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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10971-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-10971-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 4 de febrero de 2022 dictado por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-10971-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

11 de abril de 2024

Demandante: Héctor Samuel Blanco Navarro
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10971-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10971-01
Demandante: HÉCTOR SAMUEL BLANCO NAVARRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. IBL. Incumplimiento de los
requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad.
Confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia de 4 de febrero de 2022, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A declaró la improcedencia de la solicitud de amparo
de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Héctor Samuel Blanco Navarro, por conducto de apoderado judicial, radicó
acción de tutela el 29 de noviembre de 2021, con el fin de que se le protejan sus
derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital y
móvil, al debido proceso y a la igualdad.

Las mencionadas garantías las consideró transgredidas con la sentencia de 11 de
diciembre de 2020, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral, Sección B, revocó la decisión de 15 de abril de 2015 dictada
por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla que había
accedido a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió el actor contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. La referida
causa se identificó con el radicado 08001-33-33-012-2013-00311-01.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones son las siguientes:

1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MINIMO
VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS ADQUIRIDOS Y
EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA,
FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY, DEBIDO

1
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Demandante: Héctor Samuel Blanco Navarro
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10971-01

PROCESO, Y DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL, del señor HÉCTOR
SAMUEL BLANCO NAVARRO.

2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SECCION
SEGUNDA- DESPACHO 003 – SALA DE DECISION ORAL- SECCIÓN B, en amparo
a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2020,
que REVOCÓ la sentencia de primera instancia por la cual se había accedido a las
pretensiones de la demanda y en consecuencia de ordene a reliquidar la pensión de
asistida teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectivo, es decir,
desde el 01 de noviembre de 1990 hasta el 1 de noviembre de 1991

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos
aquí tutelados. […].1

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:

El señor Héctor Samuel Blanco Navarro indicó que prestó sus servicios en la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Barranquilla, entre el 5 de febrero
de 1969 y el 1° de noviembre de 1991, razón por la que la extinta Caja Nacional de
Previsión Social (hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social) le reconoció la pensión de jubilación
«omitiendo la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el
último año de servicios».

Informó que, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), con ocasión de la
resolución RDP 017167 de 27 de noviembre de 2012 expedida por la mencionada
entidad, a través de la cual le negó la solicitud de reliquidación de la prestación.

Del referido proceso conoció en primera instancia el Juzgado Doce Administrativo
del Atlántico que, en sentencia de 23 de abril de 2015 accedió a las pretensiones
deprecadas al señalar, en síntesis, que el señor Blanco Navarro se encontraba
cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo
que resultaba aplicable la Ley 33 de 1985 y demás normas reglamentarias.

El recurso de apelación interpuesto por la UGGP consistió en alegar que: (i) de
conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a quienes les faltare menos
de 10 años para adquirir el derecho, la pensión se liquidará con el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, o el cotizado durante todo el
tiempo si este fuere superior, no obstante, la liquidación del 75% de lo percibido en
el último decenio se realiza con los factores enlistados en el artículo 1. ° del Decreto
1158 de 1994; (ii) la Corte Constitucional ha establecido que las disposiciones que
regulan los regímenes pensionales forman una unidad inescindible, y que solo la
administración puede aplicar las reglas generales de la Ley 100 de 1993, cuando
expresamente el régimen pensional anterior no las haya previsto; y (iii) erró el

1
Transcrito de texto original con énfasis y posibles errores.

2
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Demandante: Héctor Samuel Blanco Navarro
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
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Consejo de Estado al expedir la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010,
con la cual se apartó de la correcta interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 al ordenar la liquidación con unos factores que no están detallados de manera
taxativa en el Decreto 1158 de 1994.

El mencionado mecanismo lo resolvió el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Decisión Oral, Sección B, mediante providencia de 11 de diciembre de 20202, en
el sentido de revocar lo decidido en primer grado y, en su lugar, denegar las súplicas
de la demanda tras concluir que, para efectos de liquidar las pensiones de los
beneficiarios del régimen de transición se deben tener en cuenta los factores
consignados en el Decreto 1158 de 1994 y, de conformidad con la sentencia de
unificación vigente del Consejo de Estado, solo se tendrán en cuenta aquellos
percibidos y sobre los cuales se hubiesen realizado los correspondientes aportes.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora, después de referirse al cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales,
alegó que en el presente caso se configuraron los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial.

Ello, debido a que, la autoridad demandada no tuvo en cuenta que el señor Héctor
Samuel Blanco Navarro era beneficiario del régimen de transición del parágrafo 2.°
del artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985, razón por la cual, a juicio del accionante, para
la liquidación de la pensión debía aplicarse el contenido de la Ley 6 a de 1945, los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, y 1045 de 1978.

Así, adujo que la decisión cuestionada se limitó a definir si el IBL y los factores
salariales reclamados estaban enlistados en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, y
no determinó si el señor Blanco Navarro era beneficiario de la transición de la Ley
33 de 1985 «desconociendo que la pensión del actor se sujetaba a distintos
preceptos legales».

En ese orden, alegó que lo anterior conllevó que se omitieron las sentencias del
Consejo de Estado de 31 de enero de 20193, de 10 de junio de 20194, de 5 de mayo
de 20195, de 9 de julio de 20096, y de 12 de mayo de 20057 las cuales contienen el
criterio vigente al momento de presentarse la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, consistente en que «para liquidar las pensiones de
los servidores públicos amparados con el régimen de transición se deben tener en
cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de
servicios», comoquiera que «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los
factores salariales que conformaban la base de liquidación pensional, sino que los
mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos
[…]».

2
Notificada vía electrónica el 31 de mayo de 2021.
3
Expediente 41001-23-31-000-2012-00101-01.
4
Expediente 11001-03-15-000-2019-01662-00.
5
Expediente 25000-23-42-000-2012-02011-01.
6
Expediente 25000-23-25-000-2004-04442-01.
7
Expediente 25000-23-25-000-2000-04685-01.

3
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También resaltó la inaplicabilidad de la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018 del Consejo de Estado al caso concreto, puesto que se expidió con
posterioridad a la radicación de la demanda que dio lugar al proceso ordinario, y
porque el señor Blanco Navarro es beneficiario del régimen de transición de la Ley
33 de 1985.

A su juicio, la referida providencia solo resulta ajustada para quienes «estaban
cobijados por la Ley 33 de 1985 y no habían consolidado su derecho a la pensión,
pero nada dijo frente a quienes esa misma ley había excluido de su aplicación y sus
pensiones estaban reguladas por los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978, a
través de otro régimen de transición».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 7 de diciembre de 2021, el despacho ponente de la primera
instancia admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B en calidad de entidad
demandada, y dispuso la notificación en calidad de terceros con interés de la UGPP
y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

Finalmente, requirió a las autoridades judiciales respectivas la remisión digital del
expediente del proceso ordinario y le reconoció personería al abogado Jairo Iván
Lizarazo Ávila.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección
B

Requirió que se declarara improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, toda vez que lo pretendido por el
accionante es convertir a la acción de tutela en una instancia adicional del proceso
ordinario.

Señaló que la providencia cuestionada se fundamentó en la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado.
Asimismo, que en ella están contenidos los argumentos por los cuales se revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la
demanda.

1.6.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Solicitó que se declarara improcedente la tutela, toda vez que el señor Navarro
Blanco pretende sustituir la decisión judicial proferida por el juez natural de la causa.

4
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Señaló que se aplicó correctamente el régimen de transición, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que establecen que la norma
aplicable para la liquidación de la pensión del accionante era la contenida en la Ley
33 de 1985, en cuanto a la edad, el tiempo y el monto, pero para el Ingreso Base de
Liquidación (IBL) se debía aplicar el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y los factores salariales debían ser los contenidos en el Decreto 1158 de 1994.

1.7. Sentencia de primera instancia8

En providencia de 4 de febrero de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de la referencia al concluir
que el sub lite no satisfizo el requisito de subsidiariedad, puesto que los argumentos
de la acción de tutela se subsumen en que el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral, Subsección B, no determinó si el señor Héctor Samuel
Blanco era beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, para efectos
de liquidar como lo establece la Ley 6ª de 1945 y los Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, puesto que se limitó a establecer si se debían o no incluir
todos los factores salariales que percibió el demandante en el último año de servicio.

Indicó que, al revisar el acta de la audiencia inicial de 23 de abril de 2015, se observó
que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla fijó el litigio
en el sentido de determinar si le asistía el derecho al señor Blanco Navarro a obtener
la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio de conformidad con lo
establecido en la Ley 33 de 1985 «[…] o si por el contrario […] no tiene derecho a
dicha reliquidación, toda vez que por pertenecer al régimen de transición se le aplicó
la Ley 33 de 1985, pero la liquidación del Ingreso Base de Liquidación se realizó de
conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la cual remite
a los factores salariales taxativamente señalados en el Decreto 1158 de 1994».

Al respecto, el a quo resaltó que el tutelante no controvirtió a través del recurso de
reposición la mencionada providencia en la cual se fijó el litigio pese a que contó
con la oportunidad procesal para hacerlo y, esta sede constitucional no es el
escenario para corregir errores de las partes del proceso de la causa natural.

Finalmente, arguyó que las providencias con las cuales se definieron las dos
instancias del proceso ordinario se ciñeron a la controversia señalada en la fijación
del litigio, y si bien resultaron opuestas, esto se debió a que el tribunal censurado
aplicó la tesis de la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 concerniente

.8 Notificada vía electrónica el 14 de febrero de 2022 a un correo errado, razón por la cual el
accionante no contó con la oportunidad de impugnar la decisión y el expediente fue remitido a la
Corte Constitucional mediante oficio de 28 de febrero de 2022, corporación que con auto de 29 de
abril de la misma anualidad y notificado el 13 de mayo siguiente, resolvió no seleccionar el asunto,
por lo tanto, remitió las diligencias al Consejo de Estado con oficio de 3 de agosto de 2023. Luego,
con memorial radicado por el señor Blanco Navarro el 16 de enero de 2024, solicitó que se declarara
la nulidad del fallo de primer grado con fundamento en lo establecido en el parágrafo 2. ° del numeral
8. ° del artículo 133 del Código General del Proceso. Mediante providencia de 6 de febrero de 2024,
la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado se declaró la nulidad de las actuaciones
surtidas con posterioridad a la expedición de la sentencia de 4 de febrero de 2022 y se ordenó realizar
nuevamente la notificación, la cual se surtió en debida forma el 8 de febrero de 2024.

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a que los únicos factores salariales a incluir para calcular el IBL son aquellos sobre
los cuales se hubieren efectuado los aportes al sistema pensional.

1.8. Impugnación

Con escrito allegado oportunamente el 12 de febrero de 2024, la parte actora solicitó
que se revoque la sentencia de primer grado y, en su lugar, se acceda al amparo
deprecado. En ese orden, insistió en el defecto sustantivo, comoquiera que, en su
criterio, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B,
no se pronunció respecto de si el señor Samuel Blanco Navarro era beneficiario de
la transición de la Ley 33 de 1985 porque a la entrada en vigencia de esta normativa,
el accionante contaba con más de 15 años de servicio.

Agregó que se desconoció la sentencia de 17 de octubre de 2023 dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del expediente identificado con el
radicado 08001-33-33-005-2016-00309-01, en la cual se estableció que los
beneficiarios de las transiciones previas a la Ley 100 de 1993 tienen «la posibilidad
de seguir siendo cobijados por las regulaciones anteriores para los efectos de
tiempo de servicio, edad de pensión y monto […]».

Por último, concluyó que «la diferencia de regímenes e inaplicabilidad entre la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y el régimen de transición de la
Ley 33 de 1985, debía omitirse al actor de dicha jurisprudencia, pues la misma no
hizo mención a dicha transición».

1.9. Actuaciones en segunda instancia

En proveído de 19 de marzo de 2024, se puso en conocimiento la existencia de una
nulidad de carácter saneable por la falta de vinculación al asunto de la referencia,
del Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, de
conformidad con lo estipulado en los artículos 133-8, 136 y 137 del Código General
del Proceso.

Por ello, se ordenó integrar al contradictorio a la autoridad judicial de la primera
instancia del proceso ordinario, para que, si era de su interés: (i) alegara la nulidad;
(ii) se pronunciara sobre la solicitud de amparo sin referirse al yerro; o (iii) guardara
silencio. También se indicó que en los dos últimos casos la irregularidad se
entendería subsanada.

Pese a que este auto fue debidamente notificado el 21 de marzo de 2024, el juzgado
vinculado guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo
de tutela de 4 de febrero de 2022, por medio del cual la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, de
conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del

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Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo
80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

En este punto del debate es necesario precisar que, en virtud del derecho de
defensa y contradicción de las partes e intervinientes, así como de los principios del
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en sede de tutela de
segunda instancia, le corresponde al juez constitucional abordar los argumentos
señalados en el escrito de tutela que fueron iterados en la impugnación.

En ese sentido, en relación con el yerro por desconocimiento del precedente,
concierne señalar que no será abordado en esta oportunidad por cuanto en el
memorial a través del cual se manifestó la inconformidad con la decisión de primer
grado, además de no insistirse en las providencias referidas como desatendidas en
el libelo inicial, se trajo a colación una sentencia expedida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico como argumento nuevo, frente al cual los demás sujetos
procesales no contaron con la oportunidad de ejercer sus derechos.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 4 de febrero de 2022, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, declaró la improcedencia de esta solicitud de
amparo.

Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) la naturaleza
subsidiaria del mecanismo constitucional; (iii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iv) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y ella misma habían adoptado posturas diversas sobre el tema 10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 11.

9
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.

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Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la
referida Sala Plena, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial.

A partir de las anteriores directrices se entrará a estudiar los requisitos generales
de procedibilidad en el caso de la referencia.

2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591
de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia13.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

2.6. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. En cuanto a la relevancia constitucional, la Sala advierte que, contrario a lo
señalado por el juez de primera instancia, en el sub examine no se cumple el

12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones».

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presupuesto de la referencia, marco en el cual los argumentos expuestos por el
señor Héctor Samuel Blanco Navarro no satisfacen las reglas establecidas por la
Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de 2022.

En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones
de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate
que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, mas no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de
relevancia constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la
acción y en la especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con
el fin de evitar que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la
esfera funcional de otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la
carga de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los
derechos fundamentales».

En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:

El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes.

Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe
cumplir con las siguientes finalidades:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal. 14

14
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.

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Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez
de tutela debe verificar al momento de analizar si el asunto objeto de su atención
satisface el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:

a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico 15; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales».16

b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos
legales como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la
excepción de los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los
derechos y deberes constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no
representen un interés general”17. En este orden, el examen de la relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la simple
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental»18.

d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso19, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u
omisión arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación
de derechos fundamentales, toda vez que estas Colegiaturas actúan como
tribunales de cierre.

2.6.1.1. Ahora bien, al descender al análisis de los cargos esbozados por el señor
Héctor Samuel Blanco Navarro, se advierte que el asunto se circunscribe a un
debate meramente legal, al haberse cimentado en que el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, incurrió en un defecto sustantivo en la
sentencia de 11 de diciembre de 2020 por analizar y decidir la situación jurídica del
tutelante con base en las normas que regulan el cálculo del IBL en el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, omitiendo analizar si el demandante es

15
Sentencia SU-103 de 2022.
16
Sentencia SU-573 de 2019.
17
Ibídem.
18
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
19
Sentencia SU-573 de 2019.

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beneficiario de la transición de la Ley 33 de 1985, por lo que, a su juicio, el marco
normativo en materia de liquidación de la pensión se limitaba a lo determinado en
la Ley 6ª de 1945, y en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, y 1045 de 1978.

Lo anterior deja al descubierto que la discusión que se propuso en este medio
subsidiario es, en síntesis, netamente de interpretación legal, comoquiera que su
inconformidad se circunscribe al presunto error de la judicatura censurada al
resolver el proceso ordinario con fundamento en un marco jurídico que, a juicio de
la parte actora no le es aplicable y, por ello, le fue denegada la pretensión
consistente en la reliquidación de su prestación económica con la inclusión de todos
los factores salariales percibidos en el último año de servicio, alegaciones que, en
síntesis, se limitan a la controversia que se surtió y que fue objeto de
pronunciamiento por parte del juez natural de la causa.

Pretender que esta sede se emplee como ejercicio de una tercera instancia del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de mantener
indefinida en el tiempo la situación jurídica del tutelante hasta lograr una resolutiva
favorable a sus intereses, pone en juego los pilares del servicio de la administración
de justicia involucrados en este caso, tales como el principio de legalidad, la cosa
juzgada y la seguridad jurídica.

Por ello, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial
se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es menester
que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el concepto
de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta contradicción de
los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez un
pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado el máximo órgano en esta
materia.

Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, requiere con mayor énfasis que el interesado ejecute una exposición que
sin lugar a duda demuestre de forma coherente, el engranaje entre la orden objeto
de reproche y la inescindible afectación de las garantías fundamentales en su
núcleo esencial.

Por ello, sin dar lugar a mayores disquisiciones, es evidente que la controversia
planteada no satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que, las
inconformidades se circunscriben a atacar la decisión del Tribunal Administrativo
del Atlántico, por no analizar el marco jurídico invocado en la forma en que la actora
lo señala, para efectos de acceder a una reliquidación de una prestación económica.

Alegaciones que, claramente se enmarcan puntualmente en la controversia
debatida en el medio de control ordinario y en un asunto económico, por lo tanto, no
están justificadas en una acreditada o palmaria vulneración de garantías
fundamentales en el sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las
citadas sentencias de unificación 573 de 2019, 215 y 103 de 2022.

En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que amerite superar el requisito de relevancia
constitucional en tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello

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comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente
legal y de índole económica; (ii) carece de la carga argumentativa elevada a un
rango constitucional; y (iv) no se evidencia una vulneración palmaria derivada de la
sentencia de 11 de diciembre de 2020, que implique la intervención del juez de
tutela.20

2.6.2. Frente al agotamiento de los medios de defensa judicial, en consonancia
con lo analizado por el a quo constitucional, esta exigencia no se cumple en el
asunto de la referencia, en atención a que, como la parte actora lo indica en su
impugnación, la presente acción de tutela se instauró contra la sentencia de 11 de
diciembre del año 2020 expedida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala
de Decisión Oral, Sección B, toda vez que a su juicio, en esa providencia no se
consideró ni resolvió si el señor Héctor Samuel Blanco Navarro es beneficiario de la
transición de la Ley 33 de 1985, puesto que se limitó a pronunciarse sobre cuáles
de los factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994 debían incluirse en
la liquidación de su pensión.

Al respecto, conviene resaltar que, si la parte actora advirtió que la providencia de
11 de diciembre de 2020 no resolvió sus argumentos y que ello vulneraba sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, podía acudir al mecanismo de defensa que el ordenamiento jurídico ofrece
en estas situaciones para conjurar la vulneración de los referidos derechos
fundamentales, como lo es la adición de la sentencia.

Para esta Sala, no es de recibo que la parte actora alegue que la autoridad de
segunda instancia dejó de pronunciarse sobre uno de sus planteamientos y que no
solicitara su complementación.

A ello se suma que, como se indicó en la sentencia de tutela de primera instancia,
la presunta irregularidad se originó desde la fijación del litigio en la audiencia inicial
realizada en el proceso ordinario al omitir que se debía establecer si el señor Blanco
Navarro era beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, frente a lo
cual no elevó el recurso de reposición21 y tampoco solicitó la adición del fallo emitido
por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla por cuanto
accedió a sus pretensiones. Es decir, lo que se evidencia es que la omisión de
ejercer los medios judiciales ante su clara concepción respecto a la vulneración de
sus derechos es relativa, puesto que ante un fallo próspero no vio necesaria su
protección, empero, hoy sí resulta indispensable el estudio de sus argumentos.

Sobre este mecanismo, es importante precisar que debía radicarse dentro del
término de ejecutoria de la sentencia, tal como lo establece el artículo 287 del
Código General del Proceso.

La norma en cita expresamente consagra:

20
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-
15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (iii) sentencia de
28 de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
21
«Artículo 242. Modificado por el art. 61, Ley 2080 de 2021. <El nuevo texto es el siguiente>
Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario.
En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso».

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«ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de
los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley
debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en
la misma oportunidad.

El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre
que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la
demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente
para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término.

Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal».

Así, la Sala considera que los cuestionamientos que trajo la parte actora en el escrito
de tutela debían ser elevados a través del recurso de reposición frente a la fijación
del litigio y, finalmente, de una solicitud de adición, luego entonces, el interesado
debió utilizar todos los medios de defensa judicial ordinarios que tenía a su alcance
para garantizar la protección de su derecho fundamental al debido proceso y, en
ese escenario, la acción de tutela no es un mecanismo previsto para corregir esa
omisión.

Por esta razón, este trámite constitucional no puede ser utilizado como una
alternativa para desplazar, suplantar o sustituir los medios judiciales comunes con
los que cuentan los ciudadanos por disposición de la ley, máxime cuando estos son
idóneos y eficaces.

La solicitud de amparo no constituye un mecanismo electivo frente a los recursos
de defensa consagrados en las normas, ni puede convertirse en una tercera
instancia a la que se pueda recurrir con el fin de controvertir unos argumentos que
debieron ser materia de estudio del juez natural, pues permitir tal posibilidad
desconocería que este instrumento es de carácter residual y subsidiario para la
protección de los derechos fundamentales.

En otras palabras, de manera excepcional, la acción de tutela puede usarse
preferentemente a pesar de contar con otros medios de defensa judicial, cuando
estos no resulten idóneos y se pueda ocasionar un perjuicio irremediable si no
interviene el juez constitucional, lo cual no sucede en esta oportunidad, en atención
a que la condición de salud del demandante no justifica el hecho de no haber
agotado los mecanismos a su alcance.

En atención a los argumentos expuestos, resulta evidente que en el asunto
analizado no es procedente, por tanto, habrá de confirmarse la sentencia de primera
instancia, pero, por las razones contenidas en la parte considerativa de esta
sentencia.

2.7. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, se confirmará la sentencia de 4 de febrero de 2022
que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, comoquiera que no se

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encontraron satisfechos los requisitos de relevancia constitucional y de
subsidiariedad.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 4 de febrero de 2022 dictado por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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