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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11177-00

Fecha
25 de febrero de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11177-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: Disponer la DESACUMULACIÓN del presente expediente de las acciones de tutela números 11001-03-15-000-2021-10994-0026, 11001-03-15-000- 2021-10547-0027, 11001-03-15-000-2021-10560-0028 y 11001-03-15-000-2021- 10472-0029, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia de las acciones de tutela números 11001-03-15-000-2021-11177-0030, 11001-03-15- 000-2021-11470-0031, 11001-03-15-000-2021-10753-0032, 11001-03-15-000-2021-11752- 0033, 11001-03-15-000-2021-11732-0034, 11001-03-15-000-2021-11383-0035, 11001-03- 15-000-2021-11545-0036, 11001-03-15-000-2021-11599-0037, 11001-03-15-000-2021- 11676-0038, 11001-03-15-000-2021-11733-0039, 11001-03-15-000-2021-11319-0040, 24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de diciembre de 2021. Expediente 11001-23-33-000-2021-07893-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de enero de 2022. Expediente 11001-13-15-000-2021-07578-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 26 Promovido por el señor Juan Sebastián Chávez Colorado. 27 Promovido por la señora Karen Lorena Álvarez Carvajal. 28 Promovido por la señora Ana Patricia Ortiz Herrera. 29 Promovido por el señor Uriel Manuel Úsuga Guisao. 30 Promovido por el señor Miller Manrique Saavedra. 31 Promovido por la señora Yenny Patricia López Castro. 32 Promovido por la señora Katherine Vanessa González Lopera. 33 Promovido por el señor Jesús Zabala Lara. 34 Promovido por el señor Juan David Vega Guzmán. 35 Promovido por el señor Leyson Alejandro Palacios García. 36 Promovido por la señora Lilia Rosa Correa. 37 Promovido por la señora Mercedes Mur Ruiz. 38 Promovido por la señora Lorena Moreno. 39 Promovido por la señora Gloria Amparo Fiquitiva Segura. 18 Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros 11001-03-15-000-2022-00220-0041, 11001-03-15-000-2021-09870-0042, 11001-03-15-000- 2021-09917-0043, 11001-03-15-000-2021-09982-0044, 11001-03-15-000-2021-10017-0045, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11177-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

25 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00
Accionante: MILLER MANRIQUE SAAVEDRA Y OTROS1
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA – MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL – MINISTERIO DEL INTERIOR –
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO -
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se declara la carencia actual de objeto por
sustracción de materia porque el acto administrativo acusado fue
expresamente derogado

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la parte actora en contra del
Presidente de la República2, del Ministerio de Salud y Protección Social, del
Ministerio de Interior y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Miller Manrique Saavedra junto con otros ciudadanos -a través de
distintas acciones de tutela- solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a
la libertad de locomoción, a la libertad de conciencia, reunión y manifestaciones
públicas, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la vida
digna, a la dignidad humana, a la libertad de expresión e información, a la
intimidad, de asociación y a la honra, los cuales fueron presuntamente
transgredidos por los aquí accionados, como consecuencia de la expedición del
Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 20213.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en los distintos escritos de amparo objeto de este
pronunciamiento, los hechos y razones que motivaron el ejercicio de la acción de
tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

1
La Sala resolverá las acciones de tutelas que fueron acumuladas al expediente de la referencia y que se encuentran
debidamente identificadas en la parte resolutiva de esta decisión.
2
La Sala entiende que la demanda de tutela se presentó en contra del Presidente de la República.
3
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
COVIO - 19, Y el mantenimiento del orden público”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

2.1. Manifestaron que, a través del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 2021,
se dispuso que las entidades territoriales debían adicionar a los protocolos de
bioseguridad la presentación del carné o el certificado digital de vacunación contra la
enfermedad de Covid-19 para eventos presenciales que impliquen asistencia masiva
y para el ingreso a «[…] bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares
de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios
deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias […]».

2.2. Afirmaron que, desde la expedición del Código de Nüremberg de 20 de agosto de
1947, la autonomía del paciente es un derecho esencial, por lo que nadie puede ser
obligado a recibir un tratamiento en contra de su voluntad.

2.3. Señalaronque, debido a las medidas adoptadas en el referido decreto, las
entidades accionadas están coaccionando a todos los habitantes que, por razones
médicas, de conciencia o de culto han decido autónomamente no aplicarse la
vacuna contra la Covid-19.

2.4. Adujeron que el Decreto 1408 de 2021 desconoce las siguientes normas: i) los
artículos 5° y 6° de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos; ii)
el literal d) del artículo 10 de la Ley Estatutaria de la Salud número 1751 de 2015, y
iii) el literal a) del artículo 152 de la Constitución Política.

2.5. Indicaron que la evidencia científica permitía concluir que las vacunas contra la
Covid-19 no inmunizan al vacunado, por el contrario, puede ocasionar daños nocivos
a su salud.

2.6. Consideraronque resulta arbitrario, discriminatorio e inconstitucional que se
adopten las medidas previstas en el Decreto 1408 de 2021, ya que se está partiendo
de la premisa consistente en que las personas no vacunadas son un peligro para la
sociedad.

2.7. Expusieron,
además, que resulta inconstitucional que el Gobierno Nacional
adopte esta medida pese a que, a su juicio, no se ha garantizado el acceso a la
primera y segunda dosis a todos los colombianos.

2.8. Sostuvieron
que el Decreto 1408 de 2021 resulta lesivos de sus derechos
fundamentales, en síntesis, por las siguientes razones:

i) Como primer argumento adujeron que el decreto enjuiciado era inconstitucional
porque el ejecutivo carecía de competencia para limitar, regular y restringir el
ejercicio de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, señalaron que a la
luz del literal a) del artículo 152 constitucional «los derechos fundamentales de las
personas deben regularse y únicamente pueden limitarse por medio de leyes
estatutarias».

3

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

Por lo anterior, indicaron que únicamente el Congreso de la República, a través de
una ley estatutaria, era el órgano facultado para establecer la medida obligatoria
de presentación del carné de vacunación contra la Covid-19.

ii) En segundo lugar, argumentaron que la exigencia del carné vulneraba su
derecho a la libertad de locomoción, en tanto que les impide acudir a espacios
públicos para desarrollar las actividades cotidianas de relacionamiento social y de
ocio.

iii) En tercer lugar, señalaron que el decreto enjuiciado transgredía el derecho a
la reunión porque no se les permitiría «reunirnos en espacios públicos y privados
que impliquen aglomeración», a menos que se encuentren vacunados.

iv) En cuarto lugar, adujeron que se vulneraba el derecho fundamental a la
libertad de conciencia porque los actores, bajo el amparo del artículo 18
constitucional, se consideraban objetores de conciencia en relación con la
aplicación de la vacuna.

En consonancia con esto, señalaron que nuestra constitución establece que
«nadie puede ser obligado a actuar en contra de sus convicciones»; y que a través
del decreto enjuiciado se les está coaccionando para que actúen en contra de sus
convicciones y de su conciencia, porque si no se vacunan no podrían asistir a
ninguno de los espacios contemplados en el artículo 2º del Decreto 1408 de 2021.

v) Como quinto argumento, sostuvieron que se vulneraba el derecho al trabajo,
ya que están ante el perjuicio real e irremediable de no realizar con normalidad las
actividades laborales que a diario desarrollan y que, en muchos casos, las realizan
en los espacios en que se requiere que se presente el carné de vacunación.

vi) En sexto lugar, afirmaron que se vulnera el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, toda vez que el decreto censurado está impidiendo que decidan
libremente no vacunarse contra la Codiv-19.

vii) En séptimo lugar, manifestaron que se vulnera el derecho a la igualdad entre
las personas vacunadas y las que libremente han decidido no vacunarse porque
se les está dando un trato diferenciado y discriminatorio por el simple hecho de
haber decidido de manera autónoma y libre no recibir la vacuna contra la Covid-
19.

También indicaron que las medidas adoptadas eran desproporcionadas e
irrazonables, ya que estaba comprobado científicamente que la vacuna no
previene el contagio y, además, causa efectos secundarios, y por ello resulta
innecesario el trato discriminatorio.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

viii) Como octavo argumento señalaron que el Decreto vulneraba el derecho
fundamental a la vida digna y a la dignidad humana porque autónomamente
decidieron no vacunarse y las medidas adoptadas los sometían «a una
discriminación pública y privada», desconociendo que como sujetos morales
tienen el derecho a decidir sobre sus vidas, sin ser discriminados por tal motivo.

ix) En noveno lugar indicaron que se transgredía el derecho a la información
porque el decreto acusado: a) omitía señalar que la vacuna causa efectos
secundarios graves como la miocarditis aguda, la pericarditis, etc; b) omitía
señalar que en la actualidad se desconocen los efectos secundarios de la vacuna
en el mediano y en el largo plazo; y, además, c) el Gobierno ocultaba las cifras de
personas fallecidas como consecuencia de la aplicación de la vacuna.

III. PRETENSIÓN

3. Elextremo accionante fue unánime en solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales a la libertad de locomoción, a la libertad de conciencia, reunión y
manifestaciones públicas, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la
igualdad, a la vida digna, a la dignidad humana, a la libertad de expresión e
información, a la intimidad, de asociación y a la honra y que, como consecuencia
de ello, se deje sin efectos el Decreto 1408 de 2021.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Sección a cargo de la sustanciación del presente proceso,
mediante auto de 9 de diciembre de 2021, admitió la acción de tutela promovida
por el ciudadano Miller Manrique Saavedra en contra de la Presidencia de la
República, de los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social y de
Comercio, Industria y Turismo. En la misma providencia, se negó la medida
provisional solicitada por el accionante.

5. En cumplimiento de lo anterior y una vez agotado todo el trámite secretarial por
parte de la Secretaría General de la Corporación, el expediente de la referencia
fue ingresado al despacho del consejero sustanciador de esta Sección el 18 de
enero de 2022.

6. Posteriormente, mediante providencia de 24 de enero de 2022, el despacho a
cargo de la sustanciación del presente proceso ordenó la acumulación de 121
expedientes que fueron remitidos para tal fin, los cuales se encuentran
plenamente identificados en las decisiones referidas4.

7. Cabe señalar que el presente expediente ingresó al despacho sustanciador del
proceso -para fallo- el 14 de febrero de 2022, luego de que la Secretaría General de

4
Dada la cantidad de expedientes se estima pertinente no volverlos a identificar.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

esta Coporación adelantará todo el trámite de notificación del auto de 24 de enero
de este año.

V. INTERVENCIONES

8. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas, se produjeron las
siguientes intervenciones:

8.1. El Presidente de la República, a través de apoderada judicial, rindió informe
en el que desarrolló los siguientes temas: i) el estado actual de la pandemia; ii) los
avances en las coberturas de vacunación en el país; iii) la efectividad y seguridad
de las vacunas; iv) la evidencia sobre la necesidad de alcanzar altas coberturas
de vacunación para evitar nuevos picos, y v) el aumento de casos de Covid-19 en
niños (as) y adolescentes, entre otros.

8.2. Seguidamente indicó que la solicitud de amparo no cumplía con el requisito de
la subsidiariedad, en tanto que:

[…] 1. La parte accionante sí cuenta con un mecanismo de defensa judicial
que le permite controvertir la constitucionalidad y legalidad del Decreto 1408
de 2021, el cual se encuentra regulado por la normatividad contenciosa
administrativa.

2. Con la expedición del Decreto 1408 de 2021, se fijan restricciones
razonables para que la determinación personal de los anti vacunas no afecte
la vida del resto de la población y haga viable la vida en sociedad en tiempos
de pandemia. Es decir, que la norma impugnada propende por la protección
de derechos fundamentales de todos los ciudadanos y residentes en
Colombia, por cuanto procura la garantía de derechos como la protección a la
vida y la salud.

3. En el desarrollo de la presente contestación, se pondrá de presente que con
la expedición del Decreto 1408 de 2021, así como con las múltiples decisiones
adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria,
producto de la pandemia del COVID 19, se propende por la garantía de
derechos de todo el colectivo, para evitar o para mitigar los daños irreparables
que ya hemos padecido, como las pérdidas humanas, o las nefastas
consecuencias en la sostenibilidad financiera de un sin número de hogares
[…].

8.3. Adicionalmente, indicó que «[…] con la medida que se adopta no se está
afectando la subsistencia de la accionante ni de ninguno de los
coasociados, comoquiera que la exigencia del carné de vacunación para asistir a
lugares como: bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de
baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, y en general lugares de
alta conglomeración, no afectan, en el marco de una pandemia, - donde incluso, la
totalidad de los ciudadanos debimos restringir la movilidad de manera total- , la
subsistencia de los seres humanos […]».

6

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

8.4. Igualmente, al referirse a la configuración del perjuicio irremediable en el caso
que nos ocupa, señaló lo siguiente: «[…] en el caso particular y concreto no se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el
recurso de amparo […]».

8.5. Deotra parte, resaltó que la parte actora no se encuentra legitimada en la
causa por activa para promover el presente mecanismo de amparo, dado que
asume «[…] la vocería de toda la sociedad y de terceros en particular, sin que se
acredite que actúa como como representante legal, jurídico o agente oficiosos de
ninguna otra persona […]».

8.6. Con base en los argumentos expuestos, arribó a las siguientes conclusiones:

[…] 1. La acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial con un
carácter residual y subsidiario, en consecuencia, se advierte que en el caso
particular y concreto no se cumple con el criterio de subsidiariedad, por cuanto
la parte actora no demuestra una afectación directa y subjetiva a sus derechos
presuntamente vulnerados con la expedición del Decreto 1408 de 2021, en
tanto realiza suposiciones generales e incluso inciertas, que no se proyectan
hacia la materialización de un perjuicio irremediable.

2. Pese a que se enuncian una serie derechos que supuestamente afectan a
la accionante, surge un debate donde se involucran derechos cuya titularidad
corresponde a toda la sociedad. Luego entonces, no acredita o demuestra que
la vulneración alegada de sus derechos fundamentales sea una afectación
directa y subjetiva. Así como tampoco demuestra que con la entrada en vigor
del Decreto 1408 de 2021, se genere un perjuicio irremediable inminente,
urgente, cierto e Impostergable

3. De otro lado, pese a las manifestaciones esbozadas por quien acciona, lo
cierto es que la vacunación en contra del COVID 19, no tiene un carácter
obligatorio de conformidad con la Ley 2064 de 2020 y con el Decreto 109 de
2021.

4. La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir la legalidad
de un acto administrativo de carácter general e impersonal como lo es el
Decreto 1408 de 2021.

5. El Decreto 1408 de 2021, surge como una respuesta estatal para mitigar los
efectos nocivos de la pandemia generada por el COVID 19 en el marco de la
emergencia sanitaria, con la finalidad de proteger la salud y la vida,
prevaleciendo el principio constitucional del interés general. A pesar de que
las medidas farmacológicas y no farmacológicas han mostrado un impacto
positivo en el número de casos y fallecidos, algunos países han empezado a
sufrir incrementos en el número de casos. Lo cual evidencia que se deben
mantener los esfuerzos hacia el control de la pandemia.

6. En el caso particular y concreto no obra prueba siquiera sumaria de la
presunta vulneración de los derechos deprecados, por parte de esta cartera
ministerial, soslayado el principio “onus probandi incumbit actori”. En este
sentido, más allá de manifestaciones subjetivas sostenidas por la parte actora
no se acredita la vulneración o amenaza de un derecho fundamental […].

8.7. Como consecuencia de todo lo anterior, solicitó lo siguiente:

7

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

[…] PRIMERO: NEGAR por IMPROCEDENTE el amparo solicitado por cuanto
nos encontramos ante (i) la ausencia del requisito de subsidiariedad; (ii) por
cuanto no obra prueba siquiera sumaria que acredite la supuesta
vulneración de derechos fundamentales por parte del Gobierno Nacional y
(iii) por falta de legitimación en la causa por activa.

En su defecto, solicitamos negar el amparo solicitado por cuanto no se ha
vulnerado ninguno de los derechos fundamentales de quien acciona con la
expedición por parte del Gobierno nacional del Decreto 1408 por cuanto: Las
medidas restrictivas para las personas que no quieren vacunarse están
justificadas constitucionalmente, pues: (i) No obliga a la vacunación contra la
Covid-19 a ningún ciudadano colombiano; (ii) es razonable y está encaminada
permitir la vida en sociedad y económica en medio de la pandemia,
protegiendo la salud en conexidad con la vida de todos los colombianos y
residentes en el país, y en ese sentido se justifica la limitación al derecho a la
libertad de locomoción; (ii) desarrolla el principio de solidaridad que sustenta la
prestación de servicios de salud - artículos 48, 49 Y 95 de la Constitución
Política-; y (iii) no es discriminatoria y encuentra plena justificación en el hecho
de que no se interviene en la decisión de no vacunarse, pero acude a la
restricción como único mecanismo para evitar que la población no vacunada
facilite la circulación del virus y el riesgo de mutación, lo que gravemente sí
afecta o al menos pone en riesgo la vida de todos los colombianos y
residentes en el país […].

8.8. Los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social y de Comercio,
Industria y Turismo, por intermedio de sus apoderados judiciales y a través de
escritos separados, rindieron informes en los que plasmaron argumentos
coincidentes con aquellos expuestos por el Presidente de la República e,
igualmente, solicitaron que se declarara improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia o que, en su defecto, el mismo se negara, ante la ausencia de
vulneración de los derechos que se afirman transgredidos.

8.9. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto
en el que indicó que el presente mecanismo de amparo devenía improcedente,
dado que lo pretendido por la actora es controvertir el Decreto 1408 de 2021 y,
para tal efecto, el ordenamiento jurídico ha previsto otros medios de defensa. En
tal sentido, expuso lo siguiente:

[…] De la lectura del texto de la demanda, es posible inferir que la presente
acción va encaminada a suspender los efectos del Decreto 1048 de 2021, no
siendo el mecanismo jurídico de la tutela el idóneo para tal fin, pues se trata
de un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, misma que
solamente podría cuestionarse o desvirtuarse haciendo uso de los medios de
control de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho o de nulidad por
inconstitucionalidad; en otras palabras, la legislación Colombiana contempla
otros mecanismos de defensa para propender por la cesación de los efectos
de un acto administrativo, lo que para el caso que nos ocupa torna en
improcedente la tutela incoada […].

8.10. Igualmente,
aseguró que, en todo caso, el Decreto 1408 de 2021 no
vulnera ninguna garantía constitucional porque «[…] de la lectura del texto de
esta norma es posible dilucidar que no existe tal constreñimiento, dado que

8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

en ninguno de sus apartes contempla que sea obligatorio aplicarse alguna de
las vacunas del COVID-19, lo cual guarda coherencia con la manera en que
se ha implementado el Plan Nacional de Vacunación, el cual es
absolutamente voluntario […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

9. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela
presentada por la parte accionante en contra del Presidente de la República, del
Ministerio de Salud y Protección Social, del Ministerio de Interior y del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en virtud de lo previsto en el
Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, en concordancia con el artículo 1º del
Decreto 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de
tutela.

VI.2. Cuestión previa - De la desacumulación -ruptura de la unidad procesal-
de algunos de los expedientes acumulados por haberse ampliado el escrito
inicial de amparo

10. El despacho a cargo de la sustanciación del proceso, a través del auto de 24 de
enero de 2022, ordenó la admisión y acumulación de 121 expedientes de tutela
remitidos por los distintos despachos judiciales del país, los cuales tienen por
objeto dejar sin efectos el Decreto número 1408 de 2021. Tal decisión se profirió
teniendo en cuenta que se cumplían los requisitos contemplados en los artículos
2.2.3.1.3.1. y 2.2.3.1.3.3 del Decreto No. 1834 de 2015.

11. Ahora bien, en el trámite de la presente acción de tutela, los accionantes en los
expedientes números 11001-03-15-000-2021-10994-007, 11001-03-15-000-2021-
10547-008, 11001-03-15-000-2021-10560-009 y 11001-03-15-000-2021-10472-
0010; ampliaron el escrito inicial de amparo, en el sentido de indicar que el
Decreto número 1615 de 30 de noviembre de 2021, al regular la obligatoriedad
de la exigencia del carné de vacunación para ingresar a ciertos lugares, también
vulneraba sus derechos fundamentales, en tanto que mantuvo las medidas
adoptadas inicialmente en el Decreto 1408, razón por la que solicitan que se tenga
como nueva norma cuestionada por esta vía constitucional.

5
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
Promovido por el señor Juan Sebastián Chávez Colorado.
8
Promovido por la señora Karen Lorena Álvarez Carvajal.
9
Promovido por la señora Ana Patricia Ortiz Herrera.
10
Promovido por el señor Uriel Manuel Úsuga Guisao.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

12. En vista de lo anterior, y comoquiera que la ampliación realizada por los actores
al escrito inicial de tutela constituye una modificación a las pretensiones -porque se
solicita dejar sin efectos el Decreto No. 1615 de 30 de noviembre de 2021, que derogó el Decreto
No. 1408 del 3 de noviembre de 2021-, así como una variación del objeto de la acción de
tutela, y también la vinculación de una nueva entidad a la parte pasiva -porque se
solicita la vinculación del Departamento Administrativo Para la Función Pública-, la Sala
estima necesario desacumular11 los procesos relacionados en el numeral 10 de
este ordinal del presente trámite constitucional, para que el despacho a cargo de
la sustanciación de los mismos se pronuncie al respecto.

VI.3. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se configuró o no la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, con ocasión de la derogatoria expresa del Decreto
1408 de 2021, de no ser así, determinar:

b) Si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra acto administrativo.

c) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por los actores como consecuencia de la expedición del Decreto
número 1408 de 3 de noviembre de 2021.

VI.4. Caso concreto

14. El extremo accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
libertad de locomoción, a la libertad de conciencia, de reunión y manifestaciones
públicas, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la vida
digna, a la dignidad humana, a la libertad de expresión e información, a la
intimidad, de asociación y a la honra, los cuales fueron presuntamente
transgredidos por el Presidente de la República, por el Ministerio de Salud y
Protección Social, por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, como consecuencia de la expedición del Decreto
número 1408 de 3 de noviembre de 202112.

VI.4.1. De la legitimación en la causa por activa en el sub judice

15. El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 establece que toda persona
tiene a su disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o

11
Ver Auto 295 de 16 de julio de 2017, Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión.
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus
12

COVIO - 19, Y el mantenimiento del orden público”.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública o por los
particulares encargados de la prestación de un servicio público, o respecto de
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

16. Precisamente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991,
que se refiere a la legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé lo
siguiente:

[…] La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su representante.
Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […].

17. Atendiendo a lo dispuesto en la norma previamente transcrita, se entiende que
el titular de los derechos fundamentales que se estiman amenazados o vulnerados
puede ejercer la acción de tutela: i) por sí mismo o actuando mediante apoderado
judicial, o ii) a través de agente oficioso13, quien deberá manifestar que actúa
como tal y acreditar las razones por las cuales el titular de los derechos
fundamentales que se estiman amenazados o conculcados no puede ejercer por
sí mismo su propia defensa.

18. Alrespecto, la Corte Constitucional14, en múltiples oportunidades, se ha
pronunciado frente a la legitimación en la causa para ejercer la acción de tutela,
señalando lo siguiente:

[…] En estos términos, y no obstante la informalidad que caracteriza a la
acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que su ejercicio
está sujeto al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad que
se deben acreditar en cada caso concreto, entre los cuales se encuentra la
legitimación en la causa por activa, con la cual se pretende asegurar que el
accionante tenga un interés directo y particular en lo reclamado, y que en este
sentido, se busque la protección de un derecho fundamental del propio
demandante y no de otra persona […]”15. (negrillas fuera del texto)

19. Igualmente,la jurisprudencia constitucional ha establecido que es posible
presentar la acción de tutela cuando el titular del derecho amenazado o vulnerado
se encuentra en imposibilidad de acudir a la justicia, a través de la figura de la
agencia oficiosa, para lo cual se requiere verificar: i) que exista una manifestación

13
La Corte Constitucional, por auto 312 de 29 de noviembre de 2001. (M.P. Jaime Araujo Rentería) mencionó que: “La causa
activa corresponde a la titularidad del demandante respecto de los derechos fundamentales infringidos, la capacidad para
actuar en representación de otros a quienes resulta imposible defender directamente sus propios derechos, o la capacidad
para actuar como apoderado judicial de acuerdo con los requerimientos legales para el efecto”.
14
Corte Constitucional, sentencia T-552 de 2006. M.P.: Jaime Córdoba Triviño; sentencia T-213 de 26 de abril de 2016.
M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
15
Sentencia T-176 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

del agente oficioso para actuar como tal; ii) que se indique en el escrito de tutela,
o que se pueda inferir del mismo, que el titular del derecho fundamental no está en
condiciones físicas o mentales de promover su propia defensa, y iii) que el sujeto
o los sujetos agenciados se encuentren plenamente identificados16.

20. Por todo lo anterior, para la Sala es dable concluir que, pese a la informalidad
que rige en las acciones de tutelas, quien promueva esta acción constitucional
tiene que ser la persona directamente afectada en el goce de sus derechos
fundamentales, en nombre propio o a través de apoderado judicial, o manifestar que
actúa como agente oficioso de quien materialmente no puede ejercer la acción, de lo
contrario, no podría hablarse de legitimación en la causa por activa.

21. En el caso sub examine, las entidades públicas accionadas manifestaron que la
parte actora no se encuentra legitimada en la causa por activa para promover el
presente mecanismo de amparo, dado que asume «[…] la vocería de toda la
sociedad y de terceros en particular, sin que se acredite que actúa como como
representante legal, jurídico o agente oficiosos de ninguna otra persona […]».

22. Sinembargo, para la Sala es claro que los accionantes sí se encuentran
legitimados en la causa por activa para promover la acción de amparo de la
referencia, por cuanto ellos son los titulares de los derechos fundamentales que se
aducen trasgredidos con ocasión de la expedición del Decreto 1408 de 2021.

23. Valga resaltar que los actores en ningún momento están pretendiendo que se
amparen los derechos fundamentales de la ciudadanía en general o de terceros;
por el contrario, en todas sus demandas fueron enfáticos en solicitar única y
exclusivamente la protección de sus garantías fundamentales.

24. Con fundamento en las anteriores premisas, para la Sala no son de recibo los
argumentos expuestos por la parte accionada en relación con la falta de
legitimación en la causa por activa los aquí accionantes y, por ende, se
desestimará el planteamiento asociado a la falta de legitimación en la causa por
activa propuesta.

VI.3.2. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia con
ocasión de la derogatoria expresa del Decreto 1408 de 2021

25. En relación con la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de
Decisión en reciente providencia de 9 de septiembre de 202117 precisó que dicho
fenómeno jurídico se presenta en las siguientes eventualidades: «[…] i) por hecho
superado, cuando por alguna conducta del obligado se supera la afectación a los
derechos invocados de tal manera que resulte innecesario el pronunciamiento del
juez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los derechos

16
SU-707 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp.
11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

12

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Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de fondo sobre
las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de materia […]».

26. Particularmente, y en lo atiente a la carencia actual de objeto por sustracción
materia, la Sala concluyó que tal figura: «[…] se configura en aquellos casos en
que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe
tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y,
en consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden
alguna de protección del derecho fundamental invocado […]».

27. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha indicado lo siguiente:

[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:

“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de
los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a
todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción18” […] (negrillas fuera del texto).

28. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida
como un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los
derechos fundamentales de las personas y debido a esto, al desaparecer las
causa que da origen a dicha vulneración, como sería, por ejemplo, la derogatoria
de del acto administrativo que presuntamente vulnera las garantías fundamentales

18
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-653 de 17 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

del accionante, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo de
protección judicial.

29. En este contexto, se pone de relieve que el Decreto número 1408 de 3 de
noviembre de 2021 fue derogado expresamente por el artículo 5º del Decreto
número 1615 de 30 de noviembre de 202119, norma cuyo tenor literal prescribe:
«[…] el presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408
del 3 de noviembre de 2021 […]» (negrillas fuera del texto).

30. Ahora bien, en los casos sub examine, se advierte que las pretensiones de las
distintas acciones constitucionales persiguen la protección de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y, como consecuencia de ello, se
ordene dejar sin efectos el Decreto 1408 de 2021.

31. En atención a lo anterior, y en consideración a que el objeto del presente
proceso consiste en que se suspendan los efectos del Decreto número 1408 del 3
de noviembre de 2021, para la Sección es claro que en el caso de autos se
configura la carencia actual de objeto por sustracción de materia, en el
entendido que el acto administrativo que presuntamente vulneró los
derechos fundamentales de los accionantes, no está surtiendo efectos
jurídicos en este momento, debido a su derogatoria expresa.

32. Cabe resaltar que, con ocasión de la derogatoria expresa del Decreto 1408 de
2021, al tenor literal numeral 5° del artículo 91 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA20, se materializa el
supuesto normativo denominado «pérdida de ejecutoriedad del acto
administrativo» como fenómeno derivado, en este caso concreto, de la falta de
vigencia del referido acto administrativo21.

33. Es pertinente poner de relieve que el atributo de la ejecutoriedad hace
referencia a que un determinado acto administrativo, una vez en firme, sea
exigible y produzca efectos jurídicos, circunstancia que no se presenta en este
caso en razón a la referida derogatoria.

34. Ahora
bien, es oportuno precisar que, aunque el Decreto 1408 de 2021 fue
derogado, lo cierto es que surtió efectos mientras estuvo vigente y, en ese

19
“Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021”.
20
«[…] ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa en
contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes
casos:

(…)

5. Cuando pierdan vigencia. […]».
21
«[…] ARTÍCULO 89. CARÁCTER EJECUTORIO DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES. Salvo
disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan
ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto
podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

sentido22: «[…] el hecho que un acto administrativo objeto de control no esté
produciendo efectos jurídicos no impide la realización del juicio de legalidad por
los efectos que pudo producir durante el tiempo en que estuvo vigente […]», razón
por la cual será el juez ordinario -como juez natural de este tipo de controversias- y no
el juez constitucional de tutela, el encargado de analizar la legalidad del acto y de
disponer o no la adopción de las medidas cautelares que se estimen pertinentes.

35. Sobre el particular, se pone de presente que en esta Sección actualmente
cursan más de 150 demandas instauradas en ejercicio del medio de control de
nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA, a través de las cuales se busca que
se declare la nulidad del Decreto número 1408 de 2021, siendo la primera en ser
admitida la promovida por el señor José Ignacio Morales Arriaga, con radicación
11001-03-24-000-2021-00686-0023, y en las cuales se solicitó que se decrete la
suspensión previsional del plurimencionado decreto.

36. Asimismo, es pertinente resaltar que si bien es cierto que el Decreto 1615 de
30 de noviembre de 2021 exigió nuevamente la presentación del carné de
vacunación o certificado digital para ingresar a ciertos lugares, también lo es que
este juez constitucional, en el marco de proceso de la referencia, no puede emitir
un pronunciamiento de fondo frente al mismo, en tanto que se trata de actos
administrativos distintos, autónomos e independientes y en relación a los cuales
no existe plena identidad jurídica, tal como se puede evidenciar del siguiente
cuadro comparativo:

DECRETO 1408 DE 2021 DECRETO 1615 DE 2021 DIFERENCIAS
(03 de noviembre, 2021) (30 de noviembre, 2021)
Artículo 1. Objeto. El Artículo 1. Objeto. El presente N/A
presente Decreto tiene por Decreto tiene por objeto impartir
objeto impartir instrucciones en virtud de la
instrucciones en virtud de emergencia sanitaria generada
la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus
generada por la pandemia COVID 19.
del Coronavirus COVID-
19.
Artículo 2. Exigencia del Artículo 2. Exigencia del 1) Se modificaron las fechas de exigencia del inicio
Carné de Vacunación. Carné de Vacunación. Las del esquema de vacunación y para tener el
Las entidades territoriales entidades territoriales deberán esquema de vacunación completo:
deberán adicionar a los adicionar a los protocolos de
protocolos de bioseguridad vigentes, la Decreto Decreto
bioseguridad vigentes, la presentación obligatoria del 1408 1615
presentación obligatoria carné de vacunación contra el Requisito Para Para
del carné de vacunación Covid-19 o certificado digital de inicio mayores de mayores de
contra el Covid-19 o vacunación disponible en el link: esquema de 18 años, 12 años,
certificado digital de mivacuna.sispro.gov.co, en el vacunación desde el 16 desde el 1°
vacunación disponible en que se evidencie, como mínimo, de de diciembre
el link: el inicio del esquema de noviembre de 2021.
mivacuna.sispro.gov.co, vacunación, como requisito de de 2021.
en el que se evidencie, ingreso a: (i) eventos
como mínimo, el inicio del presenciales de carácter público Para
esquema de vacunación, o privado que impliquen mayores de
como requisito de ingreso asistencia masiva y, (ii) bares, 12 años,
a: (i) eventos presenciales gastrobares, restaurantes, cines, desde el 30

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de 2021, Exp.
11001-03-24-000-2012-00323-00, C.P. Oswaldo Giraldo López. En el mismo sentido ver las siguientes providencias: de 27
de marzo de 2003, Expediente: 0171 (7095), M.P. Camilo Arciniegas Andrade; de 10 de marzo de 2010, Expediente:
11001032400020040038001, M.P. María Claudia Rojas Lasso; de sentencia de 22 de noviembre de 2012, Expediente:
11001032400020080010000, M.P. María Elizabeth García González, de 10 de mayo de 2018, Expediente 11001-03-24-
000-2008-00248-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, entre otras.
23
Fue admitida mediante auto de 25 de noviembre de 2021, por el Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

de carácter público o discotecas, lugares de baile, de
privado que impliquen conciertos, casinos, bingos y noviembre
asistencia masiva y, (ii) actividades de ocio, así como de 2021.
bares, gastrobares, escenarios deportivos, parques
restaurantes, cines, de diversiones y temáticos,
discotecas, lugares de museos, y ferias.
baile, conciertos, casinos,
bingos y actividades de Parágrafo 1. El cumplimiento de
ocio, así como escenarios las normas aquí dispuestas
deportivos, parques de estará a cargo de los
diversiones y temáticos, propietarios, administradores u Requisito N/A Para
museos, y ferias. organizadores de eventos esquena de mayores de
presenciales de carácter público vacunación 18 años,
Parágrafo 1. El o privado que impliquen completo (2 desde el 14
cumplimiento de las asistencia masiva y en aquellos dosis) de diciembre
normas aquí dispuestas lugares antes señalados. En de 2021.
estará a cargo de los caso de incumplimiento las
propietarios, autoridades competentes Para
administradores u adelantarán las acciones mayores de
organizadores de eventos correspondientes. 12 años,
presenciales de carácter desde el 28
público o privado que Parágrafo 2. La exigencia del de diciembre
impliquen asistencia carné de vacunación contra el de 2021.
masiva y en aquellos Covid-19 o certificado digital de En ambos decretos se exceptúa de ambas
lugares antes señalados. vacunación disponible en el link: medidas a la población entre 0 y 12 años. En caso de rnivacuna.sispro.gov.co, en el
incumplimiento las que se evidencie, como mínimo,
2) Se agregan los siguientes parágrafos:
autoridades competentes el inicio del esquema de
adelantarán las acciones vacunación, como requisito de
Parágrafo 3: Min. Salud y Min. Interior podrán
correspondientes. ingreso para las actividades aquí
ampliar las medidas a otras actividades o sectores.
dispuestas entrará en vigencia a
Parágrafo 2. La exigencia partir del 1 de diciembre de 2021
Parágrafo 4. Las personas que hacen parte de
del carné de vacunación para mayores de 12 años; se
una investigación con vacunas AntiCOVID-19
contra el Covid-19 o exceptúa de esta medida a la
deberán presentar un certificado que los acredite
certificado digital de población entre 0 y menor a 12
como tal.
vacunación disponible en años.
el link: Parágrafo 5. Día libre para servidores públicos y
mivacuna.sispro.gov.co, La exigencia del carné de
trabajadores oficiales que en el mes de diciembre
en el que se evidencie, vacunación contra el Covid-19 o
completen sus esquemas de vacunación o
como mínimo, el inicio certificado digital de vacunación
apliquen dosis de refuerzo.
del esquema de disponible en el link:
vacunación, como mivacuna.sispro.gov.co, en el
Parágrafo 6. Insta al sector privado a otorgar un
requisito de ingreso para que se evidencie el esquema de
día libre a empleados o contratistas que en el mes
las actividades aquí vacunación completo -mínimo
de diciembre completen sus esquemas de
dispuestas entrará en dos dosis-, como requisito de
vacunación o apliquen dosis de refuerzo.
vigencia a partir del 16 de ingreso para las actividades aquí
noviembre de 2021 para dispuestas, entrará en vigencia
mayores de 18 años y a partir del 14 de diciembre de
*EN EL DECRETO 1408 EL PARÁGRAFO 3
desde el 30 de noviembre 2021 para mayores de 18 años; DECÍA:
de 2021 para mayores de y desde el 28 de diciembre de
Parágrafo 4. El Ministerio de Salud y Protección
12 años; se exceptúa de 2021 para mayores de 12 años; Social en conjunto con el Ministerio del Interior,
esta medida a la población se exceptúa de esta medida a la
quedan facultados para determinar la fecha desde
entre O y 12 años. población entre y 12 años.
la cual se realizar la exigencia de carné con
esquema de vacunación completo. Parágrafo 3. El Ministerio Parágrafo 3. El Ministerio de
de Salud y Protección Salud y Protección Social en
→ Esto se definió para el Decreto 1615 de 2021.

Social en coordinación coordinación con el Ministerio
con el Ministerio del del Interior, podrá ampliar esta
Interior, podrá ampliar medida a otras actividades o
esta medida a otras sectores, de acuerdo con la
actividades o sectores, de evolución de la pandemia contra
acuerdo con la evolución el Covid -19 Y el avance del
de la pandemia contra el Plan Nacional de Vacunación. Covid -19 Y el avance del
Plan Nacional de Parágrafo 4. Las personas que
Vacunación. hacen parte de una
investigación con vacunas
Parágrafo 4. El Ministerio AntiCOVID-19 aprobados por el
de Salud y Protección Instituto Nacional de Vigilancia
Social en conjunto con el de Medicamentos y Alimentos -
Ministerio del Interior, INVIMA-, como requisito de
quedan facultados para ingreso para las actividades aquí
determinar la fecha desde dispuestas deberán presentar el
la cual se realizar la certificado emitido por el Centro
exigencia de carné con de Investigación en el que se
esquema de vacunación está desarrollando el ensayo
completo. clínico que los acredite como
personas en investigación

16

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

clínica con vacunas contra el
Covid-19.

Parágrafo 5. El Gobierno
Nacional dará un día libre en el
primer trimestre del 2022 a los
servidores públicos y
trabajadores oficiales que en el
mes de diciembre completen sus
esquemas de vacunación o
apliquen dosis de refuerzo en
los tiempos y ciclos establecidos
por el Ministerio de Salud y
Protección Social.

Parágrafo 6. El Gobierno
Nacional insta al sector privado
a otorgar un día libre en el
primer trimestre del 2022 a los
empleados o contratistas que en
el mes de diciembre completen
sus esquemas de vacunación o
apliquen dosis de refuerzo en
los tiempos y ciclos establecidos
por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Artículo 3. Criterio y 1) Se agrega este artículo sobre CRITERIO Y
condiciones para el desarrollo CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
de las actividades bajo LAS ACTIVIDADES BAJO ESQUEMAS DE
esquemas de vacunación VACUNACIÓN COMPLETOS:
completos. El desarrollo de
todas las actividades aquí - Se debe exigir sin excepción en todo evento o
dispuestas se realizará, de lugar el carnet de vacunación completo de acuerdo
acuerdo con los siguientes con las fechas anteriormente señaladas.
criterios:
Todo evento presencial de - Puede haber un aforo del 100% cuando se
carácter público o privado que cumpla con el criterio y condición.
implique asistencia masiva a
bares, gastrobares,
restaurantes, cines, discotecas,
lugares de baile, conciertos,
casinos, bingos y actividades de
ocio, así como escenarios
deportivos, parques de
diversiones y temáticos,
museos, y ferias deberá exigir
sin excepción el carnet de
vacunación con esquema
completo de acuerdo con las
fechas señaladas en el artículo
anterior. Los aforos podrán ser
del 100% de acomodación
cuando se cumpla con este
criterio y condición.
Artículo 3. Artículo 4. Comunicación de N/A
Comunicación de las las medidas y órdenes en
medidas y órdenes en materia de orden público
materia de orden público emitidas por alcaldes y
emitidas por alcaldes y gobernadores. Las
gobernadores. Las instrucciones y órdenes que
instrucciones y órdenes emitan los gobernadores y
que emitan los alcaldes municipales y distritales
gobernadores y alcaldes en materia de orden público, con
municipales y distritales relación a la emergencia
en materia de orden sanitaria por causa del
público, con relación a la Coronavirus COVID19 deben
emergencia sanitaria por ser previamente justificadas y
causa del Coronavirus comunicadas al Ministerio del
COVID-19 deben ser Interior, y deberán ser
previamente justificadas y autorizadas por esta entidad.
comunicadas al Ministerio
del Interior, y deberán ser
autorizadas por esta
entidad.
Artículo 4. Vigencia. El Artículo 5. Vigencia. El El Decreto número 1615 de 2021 deroga
presente Decreto rige a presente Decreto rige a partir de expresamente el Decreto 1408 de 2021.
partir de su expedición. su publicación y deroga
el Decreto 1408 del 3 de

17

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

noviembre de 2021.

37. En virtud de lo expuesto, para la Sala es claro que, dadas las diferencias
anteriormente advertidas, será el juez ordinario -o constitucional- que conozca de
las correspondientes acciones judiciales en contra del Decreto 1615 de 2021, el
llamado a emitir el pronunciamiento a que hubiere lugar.

38. Por último, la Sala pone de presente que esta Sección, mediante los fallos de
15 de diciembre de 202124 y de 17 de enero de 202225, tuvo la ocasión de analizar
un asunto idéntico al presente, adoptando la misma decisión que en esta
oportunidad se prohíja en su integridad, en el sentido de señalar la carencia actual
de objeto por sustracción de materia respecto de la acción de tutela que había
sido interpuesta en contra del Decreto número 1408 de 2021.

39. Así las cosas, la Sala declarará la carencia actual de objeto por sustracción de
materia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: Disponer la DESACUMULACIÓN del presente expediente de las
acciones de tutela números 11001-03-15-000-2021-10994-0026, 11001-03-15-000-
2021-10547-0027, 11001-03-15-000-2021-10560-0028 y 11001-03-15-000-2021-
10472-0029, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia
de las acciones de tutela números 11001-03-15-000-2021-11177-0030, 11001-03-15-
000-2021-11470-0031, 11001-03-15-000-2021-10753-0032, 11001-03-15-000-2021-11752-
0033, 11001-03-15-000-2021-11732-0034, 11001-03-15-000-2021-11383-0035, 11001-03-
15-000-2021-11545-0036, 11001-03-15-000-2021-11599-0037, 11001-03-15-000-2021-
11676-0038, 11001-03-15-000-2021-11733-0039, 11001-03-15-000-2021-11319-0040,

24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de diciembre de 2021.
Expediente 11001-23-33-000-2021-07893-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de enero de 2022.
Expediente 11001-13-15-000-2021-07578-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
26
Promovido por el señor Juan Sebastián Chávez Colorado.
27
Promovido por la señora Karen Lorena Álvarez Carvajal.
28
Promovido por la señora Ana Patricia Ortiz Herrera.
29
Promovido por el señor Uriel Manuel Úsuga Guisao.
30
Promovido por el señor Miller Manrique Saavedra.
31
Promovido por la señora Yenny Patricia López Castro.
32
Promovido por la señora Katherine Vanessa González Lopera.
33
Promovido por el señor Jesús Zabala Lara.
34
Promovido por el señor Juan David Vega Guzmán.
35
Promovido por el señor Leyson Alejandro Palacios García.
36
Promovido por la señora Lilia Rosa Correa.
37
Promovido por la señora Mercedes Mur Ruiz.
38
Promovido por la señora Lorena Moreno.
39
Promovido por la señora Gloria Amparo Fiquitiva Segura.

18

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

11001-03-15-000-2022-00220-0041, 11001-03-15-000-2021-09870-0042, 11001-03-15-000-
2021-09917-0043, 11001-03-15-000-2021-09982-0044, 11001-03-15-000-2021-10017-0045,
11001-03-15-000-2021-10033-0046, 11001-03-15-000-2021-10059-0047, 11001-03-15-000-
2021-10156-0048, 11001-03-15-000-2021-10248-0049, 11001-03-15-000-2021-10254-0050,
11001-03-15-000-2021-10415-0051, 11001-03-15-000-2021-10665-0052, 11001-03-15-000-
2021-10694-0053, 11001-03-15-000-2021-10795-0054, 11001-03-15-000-2021-10812-0055,
11001-03-15-000-2021-10842-0056, 11001-03-15-000-2021-10877-0057, 11001-03-15-000-
2021-11067-0058, 11001-03-15-000-2021-11254-0059, 11001-03-15-000-2021-11256-0060,
11001-03-15-000-2021-11288-0061, 11001-03-15-000-2021-11296-0062, 11001-03-15-000-
2021-11303-0063, 11001-03-15-000-2021-11394-0064, 11001-03-15-000-2021-11445-0065,
11001-03-15-000-2021-11507-0066, 11001-03-15-000-2021-11513-0067, 11001-03-15-000-
2021-11537-0068, 11001-03-15-000-2021-11567-0069, 11001-03-15-000-2021-11585-0070,
11001-03-15-000-2021-11604-0071, 11001-03-15-000-2021-11625-0072, 11001-03-15-000-
2021-11627-0073, 11001-03-15-000-2021-11652-0074, 11001-03-15-000-2021-11656-0075,
11001-03-15-000-2021-11659-0076, 11001-03-15-000-2021-11662-0077, 11001-03-15-000-
2021-11664-0078, 11001-03-15-000-2021-11665-0079, 11001-03-15-000-2021-11671-0080,
11001-03-15-000-2021-11673-0081, 11001-03-15-000-2021-11696-0082, 11001-03-15-000-
2021-11720-0083, 11001-03-15-000-2021-11721-0084, 11001-03-15-000-2021-11778-0085,
11001-03-15-000-2021-11790-0086, 11001-03-15-000-2022-00016-0087, 11001-03-15-000-

40
Promovido por la señora Daisy Cortés Cortés.
41
Promovido por el señor Luis Ernesto Arias Bernal.
42
Promovido por el señor Juan Manuel Rivero Caicedo.
43
Promovido por el señor Orlando Morales Ruiz.
44
Promovido por el señor David Antonio Forero Tarquino.
45
Promovido por el señor Daniel Pinilla Fridelova.
46
Promovido por la señora Ramona de Jesús Barragán Pacheco.
47
Promovido por la señora Gloria Valderrama de Santander.
48
Promovido por la señora Victoria Eugenia Montoya Idrobo.
49
Promovido por la señora Heidy Tatiana Reina Vivas.
50
Promovido por la señora Ivon Carolina Reyes Orozco.
51
Promovido por el señor José Ignacio Gómez López.
52
Promovido por el señor Luis Fernando Cañón Álvarez.
53
Promovido por la señora Martha Luz Díaz Valencia.
54
Promovido por la señora Regina Liska Betancur Ramírez.
55
Promovido por la señora Ana Pardo de Rojas.
56
Promovido por la señora Dora Cecilia Hernández Orozco.
57
Promovido por la señora Elvira Rincón.
58
Promovido por la señora Diana Camila Pérez Moreno.
59
Promovido por la señora Herly María Rojas.
60
Promovido por el señor Jorge Octavio Galeano Pardo.
61
Promovido por la señora Dora Ligia Arandia Fandiño.
62
Promovido por la señora Johanna Isabel Rodríguez Díaz.
63
Promovido por la señora Nury Yasmín Martínez Sierra.
64
Promovido por la señora Piedad Cacais Luna.
65
Promovido por la señora Carolina Moreno Garcés.
66
Promovido por la señora Leonor Jaimes.
67
Promovido por el señor William Murillo Zapata.
68
Promovido por el señor Jhon Jairo Alzate Ramírez.
69
Promovido por la señora Ana Díaz Torres.
70
Promovido por el señor Luis Alexander Pinilla.
71
Promovido por la señora Nansy García Restrepo.
72
Promovido por la señora Ruth Carolina Cante Tafur.
73
Promovido por la señora Carmen Cecilia Hernández.
74
Promovido por la señora Anyi Carolina Martínez.
75
Promovido por la señora Jeimy Johana Soto Boyacá.
76
Promovido por la señora Jennifer Paola Jiménez Moreno.
77
Promovido por el señor José Helías Chacón Moreno.
78
Promovido por la señora Angela María Fiquitiva.
79
Promovido por la señora Elizabeth Soler Riaño.
80
Promovido por la señora Angelmira Garcés Torres.
81
Promovido por el señor Miguel Ángel Manrique León.
82
Promovido por la señora Zaida Cecilia Aponte Portilla.
83
Promovido por la señora Myriam Rosa Montes.
84
Promovido por la señora María Elsy Montes .
85
Promovido por la señora María Dolores Aponte Portilla.
86
Promovido por la señora Ana Teresa Marciales.

19

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

2022-00017-0088, 11001-03-15-000-2022-00020-0089, 11001-03-15-000-2022-00022-0090,
11001-03-15-000-2022-00026-0091, 11001-03-15-000-2022-00027-0092, 11001-03-15-000-
2022-00030-0093, 11001-03-15-000-2022-00044-0094, 11001-03-15-000-2022-00047-0095,
11001-03-15-000-2022-00060-0096, 11001-03-15-000-2022-00063-0097, 11001-03-15-000-
2022-00068-0098, 11001-03-15-000-2022-00073-0099, 11001-03-15-000-2022-00077-
00100, 11001-03-15-000-2022-00103-00101, 11001-03-15-000-2022-00123-00102, 11001-03-
15-000-2022-00126-00103, 11001-03-15-000-2022-00155-00104, 11001-03-15-000-2022-
00196-00105, 11001-03-15-000-2022-00045-00106, 11001-03-15-000-2022-00050-00107,
11001-03-15-000-2022-00071-00108, 11001-03-15-000-2022-00082-00109, 11001-03-15-
000-2022-00118-00110, 11001-03-15-000-2022-00162-00111, 11001-03-15-000-2022-
00175-00 , 11001-03-15-000-2022-00193-00113, 11001-03-15-000-2021-07640-00114,
112

11001-03-15-000-2021-07739-00115, 11001-03-15-000-2021-07775-00116, 11001-03-15-
000-2021-07803-00117, 11001-03-15-000-2021-07885-00118, 11001-03-15-000-2021-
08261-00 , 11001-03-15-000-2021-08567-00120, 11001-03-15-000-2021-08686-00121,
119

11001-03-15-000-2021-08713-00122, 11001-03-15-000-2021-09372-00123, 11001-03-15-
000-2021-10768-00124, 11001-03-15-000-2021-11097-00125, 11001-03-15-000-2021-
11134-00 , 11001-03-15-000-2021-11154-00127, 11001-03-15-000-2021-11376-00128,
126

11001-03-15-000-2021-11563-00129, 11001-03-15-000-2021-11719-00130, 11001-03-15-
000-2022-00511-00131, 11001-03-15-000-2021-08876-00132, 11001-03-15-000-2021-

87
Promovido por la señora María Ana Graciela Blanco Ruiz.
88
Promovido por la señora María del Carmen Bohórquez León.
89
Promovido por la señora Mariela Saavedra Ayala.
90
Promovido por la señora Marta Hoyos de Mosquera.
91
Promovido por el señor Raúl Felipe Diaz Beltrán.
92
Promovido por la señora Sigri Yolanda Velandia Cañas.
93
Promovido por la señora Yeimmy Shirley Rodríguez Velásquez.
94
Promovido por la señora María del Carmen Gutiérrez García.
95
Promovido por la señora Maricielo Morales Mosquera.
96
Promovido por la señora Dora Elena Ferro.
97
Promovido por la señora Hermencia Daniela López.
98
Promovido por la señora María Antonia Ortiz de Cervera.
99
Promovido por el señor Nelson Alberto Barrera Curtidor.
100
Promovido por la señora Ana Beatriz Alarcón.
101
Promovido por el señor Rafael Beltrán Sarmiento.
102
Promovido por la señora Gloria Mosquera Hoyos.
103
Promovido por el señor José Álvaro Lara Rincón.
104
Promovido por la señora María de Jesús Jiménez de Reyes.
105
Promovido por la señora Teresa de Jesús Peñuela.
106
Promovido por la señora María Isabel Barbosa.
107
Promovido por el señor Rogelio Pachón.
108
Promovido por la señora Marilú Zapata Noreña.
109
Promovido por el señor Armando Parada Jaimes.
110
Promovido por la señora Erika Yesenia Rodríguez.
111
Promovido por la señora Silvia Mercedes Ramírez Lemus.
112
Promovido por la señora María Cristina Beltrán.
113
Promovido por la señora Sandra Milena Martínez Aldana.
114
Promovido por la señora Shirley Villoria Torres.
115
Promovido por el señor Carlos Alberto Palacio Gómez.
116
Promovido por el señor Damir Alejandro Muñoz Zambrano.
117
Promovido por el señor Héctor Alberto Sanmiguel Galeano.
118
Promovido por la señora Diana Paola Neira Estupiñán.
119
Promovido por la señora María del Carmen Sánchez de Ospina.
120
Promovido por el señor Benjamín Cardona Arango.
121
Promovido por la señora Libia Paternina R.
122
Promovido por el señor Luis Guillermo Cortes González.
123
Promovido por la señora Emilde Jaimes Jaimes.
124
Promovido por el señor Martin Artunduaga Yague.
125
Promovido por la señora Liliana Patricia Vélez Flórez.
126
Promovido por la señora Flor Ángela Morales Cárdenas.
127
Promovido por el señor José Ángel Sanabria Muñoz.
128
Promovido por la señora Edilma Matabajoy Castro.
129
Promovido por la señora María Angelita Segura de Fiquitiva.
130
Promovido por la señora Gilma Giraldo Hoyos.
131
Promovido por la señora Pilar Johana Vargas Mora.
132
Promovido por la señora Lina Andrea Quiceno LLano.

20

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11177-00 y Acumulados
Accionantes: Miller Manrique Saavedra y otros

09218-00133, 11001-03-15-000-2021-10396-00134, 11001-03-15-000-2021-11408-00135,
11001-03-15-000-2021-11439-00136, 11001-03-15-000-2021-11677-00137, 11001-03-15-
000-2022-00049-00138, 11001-03-15-000-2022-00051-00139, 11001-03-15-000-2022-
00065-00 , 11001-03-15-000-2022-00066-00 , 11001-03-15-000-2022-00085-00142,
140 141

11001-03-15-000-2022-00106-00143, 11001-03-15-000-2022-00262-00144, 11001-03-15-
000-2022-00042-00145, 11001-03-15-000-2022-00069-00146 y 11001-03-15-000-2022-
00360-00147, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, se REMITIRÁ el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez
(10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el
artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P:(18)

CONSTANCIA: La presente decisión fue firmada electrónicamente por todos los integrantes de la Sala de
Decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado en la sede electrónica para la gestión judicial Samai.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

133
Promovido por la señora Yolanda Castro Posada.
134
Promovido por el señor Sergio George Herrera Duarte.
135
Promovido por la señora Jaqueline Urrea Murillo.
136
Promovido por el señor Carlos Santiago Álvarez Cacais.
137
Promovido por la señora Lucy Melba López.
138
Promovido por el señor Rodolfo Mauricio Bonilla Centeno.
139
Promovido por el señor Tomás Alejandro Silva Montejo.
140
Promovido por el señor Juan Orozco.
141
Promovido por el señor Luis Alejandro Robayo.
142
Promovido por el señor Jaime Andrés Díaz Pérez.
143
Promovido por la señora Aracely Pérez Pérez.
144
Promovido por el señor Moisés Varelas Giraldo.
145
Promovido por el señor Julio César Arias Arango.
146
Promovido por la señora María del Carmen Gómez
147
Promovido por la señora María Alix Sáenz.

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