Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04557-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04557-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-04557-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
15 de septiembre de 2022
Demandante: Eilen Margarita Chicué Toro
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Rad: 11001-03-15-000-2022-04557-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04557-00
Demandante: EILEN MARGARITA CHICUÉ TORO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Tema: Tutela de fondo – Derecho al descanso laboral - Vacaciones
individuales de funcionarios y empleados de la Rama Judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la señora
Eilen Margarita Chicué Toro contra el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Consejo Seccional de la Judicatura de
Villavicencio y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 1º del numeral 2º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
La señora Eilen Margarita Chicué Toro, en nombre propio, ejerció acción de tutela1
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la
dignidad humana, a la igualdad y a la salud, que estimó vulnerados con ocasión de
las acciones y omisiones en las que incurrieron el Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de
la Judicatura de Villavicencio y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, al no efectuar las diligencias necesarias para otorgarle las vacaciones
remuneradas a las que tiene derecho.
1 La acción de tutela se presentó el 22 de agosto de 2022 a través de la aplicación de Tutelas y
Hábeas Corpus en Línea de la Rama Judicial.
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Demandante: Eilen Margarita Chicué Toro
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En consecuencia, la demandante solicitó:
“● Amparar mis derechos fundamentales al trabajo e igualdad, los cuales se
vienen vulnerando por parte de la DIRECCCIÓN NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO, CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE VILLAVICENCIO. En consecuencia de lo anterior, se ordene
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
fallo, inicie las acciones pertinentes en aras de garantizar la provisión de los
recursos y proceda a expedir el respectivo CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL que se requiere para que el TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENICO META, conceda
las vacaciones renumeradas a que por ley tengo derecho.
● Se ordene al Director Ejecutivo de la Oficina De Administración Judicial
Seccional Villavicencio, o quien haga sus veces, omita tener como
fundamento para la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
de los empleados, la Circular PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011, para
futuras ocasiones en situaciones correspondientes a las vacaciones de los
servidores judiciales adscritos al Juzgado Séptimo Penal Municipal de
Villavicencio.
● Ordenar al Director Ejecutivo De La Oficina de Administración Judicial
Seccional Villavicencio, o quien haga sus veces, que cada vez que la suscrita,
como funcionaria del Juzgado Séptimo Penal Municipal Con Función de
Conocimiento De Villavicencio, solicite las vacaciones, unas vez causadas, se
adelante el trámite pertinente para que se obtenga el CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, para la persona que me ha de
reemplazar durante el disfrute de las vacaciones como servidora judicial. Ello
para no incurrir en temeridad, toda vez, que no es posible que cada vez que
se soliciten las vacaciones se tenga que acudir a esta acción constitucional
por los mismos hechos y derechos.” (Sic para toda la cita).
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Mencionó que es funcionaria de la Rama Judicial y se desempeña como juez en el
Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio.
Afirmó que pertenece al régimen de vacaciones individuales y, teniendo derecho a
ellas, el 22 de julio de 2022 solicitó ante el presidente del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Villavicencio el disfrute de dos periodos de sus descansos
remunerados, correspondientes al año 2020 (desde el 1.° de mayo de 2020 al 1.°
de mayo de 2021) y 2021 (desde el 1.° de mayo de 2021 al 1.° de mayo de 2022).
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Señaló que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio inició el trámite
para solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Villavicencio, con el fin de garantizar
un reemplazo en el periodo de vacaciones.
Explicó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Villavicencio
respondió la solicitud mediante oficio en el que precisó que “no existe disponibilidad
presupuestal de la presente vigencia fiscal en esta seccional, para atender la
remuneración de reemplazo por estas vacaciones,”.
Manifestó que el 10 de agosto de 2022 fue expedida la Resolución número 38 de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en la
que se negó su petición de vacaciones bajo el argumento de que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Villavicencio informó que no es
posible expedir el certificado de disponibilidad presupuestal.
Indicó que en el acto administrativo se señaló que, si bien anteriormente se
otorgaron las vacaciones y que se había encargado al personal de carrera del
despacho, la posición de la Sala Plena se modificó ya que el nombramiento en
encargo afecta los principios de celeridad, eficacia y eficiencia en la administración
de justicia, en tanto que, de facto es sometido a asumir dos cargos, duplicidad de
funciones que riñe con la diligencia debida para cada uno.
Advirtió que no le han sido concedidas sus vacaciones, lo que se traduce en la
violación del derecho a un descanso remunerado en muchísimo tiempo, pues cada
día habrá más necesidad del servicio.
Sostuvo que entiende la situación de la autoridad judicial demandada porque si no
hay personal que cubra la ausencia en el periodo de vacaciones los despachos
colapsarán porque solo son 3 personas en el juzgado, incluyéndola.
Añadió que asume que la Dirección de Administración Judicial de la Seccional
Villavicencio decidió negar la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal con base en las directrices de la Circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 2011, sin que en la actualidad se conozcan los alcances de ese acto
administrativo y la interpretación que de este tenga la Coordinacion del Área
Financiera de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, porque los
servidores de la Rama Judicial con régimen de vacaciones individuales no están
incluidos en esas directrices y, por tanto, no es posible la expedición del CDP para
nombrar a una persona en reemplazo, durante el periodo de vacaciones.
Afirmó que los servidores judiciales adscritos a los juzgados de ejecución de penas
y medidas de seguridad de la ciudad de Barranquilla, quienes también gozan del
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régimen de vacaciones individuales, sí han obtenido certificados de disponibilidad
presupuestal y que esto ocurre también en otros juzgados de la misma
especialidad.
3. Sustento de la vulneración
Indicó que el disfrute del periodo de vacaciones está incluido en el grupo de
garantías laborales a los que todos los trabajadores del país tienen derecho y con
la negativa frente a su solicitud se están vulnerando.
Explicó que la Circular PSAC11-44 del 2011 establece el orden en el disfrute de las
vacaciones de los jueces, lo que debe presentarse al momento de solicitarlas y la
forma en que deben ser programadas, y precisa que será el consejo seccional de
cada distrito judicial el que debe programar las vacaciones y establecer los
requisitos mínimos en cuanto a datos y otras situaciones administrativas.
Expuso que la interpretación de la administración es que se expide el CDP solo en
algunos casos y se niega para otros, pero lo que realmente define es un
procedimiento aplicable a una población específica y simplemente no menciona al
resto de los servidores judiciales, sin que esto se traduzca en la negativa del
derecho para aquellos a los que no se refiere el acto administrativo.
Añadió que la circular mencionada ha sido indebidamente interpretada porque en
esta no se indica cuales son los motivos para rechazar o negar las solicitudes de
vacaciones presentadas.
Precisó que “nos encontramos ante una simple disputa de una interpretación injusta
de un derecho fundamental por cuestiones de carácter administrativo y económico,
las cuales no pueden vulnerar ese derecho al descanso remunerado, a la salud, a
la dignidad y a la igualdad, como también a la seguridad social”.
Sostuvo que las vacaciones son un derecho adquirido por el simple hecho de haber
laborado un año continuo al servicio del empleador, por las labores que se han
desarrollado con toda la capacidad intelectual.
Señaló que es indigno que, a los servidores de la Rama Judicial, entidad encargada
de administrar justicia, se les niegue el pleno ejercicio de dicha garantía por darle
prelación a malas interpretaciones de órdenes de índole administrativas.
Expuso que se desconoce lo considerado por la Corte Constitucional en la
sentencia C-019 de 2004, donde se señaló que el derecho al descanso es la
oportunidad que se le otorga al trabajador para reparar sus fuerzas intelectuales y
para compartir con su familia y para abordar actividades idóneas para el espíritu,
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garantía que le está siendo vulnerada porque, a diferencia de los servidores que
trabajan para la Rama Judicial y que tienen sus vacaciones colectivas, no puede
disfrutar de su descanso remunerado.
Alegó que también se vulnera su derecho a la igualdad porque se presenta una
discriminación entre los servidores del régimen colectivo y aquellos que tienen un
régimen de vacaciones individual porque estos últimos, como es su caso, no
pueden disfrutar de sus descansos merecidos.
Precisó que la negativa del disfrute de su periodo de vacaciones afecta su salud,
toda vez que para nadie es un secreto la alta carga laboral que manejan los
despachos y a esto se le suma la atención del público que no siempre acepta las
decisiones judiciales.
Añadió que, como trabajadora, las vacaciones significan espacios de reflexión
sobre aspectos que durante las jornadas laborales se descuidan y no se atienden
como el caso de salud, por ello se busca ese periodo para asistir a controles
médicos y todas esas actividades se ven frustradas con las decisiones adoptadas.
Sostuvo que el Acuerdo PSAA15-10402 adoptó la planta modelo de personal para
los juzgados penales municipales y dispuso que para el caso de los juzgados de
conocimiento este debe conformarse por 1 juez, 1 secretario y 2 sustanciadores,
pero en el despacho que ella dirige está incompleto y, por tanto, deben disponer de
tiempos adicionales para dar respuesta a la demanda de administración de justicia
a su cargo y su descanso es más que necesario.
4. Trámite de la solicitud de amparo
Mediante auto del 25 de agosto de 2022, se admitió la demanda y se ordenó la
notificación a los magistrados que integran el Consejo Superior de la Judicatura y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y a los directores Ejecutivo
Nacional de Administración Judicial y Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio.
5. Argumentos de defensa
5.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio
El presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio rindió el
informe solicitado en los siguientes términos:
Indicó que se allanaba a la pretensión de salvaguardar el derecho fundamental al
descanso de la gestora, pese a que resaltó que la decisión que se adoptó de negar
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la solicitud de vacaciones se basó en los actos administrativos de otras
autoridades.
Expuso que, tal y como se indicó en la Resolución 38 del 10 de agosto de 2022, el
nombramiento del reemplazo en esa corporación generó la designación de
empleados sin derecho a diferencias salariales por el periodo de descanso del
titular, quienes en la mayoría de las ocasiones declinaron o asumieron ambos roles
en contravía de la salud psicofísica y de los principios rectores de la actividad
judicial.
Añadió que la decisión de negar la solicitud de vacaciones a los funcionarios
judiciales es una práctica sistemática e histórica en el modelo penal acusatorio y,
en atención a ello se adoptó la idea de realizar una ponderación entre la necesidad
del buen servicio de la administración de justicia y el interés particular del operador
judicial, pero no resulta acorde a los postulados constitucionales proveer un juez sin
capacidad para asumir varios roles laborales o dejar un despacho sin director
porque nadie acepta, lo que lleva consigo que se presenten situaciones
administrativas anómalas que se traducen en vulneración de derechos
fundamentales.
Explicó que la deficiencia en la planeación administrativa y la falta de gestión
presupuestal son las razones por las que cada día se incrementa esta práctica que
compromete los derechos fundamentales de los usuarios y de los servidores
judiciales, contexto donde el nominador nada puede hacer.
5.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
La coordinadora del Área de Asistencia Legal de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio se pronunció sobre los hechos y
pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
Resaltó que la controversia que plantea la demandante se orienta a controvertir la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad, la
dignidad humana y a la salud por parte de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio debido a que no se expidió el certificado de disponibilidad
presupuestal para atender el reemplazo por vacaciones.
Expuso que, a través de mensaje de datos del 25 de julio de 2022, la secretaría del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio solicitó el certificado de
disponibilidad presupuestal para atender el pago de dos periodos de vacaciones de
la funcionaria Chicué Toro, así como para atender la remuneración del reemplazo
por ese descanso.
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Explicó que mediante el Oficio DESAJVIO22-1049 del 4 de agosto de 2022, la
coordinadora de Ejecución Presupuestal envió a la secretaría del tribunal el
certificado de disponibilidad presupuestal para el pago de las vacaciones y prima de
vacaciones de dos periodos causados a favor de la jueza Eilen Margarita Chicué
Toro, pero se indicó que no existía disponibilidad presupuestal para pagar el
reemplazo de las vacaciones.
Sostuvo que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio tenía potestad
para nombrar en encargo a empleados del despacho de la demandante toda vez
que el numeral 3 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996 lo establece expresamente.
Aclaró que, en cumplimiento de esa disposición, el Consejo Superior de la
Judicatura expidió la Circular PSAC11-44 de 2011 donde establece expresamente:
“Tal como está previsto en el artículo 132 de la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia, las designaciones en encargo son procedentes cuando las
necesidades del servicio lo exijan, tratándose de Jueces, los nominadores
deberán ejercer esa potestad en todos los casos en que exista un empleado que
cumpla los requisitos para ser designado como Juez…”
Precisó que la decisión de negar el otorgamiento de las vacaciones no es atribuible
a esa entidad, sino que se profirió en cumplimiento del artículo 71 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto que de manera expresa estableció que todos los actos
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con
certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación
suficiente para esos gastos.
Advirtió que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
sentencia del 22 de agosto de 2022 expuso que esa Corporación fijo el criterio de
que es el nominador el encargado de conceder o no las vacaciones a los servidores
judiciales y que los trámites y expedición del CDP no tienen relación directa con el
derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas ni con el beneficio del
descanso remunerado.
5.3. Consejo Superior de la Judicatura y Dirección Ejecutiva Nacional de
Administración Judicial
Pese a haber sido debidamente notificados guardaron silencio2.
2 Notificaciones visibles en el índice 7 del siguiente vínculo electrónico:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000
202204557001100103
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 19913 y el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 4, modificado por el Decreto 333 de
2021, y con el Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado.
2.2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio corresponde establecer si la decisión adoptada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial relacionado con la solicitud de la señora Eilen
Margarita Chicué Toro para disfrutar del descanso remunerado vulnera o no los
derechos fundamentales al trabajo a, a la dignidad humana, a la igualdad y a la
salud.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de la
acción de tutela, y (ii) el fondo del asunto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como un
mecanismo para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el
artículo 6º del Decreto 2591 de 19914, entre otros motivos, la relativa a la
existencia de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección
del derecho que se alega amenazado o vulnerado.
Esta causal de improcedencia tiene una salvedad: cuando la solicitud de amparo se
eleva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y las
circunstancias que invoca, se acrediten al menos sumariamente.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.”
4 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”
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2.4. Caso concreto
La señora Eilen Margarita Chicué Toro, actuando en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Nacional de
Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Villavicencio, con el objeto de que se protegieran sus derechos fundamentales al
trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a la salud.
Afirmó vulneradas dichas garantías constitucionales debido a que la autoridad
judicial demandada no autorizó el disfrute de las vacaciones por la falta de
asignación presupuestal para nombrar su reemplazo en el cargo que desempeñaba
en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Villavicencio, lo cual ha impedido el goce de sus períodos de descanso
remunerado.
De la revisión del expediente, se tiene que la demandante solicitó a su nominador
que se concediera el disfrute de los dos periodos de vacaciones a los que tiene
derecho, y que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio elevó una
petición ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio para que expidiera el correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal para acceder a la solicitud de la señora Chicué Toro y,
adicionalmente, poder nombrar un reemplazo en su cargo durante el tiempo de su
ausencia.
En respuesta a su petición, la entidad allegó el certificado de disponibilidad
presupuestal para la autorización de los 2 períodos de vacaciones aludidos y,
además, profirió el Oficio DESAJVIO22-1049 del 3 de agosto de 2022, en el que
informó que no era posible proferir el mismo certificado para autorizar el
nombramiento de un reemplazo en su cargo, por las siguientes razones:
“De igual manera le comunico que a la fecha no existe disponibilidad
presupuestal en esta Seccional para atender el pago de reemplazo por esas
vacaciones.”
En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio expidió la
Resolución 38 del 10 de agosto de 2022 y negó las vacaciones por necesidad del
buen servicio bajo el entendido de que el nombramiento en encargo de un
empleado que funge en propiedad como titular del despacho afecta los principios
de celeridad, eficacia y eficiencia en la tutela judicial porque de facto es sometido a
asumir dos cargos, duplicidad de funciones que riñe con la diligencia debida a las
responsabilidad de cada uno.
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En vista de lo anterior, la parte actora consideró que se transgredieron sus
garantías constitucionales porque, en su concepto, el derecho al descanso efectivo
se garantiza con el nombramiento de una persona que cumpla las funciones del
servidor que se encuentra disfrutando de su período de vacaciones, justamente
para evitar que se sobrecargue a los funcionarios del despacho y garantizar que se
preste efectivamente el servicio de administración de justicia.
Advierte la Sala que, en lo que respecta al acto administrativo que niega el disfrute
de las vacaciones, el mecanismo para controvertirlos es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley
1437 de 20115, en el cual se puede solicitar el decreto de las medidas cautelares
en los términos de los artículos 229 y 230 ibídem, por lo tanto es, en principio, el
juez de lo contencioso administrativo el llamado a dirimir las controversias que de él
surjan.
Sin embargo, esta Sala ha considerado6 que en ciertos eventos las circunstancias
particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo judicial para
precaver la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual torna
imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de su primacía
dentro del ordenamiento jurídico.
En primer lugar, para establecer la procedencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la
demandante debe alegar que un acto particular y concreto vulnera un derecho
subjetivo por incurrir en alguna de las causales de nulidad previstas en el
ordenamiento jurídico.
En este caso, para la Sala es claro que los argumentos de la señora Chicué Toro
están dirigidos contra la decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio pues, en su concepto, la negativa a asignar
presupuesto para nombrar su reemplazo es la que evita que pueda acceder al
disfrute de sus vacaciones.
5
“Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño
causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto
es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de
ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de
aquel.”
6 Ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta del 30 de junio de 2016. M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 25000-23-41-000-2016-00617-01 y del 30 de agosto de 2018.
M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 50001-23-33-000-2018-00171-01.
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Se precisa que las pretensiones de la demandante están encaminadas
específicamente a que se ordene a dicha entidad que realice la apropiación de las
partidas presupuestales correspondientes para la designación de su reemplazo y se
profiera el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, para que una vez
sea expedido tal documento, el nominador proceda a concederle las vacaciones a
que tiene derecho.
De lo solicitado por la tutelante no se puede inferir que pretenda atacar la legalidad
de algún acto administrativo en el que su nominador se haya abstenido a
concederle las vacaciones, presupuesto indispensable para la procedencia de la
pretensión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por lo tanto, aunque en principio el acto administrativo que niega el disfrute de las
vacaciones puede ser controvertido por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y solicitarse las medidas cautelares pertinentes, la
Sala considera que la demandante no posee un instrumento jurídico idóneo para el
amparo de sus prerrogativas, toda vez que la señora Chicué Toro no pretende
atacar la legalidad de la Resolución 38 de 2022, pues su inconformidad no se
encuadra en ninguna de las causales para la procedencia del referido medio de
control.
En ese orden de ideas, éste carecería de la idoneidad suficiente, precisamente
porque no le ofrecería una solución a sus pretensiones, ni mucho menos resolvería
de fondo su situación.
Lo anterior resulta suficiente para que este juez constitucional, de acuerdo con lo
hasta aquí explicado, sea competente para conocer el fondo de esta controversia,
pues con la petición de amparo no se solicita una revisión de legalidad de algún tipo
de acto administrativo a través del cual se haya negado el disfrute a las vacaciones.
Ahora bien, al descender al estudio concreto de los hechos objeto de discusión, se
encuentra demostrado que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio expidió el Oficio DESAJVIO22-1049 del 3 de agosto de
2022, en el que informó que no era posible expedir un certificado de disponibilidad
presupuestal para autorizar el nombramiento de un reemplazo durante el tiempo de
ausencia de la demandante en su cargo porque no existía disponibilidad
presupuestal.
Si bien, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio negó la solicitud de
vacaciones, la demandante afirmó que no le era posible disfrutar de ellas al no
existir quien asumiera las funciones propias de su cargo durante el tiempo que
disfrutara de dicho derecho.
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Al respecto, la Sección Quinta considera que el descanso debe entenderse como
uno de los derechos fundamentales del trabajador y constituye una condición
mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto
intelectual como física, para así proteger el bienestar del cuerpo y de la mente y
fortalecer su dedicación para el desarrollo de sus actividades.
Es por esto que impedir el goce del mencionado derecho con fundamento en
restricciones administrativas, no es una carga que la señora Eilen Margarita Chicué
Toro deba soportar pues, se reitera, jurisprudencial y legalmente se ha considerado
que las vacaciones constituyen un derecho fundamental que tienen todos los
empleados, por lo que no puede ser trasgredido en función del servicio. Tan es así,
que esta Corporación ha amparado el derecho fundamental al descanso en
acciones de tutelas con similares supuestos fácticos7.
Así mismo, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido que “se
considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones
anuales pagadas o la renuncia a las mismas”8.
En el presente caso, la demandante busca que se garantice el goce o disfrute
material del periodo de tiempo al que tiene derecho por concepto de vacaciones
que, por razones de presupuesto y necesidad del servicio, no le fue concedido.
Sin embargo, esta Sala considera que, el argumento de la necesidad del servicio y
la omisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio de autorizar el rubro presupuestal correspondiente para designar
provisionalmente a quien reemplazará en su ausencia a cualquier empleado, no
pueden usarse para desconocer el derecho al disfrute de las vacaciones a las
cuales tiene derecho, teniendo en cuenta que el carácter fundamental de dicha
garantía ha sido reconocido por la Corte Constitucional, sin que sea válido oponer
trabas administrativas que afecten el núcleo fundamental de este derecho.
En efecto, esta Sección no desconoce la necesidad del servicio que apremiaba al
7
Consultar, entre otras, las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A. Rad. 17001-23-31-000-2010-00041-01. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; Consejo
de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018. Rad. 08001-23-33-000-2018-
00756-01 M.P. Milton Chaves García, Consejo de Estado, Sección Segunda. Rad.: 19001-23-33-
000-2014-00469-01. M.P.: Gustavo Gómez Aranguren, sentencia del 5 de febrero de 2015, Consejo
de Estado, Sección Quinta, Rad. 11001-03-15-000-2021-10553-00, sentencia del 20 de enero de
2022, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 11001-03-15-000-
2021-07081-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia del 17 de febrero de 2022. Consejo
de Estado, Sección Quinta, Rad. 11001-03-15-000-2022-01630-00, sentencia del 21 de abril de
2022.
8
Convenio 52 de la OIT, aprobado mediante la Ley 54 de 1962 y ratificado por Colombia el 7 de
junio de 1963.
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Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Villavicencio,
ante la gran carga laboral que tiene bajo su responsabilidad y el número reducido
de colaboradores, por lo que resultaba necesario que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Villavicencio proveyera las medidas
necesarias para que dicho despacho pueda cumplir con sus funciones, sin que ello
implique que sus servidores no puedan disfrutar del derecho a las vacaciones, una
vez cumplan con los requisitos legales para acceder a las mismas.
En otras palabras, la autoridad no puede alegar impedimentos de tipo
administrativo a la accionante que le impida ejercer sus derechos fundamentales,
máxime cuando escapa del resorte de los empleados el encontrar las medidas de
orden presupuestal u organizacional para proveer el cargo en su ausencia
temporal.
Así las cosas, negarle el derecho al disfrute de las vacaciones por cuenta de
limitaciones de carácter administrativo, no es una carga que deba soportar un
servidor judicial, si se tiene en cuenta que en la misma Circular PSAC11-44 del 23
de noviembre de 2011, expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, exige solamente al interesado reportar ante el Consejo Seccional la
correspondiente programación de vacaciones, para que sea incluido en los turnos.
En ese sentido, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder al disfrute del
derecho, el empleado debe comunicar al nominador sobre la programación de las
vacaciones, sin que deba resolver problemas de tipo presupuestal o administrativo,
para poder acceder al descanso remunerado. Es decir, la administración no puede
trasladar en ellos, su propia función.
En consecuencia, es evidente que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio debe propender por el correcto
funcionamiento del servicio de administración judicial y las garantías de los
empleados y funcionarios de su jurisdicción.
De otro lado, se tiene que la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC-0589 de 18 de noviembre de
2005, cuyo asunto fue “asignación de recursos para reemplazos por vacaciones del
personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados del sistema penal
acusatorio”, y la Circular No. 44 de 12 de mayo de 2005, en la que estableció el
procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los servidores
judiciales del Sistema Penal Acusatorio.
Sin embargo, el 23 de noviembre de 2011, el Consejo Superior de la Judicatura,
Sala Administrativa profirió la Circular PSAC11-44, que señaló de manera expresa
la derogatoria de lo establecido en las referidas circulares “para efectos de no
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incluir condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad
de los funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones
individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual deberán
seguir el procedimiento de aquí (sic) se señala y que permitirá gestionar los
recursos para el nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya
lugar a ello”.
Ahora, si bien dicha circular está dirigida a los nominadores de la Rama Judicial
(jueces y magistrados) y a los directores Seccionales de Administración Judicial, su
asunto trata de “vacaciones de los funcionarios judiciales del Régimen de
Vacaciones Individuales”. Es decir que no dispuso el procedimiento que debía
realizarse para la solicitud de reemplazos por vacaciones del personal titular de los
demás despachos judiciales.
Así las cosas, se considera que, si bien la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura profirió una circular en la que dispuso directrices dirigidas a las
direcciones seccionales de administración judicial del país atinentes a la
programación de vacaciones de los funcionarios judiciales y la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar los reemplazos, la
omisión de establecer un procedimiento para el efecto no puede servir de
fundamento para desconocer el derecho al descanso.
Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público tiene
derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios prestado
en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8.º Decretos 3135 de 1968 y
1045 de 1978).
Frente a los servidores judiciales, las vacaciones se encuentran establecidas en el
artículo 146 de la Ley 270 de 1996, en donde se establece que los empleados de
los juzgados penales municipales con funciones de conocimiento pertenecen al
régimen de vacaciones individuales, las cuales deben ser concedidas por el
respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del servicio, por el término
de 22 días continuos por cada año de servicios.
En este orden y conforme a lo expuesto ampliamente en precedencia, la Sala
considera vulnerados los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana,
a la igualdad, a la salud y al descanso real, efectivo y remunerado de la señora
Eilen Margarita Chicué Toro por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio.
En consecuencia, se ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite
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a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio adopte las medidas que se
requieren para conceder las vacaciones de la señora Eilen Margarita Chicué Toro.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días
hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para
proveer los mencionados recursos.
Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, esta última entidad le deberá
comunicar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, quien a su vez
deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha
comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para
la señora Eilen Margarita Chicué Toro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Ampáranse los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad
humana, a la igualdad, a la salud y al descanso real, efectivo y remunerado de la
señora Eilen Margarita Chicué Toro, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: En consecuencia, ordénase a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, si aún no lo
hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad
de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos
necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio adopte
las medidas que se requieren para conceder las vacaciones de la señora Eilen
Margarita Chicué Toro. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá
de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director
seccional, para proveer los mencionados recursos.
Una vez el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, esta última entidad le deberá
comunicar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, quien a su vez
deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha
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Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
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comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones para
la señora Eilen Margarita Chicué Toro.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión, dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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