachos judiciales acéfalos, a falta del reemplazo del juez
que disfrutará de vacaciones o compensatorios, afecta el correcto funcionamiento de la
administración de justicia”.

Inconformes con la decisión de primera instancia, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Bucaramanga la impugnaron.

En primer lugar, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga solicitó
la revocatoria del fallo “específicamente en punto al exhorto inserto en la parte
resolutiva de la providencia de tutela”.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga pidió que se revoque “la sentencia de primer grado y, en su lugar, se
disponga negar el mecanismo de tutela por IMPROCEDENTE y por falta de acreditación
de los requisitos necesarios para la prosperidad de la acción de tutela, revocando
asimismo el exhorto efectuado puesto que el mismo desconoce el marco normativo
vigente frente a la expedición de CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL para la designación de reemplazos que no están previstos en la planta
de personal de la entidad, conforme los argumentos expuestos a lo largo de este escrito”.

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En consecuencia, por cuestiones de orden metodológico, la Sala estudiará por
separado la figura de la carencia actual de objeto y lo relacionado con el exhorto
realizado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el ordinal 2° de la
sentencia de 20 de enero de 2022.

2.5.1. De la carencia actual de objeto

Al respecto, esta Colegiatura en anteriores oportunidades3 se ha referido a la
acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido
instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera
actual e inminente.

En línea con lo anterior, se ha señalado que existen eventos en los que la
amenaza o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el
trascurso de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la
vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del
proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la
intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la
vulneración de los derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii)
por una situación sobreviniente.

En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la
Sala cita como criterio auxiliar, señaló que:

“[…] La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante
la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer
el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional,
cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que
se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue
especialmente previsto para esta acción.4

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la
lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no
que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese

3 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro; (ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de
junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
4 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la

cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
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presentado un peligro ya subsanado […]” (Negrillas inexistentes en el texto
original)
“[…] Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii)
de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada
como el acaecimiento de una “situación sobreviniente5[…]”.

Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición
de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela,
por lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño
resulta perenne.

Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: “[l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé
una orden al respecto”.6

(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.

La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:

“[…] El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por

5 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la

cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
6 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».

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lo tanto caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada […]”7.

En el presente caso, la Sala advierte que encontrándose en curso el proceso de
tutela de la referencia, la señora María Luisa Bravo Villa disfrutó de los
compensatorios de vacaciones otorgados por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander mediante la Resolución No. CSJSAR21-327 de 15 de
octubre de 2021. Así lo indicó el a quo quien, en sentencia de 20 de enero de
2022, informó lo siguiente:

“4.6. El 13 de enero de 2022, el despacho ponente sostuvo comunicación telefónica
con la accionante a fin de conocer si se disfrutaron los compensatorios de
vacaciones; cuestionamiento ante el cual aquella informó que, efectivamente, los
disfrutó desde el 26 noviembre de 2021 hasta el 16 diciembre de 2021”.

En efecto, comoquiera que la accionante gozó de su descanso antes de que se
profiriera el fallo de primera instancia, para la Sala es imperioso concluir que la
acción de tutela carece de objeto por haberse consumado el daño que se
pretendía evitar, toda vez que la urgencia del presente mecanismo constitucional
subsidiario tenía como fundamento que las entidades accionadas expidieran el
respectivo nombramiento y certificado de disponibilidad presupuestal para el
reemplazo de la actora y que el Juzgado Tercero (3°) Penal del Circuito para
adolescentes con Función de Conocimiento, del cual es titular, no quedara
acéfalo; circunstancia que en efecto ocurrió.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia de 20 de enero de 2022, que declaró la
carencia actual de objeto de la acción de tutela, toda vez que la vulneración de los
derechos fundamentales invocados que se pretendía evitar con este mecanismo
de amparo, se materializó durante el trámite constitucional, de ahí que cualquier
orden que se imparta por parte de esta Sala resultaría inane.

2.5.2. El exhorto del ordinal 2° de la sentencia de 20 de enero de 20228

Ahora bien, como se mencionó previamente, en el ordinal 2° de la sentencia de
primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado instó al Tribunal
Superior de Bucaramanga y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga, para que “en lo sucesivo se abstuvieran de incurrir en
situaciones como la que dio origen a la presente acción de tutela, en tanto que permitir el
funcionamiento de despachos judiciales acéfalos, a falta del reemplazo del juez que
disfrutará de vacaciones o compensatorios, afecta el correcto funcionamiento de la
administración de justicia”.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga pidió
que se revoque tal exhorto, al considerar que este desconoce el marco normativo
vigente frente a la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal para la
designación de reemplazos que no están previstos en la planta de personal de la
entidad. Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
también pidió la revocatoria de dicho ordinal.

7 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
8 Ver antecedentes de la Sección Quinta en sentencia de del 10 de junio de 2021, expediente
11001-03-15-000-2021-01657-01, M.P. Rocío Araújo Oñate. En este caso se acoge el contenido
de dicha providencia, en lo que resulta pertinente para resolver el fondo del asunto.
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Esta Corporación anticipa que confirmará lo resuelto por el a quo constitucional,
conforme a los argumentos que pasan a explicarse.

En este punto, es importante precisar que se reiterarán los argumentos que esta
Sala de Decisión expuso en la sentencia del 10 de junio de 20219, a efectos de
demostrar que el hecho de que la Sección Cuarta de esta Corporación haya
instado a las autoridades accionadas para que, en lo sucesivo, se abstuvieran de
incurrir en las omisiones que dieron lugar a la interposición de la tutela, tampoco
da lugar a que se cambie el sentido del fallo de primera instancia.

Lo primero que destaca esta Colegiatura es que, la Real Academia Española
define el verbo instar como la acción de “pedir con apremio [a alguien] que haga algo”;
es decir, urgir la pronta ejecución de algo. Por otro lado, precisa que la palabra
exhortar significa “incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo”. De
ello, es dable concluir que instar y exhortar son sinónimos.

Resulta que, en la sentencia C-728 de 200910, la Corte Constitucional, al estudiar
la demanda de inconstitucionalidad que se instauró contra el artículo 27 de la Ley
48 de 1993, a pesar de declarar la exequibilidad del cargo analizado, exhortó al
Congreso de la República para que, atendiendo a las consideraciones expuestas
en esa sentencia, regulara lo concerniente a la objeción de conciencia frente al
servicio militar. En dicha providencia, explicó que, el “exhorto es un requerimiento al
legislador, con o sin señalamiento de plazo, para que produzca las normas cuya
expedición aparece como obligada a la luz de la Constitución y su significado en
derecho constitucional debe ser visto como una expresión de la colaboración para
la realización de los fines del Estado, en particular para la garantía de la efectividad
de los derechos de las personas”. (Negrillas de la Sala)

El Alto Tribunal Constitucional establece que, la naturaleza jurídica de dicha figura
permite concluir que se trata de un llamado a impulsar la realización de un
procedimiento, con el objeto de propender por la efectividad de los derechos
fundamentales de los asociados como expresión de la colaboración armónica
entre los diferentes poderes públicos. Generalmente, este tipo de
recomendaciones se dan al Congreso de la República, sin embargo, la Corte
también las ha dirigido al Gobierno Nacional, en cabeza de las diferentes
entidades estatales, como por ejemplo en las sentencias T-367 de 200911, T-770
de 201112 y T-861 de 201213, entre otras.

Recientemente, la Corte Constitucional en el Auto 558 de 201914, reiteró lo
dispuesto por la Sala Plena de la Corporación en la sentencia C-473 de 199415. En
dicha ocasión, indicó que el uso de esta figura no constituye, de manera alguna, la
intromisión en la órbita de competencia de otra rama del poder público, “[…] por el
contrario, el exhorto debe ser visto “como una expresión de la colaboración de los mismos
para la realización de los fines del Estado, en particular para la garantía de la efectividad
de los derechos de las personas”. En este sentido, este mecanismo permite la

9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de junio de 2021, expediente 11001-03-15-

000-2021-01657-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
10 Corte Constitucional, sentencia C-728 del 14.10.2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
11 Corte Constitucional, sentencia T-367 del 26.5.2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
12 Corte Constitucional, sentencia T-770 del 13.10.2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
13 Corte Constitucional, sentencia T-861 del 24.10.2012, M.P. Jorge Iván Palacio.
14 Corte Constitucional, auto 556 del 15.10.2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
15 Corte Constitucional, sentencia C-473 del 27.10.1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

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“cooperación entre los órganos del Estado a fin de asegurar la fuerza expansiva de los
derechos constitucionales”.

En este punto, cabe recordar que, el principio de colaboración armónica contenido
en el artículo 113 superior16 dispone que “[…] los diferentes órganos del Estado tienen
funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. En
ese orden, el exhorto no puede entenderse como una invasión a la libertad,
autonomía e independencia administrativa de que gozan las entidades, teniendo
en cuenta que, como se ha dicho párrafos atrás, constituyen meras sugerencias o
propuestas pues no tienen un carácter vinculante real, son llamados para advertir
la existencia de situaciones inconstitucionales como lo son, por ejemplo, las
omisiones; su fundamento principal es proteger y propender por la supremacía
constitucional.

Así las cosas, entendiendo que el exhorto es una invitación o recomendación a
ejercer las competencias, para la Sala es totalmente comprensible que la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en ejercicio de su función de juez constitucional, al
detectar la afectación del servicio de la administración de justicia tras la omisión en
el nombramiento de un reemplazo mientras la actora disfrutaba de su periodo
vacacional, recomendara o solicitara a las entidades que se abstuvieran de incurrir
en situaciones como la que dio origen a la presente acción de tutela.

Al respecto, es preciso señalar que esta Sala ha considerado en otras
providencias17 que el argumento de la negativa de las Direcciones Ejecutivas
Seccionales de Administración Judicial, de autorizar el rubro presupuestal
correspondiente para designar provisionalmente a quien reemplazará en su
ausencia a los servidores públicos, impone cargas a los actores que se escapan a
su resorte, pues implican encontrar las medidas de orden presupuestal u
organizacional para proveer el cargo en su ausencia temporal.

Por lo tanto, el exhorto o instar a una autoridad no constituye una orden judicial,
entre otras, porque no existe un instrumento que lo haga exigible coercitivamente,
se reitera, no son órdenes, son requerimientos que se dictan en el marco de
ausencias jurídicas que pueden poner en riesgo derechos y garantías
constitucionales. Aquí se trata de recomendar a la entidad para que, en el ejercicio
de su autonomía administrativa, omita permitir el funcionamiento de despachos
judiciales acéfalos, por falta del reemplazo, ya sea por encargo o cualquier otra
forma provisión del empleo, del juez que disfrutará de vacaciones o
compensatorios.

2.6. Conclusión

Conforme con lo expuesto, esta Sala de Decisión confirmará en su integridad lo
resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia de 20 de
enero de 2022, pues no se encontró que el exhorto que allí se dispuso constituya,
16 “ARTICULO 113º—Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Además

de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento
de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas
pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.
17 Ver sentencias de 10 de diciembre de 2020, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Exp: 11001-03-

15-000-2020-03827-01; 6 de agosto de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Exp: 11001-03-15-000-
2020-03100-00; y 27 de enero de 2022, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Exp: 11001-03-15-000-
2021-10360-00.
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de manera alguna, la intromisión en el ámbito de competencias de la entidad
accionada.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de 20 de enero 2022, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el sentido de negar las solicitudes de
desvinculación presentadas por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de enero de 2022, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró la carencia actual de objeto de
la acción de tutela e instó a al Tribunal Superior de Bucaramanga y a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, para que en lo
sucesivo se abstengan de incurrir en situaciones como la que dieron origen a la
presente acción de tutela.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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