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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2022-00291-01

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2022-00291-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Nivel Central, por los motivos aquí expuestos. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del Tolima que negó las pretensiones de la acción de tutela. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas que se encuentra íntimamente relacionado con el derecho descanso del señor Julián Eduardo Rivera Cabezas, por las razones aquí expuestas. CUARTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el juez 8º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué adopte las medidas que se requieren para que el señor Julián Eduardo Rivera Cabezas goce de sus vacaciones (en el evento de que esto aún no haya ocurrido). La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados recursos. Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- Nivel Central otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, esta última entidad le deberá comunicar al juez 8º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, adoptar las medidas que corresponda para que su empleado pueda gozar de su derecho al descanso, sin que se vea afectada la administración de justicia.. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Julián Eduardo Rivera Cabezas y Camilo Andrés Cortés Colorado […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2022-00291-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

8 de septiembre de 2022

Demandantes: Julián Eduardo Rivera Cabezas
y Camilo Andrés Cortés Colorado
Demandado: Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00291-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 73001-23-33-000-2022-00291-01
Demandantes: JULIÁN EDUARDO RIVERA CABEZAS Y CAMILO ANDRÉS
CORTÉS COLORADO
Demandado: DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE IBAGUÉ

Temas: Vacaciones individuales de empleados de la Rama Judicial.
Derecho al descanso laboral.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por los señores Julián
Eduardo Rivera Cabezas y Camilo Andrés Cortés Colorado contra la sentencia
proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima el 11 de
mayo de 2022. En ese fallo se negaron las pretensiones de la acción de tutela

1. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 2 de agosto de 2022 al
aplicativo de recepción de tutelas y habeas corpus dispuesto por la Rama Judicial
para tal fin, Camilo Andrés Cortés Colorado en su condición de Juez 8º Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué y Julián Eduardo
Rivera Cabezas en su calidad de secretario de ese despacho judicial
interpusieron acción de tutela contra la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué. Para fundamentar su solicitud explicaron que consideran que
la entidad accionada les vulneró sus derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

2. Para los actores la presunta trasgresión de las citadas garantías
constitucionales se presentó porque la accionada no apropió las partidas
presupuestales que permitieran nombrar a una persona que reemplace a Julián
Eduardo Rivera Cabezas mientras disfruta de su derecho al descanso
remunerado por vacaciones.

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Demandantes: Julián Eduardo Rivera Cabezas
y Camilo Andrés Cortés Colorado
Demandado: Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué
Radicado: 73001-23-33-000-2022-00291-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

Que se tutele el derecho a la igualdad, trabajo en condiciones dignas y acceso
eficaz a la administración de justicia, y en consecuencia se ordene a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Ibagué Tolima, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia,
asigne partida presupuestal o certificado de disponibilidad presupuestal, con el fin
de que el Juzgado Octavo Penal Municipal de Ibagué pueda nombrar un reemplazo
en el cargo de Secretario, mientras el doctor JULIAN EDUARDO RIVERA
CABEZAS disfruta de su periodo de vacaciones individuales del 27 de septiembre
al 27 de octubre de 2022.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. El señor Julián Eduardo Rivera Cabezas se encuentra vinculado a la Rama
Judicial como secretario del Juzgado 8º Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Ibagué, Tolima, desde el 22 de septiembre de 2017.

6. El señor Rivera Cabezas solicitó por escrito el reconocimiento y pago de
sus vacaciones por el término de 25 días correspondientes al periodo
comprendido entre el 22 de septiembre de 2019 y el 22 de septiembre de 2020,
en su calidad de empleado perteneciente al régimen de vacaciones individuales,
las cuales están programadas a partir del 27 de septiembre de 2022 al 21 de
octubre del mismo año.

7. En razón de lo anterior, el señor Camilo Andrés Cortés Colorado, en su
calidad de juez titular del despacho, profirió la Resolución No. 007 del 18 de julio
de 2022 por medio de la cual le concedió al señor Julián Eduardo Rivera Cabezas
las vacaciones a las a que tiene derecho.

8. A su vez, el juez titular del despacho solicitó a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal (en adelante CDP) para el nombramiento de un
reemplazo durante el periodo de las vacaciones del señor Rivera Cabezas.

9. No obstante, el 11 de julio de 2022, mediante oficio DESAJIBO22-572, la
coordinadora del área de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Ibagué negó la expedición CDP para el
nombramiento de un reemplazo durante el período de las vacaciones del
Secretario del Despacho.

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Demandantes: Julián Eduardo Rivera Cabezas
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Demandado: Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué
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1.4. Sustento de la vulneración

10. La parte accionante señaló que la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué vulneró sus derechos fundamentales por cuanto negó sin
motivo alguno la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal –en
adelante CDP, para el reemplazo del empleado que goza del régimen de
vacaciones individuales, más aún cuando la planta de personal del despacho es
de solo 2 empleados.

11. Aunado a lo anterior, señaló que, en situaciones similares, las Direcciones
Seccionales de Administración Judicial del país como lo son Magdalena, Caldas,
Nariño, Sucre, Córdoba, entre otras, sí disponen del CDP para el reemplazo de
los empleados que disfrutan de las vacaciones individuales.

12. Finalmente, la parte accionante mencionó que, en sede de tutela en un
caso similar, el Consejo de Estado ha ordenado a la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Tolima disponer del presupuesto para el reemplazo
del empleado que disfrutaría de su periodo de vacaciones individuales1.

1.5. Trámite de primera instancia

1.5.1. Admisión

13. En auto del 3 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Tolima
admitió la acción de tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué.

1.5.2. Intervenciones

1.5.2.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Ibagué, Tolima

14. El director Seccional de Administración Judicial de Ibagué rindió informe
en el que señaló que la normatividad vigente no contempla los reemplazos por
vacaciones para los empleados de la Rama Judicial, razón por la que no es
procedente proferir el CDP para cubrir los reemplazos durante las vacaciones de
estos servidores judiciales. Esta situación fue informada al señor Camilo Andrés
Cortés Colorado mediante oficio del 11 de julio de 2022.

1
Según lo mencionado en la acción de tutela: Rad. 11001031500020210449700. No obstante,
revisado el sistema de consulta, SAMAI, el tutelante hace alusión al siguiente fallo: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 20 de agosto de
2021. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Demandantes: Julián Eduardo Rivera Cabezas
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Demandado: Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué
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15. Por lo anterior, mencionó que la ausencia temporal generada por las
vacaciones del señor Julián Eduardo Rivera debía ser reemplazada a través del
nombramiento en encargo del personal que se encuentra nombrado en propiedad
e inscrito en carrera dentro del despacho para el desempeño de las funciones del
titular, sin lugar al pago de remuneración.

16. Finalmente, el director Seccional refirió que revisada la planta del personal
del Juzgado 8º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, existe
un funcionario y 2 empleados, entre los cuales pueden asumir temporalmente las
funciones del señor Julián Eduardo Rivera Cabezas.

1.5.3. Sentencia de primera instancia

17. En sentencia del 11 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del
Tolima negó las pretensiones de la acción de tutela por los siguientes motivos:

18. Indicó que, si bien no existe disponibilidad presupuestal para el
nombramiento del reemplazo durante el disfrute de las vacaciones del señor
Julián Eduardo Rivera Cabezas, sí se cuenta con el presupuesto para concederle
las vacaciones.

19. Además de lo anterior, mencionó que la circular No. PSAC 11-44 de 2011
del Consejo Superior de la Judicatura estableció los lineamientos para gestionar
los recursos requeridos para el nombramiento en provisionalidad de los
reemplazos de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales
de la Rama Judicial. Sin embargo, esta normatividad no contempla los
reemplazos por vacaciones para los empleados de la Rama Judicial.

20. Por ello, consideró que ordenar a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué que apropie recursos para nombrar un empleado que
reemplace al señor Julián Eduardo Rivera Cabezas mientras este disfruta de las
vacaciones individuales que le fueron concedidas, no es viable a través de este
mecanismo constitucional, en la medida que no es dable ordenar la apropiación
presupuestal para proveer reemplazos de los empleados que entren a disfrutar
de sus vacaciones, ya que la Circular Nro. PSAC11-44 del 23 de noviembre de
2011, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
fija las directrices que deben seguir las Direcciones Ejecutivas de Administración
Judicial en torno al nombramiento de reemplazos en provisionalidad únicamente
de los funcionarios judiciales que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones
individuales cuando pretendan hacer uso del derecho a las vacaciones en un
régimen no extensible a los empleados.

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1.6. Impugnación

21. La parte accionante presentó escrito de impugnación en el que
nuevamente solicitó que se ordenara a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué que, en un término de 48 horas siguientes a la notificación de
la providencia de segunda instancia, asigne la partida presupuestal o certificado
de disponibilidad presupuestal, con el fin de que el juez 8º Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Ibagué pueda nombrar un reemplazo en el
cargo de secretario, mientras el titular de este disfruta de su periodo de
vacaciones individuales.

22. Aunado a lo anterior, señaló que el A quo desconoció el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado2, en el que se ha reconocido que el hecho
de que en la Circular PSAC11-44 se haya omitido el procedimiento para el
nombramiento de reemplazos de empleados de gozan de vacaciones
individuales, no es excusa para desconocer el derecho que tienen los empleados
para que se les conceda su reemplazo.

23. Finalmente, la parte actora reprochó el hecho de que el juez de tutela de
primera instancia no haya analizado los factores de ponderación entre el derecho
a la igualdad y trabajo en condiciones dignas de los empleados que gozan de
vacaciones individuales, lo cual ya había sido decantado por la jurisprudencia del
Consejo de Estado de acuerdo con la cual no pueden desconocerse las garantías
de los empleados que disfrutan de vacaciones individuales a que se nombre su
reemplazo.

1.7. Trámite en segunda instancia

24. Mediante auto de 25 de agosto de 2022, el magistrado ponente de esta
decisión ordenó la vinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Nivel Central.

25. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Nivel Central rindió
informe en el que señaló que de conformidad con la circular PSAC11-44 del 23
de noviembre de 2011 no es posible, ni permitida, la asignación de presupuesto
para la contratación de los reemplazos de los empleados de los despachos
judiciales.

26. Por otro lado, consideró que la acción de tutela es improcedente. Esto,
porque la protección del derecho laboral del accionante debe ser atendido
judicialmente por el medio correspondiente y por el juez natural que corresponde
al operador judicial contencioso Administrativo o Laboral.

2
Según lo mencionado en la acción de tutela: Rad. 11001031500020210449700. No obstante,
revisado el sistema de consulta, SAMAI, el tutelante hace alusión al siguiente fallo: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 20 de agosto de
2021. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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27. Adicionalmente solicitó que se declarara su falta de legitimación en la
causa por pasiva. Esto, porque la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
no tiene competencia para dar respuesta a una petición relacionada con el
disfrute de vacaciones, pues no tienen la calidad de nominador del accionante,
ni de ente pagador para conceder o negarle las vacaciones solicitadas.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

28. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
los señores Julián Eduardo Rivera Cabezas y Camilo Andrés Cortés Colorado
contra la sentencia de primera instancia proferida el 11 de agosto de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Tolima. Lo anterior de conformidad con lo establecido
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa – solicitud de desvinculación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Nivel Central

29. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Nivel Central solicitó que
se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva. Esto, por cuanto en
su sentir, “no se encuentra llamada ni obligada a la disposición de recursos que permitan
la contratación del remplazo de la (sic) accionante para la concesión del periodo de
vacaciones que ha solicitado ante su nominador”.

30. Al efecto, la Sala negará esta petición, comoquiera que, con fundamento
en las funciones que tiene asignadas dicha autoridad, según lo dispuesto en el
artículo 98 de Ley 270 de 19963, debe ejecutar labores administrativas tales como
la provisión de recursos para los reemplazos que se requieran con ocasión a la
solicitud del derecho al descanso de los empleados judiciales que tengan un
régimen individual de vacaciones, lo cual se pretende en este caso, razón por la
que le asiste un interés en las resultas del proceso.

2.3. Legitimación en la causa

31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento

3
ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. La
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene
a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las
políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Director Ejecutivo será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
de tres (3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

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de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

32. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la
Corte Constitucional, en la SU- 454 de 2016, señaló que el análisis de la
legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales
y constituye un presupuesto procesal de la demanda4.

33. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a verificar la existencia de
la legitimación en la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva.

2.3.1. Legitimación en la causa por activa

34. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra
el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un
procedimiento preferente y sumario.

35. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia
defensa.

36. Con fundamento en lo anterior, el señor Julián Eduardo Rivera Cabezas al
ser el sujeto que pretende el amparo del derecho al descanso derivado del
artículo 53 de la Constitución Política que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el Estatuto del Trabajo, así como el artículo 25
ibídem que establece que todas las personas tienen derecho a un trabajo en
condición dignas y justas. Lo anterior, porque ya cumplió con los requisitos para
acceder a ello como empleado de la Rama Judicial con un régimen individual de
vacaciones, está legitimado en la causa por activa.

37. A su vez, la Sala advierte que el señor Camilo Andrés Cortés Colorado al
ser el titular del despacho en el que se requiere el CDP para proceder con la
nominación del reemplazo del funcionario que gozará de las vacaciones y de esta

4
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.

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manera garantizar la efectiva administración de justicia, razón por la que tiene un
interés en la presente acción de tutela.

38. Por lo anterior, se tendrá al señor Camilo Andrés Cortés Colorado como
un tercero con interés en las resultas de este proceso constitucional.

2.3.2. Legitimación en la causa por pasiva

39. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace
referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser
efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental. En la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada
“en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en
principio, no se predica del funcionario que comparece o es citado al proceso,
sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por
la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello5.

40. Por otro lado, la Sala evidencia que, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué, de conformidad con las funciones que tienen
asignadas en la Ley 270 de 1996, sí goza de legitimación en la causa por pasiva
por ser la autoridad que se encarga de realizar la solicitud ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central de las apropiaciones
presupuestales necesarias (siendo esta quien las otorga) y, posteriormente,
informárselas al nominador para que este proceda con la designación del
reemplazo.

2.4. Problema jurídico

41. Corresponde a la Sala determinar si procede a confirmar, modificar o
revocar el fallo de tutela de primera instancia del 11 de agosto de 2022, proferido
por el Tribunal Administrativo del Tolima.

42. Para tal efecto, en consideración a la situación fáctica expuesta por la parte
actora, las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado
y el escrito de impugnación, corresponde a esta Sala resolver el siguiente
problema jurídico:

• ¿La decisión de no ordenar la apropiación presupuestal y la expedición del
CDP para disponer del reemplazo del señor Julián Eduardo Rivera
Cabezas, a quien le corresponde gozar su periodo de vacaciones desde
el 27 de septiembre de 2022, al haber cumplido los requisitos para ello,
vulneró los derechos fundamentales del accionante?

5
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2016.

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43. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) requisitos de procedencia del
mecanismo constitucional; iii) derecho al descanso del servidor judicial y; iv)
estudio del caso en concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

44. Según el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo preferente e informal que le permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.

45. Esta acción procede cuando el interesado no tiene más medios de defensa
judicial ordinarios. Si la persona cuenta con tales mecanismos, pero estos no son
idóneos para la defensa de los derechos que reclama, la tutela es procedente
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. En este último caso, su
ejercicio se habilita de forma transitoria, lo que limita sus efectos futuros a la
activación de los instrumentos judiciales pertinentes por parte del peticionario.

46. Por tanto, la tutela requiere que se cumplan determinados presupuestos
procesales como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la
inminencia de un perjuicio irremediable. Sin estos requisitos, el juez
constitucional no puede decidir sobre la controversia propuesta.

47. Lo anterior, busca evitar que esta acción constitucional se use
inadecuadamente, pues ello podría desnaturalizar su valor especial dentro del
ordenamiento jurídico y, en este sentido, atentar contra el fin superior que le dio
el constituyente.

2.6. Estudio de los requisitos de procedencia de la acción de tutela

2.6.1. Subsidiariedad

48. El señor Camilo Andrés Cortés Colorado, en su calidad de juez titular del
despacho, profirió la Resolución No. 007 del 18 de julio de 2022 por medio de la
cual le concedió al señor Julián Eduardo Rivera Cabezas vacaciones por 25 días,
a las que tiene derecho desde el próximo 27 de septiembre hasta el 15 de octubre
de la presente anualidad.

49. También, el titular del despacho solicitó ante la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Ibagué el certificado de disponibilidad
presupuestal para el nombramiento de un reemplazo durante el periodo de las
vacaciones del señor Rivera Cabezas.

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50. Sin embargo, el 11 de julio de 2022, mediante oficio DESAJIBO22-572, la
coordinadora del área de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Ibagué negó la expedición del CDP para el
nombramiento de un reemplazo durante el período de las vacaciones del
secretario del Despacho.

51. Para la Sala, en principio se podría sostener que la presente acción de
tutela no es procedente porque contra la decisión de negar la expedición del CDP,
puede interponerse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
establecido en el artículo 138 del CPACA.

52. Sin embargo, esta Sección considera que en el presente caso la acción de
tutela es el mecanismo más adecuado para proteger los derechos invocados por
la parte actora. Es importante resaltar que no se discute la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, sino su idoneidad en el presente caso, en el que
está plenamente demostrado que el accionante ve amenazado su derecho al
descanso remunerado, el cual está íntimamente relacionado con el derecho al
trabajo.

53. Esta Sala ha considerado que, en ciertos eventos, las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de los medios de control ordinarios
para la protección efectiva y eficaz de los derechos fundamentales. Esta falta de
idoneidad hace imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de
la primacía de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico
colombiano6.

54. En el presente caso nos encontramos ante un empleado judicial que ve
amenazado su derecho fundamental al descanso remunerado el cual se
encuentra íntimamente relacionado con su derecho fundamental al trabajo.

55. Lo anterior, ante el posible riesgo eminente de que el señor Julián Eduardo
Rivera Cabezas no pueda disfrutar de su periodo de vacaciones (pese a cumplir
con los requisitos para ello), ante la falta de disponibilidad presupuestal para que
su nominador pueda designar su reemplazo, durante el tiempo en el que aquel
se encuentre en descanso.

56. Lo anterior, resulta suficiente para que este juez constitucional, de acuerdo
con lo hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de esta
controversia.

6
Al respecto ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencias del 14 de octubre del 2021 y 20 de enero de 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil. Rads. N°s. 11001-03-15-000-2021-03070-01 y 11001-03-15-000-2021-06992-01.

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2.6.2. Inmediatez

57. Respecto a este requisito, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones
ha señalado que el estudio de este requisito obedece a la protección inmediata
de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados sin que se presente
tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción7.

58. De esta manera, en el caso en concreto los peticionarios presentaron la
acción de tutela el 2 de agosto de 2022, menos de treinta días después de que
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué, Tolima
hubiera negado la expedición del CDP para nombrar el reemplazo del señor
Julián Eduardo Rivera Cabezas, mientras este disfruta de su periodo de
vacaciones. En consecuencia, la Sala considera que en el presente caso se
supera el requisito de la inmediatez.

2.7. El derecho al descanso del servidor judicial

59. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una
época muy temprana8, como un derecho fundamental derivado especialmente
del artículo 53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos
fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el
legislador. Así como del artículo 25 ibidem, que señala que todas las personas
tienen derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

60. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su
artículo 7 determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las
personas al goce de condiciones de trabajo que aseguran “el descanso, el
disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos”.
En similar sentido lo indica el artículo 7 del Protocolo de San Salvador9.

61. La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene una amplia y consolidada
línea jurisprudencial que ha establecido que “uno de los derechos fundamentales
del trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real

7
Corte Constitucional, Sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
8
Corte Constitucional, Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004
y C-035 de 2005.
9
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador”. Artículo 7: “Los
Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el
artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y
satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de
manera particular: (…) h). El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así
como la remuneración de los días feriados nacionales”.

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Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga”10. En efecto, la ius
fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de
los artículos 1, 25 y 53 de la Carta, en tanto el descanso es una consecuencia
necesaria de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos
fundamentales del trabajo.

62. En ese contexto, el descanso es considerado como la manera de
recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo
dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor
o menor grado de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo
laboral se denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han
cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que
luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales para poder realizar
de una manera idónea todas las funciones asignadas por el empleador, pueda el
servidor público, como en este caso, disfrutar de un merecido descanso que les
permita compartir un mayor espacio de tiempo con sus seres queridos, dedicarse
a otras actividades que le den paz y tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para
iniciar con energía sus actividades laborales.

63. En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador
es el empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el
requisito mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a
reemplazarlo, para de esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar
el normal desarrollo o funcionamiento de la entidad o empresa.

64. En relación con lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-019 de
2004, estableció lo siguiente:

El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga
al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de
encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para
incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética,
para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.

[…]

El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de
todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el
trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa,
necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando
se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes
de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de
trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y
debe reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues
de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente

10
Corte Constitucional, Sentencia C-1005 de 2007.

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(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la
autoridad administrativa, (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii)
cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal.

65. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe
ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido
oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este
derecho.

2.8. Caso concreto

66. En el presente asunto, el señor Camilo Andrés Cortés Colorado en su
calidad de juez titular del Juzgado 8º Penal Municipal de Ibagué con Funciones
de Control de Garantías solicitó ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué certificado de disponibilidad presupuestal para
el nombramiento de un reemplazo durante el periodo de las vacaciones del señor
Rivera Cabezas.

67. No obstante, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué,
mediante oficio DESAJIB 022-572 del 11 de julio de 2022, negó la expedición del
CDP, por los siguientes motivos:

Para esta Dirección Seccional es comprensible la situación de necesidad de
personal que al interior de los despachos judiciales se presenta cuando un
empleado inicia el disfrute de sus vacaciones a las cuales tiene derecho; de no
ser por restricciones de orden presupuestal que obedecen a directrices precisas
emanadas del Nivel Central y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no
tendríamos reparo alguno en dar viabilidad de recursos presupuestales para el
nombramiento de su respectivo reemplazo.

En el año 2019 fue elevada una solicitud en tal sentido a la DEAJ y en respuesta
la misma el doctor Luis Antonio Suárez Alba, director de la Unidad de Planeación
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante oficio DEAJPLO19-
131 manifestó lo siguiente:

“el artículo 125 de la ley anteriormente citada (ley 270 de 1996) establece la
diferencia entre funcionarios y empleados de la Rama Judicial en los siguientes
términos:

“Tienen la calidad de funcionaros los Magistrados de las Corporaciones
Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales. Son empleados las
demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos
Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama
Judicial”.

Por su parte, la circular No. PSAC-44 de 2011 del Consejo Superior de la
Judicatura establece los lineamientos para gestionar los recursos requeridos para
el nombramiento en provisionalidad de los reemplazos de los funcionarios

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judiciales del régimen de vacaciones individuales de la Rama Judicial.

Conforme a lo anterior, me permito informar que la normatividad vigente no
contempla los reemplazos por vacaciones para los empleados de la Rama
Judicial.

Según lo anterior, doctor Colorado Cortés, es dable llevar a cabo lo estipulado en
la circular PSAC05-89 en cuanto a distribución de las tareas de quien se
encuentre disfrutando de vacaciones, entre los demás empleados del despacho;
además en aras de garantizar la oportuna y eficiente prestación del servicio a los
usuarios, es aconsejable que en cada despacho se efetúe una programación
equitativa en el tiempo del disfrute de vacaciones a fin de que no sea más de un
empleado el que se encuentre ausente por dicho motivo.

68. Para resolver este caso, para la Sala es importante resaltar que el Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011. En este acto se reguló la manera en que deben realizarse los reemplazos
en provisionalidad de los funcionarios judiciales sujetos al régimen de vacaciones
individuales. En dicha circular se establece:

[…] para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este
derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento de aquí (sic) se señala y que
permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de los
reemplazos, cuando haya lugar a ello.

69. Esta circular tiene por asunto: “vacaciones de los funcionarios judiciales del
Régimen de Vacaciones Individuales”, lo que significa que no existe disposición
alguna para los empleados de los despachos judiciales que se encuentran bajo
el régimen individual de vacaciones. En tal sentido, es importante resaltar que de
conformidad con lo expresado en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, se
entiende como funcionario judicial a los jueces, magistrados y fiscales, mientras
que los demás servidores serán empleados judiciales.

70. Por tanto, para la Sala es evidente que existe una omisión para garantizar
los recursos para nombrar reemplazos de los empleados judiciales del régimen
individual de vacaciones. Esta omisión no puede volverse un obstáculo para que
los empleados judiciales puedan disfrutar de su garantía constitucional al
descanso remunerado. Este derecho debe entenderse como uno de los derechos
fundamentales del trabajador y constituye una condición mínima que ofrece la
posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual como física,
para así proteger su salud y fortalecer su dedicación para el desarrollo de sus
actividades.

71. Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de
servicios prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8
Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978). En cuanto a los servidores judiciales,

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las vacaciones se encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de
199611. Esta norma establece que los empleados de los Juzgados Penales
Municipales pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que deben ser
concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del
servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios.

72. En ese orden, si bien es el juez nominador el encargado de emitir el acto
por el cual se concede o niega las vacaciones, lo cierto es que las direcciones
seccionales de administración judicial deben tomar todas las medidas necesarias
en los casos en que esté demostrado que la ausencia de un empleado, que se
va a disfrutar de sus vacaciones, puede generar traumatismo que afecten el
funcionamiento de la dependencia judicial y, por ende, el debido servicio de la
administración de justicia.

73. Así, y en contraposición a lo planteado por el a quo, la Dirección Seccional
Ejecutiva de Administración Judicial de Ibagué sí resulta ser la entidad
trasgresora de las garantías constitucionales del demandante pues, ante su
negativa, se ve amenazado el derecho fundamental al descanso del señor Julián
Eduardo Rivera Cabezas. Esto, porque como se plantea en la solicitud de
amparo, el Juzgado 8º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Ibagué no cuenta con el personal suficiente para suplir la carga laboral de los
funcionarios a los que por derecho deben disfrutar de sus vacaciones, razón por
lo que no podría gozar de su periodo de descanso.

74. En otras palabras, el derecho al descanso del señor Julián Eduardo Rivera
Cabezas puede verse truncado ante la eventual decisión del juez 8º Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué de suspenderle las
vacaciones por falta del CDP que permitiera designar un reemplazo, dado que,
de no proveerse el cargo en el periodo de su descanso, existiría exceso laboral
en los demás empleados de su dependencia.

75. Por tanto, comoquiera que en el presente caso el nominador del actor ha
puesto de presente que por la excesiva carga laboral de esa dependencia judicial
el disfrute de las vacaciones de su empleado sin un remplazo podría afectar el
funcionamiento de su despacho12, resulta previsible entender que, tanto la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central como la Seccional de

11
Ley 270 de 1996. Artículo 146: “VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y
empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los
Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales
y de Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses. Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las
necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la
Judicatura por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de
servicio”.
12
Folio 2 del escrito de tutela cargado a SAMAI.

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Ibagué, deben trabajar mancomunadamente para garantizar los derechos
fundamentales al trabajo y al descanso del señor Julián Eduardo Rivera Cabezas,
así como la de los usuarios que pretenden acceder a una adecuada
administración de justicia del despacho judicial en cuestión, por lo que para la
Sala el nombramiento de un reemplazo en provisionalidad es una alternativa
idónea que permite compatibilizar los mentados presupuestos.

76. Entonces, esta Sala no desconoce, por un lado, los lineamientos fijados
en la Circular PSAC05-89 de 18 de noviembre de 2005 que dispuso que
únicamente habría lugar al CDP para designar a un reemplazo cuando el
despacho tuviera tres o menos colaboradores incluyendo el juez; y por otro, las
necesidades del servicio alegadas por el juez 8º Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Ibagué.

77. Sin embargo, la determinación de no otorgar los recursos necesarios para
el reemplazo, sí generan una vulneración a los derechos fundamentales del
accionante, pues, como se vio, la decisión de la Dirección Seccional Ejecutiva de
Ibagué, puede obstaculizar la garantía para que disfrute de su descanso
remunerado, máxime si se tiene que el señor Julián Eduardo Rivera Cabezas
tiene derecho a gozar de sus vacaciones, pues cumple con los requisitos para
acceder a ellas y que el deber de garantizar la adecuada prestación del servicio
público de administrar justicia no puede ser admitida como una excusa válida
para no permitirle a un empleado gozar del referido derecho y, además, implique
una sobrecarga en los demás empleados del despacho judicial.

78. Finalmente se resalta que, aun cuando el periodo solicitado por el actor
para el disfrute de sus vacaciones es a partir del 27 de septiembre de 2022, se
ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué
que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, solicite a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Nivel Central (Unidad de Planeación o a la dependencia
que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el juez 8º
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué adopte las
medidas que se requieren el disfrute de las vacaciones al señor Julián Eduardo
Rivera Cabezas (en el evento de que esto aún no haya ocurrido).

79. A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central
dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice
el director seccional, para proveer los mencionados recursos. Una vez el Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-
otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, esta última entidad le deberá comunicar al
juez 8º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, quien a
su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
dicha comunicación, adoptar las medidas que corresponda para que su

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empleado pueda gozar de su derecho al descanso, sin que se vea afectada la
administración de justicia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

3. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Nivel Central, por los motivos aquí
expuestos.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Tolima que negó las pretensiones de la acción de
tutela.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas
que se encuentra íntimamente relacionado con el derecho descanso del señor
Julián Eduardo Rivera Cabezas, por las razones aquí expuestas.

CUARTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de la presente sentencia, solicite a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia que
corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el juez 8º Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué adopte las medidas
que se requieren para que el señor Julián Eduardo Rivera Cabezas goce de sus
vacaciones (en el evento de que esto aún no haya ocurrido). La Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Nivel Central dispondrá de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para
proveer los mencionados recursos.

Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial- Nivel Central otorgue
los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Ibagué, esta última entidad le deberá comunicar al juez 8º Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, quien a su vez deberá,
en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha
comunicación, adoptar las medidas que corresponda para que su empleado
pueda gozar de su derecho al descanso, sin que se vea afectada la
administración de justicia..

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto N.º 2591 de 1991.

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SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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