Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10894-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-10894-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-10894-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
26 de abril de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, veintiséis (26) de abril de dos mil veintidós (2022).
Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2021-10894-01
Demandante: JOSÉ ILVAR SALAS ALARCÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
REINTEGRO DE PERSONAL RETIRADO POR
DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD PSICOFÍSICA.
Síntesis del caso: el demandante consideró que el Tribunal Administrativo del Meta
vulneró sus derechos fundamentales por motivo de la sentencia en la que modificó
el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda en el
sentido de ordenar el reconocimiento de las sumas dejadas de pagar al demandante
desde el momento en que fue retirado del Ejército Nacional hasta que se produzca
su reintegro pero con el descuento de las sumas que hubiere devengado por
cualquier concepto laboral durante ese mismo lapso. Alegó que la providencia
cuestionada desconoció el precedente de las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en el que se señaló que no es procedente aplicar
tales descuentos. La Sala denotó, como lo hiciera el a quo, que no existe una
posición unificada sobre la materia y que la postura de la autoridad accionada
resultó razonable. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor José Ilvar Salas Alarcón en
contra de la sentencia de 10 de febrero de 2022 proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:
“1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por José Ilvar
Salas Alarcón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI
• negrillas del original).
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-10894-01
Demandante: José Ilvar Salas Alarcón
Acción de tutela – Impugnación de fallo
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
1) El señor José Ilvar Salas Alarcón presentó acción de tutela con el fin de que le
sean amparados sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Meta.
2) Interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional en la que solicitó la nulidad de la Orden
Administrativa no. 1367 de 15 de julio de 2009, por medio de la cual fue retirado del
servicio activo del Ejército por disminución de su capacidad psicofísica.
3) A título de restablecimiento del derecho pidió que se ordenara su reintegro al
Ejército Nacional sin solución de continuidad y que se ordenara el pago de todas las
acreencias laborales que dejó de percibir desde la fecha de su retiro hasta su
reintegro efectivo.
4) El reparto del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Villavicencio que en sentencia de 29 de mayo
de 2019 accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó i) el reintegro del actor
como soldado profesional, ii) su reubicación en un cargo del mismo rango o superior,
con la misma remuneración o superior, atendiendo sus capacidades físicas, y iii) en
el ordinal 4º de la parte resolutiva condenó a la autoridad demandada a pagar al
actor todos los sueldos y prestaciones sociales dejados de percibir desde el
momento del retiro hasta su reintegro.
5) La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional de Colombia
presentó recurso de apelación contra esa decisión en el que manifestó que la orden
administrativa que ordenó el retiro del demandante obedeció a una potestad
discrecional de la autoridad derivada de su facultad de administración de manejo de
personal a cargo de la institución.
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-10894-01
Demandante: José Ilvar Salas Alarcón
Acción de tutela – Impugnación de fallo
6) En sentencia de 22 de septiembre de 2021 el Tribunal Administrativo del Meta
resolvió la apelación que presentó el Ejército Nacional de Colombia y resolvió lo
siguiente:
“PRIMERO. – MODIFICAR el ordinal CUARTO de la sentencia proferida
el 29 de mayo de 2019 por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Villavicencio el cual quedará de la siguiente manera:
“CUARTO.- CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-
EJÉRCITO NACIONAL a reconocer y pagar al señor José Ilvar Salas
Alarcón, todos los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el
retiro del servicio hasta cuando se haga el reintegro, descontando de ese
monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado,
dependiente o independiente, haya recibido la demandante en ese mismo
lapso, así como las deducciones de ley a que haya lugar. (…)”.
2. Pretensiones
La parte demandante solicitó que se acceda a las siguientes súplicas:
“Honorables Consejeros de Estado, ruego se (sic) REVOCAR O DEJE
SIN EFECTOS el ordinal Primero de la providencia de fecha Septiembre
22 de 2021, que modificó el ordinal Cuarto de la sentencia de fecha Mayo
29 de 2019, proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del
Circuito de Villavicencio al indicar “…descontando de ese monto las
sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente
o independiente, haya recibido la demandante en ese mismo lapso, así
como las deducciones de ley a que haya lugar”, proferida por la Sala de
(sic) Escritural No. 5 del Tribunal Administrativo del Meta, dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que se tramitó bajo
el radicado No. 50001333100220100001401 y, en su defecto, dentro de
un término prudencial se ordene rehacer la sentencia acogiendo el
Precedente jurisprudencial funcional Vertical, para que no se ordene
descontar suma alguna del sector público o privado dependiente o
independiente de lo ordenado a cancelar durante el tiempo de mi
desvinculación de servicio activo en el Ejército Nacional, dada mi
condición de sujeto de protección constitucional”.”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI - negrillas y mayúsculas del texto
original).
3. Los fundamentos de la vulneración
La parte actora alegó que en la sentencia de 22 de septiembre de 2021 el Tribunal
Administrativo del Meta incurrió en un desconocimiento del precedente judicial de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en concreto de la sentencia de tutela de
2 de julio de 2016 en el proceso 11001-03-15-000-2016-01627-00 y la providencia
de 16 de enero de 2019 en el proceso 11001-03-15-000-2018-04124-00, en las que
se precisó que las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, relativas a los
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-10894-01
Demandante: José Ilvar Salas Alarcón
Acción de tutela – Impugnación de fallo
topes indemnizatorios y descuentos, solo se aplican para casos de reintegro de
miembros de la Fuerza Pública retirados del servicio activo en ejercicio de la facultad
discrecional, pero que no se extienden a casos en que el retiro haya sido por una
causal diferente, como lo es el retiro por disminución de capacidad psicofísica.
4. Actuación en primer grado
La Sección Cuarta del Consejo de Estado por auto de 10 de diciembre de 2021
admitió la tutela y dispuso notificar al Tribunal Administrativo del Meta como
autoridad demandada instándola a presentar un informe sobre los hechos que
dieron lugar a la presente acción.
A pesar de haber sido debidamente notificado del auto admisorio de la acción de
tutela la autoridad demandada no presentó un informe de respuesta.
5. Sentencia de primera instancia
El 10 de febrero de 2022 la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia
en la que negó las pretensiones de la tutela.
Frente al alegado desconocimiento del precedente el a quo afirmó que tanto la
Sección Segunda del Consejo de Estado como las distintas Secciones y
Subsecciones de la Corporación como jueces constitucionales han expuesto
criterios disímiles frente al precedente aplicable respecto del restablecimiento del
derecho en casos de reintegro de servidores públicos como consecuencia de la
nulidad del acto de desvinculación y frente a la procedencia o no de descuentos de
las sumas reconocidas en razón del reintegro, por ello consideró que la autoridad
accionada se encontraba habilitada para acoger alguna de las posturas existentes
siempre y cuando expusiera motivadamente las razones de su decisión.
La decisión del Tribunal Administrativo del Meta acogió el criterio según el cual el
tope mínimo y máximo indemnizatorio señalado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-556 de 2014 sí aplica al caso del actor, pero únicamente en lo
referente a ordenar los descuentos que por cualquier concepto laboral haya recibido
durante el tiempo que estuvo desvinculado del Ejército Nacional.
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-10894-01
Demandante: José Ilvar Salas Alarcón
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Los fallos de tutela alegados como desconocidos carecen de la fuerza vinculante
suficiente para plantear la trasgresión del precedente por lo que la autoridad
demandada podía acoger cualquiera de los criterios existentes en el Consejo de
Estado sobre el tema, como en efecto lo hizo.
6. Impugnación
El demandante presentó impugnación y le fue concedida en auto de 4 de marzo de
2022.
Como razones de reproche afirmó que el fallo de primera instancia desconoció que
se configuró un desconocimiento del precedente judicial vertical que limitó la
autonomía del Tribunal Administrativo del Meta, autoridad que estaba obligada a
respetar la postura de su superior funcional.
Se presentó una trasgresión a su derecho fundamental a la igualdad porque el a
quo omitió los invocados pronunciamientos de las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que tienen carácter vinculante y han fallado a favor
de no aplicar los límites indemnizatorios de las sentencias SU-556 de 2014 y SU-
053 de 2015 a miembros de la fuerza pública retirados del servicio activo por la
causal de disminución de la capacidad psicofísica.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera
inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-10894-01
Demandante: José Ilvar Salas Alarcón
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como herramienta
transitoria para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demandó por esta vía
constitucional al Tribunal Administrativo del Meta con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia del señor José Ilvar Salas Alarcón presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia 22 de septiembre de 2021 en la que se
ordenó el descuento de las sumas que por cualquier concepto laboral hubiere
recibido en el lapso comprendido entre la fecha de retiro y la de reintegro.
En el escrito de impugnación el actor insistió en que la providencia judicial
cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial porque en ella se
omitió la posición de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en fallos de tutela sobre la aplicación de las reglas contenidas en las
sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015 sobre descuentos de sumas
percibidas por miembros retirados
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela por las
razones que procederán a exponerse:
2.1. Desconocimiento del precedente judicial.
1) Sea lo primero señalar que a la fecha no existe una posición unificada de esta
Corporación frente a la aplicación o inaplicación de la regla definida por la Corte
Constitucional en la sentencia de unificación SU-556 de 2014 sobre los descuentos
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Demandante: José Ilvar Salas Alarcón
Acción de tutela – Impugnación de fallo
de sumas percibidas por servidores públicos por cualquier concepto laboral, durante
el tiempo en que estuvieron retirados del servicio, como consecuencia de la
declaratoria de nulidad del acto que ordenó dicho retiro.
2) En efecto, actualmente existen dos líneas jurisprudenciales predominantes en la
Corporación, lo que dio lugar a que en auto de 9 de agosto de 2017 la Sección
Segunda del Consejo de Estado reconociera la importancia jurídica y la necesidad
de unificar su criterio sobre el particular y avocara el conocimiento del proceso no.
11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017) con ese propósito, sin que hasta el
momento se hubiera proferido la decisión correspondiente.
3) Ahora bien, en la referida sentencia SU-556 de 2014 la Corte Constitucional
definió las reglas aplicables al momento de definir el restablecimiento del derecho
en casos en los que se ordena el reintegro de servidores públicos que ocupaban
cargos en provisionalidad y dispuso que solo se debe reconocer el equivalente a
sumas dejadas de pagar descontando de ese valor las sumas percibidas por
cualquier concepto laboral, público o privado y con un tope máximo de 24 meses de
salario.
4) Posteriormente, la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-053 de 2015 en
la que hizo extensivas las anteriores consideraciones para casos en que se discutan
las indemnizaciones de miembros de la fuerza pública por retiros ilegales del
servicio.
5) Tal y como lo denotó el a quo es claro que en los diversos fallos de tutela
proferidos por las distintas Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado y las
Subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación como juez ordinario se
han plasmado consideraciones disímiles sobre el particular.
6) Así, en las sentencias de tutela invocadas por el actor como desconocidas la
Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que no había lugar a aplicar el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-053 de 2015
porque en ella se analizó el caso de miembros de la fuerza pública retirados en
ejercicio de la facultad discrecional y no así el de aquellos que fueron retirados por
disminución de la capacidad psicofísica.
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7) Por otra parte, las Secciones Primera1 y Cuarta2 del Consejo de Estado han
considerado que sí son aplicables las reglas fijadas por la Corte Constitucional en
lo referente a los descuentos de las sumas percibidas por cualquier concepto laboral
por parte de miembros retirados ilegalmente de la fuerza pública.
8) Por lo anterior y para efectos del caso concreto, no es cierto que exista un criterio
unificado en esta Corporación que sea aplicable a todos los casos en los que se
analice el restablecimiento del derecho para miembros de la fuerza pública respecto
de quienes se haya declarado la nulidad del acto que ordenó su retiro del servicio
activo por disminución de la capacidad psicofísica, en relación con los descuentos
por las sumas percibidas por concepto laboral durante el periodo de retiro.
9) Para el caso del señor José Ilvar Salas Alarcón, la autoridad accionada, en
ejercicio de su autonomía e independencia y con fundamento en los medios de
prueba abordó el análisis a partir del precedente de la Sección Primera del Consejo
de Estado, según el cual, sí se deben ordenar los descuentos que por cualquier
concepto laboral hubiere recibido el demandante durante el tiempo en que no estuvo
vinculado al Ejército Nacional sin que la aplicación de tal proceder implique un
desconocimiento del precedente jurisprudencial o una trasgresión de los derechos
fundamentales del demandante.
10) En resumen, el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo del Meta resultó
razonable y en él se acogió una de las posturas de esta Corporación sobre la
materia, a partir de la cual concluyó que resulta aplicable el mencionado descuento.
12) Basta lo anteriormente expuesto para concluir que no existe una vulneración de
los derechos constitucionales fundamentales del demandante, en consecuencia, se
confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
1
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de 2018, expediente no. 2018-
01327-01, CP Hernando Sánchez Sánchez.
2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 22 de marzo de 2018, expediente no. 2017-
01344-01, CP Jorge Octavio Ramírez.
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Demandante: José Ilvar Salas Alarcón
Acción de tutela – Impugnación de fallo
FALLA
1º) Confírmase la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia de la misma.
4º) Por Secretaría, publíquese la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.
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