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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00838-00

Fecha
4 de marzo de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00838-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia del mecanismo de amparo de la referencia, de conformidad con las consideraciones anteriormente expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, se REMITIRÁ el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez 13 Radicación: 11001-03-15-000-2022-00838-00 Accionante: Emanuel Loaiza Carvajal (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00838-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

4 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00838-00
Accionante: EMANUEL LOAIZA CARVAJAL
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se declara la carencia actual de objeto por
sustracción de materia porque el acto administrativo acusado fue
derogado expresamente

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el ciudadano Emanuel Loaiza
Carvajal en contra del Presidente de la República1 y de los ministerios del
Interior, de Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Emanuel Loaiza Carvajal solicitó la protección de sus derechos
fundamentales «[…] a la libre locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia
y de culto, derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a
la dignidad y a la vida digna […]», los cuales fueron presuntamente transgredidos
por las autoridades accionadas como consecuencia de la expedición y aplicación
del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 20212.

I. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

1. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

1.1. Manifestó que, a través del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 2021, se
dispuso que las entidades territoriales debían adicionar a los protocolos de
bioseguridad la presentación del carné o el certificado digital de vacunación contra la
enfermedad del coronavirus Covid-19, para eventos presenciales que impliquen
asistencia masiva y para el ingreso a «[…] bares, gastrobares, restaurantes, cines,
discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así
como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias
[…]».

1
La Sala entiende que la demanda de tutela se presentó en contra del Presidente de la República.
2
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVIO
• 19, Y el mantenimiento del orden público”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00838-00
Accionante: Emanuel Loaiza Carvajal

1.2. Afirmó que, desde la expedición del Código de Nüremberg de 20 de agosto de
1947, la autonomía del paciente es un derecho esencial y debido a esto «[…] ningún
procedimiento médico, suministro de medicamentos, vacunas o tratamientos puede
aplicarse a un paciente […]» sin su consentimiento previo e informado.

1.3. Señaló que, debido a las medidas adoptadas en el referido decreto, las entidades
accionadas están coaccionando a todos los habitantes que, por razones médicas, de
conciencia o de culto, han decido autónomamente no aplicarse la vacuna contra el
coronavirus Covid-19.

1.4. Adujo que estas medidas desconocen las siguientes normas: i) los artículos 5° y 6°
de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos; ii) el literal d) del
artículo 10 de la Ley Estatutaria de la Salud número 1751 de 2015, y iii) el literal a) del
artículo 152 de la Constitución Política.

1.5. Indicó que la evidencia científica permitía concluir que «[…] las vacunas contra el
COVID 19 no gozan de una eficacia relevante en lo que se refiere a prevención del
contagio, sino que están encaminadas a evitar la agravación de síntomas propios de
esta enfermedad […]». Por tal motivo, a su juicio, resulta arbitrario, discriminatorio e
inconstitucional que se adopten las medidas consagradas en el Decreto 1408 de 2021,
ya que se está partiendo de la premisa consistente en que las personas no vacunadas
son un peligro para la sociedad.

1.6. Expuso, además, que resulta inconstitucional que el Gobierno nacional adopte esta
medida pese a que «[…] no ha garantizado el acceso a primera, segunda y tercera
dosis en todo el territorio colombiano […]».

1.7. Sostuvo
que el Decreto 1408 de 2021 resulta lesivo para sus derechos
fundamentales, en síntesis, por las siguientes razones:

i) Como primer argumento adujo que el decreto enjuiciado era inconstitucional
porque el ejecutivo carecía de competencia para limitar, regular y restringir el
ejercicio de derechos fundamentales. En ese orden de ideas, señaló que a la luz del
literal a) del artículo 152 constitucional «los derechos fundamentales de las
personas deben regularse y únicamente pueden limitarse por medio de leyes
estatutarias».

Por lo anterior, indicó que únicamente el Congreso de la República, a través de una
ley estatutaria, era el órgano facultado para establecer la medida obligatoria de
presentación del carné de vacunación contra el coronavirus Covid-19.

ii) En segundo lugar, argumentó que la exigencia del carné vulneraba su derecho
a la libertad de locomoción, en tanto que le impide acudir a espacios públicos para
desarrollar las actividades cotidianas de relacionamiento social y de ocio.

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Accionante: Emanuel Loaiza Carvajal

iii) En tercer lugar, señaló que el decreto enjuiciado transgredía el derecho a la
reunión porque no se les permitiría «reunirnos en espacios públicos y privados que
impliquen aglomeración», a menos que se encuentren vacunados.

iv) En cuarto lugar, adujo que se vulneraba el derecho fundamental a la libertad
de conciencia porque la actora, bajo el amparo del artículo 18 constitucional, se
consideraba objetora de conciencia en relación con la aplicación de la vacuna.

En consonancia con esto, señaló que nuestra constitución establece que «nadie
puede ser obligado a actuar en contra de sus convicciones»; y que a través del
decreto enjuiciado se le está coaccionando para que actúe en contra de sus
convicciones y de su conciencia, porque si no se vacuna no podría asistir a ninguno
de los espacios contemplados en el artículo 2º del Decreto 1408 de 2021.

v) Como quinto argumento, sostuvo que se vulneraba el derecho al trabajo, ya que
está ante el perjuicio real e irremediable de no realizar con normalidad las
actividades laborales que a diario desarrolla y que, en muchos casos, las realiza en
los espacios en que se requiere que se presente el carné de vacunación.

vi) En sexto lugar, afirmó que se vulnera el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, toda vez que el decreto censurado está impidiendo que decida
libremente no vacunarse contra el coronavirus Covid-19.

vii) En séptimo lugar, manifestó que se vulnera el derecho a la igualdad entre las
personas vacunadas y las que libremente han decidido no vacunarse porque se les
está dando un trato diferenciado y discriminatorio por el simple hecho de haber
decidido de manera autónoma y libre no recibir la vacuna contra el coronavirus
Covid-19.

También indicó que las medidas adoptadas eran desproporcionadas e irrazonables,
ya que estaba comprobado científicamente que la vacuna no previene el contagio
y, además, causa efectos secundarios, y por ello resulta innecesario el trato
discriminatorio.

viii) Como octavo argumento señaló que el Decreto vulneraba el derecho
fundamental a la vida digna y a la dignidad humana porque autónomamente
decidió no vacunarse y las medidas adoptadas la sometían «a una discriminación
pública y privada», desconociendo que como sujetos morales tienen el derecho a
decidir sobre sus vidas, sin ser discriminados por tal motivo.

ix) En noveno lugar indicó que se transgredía el derecho a la información porque
el decreto acusado: a) omitía señalar que la vacuna causa efectos secundarios
graves como la miocarditis aguda, la pericarditis, etc; b) omitía señalar que en la
actualidad se desconocen los efectos secundarios de la vacuna en el mediano y en

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Accionante: Emanuel Loaiza Carvajal

el largo plazo; y, además, c) el Gobierno ocultaba las cifras de personas fallecidas
como consecuencia de la aplicación de la vacuna.

II. PRETENSIONES

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

[…] 4.1. Que se tutelen mis derechos fundamentales y libertades individuales a
la libre locomoción, libertad de reunión, libertad de conciencia y de culto,
derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la
dignidad y a la vida digna.

4.2. Que, con fundamento en el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, a fin de
obtener la tutela efectiva de mis derechos fundamentales y libertades
individuales, se suspendan los efectos del Decreto 1408 del 03 de noviembre
de 2021 mientras se acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en
ejercicio del medio de control de nulidad y se obtiene una sentencia que haga
tránsito a cosa juzgada […].

III. TRÁMITE DE LA TUTELA

3. El magistrado de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que inicialmente tuvo a su cargo la sustanciación de este proceso, mediante auto
de 7 de febrero de 20223, remitió el presente proceso con el propósito de que se
resolviera de su acumulación al expediente de tutela número 11001-03-15-000-
2021-11177-00.

4. Posteriormente, y mediante auto de 17 de febrero de 20224, el consejero que actúa
como ponente de esta providencia: (i) negó la acumulación de la presente acción
de tutela al proceso número 11001-03-15-000-2021-11177-00; (ii) admitió el
mecanismo de amparo de la referencia, y (iii) negó la medida provisional solicitada
por la parte actora.

IV. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas, se produjeron las
siguientes intervenciones:

5.1. El
Presidente de la República y los ministerios del Interior, de Salud y
Protección Social, de Comercio, Industria y Turismo, por escritos separados y a
través de apoderado judicial, rindieron informe en el que desarrollaron los siguientes
temas: i) la situación de la pandemia por el Covid-19, ii) la causa de la emergencia
e incertidumbre generada, iii) el estado actual de la pandemia, iv) los avances en
las coberturas de vacunación en el país; v) la transmisión del virus y entornos de

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Índice 4 del aplicativo Samai.
4
Índice 9 del aplicativo Samai

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Accionante: Emanuel Loaiza Carvajal

mayor riesgo, vi) el aumento de casos de Covid-19 en niños (as) y adolescentes,
entre otros.

5.2. Seguidamente indicaron que la solicitud de amparo no cumplía con el requisito
de la subsidiariedad, en tanto que:

[…] 1. La parte accionante cuenta con un mecanismo de defensa judicial que le
permite controvertir la constitucionalidad y legalidad del Decreto 1408 de 2021,
el cual se encuentra regulado por la normatividad contenciosa administrativa.

2. Con la expedición del Decreto 1615 de 2021, se fijan restricciones razonables
para que la determinación personal de los anti vacunas no afecte la vida del
resto de la población y haga viable la vida en sociedad en tiempos de pandemia.
Es decir, que la norma impugnada propende por la protección de derechos
fundamentales de todos los ciudadanos y residentes en Colombia, por cuanto
procura la garantía de derechos como la protección a la vida y la salud.

3. En el desarrollo de la presente contestación, se pondrá de presente que con
la expedición del Decreto 1615 de 2021, así como con las múltiples decisiones
adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria,
producto de la pandemia del COVID 19, se propende por la garantía de
derechos de todo el colectivo, para evitar o para mitigar los daños irreparables
que ya hemos padecido, como las pérdidas humanas, o las nefastas
consecuencias en la sostenibilidad financiera de un sin número de hogares.

En este orden de ideas, la titularidad de los derechos garantizados con la
expedición del Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021, corresponden a todo
el conglomerado social y no corresponde de manera exclusiva a quien acciona
[…].

5.3. Adicionalmente, señalaron que «[…] en el marco de la pandemia por la que
atraviesa el mundo entero, se han generado multiplicidad de respuestas estatales
para atender y mitigar los efectos nocivos de la situación; con la finalidad de proteger
los derechos colectivos como el de la salud pública. Sin embargo, para ello ha sido
necesario que todos los asociados actúen en el marco de la solidaridad, el
respeto y la tolerancia hacia el otro […]».

5.4. Con base en los argumentos expuestos, arribaron a las siguientes conclusiones:

[…] 1. La acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial con un carácter
residual y subsidiario, en consecuencia, se advierte que en el caso particular y
concreto no se cumple con el criterio de subsidiariedad, por cuanto la parte
actora no demuestra una afectación directa y subjetiva a sus derechos
presuntamente vulnerados con la expedición del Decreto 1615 de 2021, en
tanto realiza suposiciones generales e incluso inciertas, que no se proyectan
hacia la materialización de un perjuicio irremediable.

2. Pese a que se enuncian una serie derechos que supuestamente afectan a la
accionante, surge un debate donde se involucran derechos cuya titularidad
corresponde a toda la sociedad y la vida en sociedad en medio de una
pandemia, no de un contexto de normalidad. Luego entonces, no acredita o
demuestra que la vulneración alegada de sus derechos fundamentales sea una
afectación directa y subjetiva. Así como tampoco demuestra que con la entrada

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Accionante: Emanuel Loaiza Carvajal

en vigor del Decreto 1615 de 2021, se genere un perjuicio irremediable
inminente, urgente, cierto e impostergable.

3. De otro lado, pese a las manifestaciones esbozadas por quien acciona, lo
cierto es que la vacunación en contra del COVID 19, no tiene un carácter
obligatorio de conformidad con la Ley 2064 de 2020 y con el Decreto 109 de
2021.

(…)

5. El Decreto 1615 de 2021, constituye una respuesta estatal para mitigar los
efectos nocivos de la pandemia generada por el COVID 19 en el marco de la
emergencia sanitaria, con la finalidad de proteger la salud y la vida, la vida en
sociedad y la reactivación económica prevaleciendo el principio constitucional
del interés general. A pesar de que las medidas farmacológicas y no
farmacológicas han mostrado un impacto positivo en el número de casos y
fallecidos, algunos países han empezado a sufrir incrementos en el número de
casos. Lo cual evidencia que se deben mantener los esfuerzos hacia el control
de la pandemia y la propagación del virus y sus variantes […].

5.5. Como consecuencia de todo lo anterior, solicitaron lo siguiente:

[…] Con fundamento en lo expuesto, comedidamente solicito a su Despacho
NEGAR por IMPROCEDENTE el amparo solicitado por ausencia del requisito
de subsidiariedad, en tanto la parte actora cuentan con otras vías de acción y
ya emprendió la acción de nulidad contra el Decreto 1615 de 2021, norma de
carácter general, impersonal y abstracto que cumple las condiciones del
numeral 5º del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.

En su defecto, negar el amparo solicitado por cuanto no es cierto que se hayan
vulnerado los derechos fundamentales que se invocan en la acción, por cuanto:
(i) Las medidas restrictivas para las personas que no quieren vacunarse están
justificadas constitucionalmente, atienden al principio de solidaridad y
razonabilidad para preservar la vida en sociedad y la dignidad humana,
necesarios para garantizar el goce de los derechos humanos; (ii) la vacunación
contra la Covid-19 no obliga a ningún ciudadano colombiano y están
encaminadas a permitir la vida en sociedad y económica en medio de la
pandemia, protegiendo la salud en conexidad con la vida de todos los
colombianos y residentes en el país, y en ese sentido se justifica la limitación al
derecho a la libertad de locomoción; (ii) desarrolla el principio de solidaridad que
sustenta la prestación de servicios de salud -artículos 48, 49 Y 95 de la
Constitución Política-; y (iii) no es discriminatoria y encuentra plena justificación
en el hecho de que no se interviene en la decisión de no vacunarse, pero acude
a la restricción como único mecanismo para evitar que la población no vacunada
facilite la circulación del virus y el riesgo de mutación, lo que gravemente sí
afecta o al menos pone en riesgo la vida de todos los colombianos y residentes
en el país. […].

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela
presentada por la parte accionante en contra del Presidente de la República y de

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Accionante: Emanuel Loaiza Carvajal

los ministerios del Interior, de Salud y Protección Social y de Comercio,
Industria y Turismo, en virtud de lo previsto en el Decreto 2591 de 19 de noviembre
de 19915, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20216
y en armonía con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección
el conocimiento de las acciones de tutela.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se configuró o no la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, con ocasión de la derogatoria expresa del Decreto
1408 de 2021, de no ser así, determinar:

b) Si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra actos administrativos de carácter general.

c) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la actora como consecuencia de la expedición del Decreto
número 1408 de 3 de noviembre de 2021.

VI.3. Caso concreto

8. El ciudadano ciudadano Emanuel Loaiza Carvajal solicitó la protección de sus
derechos fundamentales «[…] a la libre locomoción, libertad de reunión, libertad de
conciencia y de culto, derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la
igualdad, a la dignidad y a la vida digna […]», los cuales fueron presuntamente
transgredidos por los aquí accionados, como consecuencia de la expedición y
aplicación del Decreto número 1408 de 3 de noviembre de 20217.

9. LaSala advierte que el presente análisis se centrará si, con ocasión de la
derogatoria expresa del Decreto 1408 de 2021, en el sub examine se configura la
carencia actual de objeto por sustracción de materia.

VI.3.1. De la carencia actual de objeto por sustracción de materia con ocasión
de la derogatoria expresa del Decreto 1408 de 2021

10. En relación con la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de Decisión
recientemente y mediante providencia de 9 de septiembre de 2021 8 precisó que
dicho fenómeno jurídico se presenta en las siguientes eventualidades: «[…] i) por

5
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
6
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7
“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVIO
• 19, Y el mantenimiento del orden público”.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 9 de septiembre de 2021, Exp.
11001-03-15-000-2021-02263-00, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Accionante: Emanuel Loaiza Carvajal

hecho superado, cuando por alguna conducta del obligado se supera la afectación
a los derechos invocados de tal manera que resulte innecesario el pronunciamiento
del juez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de manera definitiva los
derechos del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera decisión de fondo
sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de materia […]».

11. Particularmente, y en lo atinente a la carencia actual de objeto por sustracción
materia, la Sala concluyó que tal figura: «[…] se configura en aquellos casos en que
deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar
una decisión, por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en
consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden alguna
de protección del derecho fundamental invocado […]».

12. En esa misma línea argumentativa, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha indicado lo siguiente:

[…] La carencia actual de objeto tiene lugar, en la medida en que la
finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho
fundamental de quien invoca el amparo. Es decir, es, en principio, una
finalidad subjetiva. Existiendo carencia de objeto “no tendría sentido cualquier
orden que pudiera proferir esta Corte con el fin de amparar los derechos del
demandante, pues en el evento de adoptarse ésta, caería en el vacío por
sustracción de materia”. La Corte ha señalado al respecto:

“Esta Corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la
Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la
acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en los casos expresamente consagrados en la ley.

Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el
mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita,
administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere
pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han
amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa
actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta
amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra
superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas
luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente
previsto para esta acción9” […] (negrillas fuera del texto)

13. A partir de lo anterior, es dable concluir que la acción de tutela fue instituida como
un mecanismo expedito para la protección inmediata y oportuna de los derechos
fundamentales de las personas y debido a esto, al desaparecer la causa que da
origen a dicha vulneración, como sería, por ejemplo, la derogatoria del acto
9
Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-653 de 17 de septiembre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Accionante: Emanuel Loaiza Carvajal

administrativo que presuntamente vulnera las garantías fundamentales del
accionante, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo de
protección judicial.

14. En este contexto, se pone de relieve que el Decreto número 1408 de 3 de
noviembre de 2021 fue derogado expresamente por el artículo 5º del Decreto
número 1615 de 30 de noviembre de 202110, norma cuyo tenor literal prescribe:
«[…] el presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408
del 3 de noviembre de 2021 […]».

15. Ahora bien, en el caso sub examine, se advierte que las pretensiones de la
presente acción constitucional persiguen la protección de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y, como consecuencia de ello, se
ordene la suspensión del Decreto 1408 de 3 de noviembre de 2021.

16. En atención a lo anterior, y en consideración a que el objeto de la presente acción
de tutela consiste en que se suspendan los efectos del Decreto número 1408 de 3
de noviembre de 2021, para la Sección es claro que en el caso de autos se
configura la carencia actual de objeto por sustracción de materia, en el
entendido que el acto administrativo que presuntamente vulneró los derechos
fundamentales de la accionante, no está surtiendo efectos jurídicos en este
momento, debido a su derogatoria expresa.

17. Como sustento de lo anterior, la Sala prohíja en su integridad las consideraciones
expuestas por esta Sección en sentencia de 15 de diciembre de 202111, reiterada,
entre otros, en los fallos de 17 de enero12, de 17 y 24 febrero de 202213,
oportunidades en la que se analizó un asunto idéntico al presente y se explicaron
ampliamente las razones por las que se debía declarar la carencia actual de objeto
por sustracción de materia respecto de la acción de tutela que había sido interpuesta
en contra del Decreto número 1408 de 2021.

18. Finalmente, es pertinente resaltar que si bien es cierto que el Decreto 1615 de
30 de noviembre de 2021, además de derogar el Decreto 1408 de 3 de noviembre
de 2021, exigió nuevamente la presentación del carné de vacunación o certificado
digital para ingresar a ciertos lugares, también lo es que este juez constitucional, en
el marco de proceso de la referencia, no puede emitir un pronunciamiento de fondo
frente al mismo, en tanto que se trata de actos administrativos distintos, autónomos
e independientes y en relación a los cuales no existe plena identidad jurídica, tal
como se puede evidenciar del siguiente cuadro comparativo:

10
“Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga el Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021”.
11
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de diciembre de 2021.
Expediente 11001-23-33-000-2021-07893-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de enero de 2022. Expediente
11001-13-15-000-2021-07578-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 17 de febrero de 2022.
Expediente 11001-13-15-000-2022-00108-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 24 de febrero de 2022. Expediente
11001-13-15-000-2021-10112-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00838-00
Accionante: Emanuel Loaiza Carvajal

DECRETO 1408 DE 2021 DECRETO 1615 DE 2021 DIFERENCIAS
(03 de noviembre, 2021) (30 de noviembre, 2021)
Artículo 1. Objeto. El Artículo 1. Objeto. El presente N/A
presente Decreto tiene por Decreto tiene por objeto impartir
objeto impartir instrucciones en virtud de la
instrucciones en virtud de emergencia sanitaria generada
la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus
generada por la pandemia COVID 19.
del Coronavirus COVID-
19. Artículo 2. Exigencia del Artículo 2. Exigencia del Carné 1) Se modificaron las fechas de exigencia del inicio
Carné de Vacunación. de Vacunación. Las entidades del esquema de vacunación y para tener el
Las entidades territoriales territoriales deberán adicionar a esquema de vacunación completo:
deberán adicionar a los los protocolos de bioseguridad
protocolos de bioseguridad vigentes, la presentación Decreto Decreto 1615
vigentes, la presentación obligatoria del carné de 1408
obligatoria del carné de vacunación contra el Covid-19 o Requisito Para Para
vacunación contra el certificado digital de vacunación inicio mayores de mayores de
Covid-19 o certificado disponible en el link: esquema de 18 años, 12 años,
digital de vacunación mivacuna.sispro.gov.co, en el vacunación desde el 16 desde el 1°
disponible en el link: que se evidencie, como mínimo, de de diciembre
mivacuna.sispro.gov.co, el inicio del esquema de noviembre de 2021.
en el que se evidencie, vacunación, como requisito de de 2021.
como mínimo, el inicio del ingreso a: (i) eventos
esquema de vacunación, presenciales de carácter público Para
como requisito de ingreso o privado que impliquen mayores de
a: (i) eventos presenciales asistencia masiva y, (ii) bares, 12 años,
de carácter público o gastrobares, restaurantes, cines, desde el 30
privado que impliquen discotecas, lugares de baile, de
asistencia masiva y, (ii) conciertos, casinos, bingos y noviembre
bares, gastrobares, actividades de ocio, así como de 2021.
restaurantes, cines, escenarios deportivos, parques Requisito N/A Para
discotecas, lugares de de diversiones y temáticos, esquena de mayores de
baile, conciertos, casinos, museos, y ferias. vacunación 18 años,
bingos y actividades de completo (2 desde el 14
ocio, así como escenarios Parágrafo 1. El cumplimiento de dosis) de diciembre
deportivos, parques de las normas aquí dispuestas de 2021.
diversiones y temáticos, estará a cargo de los
museos, y ferias. propietarios, administradores u Para
organizadores de eventos mayores de
Parágrafo 1. El presenciales de carácter público 12 años,
cumplimiento de las o privado que impliquen desde el 28
normas aquí dispuestas asistencia masiva y en aquellos de diciembre
estará a cargo de los lugares antes señalados. En de 2021.
propietarios, caso de incumplimiento las En ambos decretos se exceptúa de ambas
administradores u autoridades competentes medidas a la población entre 0 y 12 años.
organizadores de eventos adelantarán las acciones
presenciales de carácter correspondientes. 2) Se agregan los siguientes parágrafos:
público o privado que
impliquen asistencia Parágrafo 2. La exigencia del Parágrafo 3: Min. Salud y Min. Interior podrán
masiva y en aquellos carné de vacunación contra el ampliar las medidas a otras actividades o sectores.
lugares antes señalados. Covid-19 o certificado digital de
En caso de incumplimiento vacunación disponible en el link: Parágrafo 4. Las personas que hacen parte de una
las autoridades rnivacuna.sispro.gov.co, en el investigación con vacunas AntiCOVID-19 deberán
competentes adelantarán que se evidencie, como mínimo, presentar un certificado que los acredite como tal.
las acciones el inicio del esquema de
correspondientes. vacunación, como requisito de Parágrafo 5. Día libre para servidores públicos y
ingreso para las actividades aquí trabajadores oficiales que en el mes de diciembre
Parágrafo 2.

La exigencia dispuestas entrará en vigencia a completen sus esquemas de vacunación o apliquen
del carné de vacunación partir del 1 de diciembre de 2021 dosis de refuerzo.
contra el Covid-19 o para mayores de 12 años; se
certificado digital de exceptúa de esta medida a la Parágrafo 6. Insta al sector privado a otorgar un día
vacunación disponible en población entre 0 y menor a 12 libre a empleados o contratistas que en el mes de
el link: años. diciembre completen sus esquemas de vacunación
mivacuna.sispro.gov.co, o apliquen dosis de refuerzo.
en el que se evidencie, La exigencia del carné de
como mínimo, el inicio del vacunación contra el Covid-19 o
esquema de vacunación, certificado digital de vacunación *EN EL DECRETO 1408 EL PARÁGRAFO 3
como requisito de ingreso disponible en el link: DECÍA:
para las actividades aquí mivacuna.sispro.gov.co, en el Parágrafo 4. El Ministerio de Salud y Protección
dispuestas entrará en que se evidencie el esquema de Social en conjunto con el Ministerio del Interior,
vigencia a partir del 16 de vacunación completo -mínimo quedan facultados para determinar la fecha desde
noviembre de 2021 para dos dosis-, como requisito de la cual se realizar la exigencia de carné con
mayores de 18 años y ingreso para las actividades aquí esquema de vacunación completo.
desde el 30 de noviembre dispuestas, entrará en vigencia a
de 2021 para mayores de partir del 14 de diciembre de → Esto se definió para el Decreto 1615 de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00838-00
Accionante: Emanuel Loaiza Carvajal

12 años; se exceptúa de 2021 para mayores de 18 años; y
esta medida a la población desde el 28 de diciembre de 2021
entre O y 12 años. para mayores de 12 años; se
exceptúa de esta medida a la
Parágrafo 3. El Ministerio población entre y 12 años.
de Salud y Protección
Social en coordinación con Parágrafo 3. El Ministerio de
el Ministerio del Interior, Salud y Protección Social en
podrá ampliar esta medida coordinación con el Ministerio del
a otras actividades o Interior, podrá ampliar esta
sectores, de acuerdo con medida a otras actividades o
la evolución de la sectores, de acuerdo con la
pandemia contra el Covid - evolución de la pandemia contra
19 Y el avance del Plan el Covid -19 Y el avance del Plan
Nacional de Vacunación. Nacional de Vacunación.

Parágrafo 4. El Ministerio Parágrafo 4. Las personas que
de Salud y Protección hacen parte de una investigación
Social en conjunto con el con vacunas AntiCOVID-19
Ministerio del Interior, aprobados por el Instituto
quedan facultados para Nacional de Vigilancia de
determinar la fecha desde Medicamentos y Alimentos -
la cual se realizar la INVIMA-, como requisito de
exigencia de carné con ingreso para las actividades aquí
esquema de vacunación dispuestas deberán presentar el
completo. certificado emitido por el Centro
de Investigación en el que se
está desarrollando el ensayo
clínico que los acredite como
personas en investigación clínica
con vacunas contra el Covid-19.

Parágrafo 5. El Gobierno
Nacional dará un día libre en el
primer trimestre del 2022 a los
servidores públicos y
trabajadores oficiales que en el
mes de diciembre completen sus
esquemas de vacunación o
apliquen dosis de refuerzo en los
tiempos y ciclos establecidos por
el Ministerio de Salud y
Protección Social.

Parágrafo 6. El Gobierno
Nacional insta al sector privado a
otorgar un día libre en el primer
trimestre del 2022 a los
empleados o contratistas que en
el mes de diciembre completen
sus esquemas de vacunación o
apliquen dosis de refuerzo en los
tiempos y ciclos establecidos por
el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Artículo 3. Criterio y 1) Se agrega este artículo sobre CRITERIO Y
condiciones para el desarrollo CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS
de las actividades bajo ACTIVIDADES BAJO ESQUEMAS DE
esquemas de vacunación VACUNACIÓN COMPLETOS:
completos. El desarrollo de
todas las actividades aquí - Se debe exigir sin excepción en todo evento o
dispuestas se realizarán, de lugar el carnet de vacunación completo de acuerdo
acuerdo con los siguientes con las fechas anteriormente señaladas.
criterios:
Todo evento presencial de - Puede haber un aforo del 100% cuando se cumpla
carácter público o privado que con el criterio y condición.
implique asistencia masiva a
bares, gastrobares, restaurantes,
cines, discotecas, lugares de
baile, conciertos, casinos, bingos
y actividades de ocio, así como
escenarios deportivos, parques
de diversiones y temáticos,
museos, y ferias deberá exigir sin
excepción el carnet de
vacunación con esquema
completo de acuerdo con las
fechas señaladas en el artículo

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00838-00
Accionante: Emanuel Loaiza Carvajal

anterior. Los aforos podrán ser
del 100% de acomodación
cuando se cumpla con este
criterio y condición.
Artículo 3. Comunicación Artículo 4. Comunicación de N/A
de las medidas y órdenes las medidas y órdenes en
en materia de orden materia de orden público
público emitidas por emitidas por alcaldes y
alcaldes y gobernadores. gobernadores. Las
Las instrucciones y instrucciones y órdenes que
órdenes que emitan los emitan los gobernadores y
gobernadores y alcaldes alcaldes municipales y distritales
municipales y distritales en en materia de orden público, con
materia de orden público, relación a la emergencia
con relación a la sanitaria por causa del
emergencia sanitaria por Coronavirus COVID19 deben ser
causa del Coronavirus previamente justificadas y
COVID-19 deben ser comunicadas al Ministerio del
previamente justificadas y Interior, y deberán ser
comunicadas al Ministerio autorizadas por esta entidad.
del Interior, y deberán ser
autorizadas por esta
entidad.
Artículo 4. Vigencia. El Artículo 5. Vigencia. El presente El Decreto número 1615 de 2021 deroga
presente Decreto rige a Decreto rige a partir de su expresamente el Decreto 1408 de 2021.
partir de su expedición. publicación y deroga
el Decreto 1408 del 3 de
noviembre de 2021.

19. En virtud de lo expuesto, para la Sala es claro que, dadas las diferencias
anteriormente advertidas, será el juez ordinario -o constitucional- que conozca de las
correspondientes acciones judiciales en contra del Decreto 1615 de 2021, el
llamado a emitir el pronunciamiento a que hubiere lugar.

20. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala declarará la carencia actual
de objeto por sustracción de materia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva
de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia
del mecanismo de amparo de la referencia, de conformidad con las consideraciones
anteriormente expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, se REMITIRÁ el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00838-00
Accionante: Emanuel Loaiza Carvajal

(10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el
artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

P:(16)

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