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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10649-00

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10649-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia del mecanismo de amparo de la referencia, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, se REMITIRÁ el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10649-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

10 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10649-00
Accionante: LEONARDO ALBERTO MUÑOZ
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA – MINISTERIO DEL INTERIOR –
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL – MINISTERIO
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se declara la carencia actual de objeto por
sustracción de materia porque el acto administrativo acusado fue
derogado expresamente

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Leonardo Alberto
Muñoz en contra del Presidente de la República1 y de los ministerios del
Interior, de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Leonardo Alberto Muñoz solicitó la protección de sus derechos
fundamentales «[…] a la libre locomoción, mi libertad de reunión, mi libertad de
conciencia, mi derecho al trabajo, mi libre desarrollo de la personalidad, mi
derecho a la igualdad y mi derecho fundamental a la dignidad y a la vida digna
[…]», los cuales fueron presuntamente transgredidos por las autoridades
accionadas como consecuencia de la expedición y aplicación del Decreto número
1408 de 3 de noviembre de 20212.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que, a través del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 2021, se
dispuso que las entidades territoriales debían adicionar a los protocolos de
bioseguridad la presentación del carné o el certificado digital de vacunación contra la
enfermedad coronavirus Covid-19, para eventos presenciales que impliquen
asistencia masiva y para el ingreso a «[…] bares, gastrobares, restaurantes, cines,
discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así

1
La Sala entiende que la demanda de tutela se presentó en contra del Presidente de la República.
2
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVIO - 19, Y el mantenimiento del orden público”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-10649-00
Accionante: Leonardo Alberto Muñoz

como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias
[…]».

2.2. Afirmó que, desde la expedición del Código de Nüremberg de 20 de agosto de
1947, la autonomía del paciente es un derecho esencial y debido a esto «[…] ningún
procedimiento médico, suministro de medicamentos, vacunas o tratamientos puede
aplicarse a un paciente […]» sin su consentimiento previo e informado.

2.3. Señaló que, debido a las medidas adoptadas en el referido decreto, las entidades
accionadas están coaccionando a todos los habitantes que, por razones médicas, de
conciencia o de culto, han decido autónomamente no aplicarse la vacuna contra el
coronavirus Covid-19.

2.4. Adujo que estas medidas desconocen las siguientes normas: i) los artículos 5° y
6° de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos; ii) el literal d) del
artículo 10 de la Ley Estatutaria de la Salud número 1751 de 2015, y iii) el literal a)
del artículo 152 de la Constitución Política.

2.5. Indicó que la evidencia científica permitía concluir que: «[…] las vacunas contra el
COVID 19 no gozan de una eficacia relevante en lo que se refiere a prevención del
contagio, sino que están encaminadas a evitar la agravación de síntomas propios de
esta enfermedad […]». Por tal motivo, a su juicio, resulta arbitrario, discriminatorio e
inconstitucional que se adopten las medidas consagradas en el Decreto 1408 de
2021, ya que se está partiendo de la premisa consistente en que las personas no
vacunadas son un peligro para la sociedad.

2.6. Expuso, además, que resulta inconstitucional que el Gobierno nacional adopte
esta medida pese a que: «[…] no ha garantizado el acceso a primera, segunda y
tercera dosis en todo el territorio colombiano […]».

2.7. Sostuvo
que el Decreto 1408 de 2021 resulta lesivo para sus derechos
fundamentales, en síntesis, por las siguientes razones:

i) Como primer argumento adujo que el decreto enjuiciado era inconstitucional
porque el ejecutivo carecía de competencia para limitar, regular y restringir el
ejercicio de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, señaló que a la luz
del literal a) del artículo 152 constitucional «los derechos fundamentales de las
personas deben regularse y únicamente pueden limitarse por medio de leyes
estatutarias».

Por lo anterior, indicó que únicamente el Congreso de la República, a través de
una ley estatutaria, era el órgano facultado para establecer la medida obligatoria
de presentación del carné de vacunación contra el coronavirus Covid-19.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-10649-00
Accionante: Leonardo Alberto Muñoz

ii) En segundo lugar, argumentó que la exigencia del carné vulneraba su derecho
a la libertad de locomoción, en tanto que le impide acudir a espacios públicos
para desarrollar las actividades cotidianas de relacionamiento social y de ocio.

iii) En tercer lugar, señaló que el decreto enjuiciado transgredía el derecho a la
reunión porque no permite: «reunirnos en espacios públicos y privados que
impliquen aglomeración», a menos que se encuentren vacunados.

iv) En cuarto lugar, adujo que se vulneraba el derecho fundamental a la libertad
de conciencia porque la actora, bajo el amparo del artículo 18 constitucional, se
consideraba objetora de conciencia en relación con la aplicación de la vacuna.

En consonancia con esto, señaló que nuestra constitución establece que «nadie
puede ser obligado a actuar en contra de sus convicciones»; y que a través del
decreto enjuiciado se le está coaccionando para que actúe en contra de sus
convicciones y de su conciencia, porque si no se vacuna no podría asistir a
ninguno de los espacios contemplados en el artículo 2º del Decreto 1408 de 2021.

v) Como quinto argumento, sostuvo que se vulneraba el derecho al trabajo, ya
que está ante el perjuicio real e irremediable de no realizar con normalidad las
actividades laborales que a diario desarrolla y que, en muchos casos, las realiza
en los espacios en que se requiere que se presente el carné de vacunación.

vi) En sexto lugar, afirmó que se vulnera el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, toda vez que el decreto censurado está impidiendo que decida
libremente no vacunarse contra el coronavirus Covid-19.

vii) En séptimo lugar, manifestó que se vulnera el derecho a la igualdad entre las
personas vacunadas y las que libremente han decidido no vacunarse porque se
les está dando un trato diferenciado y discriminatorio por el simple hecho de haber
decidido de manera autónoma y libre no recibir la vacuna contra el coronavirus
Covid-19.

También indicó que las medidas adoptadas eran desproporcionadas e
irrazonables, ya que estaba comprobado científicamente que la vacuna no
previene el contagio y, además, causa efectos secundarios, y por ello resulta
innecesario el trato discriminatorio.

viii) Como octavo argumento señaló que el decreto vulnera el derecho
fundamental a la vida digna y a la dignidad humana porque autónomamente
decidió no vacunarse y las medidas adoptadas la sometían «a una discriminación
pública y privada», desconociendo que como sujetos morales tienen el derecho a
decidir sobre sus vidas, sin ser discriminados por tal motivo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-10649-00
Accionante: Leonardo Alberto Muñoz

III. PRETENSIONES

3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

[…] 4.1. Que se tutelen mis derechos fundamentales y libertades individuales
a la libre locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia y de culto,
derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la
dignidad y a la vida digna.

4.2. Que, con fundamento en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, a fin de
obtener la tutela efectiva de mis derechos fundamentales y libertades
individuales, se suspendan los efectos del Decreto 1408 del 03 de noviembre
de 2021 mientras se acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
en ejercicio del medio de control de nulidad y se obtiene una sentencia que
haga tránsito a cosa juzgada […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
que inicialmente tuvo a su cargo la sustanciación de este proceso, mediante auto
de 7 de febrero de 2022, remitió el expediente de la referencia con el propósito de
que se resolviera su acumulación al proceso con radicado 11001-03-15-000-2021-
11177-00 (Actor: Miller Manrique Saavedra).

5. El magistrado que actúa como ponente en esta providencia, mediante auto de 17
de febrero de 20223, resolvió (i) negar la acumulación de la presente acción de
tutela al proceso número 11001-03-15-000-2021-11177-00 (Actor: Miller Manrique
Saavedra); (ii) admitir el mecanismo de amparo de la referencia y (iii) negar la
solicitud de medida provisional pedida por la parte actora.

V. INTERVENCIONES

6. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas, se produjeron las
siguientes intervenciones:

6.1. El Presidente de la República, a través de apoderado judicial, rindió informe
en el que desarrolló los siguientes temas: i) el estado actual de la pandemia; ii) los
avances en las coberturas de vacunación en el país; iii) la transmisión del virus y
entornos de mayor riesgo; iv) la efectividad y seguridad de las vacunas; v) la
inmunidad de rebaño; vi) la evidencia sobre la necesidad de alcanzar altas
coberturas de vacunación para evitar nuevos picos; vii) Seguridad de las vacunas;
viii) el certificado de vacunación, y ix) el aumento de casos de Covid-19 en niños
(as) y adolescentes.

6.2. Seguidamente indicó que la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de
la subsidiariedad, en tanto que:
3
Valga resaltar que el expediente ingresó al Despacho el 16 de febrero de 2022, tal como consta en el índice 9 del
aplicativo Samai.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-10649-00
Accionante: Leonardo Alberto Muñoz

[…] 1. La parte accionante sí cuenta con un mecanismo de defensa judicial
que le permite controvertir la constitucionalidad y legalidad del Decreto 1408
de 2021, el cual se encuentra regulado por la normatividad contenciosa
administrativa.

2. Con la expedición del Decreto 1408 de 2021, se fijan restricciones
razonables para que la determinación personal de los anti vacunas no afecte
la vida del resto de la población y haga viable la vida en sociedad en tiempos
de pandemia. Es decir, que la norma impugnada propende por la protección
de derechos fundamentales de todos los ciudadanos y residentes en
Colombia, por cuanto procura la garantía de derechos como la protección a la
vida y la salud.

3. En el desarrollo de la presente contestación, se pondrá de presente que con
la expedición del Decreto 1408 de 2021, así como con las múltiples decisiones
adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria,
producto de la pandemia del COVID 19, se propende por la garantía de
derechos de todo el colectivo, para evitar o para mitigar los daños irreparables
que ya hemos padecido, como las pérdidas humanas, o las nefastas
consecuencias en la sostenibilidad financiera de un sin número de hogares
[…].

6.3. Adicionalmente, señaló que: «[…] resulta claro que la parte actora cuenta con
mecanismos judiciales idóneos y específicos, contemplados en la normatividad
contencioso-administrativa, como el medio de control de simple nulidad, para
suscitar el control de validez y anular, eventualmente, los efectos jurídicos del
Decreto 1408 de 2021, donde además, tendrá la posibilidad de solicitar como
medida cautelar la suspensión provisional del acto objeto de reproche […]».

6.4. Igualmente, al referirse a la configuración del perjuicio irremediable en el caso
que nos ocupa, señaló lo siguiente: «[…] en el caso particular y concreto no se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el
recurso de amparo […]».

6.5. Con base en los argumentos expuestos, arribó a las siguientes conclusiones:

[…] 1. La acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial con un
carácter residual y subsidiario, en consecuencia, se advierte que en el caso
particular y concreto no se cumple con el criterio de subsidiariedad, por cuanto
la parte actora no demuestra una afectación directa y subjetiva a sus derechos
presuntamente vulnerados con la expedición del Decreto 1408 de 2021, en
tanto realiza suposiciones generales e incluso inciertas, que no se proyectan
hacia la materialización de un perjuicio irremediable.

2. Pese a que se enuncian una serie derechos que supuestamente afectan a
la accionante, surge un debate donde se involucran derechos cuya titularidad
corresponde a toda la sociedad. Luego entonces, no acredita o demuestra que
la vulneración alegada de sus derechos fundamentales sea una afectación
directa y subjetiva. Así como tampoco demuestra que con la entrada en vigor
del Decreto 1408 de 2021, se genere un perjuicio irremediable inminente,
urgente, cierto e Impostergable

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-10649-00
Accionante: Leonardo Alberto Muñoz

3. De otro lado, pese a las manifestaciones esbozadas por quien acciona, lo
cierto es que la vacunación en contra del COVID 19, no tiene un carácter
obligatorio de conformidad con la Ley 2064 de 2020 y con el Decreto 109 de
2021.

4. La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la legalidad
de un acto administrativo de carácter general e impersonal como lo es el
Decreto 1408 de 2021.

5. El Decreto 1408 de 2021, surge como una respuesta estatal para mitigar los
efectos nocivos de la pandemia generada por el COVID 19 en el marco de la
emergencia sanitaria, con la finalidad de proteger la salud y la vida,
prevaleciendo el principio constitucional del interés general. A pesar de que
las medidas farmacológicas y no farmacológicas han mostrado un impacto
positivo en el número de casos y fallecidos, algunos países han empezado a
sufrir incrementos en el número de casos. Lo cual evidencia que se deben
mantener los esfuerzos hacia el control de la pandemia.

6. En el caso particular y concreto no obra prueba siquiera sumaria de la
presunta obligatoriedad de la inoculación, mucho menos de la vulneración de
los derechos deprecados […].

6.6. Como consecuencia de todo lo anterior, solicitó lo siguiente:

[…] PRIMERO: NEGAR por IMPROCEDENTE el amparo solicitado por cuanto
nos encontramos ante (i) la ausencia del requisito de subsidiariedad; (ii) por
cuanto no obra prueba siquiera sumaria que acredite la supuesta
vulneración de derechos fundamentales por parte del Gobierno Nacional y
(iii) por falta de legitimación en la causa por activa.

En su defecto, solicitamos negar el amparo solicitado por cuanto no se ha
vulnerado ninguno de los derechos fundamentales de quien acciona con la
expedición por parte del Gobierno nacional del Decreto 1408 por cuanto: Las
medidas restrictivas para las personas que no quieren vacunarse están
justificadas constitucionalmente, pues: (i) No obliga a la vacunación contra la
Covid-19 a ningún ciudadano colombiano; (ii) es razonable y está encaminada
permitir la vida en sociedad y económica en medio de la pandemia,
protegiendo la salud en conexidad con la vida de todos los colombianos y
residentes en el país, y en ese sentido se justifica la limitación al derecho a la
libertad de locomoción; (ii) desarrolla el principio de solidaridad que sustenta la
prestación de servicios de salud - artículos 48, 49 Y 95 de la Constitución
Política-; y (iii) no es discriminatoria y encuentra plena justificación en el hecho
de que no se interviene en la decisión de no vacunarse, pero acude a la
restricción como único mecanismo para evitar que la población no vacunada
facilite la circulación del virus y el riesgo de mutación, lo que gravemente sí
afecta o al menos pone en riesgo la vida de todos los colombianos y
residentes en el país […].

6.7. Los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social y de Comercio,
Industria y Turismo, por intermedio de sus apoderados judiciales y a través de
escritos separados, rindieron informes en los que plasmaron argumentos
coincidentes con aquellos expuestos por el Presidente de la República e,
igualmente, solicitaron que se declarara improcedente el mecanismo de amparo

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-10649-00
Accionante: Leonardo Alberto Muñoz

de la referencia o que, en su defecto, el mismo se negara, ante la ausencia de
vulneración de los derechos que se afirman transgredidos.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

7. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela
presentada por la parte accionante en contra del Presidente de la República y de
los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social y de Comercio,
Industria y Turismo, en virtud de lo previsto en el Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

VI.2. Problemas jurídicos

8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se configuró o no la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, con ocasión de la derogatoria expresa del Decreto
1408 de 2021, de no ser así, determinar:

b) Si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos de carácter general.

c) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la actora como consecuencia de la expedición del Decreto
número 1408 de 3 de noviembre de 2021.

VI.3. Caso concreto

9. El ciudadano Leonardo Alberto Muñoz solicitó la protección de sus derechos
fundamentales «[…] a la libre locomoción, mi libertad de reunión, mi libertad de
conciencia, mi derecho al trabajo, mi libre desarrollo de la personalidad, mi
derecho a la igualdad y mi derecho fundamental a la dignidad y a la vida digna
[…]», los cuales fueron presuntamente transgredidos por las autoridades

4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-10649-00
Accionante: Leonardo Alberto Muñoz

accionadas como consecuencia de la expedición y aplicación del Decreto número
1408 de 3 de noviembre de 20216.

10. La
Sala advierte que el presente análisis se centrará si, con ocasión de la
derogatoria expresa del Decreto 1408 de 2021, en el sub examine se configura la
carencia actual de objeto por sustracción de materia.

VI.3.1. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia con
ocasión de la derogatoria expresa del Decreto 1408 de 2021

11. En relación con la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de
Decisión recientemente y mediante providencia de 9 de septiembre de 20217
precisó que dicho fenómeno jurídico se presenta en las siguientes eventualidades:
«[…] i) por hecho superado, cuando por alguna conducta del obligado se supera la
afectación a los derechos invocados de tal manera que resulte innecesario el
pronunciamiento del juez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de manera
definitiva los derechos del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera
decisión de fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de
materia […]».

12. Particularmente,y en lo atinente a la carencia actual de objeto por
sustracción materia, la Sala concluyó que tal figura: «[…] se configura en
aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez
constitucional debe tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de la
tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda
imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental
invocado […]».

13. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha indicado lo siguiente:

[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:

“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

6
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVID - 19, Y el mantenimiento del orden público”.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp.
11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-10649-00
Accionante: Leonardo Alberto Muñoz

amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de
los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a
todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción8” […] (negrillas fuera del texto)

14. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida
como un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los
derechos fundamentales de las personas y debido a esto, al desaparecer la causa
que da origen a dicha vulneración, como sería, por ejemplo, la derogatoria del acto
administrativo que presuntamente vulnera las garantías fundamentales del
accionante, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo de
protección judicial.

15. En este contexto, se pone de relieve que el Decreto número 1408 de 3 de
noviembre de 2021 fue derogado expresamente por el artículo 5º del Decreto
número 1615 de 30 de noviembre de 20219, norma cuyo tenor literal prescribe:
«[…] el presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408
del 3 de noviembre de 2021 […]».

16. Ahora bien, en el caso sub examine, se advierte que las pretensiones de la
presente acción constitucional persiguen la protección de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y, como consecuencia de ello, se
ordene la suspensión del Decreto 1408 de 3 de noviembre de 2021.

17. En atención a lo anterior, y en consideración a que el objeto de la presente
acción de tutela consiste en que se suspendan los efectos del Decreto número
1408 de 3 de noviembre de 2021, para la Sección es claro que en el caso de autos
se configura la carencia actual de objeto por sustracción de materia, en el
entendido que el acto administrativo que presuntamente vulneró los
derechos fundamentales del accionante, no está surtiendo efectos jurídicos
en este momento, debido a su derogatoria expresa.

18. Como sustento de lo anterior, la Sala prohíja en su integridad las
consideraciones expuestas por esta Sección en sentencia de 15 de diciembre de

8
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-653 de 17 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
9
“Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021”.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-10649-00
Accionante: Leonardo Alberto Muñoz

202110, reiterada, entre otros, en los fallos de 17 de enero11, de 17 y 24 febrero de
202212, oportunidades en la que se analizó un asunto idéntico al presente y se
explicaron ampliamente las razones por las que se debía declarar la carencia
actual de objeto por sustracción de materia respecto de la acción de tutela que
había sido interpuesta en contra del Decreto número 1408 de 2021.

19. Finalmente, es pertinente resaltar que si bien es cierto que el Decreto 1615 de
30 de noviembre de 2021 exigió nuevamente la presentación del carné de
vacunación o certificado digital para ingresar a ciertos lugares, también lo es que
este juez constitucional, en el marco de proceso de la referencia, no puede emitir
un pronunciamiento de fondo frente al mismo, en tanto que se trata de actos
administrativos distintos, autónomos e independientes y en relación a los cuales
no existe plena identidad jurídica, tal como se puede evidenciar del siguiente
cuadro comparativo:

DECRETO 1408 DE 2021 DECRETO 1615 DE 2021 DIFERENCIAS
(03 de noviembre, 2021) (30 de noviembre, 2021)
Artículo 1. Objeto. El Artículo 1. Objeto. El presente N/A
presente Decreto tiene por Decreto tiene por objeto impartir
objeto impartir instrucciones en virtud de la
instrucciones en virtud de emergencia sanitaria generada
la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus
generada por la pandemia COVID 19.
del Coronavirus COVID-
19.
Artículo 2. Exigencia del Artículo 2. Exigencia del 1) Se modificaron las fechas de exigencia del inicio
Carné de Vacunación. Carné de Vacunación. Las del esquema de vacunación y para tener el
Las entidades territoriales entidades territoriales deberán esquema de vacunación completo:
deberán adicionar a los adicionar a los protocolos de
protocolos de bioseguridad vigentes, la Decreto Decreto
bioseguridad vigentes, la presentación obligatoria del 1408 1615
presentación obligatoria carné de vacunación contra el Requisito Para Para
del carné de vacunación Covid-19 o certificado digital de inicio mayores de mayores de
contra el Covid-19 o vacunación disponible en el link: esquema de 18 años, 12 años,
certificado digital de mivacuna.sispro.gov.co, en el vacunación desde el 16 desde el 1°
vacunación disponible en que se evidencie, como mínimo, de de diciembre
el link: el inicio del esquema de noviembre de 2021.
mivacuna.sispro.gov.co, vacunación, como requisito de de 2021.
en el que se evidencie, ingreso a: (i) eventos
como mínimo, el inicio del presenciales de carácter público Para
esquema de vacunación, o privado que impliquen mayores de
como requisito de ingreso asistencia masiva y, (ii) bares, 12 años,
a: (i) eventos presenciales gastrobares, restaurantes, cines, desde el 30
de carácter público o discotecas, lugares de baile, de
privado que impliquen conciertos, casinos, bingos y noviembre
asistencia masiva y, (ii) actividades de ocio, así como de 2021.
bares, gastrobares, escenarios deportivos, parques Requisito N/A Para
restaurantes, cines, de diversiones y temáticos, esquena de mayores de
discotecas, lugares de museos, y ferias. vacunación 18 años,
baile, conciertos, casinos, completo (2 desde el 14
bingos y actividades de Parágrafo 1. El cumplimiento de dosis) de diciembre
ocio, así como escenarios las normas aquí dispuestas de 2021.
deportivos, parques de estará a cargo de los
diversiones y temáticos, propietarios, administradores u Para
museos, y ferias. organizadores de eventos mayores de
presenciales de carácter público 12 años,
Parágrafo 1. El o privado que impliquen desde el 28

10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de diciembre de 2021.
Expediente 11001-23-33-000-2021-07893-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de enero de 2022.
Expediente 11001-13-15-000-2021-07578-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de febrero de 2022.
Expediente 11001-13-15-000-2022-00108-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de febrero de 2022.
Expediente 11001-13-15-000-2021-10112-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-10649-00
Accionante: Leonardo Alberto Muñoz

cumplimiento de las asistencia masiva y en aquellos de diciembre
normas aquí dispuestas lugares antes señalados. En de 2021.
estará a cargo de los caso de incumplimiento las
propietarios, autoridades competentes
administradores u adelantarán las acciones
organizadores de eventos correspondientes.
presenciales de carácter
público o privado que Parágrafo 2. La exigencia del
impliquen asistencia carné de vacunación contra el
masiva y en aquellos Covid-19 o certificado digital de
lugares antes señalados. vacunación disponible en el link: En ambos decretos se exceptúa de ambas
En caso de rnivacuna.sispro.gov.co, en el medidas a la población entre 0 y 12 años.
incumplimiento las que se evidencie, como mínimo,
autoridades competentes el inicio del esquema de 2) Se agregan los siguientes parágrafos:
adelantarán las acciones vacunación, como requisito de
correspondientes. ingreso para las actividades aquí Parágrafo 3: Min. Salud y Min. Interior podrán
dispuestas entrará en vigencia a ampliar las medidas a otras actividades o sectores. Parágrafo 2. La exigencia partir del 1 de diciembre de 2021
del carné de vacunación para mayores de 12 años; se Parágrafo 4. Las personas que hacen parte de
contra el Covid-19 o exceptúa de esta medida a la una investigación con vacunas AntiCOVID-19
certificado digital de población entre 0 y menor a 12 deberán presentar un certificado que los acredite
vacunación disponible en años. como tal.
el link:
mivacuna.sispro.gov.co, La exigencia del carné de Parágrafo 5. Día libre para servidores públicos y
en el que se evidencie, vacunación contra el Covid-19 o trabajadores oficiales que en el mes de diciembre
como mínimo, el inicio certificado digital de vacunación completen sus esquemas de vacunación o
del esquema de disponible en el link: apliquen dosis de refuerzo.
vacunación, como mivacuna.sispro.gov.co, en el
requisito de ingreso para que se evidencie el esquema de Parágrafo 6. Insta al sector privado a otorgar un
las actividades aquí vacunación completo -mínimo día libre a empleados o contratistas que en el mes
dispuestas entrará en dos dosis-, como requisito de de diciembre completen sus esquemas de
vigencia a partir del 16 de ingreso para las actividades aquí vacunación o apliquen dosis de refuerzo.
noviembre de 2021 para dispuestas, entrará en vigencia
mayores de 18 años y a partir del 14 de diciembre de
desde el 30 de noviembre 2021 para mayores de 18 años; *EN EL DECRETO 1408 EL PARÁGRAFO 3
de 2021 para mayores de y desde el 28 de diciembre de DECÍA: 12 años; se exceptúa de 2021 para mayores de 12 años; Parágrafo 4. El Ministerio de Salud y Protección
esta medida a la población se exceptúa de esta medida a la Social en conjunto con el Ministerio del Interior,
entre O y 12 años. población entre y 12 años. quedan facultados para determinar la fecha desde
la cual se realizar la exigencia de carné con
Parágrafo 3. El Ministerio Parágrafo 3. El Ministerio de esquema de vacunación completo.
de Salud y Protección Salud y Protección Social en
Social en coordinación coordinación con el Ministerio  Esto se definió para el Decreto 1615 de 2021.
con el Ministerio del del Interior, podrá ampliar esta
Interior, podrá ampliar medida a otras actividades o
esta medida a otras sectores, de acuerdo con la
actividades o sectores, de evolución de la pandemia contra
acuerdo con la evolución el Covid -19 Y el avance del
de la pandemia contra el Plan Nacional de Vacunación. Covid -19 Y el avance del
Plan Nacional de Parágrafo 4. Las personas que
Vacunación. hacen parte de una
investigación con vacunas
Parágrafo 4.

El Ministerio AntiCOVID-19 aprobados por el
de Salud y Protección Instituto Nacional de Vigilancia
Social en conjunto con el de Medicamentos y Alimentos -
Ministerio del Interior, INVIMA-, como requisito de
quedan facultados para ingreso para las actividades aquí
determinar la fecha desde dispuestas deberán presentar el
la cual se realizar la certificado emitido por el Centro
exigencia de carné con de Investigación en el que se
esquema de vacunación está desarrollando el ensayo
completo. clínico que los acredite como
personas en investigación
clínica con vacunas contra el
Covid-19.

Parágrafo 5. El Gobierno
Nacional dará un día libre en el
primer trimestre del 2022 a los
servidores públicos y
trabajadores oficiales que en el
mes de diciembre completen sus
esquemas de vacunación o
apliquen dosis de refuerzo en
los tiempos y ciclos establecidos
por el Ministerio de Salud y
Protección Social.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-10649-00
Accionante: Leonardo Alberto Muñoz

Parágrafo 6. El Gobierno
Nacional insta al sector privado
a otorgar un día libre en el
primer trimestre del 2022 a los
empleados o contratistas que en
el mes de diciembre completen
sus esquemas de vacunación o
apliquen dosis de refuerzo en
los tiempos y ciclos establecidos
por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Artículo 3. Criterio y 1) Se agrega este artículo sobre CRITERIO Y
condiciones para el desarrollo CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
de las actividades bajo LAS ACTIVIDADES BAJO ESQUEMAS DE
esquemas de vacunación VACUNACIÓN COMPLETOS:
completos. El desarrollo de
todas las actividades aquí - Se debe exigir sin excepción en todo evento o
dispuestas se realizarán, de lugar el carnet de vacunación completo de acuerdo
acuerdo con los siguientes con las fechas anteriormente señaladas.
criterios:
Todo evento presencial de - Puede haber un aforo del 100% cuando se
carácter público o privado que cumpla con el criterio y condición.
implique asistencia masiva a
bares, gastrobares,
restaurantes, cines, discotecas,
lugares de baile, conciertos,
casinos, bingos y actividades de
ocio, así como escenarios
deportivos, parques de
diversiones y temáticos,
museos, y ferias deberá exigir
sin excepción el carnet de
vacunación con esquema
completo de acuerdo con las
fechas señaladas en el artículo
anterior. Los aforos podrán ser
del 100% de acomodación
cuando se cumpla con este
criterio y condición.
Artículo 3. Artículo 4. Comunicación de N/A
Comunicación de las las medidas y órdenes en
medidas y órdenes en materia de orden público
materia de orden público emitidas por alcaldes y
emitidas por alcaldes y gobernadores. Las
gobernadores. Las instrucciones y órdenes que
instrucciones y órdenes emitan los gobernadores y
que emitan los alcaldes municipales y distritales
gobernadores y alcaldes en materia de orden público, con
municipales y distritales relación a la emergencia
en materia de orden sanitaria por causa del
público, con relación a la Coronavirus COVID19 deben
emergencia sanitaria por ser previamente justificadas y
causa del Coronavirus comunicadas al Ministerio del
COVID-19 deben ser Interior, y deberán ser
previamente justificadas y autorizadas por esta entidad.
comunicadas al Ministerio
del Interior, y deberán ser
autorizadas por esta
entidad.
Artículo 4. Vigencia. El Artículo 5. Vigencia. El El Decreto número 1615 de 2021 deroga
presente Decreto rige a presente Decreto rige a partir de expresamente el Decreto 1408 de 2021.
partir de su expedición. su publicación y deroga
el Decreto 1408 del 3 de
noviembre de 2021.

20. En virtud de lo expuesto, para la Sala es claro que, dadas las diferencias
anteriormente advertidas, será el juez ordinario -o constitucional- que conozca de las
correspondientes acciones judiciales en contra del Decreto 1615 de 2021, el
llamado a emitir el pronunciamiento a que hubiere lugar.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2022-10649-00
Accionante: Leonardo Alberto Muñoz

21. Con fundamento en los anteriores razonamientos, la Sala declarará la carencia
actual de objeto por sustracción de materia, tal como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de
materia del mecanismo de amparo de la referencia, de conformidad con las
consideraciones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, se REMITIRÁ el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el
artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

P:(29)

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