Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03245-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03245-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03245-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
29 de septiembre de 2022
Demandante: Francisco Javier Saraza Naranjo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Administrativa y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03245-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03245-01
Demandante: FRANCISCO JAVIER SARAZA NARANJO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA
ADMINISTRATIVA Y OTRO
Temas: Vacaciones individuales de empleados de la Rama Judicial.
Derecho al descanso laboral.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el representante de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Tunja, contra la sentencia de primera instancia del 4
de agosto del 2022 dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” de esta
Corporación. En ese fallo se ampararon los derechos del actor y se ordenó a la
entidad impugnante que apropiara los recursos necesarios para que el señor
Saraza Naranjo pudiera disfrutar sus vacaciones.
1. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El actor, en su condición de juez Promiscuo Municipal de Zetaquira
(Boyacá), presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Administrativa, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá. Con
la petición de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al
trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y al descanso.
2. Alegó que la transgresión de las citadas garantías constitucionales se
presentó porque las accionadas no apropiaron las partidas presupuestales que
permitieran nombrar a una persona que lo reemplace mientras disfruta de su
derecho al descanso remunerado por vacaciones.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
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Sala Administrativa y otro
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Concretar el amparo en disponer que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja, de manera coordinada con las accionadas,
provea los recursos necesarios que me permitan acudir al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Tunja a solicitar las vacaciones pendientes por suspensión
realizada por dicho cuerpo colegiado.
1.3. Hechos
4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
5. El señor Francisco Javier Saraza Naranjo es un funcionario de carrera y
se encuentra vinculado como juez Promiscuo Municipal de Zetaquira desde el 1º
de agosto del 2015.
6. El juzgado que preside tuvo que laborar en la vacancia judicial del 20 de
diciembre 2020 al 10 de enero del 2021, ya que le fueron asignados turnos para
prestar la función de control de garantías del sistema penal acusatorio. Por tal
motivo, solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que le fueran
reconocidas sus vacaciones por ese periodo laborado.
7. El tribunal le indicó que para proceder en tal sentido, debía contar con el
certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar a su reemplazo. Por lo
tanto, el actor acudió ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Tunja para que se
hiciera lo propio, pero esta autoridad, por medio del Oficio DESAJTUO22-1100
del 6 de abril del 2022, negó lo solicitado, al considerar que no podía contraer
obligaciones sin disponibilidad presupuestal.
1.4. Sustento de la vulneración
8. La parte accionante señaló que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja – Boyacá vulneraron sus
garantías, al no haber girado los recursos necesarios para la designación de su
reemplazo, lo que le impide gozar de las vacaciones a que tiene derecho.
1.5. Trámite de primera instancia
1.5.1. Admisión
9. En auto del 17 de junio de 2022, la Sección Segunda, Subsección “A” de
esta Corporación admitió la acción de tutela de la referencia. En consecuencia,
ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Tunja – Boyacá.
10. Luego, en providencia del 7 de julio del 2022, se ordenó la vinculación del
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Tribunal Superior del Distrito Superior de Tunja.
1.5.2. Intervenciones
1.5.2.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
11. La entidad consideró que no está legitimada en la causa por pasiva, ya
que la autoridad encargada de apropiar los recursos y definir las vacaciones del
actor, es la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja.
1.5.2.2. Consejo Superior de la Judicatura
12. La magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho de la Presidencia de la
entidad, consideró que esa corporación carece de legitimación en la causa por
pasiva, puesto que la encargada de definir sobre las vacaciones del actor es la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja.
1.5.2.3. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
13. La representante de la entidad manifestó que no vulneró los derechos
alegados. Precisó que el actor pertenece al régimen de vacaciones colectivas.
En ese orden, puso de presente que la apropiación de recursos para el reemplazo
por vacaciones es para los funcionarios judiciales de la jurisdicción penal, que se
encuentren sometidos al régimen de vacaciones individuales.
14. Así las cosas, puso de presente que no es posible en el presente asunto
disponer de recursos para que el reemplazo del actor sea nombrado en
provisionalidad.
1.5.3. Sentencia de primera instancia
15. En sentencia del 4 de agosto de 2022, la Sección Segunda, Subsección
“A” de esta Corporación, accedió al amparo solicitado por el actor.
16. Indicó que si bien el señor Saraza Naranjo es un funcionario de carrera
que se encuentra vinculado al régimen de vacaciones colectivas, no es menos
cierto que en la vacancia judicial del 20 de diciembre 2020 al 10 de enero del
2021, tuvo que laborar para cumplir con la función de control de garantías.
17. En ese orden, explicó que es evidente que goza del derecho a descansar
por ese lapso de tiempo en el que estuvo a cargo de la mencionada función. Por
lo tanto, ordenó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que apropiara
los recursos necesarios para que la Dirección Ejecutiva Seccional de
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Administración Judicial de Tunja – Boyacá emitiera el certificado de disponibilidad
presupuestal para el reemplazo por las vacaciones del actor.
18. Además, ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Tunja que una vez
apropiados los recursos, emitiera el certificado de disponibilidad presupuestal
para que el Tribunal Superior de Tunja pudiera nombrar el reemplazo del señor
Saraza Naranjo, por el término de sus vacaciones.
19. Finalmente, ordenó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja que
cuando la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja le
notificara sobre la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
procediera a emitir el acto administrativo en el que resuelva sobre la concesión
de ese período vacacional.
1.6. Impugnación
20. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial consideró que
carece de legitimación en la causa por pasiva. A tal efecto, manifestó que la
encargada de apropiar los recursos es la Dirección Ejecutiva Seccional de Tunja,
de conformidad con el artículo 103 de la Ley 270 de 1996.
21. Por lo tanto, pidió que se dejara sin efectos la orden dirigida en su contra
y que ordene al nominador del accionante nombrar al reemplazo que
corresponda de forma inmediata.
22. Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Tunja también impugnó la sentencia y manifestó que también carece
de legitimación en la causa por pasiva para decidir sobre la asignación de los
recursos para el reemplazo del actor mientras disfruta sus vacaciones.
23. Así las cosas, manifestó que en el presente caso quien debe decidir sobre
la concesión o no de las vacaciones es el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tunja como nominador, por lo que respecto de su órbita de competencia no
ha vulnerado los derechos alegados por el accionante.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contra la sentencia de primera
instancia dictada en este asunto. Lo anterior de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
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2.2. Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala determinar si procede a confirmar, modificar o
revocar el fallo de tutela de primera instancia del 4 de agosto de 2022, expedido
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”.
26. Para tal efecto, en consideración a la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado
y el escrito de impugnación, corresponde a esta Sala resolver el siguiente
problema jurídico:
• ¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Tunja están legitimadas en la causa por
pasiva para responder por la orden impuesta en la sentencia de primer
grado dictada en este asunto?
27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) generalidades de la acción de tutela, (ii) legitimación en la causa, iii)
legitimación en la causa por pasiva de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
28. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.
29. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son
idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su
ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la
activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.
30. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez
constitucional no puede decidir sobre la controversia propuesta.
31. Lo anterior, busca evitar que esta acción constitucional se use
inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
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ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio
el constituyente.
2.4. Legitimación en la causa
32. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
33. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la
Corte Constitucional, en la SU- 454 de 2016, señaló que el análisis de la
legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales
y constituye un presupuesto procesal de la demanda1.
34. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a verificar la existencia de
la legitimación en la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva.
2.4.1. Legitimación en la causa por activa
35. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra
el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un
procedimiento preferente y sumario.
36. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia
defensa.
37. Con fundamento en lo anterior, el señor Francisco Javier Saraza Naranjo,
se encuentra legitimado en la causa por activa, al ser el sujeto que pretende el
amparo del derecho al descanso derivado del artículo 53 de la Constitución
Política que determina los principios mínimos fundamentales que debe contener
el Estatuto del Trabajo, así como el artículo 25 ibídem que establece que todas
las personas tienen derecho a un trabajo en condición dignas y justas.
1
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
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2.4.2. Legitimación en la causa por pasiva de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Tunja
38. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace
referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser
efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental. En la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada
“en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en
principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso,
sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por
la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello2.
39. En ese sentido, se tiene que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial consideró que el juzgador de primer grado no debió haber impuesto una
orden a su cargo, ya que la encargada de apropiar los recursos para las
vacaciones del actor es la Dirección Ejecutiva Seccional de Tunja.
40. A su vez, esta última entidad consideró que quien debe realizar la
apropiación presupuestal y los trámites correspondientes para nombrar el
reemplazo del actor es el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. Debido
a ello, consideró que tampoco goza de legitimación en la causa por pasiva.
41. La Sala sobre este punto advierte que, de conformidad con el artículo 98
de Ley 270 de 19963, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial debe
ejecutar labores administrativas tales como la provisión de recursos para los
reemplazos que se requieran con ocasión a la solicitud del derecho al descanso
de los empleados judiciales que tengan un régimen individual de vacaciones, lo
cual se pretende en este caso. Así, es evidente que está legitimada para
responder por las vacaciones del actor.
42. Además, debe precisarse al Director Ejecutivo de Administración Judicial
tiene como función la de administrar los bienes y recursos destinados para el
funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o
utilización. Así lo establece el ordinal 2.° del artículo 99 de esa misma ley:
2
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2016.
3
ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. La Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución
de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Director Ejecutivo será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de tres
(3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.
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Artículo 99. DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
(…)
Son funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial:
1. Ejecutar el Plan Sectorial y las demás políticas definidas para la Rama
Judicial.
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la
Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.
43. Ahora, también debe ponerse de presente que a los directores ejecutivos
seccionales de la Rama Judicial, en el ámbito de su jurisdicción, les corresponde
actuar como ordenador del gasto, para el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan, pero conforme a las órdenes, directrices y orientaciones director
nacional, tal y como lo señala el numeral 6º del artículo 103 de la misma
normativa:
ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA
JUDICIAL. Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el
ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del
Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes
funciones: (…)
6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan.
44. Así las cosas, bajo el ámbito de las competencias descritas, el Director
Ejecutivo de Administración Judicial es el encargado de proveer los recursos para
el reemplazo del actor. Así, una vez cuente con ellos, el director seccional, bajo
las orientaciones y directrices, será el que, como ordenador del gasto, deberá
emitir el CDP para el reemplazo de las vacaciones a las que tiene derecho el
señor Saraza Naranjo.
45. Bajo ese panorama, las solicitudes de desvinculación realizadas por el
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja
serán negadas, toda vez que estas entidades intervienen en el trámite del rubro
presupuestal para el disfrute de las vacaciones, aspecto sobre el cual
precisamente se fundamenta la presente acción.
46. Cabe recalcar que esta Sección ha dictado providencias en las cuales se
ha ordenado el actuar conjunto de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y de las direcciones seccionales, con el fin de proveer los recursos para
que los funcionarios puedan gozar de las vacaciones, como ocurre en este caso4.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 27 de
enero del 2022. Rad. núm. 11001-03-15-000-2021-010360-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 31 de
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
3. FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Nivel Central y por la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Tunja, por los motivos aquí expuestos.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todas sus partes, la decisión de primer grado
dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado en este
asunto.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
marzo del 2022. Rad. núm. 11001-03-15-000-2021-09462-01. MP. Luis Alberto Álvarez Parra;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 8 de
septiembre del 2022. Rad. núm.73001-23-33-000-2022-00291-01. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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