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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02889-00

Fecha
3 de agosto de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02889-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1°) Declárase la falta de legitimación en la causa por activa del señor Carlos Arturo silva Orozco, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 1 Sección Primera del Consejo de Estado, sentencia del 26 de mayo de 2022, expediente con radicación: 110010315000202202013-00, MP Hernando Sánchez Sánchez. 14 Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00 Actor: Carlos Arturo Silva Orozco Acción de tutela 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02889-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

3 de agosto de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Demandante: CARLOS ARTURO SILVA OROZCO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN UN PROCESO DE VALIDEZ DE
ACUERDO MUNICIPAL. SE DECLARA LA FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
PORQUE QUIEN CUESTIONA LA PROVIDENCIA
JUDICIAL NO FUE PARTE NI PARTICIPÓ EN EL
PROCESO QUE DIO ORIGEN A ESTA
CONTROVERSIA.

Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró
sus derechos fundamentales con motivo de la sentencia de única instancia en la que declaró
con efectos retroactivos la invalidez parcial del artículo 17 del Acuerdo Municipal 014 de
2021 por medio del cual el Concejo Municipal de Pereira reguló lo concerniente a la
concesión de amnistías tributarias en el marco de la pandemia por Covid-19.

La Sala procede a resolver el proceso de acción de tutela presentado por el señor
Carlos Arturo Silva Orozco en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda para
la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad previstos en los artículos 29, 229 y 13 de la
Constitución Política de Colombia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Actor: Carlos Arturo Silva Orozco
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito radicado el 26 de mayo de 2022 el señor Carlos Arturo Silva
presentó acción de tutela en contra de la providencia judicial proferida por Tribunal
Administrativo de Risaralda con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales, por cuanto, a su juicio, incurrió en el defecto sustantivo.

1. Los hechos de la demanda

Con los medios de prueba aportados por las partes la Sala encontró como probados
los siguientes hechos relevantes para desatar la presente controversia:

1) El 9 de julio de 2021 el alcalde del municipio de Pereira sancionó el Acuerdo no.
14 “Por medio del cual se adoptan medidas de reactivación económica en el
municipio de Pereira y se dictan otras disposiciones”.

2) En la exposición de motivos que sustentó para expedir el mencionado acuerdo
afirmó que las medidas en él adoptadas estarían destinadas a atender la crisis
originada por la pandemia que generó el virus Sars-Cov2-19, así como a generar
estrategias que permitieran la reactivación económica del municipio a través de
medidas que alivien la carga tributaria de los contribuyentes.

3) El gobernador del departamento de Risaralda en uso de la atribución conferida
por el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política, remitió el Acuerdo no.
14 de 2021 al Tribunal Administrativo de Risaralda para que esa autoridad lo
declarara inválido por considerarlo violatorio de normas constitucionales y legales,
en particular lo concerniente al artículo décimo séptimo que consagró lo siguiente:

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Actor: Carlos Arturo Silva Orozco
Acción de tutela

“ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. CONDICIÓN ESPECIAL DE PAGO. Los
contribuyentes que se encuentren en mora por obligaciones
correspondientes a impuesto predial, impuesto de industria y comercio,
avisos y tableros, sobretasa bomberil, sanciones tributarias relativas al
impuesto de industria y comercio incluidas las relacionadas con la omisión
de deberes formales, por los períodos gravables o años 2020 y anteriores,
tendrán derecho a solicitar la siguiente condición especial de pago:

1. Si se produce el pago total del 100% de la obligación principal
correspondiente a impuesto predial, impuesto de industria y comercio,
avisos y tableros y sobretasa bomberil hasta el 31 de diciembre de 2021,
los intereses se reducirán en un cien por ciento (100%).

2. Si se produce el pago del cincuenta por ciento (50%) de la sanción
tributaria, establecida en el Titulo III capítulo I Sanciones del Acuerdo 29
de 2015, incluidas las relacionadas con la omisión en el envío de
información y omisión en el cumplimiento de deberes formales, hasta el
31 de diciembre de 2021, se reducirá el cincuenta por ciento (50%)
restante.

Parágrafo 1. Para acceder a la reducción de los intereses moratorios y las
sanciones tributarias establecida en el presente artículo, el contribuyente
deberá efectuar el pago total de la obligación en un único pago.

Parágrafo 2. La condición especial de pago establecida en el presente
artículo se extiende a aquellas obligaciones por concepto de impuesto
predial, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa
bomberil y sanciones tributarias por los períodos gravables o años 2020 y
anteriores, que se encuentren en discusión en sede administrativa y
judicial, y su aplicación dará́ lugar a la terminación de los respectivos
procesos.”

4) Para el ejecutivo departamental la norma transcrita vulneró los artículos 6, 121 y
287 de la Constitución Política y el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 por considerar
que el Concejo de Pereira no justificó que las medidas de condición especial de
pago fueran la única alternativa para superar la crisis económica en el municipio.

5) Se alegó también que el Decreto Legislativo 678 de 2020 que sirvió de
fundamento al acto fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional
en sentencia C-488 de 2020.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Actor: Carlos Arturo Silva Orozco
Acción de tutela

6) El 30 de septiembre de 2021 el Tribunal Administrativo de Risaralda profirió
sentencia de única instancia en el proceso con radicación no. 66001-23-33-000-
2021-00240-00 en la que resolvió lo siguiente:

“1. DECLÁRASE CON EFECTOS RETROACTIVOS LA INVALIDEZ del
artículo 17 del Acuerdo Municipal número 014 del 6 de julio de 2021,
expedido por el Concejo Municipal de Pereira, “POR MEDIO DEL CUAL
SE ADOPTAN MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECÓNOMICA EN EL
MUNICIPIO DE PEREIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, por
las razones señaladas en la parte motiva de este proveído.

2. Comuníquese la presente providencia al señor Gobernador del
Departamento de Risaralda, al señor Alcalde Municipal de Pereira,
Risaralda, al Presidente del Concejo Municipal de dicha localidad, y al
Agente del Ministerio Público.

3. Expídanse copias de la presente decisión a costa de los interesados.

4. Se rechaza por improcedente la solicitud de coadyuvancia presentada
por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales.”

7) Como fundamento de esa decisión la autoridad judicial accionada citó el
contenido de una providencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
en la que se analizó un acuerdo municipal que al igual que aquel expedido por el
municipio de Pereira reguló una amnistía tributaria para luego concluir que, si bien
es cierto que las entidades territoriales son competentes para establecer medidas
que permitan el saneamiento de las finanzas públicas y crear estímulos para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, tales medidas deben ser
proporcionales, razonables y acordes con los principios de igualdad y equidad
tributaria.

8) En esos términos, consideró que con el artículo décimo séptimo del acuerdo se
buscó condonar el pago de intereses sobre impuestos con vigencias que ya se
encontraban causadas y consolidadas lo que implicó la creación de una amnistía
tributaria, facultad con la que no cuentan los concejos municipales.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Actor: Carlos Arturo Silva Orozco
Acción de tutela

9) Agregó que en la sentencia C-488 de 2020 la Corte Constitucional revisó la
constitucionalidad del Decreto Legislativo 678 de 2020 y se refirió a la procedencia
de amnistías tributarias en el marco de la pandemia generada por el Covid-19 para
afirmar que únicamente pueden operar sobre impuestos, tasas, contribuciones y
multas cuya exigibilidad tributaria hubiera comenzado a partir de la vigencia de la
emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud con ocasión de la
pandemia del COVID-19 y no sobre aquellos tributos y sanciones cuya exigibilidad
ocurrió antes de dicha declaratoria, como aconteció en el caso del Acuerdo 014 de
2021 del municipio de Pereira.

10) Con fundamento en lo anotado el tribunal afirmó que el otorgamiento de
amnistías del 100% y 50% sobre los intereses y sanciones de los impuestos, tasas,
contribuciones y multas pendientes de pago a la entrada en vigencia del Acuerdo
014 de 2021 sí desconoció los lineamientos trazados por la Corte Constitucional
respecto a la prohibición de consagrar amnistías o saneamientos tributarios sin los
presupuestos necesarios para su creación, con lo que se desconocieron los
principios de igualdad y equidad en que se funda el sistema tributario.

11) A continuación la autoridad judicial demandada creó un acápite destinado a
explicar los efectos de su providencia en el que señaló que, en la medida que la
sentencia C-488 de 2020 en la que se declaró la inconstitucionalidad de la norma
relacionada con amnistías tributarias en cabeza de concejos municipales fue
proferida el 15 de octubre de 2020, a partir de ese momento los entes territoriales
no podían expedir acuerdos fundados en esa disposición, como ocurrió con el
Acuerdo 014 del 9 de julio de 2021.

12) Con fundamento en lo anterior, el tribunal declaró la invalidez del artículo
demandado con efectos retroactivos a partir del 15 de octubre de 2020.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Actor: Carlos Arturo Silva Orozco
Acción de tutela

2. Los fundamentos de la vulneración

A juicio del demandante la sentencia cuestionada adolece de un defecto sustantivo
porque en ella el tribunal interpretó indebidamente los artículos 287-3, 294, 313-4,
338 y 363 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 5 de la Ley 489 de
1998.

Sostuvo que, si bien la misma Constitución prohibió la aplicación retroactiva en
materia tributaria el Tribunal Administrativo de Risaralda en la sentencia objeto de
tutela ordenó la invalidez del artículo 17 del Acuerdo 14 de 2021 con efectos
retroactivos.

El tribunal erró en considerar que el artículo décimo séptimo del Acuerdo 014 de
2021 trasgredió el principio de reserva legal de los tributos pues en ese acto no se
crearon impuestos o gastos locales contrarios a la ley, sino que se concedieron
descuentos de intereses moratorios sobre tributos previamente adoptados en el
municipio de Pereira desde antes de la entrada en vigencia del Acuerdo 29 de 2015,
actual Estatuto Tributario Municipal.

Indicó que respecto de los contribuyentes del municipio de Pereira que pagaron el
impuesto predial, industria y comercio con la reducción de intereses moratorios y
sanciones previstos en el artículo 17 del Acuerdo 14 de 2021 existe una situación
jurídica consolidada, toda vez que la relación jurídica entre los que se encontraban
en mora y el ente territorial terminó una vez se pagó el tributo.

La orden de invalidez del artículo 17 del Acuerdo 014 de 2021 implica revivir
procesos de cobro coactivo y medidas cautelares, así como desconocer los efectos
jurídicos de los paz y salvo entregados a los contribuyentes que se pusieron al día
en sus obligaciones aprovechando el descuento de intereses y sanciones.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Actor: Carlos Arturo Silva Orozco
Acción de tutela

Se desconoció e ignoró que, en virtud del principio de autonomía territorial (artículo
287-3 C.P.), a los municipios les fue otorgada la facultad de gestionar sus propios
recursos y, en este sentido, fue que el Concejo de Pereira estableció en el Acuerdo
Municipal 014 del 9 de julio de 2021 diversas estrategias que apuntaban a la
reactivación económica de la ciudad, la mayoría de ellas que aliviaron o aminoraron
la carga tributaria para los contribuyentes.

Para la parte actora el tribunal consideró erradamente que el artículo 294 de la
Constitución Política prohíbe al municipio conceder exenciones y tratamientos
preferenciales en relación con los tributos de su propiedad cuando esa norma
consagra justamente lo contrario en virtud del principio de autonomía territorial.

Conforme a la sentencia C-493 de 2019 la autonomía fiscal territorial implica
también la facultad de las entidades territoriales de administrar sus recursos con la
potestad de establecer los tributos y gestionarlos.

Por último, el demandante advirtió que dentro de las disposiciones referidas en la
exposición de motivos del Acuerdo 014 de 2021 no se encuentra el Decreto
Legislativo 678 de 2020, razón suficiente para considerar que el tribunal no podía
ordenar el efecto retroactivo de la invalidez declarada supeditándolo a la sentencia
de inexequibilidad C-448 de 2020.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Actor: Carlos Arturo Silva Orozco
Acción de tutela

“PRINCIPALES:

PRIMERA: Que declare que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
de Risaralda vulneró mis derechos fundamentales al “debido proceso”,
“igualdad” y al “acceso a la justicia”, en el proceso de revisión de validez
del Acuerdo No.14 de 2021, al proferir la sentencia de única instancia
del 30 de septiembre de 2021.

SEGUNDA: Que deje sin efectos las partes motivas correspondientes y
la parte resolutiva de dicha providencia judicial, en donde se declaró
inválido el artículo 17 del Acuerdo 014 de 2021 y se le dio efectos
RETROACTIVOS a dicho pronunciamiento.

TERCERA: Que, como consecuencia de la prosperidad de las
pretensiones anteriores, ordene al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de Risaralda declarar válido el Acuerdo 14 de 2021,
en todos sus apartes incluido el artículo 17 de dicho acto administrativo,
por encontrarse de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

SUBSIDIARIAS:

PRIMERA: Que deje sin efectos la parte resolutiva de la sentencia
que le da efectos retroactivos al fallo, toda vez que esta interpretación va
en contravía del ordenamiento jurídico y socaba los principios de
confianza legítima, situaciones jurídicas consolidadas y buena fe de los
administrados.

SEGUNDA: Que se declare que el artículo 17 del Acuerdo 014 de 2021
aplicará para los contribuyentes en los tributos mencionados, para la
vigencia del año gravable 2020.”. (archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI-mayúsculas y negrillas del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 31 de mayo de 2022 la Subsección C de la Sección Tercera de
esta Corporación admitió la acción de tutela, dispuso notificar a los magistrados de
la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, a la
Gobernación de Risaralda y al Concejo Municipal de Pereira, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción y.
además, negó la medida provisional solicitada.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Actor: Carlos Arturo Silva Orozco
Acción de tutela

Posteriormente, a través de providencia del 22 de junio de 2022, la Subsección C
de la Sección Tercera ordenó la remisión del expediente a este despacho por
considerar que la tutela se fundamentó bajo supuestos fácticos y jurídicos similares
al proceso con número de radicación 11001-03-15-000-2021-09687-00, resuelto
mediante sentencia del 17 de enero de 2022, pues ambas solicitudes de amparo se
dirigían en contra de la providencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.

El 11 de julio de 2022 este despacho dispuso denegar la acumulación de procesos,
en tanto la acción de tutela con número de radicación 11001-03-15- 000-2021-
09687-00 ya había sido fallada y no se encontraba vigente, y avocó el conocimiento
de la demanda presentada por el señor Carlos Arturo Silva Orozco contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda.

5. Actuación de la autoridad judicial accionada

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Risaralda solicitó que se
“rechacen por improcedentes” las pretensiones de la acción de tutela o en su
defecto se nieguen.

A través de auto proferido el 9 de agosto de 2021 en el proceso de validez del
acuerdo se ordenó fijar en lista el proceso por el término de diez (10) días, durante
los cuales el agente del Ministerio Público y cualquier otra persona podrían intervenir
para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y solicitar la
práctica de pruebas, término perentorio dentro del cual el demandante de esta
acción constitucional no allegó ningún pronunciamiento, razón por la cual, se debe
declarar la falta de legitimación en la causa por activa.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Actor: Carlos Arturo Silva Orozco
Acción de tutela

En la providencia quedaron establecidos los argumentos y consideraciones que
motivaron la decisión de invalidez del artículo 17 del Acuerdo Municipal 014 de 9 de
julio de 2021, los cuales guardaron correspondencia con la jurisprudencia del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Las reducciones previstas en ese artículo se tradujeron en una amnistía tributaria
que únicamente pudo ser otorgada por el legislador y no por la entidad territorial en
atención a la reserva que consagró el artículo 294 de la Constitución Política, pues
trató de la condonación de pagos sobre impuestos cuyas vigencias ya se
encontraban causadas y consolidadas.

En la sentencia quedó ampliamente expuesto que la decisión de otorgar efectos
retroactivos a la decisión obedeció a las disposiciones constitucionales aplicables al
caso que llevaron a concluir que la sentencia C-488 de 2020 declaró inexequibles
los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo 678 de 2020 con efectos ex nunc y que
como fue proferida el 15 de octubre de 2020 a partir de esa fecha ninguna
disposición podía reproducir el contenido de la norma inexequible, como lo hizo el
Acuerdo 014 de 2021.

La apoderada del departamento de Risaralda indicó que la entidad territorial no
desconoció el derecho de igualdad del demandante, pues actuó de forma imparcial
en relación con los acuerdos remitidos por los diferentes municipios relacionados
con rebajas de sanciones e intereses, por lo que, en su criterio, queda desvirtuado
que la entidad territorial no empleó el mismo medio de control de revisión
determinado en el Decreto 1333 de 1986, para discutir la validez de dichos actos
administrativos.

El concepto de violación que se esgrimió se debió a que en el Acuerdo 014 de 2021
el ente territorial consideró que, con la aprobación del citado acto, se configuró una

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Actor: Carlos Arturo Silva Orozco
Acción de tutela

extralimitación en el ejercicio de sus funciones, pues se otorgó una reducción de
sanciones e intereses moratorios para las rentas de carácter tributario, sin que
existiera una ley que así lo permitiera.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la
coadyuvancia en la acción de tutela y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Actor: Carlos Arturo Silva Orozco
Acción de tutela

2. El caso concreto

1) En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Risaralda con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad
presuntamente vulnerados con la expedición con la providencia del 30 de
septiembre de 2021, mediante la cual se declaró, con efectos retroactivos, la
invalidez del artículo 17 del Acuerdo 014 de 2021 expedido por el Concejo de
Pereira.

2) En esa medida, como las pretensiones del demandante están dirigidas a
cuestionar la decisión que se adoptó dentro del proceso de revisión de
constitucionalidad y legalidad de acuerdo municipal, en primer lugar, para la Sala
resulta necesario determinar si el señor Carlos Arturo Silva Orozco intervino dentro
del mismo, con el fin de establecer si se encuentra legitimado en la causa por activa
para interponer la presente acción de tutela.

3) De las pruebas que obran en el expediente la Sala observa que quien promovió
el proceso de revisión de constitucionalidad y legalidad de acuerdo municipal objeto
de debate fue el gobernador de Risaralda, el cual, en uso de la atribución conferida
por el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política, remitió al Tribunal
Administrativo de Risaralda el Acuerdo 014 de 2021, expedido por el Concejo de
Pereira.

4) En virtud de lo anterior, el 9 de agosto de 2021 el Tribunal Administrativo de
Risaralda ordenó fijar el referido proceso en lista por el término de diez días, durante
los cuales el agente del Ministerio Público y cualquier otra persona podía intervenir
para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y solicitar la
práctica de pruebas, decisión que fue notificada por estado el 2 de agosto de 2021.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Actor: Carlos Arturo Silva Orozco
Acción de tutela

5) Sin embargo, es posible advertir que quienes intervinieron en el proceso de
revisión fueron el municipio de Pereira, un agente del Ministerio público y el señor
Dilber Leandro Vargas Díaz, por lo que, en principio, serían los únicos legitimados
para presentar la acción de tutela, por ser las partes que integraron el litigio.

6) Así pues, como el señor Silva Orozco pudo participar en el proceso de revisión,
a través de los mecanismos judiciales previstos para el efecto, pero no lo hizo, es
claro que carece de legitimidad, en sede de tutela, para cuestionar la decisión
adoptada dentro del mismo en razón a que la vulneración alegada necesariamente
presupone que se ha intervenido en un proceso y que es allí donde ha ocurrido la
transgresión.

7) Bajo este análisis, para esta Sala resulta imperioso concluir que quien presentó
la tutela no es el titular de los derechos fundamentales invocados, de ahí que como
lo ha sostenido esta Corporación en anteriores oportunidades1, hay lugar a declarar
la falta de legitimación en la causa por activa del señor Carlos Arturo Silva Orozco.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA

1°) Declárase la falta de legitimación en la causa por activa del señor Carlos Arturo
silva Orozco, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

1
Sección Primera del Consejo de Estado, sentencia del 26 de mayo de 2022, expediente con
radicación: 110010315000202202013-00, MP Hernando Sánchez Sánchez.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-02889-00
Actor: Carlos Arturo Silva Orozco
Acción de tutela

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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