RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-10553-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10553-00

Fecha
20 de enero de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10553-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Consejo Superior de la Judicatura, en atención a las consideraciones de esta sentencia. SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas de los señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Córdoba que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que la juez Cuarta Penal Municipal de Montería adopte las medidas que se requieren para conceder las vacaciones de los señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados recursos. Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Córdoba, esta última entidad le deberá comunicar a la juez Cuarta Penal Municipal de Montería, quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para los señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego. CUARTO: INSTAR al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba a no imponer trabas administrativas a los accionantes que les impidan ejercer su derecho fundamental a las vacaciones. QUINTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. ! ""! Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ! Demandantes: Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10553-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

20 de enero de 2022

!
Demandantes: Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-00
Demandantes: NELSY ROJAS CASTILLO Y DANIEL SÁNCHEZ VILLADIEGO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA
ADMINISTRATIVA, Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL CÓRDOBA

Tema: Derecho al descanso laboral. Vacaciones individuales de
empleados de la Rama Judicial1

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por los señores Nelsy
Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Sala Administrativa, y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial Seccional Córdoba, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

A través de mensaje de datos remitido al correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado el 26 de noviembre de 2021!, los señores Nelsy
Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego, en nombre propio, instauraron acción
de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba, con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, dignidad humana,
igualdad y salud.

Tales garantías constitucionales las estimaron vulneradas con ocasión de la
Resolución No. 10 de 9 de noviembre de 2021, proferida por la titular del Juzgado
Cuarto Penal Municipal de Montería, mediante la cual se les negó el derecho al

!
1
Se reitera posición de la Sala sobre el asunto en sentencias de 10 de diciembre de 2020, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, Exp: 11001-03-15-000-2020-03827-01 y 6 de agosto de 2021, M.P.
Rocío Araújo Oñate, Exp: 11001-03-15-000-2020-03100-00.
2
La tutela le correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería el 16 de noviembre
de 2021, quien, luego de tramitar una serie de impedimentos, ordenó remitir el expediente a esta
Corporación el 23 de noviembre de 2021, en atención a las reglas de reparto consagradas en el
Decreto 333 de 2021.
!
"!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandantes: Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-00

disfrute de un periodo de vacaciones, con fundamento en la respuesta
desfavorable otorgada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Seccional Córdoba, relativa a la expedición de la disponibilidad presupuestal para
el nombramiento de los reemplazos de los aquí demandantes como empleados
del referido juzgado, respuesta que a su vez hizo alusión a la Circular PSAC11-44
de 20211, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.

1.2. Pretensiones

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

1. Amparar nuestros Derechos Constitucionales Fundamentales al trabajo, dignidad
humana, igualdad y la salud, los cuales se vienen vulnerando por parte de la
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL CÓRDOBA -Dirección
Financiera- y en consecuencia de lo anterior, se ordene que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de la respectiva sentencia, inicie las acciones pertinentes
en aras de garantizar la provisión de los recursos y proceda a expedir el respectivo
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), requerido para que
el señor JUEZ CUARTO PENAL MUNICIPAL DE MONTERIA CON FUNCIONES
DE CONOCIMIENTO conceda nuestras vacaciones remuneradas a que por ley
tenemos derecho.

2. Se ordene al Director Ejecutivo de la Oficina de Administración Judicial Seccional
Córdoba -Dirección Financiera-, omita tener como fundamento para la expedición
del Certificado de Disponibilidad Presupuestal de los empleados, la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011para futuras ocasiones en situaciones
correspondientes a las vacaciones de los empleados adscritos al Juzgado Cuarto
Penal Municipal de Montería.

3. Ordenar al Director Ejecutivo de La Oficina de Administración Judicial Seccional
Córdoba -Dirección Financiera, que cada vez que los suscritos, como empleados del
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería, solicitemos las vacaciones, unas vez
causadas y concedidas por el señor juez, y ante petición del juzgado, se adelante el
trámite pertinente para la obtención del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
CDP, para la persona que nos ha de reemplazar durante el disfrute de las
vacaciones como servidores judiciales. Ello para no incurrir en temeridad, toda vez,
que no es posible que cada vez que se soliciten las vacaciones se tenga que acudir
a esta acción constitucional por los mismos hechos y derechos”.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• Los señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego son servidores
judiciales en el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería, los cuales ocupan,
respectivamente y en el orden en mención, los cargos de oficial mayor en
provisionalidad y escribiente municipal nominado en propiedad.

• El 13 de octubre de 2021 solicitaron formalmente a su nominadora el disfrute de
sus vacaciones así: Nelsy Rojas Castillo, del 22 de septiembre de 2018 al 22 de
septiembre de 2019, 22 de septiembre de 2019 al 22 de septiembre de 2020 y del
22 de septiembre de 2020 al 22 de septiembre de 2021, y Daniel Sánchez
Villadiego: del 15 de febrero de 2020 al 15 de febrero de 2021.

!
#!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandantes: Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-00

• Con ocasión de lo anterior, la titular del despacho en mención solicitó a la
División de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Córdoba, expedir el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal, a fin de efectuar el nombramiento de las personas que
reemplazarían a los aquí accionantes durante el periodo de sus vacaciones.

• El requerimiento en mención fue respondido de manera desfavorable por una
profesional universitaria de la Seccional en cita, quien precisó que no era viable
dar trámite a esa petición, de acuerdo con la circular PSAC11-44 proferida por el
Consejo Superior de la Judicatura, que disponen “que para Despachos judiciales de
más de 3 personas incluido el juez no se expide disponibilidad presupuestal para
reemplazo de empleados”

• El 9 de noviembre de 2021, a través de la Resolución No. 10, la juez Cuarta
Penal Municipal de Montería decidió negar su solicitud, por i) la necesidad del
servicio, y ii) ante la falta de asignación de presupuesto para su reemplazo.

• 1.4. Fundamentos de la solicitud

A juicio de los accionantes, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Córdoba, ha vulnerado sus derechos fundamentales al trabajo,
dignidad humana, igualdad y salud, como consecuencia de la negativa de expedir
el certificado de disponibilidad presupuestal, a fin de que se nombren unos
remplazos mientras disfrutan de sus periodos de vacaciones.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 3 de diciembre de 2021, el magistrado ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a los tutelantes, y como accionadas al Consejo
Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional Córdoba. Asimismo, como tercero con interés en
las resultas del proceso, vinculó al Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura -Sala Administrativa-

La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó la desvinculación de
esa dependencia, puesto que carece de legitimación por pasiva para dar
cumplimiento a lo solicitado por los accionantes, de conformidad con la
Constitución Política, sentencia C-285/16, y la Ley 270 de 1996.

1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Córdoba

Manifestó que su decisión de negar expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal, “con cargo al rubro DE SERVICIOS PRESTADOS POR VACACIONES
!
$!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandantes: Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-00

PERSONAL TITULAR” (sic), obedece a una directriz a nivel central, particularmente
de la Unidad de Planeación, la cual no autoriza a las Seccionales la expedición de
los mencionados certificados, “y tampoco ubica recursos o mejor apropiación en el
rubro correspondiente, dado que dan cumplimiento a una directriz emanada por el nivel
superior la cual aducen es de imperioso cumplimiento toda vez que constituye una
decisión administrativa sobre la cual recae la presunción de legalidad y en cumplimiento
de los deberes que les atañen deben observar”.

1.6.3. Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería

La titular del Juzgado indicó que comparte los fundamentos de la solicitud de
tutela, ya que “la circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011, invocada por la
administración judicial, para negar el rubro presupuestal, no consagra expresamente una
restricción o limitación para empleados, de ahí que, no pueda servirse de una regulación
ausente, para interpretar restrictivamente el alcance de la destinación de recursos para
reemplazo vacacional”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por los señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba, de conformidad con lo
establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2.2. Cuestión Previa

La Sala encuentra que, en la contestación allegada por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura manifestó que carece de legitimación en la
causa por pasiva para dar cumplimiento a lo solicitado por los accionantes, pues
no tiene competencia para atender los reclamos del tutelante.

Al respecto, esta Sala de Decisión precisa que la vinculación al trámite de la
referencia de esa Sala Administrativa, se hizo justamente en calidad de
demandada, en la medida que fue la autoridad que expidió la circular que sirve de
fundamento a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Córdoba, para negar la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal
que permita el nombramiento de las personas que remplacen a los accionantes
durante el periodo de sus vacaciones, dada la calidad de empleados del Juzgado
Cuarto Penal Municipal de Montería, lo cual constituye el objeto de reproche en
sede de tutela. En consecuencia, se negará su solicitud de desvinculación.

!
%!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandantes: Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-00

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al trabajo, dignidad humana, igualdad y salud invocados
por los accionantes con ocasión a la negativa, por parte de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Córdoba, de expedir el certificado de
disponibilidad presupuestal a fin de que éstos puedan acceder al disfrute de un
periodo de vacaciones, por haber laborado al servicio del Juzgado Cuarto Penal
Municipal de Montería, en forma continua.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y ii) el caso concreto.

2.4. Panorama general de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El
primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que
se dice vulnerado o amenazado. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental.

2.5. Caso concreto – Reiteración de jurisprudencia3

En el sub examine, los señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
solicitaron a la juez Cuarta Penal Municipal de Montería, que le concediera a cada
uno de ellos las vacaciones que tienen derecho.

Con ocasión de lo anterior, la titular del despacho pidió a la División de
Presupuesto de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Córdoba, certificar la disponibilidad presupuestal, con el fin de efectuar el
nombramiento de las personas que reemplazarían a los aquí accionantes durante
el periodo de sus vacaciones.

A lo cual, la profesional universitaria de la Seccional en cita respondió de manera
desfavorable, quien precisó que no era viable la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para el reemplazo de empleados respecto de los
despachos judiciales de más de tres (3) personas incluido el juez, conforme a lo

!
3
Al respecto ver las sentencias del 30 de mayo de 2019, Exp. Rad. No. 11001-03-15-000-2019-
01633-00, del 26 de septiembre de 2019, Exp. Rad. No 11001-03-15-000-2019-03992-00 y del 6
de agosto de 2020, Exp. Rad. No 11001-03-15-000-2020-03100-00, en los cuales, la Sección
Quina del Consejo de Estado analizó casos similares al presente.
!
&!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandantes: Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-00

establecido en la circular PSAC11-44 emanada del Consejo Superior de la
Judicatura.

En virtud de lo anterior, la juez Cuarta Penal Municipal de Montería profirió la
Resolución No. 10 de 9 de noviembre de 2021, a través de la cual, negó el disfrute
de las vacaciones solicitadas por los tutelante.

Advierte la Sala que, en lo que respecta a los actos administrativos que niegan el
disfrute de las vacaciones, el mecanismo para controvertirlos es el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de
la Ley 1437 de 20114, en el cual se puede solicitar el decreto de las medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 ibídem, por lo tanto, en
principio, el juez de lo contencioso administrativo es el llamado a dirimir las
controversias que de él surjan.

Sin embargo, esta Sala ha considerado5 que en ciertos eventos las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo judicial para
precaver la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual torna
imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de su primacía
dentro del ordenamiento jurídico.

En primer lugar, para establecer la procedencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, el
accionante debe alegar que un acto particular y concreto vulnera un derecho
subjetivo por incurrir en alguna de las causales de nulidad previstas en el
ordenamiento jurídico.

En este caso, los argumentos expuestos por la parte actora contra la decisión de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Córdoba de negarse
a expedir el certificado de disponibilidad presupuestal y que condujo a que la juez
Cuarta Penal Municipal de Montería les negara el disfrute de sus vacaciones, se
enmarcan en el derecho adquirido al descanso por laborar todo un año de forma
ininterrumpida en ese juzgado, por lo cual solicitaron que se apropien las partidas

!

4
“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe
un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a
partir de la notificación de aquel.”

5
Ver las Sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, del 30 de junio de 2016. M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 25000-23-41-000-2016-00617-01 y del 30 de agosto de
2018. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 50001-23-33-000-2018-00171-01.

!
'!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandantes: Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-00

presupuestales para los nombramientos de sus remplazos y se emita el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.

De lo solicitado por los tutelantes no se puede inferir que pretendan atacar la
legalidad de la Resolución No. 10 de 9 de noviembre de 2021, presupuesto
indispensable para la procedencia de la pretensión del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

Por lo tanto, aunque en principio el acto administrativo que negó el disfrute de las
vacaciones podría ser controvertido a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y solicitarse la medida cautelar pertinente, la Sala
considera que, los accionantes no poseen un instrumento jurídico idóneo para el
amparo de sus prerrogativas, toda vez que, como se evidenció, no pretenden
atacar su legalidad y sus inconformidades no se encuadran en ninguna de las
causales para la procedencia del referido medio de control.

En ese orden de ideas, este carecería de la idoneidad suficiente, precisamente
porque no les ofrecería una solución a sus pretensiones, ni mucho menos
resolvería de fondo sus situaciones.

Lo anterior, resulta suficiente para que este juez constitucional, de acuerdo con lo
hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de esta controversia,
pues con la petición de amparo no se solicita una revisión de legalidad del acto
administrativo a través del cual se negó el disfrute a las vacaciones a dos
servidores judiciales.

Ahora bien, al descender al estudio concreto de los hechos objeto de discusión, se
encuentra demostrado que la juez Cuarta Penal Municipal de Montería expidió la
Resolución No. 10 de 9 de noviembre de 2021, a través de la cual, denegó la
solicitud de vacaciones presentada por los accionantes.

En resumen, las razones para no acceder a sus peticiones se enmarcan en la
necesidad del servicio y ante la falta de asignación de presupuesto para sus
reemplazos.

Al respecto, la Sección Quinta considera que, el descanso debe entenderse como
uno de los derechos fundamentales del trabajador y constituye una condición
mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto
intelectual como física, para así proteger su salud corporal y mental, y fortalecer su
dedicación para el desarrollo de sus actividades.

Por lo tanto, impedir el goce del mencionado derecho con fundamento en
restricciones administrativas, no es una carga que deban soportar los señores
Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego, pues, se reitera, jurisprudencial y
legalmente se ha considerado que las vacaciones constituyen un derecho
fundamental que tienen todos los empleados, por lo que, no puede ser trasgredido

!
(!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandantes: Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-00

en función del servicio. Tan es así, que esta Corporación ha amparado el derecho
fundamental al descanso en acciones de tutelas con similares supuestos fácticos6.

Así mismo, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que “se
considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones
anuales pagadas o la renuncia a las mismas”7.

En el presente caso, los accionantes pretenden única y exclusivamente el goce o
disfrute material del periodo de tiempo al que tienen derecho por concepto de
vacaciones que, por razones de presupuesto y necesidad del servicio, no les fue
concedido.

Sin embargo, esta Sala considera que, el argumento de la necesidad del servicio y
la omisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Córdoba, de autorizar el rubro presupuestal correspondiente para designar
provisionalmente a quienes los reemplazarán en su ausencia a los demandantes,
no puede usarse para desconocer el derecho al disfrute de las vacaciones a las
cuales tienen derecho, toda vez que, el carácter fundamental de dicha garantía ha
sido reconocido por la Corte Constitucional, sin que sea válido oponer trabas
administrativas, que afecten el núcleo fundamental de este derecho.

En efecto, esta Sección no desconoce la necesidad del servicio que apremia al
Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería, ante la gran carga laboral que tiene
bajo su responsabilidad, por lo que resulta necesario que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Córdoba provea las medidas necesarias
para que el despacho pueda cumplir con sus funciones, sin que ello implique que
los servidores judiciales a su cargo no puedan disfrutar del derecho a las
vacaciones, una vez cumplan con los requisitos legales para acceder a las
mismas.

En otras palabras, la autoridad no puede imponer trabas administrativas a los
accionantes que le impidan ejercer su derecho fundamental, máxime cuando
escapa del resorte de los tutelantes el encontrar las medidas de orden
presupuestal u organizacional para proveer el cargo en su ausencia temporal.

Así las cosas, negarle el derecho al disfrute de las vacaciones por cuenta de
limitaciones de carácter administrativo, no es una carga que deban soportar los
servidores judiciales, si se tiene en cuenta que, en la misma circular PSAC11-44
del 23 de noviembre de 2011, expedida por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, se exige solamente al interesado reportar ante el

!
6
Consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 11001-03-15-000-
2020-04490-0 M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A. Rad. 17001-23-31-000-2010-00041-01. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; Consejo de Estado,
Sección Cuarta, Sentencia del 12 de diciembre de 2018. Rad. 08001-23-33-000-2018-00756-01
M.P. Milton Chaves García. Consejo de Estado, Sección Segunda. Rad.: 19001-23-33-000-2014-
00469-01. M.P.: Gustavo Gómez Aranguren, sentencia del 5 de febrero de 2015.
7
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de
junio de 1963.

!
)!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandantes: Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-00

Consejo Seccional la correspondiente programación de vacaciones, para que sea
incluido en los turnos.

En ese sentido, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder al disfrute
del derecho, el empleado debe comunicar al nominador sobre la programación de
las vacaciones, sin que deba resolver problemas de tipo presupuestal o
administrativo, para poder acceder al descanso remunerado. Es decir, la
administración no puede trasladar en ellos su propia función.

De otro lado, se tiene que, la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC-0589 de 18 de noviembre de
2005, cuyo asunto fue “asignación de recursos para reemplazos por vacaciones del
personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados del sistema penal
acusatorio”, y la Circular No. 44 de 12 de mayo de 2005, en la que estableció el
procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los servidores
judiciales del Sistema Penal Acusatorio.

Sin embargo, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Administrativa profirió la Circular PSAC11-44, que señaló de manera expresa
la derogatoria de lo establecido en las referidas circulares “para efectos de no incluir
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones individuales
cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual deberán seguir el
procedimiento de aquí (sic) se señala y que permitirá gestionar los recursos para el
nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar a ello”.

Ahora, si bien dicha circular está dirigida a los nominadores de la Rama Judicial
(jueces y magistrados) y a los Directores Seccionales de Administración Judicial,
su asunto trata de “vacaciones de los funcionarios judiciales del Régimen de Vacaciones
Individuales”.

En otras palabras, no dispuso el procedimiento que debía realizarse para la
solicitud de reemplazos por vacaciones del personal titular de los despachos
judiciales.

Así las cosas, se considera que, si bien la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura profirió una circular en la que dispuso directrices
dirigidas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del país atinentes a la
programación de vacaciones de los funcionarios judiciales y la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar los reemplazos, la
omisión de establecer un procedimiento para el efecto, no puede servir de
fundamento para desconocer el derecho al descanso.

Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público tiene
derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios prestado
en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de 1968 y
1045 de 1978).

!
*!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandantes: Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-00

En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas
en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996, de modo que, los empleados de los
Juzgados Penales Municipales pertenecen al régimen de vacaciones individuales,
que deben ser concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo con las
necesidades del servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de
servicios.

Ahora bien, en cuanto a lo pretensión de que se ordene “al Director Ejecutivo de La
Oficina de Administración Judicial Seccional Córdoba -Dirección Financiera, que cada vez
que los suscritos, como empleados del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería,
solicitemos las vacaciones, una vez causadas y concedidas por el señor juez, y ante
petición del juzgado, se adelante el trámite pertinente para la obtención del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal CDP, para la persona que nos ha de reemplazar durante el
disfrute de las vacaciones como servidores judiciales”, esta Sala de Decisión instará a
las accionadas a no imponer trabas administrativas a los accionantes que les
impidan ejercer su derecho fundamental, máxime cuando escapa del resorte de
los tutelantes el encontrar las medidas de orden presupuestal u organizacional
para proveer el cargo en su ausencia temporal.

En este orden y conforme a lo expuesto ampliamente en precedencia, la Sala
considera vulnerado el derecho al trabajo en condiciones dignas de los señores
Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego, por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Córdoba, por lo que, se impone
tutelar los derechos conculcados y, en consecuencia, se dispondrá:

i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Córdoba que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que
la juez Cuarta Penal Municipal de Montería adopte las medidas que se requieren
para conceder las vacaciones de los señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel
Sánchez Villadiego. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá
de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director
seccional, para proveer los mencionados recursos.

Lo anterior por cuanto, “cualquier afectación presupuestal deberá contar con las
respectivas autorizaciones y actos administrativos que así lo respalden”.

ii) Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Córdoba, esta última entidad le deberá
comunicar a la Juez Cuarta Penal Municipal de Montería, quien a su vez deberá,
en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha
comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para
los señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego.

!
"+!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandantes: Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-00

2.6. Conclusión

En este orden de ideas, la Sala considera que, en el presente caso, se accederá a
la solicitud de amparo deprecada por los señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel
Sánchez Villadiego, quienes fungen, respectivamente y en el orden en mención,
los cargos de oficial mayor en provisionalidad y escribiente municipal nominado en
propiedad en el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Consejo Superior
de la Judicatura, en atención a las consideraciones de esta sentencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas
de los señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego, de acuerdo con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia,

TERCERO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Córdoba que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho,
solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o
a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para
que la juez Cuarta Penal Municipal de Montería adopte las medidas que se
requieren para conceder las vacaciones de los señores Nelsy Rojas Castillo y
Daniel Sánchez Villadiego. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el
director seccional, para proveer los mencionados recursos.

Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Córdoba, esta última entidad le deberá
comunicar a la juez Cuarta Penal Municipal de Montería, quien a su vez deberá,
en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha
comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para
los señores Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego.

CUARTO: INSTAR al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba a no imponer
trabas administrativas a los accionantes que les impidan ejercer su derecho
fundamental a las vacaciones.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto No. 2591 de 1991.

!
""!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

!
Demandantes: Nelsy Rojas Castillo y Daniel Sánchez Villadiego
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, y
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Córdoba
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10553-00

SEXTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

!

!
"#!
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.