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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-31-000-2012-00101-01

Pensión de jubilación: reliquidación

Fecha
31 de enero de 2019
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
73 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-31-000-2012-00101-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modifíquese la sentencia de primera instancia proferida el 7 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural, para señalar que la entidad que debe dar cumplimiento a la orden de liquidación de la pensión del señor Pablo Emilio Flórez González es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Confírmese en todo lo demás. Tercero: Reconózcase personería a la abogada Karina Vence Peláez, identificada con cédula de ciudadanía 42.403.532 de San Diego, Cesar, y tarjeta profesional 81.621 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en los términos y para los efectos del poder conferido en el folio 355 del expediente. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-31-000-2012-00101-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

31 de enero de 2019

PENSION DE JUBILACION - Reliquidación / INCORA - Encargada de una eventual reliquidación pensional / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - Tercero con interés como coadyuvante / NULIDAD PROCESAL - Improcedente las nulidades fueron saneadas con las actuaciones desplegadas en el proceso / INEPTA DEMANDA - No se configura

Para la fecha de expedición de la presente providencia, la UGPP es la entidad que asumió el pago de las pensiones que tenía a su cargo el INCORA, por lo que sería la llamada a dar cumplimiento a una eventual orden de reliquidación pensional del señor Pablo Emilio Flórez González. No obstante lo anterior, la situación descrita implica la necesidad de resolver, por una parte, si la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe ser desvinculada de este proceso y por otra, si se debe declarar la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia, en atención a la solicitud efectuada por la UGPP, de ser reconocida dentro del proceso. Si bien la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ya no sería una de las entidades llamadas a dar cumplimiento a una eventual sentencia favorable a las pretensiones de la demanda, en atención a que por virtud del Decreto 2796 de 2013 tal obligación fue asumida por la UGPP, también es cierto que no debe ser desvinculada del presente proceso, sino que debe permanecer en calidad de tercero con interés como coadyuvante. De otra parte, no es procedente la nulidad propuesta por el Ministerio Público por el hecho de que el Tribunal Administrativo del Huila no hubiera reconocido personería al apoderado de la UGPP, habida cuenta de que dicha entidad continuó desplegando actuaciones procesales sin proponer causal de nulidad alguna, con lo cual puede entenderse saneado cualquier defecto que en este sentido se hubiera podido configurar. Además, la subrogación de la UGPP en las obligaciones pensionales del INCORA, se dio por virtud del Decreto 2796 de 2013 y no por el reconocimiento que de ello se haga en el proceso, sin que la situación descrita implique que la entidad de previsión social queda relevada de cumplir con el pago de la pensión del actor, en los términos en que lo imponga el juez de lo contencioso administrativo. Es el respectivo ministro en quien recae la representación de la Nación, función que fue objeto de delegación por medio de la Resolución 00363 del 31 de marzo de 1992, en el jefe de la Oficina Jurídica de dicha cartera ministerial, quien confirió poder para la representación judicial de aquella, con lo cual no se advierte defecto alguno que constituya la excepción bajo estudio. No se configura la excepción de inepta demanda pues el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural interviene en representación de la Nación.

PENSION DE JUBILACION - Régimen pensional de empleados públicos / REGIMEN DE TRANSICION LEY 33 DE 1985 - Beneficiario / PENSION DE JUBILACION - Reconocida con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios / SENTENCIA DE UNIFICACION DEL 28 DE AGOSTO DE 2018 - No aplican las reglas y subreglas aplicables a los beneficiarios de la ley 100 de 1993

La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1). En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitirá, regirse por las normas aplicables en el régimen anterior al que se encontraban afiliados, en cuanto a la edad, tiempo de servicios o número de semas cotizadas y monto de la prestación. Se advierte que el demandante era beneficiario del régimen de transición previsto por la Ley 33 de 1985, pues tenía más de 15 años de servicio para su entrada en vigencia, lo cual no se afecta por el hecho de que la prestación hubiera sido reconocida en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, que de acuerdo con el análisis efectuado en precedencia su pensión debía regirse por la Ley 6 de 1945 y no las reglas y subreglas definidas para los beneficiarios del régimen de transición de la mencionada Ley 100 de 1993 en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado. El actor tiene derecho a que se reliquide la pensión reconocida por la Resolución 01344 del 29 de junio de 1999, con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, por ser beneficiario del régimen de transición contenido en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, lo cual lo hace destinatario de las previsiones de la Ley 6 de 1945.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "A"

Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 41001-23-31-000-2012-00101-01(1145-16)

Actor: PABLO EMILIO FLOREZ GONZALEZ

Demandado: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - DECRETO 01 DE 1984.

ASUNTO

La Subsección conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 7 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Pablo Emilio Flórez González, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó a la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Pretensiones

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Resolución 01344 del 29 de junio de 1999, expedida por el secretario general del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, hoy liquidado «por la cual se reconoce una pensión de jubilación», en cuanto a la liquidación que efectuó de la prestación reconocida al demandante.
Resolución 01641 del 5 de agosto de 1999, suscrita por el mismo funcionario, por el cual se rechazó un recurso de reposición.

Resolución 01914 del 19 de noviembre de 2003, por la cual el gerente liquidador del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA, hoy liquidado, dio cumplimiento a una conciliación prejudicial de reliquidación de una pensión de jubilación.

Oficio FPSE-2010-010440 del 9 de septiembre de 2010, a través del cual el director general del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia negó la reliquidación de la pensión de jubilación.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene la reliquidación de la pensión reconocida sobre el 85% del ingreso base de liquidación, determinado con la inclusión de todos los factores devengados por períodos completos durante el último año de servicios, con la actualización de salario promedio que sirva de base para liquidarla, con la variación anual del IPC certificada por el DANE, «hasta la fecha en que se retiró del servicio por haber adquirido el derecho para pensionarse».

Que se reconozca y pague el otro 50% del valor correspondiente a la indexación por las diferencias existentes entre la mesada reconocida y aquella que le fue reliquidada parcialmente en cumplimiento de acuerdo conciliatorio, mediante la Resolución 01914 del 19 de noviembre de 2003.

Que se ordene el reconocimiento y pago de la diferencia entre lo que se ha debido cancelar considerando todo lo devengado y la actualización del ingreso base de liquidación de la primera mesada y lo recibido hasta la fecha, por concepto de pensión de jubilación ordenado por los actos acusados, debidamente indexadas.

Se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

FUNDAMENTOS FÁCTICOS

En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:

El señor Pablo Emilio Flórez González laboró para el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, hoy liquidado, desde el 26 de julio de 1966 hasta el 30 de abril de 1993, fecha en la cual fue retirado del servicio por supresión del cargo que venía desempeñando como asistente administrativo 15 en la regional Huila.

El INCORA le reconoció la pensión de jubilación mediante Resolución 01344 del 29 de junio de 1999, y pagó directamente la prestación, de conformidad con el Acuerdo 04 de 1969 de la Junta Directiva.

El cálculo de la mesada se realizó sobre el 75% del ingreso base de liquidación el cual incluyó los siguientes factores salariales: sueldo básico y bonificación por servicios, bonificación quinquenal, prima de mayo de 1993 y otros, sin advertir que por encontrarse en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 debió ser liquidada con base en todos los emolumentos percibidos, entre ellos, primas de vacaciones y bonificación por recreación.

Por lo anterior, el señor Pablo Emilio Flórez González promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del INCORA, proceso durante el cual llegaron a un acuerdo conciliatorio, que fue aprobado por el Tribunal Administrativo del Huila mediante auto de 28 de abril de 2003, efectuado sobre la base del 50% de los valores liquidados por indexación, cuando correspondía ser reconocido en un 100% además de que no se incluyeron todos los factores salariales y tampoco se calculó la prestación en un 85% del ingreso base de liquidación.

Posteriormente, solicitó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia la reliquidación de la prestación con inclusión de los valores que a los que considera tiene derecho, la cual fue despachada desfavorablemente por medio del Oficio FPSE-2010-010440 del 9 de septiembre de 2010.

En casos similares al presente, entablados contra el INCORA el Consejo de Estado ha condenado a la entidad, además de que mediante sentencia del 4 de agosto de 2010 la Sección Segunda unificó su posición en relación con el IBL que se debe atender para la liquidación de la pensión de jubilación.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 13, 25, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; 34 y 36 de la Ley 100 de 1993; 3 del Decreto 813 de 1994 y Acuerdo 04 de 1969 de la Junta Directiva del INCORA.

Como concepto de violación, expuso que los actos acusados fueron expedidos con vulneración de normas superiores, al no tener en cuenta para efectos de establecer el ingreso base de liquidación la totalidad de factores salariales devengados durante el último año de servicios, en un porcentaje de 85%, tal y como lo ordena el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, toda vez que permaneció en servicio por más de 1400 semanas.

Además, señaló que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 813 de 1994, en el artículo 3, admiten la posibilidad de promediar todo lo devengado en el tiempo que hiciere falta para adquirir el derecho a pensión contado a partir del 1 de abril de 1994, actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE.

De otra parte, precisó que el Acuerdo 04 de 1969 contenía el régimen de prestaciones sociales de la entidad, en donde definió que la pensión debía reconocerse a los 20 años de servicios y 55 años de edad si es varón y 50 si es mujer, sobre el promedio de los salarios devengados durante el último año de labor.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (ff. 97 a 100) se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que la pensión reconocida al demandante se ajustó a lo previsto por las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993, por ser este el régimen legal aplicable.

Al respecto, explicó que mediante la Resolución 01344 del 29 de junio de 1999 el INCORA le otorgó la prestación a partir del 3 de octubre de 1998, fecha en la que se cumplieron los requisitos legales, acto confirmado por la Resolución 01641 del 5 de agosto de 1999. Más adelante, en la Resolución 01914 del 19 de noviembre de 2003 se indexó la primera mesada, conforme el acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal Administrativo del Huila el 28 de abril de 2003 y posteriormente, en el Oficio FPSE-2010-010440 del 9 de septiembre de 2010 se le negó la reliquidación de su mesada.

Igualmente, manifestó que la Ley 100 de 1993, en el artículo 36, preservó el derecho a que se les aplicara el régimen pensional anterior respecto de tiempo de servicios, edad y el monto, pero que lo demás se regiría por esta última. Así las cosas, el Decreto 1158 de 1994, aplicable al actor, previó los factores que debían atenderse para calcular el valor de la mesada, y agregó que no le corresponde una tasa de reemplazo del 85% pues según la Ley 33 de 1985 debe ser del 75% y no es posible escindir la norma para atender la Ley 100 de 1993, en este caso en particular.

Adicionalmente, formuló los siguientes medios exceptivos:

Cosa juzgada: Consideró que el acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal Administrativo del Huila el 28 de abril de 2003 imposibilita al juez conocer y fallar sobre este asunto.

Caducidad: la cual invocó en relación con el acto que reconoció la indexación de la primera mesada y el que negó la reliquidación de la prestación.

Prescripción: propuso esta excepción de conformidad con el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.

Inexistencia de la obligación reclamada y legalidad de los actos administrativos demandados y cobro de lo no debido: Indicó que de acuerdo con las razones de defensa esgrimidas, se evidencia que el reconocimiento y pago de la pensión del señor Pablo Emilio Flórez González está conforme con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Genérica: Pidió declarar probada toda excepción que resulte demostrada en el expediente.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (ff. 105 a 117) también contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor. En relación con los hechos, aclaró que la prestación reconocida en la Resolución 01344 del 29 de junio de 1999 tuvo en cuenta el promedio de lo devengado en el último año de servicios, con la inclusión de los siguientes factores salariales: sueldos, prima de mayo 1992, prima de noviembre 1992, prima de mayo de 1993, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y bonificación quinquenal, pues así lo ordenaba la ley.

En relación con la bonificación de recreación, sostuvo que según lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 2710 de 2001 no es un factor salarial para el cálculo de las prestaciones, pues no tiene la finalidad de retribuir el servicio sino de contribuir al adecuado desarrollo de uno de los aspectos de la vida del servidor.

De otra parte, indicó que no es viable aplicar un porcentaje del 85%, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, para la liquidación pensional como lo pretende el actor porque la Ley 33 de 1985 que lo rige en esta materia ordena que se tenga en un 75%. Además, afirmó es misma ley de manera alguna ordena actualizar el ingreso base de liquidación de acuerdo con el IPC certificado por el DANE y el artículo 1530 del Código Civil proscribe la indexación de las obligaciones condicionales suspensivas, esto es, las que están pendientes de un acontecimiento futuro, «en tanto enerva la adquisición del derecho mientras él no se cumpla», además de que tampoco se revalorizan los derechos eventuales.

Así mismo, propuso los siguientes medios exceptivos:

Inepta demanda: Argumentó que ha debido integrarse a la Nación, por ser esta la que tiene la capacidad de comparecer al proceso, en atención a lo preceptuado por el artículo 80 de la Ley 153 de 1887, toda vez, que dicha cartera ministerial no tiene capacidad para ser sujeto de derecho y obligaciones y debe hacerlo a través de aquella.

Inexistencia del derecho invocado e inexistencia de incumplimiento por parte del INCORA: aseguró que no ha incumplido sus obligaciones como tampoco lo hizo el extinto INCORA.

Prescripción: Expresó que las acciones que se derivan de los derechos sociales prescriben en 3 años.

Cosa Juzgada: Sobre el particular, hizo énfasis en que le dio cumplimiento al acuerdo conciliatorio suscrito con el demandante, el cual hizo tránsito a cosa juzgada. En relación con este mecanismo de terminación alternativa del litigio, destacó que si bien no es requisito parta acceder a la jurisdicción, por tratarse de derechos irrenunciables fue el demandante quien la convocó y se allanó al acuerdo propuesto por la entidad.

ALEGATOS EN PRIMERA INSTANCIA

El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (ff. 128 a 130) insistió en que con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se dejó claro cómo debía calcularse el ingreso base de liquidación pensional, así como los factores salariales que debían incluirse para el efecto (Decreto 1158 de 1994), normas que atendió tanto el INCORA como el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, tratándose de la prestación del señor Pablo Emilio Flórez González y no es pertinente acudir al principio de favorabilidad, habida cuenta de que no existe duda en la aplicación de las normas.

Adicionalmente, sostuvo que no es viable reconocer la pensión en discusión en porcentaje del 85% según lo regulado por la Ley 100 de 1993, dado que la Ley 33 de 1985 prevé que debe ser en el 75%, y debe atenderse el principio de inescindibilidad que rige esta materia.

La Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (ff. 131 a 135) reiteró la solicitud de que se denieguen las pretensiones de la demanda y pidió que en el evento en que se profiera una sentencia favorable al demandante se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad.

La parte demandante radicó su escrito de manera extemporánea, según se advierte del contenido de los folios 143, 144, 145 del proceso.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural, en sentencia del 7 de octubre de 2015, resolvió lo siguiente:

-Declaró probada la excepción de prescripción de las diferencias de mesadas pensionales causadas con anterioridad al 27 de marzo de 2007, propuesta por la parte demandada.

• Declaró la nulidad parcial de la Resolución 01344 del 29 de junio de 1999 proferida por el secretario general del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, hoy liquidado y del Oficio FPSE-2010-010440 del 7 de septiembre de 2010, suscrito por el director general del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

• A título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia reconocer la reliquidación de la pensión del señor Pablo Emilio Flórez González, teniendo como base el 75% de los factores salariales devengados durante el año anterior al retiro del servicio, de mayo de 1992 a abril de 1993, correspondientes a la prima de navidad, sumas que deberán ser ajustadas mes por mes y pagar las diferencias que se causen.

Así mismo, que se efectúe el descuento del valor de los aportes que conforme a la ley no se hubieran cubierto respecto de los factores salariales cuya inclusión se ordena.

Negó las demás súplicas de la demanda.

Como fundamento de su decisión expuso que los asuntos relativos al derecho en materia pensional no son susceptibles de conciliación, tal y como lo ha reiterado el Consejo de Estado, dado su carácter de ciertos e indiscutibles, entonces, no puede dársele el carácter de cosa juzgada al acuerdo conciliatorio celebrado entre el actor y las entidades demandadas, aprobado por el Tribunal Administrativo del Huila, en providencia del 28 de abril de 2003. Igualmente, consideró que no se configura la caducidad de la acción.

En relación con el fondo del asunto, sostuvo que el actor es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues para su entrada en vigencia, aquel tenía 27 años de servicio, motivo por el cual la norma que rige su derecho prestacional es la Ley 33 de 1985, según la cual la pensión debe liquidarse en el 75% del salario promedio base para los aportes durante el último año de labor.

Igualmente, en lo relativo a los factores a incluir en el cálculo de la mesada, indicó que le Ley 62 de 1985 hace una relación de los que se deben tener en cuenta, sin embargo, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de agosto de 2010, consideró que dicho listado no es taxativo sino solamente enunciativo y no impide el cómputo de otros conceptos que hubiere devengado el servidor, exceptuando indemnización de vacaciones y bonificación por recreación, ello en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral.

En lo atinente al 50% del valor correspondiente a la indexación por las diferencias existentes entre lo reconocido y lo que fue objeto de conciliación, consideró que sí es susceptible de conciliación, pues se trata de un aspecto de contenido económico respecto del cual sí es viable llegar a un acuerdo prejudicial.

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN

La apoderada de la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (ff. 243 249) presentó recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, para lo cual insistió en los siguientes aspectos:

Los medios exceptivos:

Inepta demanda por no integrar a la Nación, que es quien tiene la capacidad para comparecer al proceso.
De la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Al respecto señaló que el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia fue creado mediante Decreto 1591 de 1989, como un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Indicó que por Decreto 2796 del 29 de noviembre de 2013, se establecieron las reglas para asumir la función pensional del INCORA por parte de la UGPP, con base en ello se suscribió acta de entrega de expedientes activos. Además, manifestó que en virtud del Decreto 1389 de 2013 esta última también asumió la defensa judicial de la primera, en los casos relacionados con pensiones.

En lo atinente a la inclusión de factores salariales para la reliquidación de la pensión del señor Pablo Emilio Flórez González, expuso que de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 33 de 1985 se deben tener en cuenta aquellos que sirvieron de base para los aportes durante el último año de servicio, tal y como lo hizo el INCORA al momento de reconocer la prestación.

De la solicitud de inclusión de un monto de ingreso base de liquidación superior al reconocido: Sobre este punto señaló que como el actor no devengó salarios ni realizó cotizaciones durante el tiempo que le hacía falta para completar los requisitos que le hacían falta para adquirir el derecho a pensión, no era viable establecer el IBL «por el período devengado en el tiempo que le hiciera falta» como lo prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Además, sostuvo que no es posible valorizar obligaciones condicionales suspensivas, por lo que no podría indexarse un derecho reconocido en estricto cumplimiento de la normativa constitucional y legal que regula la materia, especialmente, la Ley 33 de 1985, la cual no prevé tal actualización de la primera mesada.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta oportunidad solamente intervino la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (ff. 319 a 322) para insistir en los argumentos plasmados en el recurso de apelación.

Las demás partes no presentaron escrito de alegatos de conclusión en esta instancia tal y como se verifica con el informe que obra en el folio 331 del expediente.

MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría Segunda Delegada ante esta corporación, conceptuó que debe declararse la nulidad de todo lo actuado, a partir de la sentencia de primera instancia, por estructurarse la causal prevista por el numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, en consideración a que el a quo, antes de emitir la providencia, debió resolver sobre la solicitud de reconocimiento de personería de la UGPP, en consideración a que a pesar de que fueron aportados los decretos que han ido subrogando la obligación por reconocimientos pensionales del INCORA, aquella no fue vinculada.

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

Antes de estudiar los aspectos planteados en el recurso de apelación formulado por la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es importante señalar que el argumento desarrollado bajo la denominación «De la solicitud de inclusión de un monto de ingreso base de liquidación superior al reconocido» hace referencia a su desacuerdo con la pretensión de indexación de la primera mesada, asunto que no le fue desfavorable en la parte resolutiva de la sentencia del 7 de octubre de 2015, pues se advierte que fue objeto de denegatoria.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso, podrá interponer el recurso de apelación la parte a la que le haya sido desfavorable la decisión, con el objeto de que el superior realice un examen de la providencia, pero solamente en relación con los reparos concretos que haya formulado el apelante, para que se revoque o reforme la decisión.

En consecuencia, como la decisión de primera instancia no le fue desfavorable a la parte apelante, por la cuestión objeto de recurso de alzada, se advierte que el mismo carece de objeto, motivo por el cual la Subsección no estudiará el argumento relacionado con la indexación de la primera mesada.

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta sentencia se resumen en las siguientes preguntas:

¿Debe declararse la nulidad de lo actuado dentro presente proceso a partir de la sentencia de primera instancia, como lo conceptuó el agente del Ministerio Público?

¿La Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe ser desvinculada del presente proceso?

¿Se configura la excepción de inepta demanda por no haber llamado a la Nación sino solamente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural?

¿El señor Pablo Emilio Flórez González tiene derecho a que se reliquide la pensión reconocida por la Resolución 01344 del 29 de junio de 1999, con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios?

Primero y segundo problemas jurídicos

¿Debe declararse la nulidad de lo actuado dentro presente proceso a partir de la sentencia de primera instancia, como lo conceptuó el agente del Ministerio Público?

¿La Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe ser desvinculada del presente proceso?

Para resolver los interrogantes formulados, es necesario tener presente cuál es la entidad que en la actualidad tiene a su cargo las funciones que materia pensional asumía el INCORA.

Sea lo primero señalar que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, fue un establecimiento público del orden nacional creado por la Ley 135 de 1961 y reformando por la Ley 160 de 1994, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Mediante Decreto 1292 de 2003 se ordenó su liquidación, en un plazo máximo de 3 años. En el artículo 26 definió que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo asumiría la totalidad de los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte la entidad en cuestión, al igual que todas las obligaciones derivadas de estos. En cuanto al pago de pensiones, se dispuso su traslado al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep, (art. 27) y su reconocimiento a la Caja Nacional de Previsión Social (art. 28).

Luego, el Decreto 4986 de 2007, señaló que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cubriría las obligaciones pensionales en la parte que el INCORA en liquidación no pudiera hacerlo, a partir de la terminación de su existencia legal, respecto de las personas que fueran incluidas en el cálculo actuarial efectuado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el artículo 2 indicó que para efectos de los artículo 28 (reconocimiento de pensiones), 29 (revocatoria y revisión de pensiones) y 32 (entrega de documentos y archivos), el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles de Colombia reconocería las pensiones que estaban a cargo del INCORA en liquidación.

Más adelante, a través del Decreto 2796 de 2013, previó que las competencias que estaban asignadas al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en virtud del artículo 2 del Decreto 4986 de 2007, serían asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a partir del 30 de noviembre de 2013, entidad a la cual debía ser entregada toda la documentación relacionada con la función pensional del INCORA.

Así las cosas, se concluye que para la fecha de expedición de la presente providencia, la UGPP es la entidad que asumió el pago de las pensiones que tenía a su cargo el INCORA, por lo que sería la llamada a dar cumplimiento a una eventual orden de reliquidación pensional del señor Pablo Emilio Flórez González.

No obstante lo anterior, la situación descrita implica la necesidad de resolver, por una parte, si la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe ser desvinculada de este proceso y por otra, si se debe declarar la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia de primera instancia, en atención a la solicitud efectuada por la UGPP, de ser reconocida dentro del proceso.

La vinculación del Ministerio de Agricultura: En relación con la Nación, Ministerio de Agricultura, si bien en este estado su condición ya no puede ser la de demandado, en virtud de la subrogación de las obligaciones pensionales que tenía a su cargo, se considera que dado que en atención a que para el momento en el que inició la acción de nulidad y restablecimiento de la referencia aún conservaba obligaciones pensionales de la extinta INCORA, le asiste interés para intervenir en el proceso, aunque ya no le corresponda dar cumplimiento a una eventual sentencia condenatoria, de manera que de encontrarse que se debe mantener la decisión condenatoria será del caso modificar la orden en cuanto a la entidad que debe cumplirla.

Así las cosas, si bien le asiste razón en la solicitud de no ser tenido como demandado en el proceso, considera la Subsección que debe permanecer en calidad de tercero con interés como coadyuvante, de manera que pueda comparecer a realizar las manifestaciones que estime pertinentes, como en efecto lo hizo, al formular el recurso de apelación.

La solicitud de nulidad del Ministerio Público: La Procuraduría Segunda Delegada ante esta Corporación señala que debe declararse la nulidad de lo actuado desde la sentencia de primera instancia, por estructurarse la causal establecida en el numeral 9 de del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor literal es el siguiente:

«9. Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla.»

Sin embargo, es de anotar que en esta etapa debe atenderse el Código General del Proceso, tratándose de las ritualidades que rigen el trámite del proceso, desde su entrada en vigencia, tal y como lo se ha considerado en anteriores oportunidades por esta Corporación, cuyo artículo 133 dispone:

«8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.
Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.»

Es evidente que la nulidad propuesta no puede estructurarse a partir del auto admisorio de la demanda, pues para esa fecha, 9 de noviembre de 2012 (ff. 82 y 83) aún no se había expedido el Decreto 2796 de 2013, donde se le atribuyeron los asuntos pensionales del INCORA a la UGPP, de manera que no es procedente una declaratoria en tal sentido.

Ahora, pese a que el Tribunal Administrativo del Huila no reconoció personería al apoderado de la UGPP, dicha entidad continuó desplegando actuaciones procesales, como lo es el otorgar poder para actuar en el presente asunto, según se puede apreciar en los documentos que reposan en los folios 332 a 379 del plenario, de manera que se deduce, no solo que está enterada de la existencia de este proceso sino que ha actuado sin proponer causal de nulidad por tal aspecto, con lo cual puede entenderse saneado cualquier defecto que en este sentido se hubiera podido configurar, al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código General del Proceso.

Adicionalmente, se advierte que la subrogación de la UGPP en las obligaciones pensionales del INCORA, se dio por virtud del Decreto 2796 de 2013 y no porque así se declare en el proceso, sin que la falta de reconocimiento de personería implique que la entidad de previsión social queda relevada de cumplir con el pago de la pensión del señor Flórez González, en los términos en que lo imponga el juez de lo contencioso administrativo.

Conclusión: Si bien la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ya no sería una de las entidades llamadas a dar cumplimiento a una eventual sentencia favorable a las pretensiones de la demanda, en atención a que por virtud del Decreto 2796 de 2013 tal obligación fue asumida por la UGPP, también es cierto que no debe ser desvinculada del presente proceso, sino que debe permanecer en calidad de tercero con interés como coadyuvante.

De otra parte, no es procedente la nulidad propuesta por el Ministerio Público por el hecho de que el Tribunal Administrativo del Huila no hubiera reconocido personería al apoderado de la UGPP, habida cuenta de que dicha entidad continuó desplegando actuaciones procesales sin proponer causal de nulidad alguna, con lo cual puede entenderse saneado cualquier defecto que en este sentido se hubiera podido configurar. Además, la subrogación de la UGPP en las obligaciones pensionales del INCORA, se dio por virtud del Decreto 2796 de 2013 y no por el reconocimiento que de ello se haga en el proceso, sin que la situación descrita implique que la entidad de previsión social queda relevada de cumplir con el pago de la pensión del actor, en los términos en que lo imponga el juez de lo contencioso administrativo.

Tercer problema jurídico

¿Se configura la excepción de inepta demanda por no haber llamado a la Nación sino solamente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural?

El Ministerio de Agricultura considera que por el hecho de no haberla dirigido expresamente a «la Nación» en la demanda se configura la excepción de inepta demanda. Al respecto, conviene precisar que el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo señala que el libelo inicial debe contener, entre otros aspectos, «La designación de las partes y sus representantes».

Ahora, es cierto que el artículo 80 de la Ley 153 de 1887 prescribe que la Nación es persona jurídica, sin embargo también lo es que el artículo 149 ejusdem, dispone:

«ARTÍCULO 149. Modificado por el art. 49, Ley 446 de 1998 Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación-rama judicial estará representada por el director ejecutivo de administración judicial.

En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades públicas la tendrán el director general de impuestos y aduanas nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto.

Parágrafo 1º.En materia contractual, intervendrá en representación de las dependencias a que se refiere el artículo 2º, numeral 1º, literal b) de la Ley 80 de 1993, el servidor público de mayor jerarquía en éstas.

Parágrafo 2º.Cuando el contrato haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de ésta se ejerce por él o por su delegado.» (negrilla fuera del original)

Así las cosas, es el respectivo ministro en quien recae la representación de la Nación, función que fue objeto de delegación por medio de la Resolución 00363 del 31 de marzo de 1992, en el jefe de la Oficina Jurídica de dicha cartera ministerial (f. 119), quien confirió poder para la representación judicial de aquella (f. 118), con lo cual no se advierte defecto alguno que constituya la excepción bajo estudio.

Conclusión: No se configura la excepción de inepta demanda pues el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural interviene en representación de la Nación.

Cuarto problema jurídico

¿El señor Pablo Emilio Flórez González tiene derecho a que se reliquide la pensión reconocida por la Resolución 01344 del 29 de junio de 1999, con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios?

Régimen pensional general aplicable a los empleados públicos

La Ley 6 de 1945, en el artículo 17, previó una pensión de jubilación para los empleados oficiales al alcanzar los 50 años de edad y 20 años de servicios continuos o discontinuos, equivalente a las 2/3 partes del promedio de los sueldos devengados en el último año de servicio, en los siguientes términos:

«ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones:
[…]
b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni exceder de doscientos pesos ($ 200) en cada mes.

La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales o préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se irá deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión.
[…]»

La norma en mención fue modificada expresamente por el artículo 3 de la Ley 65 del 20 de diciembre de 1946, en los siguientes términos: «ARTICULO 3o. La pensión mensual vitalicia de jubilación de que trata el inciso b) del artículo 17 de la Ley 6a. de 1945 será equivalente a las dos terceras partes del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.»

Por su parte, el artículo 4 de la Ley 4 de 1966, modificó el literal b) del artículo 17 de la Ley 6 de 1945, de la siguiente manera: «Artículo 4º.- A partir de la vigencia de esta ley, las pensiones de jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más entidades de Derecho Público se liquidarán y pagarán tomando como base el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual obtenido en el último año de servicios.»

Más adelante, el Decreto Ley 3135 de 1968 definió que los servidores públicos tendrían derecho a una pensión de jubilación cuando acumularan 20 años de servicio y cumplieran 50 años de edad para las mujeres, o 55 para los varones; prestación que sería liquidada en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio. Adicionalmente, esta norma reconoció un régimen de transición, para aquellas personas que al momento de la entrada en vigencia del decreto tuvieran 18 años de servicio, para aplicarles las normas anteriores sobre edad de jubilación. La norma es del siguiente tenor literal:

«ARTÍCULO 27. PENSIÓN DE JUBILACIÓN O VEJEZ. El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia o de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.
No quedan sujetas a esta regla general las personas que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción y que la ley determine expresamente.
PARÁGRAFO 1o. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a pensión de jubilación o vejez sólo se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro o más horas. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro; el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.
PARÁGRAFO 2o. Para los empleados y trabajadores que a la fecha del presente Decreto hayan cumplido diez y ocho años continuos o discontinuos de servicios continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad al presente Decreto.
[…]» (subrayas fuera de texto original)

En el mismo sentido, el Decreto 1848 de 1969, en los artículos 68 y 73 reiteró las exigencias impuestas por la norma anterior y en relación con la liquidación de la mesada precisó lo siguiente:

«ARTICULO 73. CUANTÍA DE LA PENSIÓN. El valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de servicios por el empleado oficial que haya adquirido el status jurídico de jubilado, por reunir los requisitos señalados por la ley para tal fin.»

Ahora, para establecer el ingreso base de liquidación, el artículo 45 del Decreto 1045 del 15 de julio de 1978 señaló:

«ARTICULO 45. DE LOS FACTORES DE SALARIO POR LA LIQUIDACIÓN DE CESANTÍA Y PENSIONES. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:

a. La asignación básica mensual;
b. Los gastos de representación y la prima técnica;
c. Los dominicales y feriados;
d. Las horas extras;
e. Los auxilios de alimentación y transporte;
f. La prima de Navidad;
g. La bonificación por servicios prestados;
h. La prima de servicios;
i. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j. Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales anteriores al decreto-ley 710 de 1978;
k. La prima de vacaciones;
l. El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio;
ll .Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto 3130 de 1968.»

Posteriormente, la Ley 33 de 1985 al regular el derecho a la pensión de jubilación exigió 55 años de edad tanto para hombres como para mujeres, prestación que sería calculada con base en el 75% de lo devengado que sirvió de base para la liquidación de aportes. Igualmente, previó un régimen de transición para aquellos servidores que para el momento de su entrada en vigor tuvieran 15 años de servicios, quienes conservarían la prerrogativa de regirse por la normatividad anterior en relación con las exigencias sobre edad. Así se indicó en el artículo 1.° de la ley en cita:

«ARTICULO 1o. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.
[…]
PARÁGRAFO 2o. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley.
[…]». (Subrayas fuera de texto original).

A su vez, la Ley 62 de 1985 concretó que la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del servidor, estaría constituida por los siguientes factores: «asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.»

Ahora bien, es evidente que las normas que contienen régimen de transición en las disposiciones trascritas no hacen mención al ingreso base de liquidación para las pensiones que se consolidaran bajo estas disposiciones, aspecto que el Consejo de Estado ha interpretado en aplicación del principio de la inescindibilidad de la ley en materia pensional, cuyo contenido ha sido definido como complemento de la favorabilidad, según el cual cuando en un asunto se encuentran dos o más textos aplicables a la solución del caso concreto, la norma que se adopte: i) debe ser la más favorable al trabajador y ii) debe ser aplicada en su integridad, con lo cual, se evita el desmembramiento de las normas legales para tomar aspectos favorables que uno y otro régimen ofrezca.

Lo anterior, implica que el régimen de transición pensional permite que se regule una determinada situación de acuerdo con las normas anteriores en su integridad, esto es, en cuanto a edad, tiempo de servicio, monto e ingreso base de liquidación.

Ahora, es importante precisar que la Sección Segunda de esta corporación ha considerado que con la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 quedó derogado el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968, y por ende, la transición que opera en virtud del parágrafo 2.° del artículo 1.° de aquella ley, remite a la Ley 6 de 1945, así lo señaló la sentencia del 19 de abril de 2007:

«No es de recibo el argumento del a quo para negar la prestación pues si bien es cierto los Decretos 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969, modificaron la edad de jubilación dispuesta en la Ley 6 de 1945, dichas normas fueron derogadas por la Ley 33 de 1985 por lo que la misma nos devuelve a la Ley 6 de 1945, como régimen anterior aplicable. Precisamente es el régimen de transición dispuesto en la Ley 33 de 1985 el que permite aplicar el régimen anterior establecido por la Ley 6 de 1945.» (Subrayas fuera de texto original).

El anterior criterio fue acogido por la sentencia del 16 de diciembre de 2009 al considerar:

«El artículo 1°, parágrafo 2 ibídem, estableció un régimen de transición consistente en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de pensiones contenido en la Ley 6ª de 1945[…]
Como el demandante al momento de entrar en vigencia la Ley 33 de 1985, 13 de enero de 1985, tenía un tiempo de servicio de 23 años, 4 meses y 17 días, y no se encontraba retirado del servicio era beneficiario del régimen de transición contemplado en dicha ley para pensionarse conforme a la normatividad anterior.»

En este punto, se concluye que el régimen de transición pensional de la Ley 33 de 1985 remite a las normas contenidas en la Ley 6 de 1945 que rigen la materia, con la inclusión de todos los factores que constituyen salario, al tenor de lo previsto por el Decreto 1045 de 1978.

Posteriormente, la Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).

En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitirá, regirse por las normas aplicables en el régimen anterior al que se encontraban afiliados, en cuanto a la edad, tiempo de servicios o número de semas cotizadas y monto de la prestación. Así lo señaló:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]»

El caso concreto

Mediante Resolución 01344 del 29 de junio de 1999 el secretario general del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria reconoció y ordenó pagar una pensión de jubilación al señor Pablo Emilio Flórez González, a partir del 3 de octubre de 1998, por haber cumplido los requisitos legales, en especial los señalados en las Leyes 6 de 1945, 4 de 1966, 33 de 1985, 100 de 1993, Decretos Reglamentarios 1160 de 1994 y 2143 de 1995. La cuantía de la prestación fue establecida en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, en los siguientes términos:

«Que la liquidación para establecer la cuantía de la pensión de jubilación se hace en la forma prevista en el Artículo 1o. de la Ley 33 de 1985, es decir, con base en el promedio de lo devengado en el último año de servicio, que en este caso corresponde al tiempo comprendido entre el primero (1º.º) de mayo de 1992 y el 30 de abril de 1993, así:

Sueldos
3.361.285
Prima de mayo/92
43.795
Prima de noviembre /92
289.703
Prima de mayo/93 (proporcional 150 días)
273.721
Prima de Vacaciones
175.637
Bonificación por Servicios Prestados
111.705
Bonificación Quinquenal (proporcional 1 año)
63.831
Auxilio de Transporte
0
Auxilio de Alimentación
0
Tiempo Suplementario
0

TOTAL DEVENGADO ÚLTIMO AÑO DE SERVICIO

4.319.677

$4.319.667/12=$359.973.08 X 75%=$269.980.oo» (mayúsculas y ortografía del texto original)

Por medio de la Resolución 1641 del 5 de agosto de 1999, el secretario general del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, rechazó el recurso de reposición formulado contra el anterior acto administrativo por el señor Pablo Emilio Flórez González, por extemporáneo.

La coordinadora del Grupo de Administración del Recurso Humano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, certificó que durante el último año de servicios en el INCORA, el señor Pablo Emilio Flórez González devengó los siguientes emolumentos: asignación básica, adición al sueldo, prima de junio, prima de vacaciones, sueldo de vacaciones, bonificación por servicios prestados, prima de navidad, quinquenio (folio 55).

A través de la Resolución 01914 del 19 de noviembre de 2003 el gerente liquidador del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA en Liquidación, reajustó la mesada pensional del actor, en cumplimiento de un acuerdo conciliatorio, así:

«[…] las partes manifestaron su ánimo conciliatorio, cuyo acuerdo se concretó en los siguientes términos:
“… acepta la fórmula de conciliación propuesta que conlleva a que el valor total, esto es, […] a que tiene derecho (que es la suma total de las diferencias, más el 50% de indexación) se le reste los aportes pensionales dejados de descontar desde abril de 1994 hasta septiembre de 1998 […]”
[…]
Que el auto aprobatorio de la citada conciliación se encuentra debidamente ejecutoriado del 16 de Mayo de 2003.

A la cifra $37.425.222.oo establecida en el acuerdo conciliatorio se le suma la diferencia correspondiente a las mesadas de abril del 2003 a noviembre de 2003, incluyendo la mesada adicional de mayo y noviembre de 2003, para una suma total a pagar de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($44.627.092.oo), que se pagarán con cargo al presupuesto de pensiones de INCORA en Liquidación, previos los descuentos de ley.

Que para establecer el valor de la nueva mesada pensional, según lo acordado en la referida conciliación, se tomó el promedio de lo devengado durante el último año de servicios comprendido entre el 1º de mayo de 1992 y el 30 de abril de 1993, actualizado anualmente con el IPC certificado por el DANE, hasta la fecha de causación de la pensión (3 de octubre de 1998) […]»

De acuerdo con lo anterior, se ordenaron los siguientes pagos:

AÑO
MESADA REAL
MESADA PAGADA
DIFERENCIA
1998
721.053
269.980
451.073
1999
841.468
315.066
526.402
2000
919.135
344.146
574.989
2001
999.559
374.259
625.300
2002
1.076.025
402.890
673.135
2003
1.151.239
431.052
720.187

Análisis de la sala

En el presente asunto es claro que, para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el 1 de abril de 1994, el señor Pablo Emilio Flórez González ya había cumplido 50 años de edad, pues no se discute que nació el 3 de octubre de 1943 y más de 20 de servicios, dado que tampoco se controvierte que laboró para el INCORA desde el 26 de julio de 1966.

Igualmente, se advierte que el demandante era beneficiario del régimen de transición previsto por la Ley 33 de 1985, pues tenía más de 15 años de servicio para su entrada en vigencia, lo cual no se afecta por el hecho de que la prestación hubiera sido reconocida en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, que de acuerdo con el análisis efectuado en precedencia su pensión debía regirse por la Ley 6 de 1945 y no las reglas y subreglas definidas para los beneficiarios del régimen de transición de la mencionada Ley 100 de 1993 en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Así las cosas, se observa que el acto de reconocimiento, Resolución 01344 del 29 de junio de 1999, fue expedido de acuerdo con la normativa que regía la situación del señor Pablo Emilio Flórez González, tal y como se desprende de su contenido, tal y como se anotó previamente.

Sin embargo, la liquidación de la mesada debía tener en cuenta los factores salariales que el servidor devengó durante el último año de servicios, en los términos del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, aspecto en relación con el cual, del análisis de los documentos aportados al plenario, se evidencia que la prima de navidad no fue incluida en la liquidación de la prestación, como lo indicó la sentencia de primera instancia, emolumento que debió ser tenido en cuenta para el cálculo de la mesada.

En esas condiciones, se advierte que la decisión del a quo se ajustó a derecho en cuento ordenó la reliquidación de la pensión del señor Pablo Emilio, con la inclusión de un emolumento que no fue tenido en cuenta en la liquidación inicial de la prestación.

Conclusión: El señor Pablo Emilio Flórez González tiene derecho a que se reliquide la pensión reconocida por la Resolución 01344 del 29 de junio de 1999, con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, por ser beneficiario del régimen de transición contenido en el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, lo cual lo hace destinatario de las previsiones de la Ley 6 de 1945.

Decisión de segunda instancia

Por lo expuesto la Sala considera que se impone modificar la sentencia de primera instancia proferida el 7 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural, para señalar que la entidad que debe dar cumplimiento a la orden de liquidación de la pensión del señor Pablo Emilio Flórez González es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP y se confirmará en lo demás.

Reconocimiento de personería

Se reconocerá personería a la abogada Karina Vence Peláez, identificada con cédula de ciudadanía 42.403.532 de San Diego, Cesar, y tarjeta profesional 81.621 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en los términos y para los efectos del poder conferido en el folio 355 del expediente.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modifíquese la sentencia de primera instancia proferida el 7 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda de Decisión Escritural, para señalar que la entidad que debe dar cumplimiento a la orden de liquidación de la pensión del señor Pablo Emilio Flórez González es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Confírmese en todo lo demás.

Tercero: Reconózcase personería a la abogada Karina Vence Peláez, identificada con cédula de ciudadanía 42.403.532 de San Diego, Cesar, y tarjeta profesional 81.621 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en los términos y para los efectos del poder conferido en el folio 355 del expediente.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr. Mediante Decreto 1292 de 2003 se suprimió y liquidó el INCORA. Por su parte, el artículo 2 del Decreto 4986 de 2007, dispuso que para efectos de lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 32 del Decreto 1292 de 2003 el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, reconocería las pensiones que estaban a cargo del INCORA. Según el informe secretarial que obra en el folio 43 del expediente, el término para presentar alegatos venció el 24 de septiembre de 2013, sin que la parte demandante hubiera radicado escrito, en efecto en el folio 145 reposa escrito que tiene fecha de radicado el 7 de octubre de 2013. Consejo de Estado, Sección Segunda, Radicación: 250002325000200607509 01 (0112-2009), actor: Luis Mario Velandia.
«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71.»
«Sobre reforma social agraria».
«Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.»
« por el cual se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora y se ordena su liquidación.» Esta norma, posteriormente fue modificada por los Decretos 1492 de 2006, 542 de 2007, 2462 y 4470 de 2007. El Decreto 4470 de 2007 determinó el plazo para concluir el proceso el 31 de diciembre de 2007.
« Por el cual se efectúa una distribución de negocios y asuntos y se modifica parcialmente el decreto 1292 de 2003.»
«Por medio del cual se establecen las reglas para la asunción de la función pensional del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - Incora por parte de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)». Artículo 71 del Código General del Proceso. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia del 6 de agosto de 2014, radicación: 880012333000201400003 01 (50.408), actor: Sociedad Bermor S.A.S., sostuvo: «[…] deberá entenderse que la norma del artículo 267 del C.C.A. remite al Código General del Proceso y no al Código de Procedimiento Civil. Si bien, es cierto, la disposición señalada hace una remisión expresa a este último cuerpo normativo, ello no es óbice para que a partir del 25 de junio de 2014, el CPG se aplique en lo pertinente a aquellos procesos que se iniciaron bajo la vigencia del C.C.A., pues una interpretación teleológica de la norma, permite concluir que el fin del legislador al consagrar la cláusula de integración residual, no era remitir a una codificación en concreto, sino a la legislación procesal civil vigente, que como ya se dijo, regula los aspectos más transversales a todos los procesos. Una interpretación en el sentido contrario no sólo sería excesivamente rígida, sino que además conduciría a la parálisis del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que el legislador cuando ejerce su función, no siempre tiene la posibilidad de avizorar los cambios normativos que tendrán lugar en el futuro y en consecuencia, sólo podía consagrar la remisión hacia la norma vigente para la fecha, que no era otra que el decreto 1400 de 1970. Sin embargo, una vez entró a regir el CGP, es este el cuerpo normativo llamado a llenar regular los aspectos no contemplados en el CCA y que aún se encuentren pendientes, pues carecería de sentido que el juez de lo contencioso administrativo siguiera remitiéndose para ese efecto a disposiciones que ya han perdido su vigencia.»
«Artículo 136. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:

Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.
[…]»

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo.
Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.

Derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.
Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las Prestaciones Sociales para el sector público.

En este sentido se pueden ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicación 680012333000201500965 01(3760-2016) CE-SUJ-SII-009-2018, actor: Araceli del Carmen Llanos García.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia 19 de abril de 2007, radicación: 150012331000199902187-01(1114-03), este criterio fue reiterado en las providencias de la Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009, radicación: 250002325000200401634 01(1028-07), actor: Raúl Armando Quiñones Villarreal;
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación: 250002325000200200474 01(1754-06).

Folios 35 a 38.
Folios 39 y 41.
Folios 42 a 44.
Los cumplió el 3 de octubre de 1993.
Así se indica en la parte considerativa de la Resolución 01344 del 29 de junio de 1999 (ff. 35 a 38).
Ibidem.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, actor; Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.

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