Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-09687-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-09687-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-09687-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de enero de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de enero de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2021-09687-00
Demandante: MUNICIPIO DE PEREIRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN UN PROCESO DE VALIDEZ DE
ACUERDO MUNICIPAL. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL
Síntesis del caso: el ente territorial demandante consideró que la autoridad judicial
demandada vulneró sus derechos fundamentales al proferir la sentencia de única instancia
en la que declaró con efectos retroactivos la invalidez parcial del artículo 17 del Acuerdo
Municipal 014 de 2021 por medio del cual el Concejo Municipal de Pereira concedió
amnistías tributarias en el marco de la pandemia por Covid-19. La Sala evidenció que los
planteamientos de la tutela ya fueron resueltos por el juez natural de la causa lo que denota
que se pretendió un nuevo pronunciamiento en el que se imponga el criterio que favorezca
los intereses de la actora por lo que se declara improcedente la tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada por el municipio de Pereira
contra el Tribunal Administrativo de Risaralda para la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
previstos en los artículos 29, 229 y 13 de la Constitución Política de Colombia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-09687-00
Actor: municipio de Pereira
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Con los medios de prueba aportados por las partes la Sala encontró como probados
los siguientes hechos relevantes para desatar la presente controversia:
1) El 9 de julio de 2021 el Alcalde del Municipio de Pereira sancionó el Acuerdo no.
14 “Por medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica en el
Municipio de Pereira y se dictan otras disposiciones”.
2) En la exposición de motivos que sustentó para expedir el mencionado Acuerdo
afirmó que las medidas en él adoptadas estarían destinadas a atender la crisis
originada por la pandemia que generó el virus Sars-Cov2-19 y a generar estrategias
que permitieran la reactivación económica del municipio a través de medidas que
alivianen la carga tributaria de los contribuyentes.
3) El Gobernador del Departamento de Risaralda, en uso de la atribución conferida
por el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política, remitió el Acuerdo no.
14 de 2021 al Tribunal Administrativo de Risaralda para que esa autoridad lo declare
inválido por considerarlo violatorio de normas constitucionales y legales, en
particular lo concerniente al artículo décimo séptimo que consagró lo siguiente:
“ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO. Los
contribuyentes que se encuentren en mora por obligaciones
correspondientes a impuesto predial, impuesto de industria y comercio,
avisos y tableros, sobretasa bomberil, sanciones tributarias relativas al
impuesto de industria y comercio incluidas las relacionadas con la omisión
de deberes formales, por los períodos gravables o años 2020 y anteriores,
tendrán derecho a solicitar la siguiente condición especial de pago:
1. Si se produce el pago total del 100% de la obligación principal
correspondiente a impuesto predial, impuesto de industria y comercio,
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Actor: municipio de Pereira
Acción de tutela
avisos y tableros y sobretasa bomberil hasta el 31 de diciembre de 2021,
los intereses se reducirán en un cien por ciento (100%).
2. Si se produce el pago del cincuenta por ciento (50%) de la sanción
tributaria, establecida en el Titulo III capítulo I Sanciones del Acuerdo 29
de 2015, incluidas las relacionadas con la omisión en el envío de
información y omisión en el cumplimiento de deberes formales, hasta el
31 de diciembre de 2021, se reducirá el cincuenta por ciento (50%)
restante.
Parágrafo 1. Para acceder a la reducción de los intereses moratorios y las
sanciones tributarias establecida en el presente artículo, el contribuyente
deberá efectuar el pago total de la obligación en un único pago.
Parágrafo 2. La condición especial de pago establecida en el presente
artículo se extiende a aquellas obligaciones por concepto de impuesto
predial, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa
bomberil y sanciones tributarias por los períodos gravables o años 2020 y
anteriores, que se encuentren en discusión en sede administrativa y
judicial, y su aplicación dará́ lugar a la terminación de los respectivos
procesos.”
4) Para el ejecutivo departamental lo citado vulneró los artículos 6, 121 y 287 de la
Constitución Política y el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 al considerar que el
Concejo Municipal de Pereira no justificó que las medidas de condición especial de
pago fueran la única alternativa para superar la crisis económica en el municipio.
5) Se alegó también que el Decreto Legislativo 678 de 2020 que sirvió de
fundamento al acto fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional
en sentencia C-488 de 2020.
6) El 30 de septiembre de 2021 el Tribunal Administrativo de Pereira profirió
sentencia de única instancia dentro del expediente 66001-23-33-000-2021-00240-
00 en la que resolvió lo siguiente:
“1. DECLÁRASE CON EFECTOS RETROACTIVOS LA INVALIDEZ del
artículo 17 del Acuerdo Municipal número 014 del 6 de julio de 2021,
expedido por el Concejo Municipal de Pereira, “POR MEDIO DEL CUAL
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Actor: municipio de Pereira
Acción de tutela
SE ADOPTAN MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECÓNOMICA EN EL
MUNICIPIO DE PEREIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, por
las razones señaladas en la parte motiva de este proveído.
2. Comuníquese la presente providencia al señor Gobernador del
Departamento de Risaralda, al señor Alcalde Municipal de Pereira,
Risaralda, al Presidente del Concejo Municipal de dicha localidad, y al
Agente del Ministerio Público.
3. Expídanse copias de la presente decisión a costa de los interesados.
4. Se rechaza por improcedente la solicitud de coadyuvancia presentada
por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales.”
7) Como fundamento de esa decisión la autoridad judicial accionada citó el
contenido de una providencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en la que se analizó el contenido de un acuerdo municipal que al igual que aquel
expedido por el municipio de Pereira reguló una amnistía tributaria para luego
concluir que si bien es cierto que las entidades territoriales son competentes para
establecer medidas que permitan el saneamiento de las finanzas públicas y crear
estímulos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tales medidas deben
ser proporcionales, razonables y acordes con los principios de igualdad y equidad
tributaria.
8) Consideró la parte demandada que con el artículo décimo séptimo del acuerdo
se buscó condonar el pago de intereses sobre impuestos con vigencias que ya se
encontraban causadas y consolidadas lo que implicó la creación de una amnistía
tributaria siendo aquella una facultad con la que no cuentan los concejos
municipales.
9) Agregó que en la sentencia C-488 de 2020 la Corte Constitucional revisó la
constitucionalidad del Decreto Legislativo 678 de 2020 y se refirió a la procedencia
de amnistías tributarias en el marco de la pandemia generada por el Covid-19 para
afirmar que únicamente pueden operar sobre impuestos, tasas, contribuciones y
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Acción de tutela
multas cuya exigibilidad tributaria hubiera comenzado a partir de la vigencia de la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud con ocasión de la
pandemia del COVID-19 y no sobre aquellos tributos y sanciones cuya exigibilidad
ocurrió antes de dicha declaratoria como aconteció para el caso del Acuerdo 014 de
2021 del municipio de Pereira.
10) Con fundamento en lo anotado el tribunal afirmó que el otorgamiento del 100%
y 50% sobre los intereses y sanciones de los impuestos, tasas, contribuciones y
multas pendientes de pago a la entrada en vigencia del Acuerdo 014 de 2021 sí
desconoció los lineamientos trazados por la Corte Constitucional respecto a la
prohibición de consagrar amnistías o saneamientos tributarios sin los presupuestos
necesarios para su creación, acarreando como consecuencia un desconocimiento
de los principios de igualdad y equidad tributaria en que se funda el sistema
tributario colombiano para cualquier tipo de obligación tributaria.
11) A continuación la autoridad judicial demandada creó un acápite destinado a
explicar los efectos de su providencia en el que señaló que en la medida que la
sentencia C-488 en la que se declaró la inconstitucionalidad de la norma relacionada
con amnistías tributarias en cabeza de concejos municipales fue proferida el 15 de
octubre de 2020, a partir de ese momento los entes territoriales no podían expedir
acuerdos fundados en esa disposición como ocurrió en el caso del municipio de
Pereira.
12) Con fundamento en lo anterior, el tribunal declaró la invalidez del artículo
demandado con efectos retroactivos a partir del 15 de octubre de 2020.
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Actor: municipio de Pereira
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2. Los fundamentos de la vulneración
A juicio del municipio demandante la sentencia cuestionada adolece de un defecto
sustantivo porque en ella el tribunal interpretó indebidamente los artículos 287-3,
294, 313-4, 338 y 363 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 5º de la
Ley 489 de 1998.
Para la apoderada del ente territorial el tribunal erró al considerar que el artículo
décimo séptimo del Acuerdo 014 de 2021 trasgredió el principio de reserva legal de
los tributos pues en ese acto no se crearon impuestos o gastos locales contrarios a
la ley sino que se concedieron descuentos de intereses moratorios sobre tributos
previamente adoptados en el municipio de Pereira desde antes de la entrada en
vigencia del Acuerdo 29 de 2015, actual Estatuto Tributario Municipal.
Agregó que conforme a la sentencia C-493 de 2019 la autonomía fiscal territorial
implica también la facultad de las entidades territoriales de administrar sus recursos
con la potestad de establecer los tributos y gestionarlos.
Para la parte actora el tribunal consideró erradamente que el artículo 294 de la
Constitución Política prohíbe al municipio conceder exenciones y tratamientos
preferenciales en relación con los tributos de su propiedad cuando esa norma
consagra justamente lo contrario en virtud del principio de autonomía territorial.
Si bien la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 7º del Decreto
Legislativo 678 de 2020 que contenía una amnistía tributaria, la razón esencial de
esa decisión consistió en que el Presidente de la República otorgó descuentos sobre
la totalidad de intereses moratorios y de un porcentaje de los tributos territoriales.
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Actor: municipio de Pereira
Acción de tutela
Alegó el ente territorial demandante que a pesar de que la Constitución prohibió la
aplicación retroactiva en materia tributaria, el Tribunal Administrativo de Risaralda
violó de manera flagrante el artículo 363 de la Constitución Política al ordenar la
invalidez del artículo 17 del Acuerdo 014 de 2021 con efectos retroactivos a
situaciones jurídicas consolidadas lo que implica revivir procesos de cobro coactivo
y medidas cautelares así como desconocer los efectos jurídicos de los paz y salvos
entregados a los contribuyentes que se pusieron al día en sus obligaciones
aprovechando el descuento de intereses y sanciones.
Por último la actora advirtió que dentro de las disposiciones referidas en la
exposición de motivos del Acuerdo 014 de 2021 no se encuentra el Decreto
Legislativo 678 de 2020, razón suficiente para considerar que el tribunal no podía
ordenar el efecto retroactivo de la invalidez declarada supeditándolo a la sentencia
de inexequibilidad C-448 de 2020.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERA: Que declare que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
de Risaralda vulneró los derechos fundamentales del Municipio de Pereira
a la “igualdad”, al “debido proceso” y al “acceso a la justicia”, en el proceso
de revisión de validez del Acuerdo No.14 de 2021, al proferir la sentencia
de única instancia del 30 de septiembre de 2021.
SEGUNDA: Que deje sin efectos las partes motivas correspondientes y
la parte resolutiva de dicha providencia judicial, en donde se declaró
inválido el artículo 17 del Acuerdo 014 de 2021 y se le dio efectos
RETROACTIVOS a dicho pronunciamiento.
TERCERA: Que, como consecuencia de la prosperidad de las
pretensiones anteriores, ordene al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda declarar válido el Acuerdo 14 de 2021,
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en todos sus apartes incluido el artículo 17 de dicho acto administrativo,
por encontrarse de acuerdo con el ordenamiento jurídico.” (mayúsculas
sostenidas y negrillas del original – archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI).
4. Actuación procesal
Mediante auto de 25 de noviembre de 2021 se admitió la acción de tutela y se
dispuso notificar a la autoridad judicial demandada con el fin de que allegara un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Coadyuvancia a la acción de tutela
El Director Jurídico de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales presentó
un escrito de coadyuvancia a la tutela en el que solicitó que se acceda a las
pretensiones de la parte actora.
En ese documento afirmó que su participación como interviniente se encuentra
justificada en la importancia de la controversia para las demás ciudades capitales
del territorio nacional, en especial para aquellas que adelantaron proyectos de
acuerdo para crear incentivos tributarios sobre las obligaciones morosas de los
ciudadanos como estrategia para sanear los problemas de recaudos causados por
las consecuencias socioeconómicas de la pandemia por el virus Covid-19.
Para Asocapitales el Tribunal Administrativo de Risaralda desconoció la
Constitución Política y los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional
al declarar inválido el artículo 17 del Acuerdo Municipal No. 14 de 2021 e incurrió
en una vía de hecho por defecto sustantivo por indebida interpretación de los
artículos 287, 294, 313 y 338 de la Constitución Política.
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6. Actuación de la autoridad judicial accionada
El Magistrado del Tribunal Administrativo de Risaralda ponente de la sentencia
atacada solicitó que se rechacen por improcedentes las pretensiones de la acción
de tutela o en su defecto se nieguen.
Afirmó que en la providencia quedaron establecidos los argumentos y
consideraciones que motivaron la decisión de invalidez del artículo 17 del Acuerdo
Municipal 014 de 6 de julio de 2021, los cuales guardaron correspondencia con la
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Insistió en que las reducciones previstas en ese artículo se tradujeron en una
amnistía tributaria que únicamente pudo ser otorgada por el legislador y no por la
entidad territorial en atención a la reserva que consagró el artículo 294 de la
Constitución Política pues trató de la condonación de pagos sobre impuestos cuyas
vigencias ya se encontraban causadas y consolidadas.
Señaló que en la sentencia quedó ampliamente expuesto que la decisión de otorgar
efectos retroactivos a la sentencia obedeció a las disposiciones constitucionales
aplicables al caso que llevaron a concluir que la sentencia C-488 de 2020 declaró
inexequibles los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo 678 de 2020 con efectos ex
nunc y que al ser proferida el 15 de octubre de 2020 a partir de esa fecha ninguna
disposición podía reproducir el contenido de la norma inexequible como lo fue el
caso del Acuerdo 014 de 2021.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
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consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la
coadyuvancia en la acción de tutela y 3) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. La coadyuvancia en la acción de tutela
La coadyuvancia surge en los procesos de tutela como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que comparte las reclamaciones y
argumentos expuestos, bien sea por el demandante o por la parte accionada, sin
que ello suponga que este pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones
propias que difieran de las elevadas por aquellos, pues en esa eventualidad se
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estaría realmente ante una nueva tutela lo que desvirtuaría la naturaleza jurídica de
la coadyuvancia.
Así en el presente caso se dispondrá la aceptación de la coadyuvancia presentada
por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales frente al escrito de tutela como
tercero con interés en el resultado del proceso. Bajo esa calidad, se entenderá que
su participación en el trámite de esta tutela se limitará a apoyar y compartir las
reclamaciones de la parte actora por lo que el pronunciamiento que se emita por
parte de esta Sala se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela
y no respecto de aquellos que difieran o no hagan parte de esta.
3) El caso concreto
En el caso de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Risaralda con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
presuntamente vulnerados con la sentencia de 30 de septiembre de 2021 en la que
se declaró con efectos retroactivos la invalidez del artículo 17 del Acuerdo Municipal
014 de 6 de julio de 2021 expedido por el Concejo Municipal de Pereira.
El demandante consideró que en esa providencia la autoridad accionada interpretó
indebidamente los artículos 287-3, 294, 313-4, 338 y 363 de la Constitución Política
de Colombia y el artículo 5º de la Ley 489 de 1998.
Ahora bien, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente la Sala debe
afirmar que los planteamientos que soportan la presunta configuración del defecto
sustantivo son una reiteración de aquellos que ya fueron planteados por la parte
actora y los demás sujetos procesales en el curso del proceso ordinario por lo que
la tutela no cumplió el requisito de relevancia constitucional como pasa a exponerse:
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1) Para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar varios elementos siendo uno de ellos que la acción de tutela no se erija
en una instancia adicional al proceso ordinario en que fue proferida la providencia
acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional fue diseñado para
proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial1.
2) Para el actor en la providencia atacada se incurrió en un defecto sustantivo por
cuanto, al acceder a declarar la invalidez del artículo 17 del Acuerdo 014 de 2021
se interpretaron indebidamente los artículos 287-3, 294, 313-4, 338 y 363 de la
Constitución Política de Colombia y el artículo 5º de la Ley 489 de 1998.
3) No obstante para esta Sala resulta claro que tales fundamentos se dirigieron de
manera exclusiva a reiterar los argumentos planteados en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y a buscar un nuevo pronunciamiento frente
a la discusión resuelta por el juez natural de la causa en el proceso ordinario por lo
que ya fueron debatidos y decididos en el trámite procesal correspondiente.
5) En efecto en la sentencia atacada el Tribunal Administrativo de Risaralda expuso
así los planteamientos con que el ente territorial demandante se opuso a la solicitud
de revisión de validez remitida por el Gobernador de Risaralda a esa corporación:
“4.2 Por su parte, el Municipio de Pereira, allegó pronunciamiento visible
en archivo No. 010 del expediente digital, dentro del cual expone las
razones de oposición así:
1
Sentencia de 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, expediente
11001-03-15-000-2012-02201-01, MP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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• Violación de los artículos 287, 313-4 de la Constitución Política de
Colombia, artículo 5 de la Ley 489 de 1999. Potestad tributaria de los
Concejos.
(...) manifiesta que en la solicitud de revisión de validez radicada, se
evidencia una confusión y errada interpretación de la norma
constitucional, toda vez que argumenta que “(...) la facultad impositiva en
materia tributaria otorgada a los entes territoriales por el constituyente de
1991 debe ser ejercida con estricta sujeción a la ley, pues es al congreso
de manera privativa a quien se le ha encomendado esa labor, y pese a
que a los entes territoriales le fueron concedidas ciertas prerrogativas en
esta materia y con miras al fortalecimiento de figuras como la
descentralización administrativa y la autonomía territorial...”, y al efecto
transcribe apartes de la sentencia c-517 del 11 de julio de 2007 proferida
por la corte constitucional (...)
Sostiene que para el caso que nos ocupa, el artículo diecisiete del
Acuerdo Municipal de Pereira Nº 14 de 2021, de ninguna manera modificó
el sujeto pasivo, sujeto activo, hecho generador, base gravable o
destinación de los impuestos predial, industria y comercio y sobretasa
bomberil. En consecuencia, de lo expuesto por la Gobernación de
Risaralda en la solicitud de invalidez, advierte una evidente confusión así
como errada interpretación de la norma superior, toda vez que considera
que el artículo diecisiete del Acuerdo 14 de 2021 viola el principio de
legalidad, esto es, al conceder descuento de intereses moratorios cuando
lo que en realidad se propende con dicho principio es que los tributos sean
creados por el legislador (Congreso) a través de las leyes, y por ende
queda prohibido a las entidades territoriales la creación de tributos.
De ahí que, el artículo diecisiete del Acuerdo 14-2021 se encuentra
ajustado a nuestra carta política, pues claramente allí no se adopta, crea
o establece un tributo sino que por el contrario, se concede descuento de
intereses moratorios del impuesto predial unificado, impuesto de industria
y comercio, avisos y tableros, sobretasa bomberil y sanciones relativa a
dicho impuesto, tributos que ya han sido adoptados en el municipio de
Pereira desde antes de la entrada en vigencia del Acuerdo 29 de 2015,
actual Estatuto Tributario Municipal.
• Violación de los artículos 6 y 121 de la Constitución Política.
Advierte que, en las páginas 3 y 4 del escrito de Solicitud de Invalidez
parcial del Acuerdo 14 de 2021 el Gobernador de Risaralda transcribe
completa y textualmente el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, lo cierto es
que no se realiza un análisis jurídico o relación de cada uno de ellos frente
a la norma acusada (Acuerdo 14de 2021), de forma que frente al supuesto
de hecho de la norma sea sustentada la supuesta violación. (...)
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Actor: municipio de Pereira
Acción de tutela
Afirma que con el descuento de intereses moratorios se apunta a atender
la necesidad de aliviar las cargas tributarias de los ciudadanos que se han
visto afectados con la actual crisis económica generados por la pandemia.
En suma, frente a los cargos de extralimitación funcional por parte del
Concejo Municipal al adoptar condiciones especiales de pago
consistentes en la reducción de intereses moratorios de los impuestos
predial, industria y comercio, sobretasa bomberil y sanciones tributarias,
responde que los mismos no están llamados a prosperar, a razón de (i)
La Constitución Política de Colombia y la ley vigente atribuyen al
corporativo municipal la función de administrar y crear los tributos acorde
a las necesidades locales dentro del marco de certeza y legalidad
tributaria, previa autorización legal por parte del Congreso de la
República, situación que no se ha vulnerado toda vez que, el Acuerdo 14
de 2021 no creó tributos, ni modificó los elementos de tributos ya
adoptados en el municipio de Pereira; (ii) La autonomía territorial en la
administración de sus propios recursos derivados de un tributo de carácter
municipal, atribución que tiene sustento en la propia redacción del artículo
338 de la Constitución Política al manifestar la concurrencia entre
legislador y los concejos municipales en el establecimiento de los
elementos del tributo, previa autorización del congreso, (iii) la potestad de
las entidades territoriales de hacer efectivos o no, los tributos municipales,
prerrogativa manifestada en la posibilidad de establecer o suprimir los
tributos autorizados en la ley, de donde se avizora la facultad de crear
exenciones que se estimen convenientes de acuerdo a la política
económica, social y política.
Agrega además que, a pesar que la Corte declaró la inexequibilidad del
referido artículo 7º, el cual contenía la amnistía o beneficio tributario,
también es cierto que en dicha sentencia menciona la posibilidad de
otorgar amnistías cuando existan situaciones excepcionales que
requieran dichas medidas, hace referencia entonces a medidas urgentes
para estimular la recuperación económica, la idea de presentar y
eventualmente sancionar este Acuerdo No. 14 de 2021 y generar
condiciones favorables a aquellos administrados que se pongan al día con
la cartera morosa. En este caso, la pandemia del orden global trajo como
consecuencia una crisis económica sin precedentes, no solo a nivel
mundial, sino nacional y municipal. Así las cosas, en el entendido que el
Municipio considera que, en una época de crisis económica y social como
la presente, se hace necesario encontrar salidas y sobre todo condiciones
favorables para los pereiranos como medida urgente para sostener o
estimular la economía, tales como reducción de tarifas, intereses
moratorios, sanciones, exenciones, y simplificación de trámites.
Advierte que es notorio que, si bien las amnistías tributarias no son el
mecanismo idóneo para incentivar el recaudo de la cartera morosa, lo
cierto es que la misma Corte Constitucional ha habilitado dicho
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-09687-00
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Acción de tutela
instrumento en situaciones excepcionales, con el propósito de solventar
las crisis económicas.” (negrillas del original - archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI).
5) En el fallo cuestionado la autoridad accionada analizó todos aquellos argumentos
de la parte actora más aquellos que ahora son expuestos en el escrito de tutela al
resolver los planteamientos de todas las partes vinculadas al proceso en los
siguientes términos:
“Para resolver el presente asunto, esta Sala decisión analizará los
siguientes puntos: 1) facultades de los concejos municipales en materia
tributaria, 2) diferencia entre amnistía tributaria y beneficio tributario
aplicable a las entidades territoriales (Concejo), según criterio
desarrollado por la Corte Constitucional, 3) los principios de igualdad y
equidad tributaria, para finalmente resolver 4) el caso concreto. (...)
La potestad tributaria de los concejos municipales se encuentra regulada
por lo dispuesto en el artículo 287 Constitucional, a cuyo tenor literal
dispone: (...)
Por su parte, el inciso 4º del artículo 313 de la Constitución faculta a los
concejos municipales para crear tributos de conformidad con las
facultades y los límites otorgados por la Ley y la Constitución (...)
Finalmente, el artículo 5º de la Ley 489 de 19982, el cual desarrolla el
principio constitucional “No habrá empleo público que no tenga funciones
detalladas en la Ley y el reglamento”, consagrado en el artículo 122 de la
Carta Política, establece: (...)
5.3.3. Los principios de igualdad y equidad tributaria
Dichos principios se encuentran desarrollados por el ya citado artículo 363
de la Constitución Política, el cual señala que el sistema tributario
colombiano se rige bajo los mandatos de equidad, eficiencia y
progresividad, contenido que revisten un alto grado de importancia, en la
medida que predeterminan las pautas para el ejercicio de la potestad
normativa a cargo del Legislador.
6) Como quedó expuesto en antelación, al resolver el caso concreto el Tribunal
Administrativo de Risaralda consideró que el artículo 17 del Acuerdo número 014
del 06 de julio de 2021 vulneró las disposiciones constitucionales referidas tras
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-09687-00
Actor: municipio de Pereira
Acción de tutela
denotar que el otorgamiento de descuentos del 100% y 50% sobre intereses y
sanciones de impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago
desconoció los lineamientos trazados por la Corte Constitucional respecto a la
prohibición de consagrar amnistías o saneamientos tributarios sin los presupuestos
necesarios para su creación.
7) En la providencia atacada la autoridad judicial recalcó que la competencia
privativa de los municipios para fijar beneficios a los impuestos locales no se puede
trasladar al ámbito de las amnistías tributarias ya que el artículo 294 Superior no le
otorgó esas facultades y es el legislador quien debe determinar la situación
excepcional que amerite la adopción de la amnistía e ilustrar los elementos de
idoneidad y necesidad de la medida.
8) Puesto que de la exposición de motivos que fundaron la expedición del Acuerdo
014 de 2021 se extrae que su propósito fue atender la crisis generada por la
pandemia del Covid-19 el tribunal analizó la postura de la Corte Constitucional sobre
la materia cuando al efectuar la revisión de constitucionalidad del Decreto
Legislativo 678 de 2020 concluyó que tales amnistías únicamente pueden ser
otorgadas sobre obligaciones fiscales cuya exigibilidad se hubiere materializado con
posterioridad a la declaratoria de emergencia sanitaria, lo que no ocurrió para el
caso del acuerdo mencionado, lo que estimó como una razón suficiente para
declarar su invalidez.
9) Así entonces para esta instancia es claro que todos los desacuerdos planteados
por el municipio de Pereira en la acción de tutela coincidieron con los supuestos
fácticos y jurídicos que ya fueron analizados por el juez de sede ordinaria. En efecto
el Tribunal Administrativo de Risaralda discutió el alcance y aplicación de todas las
normas de orden constitucional que ahora la parte actora invoca como
erróneamente interpretadas lo que demuestra su interés en obtener un nuevo
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-09687-00
Actor: municipio de Pereira
Acción de tutela
pronunciamiento frente a las mismas consideraciones ya elaboradas en única
instancia por la demandada.
10) Todo lo expuesto permite concluir que la parte actora pretendió emplear a la
acción de tutela como un recurso con el que buscó obtener una segunda instancia
en la que se ordene proferir una decisión favorable a sus intereses en el proceso en
que se dictó la sentencia atacada.
11) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está instituida como una
instancia adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento jurídico en las que
corresponde al juez natural de la causa decidir sobre las controversias sometidas a
su consideración.
12) Debe afirmar la Sala que no es posible afirmar, como lo hizo el municipio de
Pereira, que la relevancia constitucional del presente asunto deriva del simple hecho
de analizar el rol que deben cumplir las asambleas y concejos municipales de cara
a las circunstancias especiales que vive la ciudadanía a causa de la crisis sanitaria
ocasionada por la pandemia del virus Sars-Cov19 pues esa fue justamente la
materia analizada a profundidad por el Tribunal de Risaralda en su sentencia, quien
como quedó expuesto, consideró que las condiciones especiales de pago
consagradas en el artículo 17 del Acuerdo 014 de 2021 del Concejo Municipal de
Pereira trasgredieron los lineamientos constitucionales en materia de amnistías
tributarias al otorgar beneficios a los contribuyentes cuyas deudas se materializaron
antes de la declaratoria de emergencia sanitaria.
13) No se evidenció en la acción de amparo un solo planteamiento adicional a
aquellos ventilados por las partes ante el juez natural de la causa u otro diferente
atinente a una trasgresión de derechos fundamentales pues, lo que se aprecia es
que tales argumentos en realidad constituyen una insistencia a las razones de
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-09687-00
Actor: municipio de Pereira
Acción de tutela
defensa expuestas en el proceso ordinario y oportunamente debatidas y resueltas
por la autoridad judicial demandada.
14) Por consiguiente, en la medida que al juez constitucional le está vedado
pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia, so pena de
desconocer la estructura de la administración de justicia, así como los principios de
seguridad jurídica, autonomía judicial y juez natural, y en la medida que no se
evidencia prima facie afectación o vulneración de derechos fundamentales que
hayan sido alegados de manera clara por el demandante se declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA
1°) Acéptase la solicitud de coadyuvancia presentada por la Asociación
Colombiana de Ciudades Capitales, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
2º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el Municipio de
Pereira contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
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Actor: municipio de Pereira
Acción de tutela
4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.
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