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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03055-00

Fecha
24 de junio de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03055-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1º) Niégase el amparo invocado por la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03055-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

24 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03055-00
Demandante: JAVIER LEONARDO SUÁREZ PERALTA
Demandado: SUBSECCIÓN F DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. RETIRO
DEL SERVICIO. FACULTAD DISCRECIONAL.
SEPARACIÓN ABSOLUTA. LÍMITE INDEMNIZATORIO.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE. NIEGA.

Síntesis del caso: el demandante reprochó la providencia judicial que dispuso su reintegro y
ordenó el reconocimiento de las sumas dejadas de pagar al demandante desde el momento
en que fue retirado de la Policía Nacional hasta que se produzca su reintegro, pero con el
descuento de las sumas que hubiere devengado por cualquier concepto laboral durante ese
mismo lapso. Alegó que la providencia cuestionada desconoció el precedente del Consejo de
Estado en el que se señaló que no es procedente aplicar tales descuentos. La Sala denotó
que no existe una posición unificada sobre la materia y que la postura de la autoridad
accionada resultó razonable.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por el señor Javier
Leonardo Suárez Peralta en contra de la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
consagrados en los artículos 29 y 48 de la Carta Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Mediante escrito radicado el 3 de junio de 2022 el señor Javier Leonardo Suárez
Peralta presentó acción de tutela en contra de la providencia proferida por la

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Demandante: Javier Leonardo Suárez Peralta
Acción de tutela

Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
17 de noviembre de 2021, con el fin de que se protejan los derechos fundamentales
antes referidos.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Se incorporó a la Policía Nacional y fue ascendido paulatinamente hasta obtener el
grado de intendente.

2) Mediante sentencia de 14 de septiembre de 2015 proferida por el Juzgado Diecisiete
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá fue condenado a la pena
principal de 12 meses de prisión, por el punible de violencia intrafamiliar agravada, así
como a la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones por el mismo término.

3) El 31 de diciembre de 2015 el director general de la Policía Nacional profirió la
Resolución 05849 de 31 de diciembre de 2015, en la cual lo separó en forma absoluta
del servicio con fundamento en el artículo 66 del Decreto 1791 de 2000.

4) Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo que dispuso su separación en forma
absoluta de la Policía Nacional y se le reintegrara al mismo grado que desempeñaba
al momento del retiro.

5) El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá mediante
sentencia de 10 de octubre de 2017 negó las pretensiones de la demanda.

6) Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación en
el que indicó, entre otros aspectos, que la Policía Nacional podía suspenderlo
temporalmente de su trabajo en los términos del artículo 68 del Decreto 1791 de 2000,
pero no podía despedirlo.

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7) El recurso fue desatado por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 17 de noviembre de 20211, en la que
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, i) declaró la nulidad de la
Resolución 05849 de 31 de diciembre de 2015; ii) ordenó su reintegro al cargo y grado
que desempeñaba para el momento del retiro con efectos a partir del 20 de enero de
2017, término a partir del cual habría lugar al pago de salarios y demás prestaciones
y iii) dispuso que la suma a pagar no podría ser inferior a 6 meses ni exceder 24 meses
de salario.

2. El fundamento de la vulneración

La parte actora señaló que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión
del fallo proferido el 17 de noviembre de 2021, por cuanto, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial.

En cuanto al defecto sustantivo sostuvo que el tribunal confundió la causal de retiro
por separación absoluta con la de facultad discrecional, situación que conllevó a que
de manera errada aplicara el límite indemnizatorio de 24 meses, sin advertir que este
solo aplica para los retiros de la Policía Nacional por la segunda causal.

Por otro lado, señaló que se desconoció el precedente contenido en unas sentencias
de tutela del Consejo de Estado2, en las cuales, a su juicio, se dio una interpretación
adecuada de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional3 que fijaron el
límite máximo indemnizatorio a los retirados de las fuerzas militares y, por lo tanto,
resolvieron que había lugar a realizar descuentos de sumas percibidas por cualquier

1 Decisión que fue notificada el 3 de diciembre de 2021.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Exp. 11001 03 15 000

2015 03538 00, sentencia de tutela de 25 de febrero de 2016; Consejo de Estadio, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Exp. 11001 03 15 000 2016 00478 00, providencia de tutela
de 13 de abril de 2016; Consejo de Estadio, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
Exp. 11001 03 15 000 2016 01947 00, sentencia de tutela de 13 de octubre de 2016; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Exp. 05001 23 31 000 2011
00219 01 (0472-14), providencia de 23 de febrero de 2017, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho; Consejo de Estadio, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, Exp. 11001 03 15 000 2018 00064 00, providencia de tutela de 21 de febrero
de 2018. - Consejo de Estadio, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B; Exp. 11001 03 15 000 2018 04124 00, sentencia de tutela de 16 de enero de 2019
3 SU-556 de 2014 y SU 053 de 2015

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concepto laboral, durante el tiempo en que los demandantes estuvieron retirados del
servicio, pues el acto de retiro se había dado en ejercicio de la facultad discrecional y
no por la causal de separación absoluta.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

“11°PETICIÓN: Se TUTELEN mis fundamentales derechos ya mencionados
y se ORDENE al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca
(Subsección “f" Magistrado Dr. Luis Alfredo Zamora Acosta) que al proferir
nueva sentencia sobre los límites indemnizatorios NO me los imponga
teniendo en cuenta que no fui retirado por facultad discrecional, procediendo
al pago completo de mis salarios, primas y demás emolumentos desde el
retiro de la Policía Nacional (31 de diciembre de 2015), hasta cuando sea
efectivamente reintegrado.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI- mayúsculas del original)

4. Actuación procesal

Mediante auto de 8 de junio de 2022 se admitió el proceso de acción de tutela y se
ordenó notificar al presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al titular del Juzgado
Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al director general de la Policía
Nacional con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El magistrado ponente de la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca indicó que, si bien el demandante citó algunos
pronunciamientos judiciales que presuntamente constituían el precedente
desconocido por el tribunal en la sentencia de 17 de noviembre de 2021, del análisis
de todos ellos era posible advertir que, pese a que se aplicó el límite indemnizatorio
en materia de retiro discrecional, no se afirmó la imposibilidad de acudir a dicho límite
cuando la desvinculación tuviera origen en otras causales.

La titular del Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá manifestó

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que se garantizó el debido proceso, por lo que la sentencia fue proferida a la luz de la
normatividad y jurisprudencia aplicable en la materia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
a la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados con
ocasión del fallo proferido el 17 de noviembre de 2021.

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Como cuestión previa se advierte que si bien en el proceso de acción de tutela se
alegaron los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, lo cierto es que,
de la lectura integral del escrito de tutela se tiene que los reparos efectuados tienen
relación directa con la indebida interpretación de las sentencias de unificación de la
Corte Constitucional4 que fijaron el límite máximo indemnizatorio a los retirados por
facultad discrecional; por consiguiente, se procederá a realizar el análisis únicamente
frente al desconocimiento del precedente pues los argumentos relacionados con un
presunto defecto sustantivo en realidad están dirigidos a demostrar que en este caso
no debieron aplicarse los topes indemnizatorios conforme a unas sentencia de tutela
del Consejo de Estado.

No sobra recordar que dicho estudio procederá, si y solo si, se supera el examen de
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
invocado, por las razones que procederá a exponer:

La Sala advierte que se cumplen los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados
por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) se agotaron todos los medios de
defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada; ii) se cumplió con el
requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de
los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada5; iii) el presente caso
no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales
de la parte actora; iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron; v) no se ataca
una sentencia de tutela y, finalmente; vi) la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional por cuanto se alegó el supuesto desconocimiento del
precedente judicial, argumento que no pudo invocarse en el proceso ordinario y que,
por ende no constituye una reiteración de lo discutido en el proceso ordinario.

4 SU-556 de 2014 y SU 053 de 2015

5 La notificación de la sentencia se surtió el 3 de diciembre de 2021 y la tutela se presentó el 3 de junio

del presente año.

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En consecuencia, procede el análisis de fondo del desconocimiento del precedente
invocado por la parte demandante.

1) El demandante señaló que se desconoció el precedente contenido en unas
sentencias de tutela del Consejo de Estado6, en las cuales, a su juicio, se dio una
interpretación adecuada de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional7
que fijaron el límite máximo indemnizatorio a los retirados de las fuerzas militares y,
por lo tanto, resolvieron que había lugar a realizar descuentos de sumas percibidas
por cualquier concepto laboral durante el tiempo en que los demandantes estuvieron
retirados del servicio, pues el acto de retiro se había dado en ejercicio de la facultad
discrecional y no por la causal de separación absoluta.

2) Sea lo primero señalar que a la fecha no existe una posición unificada de esta
Corporación frente a la aplicación o inaplicación de la regla definida por la Corte
Constitucional en la sentencia de unificación SU-556 de 2014 sobre los descuentos de
sumas percibidas por servidores públicos por cualquier concepto laboral, durante el
tiempo en que estuvieron retirados del servicio, como consecuencia de la declaratoria
de nulidad del acto que ordenó dicho retiro.

3) En efecto, actualmente existen dos líneas jurisprudenciales predominantes en la
Corporación, lo que dio lugar a que en auto de 9 de agosto de 2017 la Sección
Segunda del Consejo de Estado reconociera la importancia jurídica y la necesidad de
unificar su criterio sobre el particular y avocara el conocimiento del proceso no. 11001-
03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017) con ese propósito, sin que hasta el momento
se hubiera proferido la decisión correspondiente.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Exp. 11001 03 15 000

2015 03538 00, sentencia de tutela de 25 de febrero de 2016; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Exp. 11001 03 15 000 2016 00478 00, providencia de tutela
de 13 de abril de 2016; Consejo de Estadio, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
Exp. 11001 03 15 000 2016 01947 00, sentencia de tutela de 13 de octubre de 2016; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Exp. 05001 23 31 000 2011
00219 01 (0472-14), providencia de 23 de febrero de 2017, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho; Consejo de Estadio, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, Exp. 11001 03 15 000 2018 00064 00, providencia de tutela de 21 de febrero
de 2018. - Consejo de Estadio, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B; Exp. 11001 03 15 000 2018 04124 00, sentencia de tutela de 16 de enero de 2019
7 SU-556 de 2014 y SU 053 de 2015

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4) Ahora bien, en la referida sentencia SU-556 de 2014 la Corte Constitucional
estableció las reglas aplicables al momento de definir el restablecimiento del derecho
en casos en los que se ordena el reintegro de servidores públicos que ocupaban
cargos en provisionalidad y dispuso que solo se debe reconocer el equivalente a
sumas dejadas de pagar descontando de ese valor las sumas percibidas por cualquier
concepto laboral, público o privado y con un tope máximo de 24 meses de salario.

5) Posteriormente, la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-053 de 2015 en la
que hizo extensivas las anteriores consideraciones para casos en que se discutan las
indemnizaciones de miembros de la fuerza pública por retiros ilegales del servicio.

6) En consecuencia, para la Sala es claro que en los diversos fallos de tutela proferidos
por las distintas Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado y las Subsecciones
de la Sección Segunda de esta Corporación como juez ordinario se han plasmado
consideraciones disímiles sobre el particular.

7) Así, en algunas sentencias de tutela la Sección Segunda del Consejo de Estado
consideró que no había lugar a aplicar el precedente fijado por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-053 de 2015 porque en ellas se analizó el caso de miembros de la
fuerza pública que fueron retirados por disminución de la capacidad psicofísica y no
en ejercicio de la facultad discrecional.

8) Por otra parte, las Secciones Primera8 y Cuarta9 del Consejo de Estado han
considerado que sí son aplicables las reglas fijadas por la Corte Constitucional en lo
referente a los descuentos de las sumas percibidas por cualquier concepto laboral por
parte de miembros retirados ilegalmente de la fuerza pública, cualquiera que fuera el
motivo del retiro.

9) Por lo anterior y para efectos del caso concreto, no es cierto que exista un criterio
unificado en esta Corporación que sea aplicable a todos los casos en los que se analice
el restablecimiento del derecho para miembros de la fuerza pública respecto de

8 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de 2018, expediente no. 2018-01327-

01, CP Hernando Sánchez Sánchez.
9 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de 22 de marzo de 2018, expediente no. 2017-01344-

01, CP Jorge Octavio Ramírez.

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quienes se haya declarado la nulidad del acto que ordenó su retiro del servicio activo
por una causal diferente a la de facultad discrecional, como por ejemplo, separación
absoluta, en relación con los descuentos por las sumas percibidas por concepto laboral
durante el periodo de retiro.

10) Por consiguiente, como lo dijo esta Sala en reciente oportunidad10, es
completamente razonable que la autoridad judicial accionada, en ejercicio de su
autonomía y con fundamento en los medios de prueba, aborde el análisis a partir del
precedente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según el cual, sí se deben
ordenar los descuentos que por cualquier concepto laboral hubiere recibido el
demandante durante el tiempo en que no estuvo vinculado a la Policía Nacional, sin
que la causal que motivó el retiro, así como el tipo de vinculación con la institución,
tuvieran incidencia directa en su aplicación, de tal manera que dicho proceder no
implica un desconocimiento del precedente jurisprudencial o una trasgresión de los
derechos fundamentales del demandante.

11) En resumen, el análisis efectuado por la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca resultó razonable y en él se acogió una de
las posturas de esta Corporación sobre la materia, a partir de la cual concluyó que
resulta aplicable el mencionado descuento.

12) Basta lo anteriormente expuesto para concluir que no existe una vulneración de
los derechos constitucionales fundamentales del demandante, en consecuencia, se
negará el amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de abril de 2022, exp. 11001-

03-15-000-2021-10894-01 (AC).

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Demandante: Javier Leonardo Suárez Peralta
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FALLA

1º) Niégase el amparo invocado por la parte demandante, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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