Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01242-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01242-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-01242-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
11 de abril de 2024
Demandante: Luis Alfonso Carreño Bedoya
Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01242-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01242-00
Demandante: LUIS ALFONSO CARREÑO BEDOYA
Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela de fondo. Concede amparo. Vacaciones individuales de
empleados de la Rama Judicial. Derecho al descanso laboral.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
1. La Sala decide en primera instancia la acción de tutela formulada por el señor
Luis Alfonso Carreño Bedoya contra la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca. Esto, de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
2. La parte actora, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en la
que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo
en condiciones dignas y al descanso remunerado. El señor Carreño Bedoya
considera que las anteriores garantías constitucionales le fueron vulnerados por la
falta de expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal (en adelante
CDP) por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Valle del Cauca. Este es necesario para poder disfrutar de sus vacaciones y que en
ese lapso se nombre a una persona que lo reemplace en su cargo.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó como pretensiones lo siguiente:
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Demandante: Luis Alfonso Carreño Bedoya
Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01242-00
1. PRIMERO: Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL VALLE del Cauca que proceda a emitir el
respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal con el fin de allegarlo al
Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Tuluá, Valle y poder gozar de mi
periodo de vacaciones al cual hice alusión en el acápite de hechos, mismo que
tiene como fin entre otros descansar.
1.3. Hechos
4. El señor Luis Alfonso Carreño Bedoya señaló que se desempeña en el cargo
de secretario del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Tuluá. Explicó que los
funcionarios y empleados de dicho despacho judicial no disfrutan de vacaciones
colectivas, por lo que tienen derecho a disfrutar de vacaciones de manera individual
cuando las mismas se causen.
5. Sostuvo que, una vez cumplido con el tiempo de trabajo laborado, solicitó
vacaciones para disfrutarlas a partir del 14 de mayo de 2024. Que mediante
Resolución No. 004 del 27 de febrero del presente año, la titular del despacho le
concedió las vacaciones requeridas.
6. No obstante, mediante oficio No. DESAJCLO24-845 del 28 de febrero de 2024,
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca se
negó a emitir un CDP para nombrar un reemplazo por el periodo de sus vacaciones1.
Como consecuencia de lo anterior, la titular del despacho suspendió la decisión
mediante la cual le concedió el derecho.
7. Indicó que el Juzgado primero Promiscuo de Familia de Tuluá está
conformado por la juez, el secretario, un asistente social, un oficial mayor, un
escribiente y un citador. Por ende, considera que no es posible asignarle a otro
empleado sus labores, por lo que se requiere que una persona lo reemplace
mientras disfruta de sus vacaciones.
8. Para el actor el no poder nombrar un reemplazo significaría que todas sus
labores quedarían suspendidas, lo cual afectaría la adecuada prestación del servicio
de administración de justicia. Lo anterior sin perjuicio del cúmulo de trabajo que
encontraría una vez vuelva de su descanso remunerado. Lo anterior fue la
justificación para que la titular del despacho suspendiera el acto que le concedió las
vacaciones.
9. Manifestó que con la denegación de la expedición del CDP para nombrar su
reemplazo provisional, la Seccional accionada desconoció el precedente judicial del
Consejo de Estado en la materia, pues una línea pacífica y reiterada ha establecido
1 Explicó que la Seccional manifestó: «[E]n este momento no es posible atender solicitud alguna
relacionada con certificados de disponibilidad presupuestal para el año 2024, ya que se trata de un
presupuesto que no nos ha sido asignado y que pertenece a una vigencia que a la fecha no ha
iniciado. Por lo mismo es absolutamente imposible pronunciarnos al respecto».
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la necesidad de expedir el mencionado certificado para nombrar reemplazos de los
empleados de la rama judicial del régimen individual que salen a disfrutar de sus
vacaciones2.
1.4. Fundamentos de la vulneración
10. El accionante expuso que la falta de expedición del referido CDP por parte
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca
impide el goce efectivo de sus vacaciones, afectando con ello su derecho al
descanso, a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas.
11. El actor también sostiene que esta decisión afecta los derechos
fundamentales de sus compañeros de trabajo por la eventual carga de trabajo
adicional que posiblemente deban asumir cuando salga a vacaciones.
1.5. Trámite de la acción de tutela
12. El despacho ponente de esta decisión admitió la presente acción de tutela
mediante auto del 14 de marzo de 2024. En esa providencia se ordenó vincular
como entidades accionadas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Nivel Central y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Valle del Cauca. En el auto admisorio también se vinculó como tercero con interés
al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Tuluá.
1.6. Informes
13. Realizadas las notificaciones pertinentes, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial -Nivel Central
14. La entidad accionada rindió informe en el que solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Dirección Ejecutiva al no estar llamada ni
obligada a la disposición de recursos que permitan la contratación del remplazo de
la parte accionante para la concesión del periodo de vacaciones que ha solicitado
ante su nominador.
15. También sostuvo que se debía declarar improcedente esta acción de tutela
porque con esta se pretende atacar lo resuelto en un acto administrativo proferido
por la Dirección Ejecutiva Seccional del Valle del Cauca, para lo cual el juez natural
es el contencioso administrativo y no el constitucional de tutela.
2 Para el efecto refirió la siguiente providencia: «Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Quinta- del 8 de septiembre de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, radicación 73001-23-33-000-
2022-00291-01».
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16. Refirió que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de
la Rama Judicial, con las cuales nunca ha puesto en riesgo o vulnerado los derechos
fundamentales de la parte actora. Precisó que, la competente para desatar el asunto
es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca y
el ente nominador que, en el presente caso, es el Juzgado Primero Promiscuo de
Familia de Tuluá.
17. Explicó que la apropiación de recursos para la contratación de los reemplazos
de los empleados judiciales con régimen de vacaciones individuales está prohibida,
para el efecto expuso:
[L]a Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, es clara en el sentido de
reglar unas situaciones relacionadas con el disfrute y expedición de recursos para
el nombramiento de remplazos, pero solo para aquellas personas que ostentan la
condición de FUNCIONARIOS y no para los empleados, esta última situación
también es reglamentada por la Circular 89 de 2005 del Consejo Superior de la
Judicatura, que determina la imposibilidad de disponer recursos de la Rama Judicial
para la concesión de vacaciones de los Empleados de la Rama Judicial del Régimen
de vacaciones Colectivas o Individuales, debiéndose en cualquier caso, y eso es lo
que se ordena, una redistribución temporal de funciones entre los empleados de los
despachos judiciales durante el periodo que dure las vacaciones del empleado a
quien se le haya concedido3.
18. Finalmente, sostuvo que cualquier orden que imparta el juez constitucional
que conlleve la apropiación y ejecución de recursos violaría los principios
administrativos de planeación y presupuesto, pues esta situación debió ser
contemplada para que se adelantaran las gestiones previas que permitieran contar
con los apoyos administrativos y funcionales necesarios que permitieran suplir la
vacancia del accionante. En ese orden, señaló que se debe librar orden
conminatoria contra el nominador de la accionante para que no condicione la
concesión de las vacaciones solicitadas a la expedición de un CDP.
1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del
Cauca
19. La entidad accionada rindió informe en el que solicitó negar el amparo
invocado por la parte actora porque la ausencia de un CDP no es un obstáculo para
que el actor pueda salir a disfrutar de sus vacaciones.
20. Por otra parte, sostuvo que no podía expedir el CDP porque la Circular
PSAC11-44 del 2011 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura no
establece esta figura para el caso de vacaciones de los empleados judiciales, sino
solamente para los funcionarios.
1.6.3. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Tuluá fue debidamente
notificado del auto admisorio, pero guardó silencio.
3 Transcripción literal que puede contener algunos errores.
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
21. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
el señor Luis Alfonso Carreño Bedoya contra la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto
Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
23. Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que el accionante está
legitimado en la causa por activa. Esto, porque en su condición de empleado judicial,
vinculado al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Tuluá, consideró
desconocidos sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a la
igualdad y al descanso remunerado por la falta de expedición de un CDP que
permita nombrar su reemplazo durante sus vacaciones.
24. Por su parte, esta colegiatura considera que las entidades accionadas están
legitimadas en la causa por pasiva al ser las autoridades que según lo previsto en
la Ley 270 de 1996 tienen a su cargo la administración de los bienes y recursos
destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial. Por tanto, se negará la
solicitud de desvinculación pedida por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial -Nivel Central.
2.3. Problema jurídico
25. Considerando la situación fáctica expuesta por la parte actora, las
pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado, esta Sala debe determinar
si la acción de tutela es procedente y en caso afirmativo dar respuesta al siguiente
interrogante:
• ¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca vulneraron el
derecho al trabajo en condiciones dignas, a la igualdad y al descanso
remunerado del actor al negarse a expedir el respectivo certificado de
disponibilidad presupuestal para efectos nombrarle un reemplazo mientras
disfruta de sus vacaciones?
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Demandante: Luis Alfonso Carreño Bedoya
Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de
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26. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela, ii) requisitos de procedencia de la acción de
tutela; iii) derecho al descanso del servidor judicial y; iv) el caso en concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
27. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o excepcionalmente,
de particulares.
28. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
29. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia.
30. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el
constituyente le confirió.
2.5. Estudio de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
2.5.1. Subsidiariedad
31. El señor Luis Alfonso Carreño Bedoya, en su calidad de secretario del
Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Tuluá, solicitó el disfrute de sus
vacaciones. Esta petición fue concedida mediante Resolución No. 004 del 27 de
febrero de 2024, proferida por la titular de dicho despacho judicial.
32. La titular del despacho también dispuso remitir la resolución a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca para efectos de
solicitar un CDP para nombrar un reemplazo al actor mientras él disfruta de sus
vacaciones.
33. Sin embargo, el 28 de febrero de 2024, mediante oficio DESAJCLO24-845, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca negó
la expedición del CDP para el nombramiento de un reemplazo durante el período
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de las vacaciones del actor. Lo anterior dio lugar a que las vacaciones otorgadas
fueran suspendidas.
34. En este contexto, en principio se podría sostener que la presente acción de
tutela no es procedente porque contra la decisión de negar la expedición del CDP,
puede interponerse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
establecido en el artículo 138 del CPACA.
35. Sin embargo, esta Sección considera que en el presente caso la acción de
tutela es el mecanismo adecuado para proteger los derechos invocados por la parte
actora. Es importante resaltar que no se discute la existencia de otro mecanismo de
defensa judicial, sino su idoneidad en el presente caso, en el que está plenamente
demostrado que el accionante ve amenazado su derecho al descanso remunerado,
el cual está íntimamente relacionado con el derecho al trabajo.
36. Esta Sala ha considerado que, en ciertos eventos, las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de los medios de control ordinarios para
la protección efectiva y eficaz de los derechos fundamentales. Esta falta de
idoneidad hace imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de la
primacía de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico colombiano4.
37. En el presente caso nos encontramos ante un empleado judicial que ve
amenazado su derecho fundamental al descanso remunerado, el cual se encuentra
íntimamente relacionado con su derecho fundamental al trabajo.
38. Lo anterior, ante el riesgo eminente de que el señor Luís Alfonso Carreño
Bedoya no pueda disfrutar de su periodo de vacaciones (pese a cumplir con los
requisitos para ello), ante la falta de disponibilidad presupuestal para que su
nominador pueda designar un reemplazo durante el tiempo en el que aquel se
encuentre en descanso.
39. Lo anterior, resulta suficiente para que este juez constitucional, de acuerdo
con lo hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de esta
controversia.
2.5.2. Inmediatez
40. Respecto a este requisito, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
señalado que el estudio de este criterio obedece a la protección inmediata de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados sin que se presente tardanza
injustificada o irrazonable en la presentación de la acción5.
4 Al respecto ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencias del 14 de octubre del 2021 y 20 de enero de 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil. Rads. 11001-03-15-000-2021-03070-01 y 11001-03-15-000-2021-06992-01.
5 Corte Constitucional, Sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
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41. De esta manera, en el caso en concreto el peticionario presentó la acción de
tutela el 13 de marzo de 2024, esto es, 15 días después de que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca negara la
expedición del CDP para nombrar su reemplazo. En consecuencia, la Sala
considera que en el presente caso se supera el requisito de la inmediatez.
2.6. El derecho al descanso del servidor judicial
42. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época
muy temprana6, como un derecho fundamental derivado especialmente del artículo
53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos fundamentales
que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador. Así como del
artículo 25 ibidem, que señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas.
43. Adicionalmente, en el marco internacional existen varios instrumentos
ratificados por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo
7 determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las personas al
goce de condiciones de trabajo que aseguran «el descanso, el disfrute del tiempo
libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas
pagadas, así como la remuneración de los días festivos». En similar sentido lo indica
el artículo 7 del Protocolo de San Salvador7.
44. La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene una amplia y consolidada línea
jurisprudencial que ha establecido que «uno de los derechos fundamentales del
trabajador, es el descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real
Academia como quietud o pausa en el trabajo o fatiga»8. En efecto, la ius
fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los
artículos 1, 25 y 53 de la Carta, en tanto el descanso es una consecuencia necesaria
de la relación laboral y constituye uno de los principios mínimos esenciales del
trabajo.
45. En ese contexto, el descanso es considerado como la manera de recuperar
las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo dedicado a trabajar
o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o menor grado de
dificultad para ejecutarlas.
6 Corte Constitucional, Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004
y C-035 de 2005.
7 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador”. Artículo 7: “Los Estados partes en
el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior,
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para
lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: (…) h).
El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los
días feriados nacionales”.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-1005 de 2007.
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46. Así mismo, el descanso en el campo laboral se denomina «vacaciones»,
siendo un derecho adquirido para quienes han cumplido con el único requisito de
laborar un año continuo o proporcional, y que luego de entregar todas sus
capacidades físicas y mentales para poder realizar de una manera idónea todas las
funciones asignadas por el empleador, pueda el servidor público, como en este
caso, disfrutar de un merecido descanso que le permita compartir un mayor espacio
de tiempo con sus seres queridos, dedicarse a otras actividades que le den paz y
tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para iniciar con energía sus actividades
laborales.
47. En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador es
el empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el requisito
mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo, para de
esta manera no vulnerar el derecho del trabajador ni afectar el normal desarrollo o
funcionamiento de la entidad o empresa.
48. En relación con lo anterior la Corte Constitucional, en Sentencia C-019 de
2004, estableció lo siguiente:
El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le otorga
al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y mejores espacios de
encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al solaz espiritual, para
incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad estética,
para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus múltiples manifestaciones.
[…]
El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento de
todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el trabajador
que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa necesita su apoyo
en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando se han agotado sus
fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes de trabajo,
enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de trabajo el
trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y debe
reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues de lo
contrario se agota, envejece o muere prematuramente (i) el conjunto complejo de
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el
cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii)
que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente
determinado de manera constitucional y legal.
49. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe
ser protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido
poner trabas administrativas, que afecten el núcleo fundamental de este derecho.
2.7. Caso Concreto
50. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la parte
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Administración Judicial del Valle del Cauca
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accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas, a la igualdad y al descanso remunerado por la falta de
expedición del CDP por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Valle del Cauca. Lo anterior para efectos nombrar un reemplazo durante
las vacaciones del accionante.
51. Frente a esta situación, la Dirección Seccional de Administración Judicial del
Valle del Cauca indicó que no existía presupuesto para garantizar el pago del
reemplazo para el periodo de vacaciones del accionante, ya que se trata de recursos
que no tenía asignados la entidad. Además, sostuvo que el actor podía disfrutar de
sus vacaciones sin que fuese necesario nombrar un reemplazo.
52. Ante esto, la Sala precisa que, salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de un descanso remunerado, por cada año de
servicios prestado en cualquiera de las entidades del Estado 9. En cuanto a los
servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas en el artículo 146
de la Ley 270 de 199610. Esta norma establece que los empleados de los juzgados
de familia pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que deben ser
concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del
servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios.
53. En ese orden, si bien es el juez nominador el encargado de emitir el acto por
el cual se conceden o niegan las vacaciones, lo cierto es que las direcciones
seccionales de administración judicial deben tomar todas las medidas necesarias
en los casos en que esté demostrado que la ausencia de un empleado, que se va a
disfrutar de sus vacaciones, puede generar traumatismos que afecten el
funcionamiento de la dependencia judicial y, por ende, el debido servicio de la
administración de justicia.
54. Así, la Dirección Seccional Ejecutiva de Administración Judicial del Valle del
Cauca con su negativa a proferir el respectivo CDP, amenaza el derecho
fundamental al descanso del señor Luis Alfonso Carreño Bedoya. Esto, porque
como se plantea en la solicitud de amparo, el Juzgado Primero Promiscuo de
Familia de Tuluá no cuenta con el personal suficiente para suplir la carga laboral de
los servidores judiciales que por derecho deben disfrutar de sus vacaciones, razón
por la que no podría gozar de su periodo de descanso.
9 Artículos 8 del Decreto 3135 de 1968 y 8 del Decreto 1045 de 1978).
10 «ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras
existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las
de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la
Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término
de veintidós días continuos por cada año de servicio.».
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Demandante: Luis Alfonso Carreño Bedoya
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55. En otras palabras, el derecho al descanso del señor Carreño Bedoya puede
verse truncado por la falta del CDP que permite designar un reemplazo, dado que,
de no proveerse el cargo en el periodo de su descanso, existiría un exceso laboral
en los demás empleados de su dependencia.
56. Por tanto, en el caso concreto, le corresponde a la Dirección Seccional de
Administración Judicial del Valle del Cauca, como órgano encargado de administrar
los bienes y recursos destinados para el correcto funcionamiento de la Rama
Judicial11, garantizar las condiciones básicas para el desarrollo de las actividades
de los despachos judiciales a su cargo, lo que incluye proveer el reemplazo del
empleado que tiene el derecho de gozar de su tiempo de descanso para que se
garantice el debido servicio de la administración de justicia en el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Tuluá.
57. A su vez, la Sala observa que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial al ser el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución
de las actividades administrativas de la Rama Judicial, según lo previsto en la Ley
270 de 199612. Por lo tanto, tiene el deber de actuar como ordenador del gasto para
el cumplimiento de las obligaciones que le atañan13.
58. Lo anterior permite determinar que a esa autoridad le corresponde actuar de
forma coordinada con su par a nivel seccional para garantizar las asignaciones
presupuestales que le permitan cumplir con el deber de proveer el reemplazo del
empleado que tiene el derecho de gozar de su tiempo de descanso remunerado con
el fin de que se garantice el debido servicio de la administración de justicia en el
Juzgado en que labora el actor.
59. En este contexto, para la Sala es evidente que la omisión para garantizar los
recursos para nombrar reemplazos de los empleados judiciales del régimen
individual de vacaciones, en el caso concreto, es persistente y no encuentra excusa
en el fundamento que expone por la autoridad impugnadora relacionado con la falta
de asignación presupuestal.
11 «ARTÍCULO 103. DIRECTOR SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. Corresponde al Director
Seccional de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes,
directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes
funciones: (…) 2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama
Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización. 3. Suscribir en nombre de la Nación-
Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, conforme
a los actos de la delegación que expida el Director Ejecutivo de Administración Judicial. (…) 6. Actuar
como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan».
12 «ARTÍCULO 98. DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL. La
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su
cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas
y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».
13 Esto, sin desconocer que la Ley 270 de 1996 estableció la desconcentración de aquellas funciones
en las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial, pues se torna imposible que
desde el nivel central se puedan atender los requerimientos de cada despacho judicial que se
encuentre dentro del territorio nacional.
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60. Esta Sección debe insistir en que esta omisión no puede volverse un
obstáculo para que los empleados judiciales puedan disfrutar de su garantía
constitucional al descanso remunerado. Este derecho debe entenderse como uno
de los derechos fundamentales del trabajador y constituye una condición mínima
que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual
como física, para así proteger su salud y fortalecer su dedicación para el desarrollo
de sus actividades.
61. Por lo tanto, los asuntos de orden presupuestal y administrativo, tales como
lo que alega la Seccional para excusar el hecho de no garantizar los recursos para
proveer el reemplazo del empleado que tiene el derecho de gozar de su tiempo de
descanso remunerado en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Tuluá y la
postura de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sobre su falta de
competencia en el asunto particular, no justifican el hecho de que el accionante no
tenga garantizadas las condiciones mínimas para acceder al gozo efectivo de su
descanso.
62. Por ello, en el caso concreto, comporta una grave afectación a los derechos
del accionante el hecho de que las autoridades accionadas no garanticen los
recursos para proveer el reemplazo del empleado que tiene el derecho de gozar de
su tiempo de descanso remunerado, como hasta la fecha se advierte.
63. Finalmente, como lo señaló recientemente la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-296 de 2023, el derecho a disfrutar de las vacaciones implica que las
labores del empleado judicial no se acumulen en el tiempo en que este disfruta de
su descanso remunerado. Lo anterior para evitar un estrés posterior en el ámbito
laboral fruto del ejercicio legítimo de un derecho fundamental como lo es el
descanso.
64. En definitiva, la Sala concederá el amparo solicitado por la parte actora. En
consecuencia, para la protección adecuada del derecho fundamental al descanso
remunerado del actor se ordenará lo siguiente:
i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del
Cauca que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central (Unidad de
Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos
necesarios para que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Tuluá adopte las
medidas que se requieren para que el señor Carreño Bedoya goce de sus
vacaciones. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el
director seccional, para proveer los mencionados recursos.
ii) Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
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Administración Judicial del Valle del Cauca, esta última entidad le deberá comunicar
al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Tuluá quien a su vez deberá, en un
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de dicha comunicación,
adoptar las medidas que correspondan para que el actor pueda gozar de su derecho
al descanso, sin que se vea afectada la prestación del servicio de administración de
justicia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud desvinculación interpuesta por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
SEGUNDO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales solicitados por
la parte actora.
TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Valle del Cauca que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación de la presente providencia, si aún no lo hubiere
hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
(Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los
recursos necesarios para que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Tuluá
adopte las medidas que se requieren para que el señor Carreño Bedoya goce de
sus vacaciones. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central
dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el
director seccional, para proveer los mencionados recursos.
Una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Nivel Central otorgue
los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Valle del Cauca, esta última entidad le deberá comunicar al Juzgado
Primero Promiscuo de Familia de Tuluá, quien a su vez deberá en un término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de dicha comunicación, adoptar las
medidas que correspondan para que el actor pueda gozar de su derecho al
descanso, sin que se vea afectada la prestación del servicio de administración de
justicia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: En el caso que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/
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